Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02087-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02087-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02087-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de agosto de 2023
Demandante: Deyanira Meneses García
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02087-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02087-01
Demandante: DEYANIRA MENESES GARCÍA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la señora Deyanira Meneses
García contra la sentencia proferida en primera instancia por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta el 29 de junio de 2023. En esa providencia se declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela por no superar el requisito general
de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Deyanira Meneses García, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, la
Contraloría General del Cauca y la Universidad del Cauca1. Con la solicitud de
amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana y a los principios de la
confianza legítima, la buena fe y la seguridad jurídica.
2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudicó a la decisión del 19 de
julio de 2022 proferida por la autoridad judicial accionada en el medio de control
de nulidad promovido por la Universidad del Cauca2. En la decisión censurada
se decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos
administrativos mediante los cuales se le confirió el título de Contadora Pública.
1 El mecanismo constitucional fue radicado el 26 de abril de 2023
2 Identificado con radicado 11001-03-04-000-2022-00179-00
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Demandante: Deyanira Meneses García
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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1.2. Pretensiones constitucionales
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Trabajo,
Educación, Dignidad Humana, Buen Nombre, Principio de Confianza Legítima,
buena fe y Seguridad Jurídica.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la medida
cautelar de suspensión provisional del articulo 1 de la resolución No. R-840 de 27
de septiembre de 2016, acta de grado No. 42 suscrita el 07 de octubre de 2016
por Laura Ismenia Castellanos Vivas en calidad de secretaria general de la
Universidad del Cauca, y el diploma registrado en el libro diplomas N 080, folio
1259, diploma 1259-16, decretada por el H. Consejo de Estado sala de lo
Contencioso administrativo sección primera, en el auto del 19 de julio de 2022,
hasta que haya un pronunciamiento de fondo sobre el caso en concreto. (Sic).
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos de la tutela de la siguiente manera:
4. La señora Deyanira Meneses García cursó el programa de Contaduría
Pública en la Universidad del Cauca (en adelante UNICAUCA) desde el año
2002.
5. En ese sentido, el 7 de octubre de 2016 obtuvo el título correspondiente y
el 4 de diciembre de 2017 le fue expedida su tarjeta profesional.
6. El 19 de mayo y 11 de julio de 2019, la UNICAUCA conoció denuncias por
presuntas irregularidades en el registro de los exámenes preparatorios del
programa de derecho. En consecuencia, conformó un equipo de seguimiento y
apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos que
verificaría el cumplimiento de los requisitos de grado y registros de calificaciones
de los programas académicos de pregrado de la UNICAUCA.
7. De la comparación realizada por el mencionado equipo entre el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico – SIMCA, y los soportes físicos que
reposaban en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados
del programa de Contaduría Pública, se encontró que la accionante no contaba
con el soporte físico de aprobación de la prueba de suficiencia en inglés – PSI.
8. La UNICAUCA, en ejercicio del medio de control de nulidad, presentó
demanda ante esta Corporación con el propósito que se declarara lo siguiente:
• La nulidad parcial de la Resolución N.º R 840 del 2016, en la parte que
confiere a Deyanira Meneses García el título de contadora pública.
• La nulidad del acta de grado N.º 42 del 7 de octubre de 2016-018534 y el
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diploma N.º 1259 del 7 de octubre de 2016.
• La cancelación de su tarjeta profesional.
9. En cuaderno separado la UNICAUCA solicitó que se decretara como
medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos
relacionados con anterioridad. Igualmente, elevó una «petición especial»
tendiente a que se ordenara la suspensión provisional de la tarjeta y/o matrícula
profesional de Contadora Pública T 235027, expedida por la Junta Central de
Contadores a la accionante.
10. El 25 de marzo de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió
auto de admisión de la demanda de nulidad. Esta se identificó con el radicado
11-001-0324-000-2022-00179-00.
11. El 19 de julio de 2022 se emitió auto en el que se concedió parcialmente
las medidas cautelares en los siguientes términos:
PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional del artículo 1° de la Resolución
No. R-840 de 27 de septiembre de 2016, en el aparte que señala: «DEYANIRA
MENESES GARCÍA CC. (…) de Popayán.
SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional del Acta de grado No. 42,
suscrita el 7 de octubre de 2016 por Laura Ismenia Castellanos Vivas, en su calidad
de Secretaria General de la Universidad del Cauca; y del Diploma «registrado en
el libro Diplomas N 080, folio 1259, Diploma. 1259-16», que confiere el título de
Contadora Pública a la señora Deyanira Meneses García suscrito por el rector de
la Universidad del Cauca, el decano de la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas, y la Secretaria General de dicho ente educativo.
TERCERO: Por la Secretaria de la Sección Primera de esta Corporación, PONER
EN CONOCIMIENTO de la Junta Central de Contadores la presente providencia,
para los fines que estime pertinentes y teniendo en cuenta la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo de inscripción de la matrícula profesional de contadora pública de la
señora Deyanira Meneses García. (SIC)
12. El 29 de julio de 2022, el apoderado de la accionante interpuso recurso de
súplica contra el auto que decretó las medidas cautelares, sin que a la fecha se
haya resuelto el mismo.
1.4. Sustento de la vulneración
13. Sostuvo que el 13 de septiembre de 2016, la universidad expidió un paz y
salvo académico en el que se indicaba que «ha cumplido todos y cada uno de
los requisitos que exige la reglamentación sobre la materia», y en el cual la
aprobación del examen de inglés en cuestión no figuraba como condición para
acceder a su título.
14. Manifestó que la suspensión de su título profesional afectó su estabilidad
laboral y alteró su vida familiar, psicológica y social. Así mismo, se puso en duda
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su idoneidad como profesional contable y su buen nombre, al punto de ser
notificada de auto de apertura de investigación disciplinaria en la Contraloría
General del Cauca, lugar en el que desempeñó su ejercicio profesional.
15. Afirmó que esta situación se ha estado presentando con un grupo
considerable de estudiantes y egresados de la universidad, lo que dejaba en
evidencia la existencia de irregularidades administrativas atribuibles a la misma,
que no podían ser trasladadas a las estudiantes, y bajo este escenario, la Sección
Primera del Consejo de Estado debió valorar la validez de los acuerdos que
regulan los requisitos para obtener los títulos en cada caso particular.
16. Explicó que, si bien la universidad en virtud del Acuerdo 027 del 28 de
septiembre de 2000, ha exigido a los estudiantes que hayan ingresado a partir
del primer periodo del 2001, la presentación y aprobación de un examen para
acreditar el dominio de una segunda lengua como requisito para optar por el
título, también es cierto que el mencionado acuerdo debía ser reglamentado por
el consejo académico, lo cual ocurrió hasta el 2004 mediante el acta Nº. 20 del
31 de marzo.
17. Teniendo en cuenta lo anterior, arguyó que, al haberse matriculado en el
2002, se le estaba exigiendo una prueba que no estaba reglamentada al
momento en que inició sus estudios y que no hacía parte de su pensum
académico.
18. Adicionalmente manifestó que el consejo académico, según los estatutos,
no era el órgano competente para establecer los requisitos, pues lo mismo no
hacía parte de sus funciones.
19. Puso de presente que interpuso oportunamente el recurso de súplica
contra el auto que decretó las medidas cautelares, que a la fecha de interposición
de esta acción constitucional no había sido resuelto, de manera que la
suspensión de los actos administrativos que le concedieron el título profesional
continuaban vigentes.
20. Por otra parte, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo3, con ocasión
del auto del 19 de julio de 2022 que concede parcialmente las medidas cautelares
solicitadas por la UNICAUCA en el medio de control de nulidad.
Defecto procedimental absoluto:
21. Consideró que la providencia omitió pronunciarse sobre el origen del
requisito de la prueba de inglés y si la misma era exigible a estudiantes que
ingresaron con anterioridad al 2004.
3 Los defectos fueron alegados en escrito aparte con ocasión del requerimiento de subsanación
realizado por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 3 de mayo de 2023.
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22. Lo anterior bajo la óptica que el requisito fue establecido a través de un
Acuerdo del 2000 que fue reglamentado en el 2004 y que se materializó en el
2005, sin que el mismo se encontrara ratificado.
Defecto fáctico:
23. Manifestó que no se acreditó la responsabilidad que le asistía frente a la
«infracción a los acuerdos académicos», pues todos los trámites administrativos
estaban a cargo del área administrativa de la universidad.
Defecto sustantivo:
24. En su parecer se incurrió en el mencionado defecto al decretar una medida
cautelar con base en unos acuerdos que no estaban reglamentados, ni creados
en debida forma a la fecha de su ingreso a la universidad, lo cual desbordaba el
marco de acción que la Constitución y la ley reconocen a las instituciones
educativas, de tal surte que haberse apoyado en unas normas inaplicables al
caso en concreto constituían una contradicción e incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión.
1.5. Trámite de la acción
25. Mediante auto del 3 de mayo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, previo a admitir el mecanismo constitucional, requirió a la parte actora
para que en el término de tres días argumentara cómo se configuraron en el auto
atacado, uno o varios defectos especiales de la acción de tutela contra
providencia judicial, reconocidos por la Corte Constitucional en la sentencia C
590 de 2005.
26. El 12 de mayo de 2023, la accionante presentó memorial de subsanación
en los términos requeridos por el despacho sustanciador.
27. El 29 de mayo de 2023, se admitió la acción constitucional de la referencia.
En consecuencia, se ordenó notificar como accionados a la Sección Primera del
Consejo de Estado, a la Contraloría General del Cauca y a la Universidad del
Cauca.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sección Primera del Consejo de Estado
28. Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela toda vez
que no se superaba los requisitos generales de subsidiariedad, relevancia
constitucional e inmediatez.
29. En primer lugar, sostuvo que el proceso de nulidad se encontraba en curso
y aún no se había proferido sentencia definitiva. En este sentido, se emitió auto
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que fijó la audiencia inicial de la que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
para el 23 de junio de 2023.
30. Así mismo resaltó que en contra del auto del 19 de julio de 2022, la
accionante interpuso el recurso de súplica, el cual se encontraba en trámite ante
la Sección Primera del Consejo de Estado y la cual no ha emitido
pronunciamiento de fondo frente al mismo.
31. Por otra parte, afirmó que el mecanismo constitucional tenía como
propósito controvertir la mera legalidad de lo resuelto por un consejero ponente
mediante auto del 19 de julio de 2022, luego carecía de relevancia constitucional.
32. Finalmente señaló que no se superaba el requisito de la inmediatez, toda
vez que el auto objeto de debate se notificó por estado el 25 de julio de 2022, y
la solicitud de amparo se radicó el 26 de abril de 2023, es decir habían
transcurrido más de 9 meses, lo que supera el plazo razonable para la
interposición de la tutela contra providencia judicial, máxime si no se expuso o se
demostró alguna condición que le hubiera impedido a la parte actora acudir ante
el juez constitucional en tiempo.
1.6.2. Contraloría General del Cauca
33. Solicitó que la desvinculación porque la entidad no fue quien dictó el auto
de suspensión provisional de los actos administrativos analizados y no tenía
incidencia en esa actuación.
34. Informó que el proceso disciplinario que cursaba contra la accionante, se
originó en un escrito anónimo en que se reprochó que estuviera vinculada
laboralmente en la entidad, aun cuando el Consejo de Estado suspendió los
efectos de los actos administrativos que respaldaban su título profesional de
contadora.
35. Manifestó que la noticia disciplinaria fue trasladada por competencia al
Grupo Disciplinario de Instrucción de la entidad, y que se dictó auto de apertura
de investigación disciplinaria el 28 de febrero de 2023 y que actualmente el
proceso se encontraba en etapa de instrucción.
1.6.3. Universidad del Cauca – UNICAUCA
36. Solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional
por no superar el requisito de subsidiariedad. Esto al haberse interpuesto un
recurso de súplica contra el auto del 19 de julio de 2022 que aún no se había
decidido.
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1.7. Fallo de primera instancia
37. La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia el
mecanismo constitucional debido a que no se superó el requisito general de
procedencia de subsidiariedad debido a que la decisión que se cuestionaba no
era de carácter definitivo e inmutable. En este sentido, resaltó que la accionante
ejerció el recurso de súplica contra el auto del 19 de julio de 2022, el cual, se
encontraba en trámite.
38. Adicionalmente refirió que las medidas cautelares son decisiones
provisionales que pretenden cuidar el objeto de la litis y la efectividad de la
sentencia, pero que esto no implica un prejuzgamiento, es decir, que en el curso
del proceso la demandante en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción,
podía exponer la argumentación tendiente a que mantuviera la legalidad de los
actos en el fallo definitivo.
39. Consideró que la accionante tampoco se encontraba en una situación
especial o que se configurara un perjuicio irremediable que hiciera procedente de
manera transitoria la acción de tutela.
40. Sumado a lo anterior, resaltó que el mecanismo principal para la defensa
de los derechos de los sujetos procesales aún se encontraba en curso y que una
actuación en esta sede podría generar un desconocimiento de las competencias
que el legislador le ha asignado a los jueces de la República, de su autonomía e
independencia y de las formas propias de cada juicio. Por tal motivo, la
intromisión del juez constitucional solo se justificaba en excepcionalísimas
circunstancias que no fueron acreditadas en esta acción.
1.8. Impugnación
41. La señora Deyanira Meneses García afirmó que la falta de
pronunciamiento respecto del recurso de súplica interpuesto, vulnera sus
derechos fundamentales pues la dejaba en un limbo jurídico.
42. Sostuvo que no era posible que la sala considerara que, pese a que ha
transcurrido más de un año desde la interposición del recurso de súplica sin
obtener respuesta, contaba con los mecanismos ordinarios, pues era evidente
que los mismos no habían sido eficientes ni idóneos.
43. Afirmó que era necesario que se valorara los anexos probatorios que
demostraban la grave condición familiar, social y laboral a la que estaba sometida
por cuenta de la medida cautelar decretada, por tanto, procedería la acción de
tutela para evitar un perjuicio irremediable.
44. Finalmente consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al
fijar fecha para audiencia inicial sin resolver el recurso interpuesto hace más de
un año.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
45. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
señora Deyanira Meneses García contra la sentencia de primera instancia
proferida el 29 de junio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.3. Legitimación en la causa
46. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la señora Deyanira
Meneses García fue vinculada en calidad de tercero con interés en las resultas
del proceso de nulidad promovido por la UNICAUCA. Por tanto, es titular de los
derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la
causa por activa.
48. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Primera del Consejo de
Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la
autoridad que dictó la decisión judicial objetada.
49. La Contraloría General del Cauca y la Universidad del Cauca fueron
vinculadas en el auto admisorio como accionadas porque la actora expresamente
interpuso la presente acción contra ellas. Por ende, se negará la petición del ente
de control de desvincularlo del proceso ya que la actora interpuso esta acción
expresamente contra esa autoridad. Además, es evidente que un posible fallo en
el que se conceda las pretensiones de la actora afectaría las situaciones jurídicas
de la Contraloría General del Cauca y la Universidad del Cauca.
2.4. Problema jurídico
50. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente y la intervención allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca el fallo del 29 de junio de 2023 en el que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
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51. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿La Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales de la señora Deyanira Meneses García, al haber incurrido en los
defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo con ocasión del auto del 19
de julio de 2022 que concedió parcialmente unas medidas cautelares?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
52. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
53. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
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54. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
55. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
56. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
57. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02087-01
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad
58. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas
que lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende
el carácter subsidiario de la acción de tutela en cuanto procede únicamente
cuando el afectado tenga otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable10.
59. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de
la independencia y autonomía de la actividad judicial. A través de la satisfacción
de los mencionados principios igualmente se salvaguardan derechos de rango
convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un
mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los procedimientos
judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional
encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»11.
60. Como se expuso previamente, la presente acción de tutela pretende
cuestionar el auto del 19 de julio de 2022, en el que se decretó la suspensión
provisional de los actos administrativos que confirieron el título de contador
pública a la señora Deyanira Meneses García, dentro del proceso de nulidad
promovido por la UNICAUCA e identificado con el radicado 11001-03-24-000-
2022-00179-00
61. A juicio de la parte actora esta providencia vulneró sus derechos
fundamentales por cuanto incurrió en los defectos procedimental absoluto, fáctico
y sustantivo al valorar indebidamente las pruebas obrantes en el proceso que
denotan que para el momento en que la tutelante inició su carrera profesional, no
se había establecido como requisito para obtener el título, acreditar el dominio de
una segunda lengua.
62. Es necesario destacar que la accionante interpuso un recurso de súplica
contra el auto objeto de debate, sin que a la fecha se haya resuelto. En este orden
de ideas, para la Sala la presente acción no es procedente pues, por un lado, el
auto no es de carácter definitivo e inmutable al encontrarse en trámite un recurso
interpuesto, y se trata de una decisión que decreta medidas cautelares, las cuales
son provisionales y pretenden garantizar la efectividad de las sentencias, pero no
implican un prejuzgamiento.
10 La parte actora no alegó la presunta configuración de un perjuicio irremediable.
11 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 de 2010, T-318 de 2017, entre otras.
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63. En este sentido, el juez constitucional no puede desplazar al juez ordinario
a efectos de decidir si se debe o no revocar el auto acusado, en tanto, resulta
evidente que la accionante cuenta con un mecanismo ordinario de defensa que
es idóneo para procurar la protección de los derechos que estima vulnerados con
el auto que decretó las medidas cautelares.
64. Dicho lo anterior, dado que la accionante cuenta con otros mecanismos
de defensa judicial, no puede este juez constitucional desplazar al fallador
ordinario y adoptar decisiones que solamente le competen a este.
65. Sobre el particular, la Corte Constitucional que ha determinado que
cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le
sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia12.
66. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de
1991 de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela.
Todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de las
garantías constitucionales y todos los operadores judiciales deben fungir como
jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.
67. Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»13.
68. Es preciso aclarar que si bien se ha admitido que la acción de tutela es
procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, lo cierto es que la accionante no acreditó este hecho y
no indicó de qué forma se concretaría tal detrimento ni trajo pruebas para
sustentarlo.
69. En suma, para esta Sala no se logró satisfacer el requisito de la
subsidiariedad, por ende, corresponde confirmar la decisión de primera instancia
que declaró improcedente este mecanismo de amparo.
12 En sentencia T-313 de 2005, la corte Constitucional estableció: “En efecto, la Constitución y la
ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con
el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-132 del 2018.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: Negar la desvinculación solicitada por la Contraloría General del
Cauca.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2023 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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