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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02109-00

Fecha
6 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02109-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por Carlos Carreño Pedraza, de acuerdo con los motivos expuestos. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02109-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 6 de septiembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Accionante: Carlos Carreño Pedraza
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Requisitos
generales de tutela | Subsidiariedad | Inmediatez | Legitimación activa en la causa.

Síntesis del caso: El demandante cuestionó (1) los actos administrativos de primera y
segunda instancia, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los
cuales se le impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para el ejercicio
de funciones públicas por el término de 10 años y (2) la falta de radicación de un
proyecto de ley para que la Procuraduría no tuviera la facultad de sancionar a servidores
elegidos por voto popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Carlos Carreño
Pedraza contra la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal de la Procuraduría General de la Nación, la Sala Territorial No. 9 de
la Procuraduría Regional de Meta y Guaviare, el presidente de la
República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Congreso de la República.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demanda y los
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 25 de abril de 2023, Carlos Carreño Pedraza, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría
General de la Nación, la Sala Territorial No. 9 de la Procuraduría Regional
de Meta y Guaviare, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (defensa), trabajo e igualdad, con
ocasión de los fallos disciplinarios que le impusieron sanciones de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

destitución e inhabilidad, proferidos por la Sala Territorial No. 9 de Meta y
Guaviare de la Procuraduría General de la Nación (30 de junio de 2017) y
la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la
Procuraduría General de la Nación (22 de enero de 2018) dentro del
proceso disciplinario No. IUS-2016-198074 / IUC-2016-66-861519; y contra el
presidente de la República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el Congreso de la República, por la falta de radicación de un
proyecto de ley para que la Procuraduría no tenga facultades de sanción
respecto de servidores elegidos por voto popular.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA: ORDENAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:

1. Fallo Disciplinario de Primera Instancia de fecha 30 de junio de 2017,
proferido por la Procuraduría General de la Nación- Sala Territorial
Disciplinaria No.9. Meta- Guaviare, mediante el cual se impone Sanción
Disciplinaria calificada como falta

2. Fallo Disciplinario de Segunda Instancia de fecha 22 de enero de 2018,
proferido por la Procuraduría General de la Nación- Procuraduría Segunda
Delegada Para La Contratación Estatal, se confirma parcialmente el Fallo
de Primera Instancia emitido con fecha 30 de junio de 2017, imponiendo
Sanción Disciplinaria a título de Culpa Gravísima y confirmando la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

SEGUNDA: QUE SE ORDENE:

1. El reintegro del demandante, sin solución de continuidad, al cargo de
Concejal que venía desempeñando al momento en que fue sancionado.

2. Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación anular del registro
de antecedentes disciplinarios la anotación correspondiente a la sanción
disciplinaria impuesta en contra del demandante, si se efectuó dicho
reporte.

TERCERA: QUE SE ORDENE al Ministerio de Justicia y Derecho presentar
proyecto de ley que le dé cumplimiento a la sentencia que impide a la
procuraduría sancionar funcionarios elegidos por voto popular.

CUARTA: QUE SE ORDENE al Congreso de la República presentar proyecto de
ley que le dé cumplimiento a la sentencia que impide a la procuraduría
sancionar funcionarios elegidos por voto popular.

QUINTO: QUE SE ORDENE a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

SEXTO: QUE SE ORDENE al Presidente de la República de Colombia, presentar
proyecto de ley de reforma a la Procuraduría General de la Nación para dar
cumplimiento a la sentencia emitida por la corte interamericana de derechos
humanos en contra del estado colombiano que impida a la Procuraduría
sancionar funcionarios elegidos por voto popular.”2

2 Pese a que el demandante y su apoderado fueron requeridos, en el Auto admisorio de la demanda, para que

aclararan y/o complementaran la pretensión No. 5 del escrito de tutela, lo cierto es que no se dio respuesta a
dicho requerimiento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Carlos Alberto Carreño Pedraza fue elegido como concejal de
Villavicencio para el periodo 2016-2019 y se posesionó en dicho cargo el 2
de enero de 2016.

5. 2) El 2 de junio de 2016, la Procuraduría General de la Nación,
mediante auto, dispuso adelantar investigación preliminar contra la mesa
directiva del Concejo Municipal de Villavicencio con fundamento en una
queja elevada por los concejales Alex Alfredo Rincón Hernández, Carlos
Julio Serrato y Héctor Alfonso Cuellar.

6. Dicha queja se fundamentó en el proceso de contratación de
menor cuantía CMV-MC-002 de 2016, que concluyó en el Contrato No. 11
de 2016, suscrito entre el señor Carreño Pedraza, en su calidad de
presidente del Concejo de Villavicencio, y la contratista Gloria Patricia
Herrera Hernández, propietaria del establecimiento de comercio “Gestión
Organizacional”, cuyo objeto era (se trascribe) “la verificación de
requisitos, diseño, elaboración y aplicación de competencias laborales,
análisis de antecedentes, en el concurso público de méritos para proveer
el cargo de Contralor Municipal de Villavicencio”.

7. 3) Mediante audiencia pública, la Procuraduría Regional de Meta y
Guaviare formuló, contra el concejal Carreño Pedraza, el cargo de
desconocimiento de los principios de moralidad y trasparencia en la
contratación estatal, al permitir que el concurso para la selección del
contralor Municipal de Villavicencio se adelantara a través de una persona
natural, pese a que el ordenamiento jurídico solo permitía la contratación
de instituciones universitarias, de educación superior o especializadas en
procesos de selección y porque, en todo caso, la contratista no cumplía
los requisitos establecidos en los estudios previos.

8. 4) El 30 de junio de 2017, una vez finalizadas las diferentes etapas
procesales, la Sala Territorial No. 9 de la Procuraduría Regional de Meta y
Guaviare resolvió declarar responsable a Carlos Alberto Carreño Pedraza
de la comisión de la falta disciplinaria gravísima que se le había imputado
en el pliego de cargos y, en consecuencia, le impuso sanción de
destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas
por el término de 10 años.

9. 5) El disciplinado presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
el 22 de enero de 2018, por la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal, en el que se confirmó parcialmente el fallo de
primera instancia en el entendido de declarar probado y no desvirtuado el

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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cargo formulado, a su vez, modificó el numeral 2 del fallo de primera
instancia en lo relacionado con la calificación de la falta, pues en el fallo
de primer grado la calificó a título de dolo, sin embargo, la autoridad de
segunda instancia consideró que se debía calificar como culpa gravísima
por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

10. 6) El señor Carreño Pedraza interpuso el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de los
fallos disciplinarios que le impusieron la sanción disciplinaria. El asunto fue
radicado con el No. 50001-23-30-000-2018-00266-00 y, actualmente, se
encuentra en etapa de alegatos de conclusión de primera instancia en el
Tribunal Administrativo de Meta.

11. El fundamento de la vulneración radicó en que, según la parte
actora, las autoridades accionadas incurrieron en:

12. 1) Una falta de competencia, tras considerar que los derechos
políticos solo pueden ser restringidos por los jueces penales luego de un
procedimiento de naturaleza judicial y no las autoridades administrativas
mediante fallos sancionatorios de destitución e inhabilidad, por lo que el
Procurador General de la Nación no tenía competencia para afectar los
derechos políticos del accionante;

13. 2) Una vulneración del derecho al debido proceso, al advertir que la
conducta que dio lugar a la destitución e inhabilidad no constituía falta
disciplinaria, de conformidad con la Ley 734 de 2002, sino causal de
pérdida de investidura, en atención a la Ley 144 de 1994, por lo cual el
competente para tramitar el asunto era la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través de un proceso judicial;

14. 3) Un desconocimiento de las normas superiores, por la violación de
los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política, toda vez que los actos
administrativos violaron los derechos políticos de los electores del concejal.

15. 4) Una violación de normas internacionales, con fundamento en que
el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
dispuso que los derechos políticos de los ciudadanos solamente podían
limitarse en un proceso penal por un juez competente y, por lo tanto, la
autoridad demandada violó dicha Convención, pues, sin tener
competencia, restringió los derechos de la parte actora, al imponer la
sanción de inhabilidad por el término de 10 años;

16. 5) Una vulneración del derecho a la igualdad, al considerar que se
debía aplicar el caso Petro Urrego vs Colombia, por tener similitud de
hechos y derechos vulnerados por la Procuraduría General de la Nación y,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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por lo cual, constituía una flagrante violación a los derechos
fundamentales para elegir y ser elegido;

17. 6) Una falsa motivación, ya que las consideraciones de la
Procuraduría eran absolutamente contradictorias y carecían de los
elementos fácticos y jurídicos que permitieran configurar la tipicidad
necesaria para sancionar. Adujo que no se expusieron las razones por las
que esta entidad consideró que el señor Carreño Pedraza violó las normas
legales que desarrollaban los principios de transparencia y de
responsabilidad, limitándolo al acuerdo municipal y una resolución; y

18. 7) También consideró que la Procuraduría General de la Nación no
tuvo en cuenta mandatos legales y, en esa medida, vulneró los artículos
23, 24 (numeral 8) y 26 de la Ley 80 de 1993; 48 (numeral 31) de la Ley 734
de 2002; 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015; 11 del Acuerdo Municipal de
Villavicencio No. 276 de 2015 y 2 de la Resolución No. 32 de 2015, expedida
por el Concejo municipal de Villavicencio.

19. Finalmente, pese a que el demandante solicitó que el presidente de
la República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Congreso de la República presentaran un proyecto de ley con el fin de
quitar facultades a la Procuraduría para sancionar a servidores elegidos
por voto popular, lo cierto es que no desarrolló los argumentos por los que
consideró que esa omisión vulneró sus derechos fundamentales.

1.2. Posición de la parte demanda y los terceros3

20. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción por: (a) no agotar el requisito de subsidiariedad;
(b) inexistencia de la vulneración al debido proceso; (c) improcedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio, al no configurarse un
perjuicio irremediable y (d) en atención a que si había competencia de la
Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores
públicos de elección popular.

21. El Congreso de la República señaló que la acción de tutela era
improcedente, ya que el accionante contaba con otro mecanismo, como
lo era la iniciativa popular, la cual podía adelantar para que fuera
modificada o creada la ley a la que hizo referencia en las pretensiones. En
consecuencia, solicitó su desvinculación.

3 Mediante Auto de 2 de mayo de 2023, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)

tener como demandados a la Presidencia de la República, la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, la Sala Territorial No. 9 de la Procuraduría Regional
de Meta y Guaviare, el Ministerio de Justicia, y el Congreso de la República, y (3) vincular, en calidad de
terceros, a Alex Alfredo Rincón Hernández, Carlos Julio Serrato y Héctor Alfonso Cuellar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02109-00
Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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22. El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la
República solicitaron su desvinculación del proceso por falta de
legitimación pasiva en la causa y, de manera subsidiaria, solicitaron que se
denegara el amparo solicitado por el actor.

23. El Tribunal Administrativo de Meta envió un oficio a través del que
remitió expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 50001-23-33-000-2018-00266-00, sin embargo, no realizó ningún
pronunciamiento sobre los fundamentos de la acción de tutela.

24. La Procuraduría Regional de Instrucción de Meta remitió escaneado
el expediente disciplinario No. IUS-2016-198074 IUC-D-2016-66-861519, pero
no realizó pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la acción de
tutela.

25. Alex Alfredo Rincón Hernández, Carlos Julio Serrato y Héctor Alfonso
Cuellar guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.1.1. Fallos disciplinarios proferidos
por la Procuraduría General de la Nación. 2.1.2. Presentación de un proyecto de ley por
parte del presidente de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho y Congreso de la
República. 2.2. Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela

2.1.1. Fallos disciplinarios proferidos por la Procuraduría General de la
Nación.

26. En el presente caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

27. En ese orden, se advierte que la acción de tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable

28. En ese orden de ideas, para la Sala, en el asunto de la referencia no
se satisfizo el mencionado requisito (subsidiariedad), por las siguientes
razones:

29. La génesis de la controversia radica en si los fallos disciplinarios de 30
de junio de 2017 proferido por la Sala Territorial No. 9 de Meta y Guaviare
de la Procuraduría General de la Nación y 22 de enero de 2018 de la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la

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Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Procuraduría General de la Nación, se encuentran ajustados a la
legalidad, en esa medida, esos cuestionamientos debían ser resueltos por
el juez natural, esto es, el juez de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. Se advierte, tal como se expuso previamente, que no se agotaron los
recursos ordinarios, pues si bien el actor acudió a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo para demandar los referidos fallos disciplinarios,
lo cierto es que el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado se encuentra actualmente en trámite.

31. En ese orden, se recuerda que la acción de tutela no es el
instrumento idóneo para resolver aspectos propios de los mecanismos
ordinarios dispuestos por el legislador.

32. En consecuencia, la Sala no encuentra factible que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural y
desconozca la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, máxime
cuando no se acreditó una situación de urgencia ni un perjuicio
irremediable que sustente su intervención.

33. Adicional a lo anterior, pese a que el demandante consideró que se
configuró un perjuicio irremediable, ante la vulneración de sus derechos
políticos, pues los fallos disciplinarios no le permitieron terminar el periodo
para el que fue elegido, ni postularse nuevamente como candidato, lo
cierto es que de esas afirmaciones no se desprenden elementos con los
que la Sala pueda determinar la configuración del perjuicio reclamado, ya
que no se probó una afectación al mínimo vital u otro derecho que genere
una trasgresión grave a su vida o integridad física, o una condición
especial que permita tener por superado el requisito estudiado y realizar un
análisis diferente.

2.1.2. Presentación de un proyecto de ley por parte del presidente de la
República, Ministerio de Justicia y del Derecho y Congreso de la República

34. También se declarará la improcedencia respecto de la pretensión
para que se formule una iniciativa legislativa, como se expondrá a
continuación.

35. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 19914 en
concordancia con el artículo 2 de la misma normatividad5, para que se

4
“ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de
que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso
está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.

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Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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pueda acudir a la acción de tutela debe estar en juego un derecho de
carácter fundamental, a fin de que se pueda obtener su garantía y
protección.

36. En ese orden, la Sala considera que esta acción de tutela resulta
improcedente para que la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y/o el Congreso de la República presenten
iniciativas legislativas.

37. Lo anterior obedece a que lo pretendido por el demandante fue
que se diera cumplimiento a una orden de carácter general y abstracta
de una condena proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos6 contra el Estado Colombiano que, en sí misma, no tiene la
potencialidad de afectar las garantías reclamadas por el demandante, y
respecto de la cual no se evidenció una relación directa con los derechos
fundamentales reclamados.

38. Así se recuerda que actualmente la función disciplinaria respecto de
funcionarios elegidos por voto popular se encuentra en cabeza de la
Procuraduría General de Nación, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ordenó que se adecuara el ordenamiento con el fin de que esos
funcionarios no fueran destituidos ni inhabilitados por autoridades
administrativas, aspecto que no permite evidenciar una afectación de
garantías fundamentales para el actor.

39. De esta forma, se evidenció que el amparo pretendido se relaciona
con una inconformidad respecto de la autoridad encargada de ejercer la
función disciplinaria, y no, se reitera, con los derechos fundamentales
invocados7.

40. Aunado a ello, se despachará de forma desfavorable las solicitudes
de desvinculación presentadas por la Presidencia de la República y del
Ministerio de Justicia y del Derecho, comoquiera que existieron
pretensiones concretadas y particulares contra dichas autoridades.

2.2. Conclusiones

41. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que, de un lado,
la acción de tutela no superó el requisito de subsidiariedad respecto de las

5
“ARTICULO 2o. DERECHOS PROTEGIDOS POR LA TUTELA. La acción de tutela garantiza los derechos
constitucionales fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado
expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos
concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión”.
6 “B. Garantías de no repetición: adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de

forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de
autoridades administrativas.
7 En la acción de tutela se alegó la vulneración de los derechos debido proceso (defensa), trabajo e igualdad.

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Demandante: Carlos Carreño Pedraza
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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pretensiones relacionadas con los fallos proferidos por la Procuraduría
General de la Nación, y, de otro lado, se evidenció que la pretensión
relacionada con el presidente de la República, el Ministerio de Justicia y
del Derecho y el Congreso de la República es improcedente pues no
guarda relación con la alegada vulneración de derechos fundamentales.
En esa medida e declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación la Presidencia de la
República y del Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Carlos Carreño Pedraza, de acuerdo con los motivos expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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