Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02137-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
3 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02137-01
Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02137-01
Demandante: NORMA CONSTANZA PERDOMO GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 1 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 27 de abril de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora Norma Constanza Perdomo Gómez pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
28 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Huila, que denegó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 28 DE MARZO DE 2023, en el expediente rad. No. 41001-33-33-
41001333300620220018600-1, transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan
a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre
en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02137-01
Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
H.Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En 2004, la señora Norma Constanza Perdomo Gómez fue vinculada como docente de
la secretaria de educación del Huila.
El 5 de agosto de 2021, la señora Perdomo Gómez solicitó a la secretaria de educación
del Huila el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido
en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías
y la autoridad administrativa no resolvió de fondo la petición.
La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el Departamento del Huila, para que se declarare la nulidad del
acto ficto, derivado de la omisión de la respuesta radicada del 5 de agosto de 2021 que
denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A título de restablecimiento
del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías.
La demanda se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-02137-00 y correspondió
al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 8 de noviembre de
2022, declaró la existencia del acto ficto configurado por la falta de respuesta a la petición
del 5 de agosto de 2021 y denegó las pretensiones. Expuso que la Ley 50 de 1990 no
se aplica a los docentes afiliados al FOMAG, porque cuando se expidió esa ley se dejó
en salvaguarda la Ley 91 de 1989, existe especialidad en la administración y pago de las
prestaciones sociales de los docentes, el principio de inescindibilidad impide la aplicación
del régimen general y el FOMAG es financiado por la Nación, contrario a lo que ocurre
con los fondos privados.
Concluyó, que el vacío legal alegado por el demandante no existe, pues la norma que
establece el reconocimiento de cesantías para los docentes es especial y no contempla
la sanción moratoria que prevé el régimen general.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, por sentencia del 28 de marzo de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Señaló que, en todo caso, no existía un criterio
unificado del Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
de la Sección Segunda del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias:
2 Notificada el 31 de marzo de 2023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02137-01
Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
del 6 de agosto de 20203, 24 de enero de 20194, 29 de julio de 20195, 2 de diciembre de
20196, 10 de junio de 20207, 22 de octubre de 20208, 12 de noviembre de 20209, 17 de
junio de 202110, 411, 2512 y 11 de noviembre de 202113, 20 de enero de 202214, 3 de
marzo de 202215,28 de abril de 202216, 917 y 19 de mayo de 202218, 1 de julio de 202219,
22 de agosto de 202220 y 22 de septiembre de 202221.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente o se denegara la solicitud de amparo.
Expuso que los argumentos expuestos por la actora coinciden con los ya resueltos en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por lo que dice, que tampoco vulneró
los derechos fundamentales del demandante.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional dijo no ser
la competente para resolver sobre lo pretendido por la demandante.
La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo y solicitó ser
desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-
01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867-
01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815
01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-
00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-
01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
El Departamento del Huila y el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva guardaron
silencio, pese a que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 1° de junio de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional.
Explicó que la controversia no recae sobre la presunta vulneración de derechos
fundamentales, sino que únicamente cuestiona el análisis realizado por el Tribunal
Administrativo del Huila sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales
para el reconocimiento de la sanción moratoria.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la acción
de tutela si cumple el requisito de relevancia constitucional y fundamentó ese argumento
en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en
providencias del 23 de marzo y 17 de abril22 de 2023.
Reiteró que no era cierto que no existiera una posición respecto de la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó,
además de las sentencias relacionadas en el escrito de tutela, sentencias de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 1923 y 2624 de enero de 2023.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Norma Constanza Perdomo Gómez contra la sentencia del 28 de marzo de 2023, dictada
por el Tribunal Administrativo del Huila, que denegó las pretensiones de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, porque se trata de una reiteración de los argumentos que expuso en el
proceso ordinario sobre el supuesto derecho a la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.
Por lo tanto, confirmará la decisión de primera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33-000-2018-00231-
01 (0871-2020) , C.P. William Hernández Gómez.
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requisitos generales25 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos26 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0027, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
Del expediente digital28 N°.41001-33-33-006-2022-00186-00, la Sala encuentra que la
señora Norma Constanza Perdomo Gómez demandó al Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y el Departamento del Huila, con el objeto de que se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de
la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda estuvo fundamentada en que “las previsiones contenidas en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 amparan el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores públicos
docentes, bajo los preceptos de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998, de modo que
frente a la mora en la consignación de dicha prestación resulta procedente el pago de una
sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de
febrero de la siguiente anualidad no se verifica el depósito del monto correspondiente en el fondo
de cesantías al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá́ requerir el reconocimiento
y pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, antes citado”.
Además, pidió que se aplicaran las sentencias C-741 de 2012, SU-098 de 2016, C-486
de 2016 y SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y del 6 de agosto de 2020, 24 de
25 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
26 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
27 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
28 Aportado por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y disponible en Samai.
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Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
enero de 2019, 21 de febrero de 2019, 10 de junio de 2020, 12 de noviembre de 2020 y
17 de junio de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En sentencia de primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, concluyó
que (i) la sanción moratoria prevista en la ley 50 de 1990 por la consignación tardía de
las cesantías no es aplicable a los docentes oficiales; (ii) existe especialidad en la
administración y pago de las prestaciones sociales de los docentes, el cual es muy
diferente al régimen general;(iii) por virtud del principio de inescindibilidad no es posible
la aplicación del régimen general.
Por su parte, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia del 8 de noviembre de 2022 que denegó pretensiones (resumido en la
providencia de segunda instancia), sostuvo lo siguiente:
a.- Es cierto –como lo afirma el a quo-, que los docentes tienen un régimen especial. Sin embargo,
esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; más aún
cuando la jurisprudencia constitucional29 y administrativa30 ha restablecido sus derechos
prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos”
y concediéndoles -por favorabilidad- derechos laborales con fundamento en el régimen general (v.
gr. la sanción moratoria que aquí́ se depreca). (…)
c.- El hecho que los docentes pertenezcan a un régimen especial, no sustrae a los nominadores de
la obligación de “CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS CESANTÍAS EN EL FOMAG”, en los
términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Maxime, cuando dicha disposición fue expedida un
año después de la Ley 91 de 1989 y cuando esta ultima no fijaba plazo alguno. (…)
g.- Acepta que la sentencia SU098 de 2018, no tiene identidad fáctica con el asunto del rubro, pues
se refiere a docentes que no fueron afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. No obstante, sostiene que “NO EXISTE SANCIÓN POR LA NO AFILIACIÓN AL FONDO,
LA NO AFILIACIÓN AL FONDO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA QUE NO VA A EXISTIR
UNA CONSIGNACIÓN Y LO QUE SE PUEDE SANCIONAR A FAVOR DEL TRABAJADOR ES LA
FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN UN TIEMPO DETERMINADO Y ESTE ES
EL TÉRMINO CONTENIDO EN LA LEY 50 DE 1990”.
h.- Relaciona 18 providencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado entre el
2018 y el 202231; en las que se acepta que los docentes son beneficiarios de la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Subraya especialmente, la sentencia de tutela proferida por el máximo órgano de lo Contencioso
Administrativo en el expediente T-6.736.20032 y manifiesta que sus efectos se extienden a todos los
docentes oficiales (inter comunis), en la medida en que no se condenó la omisión de afiliación al
FOMAG, sino la consignación de las cesantías por fuera del plazo señalado en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.
Ahora, en la demanda de tutela y el escrito de impugnación, la señora Norma Constanza
Perdomo Gómez dijo que la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, porque
desconoció, además de las sentencias de la Corte Constitucional y de la Sección
Segunda del Consejo de Estado invocadas en la demanda y en el recurso de apelación,
las sentencias del 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de
agosto de 2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023 dictadas por la
Sección Segunda de esta corporación.
29 Sentencias SU098 de 1998, C741 de 2012 y C486 de 2016.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Ponente: Dr. Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia del 20 de enero de 2022.
Radicación 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021). Demandante: Ángel María Castro Olmos. Demandado: Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Otros.
31 Radicados: 08001-23-33-000-2013-00666-01(0833-16), 7601-23-31-000-2009-00867-01(4854-2014), 11001-315-000-
2018-03499-01, 08001-23-33-000-2014-00173-01(1688-16), 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001-23-31-
000-2014-00815-01(4979-2017), 19001-23-33-000-2015-00455-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-01(1002- 2021),
4001-23-40-000-2017-00134-01(2208-2020), 08001-23-40-000-2015-9008-01(2387-2020), 08001-23-40-000-2014- 90022-
01(5154-2016), 080001-23-33-000-2017-00931-01(1001-2021), 08001-23-33-000-2015-0075-01(2660-2020) y 07001-23-40-
000-2017-00795-01(2659-2020).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
Como se ve, la señora Norma Constanza Perdomo Gómez propone la misma discusión
jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde es
demandante. Si bien la actora alega que la providencia objeto de tutela incurrió en
desconocimiento del precedente, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se
reabra el debate jurídico sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos
a efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma.
Si bien la demandante está alegando el desconocimiento de nuevas sentencias, lo cierto
es que las invoca con el mismo propósito con el que las citó en la demanda y en el
recurso de apelación que formuló inconformidades contra la sentencia del 8 de
noviembre de 2022, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que denegó
las pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que sí debió hacerse
extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente
para reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa norma.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 28 de marzo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
b.- Es menester indicar, que las sentencias que fundamentan el escrito introductorio y el recurso de
alzada, en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA, no constituyen precedente
unificador que vincule la posición y el criterio del operador judicial. Incluso, así lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia SU098 de 2018, cuando manifestó que “no existe una posición
unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que
contempla el numeral 3º del artículo 99 del a Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es
posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo”.
Tampoco se puede afirmar que el a quo desconoció el precedente de unificación contemplado en la
sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, comoquiera que el Consejo de Estado en
esa providencia determinó “el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para
reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de cesantías anualizadas”;
sin hacer referencia a fundamentos fácticos o jurídicos similares a los del sub lite.
(…) La Sala considera que para resolver el sub examine, no es necesario recurrir al principio de
favorabilidad, habida cuenta que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato
diferenciado; a contrario sensu, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de los
docentes) no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo
la Ley 50 de 1990, y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos, con
excepción del sector educativo.(…)
ii.- El principio de inescindibilidad de la norma jurisprudencialmente se ha estructurado con
fundamento en el principio de favorabilidad; y consiste en “entender que las normas jurídicas bajo las
cuales ha de regirse un asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden
ser dividas para resolver con parte de ellas y arte de otras el caso que se trate”.
Para la Sala, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990 desconocería la especialidad
del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los docentes, y modificaría la forma de administrar,
liquidar y cancelar sus cesantías. Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus
intereses, no es procedente que los docentes apelen a un régimen diferente cuando el que los
ampara, ya lo regula.
iii.- En la sentencia SU98 de 2018, el órgano constitucional abordó el estudio de un docente que no
fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni a ninguno otro. Así es que,
sin necesidad de mayores elucubraciones, se torna evidente la discrepancia fáctica con el presente
asunto y la imposibilidad de tenerlo –por los argumentos antes expuestos- como precedente de
unificación vinculante. Fue precisamente por esa diferencia fáctica, que la Corte Constitucional no se
refirió a la naturaleza y a la especialidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Sin embargo, en esta ocasión sí es menester mencionar que funciona como una cuenta especial de
la Nación encargada de la administración de las prestaciones sociales de los docentes, cuyos
recursos son manejados a través de una fiducia, y que, a diferencia de las Sociedades
Administradoras de Fondos Privados de Cesantías, no tiene dispuesta una cuenta individual para
cada uno de los afiliados.
iv.- Contrario a lo afirmado por la demandante, la Sala observa que la jurisprudencia con relación al
tópico en discusión no ha sido pacífica. De un lado, la sentencia SU098 de 2018 indicó que el régimen
para el reconocimiento y pago de las cesantías previsto en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, es
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Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
aplicable a “todas las personas que se vinculen con órganos y entidades del Estado a partir del 31 de
diciembre de 1996”. Y por otro, el Consejo de Estado recientemente ha sostenido –como se transcribió
ut supra-, que de conformidad al artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, dicho régimen se hizo extensivo
únicamente a los “servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de
1996 que se afilien a los fondos privados”
v.- Finalmente, es apropiado concluir que el pago de los intereses a las cesantías de los docentes se
encuentra regulado en los artículos 15-3º de la Ley 91 de 1989 y 4º del Acuerdo 39 de 1998 del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y, que de acuerdo con esta reglamentación y con
las pruebas arrimadas, estos fueron cancelados oportunamente (en el mes de marzo de 2021).
Siendo así, como se expuso, aunque el demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió desconocimiento del precedente y citó,
además de las sentencias a las que recurrió en la demanda y el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, nuevas sentencias de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el
debate respecto de si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos
de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma, por lo que la
acción de tutela carece de relevancia constitucional33.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”
ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
33 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente 11001-03-
15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de 2023,
Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón
y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P.
Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso
Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés
Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02137-01
Demandante: Norma Constanza Perdomo Gómez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Finalmente, la Sala encuentra que la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
11001031500020230106300 la Sala destaca que esa decisión fue impugnada y con auto
del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de
lo actuado a partir del auto que admitió esa acción de tutela.
Sobre la sentencia del 17 de abril34 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, no tiene carácter
vinculante en este asunto, toda vez que esa decisión fue impugnada y no ha hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional. Además, en aplicación del principio de autonomía
e independencia judicial, esa decisión no obliga a esta Sala a decidir en el mismo sentido,
máxime cuando, como se expuso, la decisión que aquí se adoptada es concordante con
la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Norma Constanza Perdomo Gómez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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