Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02140-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02140-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02140-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
1 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico1
Tema: Improcedencia del requisito general de la acción de tutela contra sentencia
de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Universidad Autónoma del
Caribe contra la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Sala de
Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 13 de abril de 2023, en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 080013333015202300011-01,
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, Jaime de Jesús Sojo López presentó acción de tutela contra la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Universidad
Autónoma del Caribe, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso y a la seguridad social y, en consecuencia, se
ordenara: i) a Colpensiones dar respuesta de fondo a la petición de 6 de septiembre
de 2022; y ii) a la Universidad dar respuesta de fondo a las peticiones de 8 de
agosto y 8 de noviembre de 2022, realizar los pagos a seguridad social de febrero
de 1987 a 1991, y reportar a Colpensiones los pagos realizados.
4. Señaló que, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla,
mediante sentencia de 13 de marzo de 2023, negó la solicitud de tutela.
5. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia de 13 de abril de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 13 de marzo de 2022, que negó la tutela
de la referencia, y, en su lugar se dispone:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición, habeas data y
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_27_4_20231(.pdf) Nr oActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
seguridad social del accionante, conforme a lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Representante Legal de la UAC que en el término
improrrogable de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, concluya el procedimiento de reconstrucción del expediente laboral del
señor Jaime de Jesús Sojo López con C.C. No. 8712567, mediante acto definitivo, el
cual se deberá dar a conocer al accionante y, en el evento que no se logre acreditar
los pagos de los aportes a pensión del periodo de febrero de 1987 a junio de 1991,
que corresponda, deberá dentro de los quince (15) días siguientes iniciar ante
Colpensiones las gestiones administrativas del caso a fin de realizar el pago de los
aportes pensionales suplicados […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Antes de resolver lo pertinente, es oportuno precisar que no es objeto de
discusión el tiempo laborado por el actor en la UAC, lo cual, está debidamente
acreditado.
Descendiendo al caso sub examine, para la Sala, una vez examinadas
minuciosamente cada una de las respuestas dadas por la UAC, es claro, que
contrario a lo manifestado por el a quo no satisfacen los requerimientos del
solicitante, pues, si bien reconocen la relación laboral durante el tiempo suplicado,
también lo es, que no allegan los soportes que den cuenta del pago de los aportes
pensionales por el periodo ampliamente relacionado.
Para esta Colegiatura, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el alma mater
para evadir la responsabilidad que le corresponde, pues, es su deber guardar la
información referente al tiempo de servicios, funciones, salarios, consignación de
cesantías, ascensos, licencias, cotizaciones a seguridad social, vacaciones, entre
otros, de sus trabajadores, entendiendo dicha obligación como un derecho del
trabajador que no prescribe por el paso del tiempo, así lo estableció esta Sala de
Decisión en un asunto de similares connotaciones jurídicas a las debatidas en el
presente asunto.
Es de resaltar que es un deber de la institución de educación superior reconstruir el
expediente laboral del solicitante, como en efecto, lo viene haciendo, tal como indica
en respuesta que data del 1º de marzo de 2023, sin embargo, no hay prueba sumaria
alguna que lleve la certeza a la Sala que dicho procedimiento haya culminado,
vulnerándose el derecho constitucional de petición del actor, teniendo en cuenta que
desde la radicación de la última solicitud, hasta la fecha de presentación de la acción
tuitiva en estudio se ha superado el término de quince (15) días de que trata el
artículo 14 del CPACA.
En ese orden de ideas, se ordenará a la UAC que dentro del plazo que la ley dispone
para resolver toda petición, concluya el procedimiento de reconstrucción del
expediente laboral del demandante, mediante acto definitivo, el cual se deberá dar a
conocer al accionante y, en el evento que no se logre acreditar los pagos de los
aportes a pensión del periodo de febrero de 1987 a junio de 1991, que correspondan,
deberá dentro de los quince (15) días siguientes iniciar ante Colpensiones las
gestiones administrativas del caso a fin de realizar el pago de los aportes
pensionales suplicados, teniendo en cuenta, que de conformidad con el artículo 17
de Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la relación laboral deben efectuarse por
parte de los empleadores y afiliados cotizaciones obligatorias al Sistema General de
Pensiones. A su vez, la misma norma en el artículo 22 establece que el empleador
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será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO. Solicito respetuosamente a su Honorable Magistratura, el amparo a
los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA Y/O
CONTRADICCION, DERECHO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente REVOCAR
el fallo de fecha 13 de abril del año 2023, proferido por el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL
“C”, que concedió el amparo del derecho fundamental de petición y a la seguridad
social en favor del señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, dentro del proceso
radicado No. 08-001-3333-015-2023-00011-0, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de este escrito.
TERCERO. Como pretensión subsidiaria, en el evento que la deprecada en el
numeral segundo no prospere, solicito a su Honorable Corporación, ordenar al
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL “C”, proferir una nueva sentencia de tutela dentro del presente
proceso, dentro de la cual se analicen los presupuestos jurídicos y facticos (sic) para
la procedencia de la acción de tutela para el reclamo de derechos económicos de
carácter laboral y analizando en concreto, la situación particular del señor JAIME DE
JESUS SOJO LOPEZ […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:
“[…] De arrancada, resulta de trascendental importancia destacar que es
inentendible como el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, expide una sentencia de tutela sin
estudiar siquiera sumariamente los requisitos para su procedibilidad, pues durante
su trámite, el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, nunca logró acreditar al menos
de manera sucinta, la configuración de un perjuicio actual e inminente que permita
al juez de tutela tomar alguna medida excepcional y especialísima, si se tiene en
cuenta que dicho perjuicio se genera en la medida que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente y que el daño o menoscabo de la persona sea de gran
intensidad, que conduzca a que las medidas que se requieren para conjurar dicho
perjuicio sean tan urgentes y debido a la impostergabilidad de su protección.
Según lo acreditado en el expediente, el señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, no
demostró ni siquiera bajo el grado de inferencia razonable, la vulneración a su
derecho a la seguridad social, pues exclusivamente se limitó a solicitar el pago de
sus aportes al sistema de seguridad social durante períodos significativamente
antiguos, sin siquiera acreditar los motivos por los cuales debió solicitarlos por vía
de tutela y no a través de la justicia ordinaria laboral, constituido por mandato de la
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ley, como el debido trámite para solicitar el reconocimiento y pago de derechos y
prestaciones económicas de carácter pensionales, lo que relega a la acción de
amparo como mecanismo subsidiario y residual, que en ningún caso podrá
reemplazar o sustituir al Juez Natural, dado que únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la
autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente;
circunstancia que en el presente caso no ocurrió, dado que el Tribunal de facto,
profirió una decisión definitiva de reconocimiento y pago, extralimitándose
abiertamente en sus funciones de juez de tutela, ante un tramite que ineludiblemente
era de connotación ordinaria, incurriendo así en una vía de hecho, la cual vulnera
abiertamente el derecho fundamental al debido proceso de la UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL CARIBE […]”.
[…]
“[…] Es indiscutible que en el presente caso, el Tribunal accionado no valoró que el
señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ, no agotó todos y cada uno de los
mecanismos de defensa judicial a su alcance como era debido, teniendo a su
disposición la jurisdicción ordinaria laboral para el reclamo de sus derechos
económicos […]”.
[…]
“[…] el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, mediante su desproporcionada sentencia de fecha
13 de abril del año 2022, SI desconoció el principio de inmediatez, dado que
transcurrió aproximadamente 28 AÑOS, para que el señor JAIME DE JESUS SOJO
LOPEZ, acudiera a la acción constitucional para buscar el amparo de sus derechos
fundamentales […]”.
[…]
“[…] el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, durante el trámite tutelar que conllevó al traste con
la decisión hoy cuestionada, no brindó las garantías de credibilidad y seguridad
jurídica, pues como se dijo anteriormente asoció una posible vulneración al derecho
de petición, con el derecho a la seguridad social, sin ir más allá de las circunstancias
originadas dentro del caso particular, lo que vulnera indefectiblemente el derecho
fundamental al debido proceso, a la defensa y a la debida administración de justicia,
pues sin tener la competencia, el acervo probatorio necesario y con menosprecio
total de las circunstancias de FUERZA MAYOR impeditivas, restrictivas y prohibitivas
en las que se encuentra la UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE, de pagar
obligaciones causadas antes del 5 de marzo del año 2018 […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2023: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala de Decisión Oral
C del Tribunal Administrativo del Atlántico; y iii) vinculó, en calidad de terceros con
interés legítimo, al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la
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Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a Jaime de Jesús Sojo
López, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Al respecto, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la procedencia de la tutela para controvertir fallos de tutela, ha sido
reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que resulta improcedente, al
considerar que conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de 1991−
los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho al debido
proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de
revisión.
Sin embargo, ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii)
cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
En el caso concreto la acción de tutela se torna improcedente habida cuenta que no
se estructura ninguno de los presupuestos reseñados precedentemente.
La acción de tutela no puede convertirse en una instancia más de las que el legislador
ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin que persigue […]”.
10. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Igualmente señaló que “[…] En el caso concreto la acción de tutela se torna
improcedente habida cuenta que no se estructura ninguno de los presupuestos
reseñados precedentemente. La acción de tutela no puede convertirse en una
instancia más de las que el legislador ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin
que persigue […]”.
11. Jaime de Jesús Sojo López rindió informe en los siguientes términos:
“[…] El ente educativo Universidad Autónoma del Caribe manifiesta que, no se
acredito (sic) perjuicio irremediable bajo este argumento me permito esto no es cierto,
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ya que por mi edad de 61 años pertenezco al grupo población de la tercera edad por
ende reviste el carácter especial cobra relevancia es así que la jurisprudencia de las
altas cortes lo han manifestado en nutrida jurisprudencia […]”.
[…]
“[…] El ente educativo Universidad Autónoma del Caribe afirma que no se acredito
(sic) vulneración al derecho de la seguridad social con este argumento se pretende
inducir al error al funcionario judicial cuando es palmario dicha trasgresión, es un
hecho probado la vinculación laboral, con el ente educativo Universidad Autónoma
del Caribe, de lo cual se ha acreditado con las constancias laborales certificadas para
la época, en que se sustenta esta reclamación, y que dichas constancias laborales
han sido reconocidas por el ente educativo Universidad Autónoma del Caribe […]”.
[…]
“[…] La edad que ostento de 61 es un principal, máxime si estos procesos laborales
son dispendiosos, el afiliado o beneficiario no puede soportar la mora en el traslado
de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de
fondos de pensiones, Cuando los medios ordinarios se tornen inane el juez
Constitucional podrá flexibilizar el contenido exegético de las normas procedimentales
y amparar los derechos fundamentales trasgredidos (sic) […]”.
[…]
“[…] En cuanto al requisito de inmediatez al ente educativo Universidad Autónoma del
Caribe que trascurrieron (sic) 28 años, no es de recibo esta argumentación dado el
principio de buena fe, en el sentido que los trabajadores esperamos de nuestros
empleadores diligencia honestidad y credibilidad en los asuntos internos en cuantos
a su responsabilidades y obligaciones de realizar los aportes correspondientes siendo
que estos son descontados mes a mes por nomina (sic), la buena fe, que debe
orientar los procedimientos al interior de las entidades, con el objeto de construir
relaciones basadas en la confianza, que permitan la materialización de las
expectativas del ciudadano, más aún si estas surgen bajo un marco de legalidad […]”.
12. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó copia
digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado con el número
único de radicación 080013333015202300011-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
18. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de
legitimación en la causa por pasiva.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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19. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que fue parte
demandada en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 080013333015202300011-01, es decir que a dicha entidad le asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.
20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.
21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
Problema jurídico
22. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de
tutela.
23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
25. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
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vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el
caso concreto
30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
tutela, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela
31. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
32. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201514, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.
33. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se
cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
34. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:
“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”15.
35. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201916, consideró que al efectuar
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia
judicial cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le
corresponde identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
providencia judicial cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los
parámetros excepcionales previstos en cada escenario.
36. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta consideró que:
“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de
la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En
este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues
Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión
de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el
auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras
que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como
se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite
para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de
esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al
erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa
juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a
recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa
específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece
que el fraude lo corrompe todo.
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4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias17, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).
37. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente,
que la providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
17 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actora: Universidad Autónoma del Caribe
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
19 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Actora: Universidad Autónoma del Caribe
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
44.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 080013333015202300011-01.
Solución del caso concreto
45. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte lo siguiente respecto a la
presente solicitud de tutela:
Tutela 2. núm. único de radicación
Tutela 1. núm. único de radicación
110010315000202302140-00 (Proceso
080013333015202300011-01
actual)
Actor (a) Jaime de Jesús Sojo López Universidad Autónoma del Caribe
Administradora Colombiana de
la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Demandados Pensiones – Colpensiones y la
Administrativo del Atlántico
Universidad Autónoma del Caribe
Derechos 1) Petición, ii) seguridad social y iii) i) Debido proceso y ii) acceso a la
vulnerados debido proceso administración de justicia
Afirmó que laboró como docente Afirmó que la autoridad demandada
catedrático en la UAC desde el año de desconoció sus derechos
1987 a 1991. Que la UAC omitió pagar fundamentales, en la medida en que:
los aportes a pensión durante el
periodo citado. Que se vinculó “[…] expide una sentencia de tutela sin
Presupuestos
nuevamente a la UAC desde 1995 estudiar siquiera sumariamente los
fácticos
hasta el año 2018. Que presentó requisitos para su procedibilidad, pues
petición ante la UAC el 8 de agosto de durante su trámite, el señor JAIME DE
2022, solicitando el pago de los JESUS SOJO LOPEZ, nunca logró
aportes a pensión, sin recibir acreditar al menos de manera sucinta,
respuesta favorable. Que presentó la configuración de un perjuicio actual e
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Actora: Universidad Autónoma del Caribe
petición ante Colpensiones el 5 de inminente que permita al juez de tutela
septiembre de 2022, a través de la tomar alguna medida excepcional y
cual, solicitó certificación donde especialísima […]no valoró que el
consten los aportes realizados por la señor JAIME DE JESUS SOJO
universidad mencionada. Que LOPEZ, no agotó todos y cada uno de
presentó nueva petición ante la UAC los mecanismos de defensa judicial a
reiterando la solicitud inicial. su alcance como era debido, teniendo
a su disposición la jurisdicción ordinaria
laboral para el reclamo de sus
derechos económicos […]desconoció
el principio de inmediatez, dado que
transcurrió aproximadamente 28
AÑOS, para que el señor JAIME DE
JESUS SOJO LOPEZ, acudiera a la
acción constitucional para buscar el
amparo de sus derechos
fundamentales […]”.
Jaime de Jesús Sojo López presentó La actora solicitó en su escrito de tutela
acción de tutela contra la lo siguiente:
Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y la “[…] PRIMERO. Solicito
Universidad Autónoma del Caribe, con respetuosamente a su Honorable
el fin de que se ampararan sus Magistratura, el amparo a los derechos
derechos fundamentales de petición, fundamentales al DEBIDO PROCESO,
al debido proceso y a la seguridad DERECHO A LA DEFENSA Y/O
social y, en consecuencia, se CONTRADICCION, DERECHO A LA
ordenara: i) a Colpensiones dar ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
respuesta de fondo a la petición de 6
de septiembre de 2022; y ii) a la SEGUNDO. Como consecuencia de lo
Universidad dar respuesta de fondo a anterior, solicito respetuosamente
las peticiones de 8 de agosto y 8 de REVOCAR el fallo de fecha 13 de abril
noviembre de 2022, realizar los pagos del año 2023, proferido por el
a seguridad social de febrero de 1987 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
a 1991, y reportar a Colpensiones los ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
pagos realizados. SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, que
concedió el amparo del derecho
fundamental de petición y a la seguridad
social en favor del señor JAIME DE
JESUS SOJO LOPEZ, dentro del
Pretensiones proceso radicado No. 08-001-3333-015-
2023-00011-0, para en su lugar, declarar
la improcedencia de la presente acción
de tutela, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de
este escrito.
TERCERO. Como pretensión
subsidiaria, en el evento que la
deprecada en el numeral segundo no
prospere, solicito a su Honorable
Corporación, ordenar al TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL “C”,
proferir una nueva sentencia de tutela
dentro del presente proceso, dentro de
la cual se analicen los presupuestos
jurídicos y facticos (sic) para la
procedencia de la acción de tutela para
el reclamo de derechos económicos de
carácter laboral y analizando en
concreto, la situación particular del
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Núm. único de radicación: 110010315000202302140-00
Actora: Universidad Autónoma del Caribe
señor JAIME DE JESUS SOJO LOPEZ
[…]”.
46. La Sala advierte que la presente solicitud de amparo comparte identidad
procesal con la acción de tutela cuestionada, toda vez que, en últimas, la actora
controvierte la “[…] reconstrucción del expediente laboral del señor Jaime de Jesús
Sojo López […]” y la “[…] acreditación de los pagos de los aportes a pensión del
periodo de febrero de 1987 a junio de 1991 del señor Jaime de Jesús Sojo López
[…]”, frente a lo cual, la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del
Atlántico amparó los derechos fundamentales de Jaime de Jesús Sojo López;
decisión que la actora no comparte, razón por la cual promovió la solicitud de
amparo de la referencia, insistiendo en que no se debió conceder el amparo.
47. En ese orden se evidencia que la actora interpuso la acción de tutela contra
la sentencia proferida por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del marco de una solicitud de tutela, por lo que, con fundamento en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional se debe declarar improcedente.
48. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201520, la presente solicitud de amparo cuestiona la decisión proferida
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación
080013333015202300011-01. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
tutela consistente en que se presente la cosa juzgada fraudulenta, por cuanto no se
acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la anterior acción
de tutela fuera producto de una situación de fraude, en tanto que, contrario a lo
señalado por la actora, la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del
Atlántico realizó una interpretación razonable de la respectiva solicitud de tutela.
Conclusiones de la Sala
32. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de tutela, por no cumplir con el requisito general de que no se trate de una acción
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actora: Universidad Autónoma del Caribe
de tutela contra sentencia de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Actora: Universidad Autónoma del Caribe
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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