Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02144-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02144-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02144-01
Consejero ponente: Conjuez Rodrigo Pombo Cajiao
22 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
CONJUEZ PONENTE: RODRIGO POMBO CAJIAO (Conjuez)
Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: MARTHA CRISTINA RINCÓN TRUJILLO
Accionados: SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: Sentencia.
Procede el Despacho a decidir la impugnación interpuesta por el apoderado de la señora
MARTHA CRISTINA RINCÓN TRUJILLO, en contra de la sentencia de primera
instancia proferida en Acción de Tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el
18 de septiembre de 2023, previos los siguientes aspectos.
I. ANTECEDENTES
1. La petición
La señora Martha Cristina Rincón Trujillo, mayor de edad, instauró acción de tutela, a través
de apoderado, contra la sentencia proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado cuyo conjuez ponente fue el Dr. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, de fecha seis
(6) de diciembre de dos mil veintidós (2022) en el marco del proceso ordinario 41001-2333-
000-2014-00041-02, con el fin de que le sean tutelados los derechos fundamentales (i)
al debido proceso y (ii) el derecho de defensa, formulando la siguiente pretensión:
“La presente acción pretende que se ordene a la Sala decidir la
controversia con fundamento en la prenotada disposición legal
citada en la demanda (art. 15 de la Ley 4 de 1992), y no como lo
hicieron en su sentencia, que la apoyaron el artículo 14 de la Ley
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
4 de 1992, que habla de la prima especial de servicios del 30%,
que no fue pedida en esta demanda, y que conllevó a desestimar
parcialmente la demanda, por las siguientes razones de hecho y
de derecho: (…)”
En suma, solicitó se amparen susodichos derechos fundamentales como quiera que, según
la tutelante, la decisión judicial se estribó esencialmente en una norma inconducente.
2. Principales hechos demostrados en el proceso
2.1. La señora Martha Cristina Rincón Trujillo, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en contra de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por la expedición de la providencia del 06 de diciembre de
2022, que resolvió en segunda instancia el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho dentro del expediente 41001233300020140004102.
2.2. En dicha providencia, la sala accionada confirmó parcialmente la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila del 24 de octubre
de 2017.
2.3. La accionante, al impetrar su acción de tutela pretendió el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa, que considera presuntamente
vulnerados por la autoridad judicial, puesto que la entidad accionada aplicó para la
solución del caso una norma que no correspondía. Es decir, señala la accionante
que, mientras ella solicitó en su demanda la aplicación del artículo 15 de la Ley
4 de 1992, la sala de conjueces accionada aplicó erróneamente el artículo 14 de
la misma codificación, siendo que aquel prevé la bonificación por compensación; y
este, la prima especial de servicios del 30%. Total, bendijo su solicitud no solamente
en el hecho de que se aplicó una norma inconducente sino que la disposición utilizada
como fundamento de la decisión versaba sobre asuntos totalmente diferentes a lo
solicitado en la demanda.
2.4. La tutela fue repartida y el juez de primera instancia, esto es, la Sala de Conjueces
de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
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Estado (tras declarar fundado el impedimento1 presentado por los consejeros de la
misma), inadmitió la acción constitucional, mediante auto del 21 de julio de 2023
en atención a que consideró que no era posible identificar de manera precisa
los hechos o razones que motivaron la solicitud, y concedió a la accionante un
término de tres (3) días para que la corrigiera, aclarando los requisitos generales de
procedibilidad y, así mismo, para que especificara los defectos que adjudicaba a la
decisión enjuiciada.
2.5. Mediante memoriales radicados los días 26 y 28 de julio de 2023 vía correos
electrónicos, el apoderado de la accionante subsanó el escrito tutelar, indicando
que se cumplían con los requisitos generales y especiales de procedibilidad, de
conformidad con la sentencia C-590-2005 y T-522 de 2001, expresando que lo
pretendido es que se ordene a la entidad accionada “decidir la controversia con
fundamento en el artículo 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992, conforme se pidió en la
demanda”.
2.6. Con base en lo anterior, mediante auto del 08 de agosto de 2023 el juzgador de
primera instancia admitió la acción de tutela y vinculó a la Procuraduría General
de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo del Huila (fallador de primera instancia en el
proceso ordinario) como terceros con interés.
2.7. Finalmente, el a quo profirió sentencia el 18 de septiembre de 2023, mediante la cual
declaró improcedente la acción por falta de agotamiento del recurso extraordinario
de revisión como mecanismo de defensa, por ser este el instrumento eficaz e idóneo
para la protección del derecho al debido proceso.
2.8. Inconforme con la decisión, la actora, a través de su apoderado, la impugnó, siendo
concedido el recurso por el juzgador de primera instancia mediante auto notificado el
31 de octubre de 2023.
2.9. Llevado a cabo el reparto, correspondió conocer del asunto a la Subsección C de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
1 Mediante auto del 27 de junio de 2023.
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2.10. El 11 de diciembre de 2023, los magistrados que conforman la aludida
Subsección se declararon impedidos para conocer del proceso por considerar que
el objeto de la controversia gira en torno al reconocimiento de la prima especial de
servicios regulada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, siendo que ese emolumento
lo perciben los magistrados del Consejo de Estado, por lo que estimaron que se
encontraban incursos en la causal de impedimento para conocer del asunto, en
atención a las previsiones del artículo 56, numeral 1 del Código de Procedimiento
Penal.
2.11. El 15 de enero de los corrientes, el presidente de la Sección Tercera, junto con la
secretaria general del Consejo de Estado, llevaron a cabo sorteo de sala de
conjueces, resultando designados para el efecto, los suscritos.
2.12. El 30 de enero de 2024 la Sala de Conjueces emitió auto que declaró fundado el
impedimento de los señores magistrados en los siguientes términos:
“Declarar fundado el impedimento manifestado por los
magistrados Nicolás Yepes Corrales, William Barrera Muñoz y
Jaime Enrique Rodríguez Navas, por las razones expuestas en
esta providencia.
En consecuencia, quedan separados del conocimiento de la
impugnación de la acción de tutela de la radicación;
procediendo, por lo tanto, esta Sala de Conjueces a conocer de
fondo.”
II. SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante el fallo de tutela impugnado, la sección quinta denegó el amparo invocado
mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela formulada por la accionante
contra la sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme a las
siguientes consideraciones de fondo:
1. Que, contra las sentencias proferidas, entre otras, por las secciones de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, procede el recurso
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extraordinario de revisión.
2. Que el artículo 250 del CPACA, establece las causales por las que dicho recurso
procede, dentro de las cuales se encuentra “[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
3. Que en recientes pronunciamientos el Consejo de Estado ha señalado que cabe
dentro de las causales de nulidad “el evento en el que se presente violación
al principio de congruencia en las sentencias” de segunda instancia.
4. Que, en el caso particular, el a quo consideró que los argumentos expuestos
por la accionante corresponden plenamente a una violación del principio de
congruencia, en la medida que lo reprochado es que el asunto se resolvió sobre
una prestación que nunca fue solicitada (la determinada en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992), mientras que dejó de pronunciarse frente a la prima especial de servicios
de que trata el artículo 15 ejusdem.
5. Que, por esa razón, consideró que la tutela interpuesta resultaba improcedente
por falta de agotamiento del recurso de revisión como mecanismo extraordinario
de defensa.
III. LA IMPUGNACIÓN
En el trámite de impugnación de la sentencia de tutela, el apoderado de la accionante
esgrimió los siguientes argumentos:
1) Que el fallador se equivocó al considerar que la situación que envuelve el caso
concreto conforma un motivo de nulidad que pueda ampararse en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, comoquiera que las nulidades procesales son
taxativas y la congruencia no lo es.
2) Que, se podría hablar de aplicación del recurso extraordinario de revisión por
incongruencia (derivada del artículo 281 del CGP) si se hubiere conocido el
asunto sobre la base de la prima del 30% (que no fue pedida en la demanda).
3) Que, en el caso de autos, lo que sucedió fue otra cosa: la decisión impugnada se
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fundó en una norma inaplicable que negó la prima que sí se había solicitado
en la demanda.
4) Que la acción de tutela es procedente contra la sentencia debatida porque se
configura una de las causales de procedencia consistente en que la decisión
se funde en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo). Todo lo
cual, aunado al hecho de que, según el impugnante, los precedentes citados para
defender la vía de la revisión de la sentencia obedecían a casos en donde se
aplicaba la misma norma para asuntos materialmente iguales (primas especiales de
servicios) no para asuntos diferentes a los pretendidos.
IV. CONSIDERACIONES
A través de la acción de tutela, toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública y sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa, caso en el
cual deberá manifestarse en la solicitud.
En el presente caso, la accionante actúa a través de apoderado, y afirma que lo hace para
la defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por lo cual se
encuentra legitimada para interponer la presente acción.
4.1. De la competencia.
Este Despacho es competente para resolver la impugnación interpuesta contra sentencia
dictada para definir la tutela, en tanto se trata de una decisión proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en primera instancia, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 2591 de 1991. Así mismo, la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada a las razones de inconformidad expresadas por el recurrente
en el escrito de sustentación de la impugnación cuyo objeto, en este caso, es lograr
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que se revoque la providencia por las razones por él mismo utilizadas en la impugnación,
de tal suerte que, en esta instancia el juzgador tiene vedada, en principio, y salvo las
excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de la instancia ordinaria so
pena de sustituir las competencias del juez natural de la Litis y vulnerar el principio de la
autonomía judicial y, por lo mismo, los debates de fondo estudiados en sede judicial
de nulidad quedan excluidos del presente debate.
4.2. Procedencia de la acción constitucional contra sentencias judiciales.
Previo al análisis de fondo de cualquier caso, el juez constitucional debe verificar la
procedibilidad del mecanismo de amparo. Así pues, conforme a los Artículos 86 de la
Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 y la vasta jurisprudencia que existe
sobre la materia, los requisitos generales2 de procedencia de la acción de tutela se
pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que la pretensión principal inmersa en la
acción sea la defensa de garantías fundamentales presuntamente afectadas por una acción
u omisión del sujeto demandado; b) legitimación de las partes; c) inexistencia o
agotamiento de los medios de defensa judicial (subsidiariedad)3; y d) interposición de la
acción en un término razonable (inmediatez)4. Además, e) en caso de irregularidad procesal
“debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora5”6; como
también f) “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
2 Sentencia C-590 de 2005. “En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como
en fallos de tutela. Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido objeto
de detenidos desarrollos. En virtud de ellos, la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto.”
3 Sentencia C 590 de 2005. “Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable3. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse
la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última.”
4 Sentencia C 590 de 2005. “Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos”
5 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
6 Sentencia C 590 de 2005
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible7” y, por último g)
“Que no se trate de sentencias de tutela8.”
4.3. Legitimación por activa y por pasiva
El artículo 86 superior establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier
persona, ya sea por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre, cuando
sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, por los particulares.
De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser
ejercida directamente por la persona afectada o por medio de un representante, caso en el
cual, los poderes se presumirán auténticos.
Para el caso concreto la tutelante, actuando a través de apoderado, acudió a este
mecanismo constitucional al considerar que existe violación de sus derechos
fundamentales (i) al debido proceso, así como (i) al de defensa, con el fin de que se
restablezcan los mismos en sede judicial conforme a los hechos, argumentos y pruebas
obrantes en el plenario.
En ese orden de ideas, el fallador considera que se ha acreditado este requisito.
4.4. Situación fáctica conocida dentro del proceso.
Se han acreditado los hechos del presente proceso mediante las pruebas necesarias,
suficientes y válidas que permitan aterrizar la decisión en un fallo de fondo que bien se
resumieron en el capítulo de antecedentes y, en este caso, la argumentación constitucional
suficiente de cara a la providencia enjuiciada.
4.5. Problemas jurídicos.
La sala considera que para este caso, se debe plantear el siguiente interrogante de
naturaleza constitucional con el propósito de abordar fielmente y con la profundidad debida
7 Sentencia T-658-98
8 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
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el asunto sometido a su consideración, a saber:
¿Es adecuada desde la perspectiva de los derechos fundamentales comprometidos la
decisión de primera instancia mediante la cual se negó la procedencia de la tutela contra
sentencia judicial por falta de agotamiento del recurso extraordinario de revisión como
mecanismo extraordinario de defensa? ¿Es cierto que el accionante contaba con otro
mecanismo de defensa judicial para hacer valer sus derechos?
Problema jurídico para el cual se deben resolver, a su turno, las siguientes cuestiones: (i)
¿Es procedente la acción de tutela contra sentencia judicial que presente vicio de
“incongruencia externa”? y, en el presente caso ¿estamos ante un evento de
“incongruencia externa” o, por el contrario, frente a un evento de violación al debido proceso
por soportar una decisión en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo)?
4.6. Caso Concreto.
4.6.1. De recurso extraordinario de revisión
4.6.1.1. De los aspectos generales del recurso de revisión
En nuestro ordenamiento jurídico se encuentran previstos varios recursos para controvertir
las decisiones contenidas en providencias judiciales. Así pues, el artículo 2489 del CPACA
previó el denominado recurso de revisión, el cual procede en contra de las sentencias
ejecutoriadas dictadas por, entre otros, las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Ahora bien, el artículo 250 ibidem prevé las causales por las que el mismo procede, las
cuales transcribimos a continuación:
“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
9
“ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso
se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
En palabras del Consejo de Estado plasmadas en la sentencia del 13 de octubre de 2020
en el marco de la radicación 2019-119, este recurso es entonces “un medio de impugnación
y una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir fallos ejecutoriados
conforme con las causales del artículo 250 del CPACA”10. Además, precisó que “[e]l objeto
10Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). C.P. Dr. Alberto
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de este recurso extraordinario reside en el restablecimiento de la justicia material del fallo
recurrido, cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso correspondiente.” (Énfasis propio)
Con igual ahínco, la providencia que se viene de trascribir –que además fue expedida por
dicha corporación precisamente en decisión de un recurso extraordinario de revisión– fue
determinante al señalar que el recurso de revisión no es un medio para debatir, entre
otros aspectos, la falta de aplicación de normas, sino que su punto de partida debe
corresponder a hechos con base en los cuales se tomó una decisión indebida, o cuando
los mismos no fueron tenidos en cuenta, así:
“40. Por tanto, este medio de impugnación no es una
oportunidad procesal para reabrir un debate propio de las
instancias11, ni para suplir las deficiencias probatorias que
hayan podido presentarse durante el trámite del proceso en
cuestión. Es por esto que, la interposición de este recurso, exige
una carga argumentativa precisa por parte del recurrente, toda
vez que, esta debe hacerse de manera técnica, rigurosa y
fundamentada, y que impida la reapertura de aspectos que
fueron tratados por el juez de instancia 12. De ahí que, tampoco
sea un instrumento procesal para discutir los fundamentos
jurídicos de las providencias.
41. No es jurídicamente admisible que este medio de
impugnación sirva para controvertir la actividad
13
interpretativa del juez , o para corregir errores por falta de
aplicación de las normas, o por indebida aplicación de
estas.
42. Por el contario, este recurso fue diseñado para discutir y
ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el
Montaña Plata.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de
29 de abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de
04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-2002-01074-01(0372-12)
13 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-
200800480-00 (REV)
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
litigio –como es el caso de los documentos falsos o
adulterados–, o que no pudieron ser tenidos en cuenta a
pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con
las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor
derecho– o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta
última carezca de razón de ser – como ocurre con la sentencia
que fue proferida con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición - , entre otros
eventos.
43. Es posible afirmar, que este recurso persigue como finalidad
principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas
injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no
para tratar de enmendar los errores judiciales como los
casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de
hecho), falta de aplicación de la norma
correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)14.” (Citas originales, énfasis propio).
En consecuencia, para que proceda el recurso de revisión, es necesario que:
• Se busque con el mismo el restablecimiento de la justicia material de la sentencia
afectada.
• El punto de partida lo constituyan hechos que incidieron indebidamente en la
decisión o que no incidieron, debiendo hacerlo; lo cual haya llevado a la adopción
de una decisión injusta.
• No se pretenda discutir los fundamentos jurídicos de las providencias ni para
corregir errores por, entre otras, falta de aplicación de la norma correspondiente.
4.6.1.2. De la causal 5ª del artículo 250 del CPACA
Tal y como se mencionó con precedencia, una de las causales para acudir al recurso
extraordinario de revisión consiste en que exista nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no se pueda interponer recurso de apelación. Para lo anterior,
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
el Consejo de Estado ha indicado que son necesarios los siguientes dos requisitos:
“46. Sobre esta causal, el Consejo de Estado ha sido enfático en
establecer que es necesario que concurran dos aspectos: en
primer lugar que, el vicio alegado se haya configurado en el
momento procesal en que se profirió la sentencia, y, en
segundo lugar que, el vicio invocado se haya fundamentado
en un desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustancial propia de esa actuación15
47. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter
restrictivo, porque no toda irregularidad procesal es insaneable.
Sobre el primer aspecto, no es posible invocar como fundamento
del recurso, alguna causal de nulidad acaecida en una etapa
previa a la sentencia, toda vez que las nulidades procesales se
someten a las reglas de oportunidad y trámite del artículo 134
del Código General del Proceso, sin desconocer el deber que
tiene el juez de declarar de manera oficiosa las nulidades que
observe antes de proferir el fallo16.
(…)
49. Respecto del segundo aspecto, esto es, que la nulidad se
fundamente en un desconocimiento grave e insaneable de
alguna ritualidad propia de la sentencia, la jurisprudencia 17 ha
establecido que, se configura la causal cuando se acredita
alguno de los supuestos de nulidad, previstos de manera
taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso o
cuando se demuestra la violación del derecho fundamental al
debido proceso. Sobre el particular, el Consejo de Estado 18 ha
sostenido:
“(…) se deducen como nulidades originadas en la
sentencia, de acuerdo con el artículo 133 del
Código General del Proceso las siguientes: la del
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia
de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-02724-00(REV)
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, Radicado
2001-0091-01.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, Sentencia
de 6 de marzo de 2018/, Radicado 2012-01027-00
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 21 Especial de Decisión, Sentencia
de 3 de abril de 2018, Radicado 2014-00251-00(REV)
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
numeral primero: por falta de jurisdicción y
competencia; la del numeral segundo: cuando el
juez procede contra providencia ejecutoriada del
superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia; la
del numeral tercero: cuando se adelanta después
de ocurrida cualquiera de las causales legales de
interrupción o de suspensión, o si en estos casos
se reanuda antes de la oportunidad debida; y, la del
numeral séptimo: cuando la sentencia se profiera
por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de
apelación.”
50. El debido proceso se ha establecido como una causal
genérica de nulidad de la sentencia 19, que no puede ser
percibida por los recurrentes como una forma para corregir sus
falencias argumentativas o probatorias.
51. La jurisprudencia constitucional y la de lo contencioso
administrativo han entendido que la violación al debido
proceso constituye una causal de nulidad, cuando el juez
determina de manera razonable y justificada que los hechos
alegados contrarían este derecho fundamental20. De ahí que,
la vulneración al núcleo esencial por cuenta de aspectos o
asuntos probatorios pueda constituirse como causal. Es
importante aclarar que el juzgador no está creando una causal,
porque esta se deriva del desconocimiento de un mandato
constitucional. Sobre el particular, se ha establecido:
“(…) la invocación de cualquier causal que implique la
nulidad originada en la sentencia, se requiere que el
hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que
se trate de una anomalía procesal y que sea de tal
envergadura que, de no haberse presentado, la decisión
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 Especial de Decisión, Sentencia 3
de febrero de 2015, Radicado 2011-01639-00.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de mayo de
2019, Radicado 2009-00140-01(REV).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido
proceso constitucional, se utilice el recurso
extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico
o probatorio que se dio en la instancia
correspondiente.”21
52. De esta forma, el Consejo de Estado ha considerado como
causal de nulidad la carencia absoluta de motivación de la
sentencia22, la violación al principio de la non reformatio in
pejus23, la prueba obtenida con violación del debido proceso24,
la expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero
que no estuvo vinculado en el proceso, la falta de
congruencia25, la falta de votos necesarios para la aprobación
de una sentencia26 y la expedición de un fallo inhibitorio
injustificado27.
(…)”28 (Citas originales, énfasis propio)
Se colige de lo anterior que la causal de revisión consistente en existir nulidad en la
sentencia implica necesariamente, por un lado, que la nulidad se predique de la providencia
y no de antes (debiendo remitirse a las causales que prevé el artículo 13329 del CGP o a la
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, Sentencia de
3 de abril de 2018, Radicado 2012-00642-00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia
de 5 de junio de 2018, Radicado 2011-01409-00(REV).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de
6 de febrero de 2018, Radicado 2016-01127-00.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 1995 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión, Sentencia de 6 de marzo de 2018, Radicado 2012-01027-00
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia
de 2 de febrero de 2016, Radicado 2015-02342-00(REV)
26Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado
2009-00687-00
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 3 Especial de Decisión, Sentencia de 4 de
diciembre de 2018, Radicado 2018-00888-00(REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de 28 de marzo de 2019, Radicado 1998-00153-01.
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). C.P. Dr. Alberto
Montaña Plata
29 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido
o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión,
o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
genérica de violación del debido proceso) y; por el otro, que se trate de una irregularidad
procesal insaneable.
4.6.1.2.1. De la incongruencia externa (en aplicación del recurso de revisión por
vía de violación al debido proceso)
Nuestra justicia ha entendido que el artículo 281 del Código General del Proceso contiene
el principio de congruencia en materia judicial tal y como a continuación se transcribe:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en
la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le
reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo
o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre
que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su
traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida,
pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma
establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.”
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
(…)” (Énfasis propio).
El anterior precepto ha sido desarrollado por la jurisprudencia, la cual ha dictado que
existen dos tipos de congruencia: la interna y la externa, así:
“(…) En términos generales, la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus
decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en los siguientes términos: este principio de la
congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte
que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de
la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra,
que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es
decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la
controversia en el proceso.”30 (Énfasis del Despacho).
Se colige de lo anterior que, por un lado, la sentencia debe contar con una correspondencia
entre la parte motiva y la resolutiva (congruencia interna) y entre lo pedido y lo fallado
(congruencia externa). Es pues esta última la que cobra especial relevancia en el caso
concreto.
4.6.2. Del defecto sustantivo (aplicación de la acción de tutela)
De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la ya citada sentencia C-
590 de 2005 (entre otras) existen unos requisitos que deben cumplirse para que la acción
de tutela sea procedente contra providencias judiciales. Dichos requisitos fueron divididos
en “generales” (ya abordados en el subtítulo de “Procedencia de la acción constitucional
contra sentencias judiciales” de este documento) y “especiales”, señalando respecto de
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20
de febrero de 2020, rad. No. 11001-03-15-000-2019-03861- 01, C.P. María Adriana Marín, citando <<Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002.
Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado:
Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié>>., y sentencia del 2 de febrero de
2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
estos que debe existir o presentarse al menos uno de los vicios allí listados31 como
causales especiales de procedibilidad, del cual se rescata el defecto sustantivo o
material, por haber sido el invocando por la impugnante a través de su apoderado. En
palabras de la Corte, dicho defecto cosiste en los siguiente:
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.” (Negrillas del Despacho)
De esta manera, para la Corte Constitucional ha sido claro que se configura defecto
sustantivo allí donde no existe correspondencia entre los fundamentos de la decisión y lo
que esta predica.
4.6.3. De la subregla establecida por la Corte Constitucional ante casos que
involucran una procedencia aparente de, por un lado, el recurso
extraordinario de revisión y, por el otro, la acción de tutela
Como bien lo invocó el a quo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU
026 de 2021 evidenció que, en efecto, existen similitudes entre el recurso de revisión (en
el marco de la violación al principio de congruencia) y la acción de tutela en procura de la
protección del derecho fundamental al debido proceso. Por ello, en la aludida providencia,
dicha corporación sentó la siguiente subregla:
“5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en
materia contencioso-administrativa como un medio de defensa
idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido
proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra
ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela
y el recurso de revisión cuando se busca proteger este
derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario
31 Defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución.
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
especial de revisión] se plantearía la controversia
sobre el debido proceso en términos idénticos a los
que constituyen el presupuesto para resolver la
acción de tutela, al punto que un pronunciamiento
del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían
identidad de causa petendi y de petitum, y resulta
claro que no puede haber, sobre la misma causa,
dos pronunciamientos judiciales concurrentes”32.
(Resaltado del despacho)
5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa
han llevado a la Corte Constitucional a establecer la
siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo
idóneo y eficaz de defensa judicial dependiendo de
la naturaleza de los derechos invocados por el
peticionario, y la cobertura brindada por las
causales aplicables al proceso específico. Así, el
recurso será eficaz cuando a) la única violación
alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen
carácter fundamental, o b) cuando el derecho
fundamental cuya protección se solicita sea
susceptible de ser protegido de manera integral
dentro del trámite del recurso, porque concurren en
él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a
salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de
forma suficiente y oportuna el derecho.”33
(Resaltado del despacho)
32 Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, citada por la Sentencia SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
33
Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas. Reiterada, entre muchas otras,
por las sentencias T-553 de 2012, M.P. T-553 de 2012; T-713 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; SU-263 de
2015, M.P. Jorge Iván Palacio y SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda.
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el
recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho
fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible
de ser protegido de manera integral dentro del trámite del
recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren
dentro de los hechos denunciados por el accionante. En
síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna
improcedente cuando al interior de un proceso
contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible
de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión”3435.(Negrillas de la Sala).
4.6.4. De la comprobación en el caso concreto de los supuestos constitutivos de
causal de revisión o de procedencia de la acción de tutela
En la sentencia del 06 de diciembre de 2022 de la Sección Segunda – Sala de Conjueces
del Consejo de Estado, acusada por la parte actora de quebrantar sus derechos
fundamentales, encontramos:
• PRIMERO: que la pretensión segunda de la demanda rezó:
“SEGUNDA: Que se declare nula la resolución 472 del 12 de
agosto de 2013 notificada al suscrito el 22 de agosto del mismo
año, y que confirmó la de primera instancia el 27 de junio de
2013 número 2414, notificada al suscrito el 4 de julio del mismo
año, mediante el cual la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN dio contestación al derecho de petición que agotó vía
gubernativa de mi poderdante el 5 de junio de 2013, en el que
solicitó la nivelación salarial mensual conforme lo señalado
en el decreto 610 de 1998, y donde se pidió el pago de la
diferencia del sueldo mensual conforme el decreto 610 , y el
pago de prima especial de servicios conforme la ley 4ª de
1992, negando la solicitud del pago del 80% de lo que, por todo
concepto, perciben los magistrados de Altas Cortes conforme a
34 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.
35 Corte Constitucional. Sentencia SU-06 del 05 de febrero de 2021. M.S. Cristina Pardo Schlesinger
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
lo estipulado en el decreto 610 de 1998, por no ajustarse a
derecho esta contestación, pues vulnera los derechos adquiridos
de mi mandante establecidos en dicho ordenamiento, pues no
se tuvo en cuenta lo allí consagrado de ordenarse el pago del
80% de todos los factores de salario devengados y percibidos
por un Procurador Delegado ante las Altas Cortes que es igual
al salario devengado por un Magistrado de Alta Corte.”
(Resaltado del despacho)
• SEGUNDO: que las normas invocadas como violadas por la demandante del
proceso ordinario (que comparte identidad con la tutelante en este proceso
constitucional) fueron las siguientes:
“NORMAS VIOLADAS
Argumenta la parte actora que con los actos administrativos
acusados, se está vulnerando la Constitución Política,
puntualmente los artículos 2, 13, 25, 53, 58, 90, 123, 209 y 280,
el código sustantivo del trabajo artículos 15 y 21, el C.C.A,
artículos 1, 3, 35, 36, 84, 78, 138, 158, y 206 a 2014, así mismo
la ley 4ª de 1992 articulo 2 literal a), parágrafo del articulo 14
y articulo 15, el decreto 10 de 1993, decreto 610 de 1998,
decreto 1239 de 1998; Ley 201 de 1995 y el decreto 262 de
2000, en virtud, a que no otorgo el reconocimiento y pago de los
derechos reclamados, lo contrario, se evidencia de la diferencia
salarial aplicada por la entidad demandada frente a quienes se
les cancela el 80% de lo que por todo concepto perciben los
Magistrados de Altas Cortes, considera además que, vulnera el
principio de “a trabajo igual salario igual”. (Énfasis propio).
De lo transcrito se extrae que de la Ley 4ª de 199236 -la ley vigente para el proceso
ordinario-, el demandante estimó conculcados los siguientes artículos normativos:
36 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.”
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
ARTÍCULO CONTENIDO
“Artículo 2º. Para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los servidores enumerados en el artículo anterior, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y
criterios:
Articulo 2 literal a) a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado tanto del régimen general, como de los regímenes
especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios
y prestaciones sociales;
(…)”
“Parágrafo. Dentro del mismo término revisará el sistema de
Parágrafo del articulo remuneración de funcionarios y empleados de la Rama
14 Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación
atendiendo criterios de equidad. “
“Artículo 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General
de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador
Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
Articulo 15
servicios, sin carácter salarial, que sumada a los demás
ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por
los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los
supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los
Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la
Fuerza Pública”.
• TERCERO: que, según lo anterior, en lo que tiene que ver con la Ley 4ª de 1992 la
entonces demandante (hoy accionante) solicitó, sustancialmente, la aplicación
del artículo 15 de la misma.
• CUARTO: que, en la parte considerativa de la sentencia, el juez de segunda
instancia del proceso ordinario desarrolló un capítulo denominado “RÉGIMEN
SALARIAL Y PRESTACIONAL DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN” y, para el efecto invocó el artículo 14 de la Ley 4ª de
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
1992, en las siguientes oportunidades:
“El Congreso de la República expidió la Ley 4 de mayo 18 de
1992, por medio de la cual fijó el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de allí que en su Artículo 14
estableció una prima especial de servicios para
determinados funcionarios, para igualar sus ingresos a los
ingresos anuales percibidos por los Congresistas, para
equiparar el salario de los Magistrados de las Altas Cortes al de
los Congresistas. (…)
DE LA PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS
Como bien se ha dicho, el 18 de mayo de 1992 se expidió la Ley
4, convirtiéndose de esta manera en ley marco donde se facultó
al señor Presidente de la República para que fijara el régimen
salarial y prestacional de algunos servidores públicos, la
mencionada norma en su Artículo 14 prescribió lo siguiente:
“…ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima
no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la
Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que
opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
"Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente
artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y
los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.”” (…)
Bajo esta premisa, se tiene que el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 facultó al Gobierno Nacional para determinar el porcentaje
de la Prima Especial de Servicios entre el 30% y el 60 % del
salario básico, aspecto que ha sido regulado por el Ejecutivo
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
anualmente a partir del año de 1993, al expedir los decretos
salariales de los Servidores Públicos de otro lado, el Ejecutivo
reglamentó el régimen salarial ordinario de estos Servidores
Públicos de conformidad con lo previsto en el Decreto 57 de
1993, norma aplicable a los funcionarios que renunciaron al
régimen ordinario y optaron por este y para quienes se
vincularon a partir de su vigencia. Frente al régimen de acogidos
al Decreto 57 de 1993, determinó que: (…)” (Se resalta)
• QUINTA: Que, efectivamente, los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 abordan
y regulan materias diferentes. En efecto, las disposiciones rezan:
ARTÍCULO 14 ARTÍCULO 15
La prima especial prevista en el primer ARTÍCULO 15.- Los magistrados del
inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de Consejo Superior de la Judicatura, de la
1992, para los funcionarios allí Corte Suprema de Justicia, de la Corte
mencionados y para los fiscales de la Constitucional, del Consejo de Estado,
Fiscalía General de la Nación, con la el Procurador General de la Nación, el
excepción allí consagrada, que se Contralor General de la República, el
jubilen en el futuro, o que teniendo Fiscal General de la Nación, el
reconocida la pensión de jubilación Defensor del Pueblo y el Registrador
aún se encuentren vinculados al Nacional del Estado Civil tendrán una
servicio, harán parte del ingreso base prima especial de servicios, sin
únicamente para efectos de la carácter salarial, que sumada a los
liquidación de la pensión de jubilación, demás ingresos laborales, igualen a los
para lo cual se harán las cotizaciones percibidos en su totalidad, por los
de pensiones establecidas por la ley. miembros del congreso, sin que en
(…) ningún caso los supere. (…)
De lo dicho con precedencia, para la sala de conjueces es evidente que, en efecto, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en su sentencia del 06 de diciembre de 2022
empleó el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, cuando el supuesto de la norma alegado
por la demandante siempre fue el contenido en el artículo 15 de la misma ley.
De esta manera, hemos llegado al punto neurálgico del caso porque conociendo que la
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Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
Sección del Consejo de Estado basó su decisión en una norma que no fundamentaba la
petición de la otrora demandante, NO OBSTANTE LO CUAL no se puede concluir nada
diferente a que, en realidad, no se trata de una falta de congruencia externa (ya que
no se trata de una discordancia entre lo pedido y lo fallado) que permita hacer uso del
recurso extraordinario de REVISIÓN; sino de una auténtica configuración del defecto
material o sustantivo, puesto que habiendo invocado el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, el mismo fue omitido por el fallador y, de hecho, reemplazado por el artículo 14
del mismo cuerpo normativo, para tomar la decisión. En suma, de la lectura de la
providencia objeto de la decisión se extrae que, ciertamente, para alcanzar su decisión
final, -su alcance y su contenido-, el fallador acudió estructuralmente al artículo 14 en cita
y no al 15 tal y como fue solicitado y como era requerido para la comprensión del asunto
pues, sin duda, la prima de servicios era el objeto crítico de la decisión judicial.
Por lo tanto, para esta sala es evidente que, con el actuar de la Sección accionada se
violaron los derechos fundamentales al debido proceso y el de defensa de la accionante
comoquiera que no se observaron con plenitud por el juzgador los fundamentos
jurídicos de las pretensiones de la demanda y toda vez que no se trataba de un
supuesto de incongruencia externa que permitiera acudir a la figura de la revisión.
Además, huelga recordar que el Consejo de Estado, justamente en sede de revisión, ha
sido enfático en señalar que el mencionado recurso extraordinario no está diseñado para
discutir los fundamentos jurídicos de las providencias ni para corregir errores por indebida
aplicación de las normas. Luego entonces si, en efecto, se advierte un error en la sentencia
por indebida aplicación de las normas (como en el caso particular que aquí se estudia)
¿cuál es la vía conducente para salvaguardar el debido proceso en este caso si dicha
corporación ha dicho que el recurso de revisión no lo es?
La repuesta salta a la vista: en atención a que: (i) existe una violación al debido proceso,
(ii) la cual no se deriva de una falta de congruencia, (iii) ni parte de hechos que debieron
tenerse en cuenta y no se tuvieron (o viceversa), (iv) sino que se evidencia un error por
aplicación de una norma que no correspondía; para esta sala es claro que el mecanismo
procedente es la acción de tutela contra providencia judicial por defecto material o
sustantivo, comoquiera que este, precisamente, es predicable cuando se presenta “una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”, como en el caso de
autos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
Con tal panorama, se revocará el fallo proferido por la sección quinta del H. Consejo
de Estado, de que trata esta sentencia, a través del cual declaró la improcedencia de la
acción de tutela formulada por Martha Cristina Rincón Trujillo contra la sala de conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y, en su lugar, se otorgará el amparo
solicitado por la accionante, ordenando a la Sala decidir la controversia con
fundamento en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por mandato constitucional y legal,
VI. RESUELVE
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, por los
motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia proferido el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Quinta el
18 de septiembre de 2023 objeto de esta providencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa del presente fallo.
TERCERO: ORDENAR a la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SALA DE CONJUECES que decida la controversia del proceso ordinario
410012333000201400041 02 (1766-2018) con fundamento en el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, que fue la norma invocada como violada por la actora.
Cabe advertir que no se ordena el sentido del fallo que debe ser expedido, en tanto la
determinación señala que se estudie la disposición legal invocada como violada por la
actora y que la misma se emplee para juzgar y decidir de fondo la controversia.
CUARTO: Notifíquese, por el medio más expedito, la presente providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02144-01
Accionante: Martha Cristina Rincón Trujillo
QUINTO: Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
RODRIGO POMBO CAJIAO
Conjuez
LUIS FERNEY MORENO CASTILLO
Conjuez
GONZALO SUÁREZ BELTRÁN
Conjuez
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