Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02145-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02145-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02145-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02145-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
26 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: DORA ASCENETH RONDÓN DE VALENCIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA PRIMERA
DE DECISIÓN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de procedibiidad de la relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Dora Asceneth
Rondón de Valencia, a través de apoderado judicial y en contra de la sentencia
de 27 de octubre de 2022, dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Dora Asceneth Rondón de Valencia, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la vida, a la seguridad social
y al trabajo, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 27 de octubre de 2022,
dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 17001-33-39-006-2019-00401-02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que su hijo, el señor Alexander Augusto Valencia Rondón, ingresó a la
Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004, y que dicha persona falleció el 8 de
octubre de 2006, en ejercicio del servicio.
2.2. Comentó que dependía económicamente de su hijo, por lo que solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada por el
Ministerio de Defensa Nacional.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
2.3. Por lo anterior, con fecha 15 de abril de 2011 promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que negó las
pretensiones de la demanda incoada.
2.4. Refirió que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Caldas, luego de considerar que: «[…] no era la Administración sino la
demandante quien tenía la carga de demostrar que pese a tener un esposo
pensionado, los ingresos de su hijo eran los que le garantizaban una vida digna,
como no asumió su deber procesal, hizo bien el a quo al negar el derecho
reclamado porque no se demostró el mentado supuesto legal […]».
2.5. Precisóque, con fecha 8 de abril de 2019, nuevamente solicitó ante el
Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
en calidad de madre que dependía económicamente del señor Alexander Augusto
Valencia Rondón. Sin embargo, dicha entidad resolvió estarse a lo dispuesto en la
petición que atendió el 20 de marzo de 2010.
2.6. Indicó que, en razón a lo anterior, presentó nueva demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el propósito de
que se declarara la nulidad del acto administrativo acusado y, a título de
restablecimiento del derecho, se le reconociera la pensión de sobrevivientes,
conforme con lo reglamentado en los decretos 1213 de 1990 y 4433 de 2004.
2.7. Comentó que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, despacho judicial que, mediante
sentencia de 21 de abril de 2021, declaró probada la excepción de cosa juzgada.
2.8. Refirió
que la decisión anterior fue confirmada por el Tribunal accionado,
mediante sentencia de 27 de octubre de 2022.
2.9. Manifestó que no se dan los supuestos de la cosa juzgada, en tanto que en la
primera demanda presentada en el año 2011 se solicitó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, en aplicación de la Ley 100 de 1993; mientras que en
el proceso que motivó la interposición del presente mecanismo de amparo se
pidió el reconocimiento de dicha prestación económica «[…] conforme a las
disposiciones contenidas en la Ley 923 de 2004, en concordancia con el Decreto
4433 de 2004, aplicándose el principio de justicia material y criterio auxiliar de
equidad contenidos en la Constitución Política de Colombia […]».
2.10. Afirmóque se configuró un defecto sustantivo «[…] POR FALTA DE
APLICACIÓN de los preceptos constitucionales como son: Principio de
favorabilidad, principio de igualdad, protección a las personas de la tercera edad,
derecho a la seguridad social, (arts. 1, 13, 25, 29, 46, 48, 53 y 230 de la
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
Constitución Política de Colombia), Numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 923 de
2004 y Artículo 29 del Decreto 4433 de 2004 […]».
2.11. Igualmente, indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en las siguientes decisiones: de 13 de julio de 2006 (Exp.
73001-23-31-000-2002-00720-01); de 26 de octubre de 2006 (Exp. 25000-23-25-
000-1999-06034-01); de 17 de febrero de 2015 (Exp. 17001-23-33-000-2013-
00133-01); y de 3 de marzo de 2015 (Exp. 05001-23-33-000-2012-00772-01).
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERA: Se deje sin efecto la sentencia proferida el 27 de octubre de
2023, por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA PRIMERA
DE DECISIÓN, dentro del proceso radicado No. 17001-33-39-006-2019-
00401-02.
SEGUNDA: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA
PRIMERA DE DECISIÓN, que emita una nueva sentencia dentro del referido
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reconociendo la
pensión de sobrevivientes a mi representada, en su calidad de Madre
Sobreviviente del CAUSANTE, dándose aplicación a los preceptos
constitucionales como son: Principio de favorabilidad, principio de igualdad,
protección a las personas de la tercera edad, derecho a la seguridad social (
arts. 1, 13, 25, 29, 46, 48, 53 y 230 de la Constitución Política de Colombia),
Numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, Artículo 29 del Decreto 4433
de 2004 y el precedente judicial. A partir de la fecha de fallecimiento del
causante. Toda vez que se vulneraron derechos fundamentales a mi
representada, entre los cuales se encuentra la especial protección del Estado
a las personas de avanzada edad […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de mayo de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma
providencia se vinculó como tercero con interés directo en los resultados del
proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. También
se dispuso notificar al Ministerio Público, para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la vinculada,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:
5.1. ElTribunal accionado, por intermedio del magistrado ponente de la
providencia aquí enjuiciada, rindió informe en el que se opuso a la prosperidad del
amparo deprecado por la actora, en atención a que la sentencia de 27 de octubre
de 2022 se encuentra debidamente motivada.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
5.2. La Policía Nacional, por conducto del jefe del área jurídica de la institución,
rindió informe en el que expuso que el Tribunal accionado acertó al efectuar la
valoración «[…] de los hechos y pruebas incorporadas al plenario del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-39-006-
2019-00401-02 […]»; análisis que le permitió concluir que se configuró la figura de
la cosa juzgada.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 27 de octubre de 2022, dictada por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
17001-33-39-006-2019-00401-02, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la actora, al haber incurrido en supuesto defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que se encaje en
dichos parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La ciudadana Dora Asceneth Rondón de Valencia, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, a la vida, a la seguridad social
y al trabajo, cuya vulneración atribuyó a la sentencia de 27 de octubre de 2022,
dictada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 17001-33-39-006-2019-00401-02.
VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional
17. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita
que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental8 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente
legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.
18. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales10, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
10 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11.
19. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación12, lo siguiente:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]. (negrillas de la Sala de Decisión)
20. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202213
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
11 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
12
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales. […]. [negrillas de la Sala]
21. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
2023.
22. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales14.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
23. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
24. Previaindicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, al considerar que se había configurado la cosa juzgada.
Explicó que no se dan los supuestos de dicha figura, en tanto que en la primera
demanda -presentada en el año 2011- se solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en aplicación de la Ley 100 de 1993; mientras que en el proceso
que motivó la interposición del presente mecanismo de amparo se pidió el
reconocimiento de dicha prestación económica «[…] conforme a las disposiciones
contenidas en la Ley 923 de 2004, en concordancia con el Decreto 4433 de 2004,
aplicándose el principio de justicia material y criterio auxiliar de equidad contenidos
en la Constitución Política de Colombia […]».
25. A partir de lo anterior, a juicio de la actora, se configuró un defecto sustantivo
«[…] POR FALTA DE APLICACIÓN de los preceptos constitucionales como son:
Principio de favorabilidad, principio de igualdad, protección a las personas de la
tercera edad, derecho a la seguridad social, (arts. 1, 13, 25, 29, 46, 48, 53 y 230
de la Constitución Política de Colombia), Numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 923
de 2004 y Artículo 29 del Decreto 4433 de 2004 […]».
25.1. Igualmente,indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente
contenido en las siguientes decisiones: de 13 de julio de 2006 (Exp. 73001-23-31-
000-2002-00720-01); de 26 de octubre de 2006 (Exp. 25000-23-25-000-1999-
06034-01); de 17 de febrero de 2015 (Exp. 17001-23-33-000-2013-00133-01); y de
3 de marzo de 2015 (Exp. 05001-23-33-000-2012-00772-01).
26. Una vez expuestos los motivos de inconformidad, la Sala advierte que la
argumentación que esgrimió la parte actora para acreditar la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada
contiene serias deficiencias justificativas que hacen imposible que el juez
constitucional aborde el estudio de fondo de su solicitud de amparo.
27. Ello en razón a que la actora en ningún momento está poniendo de relieve que
en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan, básicamente, en
que no se daban los supuestos para la configuración de la cosa juzgada, motivo
por el cual considera que no debió confirmarse el fallo apelado.
28. Sumado a lo anterior, el apoderado judicial de la actora, al momento de
sustentar la causal de procedibilidad asociada con el desconocimiento del
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
precedente, se limitó a referenciar y citar en extenso las decisiones judiciales que,
a su juicio, fueron desatendidas; sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de
Decisión en pronunciamiento de 19 de abril de 202115, la carga argumentativa en
estos eventos se entiende satisfecha cuando, además de lo anterior, la parte
actora identifique: i) las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y
iii) los problemas jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o similares;
argumentación que en el caso de autos no se cumple.
29. Valga mencionar que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el
juez de tutela, pues si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización
de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, en
tratándose del reproche contra providencias judiciales es exigible un mínimo de
argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho
tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de
competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia
SU-215 de 2022, señaló lo siguiente:
[…] dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”16. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia. […]. (negrillas por fuera del texto original)
30. Es así como se advierte que el presente asunto no gira entorno al alcance de
algún derecho fundamental, porque si bien es cierto la parte actora alega la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, la realidad es que lo
pretendido por la accionante es que el juez de tutela efectúe un análisis de la
controversia sometida a consideración del Tribunal accionado, con el propósito de
que se revoque la decisión judicial por el simple hecho de que la no comparte o su
resultado le es desfavorable a sus intereses
31. En este estado de cosas, valga mencionar que, si bien es cierto esta Sala de
Decisión ha tenido por superado el requisito de la relevancia constitucional en
acciones de tutela dirigidas a controvertir providencias judiciales relacionadas con
temas pensionales, tal criterio no puede ser aplicado al caso de la referencia, en la
medida que el objeto de esta litis está limitado a establecer si el Tribunal erró o no
al considerar que se había configurado la cosa juzgada, más no si se causó o no
la prestación económica reclamada por la actora.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
16
Sentencia SU-074 de 2022.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02145-00
Accionante: Dora Asceneth Rondón de Valencia
32. Valga mencionar que, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional
en la citada sentencia de unificación SU-215 de 2022, la sola mención de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
33. Así las cosas, se estima que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a la mera inconformidad del actor
con lo decidido por el juez natural del asunto.
34. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito general de
procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.