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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02147-00

Fecha
23 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02147-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00 Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02147-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO
VITAL, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00
Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

dignidad humana y a la defensa, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL al haber proferido las sentencias de 19 de octubre de

2019 y 8 de febrero de 2023, respectivamente, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación

110011102000-2018-01278-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que, en su calidad de titular del JUZGADO

VEINTICUATRO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, el 21 de

junio de 2017 recibió por reparto una demanda divisoria que fue

identificada con el número único de radicación 11013103024-2017-

00379-00.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00
Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

Indicó que el 18 de julio de 2017, mientras gozaba de una licencia

de maternidad, la jueza encargada inadmitió la referida demanda,

entre otros aspectos, para que se aportara el avaluó del que trata el

artículo 406 del Código General del Proceso -CGP3 para esa clase de

litigios.

Adujo que, durante el término de subsanación, la parte demandante

adujo que no podía allegar en ese momento el dictamen pericial de

avalúo, porque las personas que ocupaban el inmueble no permitían

el ingreso.

Explicó que, mediante auto de 10 de agosto de 2017, la demanda

fue admitida por la jueza encargada, pese a que la parte actora no

había aportado el dictamen pericial requerido.

Apuntó que, incorporada al cargo, el 18 de diciembre de 2017 realizó

un control de legalidad al trámite del proceso aludido y procedió a

“[…] dejar sin valor y efecto lo actuado únicamente desde el auto

admisorio del libelo y, en su lugar, se dispuso el rechazo de la

demanda, puesto que oportunamente la parte demandante no había

3
En adelante CGP.

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subsanado la causal de inadmisión concerniente a la aportación del

dictamen, consecuencia que prevé el art. 90 inciso 3 del Código

General del Proceso en el evento de no subsanarse la demanda […]”.

Comentó que, concomitante al recurso de apelación que interpuso la

apoderada de la parte demandante, esta también presentó una queja

disciplinaria en su contra ante la COMISIÓN SECCIONAL4 “[…] pues

en su sentir, con mi decisión actúe ilegalmente al terminar el proceso

con argumentos que consideró escandalosos […]”.

Informó que, mediante auto de 24 de abril de 2019, la Sala Civil del

Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandante de forma favorable a esta, al

considerar que “[…] el dictamen se podía allegar en otra etapa del

proceso y, por ende, no era viable la nulidad que decretó la suscrita,

revocando la decisión […]”.

Agregó que, como consecuencia de lo decidido por el TRIBUNAL, dio

continuidad al proceso, sin que se afectara la función de administrar

justicia.

4
En su momento Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

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Precisó que, además de lo anterior, surtidas las etapas respectivas,

a través de sentencia de 18 de diciembre de 2019, la COMISIÓN

SECCIONAL le impuso una sanción disciplinaria de suspensión en el

ejercicio del cargo por el término de 2 meses e inhabilidad especial

por el mismo término, en razón a que, en su sentir, “[…] había

incurrido en falta grave con grado de dolo por mi divergencia

interpretativa y la calidad de Juez que presupone una especialidad

en mis conocimientos […]”.

Explicó que a través de sentencia de 8 de febrero de 2023, la

COMISIÓN NACIONAL confirmó la decisión proferida en primera

instancia “[…] al considerar que el auto objeto de pronunciamiento

desconoció el descorrido procesal al retrotraer etapas ya superadas

y decretar una nulidad inexistente, ocasionando un desgaste

innecesario para la administración de justicia […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la sanción que le fue impuesta transgrede su derecho al

mínimo vital, así como el de los demás miembros de su núcleo

familiar que dependen económicamente de su salario.

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Comentó que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional

“[…] en tanto se refiere a la violación de los derechos fundamentales

al debido proceso, mínimo vital, independencia y autonomía judicial,

dignidad humana y derecho a la defensa […]”.

Argumentó que al proferir las providencias cuestionadas, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos

sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al

desconocer que la decisión por la que fue sancionada fue adoptada a

partir de los principios de autonomía e independencia judicial que se

confieren al ámbito funcional de los operadores jurídicos.

Explicó que dentro del proceso divisorio origen de la controversia

“[…] obró con la convicción errada e invencible de que tal actuación

no constituía falta disciplinaria, lo que constituye una causal de

exclusión de la responsabilidad disciplinaria al tenor de lo dispuesto

en el art. 28 de la Ley 734 de 2002 […]”.

Agregó que las autoridades accionadas desconocieron el principio de

autonomía judicial, dado que con pretexto de ejercer la potestad

disciplinaria cuestionaron los criterios a partir de los cuales profirió la

decisión, mediante la cual dejó sin efecto las actuaciones surtidas en

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el proceso divisorio y rechazó la demanda.

Citó algunos apartes de la sentencia T 450 de 2018, proferida por la

Corte Constitucional, referentes al concepto del principio de

autonomía e independencia judicial, así como algunos extractos de

decisiones de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura5, sobre el mismo tema.

Precisó que, al proferir la decisión por la que fue sancionada, no tuvo

la intensión de causar ningún daño, sino que únicamente estuvo

amparada en el cumplimiento de preceptos normativos, sin que las

autoridades judiciales accionadas hubiesen hecho un análisis de tal

intención.

Anotó que las autoridades judiciales accionadas impusieron la

sancion, aseverando que el hecho de que fuese una funcionaria

judicial implicaba que debía conocer las disposiciones normativas

aplicables y que incumplirlas configuraba una conducta dolosa, como

si se tratara de un tipo de responsabilidad objetiva.

5
Sentencia de 27 de marzo de 2014. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Proceso radicado núm.
760011102000201101633-01 (9181-19).
Sentencia de 11 de septiembre de 2019. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Acción de tutela STC12233-
2019 Radicación núm. 11001-02-03-000-2019-02792-00.

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Expuso que en “[…] las sentencias disciplinarias aquí reprochadas las

autoridades accionadas no hicieron estudio alguno sobre el principio

de ilicitud sustancial consagrado en el artículo 5º de la Ley 734 de

2002 y, por el contrario, se limitaron a señalar que la suscrita

incumplió lo estipulado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270

de 1996, en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política,

en los artículos 9, 11,90 inciso 2 y 4 y 133 numeral 2 y 233 del

Código General del Proceso, sin que se expusiera hasta qué punto

esa conducta conllevó a la trasgresión de los fines esenciales del

Estado y de la administración de justicia […]”.

Comentó que el principio de ilicitud sustantiva de la conducta, como

elemento para la imposición de la sanción ha sido tratado por la Corte

Suprema de Justicia6, el Consejo de Estado7 e incluso, en su

momento, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura8.

Indicó que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que el

auto de 18 de diciembre de 2018 por el cual fue sancionada nunca

6
“[…] Sentencia de 11 de septiembre de 2019. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Acción de tutela
STC12233- 2019 Radicación N.° 11001-02-03-000-2019-02792-00 […]”.
7
“[…] Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00154-01(2143-16) […]”.
8
“[…] Radicado No. 11001110200020160268901 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura […]”

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surtió efectos, porque fue revocado por el TRIBUNAL, sin que la

parte demandante se hubiese visto perjudicada porque el proceso

finalmente continuó admitido.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…]1. Se protejan mis derechos constitucionales fundamentales
al debido proceso, mínimo vital, independencia y autonomía
judicial, dignidad humana y derecho a la defensa.

2. En consecuencia, se revoquen las sentencias de 18 de octubre
de 2019 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y de 8 de febrero de la
presente anualidad proferida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con radicado
11001110200020180127801.

3. Por lo anterior, se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, que emita un nuevo fallo en el que aplique el precedente
constitucional en la materia y las directrices que sobre los
principios de autonomía e independencia judicial y principio de
ilicitud sustancial frente a sanciones de tipo disciplinario han
expuesto las Honorables Cortes en la jurisprudencia aquí citada
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL señaló que se remitía a las

consideraciones contenidas en la sentencia que profirió en el curso

de la primera instancia del proceso ordinario cuestionado por la

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actora.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela

de la referencia es improcedente, dado que lo único que pretende es

insistir en los mismos argumentos que adujo en el proceso

disciplinario, como si este mecanismo fuera una tercera instancia.

Precisó que la sentencia proferida en segunda instancia del proceso

disciplinario “[…] satisface desde el punto de vista formal las

exigencias contempladas para ello en la Ley 734 de 2002, desde el

punto de vista material analiza cada uno de los argumentos o cargos

expuestos como fundamentación de la alzada y los despachó

desfavorablemente con base en el análisis de la norma, de las

particularidades o singularidades del caso y de las pruebas legal y

oportunamente allegadas al proceso […]”.

Agregó que la potestad disciplinaria está concebida como la facultad

concreta que tiene el Estado para vigilar y velar porque la conducta

de los funcionarios se ciña a la Constitución Política, a la Ley y al

buen ejercicio del cargo, cuya acción u omisión, conlleva al ejercicio

del poder disciplinario mediante la imposición de sanciones.

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I.5.3.- La señora ANGELA CRISTINA VEGA LEONEL, vinculada en

calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,

manifestó que no hay ninguna vulneración a los derechos

fundamentales de la actora, comoquiera que tuvo todas las

oportunidades para ejercer su defensa en el proceso disciplinario.

Anotó que la actora debe asumir las consecuencias de sus actos,

máxime si se tiene en cuenta que se trata de una funcionaria

encargada de administrar justicia.

Precisó que, por el contrario, la parte demandante en el proceso

divisorio que originó la controversia, sí ha tenido que soportar los

años de abuso por parte de las personas que pretenden despojarlos

del bien sometido a división.

Narró algunos sucesos del litigio sobre la división del bien inmueble,

así como otros relacionados con un proceso en el que se discute la

prescripción adquisitiva del mismo.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las

sentencias de 18 de octubre de 2019 y 8 de febrero de 2023,

proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 110011102000 2018

01278 01, por medio de las cuales fue sancionada con dos meses de

suspensión del cargo de Juez al cual está vinculada.

La controversia tiene origen en una decisión que tomó la actora en

calidad de Jueza Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de

un proceso divisorio, en el cual luego de haber sido admitido, aquella

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decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda.

La imposición de la sanción fue justificada, entre otros aspectos, en

el hecho de que la motivación de la decisión aludida implicó un

desgaste innecesario para la administración de justicia, al decretar

una nulidad carente de razón.

La actora estima que al proferir las sentencias cuestionadas las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos

sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, porque no

tuvieron en cuenta que su decisión estuvo amparada en el principio

de la autonomía judicial, en la convicción de que no configuraba falta

disciplinaria, además porque no se hizo un análisis a la ilicitud

sustantiva de la conducta como quiera que no se causó perjuicio

alguno.

La Sala advierte que el estudio del presente asunto recaerá sobre la

sentencia segunda instancia de 8 de febrero de 2023, dado que fue

a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL concluyó

el proceso disciplinario origen de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento

del precedente judicial, al haber proferido la sentencia de 8 de

febrero de 2023 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».10

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los

9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de

[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente

[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

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económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que a partir de los argumentos que la

actora planteó en el recurso de apelación que interpuso contra la

sentencia proferida en primera instancia del proceso disciplinario, en

la providencia cuestionada la COMISIÓN NACIONAL destacó que

el hecho de que aquella hubiese declarado la nulidad del proceso

divisorio y rechazado la demanda por la falta de presentación de un

dictamen, constituyó una actuación reprochable porque estuvo

justificada en planteamientos insostenibles, así:

“[…] DE LA APELACIÓN

Notificada la sentencia a los intervinientes, la bancada de la
disciplinable en término presentó recurso de alzada, deprecando
una sentencia de carácter absolutorio, dado que la togada
implicada si bien interpretó y aplicó la ley de forma errada, al no
ser armonizada con las demás normas sustanciales ajustó su
conducta a las normas procesales que de conformidad con el
artículo 13 del Código General del Proceso son de orden público
y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento.

Agregó que su actuar no fue realizado por capricho o por simple
parecer, pues se amparó en la norma procesal y con la
convicción errada e invencible de que su conducta no constituye

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falta disciplinaria, según la cual no hay lugar a responsabilidad
del disciplinado de conformidad con el numeral 6 del artículo 28
de la Ley 734 de 2002.

Adicionalmente, señaló que tampoco se vulnero derecho alguno
de acceso a la administración de justicia, como se evidenció,
dado que la decisión de la investigada Heidi Mariana Lancheros
Murcia, no causó daño alguno, tan es así, que las decisiones
erradas pueden ser modificadas por el superior, como en efecto
ocurrió en el proceso divisorio No. 2017-0379, que cursa en el
Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, y por ende, no existe
asomo de afectación a ninguna de las partes del proceso que
implique que la disciplinada haya cometido un atropello y en
consecuencia se configure una falta disciplinaria

[…]

CASO CONCRETO

[…]

En este asunto, tal y como lo refirió la primera instancia se
advierte que la disciplinable incurrió en la falta imputada
atendiendo a que la motivación del auto materia de
pronunciamiento desconoció el recorrido procesal del asunto
bajo examen, retrotrayendo etapas ya superadas y ocasionando
un desgaste innecesario para la administración de justicia al
decretar una nulidad inexistente.

La decisión del 18 de diciembre de 2017, fundamenta su
postura en la ausencia del dictamen pericial que en principio
debía ser aportado con la demanda a voces del artículo 406 del
Código General del Proceso, razón por la cual nulitó todas las
actuaciones hasta ahora desplegadas y rechazó el libelo.

Actuación que riñe con lo informado por la parte demandante,
quien previamente señaló la imposibilidad de allegarlo por causa
atribuible a la parte demandada, situación que sustentó el auto
de admisión del libelo, condicionando al extremo pasivo a lo
siguiente:

“(...) De conformidad con lo manifestado por el demandante en
cuanto a la imposibilidad de allegar el dictamen de que trata el
art. 406 del Código General del Proceso, se aplicará lo dispuesto
en el art. 223 ejusdem, y se solicitará a las demandadas que

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permitan el ingreso del perito que escoja el demandante, so
pena de aplicar las sanciones que la última norma reseñada
menciona”

En este orden de ideas, la Corte Constitucional en su
jurisprudencia ha sostenido la misma postura a lo largo de los
años, respecto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal.

En términos concretos ha enseñado que, “por disposición del
artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un
obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que
deben propender por su realización. Es decir, que las normas
procesales son un medio para lograr la efectividad de los
derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con
fundamento en el derecho de acceso a la administración de
justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial,
esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial
puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales”.

Postura jurídica que desde las facultades de derecho es
trasmitida a los futuros profesionales en leyes y, por ende, es
aún más reprochable a juicio de esta Superioridad que un Juez
de la República investido de la loable función social de
administrar justicia conociendo las dificultades en los recursos
humanos y materiales de la rama judicial, opte por proferir una
decisión abiertamente inconstitucional y retrograda, que pone
en tela de juicio el buen nombre de las autoridades del Estado.

Y es que no puede pasar por alto esta Judicatura que los
planteamientos de la alzada son insostenibles, desde un
punto de vista legal, pues hermenéuticamente no puede
hallar asidero jurídico las exculpaciones señaladas por lo
irresponsable de tal conducta.

El hecho de que el artículo 13 del Código General del Proceso
disponga que las normas procesales son de obligatorio
cumplimiento, no insta para que su interpretación y aplicación
se torne en perjuicio de los intereses de los asociados, pues debe
abogar por su fin, por la tutela efectiva de los derechos de los
asociados; la razón por la cual, se insiste en tal exculpación deja
entrever que la togada no advierte el yerro incurrido ni las
consecuencias ocasionadas, por el contrario denota la voluntad
y el conocimiento de la infracción ética.

La causal de exclusión de responsabilidad alegada no se

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actualiza en este caso, atendiendo a la inferencia de
aptitudes académicas y de la experiencia que debe tener
una autoridad judicial, por ello, no es razonable que la
implicada considerara que su conducta no constituía falta
disciplinaria, cuando de una lectura a conciencia del caso,
salta a la vista lo irregular de su comportamiento al
confutar su postura con la de su predecesor, quien dirigió
el proceso correctamente hasta donde le fue dable.

En todo caso, es de resaltar que debe prevalecer lo sustancial
sobre lo formal en la administración de justicia, labor que
demanda un gran esfuerzo y responsabilidad, para lo cual el
ordenamiento Constitucional a dotado a los jueces de figuras
jurídicas, como la prevista en el artículo 4° Superior, cuya
excepción de inconstitucionalidad se alega para que en caso de
presentarse contradicciones entre una norma de rango legal y
otra de rango constitucional, se aplique esta última con el fin de
preservar las garantías constitucionales, procediendo para
resolver situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien
la hace efectiva es la autoridad judicial que conoce del
correspondiente proceso […]”. (Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de esta

la actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad

accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace del hecho

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de que, en su sentir, no se tuvo en cuenta que actuó con la convicción

de que su decisión no configuraba falta disciplinaria, además que no

se hizo un análisis a la ilicitud sustantiva de la conducta y al principio

de la autonomía judicial, estos dos últimos aspectos, de cara a los

precedentes judiciales sobre la materia.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral del proceso disciplinario, con

la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad judicial

accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201819, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201720, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los

20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Cabe anotar que la presunta configuración del defecto del precedente

jurisprudencial tampoco cumple con la carga argumentativa que

fundamente dicha afirmación, porque la actora se limitó a citar a

partes de providencias que contienen algunas definiciones sobre la

autonomía judicial y la ilicitud sustancial de las conductas, sin

precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo

resuelto en esas oportunidades y la controversia en el presente

asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala21 ha indicado:

“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y
sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias
que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos
casos eran análogos o similares; argumentación que en el caso
de autos no se cumple. […]”.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

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de tutela por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de

la referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia

constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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