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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02171-00

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02171-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 68001-23-33-000-2018-00734-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. 10 Expediente: 11001-03-15-000-2023-02171-00 Actor: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Acción de tutela 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02171-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de junio de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02171-00
Demandante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DECLARACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
OMISIÓN EN LA VALORACIÓN DE UNA PRUEBA
DETERMINANTE

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia proferida en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que, entre otras cosas, levantó la sanción que la DIAN le impuso al
Representante Legal de una sociedad. La Sala accederá al amparo, tras verificar que se configuró un
defecto fáctico por omitir valorar una prueba determinante en el sentido de la decisión.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado para la protección de su derecho fundamental del debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2023, la parte demandante promovió
proceso de acción de tutela por motivo de la sentencia de 23 de febrero del mismo año
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, mediante la cual, entre otras cosas,
se levantó la sanción impuesta al Representante Legal Agropecuaria SA.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la DIAN señaló, en síntesis, lo siguiente:

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02171-00
Actor: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Acción de tutela

1) El 15 de abril de 2014, la sociedad Agropecuaria Azteca SA presentó la declaración
de renta por el año 2013, en la que registró un saldo a pagar de $92.725.002.

2) Mediante Requerimiento Especial no. 042382016000062 del 13 de julio de 2016,
notificado el 15 siguiente1, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga propuso modificar la liquidación
privada en el sentido de: i) adicionar ingresos en $34.726.000, ii) desconocer costos y
deducciones por $16.231.238.000 y iii) determinar un saldo a pagar por impuesto de
$4.159.216.000.

3) En el mismo requerimiento también determinó una sanción por inexactitud de
$6.506.386.0003 y propuso una sanción para el Representante Legal y la Revisora Fiscal
por valor de $110.048.000, a cada uno, según lo dispuesto en el artículo 658-1 del
Estatuto Tributario.

4) A través de la Liquidación Oficial de Revisión no. 042412017000028 del 7 de abril de
2017, la División de Gestión de Liquidación de la dirección seccional modificó la
declaración de renta del 2013 en el sentido de liquidar la sanción por inexactitud en
$4.066.491.0004, por favorabilidad. Además, sancionó al Representante Legal y a la
Revisora Fiscal de la sociedad en el mismo valor que indicó en el requerimiento previo.

5) Previa interposición del recurso de reconsideración, la Subdirección de Recursos
Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN expidió la Resolución no.
992232018000029 del 16 de abril de 2018, en la que confirmó el acto liquidatorio.

6) Agropecuaria Azteca SA, el Representante Legal y la Revisora Fiscal presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad de las resoluciones del 7 de abril de 2017 y 16 de abril de
2018 y, en consecuencia, se declarara la firmeza de la declaración privada realizada por
la sociedad y se levantara la sanción impuesta tanto al Representante Legal como a la
Revisora Fiscal2.

1
En la providencia cuestionada se hace alusión a que el requerimiento especial es de fecha de 16 de julio
de 2016, pero revisada dicha prueba se advierte que es del 13 de julio de ese año y fue notificada el 15 del
siguiente como se plasmó en los presentes hechos.
2
El proceso se registró con radicación no. 68001-23-33-000-2018-00734-01 (26666).

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Actor: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Acción de tutela

7) Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda por cuanto encontró ajustada la sanción
impuesta por haberse omitido ingresos y deducciones, así como por haberse registrado
datos equivocados en la declaración, lo que conllevó a un menor saldo a pagar.

8) La parte sociedad apeló y la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de
23 de febrero de 2023 revocó la decisión y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de las
resoluciones mediante las cuales se modificó la declaración de renta presentada por
Agropecuaria Azteca SA por el año gravable 2013 y ordenó tener como liquidación del
impuesto sobre la renta la efectuada en esa providencia, al tiempo que ordenó levantar
la sanción impuesta al Representante Legal porque “no fue propuesta en el requerimiento
especial, como lo requiere el precitado artículo 658-1”.

Fundamento de la vulneración

La DIAN cuestionó la sentencia de 23 de febrero de 2023 proferida por la Sección Cuarta
de esta Corporación, únicamente en punto al levantamiento de la sanción impuesta al
Representante Legal de la Sociedad Agropecuaria Azteca SA.

Sobre el particular, consideró que se incurrió en un defecto fáctico debido a que no se
valoró que, previo a imponer la sanción a través de la liquidación oficial, expidió y notificó
el Requerimiento Especial no. 042382016000062 del 16 de julio de 2016 en el que
propuso el monto a sancionar al Representante Legal por $110.048.000, proposición
frente a la cual tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: CONCEDER la tutela al derecho fundamental constitucional del
debido proceso, de la UAE-DIAN, el cual fue vulnerado por el CONSEJO DE
ESTADO SECCIÓN CUARTA, con ocasión del fallo de 23de febrero de 2023,
notificado el 28 de febrero de 2023, proferido en contra de esta Entidad en
proceso radicado con el número 68001233300020180073401 (26666).

SEGUNDA: Que como como consecuencia de la declaración anterior, SE
REVOQUE Y/O SE DEJE SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia
proferida el 23 de febrero de 2023 y notificada el 28 de febrero de 2023, por el

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Acción de tutela

CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN CUARTA, por configuración del “Defecto
Fáctico”; ya que en dicha providencia judicial, la citada Corporación levantó la
sanción impuesta al representante legal de la sociedad demandante al
considerar que está no fue propuesta en el requerimiento especial, tal como lo
dispone el art. 658-1 del Estatuto Tributario, sino que fue determinada de
manera directa en la liquidación oficial de revisión, argumento que no
corresponde a la realidad, aspecto que vulnera los derechos constitucionales
de la DIAN, como sujeto o parte dentro del proceso judicial.

TERCERO: En razón a lo anterior ORDENAR a que el CONSEJO DE ESTADO,
Sección Cuarta con la Consejera Ponente Dra Stella Jeannette Carvajal Basto,
realice de nuevo el análisis de hecho y de derecho en el caso en concreto”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 3 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y se ordenó la vinculación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Santander, el Representante Legal de Agropecuaria Azteca SA, la
Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuradora
General de la Nación, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Sección Cuarta de esta Corporación solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, toda vez que la intención de la parte actora es revivir el debate jurídico que fue
dirimido en la providencia reprochada.

Sin perjuicio de ello, advirtió que levantó la sanción impuesta al Representante Legal de
Agropecuaria Azteca SA porque la DIAN violó su debido proceso en la medida en que no
especificó de manera clara y concreta el monto de la sanción en el Requerimiento
Especial 042382016000062 del 13 de julio de 2016, notificado el 15 siguiente, lo cual
ocurrió únicamente hasta el acto liquidatorio, en el que sí indicó de manera explícita el
valor de la sanción.

Por su parte, la DIAN respondió la tutela y señaló que, si se observa el requerimiento
antes mencionado, se puede verificar que determinó en forma clara, concreta y precisa,
que el monto de la sanción que se pretendía imponer al Representante Legal de la

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sociedad demandante era de $110.048.100, por lo que no era cierto lo manifestado por
la autoridad accionada.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto y 2.1) análisis
de los requisitos específicos de procedibilidad.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Cuarta
de esta Corporación con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por medio de la cual, entre otras cosas, la
demandada levantó la sanción impuesta al Representante Legal Agropecuaria SA.

En la contestación, la Sección Cuarta de esta Corporación, en resumen, solicitó que se
declare improcedente el mecanismo porque no cumplió con el presupuesto general de
relevancia constitucional o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela debido a que no incurrió en el defecto fáctico alegado, pues levantó la sanción

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porque la DIAN no especificó de manera clara el monto a sancionar en el requerimiento
especial.

2.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez3; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho no valoró una prueba determinante en la decisión, asunto
que no se pudo discutir ante el juez de la especialidad, pues dicho raciocinio, se reitera,
se planteó fue por parte del ad quem.

Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia la Sala accederá al
amparo por considerar que se configuró el defecto fáctico alegado, por las razones que
procederá a exponer:

1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte Constitucional
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva 4.

2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, ii)
decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que
el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

3
La providencia se notificó el 28 de febrero de 2023 y la tutela se presentó el 2 de mayo de 2023, esto es,
en el término de los seis meses.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.

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3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya
sea: iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión o v) por decidir con medios de prueba que, por
disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

4) Pues bien, previo a determinar si se configuró o no el reparo en estudio, la Sala
considera necesario exponer cuales fueron los motivos de la autoridad accionada para
levantar la sanción impuesta al Representante Legal de la Sociedad Agropecuaria Azteca
SA, pues fue el único punto en el que se centró la inconformidad, veamos:

“Sanción al representante legal

Los actos discutidos impusieron la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET
a cargo del representante legal y la revisora fiscal de la actora, teniendo en
cuenta que la actora omitió ingresos y registró costos inexistentes, con una
multa equivalente al 20% del valor de la sanción por inexactitud impuesta al
sujeto pasivo.
El artículo 658-1 del ET que prevé la sanción a administradores y
representantes legales, dispone que «se propondrá, determinará y discutirá
dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial
que se adelante contra la sociedad infractora». (Se resalta)

La Sala, en concordancia con la norma trascrita, precisó que el artículo 637 del
E.T. dispone que «Las sanciones podrán imponerse mediante resolución
independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales». Conforme con la
anterior disposición, las sanciones impuestas en resolución independiente se
rigen por la normativa que regula el procedimiento sancionatorio, mientras las
establecidas en «las respectivas liquidaciones oficiales40», se deben ajustar al
proceso de determinación.

De acuerdo con las normas y jurisprudencia citada, se considera que la
sanción impuesta al representante legal de Agropecuaria Azteca S.A. debe
ser levantada, toda vez que no fue propuesta en el requerimiento especial,
como lo requiere el precitado artículo 658-1, sino que fue determinada de
manera directa en la liquidación oficial de revisión, lo cual, además de no
haber sido objeto de análisis por el a quo, a pesar de haber sido alegado en la
demanda, constituye un desconocimiento del derecho al debido proceso
al momento de la imposición de la sanción en el procedimiento de
determinación oficial del tributo. Prospera el cargo.

En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
anulará parcialmente los actos administrativos demandados. A título de
restablecimiento del derecho, se tendrá como liquidación privada la inserta en
precedencia y se levantará la sanción impuesta al señor Jairo Blanco
Guerrero, Representante Legal de Agropecuaria Azteca S.A”. (se resalta)

5) De la cita expuesta, se aprecia que la autoridad demandada consideró que había lugar
a levantar la sanción porque se impuso de manera directa a través de la liquidación oficial

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y no se propuso previamente a través de requerimiento especial, de conformidad con el
debido proceso que rige los procesos tributarios.

6) Contrario a ello, en el escrito de la tutela, la DIAN alegó que sí propuso previamente el
monto a sancionar a través del Requerimiento Especial 042382016000062 del 13 de julio
de 2016, que fue notificado el 15 del mismo mes y año.

7) Según su criterio, la omisión en la valoración de dicha prueba comportó un defecto
fáctico, ya que de haberla tenido en cuenta, la sanción no habría sido levantada.

8) Por su parte, en la contestación, la demandada reconoció la existencia de esa prueba,
pero consideró que no proporcionó una determinación clara del monto propuesto para la
sanción, de la siguiente manera:

“Lo anterior, al evidenciarse que la DIAN, en el Requerimiento Especial
042382016000062 de 16 de julio de 2016, indicó de forma general y
abstracta, el límite de la sanción a imponer conforme al valor de la UVT, vigente
para esa fecha conforme al citado artículo 658-1 del ET (i. e. UVT 4.100 x
$26.841=$110.048.100), sin determinar de forma clara y concreta cuál era
el monto con el que se proponía sancionar al representante legal de
Agropecuaria Azteca S.A., lo que sí acaeció en el acto liquidatorio, en el cual
señaló de forma expresa el valor con el que se sancionaba al citado
representante, circunstancia que, a juicio de la Sala, constituyó una violación al
debido proceso”.

9) Sobre el particular, la Sala encuentra que le asiste la razón a la parte actora y considera
que los argumentos de la autoridad demandada no son válidos e incluso resultan
contradictorios con el fallo cuestionado en el cual levantó la sanción del Representante
Legal basándose en la supuesta falta de requerimiento especial por parte de la DIAN, sin
embargo, en el informe presentado, reconoce que sí se propuso el monto de la sanción
a través de requerimiento especial, pero fue de forma abstracta y general.

10) Ahora, si bien la demandada mencionó esa prueba en los antecedentes, lo cierto es
que la pasó por alto al momento de analizar la sanción del Representante Legal, prueba
que se estima determinante en el sentido de la decisión.

11) Así las cosas, la Sala advierte que se configuró un defecto fáctico por omisión en la
valoración del Requerimiento Especial 042382016000062 del 13 de julio de 2016,
notificado el 15 del mismo mes y año, prueba que fue debidamente incorporada al

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proceso en la oportunidad correspondiente y que podría incidir de manera directa en la
decisión.

12) Por lo tanto, a la autoridad demandada le corresponderá proferir una decisión de
remplazo en la que valore dicha prueba, en el marco de los principios de autonomía e
independencia judicial, para efectos de determinar si la DIAN violó o no el debido proceso
de la sociedad actora.

13) En conclusión, se ampararán los derechos de la parte actora y, en consecuencia, se
dejará sin efecto el fallo proferido el 23 de febrero de 2023 en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 20001-23-31-000-2004-01168-
01.

14) En consecuencia, se ordenará a la Sección Cuarta de esta Corporación que profiera
una nueva sentencia en la cual analice si el Requerimiento Especial 042382016000062
del 13 de julio de 2016 tiene la entidad suficiente para influir sobre la sanción del
Representante Legal.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 23 de febrero de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 68001-23-33-000-2018-00734-01 y
ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual
se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.

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3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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