Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02188-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02188-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02188-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de julio de 2023
Demandante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
y Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02188-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02188-00
Demandante: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y SECRETARÍA DE LA SECCIÓN TERCERA
DEL CONSEJO DE ESTADO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial y de fondo – declara
improcedente y niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 28 de abril de 2023, la Agencia de Desarrollo Rural (en adelante ADR1), por medio
de apoderado judicial, radicó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Las mencionadas garantías las consideró vulneradas por (i) la Secretaría de la
Sección Tercera al «incumplir su obligación de mantener el expediente [41001-23-
33-000-2016-00178-04] dentro de la corporación pues este permaneció un término
menor al dispuesto por el despacho ponente2, y (ii) la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado al proferir el auto de 30 de noviembre de 2022, que rechazó
la solicitud de nulidad planteada que se fundó en la imposibilidad de que «se
expidieran las copias para presentar demanda arbitral».
1.2. Pretensión
La parte accionante solicitó lo siguiente:
1
Sucesora procesal del Instituto de Desarrollo Rural - Incoder.
2
En la solicitud de amparo se precisó que «de acuerdo con la orden “el proceso” debía estar en la
secretaría de la Sección Tercera del 25 de mayo (fecha que cobró ejecutoria de la providencia) al 28
de junio de 2019; no obstante, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Huila en el
día 14 del término establecido por el despacho, esto es: el 19 de junio de 2019, […]».
1
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Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y en
consecuencia disponga: Ordenar la devolución del expediente a la Secretaria del
Consejo de Estado para que permanezca disponible dentro del plazo estipulado por
la sección tercera en Auto del 22 de mayo de 2019 y de esta forma mi representada
pueda acceder a la justicia arbitral.3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El 7 de abril de 2016, el INCODER4 interpuso el medio de control de controversias
contractuales contra el consorcio Interriego, la sociedad Inar Asociados S.A –
interventor - y la compañía aseguradora de Fianza S.A.5 con el fin de que se les
condenara por el incumplimiento del contrato de obra 695 de 20096 y por la
«deficiente labor de SUPERVISIÓN DEL CONTRATO7 […] 691 de 2009».
• El Tribunal Administrativo de Huila asumió el conocimiento de la demanda y el 17
de octubre de 2018, en audiencia inicial, declaró probada la excepción de falta de
jurisdicción por la existencia de cláusula compromisoria respecto al contrato de
interventoría y negó la de cláusula compromisoria propuesta por el consorcio
Interriego. Además, dispuso continuar el trámite procesal respecto de los cargos
fundados por el acuerdo de voluntades 695 de 20098. Decisión que fue recurrida en
apelación.
• El 22 de mayo de 2019, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado modificó lo dispuesto por el a quo, en el sentido de declarar acreditada la
excepción de cláusula compromisoria, sin declarar la falta de jurisdicción.
• Por lo anterior, dio por terminado el proceso sólo respecto a Inar Asociados y la
aseguradora Finanza S.A. Además, ordenó que, ejecutoriada esa providencia, el
expediente permaneciera 20 días en la Secretaría a disposición de la ADR para que
obtuviera copias con el fin de promover un proceso arbitral.
• El 19 de junio de 2019, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dejó constancia en el aplicativo web Samai que devolvió el expediente al Tribunal
Administrativo de Huila9, devolución que se hizo efectiva, materialmente, el 2 de
julio de 2019, a través de la empresa de correos 4-7210.
• El 18 de noviembre de 2019, la ADR presentó incidente de nulidad porque la
Secretaría de la Sección Tercera no permitió que el expediente estuviera a su
3
Transcrito con posibles errores, además, con negritas y mayúsculas sostenidas del texto original.
4
Hoy ADR.
5
Garante del contrato de obra 695 de 2009 y del de interventoría 691 de 2009.
6
En atención «a de las obras defectuosas ejecutadas, los valores correspondientes a imprevistos no
ejecutados, la restitución del anticipo no amortizado […]».
7
Mayúsculas sostenidas del texto original.
8
Es decir, continuó respecto de los cargos fundados por el acuerdo de voluntades 695 de 2009.
9
Mediante oficio AD-2019-1624-D3.
10
La Sala advierte que en el aplicativo web Samai no consta tal actuación.
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disposición por el plazo de 20 días, en atención a que lo devolvió al día 14, es decir,
el 19 de junio de 2019.
• El 16 de diciembre de 2019, la ADR presentó acción de tutela en contra de la
mencionada secretaría, sin embargo, la solicitud de amparo fue declarada
improcedente por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al
considerar que «la entidad accionante no agotó el procedimiento ordinario […]
[porque] promovió incidente de nulidad [luego], los argumentos planteados por la
parte actora en su escrito […] deb[ían] ser analizados dentro del trámite de
controversias contractuales».
• El 30 de noviembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado rechazó la solicitud de nulidad11 comoquiera que (i) no se acreditó una
de las causales del artículo 133 del CGP, (ii) la irregularidad fue alegada cinco
meses después de su presunta configuración, «habiendo intervenido en varias
ocasiones en el proceso» y (iii) porque el expediente «permaneció en la
Corporación hasta el 2 de julio de 2019 cuando fue entregado a la empresa de
correspondencia 4-72, sin que la parte actora hubiere acudido a solicitar las copias
que necesitaba, por lo tanto, no es de recibo el argumento por él planteado».
• La providencia que resolvió el incidente fue notificada el 12 de diciembre de 2022
y el presente mecanismo constitucional se radicó el 28 de abril de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine la accionante expuso que la Secretaría de la Sección Tercera y
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, porque la primera en mención «incumpli[ó] su obligación de mantener
el expediente dentro de la corporación pues este permaneció un término menor al
dispuesto por el despacho ponente, ya que de acuerdo con la orden debía estar en
la secretaría de la Sección Tercera del 25 de mayo (fecha que cobró ejecutoria de
la providencia) al 28 de junio de 2019; no obstante, el expediente fue remitido al
Tribunal […] el día 14 del término […], esto es: el 19 de junio de 2019». Lo que
impidió presentar la solicitud de arbitramento en el marco de la cláusula
compromisoria.
Además, porque omitió notificar la providencia 22 de mayo de 2019 al «correo
electrónico [de] la Agencia de Desarrollo Rural[,] pues como se evidenci[ó] en la
constancias del S[amai], el mensaje de datos fue enviado [a] una dirección de correo
electrónico errada a saber: notificacionesjudiciales@adr.com, atendiendo a que[,]
como se ha especificado en el expediente[,] el canal de notificaciones de la entidad
es: notificacionesjudiciales@adr.gov.co, presentándose otra irregularidad
procesal».
11
La sala recuerda que el proceso continuó respecto a los cargos con ocasión del contrato 695 de
2009 y en este mismo auto también se decidió un recurso de queja, en el sentido de declarar bien
denegado el recurso de apelación que se interpuso en contra de la decisión que resolvió sobre la
ampliación del término para aportar un dictamen de contradicción.
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Por su parte, y frente a la autoridad judicial, expuso que con el auto de 30 de
noviembre de 2022 se configuraron los defectos procedimental absoluto y
sustantivo, porque se «imp[idió] el término de traslado [lo que] afect[ó] de manera
grave la materialización del derecho sustancial[,] además de generar la omisión de
una etapa procesal» y al incumplir «su obligación de mantener el expediente dentro
de la corporación[,] pues este permaneció un término menor al dispuesto por el
despacho ponente […]».
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 4 de mayo de 2023, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
demanda y, con el fin de que rindieran informe, ordenó la notificación de los
magistrados que integran la Subsección B de la Sección Tercera Consejo del
Estado y a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Asimismo, como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó al Tribunal
Administrativo del Huila [autoridad que asumió el conocimiento del proceso de
controversias contractuales 41001-23-33-000-2016-00178-00]; al Consorcio
Interriego, a la sociedad Inar Asociados S.A. – interventor - y a la Compañía
Aseguradora de Fianza S.A. [parte accionada en el proceso ordinario].
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes de datos, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. La secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado argumentó
que la dependencia que representa no vulneró los derechos fundamentales de la
entidad accionante, porque lo cierto es que la ADR no solicitó la expedición de las
copias para acudir a la justicia arbitral.
Destacó que si bien «registró el oficio de devolución el 19 de junio de 2019, el
expediente estuvo en Secretaría a disposición de los sujetos procesales en el
término aludido12, ya que el proceso se envió al Tribunal de origen el 2 de julio de
2019 (Cfr auto de 30 de noviembre de 2022, índice SAMAI 16, radicado interno
67746)».
Precisó, respecto a la omisión de notificación del auto de 22 de mayo de 2019, que
«efectivamente se remitió al correo “notificacionesjudiciales@adr.com” lo cual
obedece a un error de parte del sistema, porque al registrar el NIT (900948958-4)
de la Agencia de Desarrollo Rural, automáticamente lo relaciona al correo antes
citado. De tal circunstancia ya informamos a la Oficina de Sistemas de la
corporación, correo y respuesta que se adjunta con este escrito».
No obstante, enfatizó que «fue enviada copia de la providencia […] al apoderado de
la entidad en el proceso 67746 (apoderado en la presente acción de tutela) a lo[s]
12
«el término de 20 días concedido en la providencia en cita feneció el 28 de junio de 2019».
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siguientes correos: oscar@ibanez.com.co, laura.carvajal@ibanez.com.co,
david.anzola@ibanez.com.co. […] información que se puede cotejar en el índice 20
del proceso en mención».
1.6.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través del
magistrado instructor de la decisión controvertida, requirió que se le desvinculara de
este trámite, al considerar «que lo solicitado por el accionante cuestiona la actuación
de la Secretaría de la Sección Tercera y no el contenido de la providencia».
Advirtió que «[d]e no considerar procedente la anterior solicitud, el suscrito
magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de esta acción de tutela,
estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la ADR, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo
080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
Esta colegiatura advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B solicitó su desvinculación del presente trámite, no obstante, la referida petición
será negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en
calidad de demandado, teniendo en cuenta que la parte actora controvierte la
providencia proferida el 30 de noviembre de 2022, que resolvió el incidente de
nulidad formulado.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de la accionante por parte del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, al proferir el auto de 30 de noviembre de 2022, al haberse
remitido el expediente al tribunal de origen antes de que presuntamente se venciera
el plazo de 20 días dispuesto en la mencionada providencia y por la indebida
notificación del auto de 22 de mayo de 2019.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (iii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; en caso de
superar tales presupuestos (iv), las generalidades de los defectos alegados, y (v)
análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
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Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable13.
2.5. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Caso concreto
13
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Por cuestiones de orden metodológico, esta Sección abordará en primer lugar los
cargos en contra de la autoridad judicial y luego se ocupará de los reparos en contra
de la Secretaría de la Sección Tercera de esta corporación.
2.6.1. Cargos contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2.6.1.1. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1.1.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.18
Sobre el particular, la Sala recuerda que en este asunto los argumentos esgrimidos
en el escrito de tutela apuntan a probar la presunta lesión de los derechos
fundamentale al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, ante la
posible configuración de los defectos procedimental absoluto y sustantivo.
Ahora, es pertinente establecer si los fundamentos de la tutelante apuntan o no a
convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional y si trascienden
de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales19» y si cuentan con la carga argumentativa mínima para ser estudiados.
En este orden de ideas, resulta importante enfatizar que la parte actora no expuso
las razones por las cuales considera que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en su condición de alta corte, suprema autoridad en la materia
y de tribunal de cierre, incurrió en una «vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», y tampoco controvirtió el fundamento normativo que sustentó la
decisión que rechazó la solicitud de nulidad procesal.
Ahora, a esta colegiatura le resulta pertinente destacar que si bien la tutela puede
ser procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante recordar que la jurisprudencia de la
18
Énfasis de la Sala.
19
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.
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Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
tener cuando se pretenda dejar sin efectos una decisión de la Sección, que la
Constitución Política20 y la Ley21, determinó como suprema autoridad en la materia,
trasgresión que se sintetiza en una actuación «arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales22».
En otras palabras, constituye un deber para la accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales, sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa cuando
el proveído es de una alta corte.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro
del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente legales atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En consecuencia, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en establecer que no era posible para el ad quem
rechazar la solicitud de nulidad alegada.
No obstante lo anterior, la tutelante no justificó por qué el análisis efectuado por el
órgano de cierre fue errado, ni se pronunció o controvirtió el hecho de que la decisión
de la autoridad judicial accionada se fundamentó, entre otros aspectos, en el hecho
de que (i) no se acreditó ninguna de las causales contempladas en el artículo 133
20
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
21
Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
22
Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).
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del CGP, y tampoco controvirtió que (ii) la irregularidad fue alegada casi cinco
meses después de su presunta configuración, «habiendo [incluso] intervenido en
varias ocasiones en el proceso», aspecto que, como se verá más adelante, permite
el saneamiento de la nulidad. Por el contrario, hizo alusión a una omisión que radica
en otra dependencia de la corporación, consistente en omitir la oportunidad de
retirar copias de un proceso, lo que se encuentra a cargo de la Secretaría de la
Sección y no de la autoridad jurisdiccional.
Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos por la parte actora
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al
proceso ordinario, máxime cuando sus fundamentos fueron resueltos por el juez
natural de la causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.
2.6.2 Cargos en contra de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
En el sub examine, la ADR considera que la dependencia en mención vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al «incumplir su obligación de mantener el expediente dentro de la
corporación pues este permaneció un término menor al dispuesto por el despacho
ponente, ya que de acuerdo con la orden debía estar en la secretaría de la Sección
Tercera del 25 de mayo (fecha que cobró ejecutoria de la providencia) al 28 de junio
de 2019; no obstante, el expediente fue remitido al Tribunal […] el día 14 del término
[…], esto es: el 19 de junio de 2019». Lo que impidió presentar la solicitud de
arbitramento en el marco de la cláusula compromisoria.
Además, porque omitió notificar la providencia de 22 de mayo de 2019 al «correo
electrónico [de] la Agencia de Desarrollo Rural[,] pues como se evidenci[ó] en la
constancias del S[amai], [que] el mensaje de datos fue enviado una dirección de
correo electrónico errada a saber: notificacionesjudiciales@adr.com, atendiendo a
que [,] como se ha especificado en el expediente [,] el canal de notificaciones de la
entidad es: notificacionesjudiciales@adr.gov.co, presentándose otra irregularidad
procesal».
Precisado lo anterior, la sala destaca que en primera medida se abordará el cargo
por la omisión de notificación y luego se estudiará el argumento referente al envío
anticipado del expediente contencioso al tribunal de origen.
2.6.2.1. Ahora bien, se recuerda que en este caso se formuló incidente de nulidad
bajo la premisa de que se omitió la oportunidad para solicitar copias y presentar la
demanda arbitral, no obstante, en ese trámite incidental nada se dijo frente a la
indebida notificación de la AND, luego, esta colegiatura considera que no se
agotaron todos los medios de defensa al alcance de la entidad tutelante.
En efecto, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra que este
requisito es un presupuesto de procedencia de la tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
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judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6º del Decreto 2591
de 199123.
Luego, del texto de la norma referida, se evidencia que al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia24.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.
En este orden de ideas, comoquiera que la demandante no alegó la indebida
notificación en la oportunidad procesal pertinente, que para el caso concreto fue el
trámite incidental de nulidad, esta sala carece de competencia para pronunciarse al
respecto, ya que se usurparía las funciones del juez natural de la causa e inclusive
el derecho que tienen las partes para pronunciarse.
2.6.2.2. Ahora bien, referente al yerro restante, esta sala evidencia que en efecto se
presentó un vicio procesal, que se materializó con el envío anticipado del expediente
contencioso al tribunal de origen, ya que, efectivamente el proceso fue devuelto el
día 14, cuando el término concedido fue de 20 días.
En efecto, esta colegiatura no comparte el argumento del auto de 30 de noviembre
de 2022 frente a que la ADR tuvo a su disposición el compendio hasta el 2 de julio
de 2019, ya que tal actuación no consta en el aplicativo Samai, como se puede
apreciar a continuación:
23
«ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante. (…).»
24
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».
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Por ello, es posible concluir que, bajo el principio de publicidad25, sí se presentó un
vicio en el procedimiento, porque se incumplió el plazo concedido para retirar las
copias y presentar la demanda arbitral dentro del término legal.
No obstante, como se pasará a explicar, es un aspecto que fue convalidado y
saneado al interior del proceso contencioso por parte de la ANR, ya que actuó sin
proponer la irregularidad, lo que permitió sanear el trámite procesal.
En primera medida resulta pertinente y útil hacer alusión a los artículos 133, 135 y
136 del CGP:
Artículo 133. Causales de nulidad. […]
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por
subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que
este código establece.
[…]
Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad: La parte que alegue una
nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada
y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni
quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo,
ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin
proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o
emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.
25
Ver al respecto, sentencia C-294 de 2022, de la Corte Constitucional: «En relación con el debido
proceso, la garantía del principio de publicidad depende, en gran medida, de la notificación a los
sujetos procesales. Este acto de comunicación es un presupuesto para el ejercicio de los derechos
de defensa y contradicción, puesto que no es posible defenderse adecuadamente de aquello que se
desconoce […]»
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El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal
distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse
como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por
quien carezca de legitimación.
Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará
saneada en los siguientes casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó
sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de
haber sido renovada la actuación anulada.
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el
derecho de defensa.
De lo anterior, se colige que si bien es cierto que existió una actuación que pudo
generar una nulidad, el apoderado de la ANR actuó sin proponerla, lo que ocasionó
su saneamiento.
En efecto, se recuerda que la solicitud de nulidad se formuló el 18 de noviembre de
2019, pero la ANR actuó en el proceso contencioso los días 9 de agosto de 201926,
22 de agosto de 201927 y 3 de septiembre de 201928, frente a la demanda que
continuó; respecto a los cargos del contrato de obra ya mencionado. Así mismo, se
evidencian dos solicitudes de fecha 24 de octubre de 201929 y 28 de octubre de
201930, en las cuales sólo se alude la petición de copias del compendio procesal.
En ese orden de ideas, esta colegiatura concluye que, si bien la Secretaría de la
Sección Tercera del Consejo de Estado erró al dejar constancia en el aplicativo
Samai que el expediente fue devuelto al tribunal de origen, tal irregularidad fue
subsanada con la gestión de la misma parte, porque actuó en por lo menos cinco
oportunidades antes de proponer el respectivo incidente.
En otras palabras, fue la inactividad del extremo interesado que permitió (i)
subsanar la actuación y (ii) lo que a su vez ocasionó que feneciera el término para
presentar la demanda arbitral frente a los cargos fundados en el acuerdo de
voluntades de interventoría 691 de 2009.
26
En el índice 150 consta que: «MRB-SE RECIBE MEMORIAL CONSTANCIA PAGO ARANCEL
PARA EXPEDICION DE FOTOCOPIAS SIMPLES EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN
AUTO DEL 24 DE MAYO DE 2019, SUSCRITO POR EL APODERADO DE LA AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL. VIENE EN 1 FOLIO Y PAGO DE ARANCEL».
27
En el índice 153 consta que: «MRV-SE RECIBIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 2019 A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN MEMORIAL DE
RESPUESTA AL OFICIO No. 4761 SUSCRITO POR EL JEFE OFICINA JURIDICA DE LA AGENCIA
DE DESARROLLO RURAL - 3 FOLIOS Y 1CD».
28
En el índice 154 consta que: «AFCA. SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL JEFE DE LA
OFICINA JURIDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL DANDO RESPUESTA AL OFICIO
4761. SE RADICO EN OFICINA JUDICIAL EL 02/09/2019. 2 FOLIOS. 1 ANEXO. 1 CD».
29
En el índice 156 consta que: «MCR - EN 1 FOLIO SUSCRITO POR EL APODERADO DE LA
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL SOLICITANDO LA EXPEDICION DE COPIAS SIMPES DE
LOS FOLIOS 1 AL 630 DEL EXPEDIENTE - RADICADO EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA
EL 23 DE OCTUBRE DE 2019».
30
En el índice 158 consta que: «MCR - EN 1 FOLIO SUSCRITO POR EL APODERADO DE LA
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL SOLICITANDO LA EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES DE
LOS FOLIOS 1 AL 630 DEL EXPEDIENTE - RADICADO EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA
EL 25 DE OCTUBRE DE 2019».
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Por su parte, se tiene que no le corresponde a esta colegiatura establecer si se
acreditó un causal de nulidad en específico, sino que se limitará a aplicar el
presupuesto procesal en cita, el cual es inequívoco en cuanto a la oportunidad para
formular la nulidad y cuando se consideran subsanadas todas las demás
irregularidades procesales, aspecto que se encuentra acorde con el parágrafo del
artículo 133 del CGP que, se reitera, establece que «[l]as demás irregularidades del
proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los
mecanismos que este código establece».
En consecuencia, se negarán las pretensiones respecto de este último cargo.
2.8. Conclusión
Conforme a lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción en cuanto a
los yerros dirigidos en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, por falta de relevancia constitucional, comoquiera que no se controvirtieron los
fundamentos de la providencia enjuiciada, así como los cargos contra la Secretaría
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ya que no se agotaron todos los
medios de defensa y, negará en lo demás, debido a que la entidad tutelante subsanó
el eventual vicio en que pudo incurrir la dependencia accionada, al actuar en el
proceso contencioso en múltiples ocasiones sin formular el incidente de nulidad
respectivo o expresar que se configuró una irregularidad procesal.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que presentó el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la Agencia de Desarrollo Rural en contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por falta
de relevancia constitucional y de agotamiento de medios de defensa respecto del
cargo por indebida notificación.
TERCERO: NEGAR el mecanismo constitucional, frente a los cargos dirigidos en
contra de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado por la remisión
anticipada del expediente, en atención a que dicha irregularidad procesal fue
subsanada por la ADR, al actuar en el proceso contencioso en múltiples ocasiones
sin formular el incidente de nulidad respectivo o expresar que se configuró una
irregularidad procesal.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
14
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