Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02223-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02223-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-02223-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-02223-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ HELENA ROJAS LÓPEZ
TESIS: SE MODIFICA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO. LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA
DEL REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
ACTORA PRETENDE DISCUTIR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI
SE TRATARA DE UNA INSTANCIA ADICIONAL. NO INDICÓ CUÁL ES
LA RELACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LOS PRECEDENTES
INVOCADOS CON RESPECTO AL PRESENTE ASUNTO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 29 de junio de 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el
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En adelante SECCIÓN CUARTA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-02223-01
Actora: LUZ HELENA ROJAS LÓPEZ
amparo solicitado.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora LUZ HELENA ROJAS LÓPEZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al
proferir en segunda instancia la sentencia de 31 de octubre de 2022,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 760013333002-2015-
00199-01.
I.2.- Hechos
Indicó que a través de los decretos 4110.20.0928 de 31 de diciembre
de 2014 y 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015, el DISTRITO
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actora: LUZ HELENA ROJAS LÓPEZ
ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI3
implementó, entre otras medidas, restricciones horarias a la
circulación de los buses, busetas, microbús y camperos destinados a
la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano de
pasajeros.
Manifestó que, debido a lo anterior, el 16 de junio de 2015 promovió
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos
referidos y obtener el pago de los perjuicios materiales y morales
causados con su expedición, comoquiera que era propietaria de un
vehículo de transporte colectivo urbano de pasajeros.
Expuso que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 760013333002-2015-00199-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI4 que,
mediante sentencia de 18 de diciembre de 2019, declaró la nulidad
de los actos administrativos cuestionados y condenó al pago de los
3
En adelante el DISTRITO DE CALI.
4
En adelante el JUZGADO.
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daños materiales causados en abstracto.
Manifestó que el ente territorial interpuso el recurso de apelación
respectivo ante el TRIBUNAL que, a través de sentencia de 31 de
octubre de 2022, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró
probada la excepción de cosa juzgada frente a la discusión de
legalidad de los actos administrativos, al haber sido anulados en otro
proceso y negó las demás súplicas de la demanda, en razón a que
determinó que no hubo prueba alguna sobre el daño.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Sostuvo que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL
incurrió en el defecto procedimental, dado que “[…] no tuvo en
cuenta los precedentes y preceptos procesales contenidos en la
constitución que tienen un efecto decisivo en la sentencia proferida
y representan la violación de los derechos fundamentales de la
accionante, teniendo como consecuencia la de restablecimiento
efectivo del derecho […]”.
Argumentó que comoquiera que fue propietaria de un vehículo con
el que prestaba el servicio público de transporte urbano de pasajeros
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en Cali, al haber sido limitada la actividad que desarrollaba, se le
generó un daño por la afectación de sus ingresos económicos.
Sostuvo que al haberse encontrado que los actos administrativos
cuestionados eran nulos, debió proferirse una condena en abstracto,
para que fuese en trámite incidental la liquidación de perjuicios
conforme con el artículo 193 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.5
Indicó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL también
incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
judicial contenido en las sentencias de 18 de febrero de 20166,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y de 16 de
agosto de 2012 emitida por la Sección Tercera -Subsección “A”- de
la misma Corporación7, relacionadas con la condena en abstracto
frente a la existencia probada de daños y la falta de prueba sobre la
cuantificación de estos.
I.4.- Pretensiones
5
En adelante CPACA.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP María Claudia Rojas
Lasso, número único de radicación núm. 13001-23-31-000-2001-00362-01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera,
Sección Tercera Subsección A, número único de radicación, 25000-23-26-000-1994-00427-01.
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Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza del
magistrado OMAR EDGAR BORJA SOTO, el DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia
de segunda instancia del treinta y uno (31) de octubre del 2022,
notificada por correo electrónico el tres (03) de noviembre del
2022.
SEGUNDO: Se ORDENE proferir una decisión conforme con los
precedentes judiciales y se condene en abstracto para que sea
posible adelantar el trámite incidental de liquidación, con la
finalidad de hacer efectivo restablecimiento del derecho en razón
de la nulidad declarada de los decretos […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El DISTRITO DE CALI, vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, señaló que la pretensión
sobre la reparación del daño fue analizada en el proceso ordinario,
no obstante, la autoridad judicial accionada encontró: “[…] que dicha
pretensión económica no se encuentra acreditada, de tal suerte que
es notoria una desidia o posición pasiva por la parte demandante que
tiene el deber de soportar una carga probatoria de sus pretensiones,
máxime que ni siquiera solicitó la práctica de prueba alguna a efectos
de demostrar los supuestos perjuicios reclamados […]”.
Explicó que, en su sentir, el único propósito de la accionante es
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utilizar la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia,
por lo que la solicitud de amparo debía desestimarse por
improcedente.
I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia del
expediente digital del proceso ordinario origen de la controversia, sin
realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.5.3- El TRIBUNAL pese a haber sido notificado en debida forma,
guardó silencio.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación, mediante sentencia de
29 junio de 2023, luego de determinar que la presente acción de
tutela, en su sentir, cumplía con los requisitos generales de
procedibilidad, efectuó el estudio del fondo del asunto y determinó
que no había lugar a conceder el amparo.
Para tal efecto, indicó que no se configuró el desconocimiento del
precedente judicial alegado, porque ninguna de las providencias
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invocadas guardaba identidad fáctica con el presente caso, dado que
en la de 18 de febrero de 2016 proferida por la Sección Primera de
esta Corporación se había resuelto un caso relativo a la cancelación
de una autorización aduanera, mientras que en la de 16 de agosto
de 2012 emitida por la Sección Tercera el asunto versó sobre la no
adjudicación de una licitación pública.
Agregó que, además, las sentencias invocadas “[…] difieren del
asunto que es objeto de estudio, si se tiene en cuenta que, a
diferencia de los antecedentes jurisprudenciales citados, la parte aquí
demandante no aportó un solo medio probatorio que acreditara la
existencia de los perjuicios causados con los actos administrativos
declarados nulos. Luego, fue debido a la ausencia de pruebas sobre
la existencia de los referidos perjuicios que la autoridad judicial
demandada los negó […]”.
Explicó que no le asiste razón a la actora cuando señaló que se
vulneró el derecho al debido proceso porque no se condenó en
abstracto, dado que la decisión de negar los perjuicios obedeció a la
falta de prueba respecto de estos y no porque fuera imposible
liquidarlos en la sentencia.
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Advirtió que no desconocía la obligación que le asiste a los jueces en
apreciar las pruebas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, sin embargo, como se vio, el caso objeto de estudio
se trató de la ausencia total de pruebas que impidió realizar
pronunciamiento sobre los perjuicios reclamados a título de
restablecimiento del derecho.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia, bajo
el argumento de que tuvo un vehículo que prestaba el servicio público
de pasajeros al que le fue limitada la circulación, sufrió un daño al
haber dejado de percibir las sumas de dinero que generaba la
actividad.
Expuso que, en relación con el defecto procedimental, la “[…] figura
de condena en abstracto hace referencia cuando el juez, falla a favor
de una pretensión pecuniaria, pero sin determinar el monto líquido,
estableciendo las bases para la liquidación […], conforme con el
artículo 193 del CPACA.
Manifestó que “[…] se sigue desconociendo el fallo que endilga a
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nuestro tema aquí esgrimido, por el cual, el Juzgado Segundo
Administrativo de Cali, Juez Cesar Augusto Saavedra Madrid, en su
sentencia del 13 de septiembre de 2019 dentro del proceso de
“Nulidad y Restablecimiento del Derecho” con radicación 76001-33-
33-002-2015-00230-00 […], en el cual en un caso similar se
reconoció la existencia del daño y concedió una condena de
reparación en abstracto.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
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sentencia de 31 de octubre de 2022, proferida en segunda
instancia por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de
radicación 760013333002 2015 00199 01.
En el proceso aludido la actora cuestionó la legalidad de unos actos
administrativos generales, a través de los cuales el DISTRITO DE
CALI impuso algunas restricciones de movilidad, entre otros, a los
vehículos que prestaban el servicio de trasporte público colectivo
urbano de pasajeros a partir del año 2015.
Además, la actora pretendía como restablecimiento del derecho el
pago de los perjuicios materiales y morales que le fueron
ocasionados, como propietaria de un vehículo que prestaba el
servicio aludido.
A través de la providencia cuestionada, el TRIBUNAL declaró de
oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la legalidad de
los actos administrativos cuestionados, comoquiera que estos ya
habían sido anulados en otro proceso judicial.
No obstante, dicha autoridad denegó las demás pretensiones de la
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demanda, porque encontró que no fue probado el daño que alegaba
la actora.
En la solicitud de amparo la actora manifestó que se configuró el
defecto procedimental, en la medida en que comoquiera que los
actos administrativos anulados restringieron la actividad económica
que realizaba, era claro que sí existió un daño, por lo que debía
emitirse una condena en abstracto, con la finalidad de que se fijara
el monto de la indemnización en incidente posterior, conforme con el
artículo 193 del CPACA.
Asimismo, indicó que la autoridad judicial accionada desconoció los
precedentes judiciales contenidos en las sentencias proferidas por
las Secciones Primera y Tercera de esta Corporación, relacionadas
con la condena en abstracto frente a la existencia probada de daños.
En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN CUARTA denegó la
solicitud de amparo, en razón a que los precedentes invocados no
guardaban una identidad fáctica con el presente asunto, además
porque lo cierto era que las pretensiones de la actora habían sido
denegadas porque no había aportado ninguna prueba sobre la
ocurrencia del daño, no por la imposibilidad de cuantificar los
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perjuicios.
En la impugnación, la actora insistió en que comoquiera que sí era la
propietaria de un vehículo de transporte urbano de pasajeros que
prestaba el servicio en Cali, al haberse restringido su movilidad con
los decretos origen de la controversia, era clara la existencia del
daño, por lo que debió proferirse una condena en abstracto.
La actora también puso de presente que la autoridad judicial
accionada desconoció un fallo proferido el 13 de septiembre de 2019
por el JUZGADO, dentro del proceso identificado con el número único
de radicación 760013333002 2015 00230 00, relacionado con el
asunto bajo estudio.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de la actora e incurrió en los defectos
procedimental y desconocimiento del precedente judicial, al
haber proferido la sentencia de 31 de octubre de 2022 aludida.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
En el presente caso, la Sala advierte que el TRIBUNAL denegó las
pretensiones económicas a la actora, con base en el siguiente
análisis:
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“[…] Con fundamento en lo anterior, y siguiendo los mismos
lineamientos del Consejo de Estado en la transliterada
providencia, para esta Sala de Decisión es claro que los Decretos
4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y 4110.20.00106 del
13 de marzo de 2015 fueron removidos del ordenamiento
jurídico al haber sido declarados nulos mediante sentencia de
segunda instancia del 13 de noviembre de 2019 debidamente
ejecutoriada en el proceso adelantado bajo el radicado
760013333008-2015-00240-01 produciendo efectos de cosa
juzgada erga omnes –inciso 1 del artículo 189 del CPACA–, y en
tal sentido, solo le corresponde a la Sala efectuar el análisis de
procedencia del restablecimiento del derecho solicitado en el sub
lite, no sin antes declarar probada la cosa juzgada frente a los
actos acusados, por tal virtud, se revocará en este sentido la
sentencia apelada.
7. SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
SOLICITADO
Pretende la parte actora, a título de restablecimiento del
derecho, que se le reconozca liquide y pague la suma de
SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL ($79.555.000) PESOS M/CTE. No obstante, no se
aportó ninguna prueba que acreditara tales perjuicios.
Es más, con sorpresa para esta Sala de Decisión, se denota de
la demanda una posición pasiva por parte del demandante para
acreditar sus pretensiones, pues no se solicitó la práctica de
ninguna prueba que por lo menos demostrara su intención de
mostrar los perjuicios reclamados. Recuérdese en este punto
que la parte actora además de tener mejores condiciones de
probar sus perjuicios, pues era la única que lo podía realizar y
no lo hizo dentro de las oportunidades procesales y por ello, el
Juez como director del proceso no puede suplir la carga
probatoria que le correspondía y menos a través de prueba de
oficio.
Tampoco se probó la utilidad pretendida como restablecimiento
del derecho pues la parte actora se limitó a razonar sobre la
cuantía del perjuicio económico sin aportar ningún elemento no
solo para justificarla, sino la existencia misma del perjuicio, con
lo cual el daño no está acreditado.
[…]
De modo que, la parte actora no cumplió con la carga probatoria
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de qué trata el artículo 167 del CGP para acreditar el daño y que
los perjuicios materiales que reclama le sean pagados, la
pretensión será negada. En cuanto a los honorarios de abogado
no se comprobó pago alguno y según afirma la demanda sin
soporte en algún medio de prueba, corresponden al treinta por
ciento (30%) de los valores logrados en el proceso, de manera
que no se trata de un daño emergente sino eventual, un
compromiso condicionado al resultado del asunto, por ello
también se niega esta pretensión.
Partiendo de lo dicho, en el presente caso es evidente que el
demandante actuó de forma negligente al no aportar ninguna
prueba que acreditara los perjuicios reclamados. Por tanto,
quiere ser enfática esta Sala de Decisión que aquí no está en
discusión un punto oscuro, pues lo que se está negando no es el
derecho en sí mismo, sino los perjuicios que no probó.
8. PERJUICIOS MORALES.
Se solicita a título de indemnización, el reconocimiento de
perjuicios morales por cien (100) salarios mínimos. El Consejo
de Estado ha reiterado que el perjuicio moral debe probarse,
inclusive en los casos en que se aceptara provenga de la pérdida
de bienes materiales.
[…]
Estima la Sala que el mencionado perjuicio inmaterial tampoco
cuenta con respaldo probatorio, pues la parte actora se limitó a
solicitarlo, pero no aportó ningún medio de convicción que
permita tenerlo por acreditado, por lo que debe negarse. En
virtud de lo expuesto, se negará reconocimiento de perjuicios
derivados del restablecimiento pretendido.
De conformidad con lo anterior, resulta forzoso revocar la
sentencia No. 352 del 18 de diciembre de 2019, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali y negar
las pretensiones de la demanda en contra del MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, tal y como se plasmará en la parte
resolutiva de este proveído […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL estableció que si bien la actora había solicitado el pago
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de $79.555.000.oo por concepto de perjuicios, no había aportado ni
solicitado el decreto de ninguna prueba que demostrara que en
efecto sufrió un daño.
El TRIBUNAL destacó que, en ese orden de ideas, la actora no
cumplió con la carga probatoria para acreditar el daño, para que le
fueran cancelados los perjuicios que reclamaba.
Corolario a lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo estimado
por el a quo, la acción de tutela de la referencia es improcedente
por falta de relevancia constitucional, porque a través de esta la
actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la
autoridad accionada pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía
judicial.
En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace del hecho
de que, en su sentir, el TRIBUNAL debía haber proferido una
condena en abstracto para que, en trámite incidental, se determinara
el monto de los perjuicios, no obstante, lo cierto es que las
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pretensiones económicas no le fueron negadas por la falta de
elementos de juicios sobre el monto de estos, sino porque no aportó
ninguna prueba sobre la existencia del daño.
Aunado al hecho de que el TRIBUNAL advirtió que la actora no había
aportado ninguna prueba sobre el daño, la Sala observa que en la
presente solicitud de amparo aquella no precisó de forma alguna
cuáles elementos de juicio aportó al proceso para demostrar su
configuración, puesto que se limitó a afirmar que fue propietaria de
un vehículo al que le fue restringida la movilidad, sin poner en
evidencia que en efecto probó tal situación en el proceso origen de
la controversia y la forma cómo en concreto le fueron causados los
perjuicios.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del
caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad
judicial accionada y se acoja la interpretación que propone.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
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reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 29 de agosto de 201818, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201719, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Cabe anotar que la presunta configuración del defecto del precedente
jurisprudencial tampoco cumple con la carga argumentativa que
fundamente dicha afirmación, porque la actora se limitó a citar
apartes de unas providencias que hacen alusión a las condenas en
abstracto, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir
entre dichas providencias y la controversia aquí planteada.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala20 ha indicado:
“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.
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sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple. […]”. (Destacado fuera de texto)
La Sala destaca que, pese a que el a quo determinó que las
sentencias invocadas en el escrito introductorio no versaron sobre
situaciones fácticas siquiera similares a la presente, en la
impugnación la actora nada indicó al respecto, no obstante, de traer
ahora como precedente una providencia del JUZGADO proferida
dentro de otro proceso diferente al del origen de la controversia, la
cual no resulta obligatoria para la autoridad judicial accionada.
Sobre ese aspecto, en sentencia de 28 de abril de 202221, al resolver
en segunda instancia una solicitud de amparo similar a la de la
referencia22, respecto de la misma providencia que la actora invocó
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-00490-
01.
En esa oportunidad la Sala estudió una impugnación también presentada contra una sentencia de la
SECCIÓN CUARTA en la que se había denegado el amparo, decisión que fue revocada para declarar
improcedente la acción por falta de relevancia constitucional, en un asunto planteado en similares
términos al presente.
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como desconocida en la impugnación, esta Sala indicó:
“[…] Por último, el actor en su escrito de tutela señaló que la
autoridad judicial accionada se apartó del precedente judicial
fijado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali,
“[…] Juez Cesar Augusto Saavedra Madrid, en su sentencia del
13 de septiembre de 2019 dentro del proceso de “Nulidad y
Restablecimiento del Derecho” con radicación 76001-33-33-
002-2015-00230-00 […]”, sin embargo, para la Sala, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en defecto
sustantivo, toda vez que los criterios jurisprudenciales
emanados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Cali, constituyen antecedentes jurisprudenciales, teniendo en
cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de
cierre como lo es el Consejo de Estado se constituyen en
precedente judicial al fijar reglas y sub reglas jurisprudenciales
que deben ser tenidas en cuenta por los demás operadores
judiciales […]”
Cabe anotar que tanto en la providencia en cita, como en otras
oportunidades, esta Sala ya ha declarado como improcedentes por
falta del requisito general de relevancia constitucional solicitudes de
amparo planteadas en el mismo sentido que la de la referencia23, en
las que se cuestionaban providencias del TRIBUNAL relacionadas
con la nulidad de los decretos origen de la controversia y ciudadanos
a los que les fueron denegadas las pretensiones económicas, por falta
de prueba sobre la existencia del daño.
23
Ver además, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 10 de octubre de 2022, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000-
2022- 04886-00.
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32
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos legales que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que la interpretación y consideraciones que
efectúe la autoridad que conoce un asunto, se deben respetar por el
juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el
juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es
dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el
presente caso no se encontró probado.
En conclusión, en la medida en que en la sentencia impugnada la
SECCIÓN CUARTA denegó el amparo pretendido, dicha decisión
será modificada y, en su lugar, se declarará improcedente la acción
de tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
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presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.
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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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