RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02229-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02229-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02229-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional en lo que respecta al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, su Secretaría y Consejo de Estado, Secretaría General y la Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Secretaría de la Sección Tercera de esta corporación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02229-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

15 de junio de 2023

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02229-00
Demandante: SUMEDIX S.A.S EN LIQUIDACIÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán, en calidad de representante legal
de la entidad SUMEDIX S.A.S en liquidación, interpuso acción de tutela el 2 de mayo
de 2023, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y la Secretaría de la Sección Primera de esa corporación.

2. Con la solicitud de amparo pretende que se proteja su derecho fundamental de
petición, que considera vulnerado por falta de una respuesta clara, precisa, de fondo
y congruente por parte de las autoridades accionadas a la solicitud remitida el pasado
24 de marzo de 20232 dentro de la acción popular con radicado N.º 25000-23-41-000-
2017-00885-00/04.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Radicada al correo rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición consagrado en la
Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A que remita a SUMEDIX SAS EN
LIQUIDACIÓN los documentos solicitados en el derecho de petición del 24 de
marzo de 2023.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Mediante Resolución 0973 de 1994 la Superintendencia Nacional de Salud
autorizó a CAFESALUD EPS S.A (hoy en liquidación), como entidad promotora del
régimen contributivo en los términos de la Ley 100 de 1993.

6. El 29 de mayo de 2015, la empresa SUMEDIX S.A.S (en liquidación), en
desarrollo de su objeto social, celebró con CAFESALUD EPS los contratos N.º DCN-
CF-0951-2015 y DCN-853-2015, que tenían por objeto el suministro a todos los
afiliados adscritos a la citada EPS, de los insumos ofertados a efectos de garantizar el
Plan Obligatorio de Salud (en adelante POS).

7. El 5 de abril de 2018, la sociedad PRESTNEWCO S.A.S. en liquidación
suscribió contrato de cesión de crédito con SUMEDIX S.A.S. El objeto del mismo
consistió en que la primera -PRESTNEWCO- en calidad de cesionaria, asumiera la
totalidad de las obligaciones y derechos que derivan del crédito, y pagara la suma de
$5.809.024.637.00.

8. La parte actora afirmó que a la fecha se encuentran impagadas cuatro cuotas
del aludido contrato, motivo por el cual, promoverá las acciones legales pertinentes en
contra de la sociedad PRESTNEWCO S.A.S.

9. A la par, el representante legal de la entidad accionante indicó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A adelantó una acción
popular que culminó con sentencia el 10 de abril de 2019, en la que fungió como
demandante Jorge Enrique Robledo y otro, contra la Nación – Ministerio de Salud –
Superintendencia Nacional de Salud.

10. En virtud de ello, el día 24 de marzo de 2023 radicó un derecho de petición ante
la autoridad judicial referida, en el que solicitó:

1. En atención a lo previsto en el numeral 6 del artículo 86 del CGP, y para efectos de
que obre como pruebas trasladadas, de consuno con lo dispuesto en el artículo 175
ibidem, solicito muy comedidamente, los siguientes documentos, los cuales se
encuentran insertos en el expediente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección "A", radicado bajo el No 25000-23-24-000-2017-00885-
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

00; Demandante: JORGE ENRIQUE ROBLEDO Y OTRO contra LA NACIÓN-
MINISTERIO DE SALUD - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y otros,
dictándose sentencia el día 10 de abril de 2019:

1.1 Copia digital del Reglamento de venta en su versión final -REGLAMENTO DE
ACREDITACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS DE CAFESALUD
EPS S.A Y DE LAS ACCIONES DE ESTUDIOS INVERSIONES MEDICAS S.A.

1.2 Copia digital del contrato de asociación en la modalidad de consorcio presentada
por "CLINICA MIOCARDIO SAS, SERVICIO AÉREO MEDICALIZADO Y
FUNDAMENTAL S.A.S, CLÍNICA MEDILASER S.A, ORGANIZACIÓN CLINICA
GENERAL DEL NORTE, CORPORACIÓN NUESTRA IPS, PROCARDIO SERVICIOS
MÉDICOS INTEGRALES LTDA, MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A,
FUNDACIÓN ESENSA, FUNDACIÓN SAINT, CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGÍA
SA, COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR
SALUD, SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL SAN JOSÉ, FUNDACIÓN
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ, denominándose consorcio
Hospitales y Clínicas Prestadoras de Salud de Colombia. CONSORCIO
PRESTASALUD- como las ofertas previas y la final para la adquisición de las acciones
de las sociedades NEWCOS Y/O CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
EPS SA ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS SA ESIMED SA

1.3 COPIA DIGITAL Informe de valoración de CAFESALUD EPS SA elaborado
LAZARD y POSSEHERRERA&RUIZ.

1.4 Copia digital del audio del testimonio de la señora NATALIA RAMIREZ
CARRIZOSA.

1.5 Copia digital del concepto rendido por la Delegada Para la Supervisión de Riesgos
de la Superintendencia Nacional de Salud, datado 13 de junio de 2017.

1.6 Copia de la comunicación enviada por el Presidente de CAFESALUD EPS S.A, a
la Superintendencia Nacional de Salud radicada bajo el NURC-1-2017- 1056005, de
fecha 5 de julio de 2017. (Sic a toda la cita).

11. A criterio de la parte actora, la autoridad judicial no ha otorgado una respuesta
en los términos de ley, pese a que el término para tal efecto ha vencido.

1.4. Fundamentos de la solicitud

12. A juicio de la sociedad SUMEDIX S.A.S., las autoridades accionadas
transgredieron su derecho fundamental de petición por cuanto, a la fecha de
presentación de esta acción constitucional no se han pronunciado de fondo, de manera
clara, completa y detallada sobre su petición.

1.5. Trámite de la acción

13. En providencia del 14 de mayo de 2023, el despacho ponente admitió la acción
constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y a la Secretaría de
la Sección Primera de dicha corporación. Ello, en la medida a que de dichas

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

autoridades se predica la trasgresión de las garantías constitucionales de la parte
actora. A su vez, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

14. Posteriormente, y de conformidad con las intervenciones recibidas, mediante
providencia del 25 de mayo de 2023 se ordenó vincular al Consejo de Estado –
Secretaría General, Secretaría de la Sección Tercera y al despacho del magistrado
José Roberto Sáchica Méndez.

15. Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

16. Solicitó negar la solicitud de amparo deprecada por la parte actora. En seguida
realizó un recuento del escrito de tutela y de las actuaciones procesales que se
adelantaron al interior del medio de control de protección de derechos colectivos y
precisó que el 25 de noviembre de 2019, la Secretaría de la Sección Primera
Subsección A procedió a remitir el expediente a esta corporación, mediante oficio
N°VD19-05026.

17. En ese orden, precisó que el 24 de marzo de 2023 envío la petición al Consejo
de Estado, con copia a la persona que radicó la petición, tras encontrar que el
expediente se encuentra en el alto tribunal, aspecto que se puede verificar en la
plataforma SAMAI.

18. Agregó que en el mismo correo le fue informado a la solicitante «tener en cuenta
para futuras actuaciones frente al proceso referido: «le informo que su correo
electrónico fue remitido a la sección tercera de la corporación por ser ellos los
competentes; por lo cual de ahora en adelante puede dirigir sus memoriales a la
dirección de correo ces3secr@consejodeesatdo.gov.co».

19. Por consiguiente, señaló que ni la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, ni el despacho, han vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora, comoquiera que, al no estar el expediente en la
corporación, remitió la petición a la autoridad judicial competente a fin de que se
surtiera el trámite correspondiente.

1.6.2. Secretaría General del Consejo de Estado

20. Manifestó que el 24 de marzo de 2023, dicha Secretaría recibió y remitió el

3
Mediante oficios del 9 de mayo de 2023. Cfr.: Índice SAMAI Nro.7.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

escrito del señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán, en calidad de representante legal
de la entidad SUMEDIX SAS en liquidación, a la Sección Tercera por ser un asunto
propio de su competencia, toda vez que el proceso se encuentra en el despacho del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez.

21. Para corroborar tal situación, adjunto copia del correo electrónico respectivo.

1.6.3. Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado

22. Manifestó que a la fecha cursa el medio de control de los derechos e intereses
colectivos radicado N.º 25000234100020170088504 (interno 67084) en el despacho
del consejero José Roberto Sáchica Méndez, en el que se conoce el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de abril
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

23. Agregó que el 1° de junio de 2023 se notificó auto, con ponencia de la
magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, que resolvió el recurso de súplica contra la
providencia del 27 de septiembre de 2022 que negó una solicitud de pruebas.

24. Señaló que, en efecto, el 24 de marzo de 2023 recibió memoriales de la
Secretaría General de la corporación, en los cuales se relaciona derecho de petición
suscrito por el señor Camilo Eduardo Méndez Guzmán en nombre y representación de
SUMEDIX SAS en liquidación.

25. En consecuencia, señaló que lo registró en la plataforma SAMAI y envío copia
del correo al despacho de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, toda vez que en
ese momento conocía del recurso de súplica.

26. Adujo que el expediente fue dejado a disposición de dicha secretaría por parte
del despacho, desde el 31 de mayo de 2023. Sin embargo, manifestó que como el
expediente cuenta con 57 cuadernos y 22 CD ROM a la fecha no se ha podido remitir
la copia digital de las piezas procesas solicitadas, en el entendido que es necesaria la
revisión física de los cuadernos y el contenido de los discos compactos porque el
proceso no se encuentra digitalizado.

27. Precisó que en cuanto se remitan las copias solicitadas por el peticionario, se
informaría a este despacho. Hecho que tuvo lugar el 9 de junio de 2023, por cuanto en
esa fecha se allegaron los documentos que darían cuenta de la respuesta
proporcionada a la parte actora.

1.6.4 Despacho del magistrado José Roberto Sáchica Méndez

28. Informó que, al consultar la plataforma SAMAI, se adviertió que «(i) el proceso
con número de radicado 2017-00885-04 pasó al despacho de la consejera Marta Nubia
Velásquez Rico, el 23 de febrero de 2023, para resolver el recurso de súplica
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

interpuesto por el señor Aníbal Rodríguez Guerrero -coadyuvante de la parte
demandante- contra el auto que negó una solicitud probatoria, (ii) el 24 de marzo de
2023 se registró una solicitud de copias por parte del recurrente y; (iii) la última
actuación corresponde al proyecto que se discutió en la sala de la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, el 19 de mayo del año en curso».

29. Por lo anterior, manifestó que se encuentran en imposibilidad de resolver la
solicitud de copias hasta tanto el expediente regrese del despacho de la magistrada
Marta Nubia Velásquez Rico.

30. En todo caso, refirió que la petición de copias compete a la Secretaría de la
Sección, comoquiera que tiene a su cargo la expedición de copias de piezas
procesales, sin necesidad de auto que lo ordene, conforme lo dispone el artículo 114
del CGP.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la sociedad SUMEDIX S.A.S en liquidación. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a resolver en el
caso concreto es el siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
y la Secretaría de la Sección Primera de dicha corporación, vulneraron el
derecho fundamental de petición de la parte actora al no dar respuesta en los
términos de ley a la solicitud interpuesta el 24 de marzo de 2023?

33. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; iii) la carencia actual de
objeto por hecho superado; y (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
Ley 2591 de 1991.

35. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.

36. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo
que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho
que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

37. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera
vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las autoridades
demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese sentido, para la
Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el instrumento idóneo para
procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional, máxime cuando el
ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para proceder a su protección.

38. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 13 de
abril de 2023, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría
configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa una
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.

2.4. Del derecho de petición

39. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución»5. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales.

40. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».6

41. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el

4
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
5
Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
6
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

42. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de
lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no
impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada.»7

43. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante»8.

44. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a)
la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los
términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo
o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas;
y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con
independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

45. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a

7
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

46. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.5. De la carencia actual de objeto

47. La Sala ha explicado en varias ocasiones11 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

48. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

49. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:
i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

50. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201612, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se

10
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
11
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.13

51. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza,
y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que
simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya
subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente 14
(Negrita propia del texto).

52. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales15.

53. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada,
se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de
tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer (…)”16.

13
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
14
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
15
Corte Constitucional, sentencia T-038 del 2019.
16
Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2016.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

54. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

55. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite
de revisión ante ese Tribunal17.

56. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche,
en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva
de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en
sede de Revisión,18 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración
de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo,
sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos
del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y
advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera”.19 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos
casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho
antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 20-21 (Negrita
y subrayado fuera de texto).

57. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

17
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
18
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía
de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita».
19
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
20
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
21
Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de
la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del
juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en
riesgo22.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de
revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita23, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades
del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 24.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado;
ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su
ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición 25; y iv) la posibilidad de
adoptar las medidas de protección objetiva26.27 (Negrita y subrayado fuera del texto).

58. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete
el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.28

59. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

60. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas
Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine

22
Sentencia T-311 de 2012.
23
Sentencia T-170 de 2009.
24
Sentencia T-576 de 2008.
25
Sentencia SU-225 de 2013.
26
Sentencia T-576 de 2008.
27
Sentencia T-662 de 2016.
28
Sentencia T-030 de 2017.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de
una categoría homogénea y completamente delimitada29 (Negrita y subrayado fuera del
texto).

2.6. Caso concreto

61. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, la parte accionante, en
su calidad de representante legal de la entidad SUMEDIX S.A.S. en liquidación,
instauró derecho de petición ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, el día 24 de marzo de 2023. En esta solicitó copias del
expediente tramitado en dicha corporación con el radicado N.º 25000-23-41-000-2017-
00885-00/04 en el medio de control de los derechos e intereses colectivos, en el que
fungió como demandante Jorge Enrique Robledo y otros contra La Nación – Ministerio
de Salud – Superintendencia Nacional de Salud.

62. A su juicio, las copias solicitadas son indispensables para iniciar «demanda
verbal declarativa de desestimación de la personalidad jurídica, declaratoria de
solidaridad de los socios de los actos en perjuicio de los acreedores e indemnizaciones
(…)» contra la entidad PRESTNEWCO S.A.S en liquidación, por el presunto
incumplimiento en el pago de cuatro cuotas a las que se encuentra obligada.

63. Lo anterior, con ocasión a que, según refiere la parte actora, se suscribió
contrato de cesión de crédito con la referida empresa, en el cual se pactó que en virtud
del certificado de reconocimiento de deuda expedido por la entidad CAFESALUD EPS
S.A.S., PRESTNEWCO en calidad de cesionaria asumiría en favor de SUMEDIX
S.A.S. en liquidación, la totalidad de obligaciones y derechos que se derivan del
crédito, con la correspondiente contraprestación de pagar una suma de dinero
determinada.

64. En ese orden de ideas, la Sala estudiará las actuaciones de cada una de las
corporaciones y sus dependencias que conocieron de la solicitud, para determinar si
vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora.

2.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
y Secretaría de la Sección Primera.

65. Por intermedio de la Secretaría de la Sección Primera de dicho Tribunal, y
mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2023, es decir, en la misma fecha en
que se presentó la petición, remitió la solicitud a la Secretaría General del Consejo de
Estado.

66. Dicha situación fue puesta en conocimiento del señor Camilo Eduardo Méndez

29
Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

Guzmán, en calidad de representante legal de la entidad SUMEDIX S.A.S en
liquidación, a la dirección electrónica por el autorizado.

67. Aunado a ello, en el cuerpo del correo, le fue informado al solicitante que para
futuras actuaciones debía remitirse a la Sección Tercera del Consejo de Estado,
comoquiera que el proceso se encuentra allí a efectos de surtir las actuaciones
pertinentes. En esos términos, se le informó al accionante «por lo cual de ahora en
adelante puede dirigir sus memoriales a la dirección de correo
ces3secr@consejodeesatdo.gov.co»:

68. En esos términos, se colige que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera y su Secretaría, remitieron la petición a la autoridad que consideraron
competente para pronunciarse, en los términos previstos por la Ley 1755 de 2015
conducta que fue informada al accionante mediante correo electrónico, motivo por el
cual la Sala negará la solicitud de amparo deprecada contra dicha autoridad judicial,
tras determinar que no vulneró el derecho fundamental de petición de la parte actora.

2.6.2. Consejo de Estado, Secretaría General

69. Al constatar los medios de convicción que forman parte de la presente acción
constitucional, se corroboró que, mediante correo electrónico de la misma fecha, esto
es, el 24 de marzo de 2023, remitió la solicitud presentada por la parte actora a la
Secretaría de la Sección Tercera por ser la competente para pronunciarse.

70. Ello habida cuenta que en dicha Sección se encontraba el expediente frente al
cual se solicitaron las respectivas copias.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

71. En ese sentido, la Sala considera que la Secretaría General de esta Corporación
no vulneró el derecho fundamental de petición de la parte actora, pues al igual que el
Tribunal Administrativo, remitió la petición a la autoridad judicial competente dentro del
término correspondiente para tal fin.

2.6.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y Secretaría de la
Sección Tercera

72. En lo que atañe a las actuaciones surtidas ante esta corporación, se tiene que;
el expediente 25000-23-41-000-2017-00885-04 fue asignado al despacho del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez para resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 10 de abril de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

73. No obstante lo anterior, el proceso ingresó al despacho de la magistrada Martha
Nubia Velásquez Rico el 23 de febrero de 2023 para resolver sobre el recurso de
súplica interpuesto contra auto que negó solicitud de pruebas30.

74. La Secretaría de la Sección recibió la petición de copias instaurada por la parte
actora mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2023 y el 27 de marzo de 2023
la puso en conocimiento del despacho de la Magistrada Martha Nubia Velásquez.

75. Finalmente, el 25 de mayo del corriente, el expediente nuevamente quedó a

30
Cfr. Índice 125 SAMAI. Exp: 25000-23-41-000-2017-00885-04.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

disposición de la Secretaría de la Sección, quien mediante memoriales recibidos el 9
de junio siguiente, puso en conocimiento del despacho ponente, que se dio respuesta
a la solicitud presentada por la parte actora en oficio OFI-01026-2023-SJG del 6 de
junio. Adujo que el accionante acudió a la dependencia respectiva y se le hizo entrega
en medio magnético de la información.

76. De todo lo anterior es viable realizar las siguientes consideraciones:

77. Si bien el expediente está asignado al magistrado José Roberto Sáchica, lo
cierto es que el referido despacho no conoció de la petición, comoquiera que al
momento de su interposición y recibo por parte de la corporación, el proceso se
encontraba asignado a otro magistrado para resolver el recurso de súplica contra una
providencia.

78. En ese orden de ideas, se advierte que no hubo una vulneración del derecho
fundamental de petición de la parte actora por parte del referido magistrado.

79. Consideración distinta en lo que atañe a la Secretaría de la referida Sección,
pues lo que se logró constatar es que estuvo al tanto de la petición de copias desde el
24 de marzo de 2023, y dio respuesta a la solicitud el pasado 6 de junio del corriente,
conforme se expone a continuación:

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

80. En dicho memorial se le ponen de presente los documentos respecto de los
cuales se le expiden las copias, y sobre las cuales no, por su carácter de reservado.

81. Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, teniendo en cuenta que la amenaza al derecho fundamental desapareció en
el trascurso de la acción de tutela.

82. En ese orden de ideas, si bien la respuesta se produjo por fuera del extremo
temporal establecido por la Ley, en la medida que ya obra contestación al derecho de
petición, cualquier orden que diera la Sala al respecto resultaría innecesaria, ya que
desaparecieron los hechos que originaron la vulneración alegada por el accionante.

2.7. Conclusión

83. De conformidad con lo visto hasta ahora, la Sala encuentra configurada la
carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que se constató que la
Secretaría de la Sección Tercera de esta colegiatura brindó una respuesta clara,
completa y de fondo a la solicitud. Aunado a ello, se negará el amparo deprecado

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sumedix S.A.S en liquidación
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02229-00

respecto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
y su Secretaría, así como, la Secretaría General y la Sección Tercera, Subsección A
de esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional en lo que respecta al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, su Secretaría y
Consejo de Estado, Secretaría General y la Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a
la Secretaría de la Sección Tercera de esta corporación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.