Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02239-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02239-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02239-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de octubre de 2023
Demandante: Alba Luz Valderrama Medina
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02239-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2023-02239-01
Demandante: ALBA LUZ VALDERRAMA MEDINA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 21
de julio de 2023, por medio del cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró la improcedencia del mecanismo de amparo.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Alba Luz Valderrama Medina radicó el 3 de mayo de 20231 la presente
acción de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y del principio
de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Adicionalmente, consideró
que se estaban afectando garantías convencionales contenidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de las providencias de 5 de diciembre de 2019 y 23 de enero de 2020 proferidas por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama, y el auto de 17
de febrero de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de las
cuales se cerró la etapa probatoria sin practicar un dictamen pericial, se resolvió un
recurso de reposición y se decidió la apelación, respectivamente, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 15238-33-39-
751-2015-00243-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
5.1. APLICAR CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD,
para que el Juez Constitucional por FALLO DE TUTELA garantice mi AMPARO DE
POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019 y, con ello, proteja mis
derechos humanos constitucionales y fundamentales vulnerados y/o amenazados
por el Estado Colombiano en cabeza del JUZGADO SEGUNDO (2)
1
De acuerdo con el aplicativo Samai.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
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ADMINISTRATIVO DE DUITAMA (BOYACÁ), del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACÁ y la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
[…]
5.2. Se DECLARE NULO, SIN VALOR NI EFECTO, las providencias judiciales que
declararon cerrada la etapa probatoria y dispusieron correr alegatos de conclusión,
dentro del medio de control de reparación directa N°
15238333975120150024300(02), promovido por ALBA LUZ VALDERRAMA
MEDINA contra el HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA E.S.E., el HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN IGNACIO, HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR E.S.E. y el PAR
CAPRECOM LIQUIDADO.
[…]
5.3. ORDENAR a que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas,
para acatamiento y aplicación material efectiva de las disposiciones
convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales relacionadas con mi
AMPARO DE POBREZA decretado por Auto de 4 de octubre de 2019,
concretamente:
• Se ordene a las autoridades judiciales accionadas a continuar con la etapa
probatoria dentro del proceso de control de reparación directa N°
15238333975120150024300(02), esto es, que se disponga lo necesario para
recaudar el dictamen pericial solicitado en forma conjunta por las partes y
ordenado por el numeral 7.11 del Auto de Audiencia Inicial de 19 de febrero de
2019.
• Se ordene a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA a que practique y remita al
proceso de control de reparación directa N° 15238333975120150024300(02), el
dictamen pericial solicitado en forma conjunta por las partes y ordenado por el
numeral 7.11 del Auto de Audiencia Inicial de 19 de febrero de 2019, sin oponer
razones presupuestales que impidan colaboración con la recta administración de
justicia en procura del esclarecimiento de los hechos y búsqueda de la verdad
de las presuntas víctimas de un daño antijurídico estatal.
5.4. ORDENAR, con fundamento en el art. 25 del Decreto 1591 de 1991; el
reconocimiento en abstracto de la indemnización del perjuicio material e inmaterial
causado, necesaria para asegurar el goce material efectivo de mis DERECHOS
HUMANOS conculcado por la conducta omisiva de las partes accionadas;
valoración de perjuicios por PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD que podrán
cuantificarse mediante incidente posterior, en caso de no garantizarme mi AMPARO
DE POBREZA y ACCESO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, con fundamento
en el art. 16 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el art. 90 de la Constitución
Política y el Derecho Internacional de los DDHH, ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
previo agotamiento de los recursos internos.
5.5. EXHORTAR a las partes accionadas, para que en lo sucesivo garanticen las
disposiciones convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales
relacionadas con el AMPARO DE POBREZA y el ACCESO A UN RECURSO
JUDICIAL EFECTIVO.2
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
En mayo de 2013, Luisa Camila Melo Valderrama, hija de la actora, fue atendida en
dos ocasiones en el Hospital Regional de Duitama E.S.E. por cuanto presentó varios
2
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
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síntomas que en un principio fueron asociados a una sinusitis frontal aguda 3. No
obstante, luego de complicaciones en la salud de la paciente 4, fue remitida al Hospital
Universitario San Ignacio en Bogotá.
En la mencionada institución se consideró que el malestar era causado por una
enfermedad autoinmune, por lo tanto, se procedió con una cirugía y, a pesar de ello,
no fue posible identificar el padecimiento. No obstante, ya que la salud de la niña
mejoró, fue dada de alta.
A inicios de junio de 2013, la hija de la accionante volvió a presentar los síntomas que
había mostrado el mes anterior, en consecuencia, la señora Alba Luz Valderrama
Medina acudió nuevamente al Hospital Regional de Duitama, entidad donde se remitió
la paciente al entonces Hospital Simón Bolívar en Bogotá (hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte, Unidad Simón Bolívar).
En el referido centro médico se realizaron exámenes, pero tampoco lograron identificar
la patología que afectaba a la menor, por lo que resolvieron trasladarla al Hospital
Universitario San Ignacio.
Una vez allí y luego de presentar una serie de complicaciones, la hija de la actora
falleció el 5 de junio de 2013 cuando tenía 9 años.
Por estos hechos, la señora Valderrama Medina y otros familiares 5 interpusieron una
demanda a través del medio de control de reparación directa, con el fin de que se
declararan responsables por la muerte de la niña a los hospitales mencionados y a la
E. P. S. Caprecom.
Como parte de las pruebas, solicitó que se realizara un dictamen pericial a la historia
clínica de Luisa Camila Melo Valderrama, con el fin de determinar si existieron fallas
que justificaran el deceso. Este medio probatorio también fue requerido por el Hospital
Regional de Duitama y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, Unidad Simón
Bolívar.
En audiencia inicial de 19 de febrero de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Duitama decretó la prueba pericial y dispuso que la experticia la
rindiera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Mediante auto de 16 de mayo de 2019, la mencionada autoridad evidenció la
necesidad de redireccionar el requerimiento probatorio y, en consecuencia, dispuso
que el dictamen fuera elaborado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, la
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Medellín o el Centro de Estudios
en Derecho y Salud.
En auto de 1° de agosto de 2019, se advirtió que la Universidad de Antioquia 6 había
respondido la solicitud, pero para la elaboración de la experticia requería que se fijaran
honorarios, manifestación que se puso en conocimiento de las partes. Por lo tanto, el
3
Palidez y falta de energía.
4
La niña necesitó múltiples transfusiones de sangre.
5
Mario José Valderrama Araque y Doralba Medina Torres.
6
Aunque en el auto de 19 de febrero de 2019 se dispuso requerir a la Universidad de Medellín, el oficio
fue dirigido a la Universidad de Antioquia.
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8 de agosto siguiente, los demandantes solicitaron que el pago, que se elevaba a 5
SMLMV, se dividiera entre los que pidieron la prueba.
El 11 de septiembre de 2019 se celebró la audiencia de pruebas; sin embargo, allí no
se había allegado el dictamen pericial, en aquella oportunidad, los apoderados del
Hospital Regional de Duitama y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Unidad Simón Bolívar desistieron de la prueba.
En consecuencia, la titular del despacho informó al apoderado de los demandantes,
que ante el desistimiento de la contraparte, los honorarios solicitados por la
Universidad de Antioquía correría íntegramente a cargo de sus poderdantes y le
concedió un término de 5 días para que informaran si aquellos costearían los gastos
de la experticia7.
En auto de 4 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Duitama resolvió sobre una solicitud de amparo de pobreza presentada por
la parte demandante, la cual fue concedida8 y, en ese sentido, decidió que el dictamen
pericial fuera elaborado por la Universidad de Antioquia, institución a la que le informó
que «a la parte a favor de quien se le decretó la prueba se le concedió amparo de
pobreza», para el efecto le concedió 15 días.
El 12 de noviembre de 2019 se continuó con la audiencia de pruebas; no obstante,
visto que no se había aportado la experticia, se aplazó la diligencia y se concedió 15
días más para que la Universidad de Antioquia cumpliera con lo ordenado. Aquí la
titular del despacho dejó constancia de que para ese momento no había transcurrido
el término inicial que le había otorgado a la universidad para rendir el dictamen.
En auto de 5 de diciembre de 2019, se resolvió dar por cerrada la etapa probatoria y
dar traslado para alegar de conclusión. Lo anterior, por cuanto a la fecha no se había
recibido la opinión profesional, en aquella oportunidad el juzgado manifestó: «Vencido
el citado plazo, la aludida experticia no fue aportada, frente a lo cual la parte actora no
ha efectuado pronunciamiento alguno».
Lo resuelto fue objeto de los recursos de reposición y apelación por parte de los
demandantes. En auto de 23 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Duitama consideró que el extremo activo había demostrado un
total desinterés, por cuanto no había acudido a la audiencia de pruebas [haciendo
referencia a la audiencia de 12 de noviembre de 2019] y «no hizo pronunciamiento
alguno una vez corrió el término otorgado para que se rindiera el tantas veces señalado
peritazgo», lo cual, a su juicio, demostraba un comportamiento pasivo y contradecía
su deber de demostrar los hechos materia de debate. Por lo tanto, negó la reposición
y rechazó la apelación.
Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de queja que fue
resuelto en auto de 5 de noviembre por el Tribunal Administrativo de Boyacá, autoridad
que evidenció mal rechazada la apelación y dispuso su admisión.
7
Lo ocurrido en esta audiencia fue cotejado en el audio respectivo, por cuanto el acta se encuentra
anexada de forma incompleta en el expediente.
8
A favor de los 3 sujetos que conforman la parte demandante, puesto que todos allegaron pruebas de
ser cabeza de familia.
4
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La alzada fue resuelta el 17 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
consideró que de acuerdo con el con el artículo 154 del C. G. P. los efectos del amparo
de pobreza operan a futuro, por lo que en este caso dicha prerrogativa no podía cobijar
la prueba que se había decretado previamente, aseguró que aquello era dotar de un
carácter retroactivo a la referida figura procesal.
Resaltó que, inicialmente, los gastos de la experticia debían ser pagados por todos los
sujetos procesales que la pidieron; no obstante, una vez la parte actora tuvo a su cargo
la totalidad del valor de la prueba es que pretendió el amparo de pobreza, lo que la
llevó a querer eximirse de sus cargas legales.
En consecuencia, confirmó la decisión de cerrar el debate probatorio y correr traslado
para alegar de conclusión.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la actora, el amparo de pobreza le fue concedido por cuanto no tiene los recursos
para costear el dictamen pericial, circunstancia económica que no ha sido superada y,
por lo tanto, no se entiende por qué el Tribunal Administrativo de Boyacá levantó la
garantía ya concedida por el a quo.
Aseguró que como demandante en el proceso ordinario, fue discriminada por su
condición económica al exigírsele el pago de una experticia que no está en condiciones
de asumir, lo que contradice lo dispuesto en el artículo 158 del C. G. P.
Señaló que la opinión profesional que no se ha recaudado es necesaria para
establecer la responsabilidad médica en el caso de la muerte de su hija, manifestó que
dicho medio probatorio es concordante con el objeto del litigio.
Con base en estos puntos, estimó que las accionadas estaban incurriendo en defectos
fáctico y procedimental absoluto.
Por otra parte, acusó la ocurrencia de un desconocimiento del precedente,
justificado de la siguiente manera.
De la sentencia T – 1165 de 2003, resaltó que si bien los jueces son autónomos en la
elección de las normas aplicables al caso y la forma en que se pueden interpretar de
manera concordante con el ordenamiento jurídico, no pueden apartarse de los hechos,
lo que a su juicio, pasó en este caso al desconocer el amparo de pobreza y las
condiciones en que se concedió.
Respecto de la sentencia T – 339 de 2018 consideró: «Puesto que, el inciso final del
art. 154 CGP, señala que “el amparado gozará de los beneficios que este artículo
consagra, desde la presentación de la solicitud.” No es menos cierto que el bloque de
constitucionalidad y de convencionalidad proclaman, garantizan y protegen la NO
DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN ECONÓMICA, pues mi condición de
vulnerabilidad económica no varía por la simple presentación del ruego de amparo de
pobreza, sino que dicho escrito es la manifestación expresa al juez de esa situación y
el auto que decreta el amparo no es constitutivo de mi situación económica la
cual obviamente es anterior» (Resaltado añadido por la Sala).
5
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Finalmente, de la sentencia T – 339 de 2018, expuso que la norma procesal no puede
interpretarse en un sentido restrictivo y que en este caso debe existir un trato
diferenciado a raíz de la situación económica de la señora Valderrama Medina.
Aunque la actora citó otras providencias del Consejo de Estado9, no ahondó respecto
de las reglas o criterios que presuntamente no podían ser desconocidos.
Finalmente, calificó de sospechosa la decisión de los hospitales que habían solicitado
la prueba pericial y que luego desistieron de aquella.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión de la
Sección Tercera, Subsección B de esta corporación admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Boyacá, así como al titular del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Duitama. A su vez, vinculó como terceros con interés directo a «los
gerentes de los hospitales Regional de Duitama ESE, Universitario San Ignacio,
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte – Unidad de Servicios de Salud Simón
Bolívar y Par Caprecom Liquidado, a los representantes legales de AXA Colpatria y la
Previsora SA, así como a los señores Doralba Medina Torres y Mario José Valderrama
Araque», quienes participaron como parte de los extremos del proceso ordinario.
En auto de 21 de junio de 2023 se vinculó a la Universidad de Antioquia como una de
las entidades demandadas.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Hospital Universitario San Ignacio
Para el secretario general y jurídico de esta institución, a la actora no se le están
vulnerando sus derechos fundamentales, por cuanto el amparo de pobreza fue
concedido y se ha aplicado adecuadamente.
Concordó con lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el sentido de
que dicha figura no puede operar de forma retroactiva, en ese sentido, si la prueba se
decretó el 19 de febrero de 2019, no podía verse cobijada por el amparo concedido en
octubre de ese año.
Aseguró que «los autos que pretende el tutelante dejar sin efecto corresponden a las
decisiones adecuadas para dar curso al trámite procesal, ante la OMISION Y
DESINTERES del demandante en el recaudo de la prueba pericial de su interés, pues
sabido es que deja de asistir a audiencias y tampoco acredita tramites de oficios, pago
de honorarios del perito ni absolutamente ninguna gestión probatoria a su cargo».
9
Procesos 11001-03-24-000-2021-00891-00 y 11001-03-15-000-2021-00147-00 de 16 de diciembre de
2021 y 23 de febrero de 2021, respectivamente.
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En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente el amparo.
1.6.2. Patrimonio autónomo de remanentes de Caprecom
A través de su vocera, Fiduprevisora, solicitó ser desvinculada del proceso de tutela
por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.
Con todo, consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora,
por lo que solicitó que negara la tutela.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá
El magistrado ponente de la decisión atacada afirmó que:
Vistos los antecedentes procesales, para la época en la que el Juzgado concedió
el amparo de pobreza el 4 de octubre de 2019, ya se encontraba definida la carga
económica de la prueba que fue decretada el 19 de febrero del mismo año, inclusive
la audiencia de pruebas del 11 de septiembre de 2019 fue suspendida a petición
del apoderado de la parte demandante, con el fin de darle oportunidad de discutir
con sus poderdantes lo relativo a la práctica del dictamen pericial que solicitaron en
el libelo introductorio.
Por lo tanto, de haberse asumido una decisión que extendiera los efectos del
amparo de pobreza a situaciones en firme implicaría un desconocimiento de lo
dispuesto en el inciso final del artículo 154 del Código General del Proceso y, de
todo lo actuado en el proceso, en vulneración del debido proceso de todos los
vinculados al mismo.
Aseguró que era deber del apoderado de los demandantes asesorarlos para que
solicitaran el amparo de pobreza desde el inicio del proceso, en lugar de esperar a que
la carga económica del dictamen recayera solamente sobre ellos.
Consideró que el artículo 152 del C. G. P. permite que dicha figura sea presentada
desde el inicio del proceso para «salvaguardar los efectos procesales de los que goza
aquel que es amparado por pobre».
Señaló que si bien es posible pedir el amparo de pobreza en cualquier momento del
proceso, esto «atiende a la posibilidad de que la situación económica de una de las
partes cambie en curso del mismo y, por lo tanto, requiera ser amparado por pobre
desde el momento de la presentación de la solicitud, más no a que, aquel que por su
propio descuido presenta solicitud de amparo en un estado posterior del proceso,
pretendiendo eximirse de gastos procesales ya generados».
Estimó que la segunda instancia del proceso ordinario es la instancia adecuada para
solicitar que se practique la prueba.
1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Duitama
La titular del despacho narró las actuaciones procesales y concluyó que:
Así las cosas, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo impetrada por el
accionante, radica en la decisión de no practicar la prueba y cerrar la etapa
probatoria, es importante indicar que el trámite impartido por este Despacho en el
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medio de control indicado en precedencia se ajustó a derecho y las decisiones allí
proferidas acataron los principios que rigen el debido proceso, el despacho trato por
todos los medios de que la prueba se practicara, accedió a la solicitud de
redireccionarla a otras entidades y otorgó plazos prudenciales para que se rindiera,
todo sin un resultado positivo, por lo que no podía paralizar el proceso
indefinidamente. Por el contrario, se debía velar por una administración de Justicia
célere y eficaz.
En virtud de lo anterior, no existe razón alguna para proferir decisión en contra de
este Despacho, ya que no se advierte alguna trasgresión a los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante en que haya incurrido este
Juzgado como se puede establecer en los antecedentes expuestos en precedencia,
por lo que se solicita se denieguen las pretensiones de la demanda.
1.6.5. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad Simón
Bolívar.
Esta entidad solicitó ser desvinculada de la presente tutela, por cuanto carece de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.6. Universidad de Antioquia
Este ente territorial explicó los motivos presupuestales que la llevaron a solicitar el
pago de unos honorarios para la realización del dictamen pericial, y por qué, a su juicio,
no vulneró los derechos fundamentales de la actora.
Sobre la imposibilidad económica de la accionante para sufragar los gastos, señaló
que de acuerdo con el artículo 167 del C. G. P. permite que el juez distribuya las cargas
probatorias imponiendo obligaciones a la parte que se encuentre en mejor posición
para aportarlas, este criterio puede estar fundado, entre otros, en el estado de
indefensión o de incapacidad en la que se encuentre la contraparte.
Igualmente, explicó que también se podría haber relevado a la universidad de la labor
y encomendarla a otra institución pública o privada que ofreciera el servicio por un
menor valor.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 21 de julio de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo por cuanto consideró que:
9) En conclusión, se advierte que la intención de la parte demandante es revivir la
discusión sobre la práctica de la prueba pericial y, aunque pretende darle el cariz
de vicio o defecto a dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que
fueron planteados en el recurso, los cuales fueron resueltos en las providencias
cuestionadas.
10) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que fue propio del proceso de reparación directa
y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan
su competencia.
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Respecto de la pretensión relativa a que la Universidad de Antioquia realice el
dictamen ordenado, consideró que era un asunto que había hecho tránsito a cosa
juzgada a través de las decisiones atacadas.
El magistrado Alberto Montaña Plata salvó voto por cuanto consideró que existía
mérito para conceder el amparo deprecado. Señaló que el motivo por el que se solicitó
el amparo de pobreza se debió a que las condiciones en que se decretó la prueba
cambiaron, puesto que inicialmente el costo de aquella estaba divido entre tres
mientras que luego fue impuesto totalmente a los demandantes.
En ese sentido afirmó:
Ahora bien, como la parte demandante estaba amparada por pobreza, naturalmente
no debía pagar las expensas y honorarios requeridos por la Universidad de
Antioquia para elaborar la experticia. Eso explica que la Universidad no realizara el
dictamen, pues había señalado que esas sumas debían cancelarse de forma previa.
La misma Universidad puso de presente esa situación, después de que se tuviera
por cerrada la etapa probatoria. En otras palabras, la omisión en la práctica de la
prueba no se debió a la inactividad de la accionante, sino a que no se pagaron las
expensas de la experticia, las cuales, se reitera, no debían ser pagadas por aquella,
dado el amparo que la cobijó y que le reconoció la misma autoridad que dio por
terminada la etapa probatoria.
Así las cosas, a la parte demandante se le puso en una situación imposible de
cumplir: se le reconoció un amparo de pobreza con ocasión de las expensas de una
prueba pericial que solicitó y, ante la falta de pago de las mismas (de la cual se vio
exenta por el amparo), se tuvo por desistida la prueba.
1.8. Impugnación10
Para la actora el caso sí tiene relevancia constitucional por cuanto se está dejando de
practicar una prueba necesaria para resolver el litigio, adicionalmente, considera que
con lo resuelto se está cerrando la etapa probatoria sin tener el sustento suficiente
para conocer la verdad.
Insistió en que está siendo discriminada por sus condiciones económicas cuando era
adecuado que se adoptaran medidas de diferenciación. Por lo demás, reiteró los
argumentos del escrito inicial y se adhirió a los argumentos esbozados en el
salvamento de voto.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 21 de julio de 2023, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
10
La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 10 de agosto de 2023 y el escrito de
impugnación fue radicado el 14 de agosto siguiente.
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2.2. Cuestión previa
En las contestaciones del patrimonio autónomo de remanentes de Caprecom y de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Unidad Simón Bolívar, las
entidades solicitaron ser desvinculadas del trámite constitucional por cuanto
consideran que carecen de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, se tiene que estas autoridades fueron vinculadas en calidad de terceras
con interés directo por ser parte en el proceso ordinario, no como entidades
accionadas, en ese sentido, se negará lo pretendido.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 21 de junio de 2023, a través de la cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la tutela
por no superar el requisito de la relevancia constitucional 11.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de
superarse; (iii) generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la primera instancia, la argumentación presentada por la parte actora no
cumple con la sustentación adecuada para superar el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto que consideró que lo pretendido era reabrir el debate surtido
en el proceso ordinario y repetir los argumentos expuestos en los recursos intentados
allí.
Para resolver, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte
Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal12 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” 14
11
Aunque en el fallo el a quo no dijo expresamente que se incumplía el requisito de la relevancia
constitucional, se entiende que hace referencia a aquel a juzgar por la argumentación.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
10
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(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”15 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”16
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal18. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 19 en los que incurrió la
decisión atacada.
Verificado el escrito inicial y las providencias atacadas, esta Sala considera necesario
apartarse del criterio del a quo y, en su lugar, dar por superado ese requisito,
parcialmente, como pasa a explicarse.
De acuerdo con el relato de la actora y los argumentos expuestos, ella y los demás
demandantes en un proceso de reparación directa fueron cobijados por un amparo de
pobreza dirigido a que se practicara una prueba pericial sin que se les pudiera exigir
el pago de honorarios de su parte.
Según explicó, a pesar de ser beneficiaria de la prerrogativa, las autoridades
accionadas se abstuvieron de practicar el dictamen porque no realizó pago alguno, lo
que, a su juicio, contradice la naturaleza del amparo de pobreza y, adicionalmente,
evita que se elabore una experticia necesaria para establecer los motivos de la muerte
de una niña de 9 años, su hija.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
18
Ibid.
19
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
11
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Ahora bien, de ser cierta la acusación de la señora Valderrama Medina, esto implicaría
que las autoridades judiciales desconocieron un auto ejecutoriado que ya había
concedido la referida protección y que había señalado sus alcances, lo que podría
conllevar a una vulneración directa al debido proceso por haberse generado un cambio
en las condiciones en que aquel fue concedido.
Adicionalmente, debe recordarse que el amparo de pobreza es una figura de eminente
raigambre constitucional, en tanto que fue creada con la finalidad de garantizar el
acceso a la administración de justicia sin distinción de la condición económica de
ciudadano que lo requiera, de ahí que sus efectos y alcance no se queden en una
mera discusión legal.
Aunado a lo expuesto, evidencia la sala que lo discutido en la reparación directa es la
posible responsabilidad médica de unas entidades que atendieron a una niña, debate
que implica el estudio de un área de conocimiento que, por regla general, es ajena a
los jueces, esto es, los aspectos técnicos de la prestación del servicio de salud, en ese
sentido, el dictamen pericial se erige, para estos casos, como una prueba que permite
a los juristas (tanto al juez como a los abogados de las partes) acceder a dicho
conocimiento a través de un experto que resuelva las dudas que pueden surgir a la
mencionada actividad.
En ese sentido, la negativa a practicar dicha prueba tiene un claro potencial de afectar
la decisión a la que se llegue en la sentencia.
No obstante, sobre la manifestación de la actora, relativa a que resulta sospechoso
que el Hospital Regional de Duitama y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Unidad Simón Bolívar, hubieran desistido de la prueba, no se advierte la relevancia
constitucional puesto que solo fue parte de un señalamiento sobre la inconformidad de
la actora sin desarrollo argumentativo alguno que tenga relación con la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, la Sala anticipa que se revocará el fallo de 21 de julio de 2023
proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.4.2. Sobre el agotamiento de todos los medios de defensa, en este caso no se
evidencia que falten recursos u otros mecanismos pendientes de agotar previo a acudir
a la acción de tutela, esto por cuanto la decisión atacada fue objeto de reposición,
apelación e incluso queja, sin que queden vías ordinarias para discutir lo resuelto.
Ahora bien, para el magistrado ponente de la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, lo solicitado por la accionante puede ser resuelto si solicita
que la prueba sea practicada en la segunda instancia, se entiende, una vez se profiera
la sentencia de primera instancia.
Al respecto, debe decirse que la eventual insistencia probatoria que pueda hacer la
señora Valderrama Medina en caso de tener que ir a una segunda instancia luego de
la sentencia, no tiene la capacidad de ser tomada como un mecanismo idóneo.
Nótese que, si la accionante solicita el dictamen ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá, igualmente tendrán que costearse unos honorarios y, por lo tanto, requerirá
que le sea concedido un amparo de pobreza; no obstante, ya se habría generado el
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antecedente que ahora se discute según el cual, para su caso en concreto, dicha figura
no puede cobijar el dictamen que se decretó desde la audiencia de 19 de febrero de
2019 y donde, adicionalmente, se le endilga una conducta omisiva y negligente con
sus cargas probatorias.
Adicionalmente, se tiene que la solicitud probatoria de la segunda instancia no es el
momento procesal idóneo y efectivo para oponerse a las decisiones que fueron
adoptadas en la primera instancia, como sí lo son los recursos que ya se agotaron.
Por lo tanto, se tendrá por superado el requisito de la subsidiariedad respecto del auto
de 17 de febrero de 2023.
Cosa distinta ocurre con la petición de que se ordene a la Universidad de Antioquia
que elabore el dictamen pericial en cuestión, aspecto respecto del cual no es posible
que el juez de tutela se pronuncie.
Lo anterior, por cuanto la presente acción de tutela se contrae a establecer si la
decisión de cerrar el debate probatorio, como fue justificada, es vulneradora de los
derechos fundamentales de la actora o no, en ese sentido, de proferirse el amparo
sobre dicho aspecto, la mencionada etapa procesal será reabierta y, por lo tanto, lo
atinente a cómo y quién debe practicar la experticia hará parte de las decisiones que
deba adoptar el juez natural del proceso de reparación directa, dentro de las garantías
y oportunidades propias que ofrece aquel medio de control.
Siendo así, lo atinente a los deberes de la Universidad de Antioquia para auxiliar el
proceso judicial será declarado improcedente por no superar el requisito de la
subsidiariedad.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez, para el efecto, debe tenerse en cuenta que la última
decisión atacada data del 17 de febrero de 2023 por lo que, al margen de la fecha de
ejecutoria, la acción de tutela se radicó oportunamente 20.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201421, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que se controvierte fue proferida dentro de un proceso de reparación
directa.
20
Se recuerda, el escrito inicial se radicó el 3 de mayo de 2023.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.»
13
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2.5. Generalidades de los defectos alegados
La actora manifestó que se habían configurado tres defectos, entiéndase, el fáctico,
el procedimental absoluto y el de desconocimiento del precedente.
2.5.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 23 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver
Omisión de el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue
decreto y práctica negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
de pruebas negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
indispensables pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
para fallar el que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
asunto a la configuración del defecto, ya que este procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que
se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
probatorio aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
determinante para juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
23
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
14
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d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.
15
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2.5.2. Respecto del defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional24 precisó
que se incurre defecto procedimental cuando la autoridad judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, y establece las siguientes posibilidades para la configuración del cargo en
mención: i) el juez se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente, esto es,
desvía el cauce del asunto; ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente, con lo cual afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes del proceso; y (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo
proceso, con lo que se vulnera el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación.
Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional25 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía,
de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se
presente una vulneración a los derechos fundamentales.
2.5.3. Referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el
precedente es aquella regla creada por una alta corte como órgano de cierre en
determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las
sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «[…] debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso,
sin una actividad creadora del juez»26.
2.6. Caso concreto
Verificados los argumentos de la acción de tutela, aunque se alegó el defecto fáctico,
el desconocimiento del precedente y el defecto procedimental absoluto, se advierte
que todos los señalamientos confluyen el último de aquellos tres, como pasa a
explicarse.
Del estudio de las decisiones adoptadas y los fundamentos de la acción de tutela, la
Sala evidencia que en las decisiones sobre las razones para cerrar el debate
probatorio en el medio de control de reparación directa en cuestión se presentaron
falencias procedimentales de tal grado que resulta necesaria la intervención del juez
constitucional.
24
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
25
Ibidem.
26
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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Para el efecto, debe resaltarse que en casos de responsabilidad médica, la prueba
pericial constituye uno de los elementos más importantes para que el juez pueda llegar
a la verdad de lo que ocurrió en la prestación del servicio de salud, en palabras de la
Sección Tercera de esta corporación «en cuanto a los dictámenes periciales la Sala
resalta, en primer lugar, su especial conexidad con la historia clínica que les sirve de
fundamento, pues solo contando con la información completa acerca de cómo se
prestó el servicio es posible determinar, con un dictamen pericial, si el daño puede
considerarse como causado por la atención médica» 27.
Esto no quiere decir que el juez deba desconocer las cargas procesales de las partes
respecto de dicho medio probatorio; no obstante, si aquel fue decretado y existe la
posibilidad real de que sea practicado, es deber del fallador tomar medidas para
superar los obstáculos formales y lograr su obtención, en especial, en un caso como
el discutido en el proceso de reparación directa donde se está estudiando la posible
responsabilidad de las entidades demandadas en la muerte de una niña.
Ahondando en los argumentos esbozados por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
se tiene que para confirmar la decisión de cerrar el debate probatorio sin la mencionada
experticia se expresaron dos argumentos puntuales: (i) la presunta desatención de la
parte demandante con sus cargas probatorias y (ii) que el amparo de pobreza no podía
tener un efecto retroactivo.
Para el primer punto, se debe tener en cuenta que en las providencias cuestionadas
nunca se especificó cuál fue la carga probatoria que desatendió la parte actora, en
efecto, solo se dijo que había permanecido en silencio respecto de que aquella no se
hubiera aportado; no obstante, verificadas las audiencias y los autos previos, no se
evidencian cuáles eran las actuaciones pendientes a partir de las que se le pudiera
calificar de negligente.
Incluso, respecto de su inasistencia a la audiencia de pruebas de 12 de noviembre de
2019 no se expresó de alguna forma cómo influyó esto en que no se practicara la
prueba pericial. Diligencia que, debe recordarse, se celebró antes que venciera el
término para que se presentara el dictamen requerido.
De la lectura de los autos demandados, no se advierte que el Juzgado Segundo
Administrativo de Duitama o el Tribunal Administrativo de Boyacá hayan explicado cuál
fue el acto necesario para continuar con el trámite del proceso y que los demandantes
hayan omitido, al respecto, se limitan a afirmar que hubo una «falta de interés» en la
práctica del dictamen pericial; no obstante, esta manifestación se queda en una mera
acusación que no fue precedida por las reglas procesales para llegar a esa
conclusión28.
Debe recordarse que, para que la Universidad de Antioquia realizara el dictamen
pericial, los demandantes de la reparación directa debían consignar unos honorarios;
no obstante, fueron eximidos de esa obligación en el auto de 4 de octubre de 2019 en
virtud del amparo de pobreza, por lo que era necesario que las autoridades accionadas
27
Proceso: 660012331000201000222 01, sentencia de 13 de julio de 2022, Sección Tercera,
Subsección B. Allí mismo se manifestó: «Tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia,
en los procesos de responsabilidad médica resultan de particular importancia dos medios de prueba: la
historia clínica y el dictamen pericial».
28
Ver artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.
17
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explicaran en qué consistía aquella «falta de interés» teniendo en cuenta lo resuelto
en la mencionada providencia.
Aquí se llama la atención en que no se observa de parte de la juez intento alguno de
desplegar acciones para concretar la orden proferida por ella misma, téngase en
cuenta que, en casos como este, la ley permite que se inicien incidentes de desacato,
el uso de facultades correccionales o, incluso, como lo propone la misma Universidad
de Antioquia, la aplicación de la carga dinámica de la prueba en atención a las
condiciones de los demandantes.
Lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia de la prueba en cuestión y, en especial,
la calidad de la víctima cuyas causas de muerte se están poniendo en tela de juicio,
se recuerda, una niña.
Aunado a lo expuesto, se observa que de parte del Tribunal Administrativo de Boyacá
se presentó la mayor irregularidad que amerita el amparo y que es el aspecto en el
que más se centra la actora cuando asegura que dicha autoridad desconoció el
amparo de pobreza del que era beneficiaria y las condiciones en que se concedió,
levantó de plano dicha prerrogativa y le enrostró la falta de pago de los honorarios del
peritaje.
Para este punto, debe tenerse en cuenta que en este caso se tienen 2 momentos
claramente diferenciados: (i) lo relativo al otorgamiento del amparo de pobreza que se
concretó mediante el auto de 4 de octubre de 2019 y; (ii) la decisión de cerrar el debate
probatorio a causa de que la Universidad de Antioquia no allegaba el dictamen pericial,
lo que se resolvió en el auto de 5 de diciembre de 2019.
Lo anterior es relevante por cuanto en el auto de 17 de febrero de 2023 el Tribunal
Administrativo de Boyacá se pronunció de fondo de manera indiscriminada
desconociendo el principio de limitación, además de que se sustentó en un presunto
ejercicio retroactivo del amparo de pobreza sin un fundamento razonable, como pasa
a explicarse.
Mediante auto de 4 de octubre de 2019, en el ejercicio de su autonomía judicial, la juez
segunda administrativa del Circuito Judicial de Duitama, encontró que se cumplían los
requisitos para conceder amparo de pobreza y expresamente señaló que, a raíz de
ello, la Universidad de Antioquia debía elaborar un dictamen pericial. Esta decisión
quedó en firme sin recursos de las partes. Nótese que allí quedó definido no solo la
pertinencia del amparo, sino también su alcance.
En el auto de 5 de diciembre de 2019, la misma funcionaria, señaló que, a raíz de que
la Universidad de Antioquia no había aportado la experticia, a pesar de que mediaba
una orden judicial, y que por la falta de intervención de la parte demandante, se cerraría
el debate probatorio.
Fue contra esta decisión que el extremo activo interpuso recurso de reposición y
apelación, en ese sentido, la alzada se concretaba en establecer si, a raíz de la falta
de respuesta de la Universidad de Antioquia y el presunto desinterés de la parte
demandante era jurídicamente posible dejar de practicar la prueba y cerrar la etapa
respectiva, a pesar de que dicho medio probatorio se encontraba cubierto por un
amparo de pobreza cuyo otorgamiento y finalidad ya no estaba en discusión.
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No obstante, el Tribunal Administrativo de Boyacá en el auto de 17 de febrero de 2023,
decidió ir más allá de lo resuelto en el auto de 5 de diciembre de 2019 y se pronunció
de fondo sobre lo decidido en la providencia de 4 de octubre de 2019, para resolver
que, a su juicio, el amparo de pobreza no podía cobijar la prueba pericial por cuanto
esta fue decretada previamente.
Debe resaltarse que, el alcance del amparo de pobreza fue una decisión adoptada por
el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama en un auto ejecutoriado distinto de
aquel que se estaba apelando, siendo así, el Tribunal Administrativo de Boyacá
desbordó los límites de la alzada al pronunciarse sobre el particular y, más aún, al
modificarlo según su criterio.
Aunado a lo anterior, se observa que el fundamento con el cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá decidió que el amparo de pobreza no podía cobijar la prueba
pericial resulta contrario a lo acaecido en el proceso y no encuentra fundamento
razonable.
Para llegar a la anterior conclusión, la Sala recuerda que el artículo 152 de la Ley 1564
de 2012 dispone:
ARTÍCULO 152. OPORTUNIDAD, COMPETENCIA Y REQUISITOS. El amparo
podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la
demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.
El solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones
previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio
de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.
Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra
al proceso, que actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la
demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar,
simultáneamente la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud
de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la
demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo.
Téngase en cuenta que, expresamente, la norma dispone que el amparo de pobreza
podrá solicitarse antes de la presentación de la demanda o «durante el curso del
proceso».
Ahora bien, el artículo no establece condición alguna a que la petición se radique
durante el curso del proceso; no obstante, es evidente que con dicha premisa el
legislador contempló la posibilidad de que, mientras se desarrolla el litigio, la partes
pueden encontrarse ante eventualidades que les impida asumir las cargas procesales.
Una de esas posibilidades es la variación de la situación económica de una de las
partes; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el artículo 152 dejó abierto
cuáles eran los eventos por los cuales puede presentarse el amparo de pobreza en el
transcurso del proceso.
Partiendo de lo anterior, se tiene que, en el medio de control de reparación directa,
para la elaboración del dictamen se fijó una suma de 5 SMLMV (alrededor de
$4 140 580 en valores de 2019) que, en un principio, serían asumidos por los tres
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demandantes y dos de las instituciones hospitalarias demandadas, es decir, cada parte
debía allegar alrededor de 1.6 SMLMV ($1 324 985).
Sin embargo, a raíz del desistimiento de la prueba, la suma en su totalidad quedó a
cargo de la señora Alba Luz Valderrama Medina y sus familiares.
Es decir, fue hasta el 11 de septiembre de 2019, en la audiencia de pruebas en la que
se aceptó el desistimiento, que se informó que los demandantes debían pasar de
responder por 1.6 SMLMV, entre las tres personas que conforman el extremo activo,
a tener que pagar 5 SMLMV.
Ahora bien, aunque la prueba fue decretada en audiencia inicial de 19 de febrero de
2019, lo cierto es que en ese momento ni siquiera se había fijado alguna suma
dineraria a cancelar por ella, es decir, no se le podía exigir, como pretende el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que los demandantes del proceso ordinario solicitaran el
amparo de pobreza en esa oportunidad, puesto que no podían saber si se generaría
algún gasto que les afectara a tal punto que requirieran dicha opción.
Es aquí donde cobra relevancia la tipología abierta del artículo 152 del Código General
del Proceso respecto de los motivos por los que puede solicitarse el amparo de
pobreza en el curso del proceso, puesto que es un sustento válido para esta figura que
se genere una carga procesal abrupta que la amerite.
Nótese que antes del 11 de septiembre de 2019, las tres personas que demandaron
la reparación directa solo sabían que para la elaboración del dictamen pericial debían
pagar, entre ellas, un valor menor a un millón y medio de pesos y, fue en esa diligencia,
que la carga procesal se triplicó, evento que los llevó a solicitar el amparo de pobreza.
Ahora bien, ante esta variación abrupta de las cargas procesales y que se presentó
por una decisión de la contraparte, la juez segunda administrativa del Circuito Judicial
de Duitama les concedió un término de 5 días para manifestarse, momento en el cual
se solicitó referido amparo.
Siendo así, no puede calificarse como retroactiva la declaración del amparo de
pobreza, en tanto que la petición se radicó dentro del término concedido por la
autoridad judicial para pronunciarse justamente respecto de la modificación de la carga
procesal que la motivó y, por el contrario, es irracional exigirle a los demandantes que
elevaran el requerimiento desde que se decretó la prueba sin tener en cuenta el
momento en que tuvieron claridad sobre la obligación pecuniaria que les correspondía.
En ese orden de ideas, el auto de 17 de febrero de 2023 no solo fue proferido con total
desconocimiento de una regla procesal básica de los recursos de apelación como lo
es el principio de limitación, sino que, adicionalmente, las consideraciones sobre la
supuesta retroactividad del amparo de pobreza resultaron carentes de fundamento
racional.
Por lo expuesto, se concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Alba Luz Valderrama
Medina y, en consecuencia, se dejarán sin valor ni efecto la providencia de 17 de
febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en su lugar, se
ordenará a la mencionada autoridad que, dentro de un término de 10 días contados a
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partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo que se
ajuste a las consideraciones de esta sentencia.
Respecto del derecho a la igualdad, no se advierten circunstancias por las cuales
pueda considerarse vulnerado, por lo que se negará su amparo.
Sobre las normas internacionales referidas por la actora, bastará con señalar que el
ordenamiento jurídico interno contiene suficiente desarrollo legal y jurisprudencial
respecto de la materia y del alcance del debido proceso y el acceso a la administración
de justicia, por lo que, para este caso particular, no se observa la necesidad de agotar
el control de convencionalidad que se sugiere en el escrito inicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el patrimonio
autónomo de remanentes de Caprecom y la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E., Unidad Simón Bolívar.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Alba Luz Valderrama Medina.
CUARTO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia de 17 de febrero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en su lugar, se ORDENA a la
mencionada autoridad que, dentro de un término de 10 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo que se ajuste a
las consideraciones de esta sentencia.
QUINTO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado respecto de la decisión
de desistir de la prueba pericial por parte del Hospital Regional de Duitama y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Unidad Simón Bolívar.
SEXTO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado respecto de la pretensión
de ordenar a la Universidad de Antioquia que elabore el dictamen pericial ordenado
dentro del proceso ordinario.
SÉPTIMO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad.
OCTAVO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
NOVENO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
(con salvamento de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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