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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02240-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02240-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia de 2 de junio de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó la acción de tutela para, en su lugar, declarar su improcedencia por falta de relevancia constitucional, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02240-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

10 de agosto de 2023

Demandantes: Sandra Yolanda Arboleda Urrea y otros
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02240-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02240-01
Demandantes: SANDRA YOLANDA ARBOLEDA URREA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia. Defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. Responsabilidad del Estado por muerte de
persona privada de la libertad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 2 de junio de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Las señoras Sandra Yolanda Arboleda Urrea, Manuela Ospina Arboleda y
Valeria Ospina Arboleda, por conducto de apoderado, presentaron acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia de 14 de diciembre de 2022 proferida
por la mencionada autoridad judicial, en la cual se revocó la decisión dictada el
30 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 05001-23-31-000-2010-01738-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, las actoras solicitaron:

“5.1. Tutelar los derechos fundamentales invocados en la presente acción de

1
Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Sandra Yolanda Arboleda Urrea y otros
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02240-01

amparo.

5.2. En consecuencia, revocar sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera […] del Consejo de Estado del 14 de
diciembre de 2022 dentro del proceso radicado con el numero interno 56536.

5.3. Dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 14 de diciembre de 2022,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera. Como consecuencia, se
ordene a esa autoridad judicial que, en un lapso no mayor a veinte (20) días,
profiera una providencia de reemplazo en la que aplique el precedente
jurisprudencial de la Sección [Tercera] del Consejo de Estado analizado en esta
providencia.

5.4. Se profieran las demás medidas que a bien tenga en considerar el juez de
tutela, con el fin de garantizar los derechos constitucionales”.2

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora relató que el señor Juan Camilo Ospina Toro fue capturado el
26 de enero de 2001 por ser presunto autor de los delitos de homicidio y porte
ilegal de armas y mediante sentencia de 29 de octubre del 2001, el Juzgado
Primero Penal de Medellín lo halló responsable y le impuso una pena de 25
años y 6 meses de prisión.

Narró que el 21 de julio de 2008 el señor Juan Camilo Ospina Toro falleció
como consecuencia de “una arritmia cardiaca secundaria a una intoxicación
exógena con cocaína”, durante su reclusión en el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín.

Aludió que el 19 de julio de 2010 promovió el medio de control de reparación
directa contra la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en
adelante INPEC, con el propósito de obtener el reconocimiento de los perjuicios
originados por la muerte del señor Juan Camilo Ospina Toro, dado que se
encontraba bajo su custodia, vigilancia y seguridad.

Señaló que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia que,
mediante sentencia de 30 de julio de 2015 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el INPEC incumplió sus deberes
de custodia y seguridad frente al recluso, pues la inadecuada vigilancia permitió
que el interno tuviera acceso a las sustancias alucinógenas.

Explicó que en la anterior providencia se redujo el monto de la condena
impuesta en un 50%, pues el hecho también se produjo por la conducta de la
víctima, quien “desconoció las normas de los centros de reclusión y consumió
sustancias alucinógenas, hasta el punto de una sobredosis”.

Mencionó que la parte demandante y el INPEC interpusieron recurso de
apelación. La primera, por cuanto el tribunal erró al no reconocer el daño a la
vida de relación y los perjuicios materiales solicitados y la entidad demandada

2
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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Demandantes: Sandra Yolanda Arboleda Urrea y otros
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reiteró que el actuar ilegítimo y culposo del recluso consistente en el consumo
de cocaína, fue la causa eficiente y determinante de su deceso.

Adujo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en
providencia de 14 de diciembre de 2022, revocó el fallo del a quo y negó las
súplicas de la demanda, tras concluir que el daño antijurídico no era imputable al
INPEC, toda vez que se acreditó la culpa determinante y exclusiva de la víctima,
pues su muerte se derivó del consumo voluntario y excesivo de drogas.

Precisó que dicha colegiatura consideró que, aunque era posible inferir que el
INPEC no realizó una debida requisa a las visitas ni a los reclusos, este hecho
no fue determinante en la producción del daño, pues el ingreso de una sustancia
prohibida a un establecimiento carcelario no ocasiona la muerte automática del
recluso.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte tutelante, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, incurrió en defecto sustantivo por realizar una interpretación
contra legem de acuerdo con el precedente fijado por el Consejo de Estado en
torno a la concurrencia de culpas cuando los internos fallecen por el consumo
de alcaloides o alcohol estando privados de la libertad.

Indicó que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico al “dar como
probados hechos sin que realmente exista prueba de los mismos”, pues no se
acreditó si la sustancia consumida por el señor Juan Camilo Ospina Toro fue
ingresada por él, uno de sus visitantes, otro recluso, un tercero o por un
funcionario del INPEC, así como tampoco se demostró si su muerte se originó
por un homicidio o suicidio.

Aludió que la anterior situación llevaba también a la colegiatura tutelada a
incurrir en el referido yerro, al no valorar “una realidad probatoria determinante
en el desenlace del proceso”, como lo fue la negligencia del INPEC por permitir
el ingreso del alcaloide al centro de reclusión y no prestar permanente cuidado
al recluido.

Invocó el “defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”, con
respaldo en que la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación
resolvió un caso similar3, en el cual condenó al INPEC por la muerte de un
interno que sufrió una intoxicación exógena por ingesta de cianuro, cocaína y
alcohol etílico, sin perjuicio de que existiera una concausa por el hecho de la
víctima, tesis que también fue aplicada en otro fallo proferido por la misma
colegiatura accionada.4

Puso de presente que la autoridad judicial accionada sostuvo que el Estado
puede exonerarse de responsabilidad si se acredita que el daño es imputable
exclusivamente a la víctima, pero no tuvo en cuenta que en el evento de que
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de abril de 2014, radicado
25000-23-26- 000-2003-01965-01 (32408), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2015,
radicado 25000-23- 26-000-1999-02377-02 (26984), M.P. Guillermo Sánchez Luque.

3
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Demandantes: Sandra Yolanda Arboleda Urrea y otros
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exista concurrencia de culpas en la producción del daño, al demandado no se le
eximirá de su responsabilidad, sino que se reduce el valor de la reparación.

Finalmente, consideró que la providencia debatida adolece de violación directa
de la Constitución, por cuanto se vulneraron sus derechos fundamentales y la
subsección cuestionada no tuvo en cuenta el principio de interpretación y su
propia jurisprudencia relacionada con la concurrencia de culpas en asuntos
semejantes al que nos ocupa.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 5 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la
parte actora y como demandados a los magistrados de la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación; además, vinculó al Tribunal Administrativo
de Antioquia, al INPEC y a la Compañía de seguros La Previsora S.A.5, en
atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la institución se pronunció con escrito
de 11 de mayo del año en curso, por medio de cual solicitó que se declare la
improcedencia de la acción constitucional o se nieguen las pretensiones, pues el
actor no interpuso el recurso extraordinario de revisión, sus pretensiones son de
contenido económico y existe cosa juzgada sobre la materia.

1.5.2. Compañía de seguros La Previsora S.A.

En respuesta enviada el 12 de mayo de 2023 la representante legal de la
compañía afirmó que la parte actora no aportó pruebas al proceso de reparación
directa en las que demostrara que el INPEC tenía conocimiento de la existencia
de la droga, pues la entidad implementó las medidas de seguridad razonables
para evitar el ingreso de ese tipo de elementos.

Agregó que la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión de
conformidad con abundante jurisprudencia sobre el tema objeto de debate, por
lo que no se vulneraron los derechos fundamentales de las actoras y se debía
denegar el amparo solicitado.

1.5.3. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe el 15 de mayo
del presente año, en el cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela

5
Sociedad llamada en garantía por la parte demandada dentro del proceso de reparación
directa.
6
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 10 de mayo de 2023 y aviso publicado en la
página web del Consejo de Estado en la misma fecha.

4
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por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, dado que las
accionantes pretenden reabrir una nueva discusión de los hechos y las pruebas
valoradas por el juez natural, sin que se promueva la sustentación de una
verdadera transgresión de índole ius fundamental.

Destacó que si bien las actoras señalaron los derechos fundamentales
vulnerados, ello lejos de revelar una clara y marcada importancia constitucional
frente a la decisión proferida por esa subsección, evidencia la mera
insatisfacción de los intereses de las tutelantes y su intención de convertir al
juez de tutela en natural de la causa para reevaluar la controversia objeto de la
litis presentada ante el contencioso administrativo.

Puntualizó que en la providencia debatida se realizó un estudio razonado de las
pruebas obrantes en el plenario y advirtió que los precedentes citados en el
escrito de tutela no contienen una regla jurídica relevante y sus supuestos de
hecho no son lo suficientemente similares a los del caso concreto.

Además, remitió copia del expediente digital del proceso de reparación directa
con radicado 05001-23-31-000-2010-01738-00/01 por intermedio de la
Secretaría de la Sección Tercera de esta corporación.

1.5.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a que fue debidamente
notificado de la existencia del presente trámite, guardó silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia de 2 de
junio de 2023, luego de encontrar cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad7 abordó el estudio de los defectos invocados por la parte actora,
análisis a partir del cual resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela de
la referencia.

Explicó que los reparos de las actoras se enmarcaban únicamente en el i)
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas sobre las
circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Ospina Toro y ii) el
desconocimiento de la jurisprudencia relacionada con la responsabilidad del
Estado por muertes de reclusos dentro de establecimientos carcelarios.

Concluyó que no se configuraba el defecto fáctico planteado porque la autoridad
judicial accionada advirtió que, en efecto, el INPEC inobservó lo dispuesto en los
artículos 2º de la Constitución, 44 y 55 de la Ley 65 de 19938, así como 22 y 23

7
Al respecto, explicó que: “i) la parte actora indicó de manera clara los hechos y las razones en
que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional porque se
afirma la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, y se identifican los defectos en los que habría incurrido la providencia
acusada (fáctico y desconocimiento del precedente); iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para
la protección de sus derechos fundamentales antes de acudir al juez de tutela; iv) la solicitud se
presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la providencia cuestionada se
profirió el 14 de diciembre de 2022 y la tutela se presentó el 2 de mayo de 2023, es decir, dentro
del término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación como por la Corte
Constitucional; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.”
8
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

5
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del Acuerdo 011 del 31 de octubre de 19959, pues permitió el ingreso de un
alcaloide que no tenía utilidad en el contexto del centro penitenciario ni era
requerido para el desempeñó de labores indispensables de los reclusos.

Sin embargo, la subsección cuestionada precisó que una vez valorados
conjuntamente los medios de prueba del proceso, tal hecho no fue determinante
en la producción del daño, “pues el ingreso al establecimiento de una droga
prohibida no ocasiona la muerte automática del recluso. Esta se causa por su
consumo voluntario y excesivo, a sabiendas de las consecuencias nocivas que
puede producir en la salud.”

A su vez, hizo referencia a que se encontró probado que el señor Juan Camilo
Ospina Toro consumió voluntariamente cocaína y su muerte se produjo por una
“intoxicación exógena por el uso ilegal de dicho alcaloide; hecho que por demás
resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada”; esto, por
cuanto no existía prueba que indicara que el recluso sufrió presiones o que
estableciera alguna condición especial física o psíquica que le permitiera al
INPEC adelantar las actividades tendientes a evitar el desenlace.

En cuanto al desconocimiento del precedente relacionado con muertes de
presos ocasionadas dentro de cárceles, evidenció que la subsección tutelada
aplicó la postura reiterada10 sobre la materia, según la cual, el Estado podrá
exonerarse de responsabilidad siempre y cuando se encuentre acreditada una
causal eximente, como lo es el hecho exclusivo de la víctima.

Para finalizar, aludió que en la providencia en cuestión se explicó que cuando el
fallecimiento deviene de la voluntad del privado de la libertad de acabar con su
vida, en principio, no habría lugar a atribuirle responsabilidad a la
administración, salvo que se compruebe que dicha determinación no fue una
decisión voluntaria de la persona, sino que obedeció a coacciones ejercidas o
fue producto de una enfermedad mental.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 21 de junio del año en
curso11, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia al considerar que
el a quo incurrió en varias “falencias argumentativas”, pues no era cierto que la
colegiatura accionada profirió su decisión con sustento en el último criterio
sobre el tema en discusión, dado que la teoría de la concausa no ha sido
modificada para establecer la responsabilidad del INPEC por la muerte de

9
“Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios.”
10
“i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2007,
expediente No. 24972, reiterada en (ii) sentencia de la misma Subsección del 23 de mayo de
2012, expediente No. 24325. (iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 12 de agosto de 2013, expediente No. 31.087. (iv) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2017, expediente No. 40590. (v) Consejo de Estado;
Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente No. 17605. (vi) Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente No. 18562. (vii) Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1o de abril de 2019, Rad. 42671.”
11
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el mismo día, es decir, el 21 de junio de 2023.

6
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reclusos por el consumo de sustancias prohibidas.

Cuestionó la afirmación relativa a que el interno se suicidó, pues no existe algún
dictamen que concluya esto y es una consideración ilógica, que no concuerda
con las reglas de la experiencia, debido a que el interno se encontraba
recibiendo beneficios administrativos y estaba próximo a cumplir su condena.

Señaló que no se estudiaron todos los cargos planteados en la tutela, como lo
fueron: i) defecto sustantivo, dado que la interpretación “de la norma” al caso
concreto no fue razonable; ii) defecto fáctico por no valorarse,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; iii) violación directa de la Constitución, toda vez que se vulneraron sus
derechos fundamentales y no se tuvo el principio de interpretación; y iv) se
desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema en discusión.

En su sentir, el defecto fáctico planteado en la solicitud de tutela no se estudió
en el fallo de primera instancia, pues al no estar plenamente demostrado que el
interno consumió la sustancia voluntariamente, es probable que alguien le haya
proporcionado en una bebida o en un alimento, sin su consentimiento.

Trajo a colación el salvamento de voto del magistrado Jaime Enrique Rodríguez
Navas a la sentencia controvertida, el cual no se había publicado al momento
en que promovió la tutela y radicó en que, en su concepto, existió una
concurrencia de culpas dada la relación causal que había entre la omisión de
las obligaciones de vigilancia y control sobre el ingreso de sustancias prohibidas
al centro carcelario a cargo del INPEC y la culpa de la víctima.

Reiteró el desconocimiento del precedente fijado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado12 consistente en la concurrencia de culpas, pues se debía
condenar al INPEC por la muerte de un interno por falla en el servicio, sin
perjuicio de que existiera una concausa por el hecho de la víctima, el cual aún
se encuentra vigente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, el 2 de junio de 2023, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 201513, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la

12
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de abril de 2014,
radicado 25000-23-26-000-2003-01965-01 (32408), M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2015, radicado 25000-
23- 26-000-1999-02377-02 (26984), M.P. Guillermo Sánchez Luque.”
13
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

7
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decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de
superarse lo anterior, deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201214,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos...”.

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación modificó su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él,
es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)

14
Proferida dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8
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inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 señaló que
este presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

“(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”

Sobre el particular, se tiene que el a quo consideró que este presupuesto se
cumplía en el caso que nos ocupa, con sustento en que la parte actora invocó la
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, además identificó los defectos en los que
habría incurrido la autoridad judicial cuestionada.

Además, señaló que los cargos planteados no fueron objeto de análisis en el
medio de control de reparación directa y si bien la parte demandante apeló la
sentencia de primera instancia en dicho proceso solo lo hizo en relación con el
tipo de los daños y el monto de los perjuicios reconocidos, pues en lo demás fue
favorable a sus intereses.

Según se tiene, en el fallo de primera instancia se advirtió que los yerros
expuestos en la tutela se enmarcaban únicamente en el i) defecto fáctico por
indebida valoración de “las pruebas” sobre las circunstancias en las que se
produjo la muerte del señor Ospina Toro y ii) desconocimiento del precedente
relacionado con la responsabilidad del Estado por muertes de reclusos dentro
de establecimientos carcelarios, cuyo análisis llevó a que se negara el amparo
solicitado.

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Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02240-01

En la impugnación, la parte actora indicó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, no abordó todos los yerros que planteó en la tutela, los
cuales fueron:

i) Defecto sustantivo, dado que la interpretación de la norma al caso concreto no
fue razonable; ii) defecto fáctico por no valorarse, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; iii) violación
directa de la Constitución, toda vez que se vulneraron sus derechos
fundamentales y no se tuvo el principio de interpretación; y iv) se desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema en discusión.

Así las cosas, la Sala advierte que en el caso en estudio no se cumple este
presupuesto en lo concerniente al defecto sustantivo15, teniendo en cuenta que
la parte accionante no cumplió con la carga mínima de identificar la norma que
presuntamente fue interpretada de forma arbitraria y caprichosa por la
subsección accionada, lo cual es necesario para verificar la configurarción de
este yerro.

Nótese que los planteamientos expuestos para sustentar la configuración del
aludido cargo giraron en torno a la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa
a la concurrencia de culpas cuando fallece una persona privada de la libertad,
razón por la cual el a quo consideró que el asunto se debía analizar bajo la luz
del defecto por desconocimiento del precedente.

En lo referente al defecto fáctico se encuentra que también carece de
relevancia constitucional, toda vez que de lo afirmado en la tutela y reiterado en
la impugnación no se puede deducir con claridad cómo la corporación accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Lo anterior, por cuanto la parte actora se limitó a mencionar que la colegiatura
tutelada “[dio] como probados hechos sin que realmente exista prueba de los
mismos”, pues no se demostró la forma en que el señor Juan Camilo Ospina
Toro obtuvo la droga que consumió y falleció, así como por no valorar “una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso”, como lo fue la
negligencia del INPEC.

Entonces, tales planteamientos no conciernen a la omisión en el decreto o
práctica de una prueba concreta, así como tampoco en la indebida valoración de
algún elemento probatorio obrante en el plenario del medio de control en
cuestión, sino a las inconformidades que tiene la parte actora en torno al análisis
probatorio que realizó la subsección en cuestión, por ser contrario a sus
intereses.

Vale la pena resaltar que en las acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales de una alta corte se exige la observancia de una carga argumentativa

15
Para la Sala, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, el defecto sustantivo se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica”.

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mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica específica, con el
propósito de que se expliquen los motivos por los cuáles un proveído vulnera los
derechos fundamentales invocados.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo
deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia, cuyo
análisis se pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que la
decisión es irrazonable y que con ella se quebrantan garantías constitucionales.

Además, esta acción constitucional no constituye una tercera instancia en la que
la intervención del juez implique la realización de un nuevo estudio de todos los
medios de convicción aportados al proceso objeto de reproche y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la sentencia que se pretende
controvertir en sede de tutela.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”, puesto
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
“asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

Ahora bien, en la solicitud de tutela también se planteó el posible
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado que atañe a
la responsabilidad del Estado por muertes de reclusos dentro de
establecimientos carcelarios y la concurrencia de culpas, al igual que la
violación directa de la Constitución, cargos respecto de los cuales tampoco
se cumple con el requisito de procedibilidad de que se trata.

Esto, por cuanto la parte actora pretende retrotraer la discusión sobre el régimen
de responsabilidad estatal en el caso concreto y la tesis aplicada por el juez
natural al momento de abordar las pretensiones de la reparación directa, lo que
a la postre no deriva en una discusión sobre el alcance de los derechos
fundamentales invocados, sino que abre la posibilidad a una tercera instancia.

En efecto, se observa que en la providencia objeto de reproche, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, hizo referencia a la postura de esa
corporación16 en los casos de lesiones o muerte de reclusos, según la cual, el
Estado podrá exonerarse de responsabilidad, siempre y cuando se encuentre
acreditada una causal eximente de responsabilidad, como la culpa exclusiva de
la víctima, en los siguientes términos:

“En punto de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de lesión o
muerte de personas que se encuentran recluidas en establecimiento carcelario, la

16
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24972, reiterada en sentencia de la misma subsección
del 23 de mayo de 2012, exp. 24325.”

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jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado17 y de la
Corte Constitucional18 han sostenido que el régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado aplicable, en principio, es de corte objetivo. Ello, teniendo
en cuenta que estas personas se encuentran bajo una relación especial de
sujeción frente al Estado19.

En todo caso, la postura reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado20
ha sostenido que en los casos de lesiones o muerte de reclusos el Estado podrá
exonerarse de responsabilidad, siempre y cuando se encuentre acreditada una
causal eximente de responsabilidad, v.gr. el hecho exclusivo de la víctima, para lo
cual se requiere que haya una actuación u omisión por parte de quien sufrió un
daño, que dicha actuación sea determinante en la producción del daño y que esta
sea imprevisible, irresistible y exterior a la actividad de la entidad demandada, con
independencia de su calificación dolosa o culposa21.

...En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente
de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la
conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir,
que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y
determinante en la producción o resultado del hecho lesivo22 o que haya
contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla.”

Al tenor de la citada tesis y, en concordancia con el material probatorio obrante
en el plenario, concluyó que el daño antijurídico no era imputable a la entidad
demandada por haberse acreditado la culpa exclusiva de la víctima, pues fue la
conducta del propio perjudicado la que resultó determinante en la acusación del
hecho lesivo, en tanto que su comportamiento consistente en el consumo de
una sustancia prohibida fue lo que condujo a su propia muerte.

Arribó a tal razonamiento a partir de la certificación emitida por el médico
forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien
dictaminó que el recluso Juan Camilo Ospina Toro falleció como consecuencia
natural y directa de una arritmia cardiaca, secundaria a una “intoxicación
exógena con cocaína”, así como del informe de la necropsia de 28 de julio de
2008, en el que se conceptuó que el recluso “…no presentaba lesiones

17
“Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 14 de julio de 2005, rad. 15389; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de
2011, rad. 22063; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 31087; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014,
exp. 33605; Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766,”
18
“Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción la Corte Constitucional
ha señalado: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas
que se encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de sujeción”,
dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio
de ciertos derechos de los internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los
criterios de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad. Sentencia T-266 de 2013. En
el mismo sentido ver, entre otras, sentencias T-596 de 1992, T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-
705 de 1996, T-153 de 1998, T-966 de 2000, T-687 de 2003, T-175 de 2012, T-232 de 2017, T-
143 de 2017”.
19
“Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18886.”
20
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24972, reiterada en sentencia de la misma subsección
del 23 de mayo de 2012, exp. 24325”.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 11 de mayo de 2017, Exp.
40590.
22
“Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 17605. Consejo
de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 18562.”

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externas, tenía sangrado nasal y bucal escaso. Sin lesiones de violencia.”

De este modo, explicó que estaba demostrado que el fallecimiento del recluso
Juan Camilo Ospina Toro ocurrió cuando se encontraba bajo una relación de
especial sujeción con el Estado, es decir, mientras cumplía una condena23 y los
daños originados a los ciudadanos recluidos en establecimientos carcelarios
suponen, en principio, una ruptura en el equilibrio de las cargas públicas24, en
razón de la relación especial de sujeción existente entre la persona privada de
la libertad y la administración25.

No obstante, consideró que la muerte del interno no era atribuible al INPEC ni
siquiera aún bajo un título objetivo de responsabilidad, toda vez que dicho
suceso tuvo origen exclusivo en el comportamiento ilegal y negligente de la
propia víctima, en tanto su actuación consistente en el consumo de una
sustancia psicoactiva fue determinante en la producción del hecho, el cual
resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada.

Como se puede observar el presunto desconocimiento del precedente alegado
por la parte actora busca reabrir el debate en torno a la tesis aplicable en
materia de responsabilidad estatal por muerte de reclusos en establecimientos
penitenciarios y carcelarios, y controvertir la postura adoptada por el juez
natural en ejercicio de su autonomía, por lo cual no está permitido al juez de
tutela interferir en la labor del operador judicial de cara a decidir el caso
concreto, más aún tratándose de una sentencia dictada por la alta Corporación
accionada, caso en el que el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional es aún más restrictivo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia de 2 de junio de 2023, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó la acción de tutela
para, en su lugar, declarar su improcedencia por falta de relevancia
constitucional, por los motivos descritos anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

23
Por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Medellín.
24
“Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 14 de julio de 2005, rad. 15389; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de
2011, rad. 22063; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 31087; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014,
Exp. 33605; Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 18800. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766.”
25
“Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006. Rad.: 20.125.”

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Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02240-01

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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