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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02248-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02248-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02248-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de junio de 2023

Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02248-00
Demandante: SILVIA DE JESÚS ENCINALES SANABRIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria, actuando en nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Con la
solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración de justicia.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudica al auto de 27 de abril
de 2023, proferido dentro del proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-008-
2004-01384-02. En esta decisión, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó
el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la providencia de
16 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena2.

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 En este proveído se le negó a la tutelante la entrega de unas sumas de dinero recaudadas en

el marco del proceso ejecutivo referenciado.

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Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
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referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

Que, por ser procedente y para amparar derechos fundamentales de la suscrita
accionante, mujer de 73 años y cuatro meses de edad, lo cual indica que me
encuentro muy cerca de alcanzar el promedio de vida probable y padezco de
insuficiencia renal, hipertensión y pre diabetes, afecciones de salud que reducen
ostensiblemente mi promedio de vida probable, deje sin efecto el auto de fecha
abril 27 de 2023 que rechazò el recurso de apelación presentado por mi mandatario
judicial contra el auto de noviembre 16 de 2022, proferido por el juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena en el proceso ejecutivo seguido de
sentencia radicado No. 13-001-33-33-008-2004-01384-00. Demandante: Silvia
Encinales Sanabria. Demandado: ESE HOSPITAL LA CANDELARIA del municipio
de Rio Viejo – Bolívar.

Como consecuencia de lo anterior, que resuelva - sin dilaciones -, el recurso de
apelación, por ser procedente al haber sido promovido contra un auto que
MODIFICÒ inconstitucional e ilegalmente una medida cautelar debidamente
decretada.

Que mientras no haya resuelto el Tribunal Administrativo de Bolívar el recurso de
apelación presentado contra el auto de noviembre 16 de 2022, que modificó la
medida cautelar decretada y confirmada, se abstenga de disponer la entrega de
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) - Sistema
General de Participaciones - que han sido embargados legítimamente por las
EPSS MUTUAL SER y NUEVA EPS, en cumplimiento de la medida cautelar
decretada por ese juzgado con auto de junio 30 de 2022 y confirmada por auto de
agosto 8 de 2022. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

4. Por sentencia de 30 de septiembre de 2013, proferida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-008-2004-
01384-02, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
condenó a la E.S.E. Hospital Local de la Candelaria del municipio de Rioviejo
(Bolívar) a reintegrar a la señora Encinales Sanabria al cargo que ocupaba y a
pagarle los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde
su desvinculación hasta el reintegro.

5. Con ocasión de lo anterior, la señora Encinales Sanabria inició un proceso
ejecutivo contra la E.S.E. Hospital Local de la Candelaria del municipio de
Rioviejo (Bolívar). Mediante auto de 16 de febrero de 2022, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena decretó el embargo y secuestro
del 30% de los ingresos brutos que recibiera la ejecutada «por concepto de
contratos de prestación de servicios, facturas de venta pendientes por pagar por
servicios de asistencia médica, saldos de liquidación o remanentes por parte de
las siguientes instituciones: MUTUAL SER (NIT 8060083947) y NUEVA

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EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A.»3.

6. Se especificó que la medida cautelar era procedente por provenir de una
obligación contenida en una sentencia ejecutoriada de naturaleza laboral.
Asimismo, que el embargo decretado no recaía en recursos del régimen
subsidiado, ni de aquellos provenientes de la Nación, del Fosyga 4, del
departamento de Bolívar y del municipio de Rioviejo.

7. La anterior decisión fue apelada por la accionante del medio de control. El
recurso se resolvió mediante el auto de 10 de mayo de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el sentido de ordenar al juez de primera instancia
resolver el anterior memorial como una solicitud de adición de la providencia de
16 de febrero de 2022. Ello, teniendo en cuenta que lo que perseguía la actora
era obtener pronunciamientos sobre la medida cautelar que no fueron definidos
por el a quo.

8. Por medio de auto de 30 de junio de 2022, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena aclaró que en el marco de la
medida cautelar era posible embargar los recursos de destinación específica del
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP), «si y solo si se verificaba
que para asegurar la cancelación de dichos créditos resultaban insuficientes los
ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial».

9. La Nueva E. P. S. solicitó que se informara si se ratificaba la medida
cautelar, luego de advertir que no está permitido el embargo de recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ende, mediante auto de 8 de
agosto de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena confirmó la medida cautelar decretada en la providencia de 30 de junio
de 2022. No obstante, aclaró que el embargo también era viable sobre los
recursos provenientes del SGP «si y solo si se verificaba que para asegurar la
cancelación de dichos créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de
libre destinación de la respectiva entidad territorial».

10. Así las cosas, mediante Oficio 0355 de 18 de agosto de 2022, el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena le comunicó la anterior
decisión confirmatoria a la Nueva E. P. S.

11. Posteriormente, la señora Encinales Sanabria solicitó la entrega de los
dineros retenidos en el marco del proceso ejecutivo. Sin embargo, por auto de 16
de noviembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena negó lo solicitado y ordenó que se oficiara a la Nueva E.P.S. para que
informara si los dineros recaudados a favor de este proceso pertenecían al
régimen subsidiado.

12. Lo anterior, tras revisar en la documentación del expediente una

3 El monto del embargo se delimitó a $1.746.213.762.
4 Fondo de Solidaridad y Garantía.

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intervención de Mutual Ser E. P. S. en la que manifestó que los recursos sobre
los que recae la medida pertenecen al régimen subsidiado. Al respecto, explicó
que de conformidad con la sentencia T-053 de 2022 de la Corte Constitucional,
los recursos provenientes de las cotizaciones del Sistema General de Seguridad
Social en Salud son inembargables sin excepción alguna.

13. La accionante apeló la anterior decisión, con fundamento en que con la
decisión de no entregarle las sumas recaudadas se estaba modificando la
medida, pues cuando se decretó se estableció que recaía sobre conceptos del
Sistema General de Participaciones. No obstante, por auto de 27 de abril de
2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar «rechazó por improcedente» el
recurso. Expuso que, la apelación es viable solamente cuando la providencia
objetada niega, decreta o modifica las medidas cautelares y este no es el caso.
Como fundamento de lo anterior, indicó lo siguiente:

Aunque el juez de instancia consideró que los bienes retenidos por MUTUAL SER
EPS son inembargables, con base en las razones allí expuestas, en realidad con
esa decisión no modifica la medida cautelar, por el contrario, continua vigente, solo
es que se consideró que los bienes embargados como consecuencia de la
ejecución de la medida decretadas si cuentan con esa naturaleza. (Sic a toda la
cita).

1.4. Sustento de la vulneración

14. La accionante refirió que el auto de 27 de abril de 2023, adolece de los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

15. Frente al yerro sustantivo, aludió que se aplicó indebidamente el
numeral 5º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA). Indicó
que el auto de 16 de noviembre de 2022, en el que el juez de primera instancia
negó la entrega de los dineros retenidos sí modificó la medida cautelar de
embargo inicial decretada con el auto de 30 de junio de 2022 y dicha
circunstancia implica que sí sea procedente la apelación. Esto, dado que en la
citada providencia se ordenó el embargo de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, puntualmente los provenientes del SGP, por parte de
Mutual Ser E.P.S. y Nueva E.P.S.

16. Así las cosas, dado que en la providencia de 16 de noviembre de 2022 se
exceptuó del embargo los recursos del SGP del régimen subsidiado, se modificó
la medida cautelar primigenia.

17. Sobre el desconocimiento del precedente, señaló que el defecto se
cimentó sobre las siguientes sentencias de la Corte Constitucional « T 053 de
2022, C 546 de 1992, C 013 de 1993, C 017 de 1993, C 337 de 1993, C 555 de
1993, C 103 de 1994, C 263 de 1994, C 354 de 1997, C 402 de 1997, SU 995 de
1999, T 1210 de 2000, T 149 de 2001, C 793 de 2002, C 566 de 2003, T 1195 de
2004, C 192 de 2005, C 1154 de 2008, SU 484 de 2008, C 539 de 2010, C 543
de 2013, C 313 de 2014, C 066 de 2016». Sin embargo, no justificó de forma

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alguna en qué consistió la presunta desatención de esas decisiones judiciales.

18. Agregó que la sentencia T-053 de 2022 de la Corte Constitucional recogió
el precedente de los fallos mencionados en el párrafo anterior, en cuanto a la
procedencia del embargo de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social y del SGP.

19. Finalmente, en lo que atañe al defecto fáctico, precisó que el tribunal
accionado omitió valorar algunos elementos de prueba para fundamentar el auto
de 27 de abril de 2023. Infirió que de haber realizado el estudio del material que
mencionó, hubiese concluido que el auto de 16 de noviembre de 2022 sí modificó
la medida cautelar. Las pruebas referenciadas en el escrito de tutela son las
siguientes:

• La medida cautelar en concreto.
• La solicitud de embargo de los recursos inembargables por encontrarse
dentro de las excepciones previstas en la jurisprudencia constitucional
para que se permita por esa vía la retención de los dineros del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
• El auto de 10 de mayo de 2022.
• El auto de 30 de junio de 2022.
• La aceptación de Mutual Ser E.P.S. de la medida cautelar.
• La solicitud de confirmación de la medida cautelar enviada por la Nueva
E.P.S.
• El Oficio 0355 de 2022 que le confirmó el embargo a Nueva E.P.S.
• El Oficio 10333-2022 en el que la Nueva E.P.S. le comunicó al juzgado
que le dará cumplimiento a la medida cautelar.
• Los certificados de depósito judicial constituidos por Mutual Ser E.P.S. y
Nueva E.P.S.

1.5. Trámite de la acción

20. Mediante auto de 5 de mayo de 2023, se admitió la acción constitucional
de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados al
Tribunal Administrativo de Bolívar y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena. Asimismo, se dispuso vincular como tercera con interés a
la E. S. E. Hospital Local La Candelaria del municipio de Rioviejo. También se
notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

21. Manifestó que la acción de tutela solamente es viable contra providencias
judiciales cuando la decisión del juzgador es abierta y manifiestamente contraria
a la Constitución y al orden jurídico. En especial, cuando se advierte una
vulneración al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

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22. Añadió que el expediente contentivo de la providencia objetada fue
enviado al Tribunal Administrativo de Bolívar para que desatara un recurso de
apelación contra el auto de 16 de noviembre de 2022, pero no ha sido devuelto.
Pese a ello, enfatizó que las providencias que se han pronunciado sobre las
medidas cautelares han dejado en claro que el embargo no pesa sobre recursos
del régimen subsidiado. En ese sentido, alegó que no ha habido modificación
alguna.

23. Concluyó que todas las decisiones dictadas al interior del proceso
ejecutivo se ha motivado de forma razonada y suficiente.

1.6.2. E. S. E. Hospital Local La Candelaria del municipio de Rioviejo

24. Señaló que todas las providencias dictadas en el curso del proceso
ejecutivo, especialmente la que es objeto de debate, se encuentran
ejecutoriadas.

25. Añadió que a la tutelante se le han respetado todas las oportunidades para
presentar recursos y por ello no es cierto que se le hayan transgredido las
garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Destacó que el apoderado de la actora ha recurrido en distintas
oportunidades varias de las decisiones dictadas en el proceso ejecutivo y se le
han resuelto sus solicitudes.

26. Sostuvo que el auto de 16 de noviembre de 2022 no modifica, decreta o
niega la medida cautelar. Allí solamente se le negó la entrega de los dineros
recaudados a la señora Encinales Sanabria. Adicionó que en la citada decisión
se reafirmó la medida cautelar.

27. Finalmente, aclaró que no hay fundamento alguno que indique que a la
actora se le niega el derecho al trabajo.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, pese a ser notificados en debida forma, no
rindieron informe.

1.6.4. Luego, por auto de 19 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador
advirtió la necesidad de vincular a este trámite a Mutual Ser E.P.S. y a la Nueva
E. P. S., en atención a las intervenciones efectuadas en el trámite del proceso
ejecutivo. Pese a ser debidamente notificadas, guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal de Bolívar y el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.º 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. Con fundamento las anteriores consideraciones, la Sala advierte que la
señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria conforma el extremo accionante
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió el auto de 27 de abril de 2023 .
Por tanto, es titular de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso. En consecuencia, goza de legitimación en la
causa por activa.

31. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar y
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena se
encuentran legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las
autoridades que han tramitado el proceso ejecutivo en el que se dictó la
providencia objetada.

32. No obstante, el problema jurídico se limitará a estudiar si las garantías
constitucionales mencionadas fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo
de Bolívar únicamente, dado que los cargos expuestos en el acápite de
fundamentos de la vulneración solamente atacan el auto de 27 de abril de 2023,
proferido por esa autoridad judicial.

2.3. Problemas jurídicos

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

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34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

● ¿El Tribunal de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Encinales
Sanabria al proferir el auto de 27 de abril de 2023, por incurrir en los defectos
fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente?

35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se

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38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala corroborará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02248-00

2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

42. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional11.

43. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

44. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

45. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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46. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.

47. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto

48. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona el auto de 27 de abril de 2023, en el que el Tribunal
Administrativo de Bolívar resolvió que no era procedente el recurso de apelación
contra la providencia de 16 de noviembre de 2022. En la última providencia se
negó la entrega de unas sumas recaudadas en el marco de la medida cautelar
decretada en el proceso ejecutivo con radicado 13001-33-33-008-2004-01384-
02.

49. En términos generales, precisó que la decisión incurrió en defecto
sustantivo (indebida interpretación del numeral 5º del artículo 243 de la Ley 1437
de 2011), defecto fáctico (por omitir la valoración de distintos elementos de
prueba) y desconocimiento de varias sentencias de tutela de la Corte
Constitucional. Todo lo anterior, con fundamento en que el auto de 16 de
noviembre de 2022 sí modificó la orden de embargo inicial y esa circunstancia
hace viable el recurso de apelación contra esta decisión, contrario a lo afirmado
por el tribunal en el auto reprochado.

50. Visto lo expuesto, para esta colegiatura los cargos esgrimidos en el escrito
de tutela no superan el requisito general de la relevancia constitucional por las
razones que pasan a explicarse.

51. Se resalta que la providencia objeto de estudio se dictó al interior de un
proceso ejecutivo, el cual se presentó por la parte actora con ocasión de una
sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que le fue favorable porque
ordenó que se le reintegrara a un cargo dentro de la E.S.E. vinculada a este
trámite y el correspondiente pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde la desvinculación hasta el reintegro. Se añade que el auto de 27
de abril de 2023 declaró improcedente un recurso de apelación contra el proveído
que negó la entrega de unas sumas de dinero a favor de la tutelante.

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52. Así las cosas, lo primero que se advierte es que el objeto de la tutela
contiene intrínsecamente una pretensión económica consistente en que se le
entregue el dinero recaudado con la medida cautelar de embargo. A ello se
adiciona que, pese a que indicó que se le vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, esta Sala no
advierte carga argumentativa constitucional respecto de las garantías
mencionadas, que se relacione con los cargos propuestos.

53. Si bien la accionante infiere que el auto que declaró improcedente el
recurso de apelación presentado contra la providencia de 16 de noviembre de
2022 adolece de los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y
sustantivo, no se evidencia cómo a partir de la eventual configuración de dichos
cargos se vulnerarían los derechos fundamentales deprecados.

54. Cabe aclarar que la declaratoria de improcedencia del tribunal se
fundamentó en que, de conformidad con el artículo 243 del CPACA solo procede
la apelación contra los autos que decreten, nieguen o modifiquen la medida
cautelar, y el auto objeto de la apelación resolvió la solicitud de entrega de los
dineros embargados, al tiempo que reafirmó la decisión cautelar.

55. Así las cosas, se tiene que lo que solicita la señora Encinales Sanabria por
esta vía es que se analice nuevamente la procedencia del recurso de apelación
contra el auto de 16 de noviembre de 2022, pese a que el tribunal accionado le
explicó en la providencia de 27 de abril de 2023 que el recurso no resultaba
procedente y las razones por las que se llegó a tal determinación, de conformidad
con la norma aludida como desconocida y con la sentencia T-053 de 2022 de la
Corte Constitucional.

56. Con base en lo anterior, en sentir de este cuerpo colegiado, la tutelante
tiene como fin último la entrega de unos dineros y no cumplió con la carga de
identificar desde el punto de vista constitucional las razones por las que la
autoridad judicial accionada le vulneró sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, pretende que en esta sede se analice si resulta viable la
interposición del recurso de apelación contra el auto de 16 de noviembre de 2022
de conformidad con el artículo 243 del CPACA y la sentencia T-053 de 2022,
pese a que la providencia objetada se sustentó precisamente tanto en la norma,
como en la sentencia alegadas como desconocidas.

57. Así las cosas, para la Sala se reitera que no se satisfizo el requisito de la
relevancia constitucional. De forma resumida, porque: (i) la acción de tutela
contra providencias judiciales no fue diseñada para someter a debate cuestiones
de índole económico, (ii) el escrito de la demanda carece de la carga
argumentativa que indique porqué se vulneraron los derechos presuntamente
quebrantados y, (iii) se pretende utilizar este mecanismo como una instancia
adicional del proceso ejecutivo.

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2.7. Conclusión

58. Se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la referencia,
puesto que no supera el examen del requisito general de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por la
señora Silvia de Jesús Encinales Sanabria contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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