Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02248-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02248-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02248-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02248-01
Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La parte actora pretende reabrir un debate ya
surtido y crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo con lo decidido en el
proceso – el asunto carece de carga argumentativa
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 1° de junio de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 3 de mayo de 2023, Silvia de Jesús Encinales Sanabria, interpuso demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y de acceso a la administración
de justicia. Estima que tales prerrogativas fueron presuntamente vulneradas al
proferir los autos de 27 de abril de 2023 y de 16 de noviembre de 2022, dentro del
proceso ejecutivo1, que promovió contra la E.S.E Hospital Local la Candelaria del
municipio de Rio Viejo.
2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas, se tiene que:
3.- Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2013, proferida en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 , el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena condenó a la E.S.E. Hospital Local
de la Candelaria del municipio de Rioviejo, a reintegrar a la accionante al cargo que
1 Tramitada con el número de radicado: 13001-33-33-008-2004-01384-02.
2 Tramitada con el número de radicado: 13-001-33-31-008-2004-01384-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02248-01
Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
ocupaba en la entidad al momento de su desvinculación, o a uno equivalente; y a
pagar los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde su
desvinculación hasta la fecha de su reintegro.
4.- Con ocasión del incumplimiento del pago de los salarios, prestaciones y demás
emolumentos que la accionante dejó de percibir durante el período de su
desvinculación, la entonces demandante inició un proceso ejecutivo contra la E.S.E.
Hospital Local de la Candelaria.
5.- Mediante auto de 16 de febrero de 2022, el Juzgado 8°Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena decretó el embargo y secuestro del 30% de los ingresos brutos
de la entidad ejecutada “por concepto de contratos de prestación de servicios,
facturas de venta pendientes por pagar por servicios de asistencia médica, saldos
de liquidación o remanentes por parte de las siguientes instituciones: MUTUAL SER
y NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A.”3.
6.- La anterior decisión fue objeto de apelación por la parte actora. En el mencionado
recurso la accionante manifestó que, mediante los autos de 14 de febrero, 4 de junio
y 10 de julio de 2019, el Juzgado 8°Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
ya había decretado la medida cautelar de embargo y secuestro de recursos de la
E.S.E. Hospital Local la Candelaria del municipio de Rio viejo, exceptuando
expresamente recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (en
adelante SGP), del Fosyga y del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que
el auto proferido el 16 de febrero de 2022 era idéntico en su redacción a las anteriores
providencias y emitió una orden que más de dos años atrás ya había sido proferida
sin resultado positivo alguno. Con fundamento en lo anterior, adujo que la
providencia objeto de apelación omitió resolver la medida cautelar pedida, ya que en
esta se solicitó de manera expresa el embargo y secuestro, de los recursos del
Sistema de Seguridad Social en Salud que debían pagar a la E.S.E. Hospital Local
la Candelaria las EPS MUTUAL SER y la NUEVA EPS.
7.- Mediante el auto de 10 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
ordenó al juez de primera instancia resolver el memorial elevado por la actora como
una solicitud de adición de la providencia de 16 de febrero de 2022. Lo anterior, al
considerar que lo pretendido por la accionante era obtener un pronunciamiento sobre
aspectos que no fueron definidos por el a quo en relación a la medida cautelar
decretada.
8.- A través del auto de 30 de junio de 2022, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena aclaró que en el marco de la medida cautelar era posible
embargar los recursos de destinación específica del Sistema General de
Participaciones, “si y solo si se verificaba que para asegurar la cancelación de dichos
3 Inicialmente la autoridad judicial fijó el monto del embargo en $1.746.213.762.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación de la
respectiva entidad territorial”.
9.- El 27 de julio de 2023, la Nueva E. P. S. solicitó al Juzgado 8° Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena informar si se ratificaba la medida cautelar decretada,
luego de advertir que los recursos objeto de la medida cautelar eran inembargables
al hacer parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
10.- Mediante auto de 8 de agosto de 2022, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena confirmó la medida cautelar decretada en la providencia de 30
de junio de 2022 y aclaró que el embargo también era viable sobre los recursos
provenientes del SGP “si y solo si se verificaba que para asegurar la cancelación de
dichos créditos resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación
de la respectiva entidad territorial”.
11.- Posteriormente, la señora Encinales Sanabria solicitó la entrega de los dineros
retenidos en el marco del proceso ejecutivo. Sin embargo, por auto de 16 de
noviembre de 2022, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
negó lo solicitado y ordenó que se oficiara a la Nueva E.P.S. para que informara si
los dineros recaudados pertenecían al régimen subsidiado en salud. Lo anterior,
debido a que Mutual Ser EPS manifestó a la autoridad judicial que los recursos sobre
los que recaía la medida pertenecían a dicho régimen, razón por la cual eran
inembargables sin excepción alguna.
12.- Inconforme con la decisión adoptada, la accionante interpuso recurso de
apelación. Allí manifestó que la decisión de no entregarle las sumas recaudadas en
el proceso ejecutivo modificaba la medida cautelar decretada, pues inicialmente el
Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena estableció que la
referida medida recaía sobre todos los conceptos del Sistema General de
Participaciones.
13.- Mediante auto de 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar
rechazó por improcedente el recurso, al considerar que solo las decisiones que
niegan, decretan o modifican las medidas cautelares pueden ser objeto de apelación
y en el caso objeto de estudio la decisión adoptada en primera instancia no
modificaba la medida cautelar decretada pues esta continuaba vigente pese a que el
Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena consideró que los
bienes retenidos por Mutual Ser EPS eran inembargables.
14.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales, al incurrir en los siguientes
defectos:
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
15.- Sustantivo, debido a que el Tribunal aplicó de forma indebida el numeral 5° del
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA). Indicó que el auto de 16
de noviembre de 2022, en el que el juez de primera instancia negó la entrega de los
dineros retenidos sí modificó la medida cautelar de embargo inicial decretada con el
auto de 30 de junio de 2022, razón por la cual el recurso de apelación interpuesto si
era procedente, pues el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
ordenó el embargo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, puntualmente los provenientes del SGP, por parte de Mutual Ser E.P.S. y
Nueva E.P.S. de modo que al exceptuar del embargo los recursos del SGP del
régimen subsidiado, la autoridad judicial modificó la medida cautelar primigenia.
16.- Desconocimiento del Precedente, por no aplicar las reglas establecidas en la
sentencia T-053 de 2022, fallo en el que la Corte Constitucional recopiló el
precedente fijado en las sentencias C 546 de 1992, C 013 de 1993, C 017 de 1993,
C 337 de 1993, C 555 de 1993, C 103 de 1994, C 263 de 1994, C 354 de 1997, C
402 de 1997, SU 995 de 1999, T 1210 de 2000, T 149 de 2001, C 793 de 2002, C
566 de 2003, T 1195 de 2004, C 192 de 2005, C 1154 de 2008, SU 484 de 2008, C
539 de 2010, C 543 de 2013, C 313 de 2014 y C 066 de 2016.
17.- Y Fáctico, al no valorar: (i) la medida cautelar en concreto; (ii) la solicitud de
embargo de los recursos inembargables por encontrarse dentro de las excepciones
previstas en la jurisprudencia constitucional para que se permita por esa vía la
retención de los dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud; (iii) el
auto de 10 de mayo de 2022; (iv) el auto de 30 de junio de 2022; (v) la aceptación de
Mutual Ser E.P.S. de la medida cautelar; (vi) la solicitud de confirmación de la medida
cautelar enviada por la Nueva EPS; (vi) el Oficio 0355 de 2022 que le confirmó el
embargo a Nueva E.P.S.; (vii) el Oficio 10333-2022 en el que la Nueva E.P.S. le
comunicó al juzgado que le daría cumplimiento a la medida cautelar; y (viii) Los
certificados de depósito judicial constituidos por Mutual Ser E.P.S. y Nueva E.P.S.
B. Sentencia de primera instancia
18.- Mediante sentencia de 1° de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el recurso de amparo al considerar que no superaba el
examen del requisito general de relevancia constitucional. Al respecto, precisó que:
(i) la parte actora no cumplió con la carga de identificar desde el punto de vista
constitucional las razones por las que la autoridad judicial accionada le vulneró sus
derechos fundamentales y (ii) la accionante pretendía utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ejecutivo, pues los alegatos allí expuestos estaban
orientados a que se realizara un nuevo análisis sobre la procedencia del recurso de
apelación contra el auto de 16 de noviembre de 2022, pese a que el Tribunal
accionado le indicó en la providencia de 27 de abril de 2023 que el recurso no
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resultaba procedente de conformidad con el artículo 243 del CPACA y con la
sentencia T-053 de 2022 proferida por la Corte Constitucional.
C. La impugnación
19.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación para
insistir en los argumentos expuestos en el libelo introductorio. Además, manifestó
que:
20.- El a quo desconoció los principios de informalidad y oficiosidad que rigen el
trámite de las acciones de tutela, incluso en aquellos casos en los que estás se
dirigen en contra de una providencia judicial. En este punto manifestó que al ser
enfermera y no abogada, sus conocimientos jurídicos no eran lo suficientemente
amplios, por ello adujo que pese a haber sustentado en debida forma la acción de
tutela, el juez de primera instancia le exigió “con excesivo rigorismo, posiblemente
sustentaciones con palabras jurídicas técnicas y citas normativas que [la accionante
desconoce]”.
21.- La acción de tutela sí cumple con el requisito general de relevancia
constitucional debido a que: a) la accionante es una mujer de 73 años y cuatro meses
de edad que padece de insuficiencia renal, hipertensión y pre diabetes; b) durante 4
años no había sido posible obtener los recursos necesario para garantizar el
cumplimiento del fallo proferido el 30 de septiembre de 2013 en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó en contra de la
E.S.E Hospital Local la Candelaria; c) mediante auto de 30 de junio de 2022 el
juzgado decretó el “embargo de recursos inembargables” de la entidad ejecutada, es
decir los recursos del SGP provenientes de los pagos que debían efectuar Mutual
Ser EPS y Nueva EPS; d) a través del auto de 8 de agosto de 2022, al pronunciarse
sobre la negativa de la Nueva EPS de embargar los recursos provenientes del SGP,
en específico aquellos provenientes del régimen subsidiado, el Juzgado 8°
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena ratificó la medida cautelar adoptada
en el auto de 30 de junio de 2022 y explicó la procedencia del embargo de dichos
recursos; e) si en los autos de 30 de junio y 8 de agosto de 2022, el Juzgado 8°
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena hubiera pretendido exceptuar de la
medida cautelar los recursos del régimen subsidiado, el embargo de los recursos del
SGP que pagan Mutual Ser y Nueva EPS no hubiera sido posible, sin embargo, de
conformidad con las órdenes emitidas en los referidos autos la medida cautelar sí se
materializó, máxime si se tiene en cuenta que los recursos del SGP son los únicos
recursos que Mutual Ser y Nueva EPS pagan a la entidad ejecutada.
22.- Sumado a lo anterior, indicó que al rechazar el recurso de apelación el Tribunal
accionado le impidió recurrir la modificación de la medida cautelar decretada por el
Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, pues si bien
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aparentemente la decisión atacada solo negó la entrega de los recursos retenidos, a
su parecer en realidad esta modificó la medida cautelar de embargo, por lo que
afirmó que el recurso de amparo no se limita a realizar un reclamo de tipo económico
sino que a través de este se pretende obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, el acceso a la administración de justicia,
el cumplimiento de las sentencias judiciales y a la buena fe. Además, expuso que los
recursos provenientes del SGSSS, SGP, régimen subsidiado eran los únicos que
estaban pendientes de embargo al no haberse podido recaudar la suma adeudada
con las medidas cautelares decretadas con anterioridad, por lo que adujo que al
negarse la entrega de los dineros retenidos la sentencia judicial objeto del proceso
ejecutivo “cayó en el vacío”.
23.- Por último, explicó que el a quo, cometió un error al considerar que la autoridad
judicial accionada sí tuvo en cuenta el precedente fijado en la sentencia T-053 de
2022, pues a partir del referido fallo, el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena decretó la medida cautelar concedida en el auto de 30 de junio de 2022
y ratificada en el auto de 8 de agosto de 2022.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
24.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
25.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales5. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
26.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional6.
27.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
28.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos7: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
F. Análisis del caso concreto
29.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas, el escrito de impugnación y el
expediente digital contentivo del proceso ejecutivo, la Sala anticipa que confirmará
el fallo impugnado al no encontrar acreditado que la autoridad judicial accionada
haya transgredido los derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues
una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir
que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
instancia adicional o complementaria al proceso ejecutivo al pretender reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la
decisión allí adoptada.
30.- Como se indicó previamente, la parte actora aduce que con la decisión
adoptada en el auto de 27 de abril de 2023 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar rechazó por improcedente el recurso de apelación
6 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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interpuesto en contra del auto 16 de noviembre de 2022, la autoridad judicial
accionada incurrió en: (i) un defecto sustantivo al interpretar de manera equivocada
el numeral 5° del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, pues a su parecer en el auto
proferido 27 de abril de 2023, el Tribunal accionado modificó la medida cautelar
decretada en el auto de 30 de junio de 2022 y ratificada en el auto de 8 de agosto
de 2022; (ii) un defecto por desconocimiento del precedente al no tener en cuenta
las reglas fijadas en la Sentencia T-053 de 2022; y (iii) en un defecto fáctico al no
valorar de manera adecuada el contenido de los autos de 30 de junio y 8 de agosto
de 2022, así como los oficios a partir de los cuales Mutual Ser EPS y la Nueva EPS
dieron cumplimiento a la medida cautelar decretada.
31.- En primer lugar, la Sala advierte que el presente asunto no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, en tanto los argumentos esgrimidos para
justificar la ocurrencia de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente carecen por completo de carga argumentativa.
32.- En ese sentido es importante precisar que, en el auto de 30 de junio de 2022,
el Juzgado 8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, adicionó el ordinal
tercero de la parte resolutiva del auto de fecha 16 de febrero de 2022, en el sentido
de “[d]ecretar el embargo y secuestro del treinta (30%) de los recursos de la E.S.E
HOSPITAL LOCAL LA CANDELARIA del municipio de RIO VIEJO que deba recibir
por parte de las siguientes instituciones: MUTUAL SER (NIT 8060083947) y NUEVA
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A. (NIT 900.156.264-2)
provenientes del Sistema de General de Participación. Lo anterior, de forma
estricta a como la ha enseñado, la Honorable Corte Constitucional, en su
precedente constitucional, reiterado en la Sentencia T – 53 de 2022, así: ‘es
factible embargar los recursos de destinación específica del SGP para
garantizar el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia
si y solo si se verificaba que para asegurar la cancelación de dichos créditos
resultaban insuficientes los ingresos corrientes de libre destinación de la
respectiva entidad territorial. En ese sentido, no cabe duda de que el
precedente constitucional vigente ha delimitado las condiciones para
exceptuar el principio general de inembargabilidad de los recursos de la salud
correspondientes al SGP en los siguientes términos: (i) que se trate de
obligaciones de índole laboral, (ii) que estén reconocidas mediante sentencia,
(iii) que se constate que para satisfacer dichas acreencias son insuficientes
las medidas cautelares impuestas sobre los recursos de libre destinación de
la entidad territorial deudora’. En estos términos debe ser comunicada la medida
a los encargados de aplicarlas. LIMÍTESE la medida a la suma de MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.746.213.762.oo.), según lo
dispuesto por el artículo 599 del CGP sin perjuicio que se pueda ampliar una vez se
establezca la liquidación del crédito”.
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33.- Para adoptar la referida medida el juez de primera instancia se limitó a
establecer que en consonancia con el precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia T-053 de 2022 en el caso concreto se verificaba el cumplimiento de las
condiciones necesarias para exceptuar el principio general de inembargabilidad de
los recursos de la salud correspondientes al SGP, debido a que el proceso ejecutivo
versaba sobre obligaciones de índole laboral, reconocidas mediante sentencia, y a
que para satisfacer dichas acreencias habían sido insuficientes las medidas
cautelares impuestas sobre los recursos de libre destinación de la entidad territorial
deudora. Además, al referirse a la sentencia T-053 de 2022 precisó que en el
mencionado fallo la Corte Constitucional consideró que respecto de los recursos
provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados por las EPS, la
jurisprudencia constitucional no ha introducido excepción alguna a su
inembargabilidad.
34.- De igual forma, en el auto de 8 de agosto de 2022, el juez de primera instancia
se limitó a confirmar la medida cautelar decretada en el auto de 16 de febrero de
2022 y adicionada a través del auto de 30 de junio de 2022. Lo anterior al considerar
que se configuraban dos excepciones a la inembargabilidad de los recurso del SGP
conforme con las reglas fijadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
numeral 3° del artículo 594 del CGP, debido a que en el caso objeto de estudio se
advertía una vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la tutela
judicial efectiva y al debido proceso, y a que las medidas decretadas no afectaban
sustantivamente la protección de los recursos del sistema de seguridad social en
salud, pues con su aplicación no se incurriría en una destinación diferente.
35.- Por último, en el auto de 16 de noviembre de 2022, el Juzgado 8°
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, resolvió no acceder a la entrega
de los dineros retenidos por Mutual Ser EPS, al establecer que de la documentación
que reposaban en el expediente, era posible verificar que los dineros retenidos por
la entidad, recaían sobre recursos que pertenecían al Régimen Subsidiado en Salud.
Por lo anterior, precisó que de conformidad con el precedente fijado en la Sentencia
T-053 de 2022, los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS recaudados
por las EPS, no se encontraban cobijados por ninguna de las excepciones
desarrolladas en la jurisprudencia en relación al principio de inembargabilidad. Esto
debido a que: (i) tienen una destinación específica, la cual es la financiación de la
prestación de los servicios de salud a los usuarios del sistema, previa su conversión
a UPC mediante el proceso de compensación y (ii) los recursos del sistema de salud,
cuyo fin es el pago de la atención médica, debían llegar a su destinación final, lo
cual quería decir que los dineros con los que las EPS y las ARS deben cancelar a
las IPS los servicios de salud prestados a sus afiliados, no pueden ser usados para
un fin diferente. Además, precisó que “en las providencias mediante la cuales se han
decretados las medidas cautelares, siendo la última de fecha 16 de febrero del 2022,
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Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
se ha dejado claro que las mismas no se aplicarán sobre recursos del régimen
subsidiado”.
36.- Visto lo anterior, en el auto de 27 de abril de 2023, el Tribunal accionado indicó
que aunque el juez de instancia consideró que los bienes retenidos por Mutual Ser
EPS eran inembargables, la decisión adoptada no modificaba la medida cautelar
adoptada en el proceso ejecutivo y por el contrario, esta continuaba vigente, ya que
en el auto apelado el a quo se limitó a establecer que los bienes embargados como
consecuencia de la ejecución de la medida decretada, no estaban contemplados en
las excepciones al principio de inembargabilidad expuestas en los autos de 16 de
febrero y 30 de junio de 2022. Por lo anterior, concluyó que la decisión atacada no
hacía parte de los supuestos de hecho consagrados en el numeral 5° del artículo
243 del CPACA o en el numeral 8° del artículo 321 del CGP.
37.- En el contexto descrito, la los argumentos expuestos en el recurso de amparo
sobre la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente, carecen de carga argumentativa pues tal y como se indicó con
anterioridad: (i) la medida cautelar decretada en los autos de 16 de febrero, 30 de
junio y 8 de agosto de 2022, nunca cobijó de manera expresa los recursos
provenientes del Sistema Subsidiado en Salud y por el contrario en las referidas
decisiones a partir del precedente fijado en la sentencia T-053 de 2022, el Juzgado
8° Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, señaló de manera expresa que
debido a su naturaleza estos eran inembargables y (ii) la decisión adoptada en el
auto de 16 de noviembre de 2022 se limitó a negar la entrega de los recurso
retenidos por Mutual Ser EPS, sin pronunciarse sobre el alcance de la medida
cautelar.
38.- Bajo este escenario, la autoridad judicial accionada hizo una valoración
probatoria ajustada a derecho, pues tuvo en cuenta el alcance de la medida cautelar
decretada en el proceso ejecutivo y el contenido de las normas que regulan la
procedencia del recurso de apelación en el marco de los procesos ejecutivos que se
adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y, a partir de ello logró
concluir que el recurso interpuesto debía rechazarse por improcedente.
39.- Visto lo anterior, no se deduce que el Tribunal Administrativo de Bolívar se
haya abstenido de efectuar un examen riguroso de las pruebas, el precedente
aplicable al caso objeto de estudio o la normas que rigen la materia, ni mucho menos
que les haya otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la
procedencia de la tutela formulada. Por el contrario, la decisión cuestionada, en esta
sede, encuentra claro sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes
de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez,
confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02248-01
Demandante: Silvia de Jesús Encinales Sanabria
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
al caso concreto, así como la jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a
llegar a la conclusión que en el caso objeto de estudio el recurso de apelación no
era procedente.
40.- Así las cosas, la acción de tutela objeto de estudio resulta improcedente, por
no acreditarse el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. En
ese sentido la Sala confirmará el fallo proferido el 1° de junio de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
41.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1° de junio de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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