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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02250-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02250-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00 Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02250-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE
QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE
LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO,
CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.

1
En adelante el TRIBUNAL.
2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS, actuando a través

de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido las

sentencias de 21 de enero de 2021 y 7 de julio de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 680012333000-2019-00219-00.

I.2.- Hechos

Indicó que el 18 de noviembre de 1987 se vinculó en carrera

administrativa a la Gobernación del DEPARTAMENTO DE

SANTANDER, al cargo de Profesional Universitario 219-12.

Comentó que mediante Resolución núm. 00-18442 de 27 de

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Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

noviembre de 2017, la secretaría general del ente territorial aludido

la comisionó para que se desempeñara como secretaria de educación

del Departamento por el término de 3 años.

Informó que tuvo a cargo el programa de alimentación escolar -PAE;

no obstante, con ocasión a esto fue objeto de acoso laboral por parte

del Gobernador y el jefe de la oficina jurídica, quienes insistían en

que no podía adjudicarse el contrato, sino que la licitación debía

declararse desierta, pese a que todos los elementos de juicio

conducían a celebrar el negocio jurídico con uno de los oferentes.

Agregó que, a través del Decreto 252 y la Resolución núm. 00-15033

de 21 de septiembre de 2018, se declaró insubsistente su

nombramiento como secretaria de educación y se dio por terminada

la comisión que le había sido conferida para desempeñar el cargo de

libre nombramiento y remoción.

Expuso que el 24 de septiembre de 2018, ante las situaciones de

acoso laboral de las que fue objeto y el ambiente que se había

generado, renunció al cargo en carrera del que era titular.

Adujo que en el año 2019 promovió un medio de control de nulidad

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y restablecimiento del derecho contra el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER, con la finalidad de discutir la legalidad de los actos

administrativos a través de los cuales se le declaró insubsistente, se

terminó la comisión y se aceptó su renuncia al cargo de carrera.

Comentó que, en particular, la demanda estuvo fundamentada en

que, en su sentir, la insubsistencia ocurrió por desviación de poder y

por su oposición a las irregularidades del proceso de contratación

aludido, además que su renuncia al cargo de carrera no fue libre y

voluntaria.

Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 680012333000-2019-00219-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia

de 21 de enero de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

Explicó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que, a través de sentencia

de 7 de julio de 2022, confirmó la decisión recurrida al estimar que

si bien existe una conexidad temporal entre el trámite contractual y

la insubsistencia, tal situación no permitía inferir que su retiro se

motivó en razones ajenas al buen servicio, en particular, porque

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estaba vinculada a un cargo de libre nombramiento y remoción, del

cual podía ser desvinculada por la pérdida de confianza.

Anotó que, además la SECCIÓN SEGUNDA determinó que si bien

finalmente el proceso licitatorio fue declarado desierto con

posterioridad a su retiro, lo cierto es que ello obedeció al concepto

del comité técnico evaluador, por lo que no se trató de una decisión

caprichosa.

Agregó que, la autoridad judicial aludida le reprochó el hecho de que

no haya denunciado las supuestas irregularidades contractuales,

además de señalar que su renuncia no estuvo viciada de dolo, fuerza

o error.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que las providencias cuestionadas incurrieron en el

defecto fáctico porque las afirmaciones de las autoridades

judiciales carecieron de pruebas, dado que la desviación de poder sí

podía advertirse: “[…] al valorar los pronunciamientos del Señor

Gobernador y Secretario Jurídico de la época que manifestaron, aún

sin el concepto técnico del Comité Evaluador, el Proceso de

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Adjudicación del PAE 2018 debía ser declarado desierto o fracasado

[…]”.

Adujo que no podía reprochársele no haber denunciado las

irregularidades contractuales porque: “[…] para el momento en que

se adelantaba la Licitación correspondiente ella era quien la dirigía,

resultando impertinente exigir la denuncia de hechos irregulares que

no se materializaron gracias a su gestión […]”.

Precisó que la causal de nulidad alegada “[…] resultaba evidente por

cuanto antes de la evaluación de la propuesta allegada al Proceso

Licitatorio del PAE, tanto el Gobernador como el Jefe de la Oficina

Jurídica de la Gobernación de Santander ya hacían referencia a que

el Proceso de Licitación debía ser declarado desierto, circunstancia

que ocurrió luego de declarar insubsistente el nombramiento […]”.

Agregó que “[…] las Accionadas incurrieron en un yerro o defecto

fáctico toda vez que no advirtieron que, en efecto, hubo un motivo

alejado del mejoramiento del servicio, así como tampoco estuvo

sustentada en una presunta falta de confianza (algo que nunca fue

alegado), tratándose de una retaliación en [su] contra […] por

abstenerse de interrumpir el curso del Proceso de Licitación del PAE

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2018 […]”.

Explicó que, en efecto, conforme con las notas de prensa y las

manifestaciones del Gobernador, fue probada la desviación de poder

dirigida a separarla del cargo por no acceder a la exigencia infundada

de aquel respecto del proceso licitatorio.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERA. QUE SE TUTELEN LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la Señora DORIS ELISA
GORDILLO, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER y por la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CONSEJO DE ESTADO, mediante la expedición de la Sentencia
de Primera Instancia del 21 de enero de 2021 y de la Sentencia
de Segunda Instancia del 7 de julio de 2022, respectivamente,
que resolvieron de fondo el Proceso Contencioso Administrativo
No. 68001233300020190021900, al haber incurrido en un
defecto fáctico en cuanto a la omisión de valoración coherente y
exhausta de los hechos y pruebas que se expusieron y aportaron
en el Proceso Contencioso Administrativo.

SEGUNDA. Como consecuencia de la vulneración de derechos
fundamentales a la Señora DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS,
QUE SE REVOQUE la Sentencia del 21 de enero de 2021,
proferida por el Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA
SAAVEDRA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
confirmada por la Sentencia del 7 de julio de 2022 proferida por
el Honorable Consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
de la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE

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LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
y, en su lugar, se dicte Sentencia favorable a las Pretensiones
de la Demanda formulada.

TERCERA. Como consecuencia de lo anterior, QUE SE
PROFIERA NUEVA SENTENCIA en el Proceso Contencioso
Administrativo No. 68001233300020190021900, teniendo en
cuenta lo expuesto en el presente documento […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que la presente acción de

tutela no está llamada a prosperar, porque contrario a lo afirmado

por la actora, las providencias cuestionadas se fundaron en las

pruebas arrimadas al plenario y en la normativa aplicable a la

situación analizada en sede contenciosa.

Agregó que confirmó la “[…] decisión que había proferido el a quo,

toda vez que las pruebas aportadas al plenario impedían concluir que

el retiro del servicio de la actora obedeció a una actuación arbitraria

de la administración […]”.

Indicó que lo que pretende la actora es una nueva evaluación en sede

de tutela de los argumentos que fueron ampliamente estudiados en

primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad

y restablecimiento del derecho y que llevaron a concluir que el

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DEPARTAMENTO DE SANTANDER ejerció válidamente la facultad

discrecional de remoción, teniendo en cuenta que aquella ocupaba

un cargo de libre nombramiento y remoción.

Expuso que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para

reabrir el debate sobre un asunto que fue analizado de manera

concienzuda en primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, con respeto del debido proceso de los

intervinientes, garantía de los derechos de audiencia y de defensa de

las partes y teniendo en cuenta la normativa aplicable en la materia

puesta a consideración de los jueces competentes.

I.5.2.- El DEPARTAMENTO DE SANTANDER, vinculado en calidad

de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó

declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no

puede responder por las pretensiones de la actora, comoquiera que

están dirigidas contra autoridades judiciales frente a las que no tiene

injerencia.

I.5.3.- El TRIBUNAL remitió el vínculo electrónico del expediente

digital, no obstante, no se pronunció frente al fondo del asunto.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER solicitó

ser desvinculado del presente caso, por falta de legitimación en la

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causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991

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avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER fue demandado en el proceso

ordinario origen de la controversia, es claro que debía ser notificado

de la existencia del presente trámite, en razón al interés directo que

le asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

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tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que

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adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las

sentencias de 21 de enero de 2021 y 7 de julio de 2022,

proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA,

respectivamente, mediante las cuales fueron denegadas las

pretensiones que elevó en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, identificado con el número único de

radicación 680012333000 2019 00219 01.

La controversia tiene origen en la insubsistencia que fue declarada

en el año 2018 a la actora como secretaria de educación del

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, luego de cerca de 9 meses en

el cargo.

La actora estimó que la insubsistencia obedeció a una desviación de

poder, en represalias a la oposición que hizo para que no se declarara

desierto un proceso licitatorio para la adjudicación de un contrato en

el marco del plan de alimentación escolar -PAE, porque en su sentir

no había mérito para tal efecto.

La accionante además tenía un cargo en carrera administrativa en la

gobernación del departamento aludido, al que renunció con

posterioridad a la declaratoria de la insubsistencia referida, en su

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sentir, como consecuencia del acoso laboral del que fue objeto

durante el tiempo que fungió como secretaria de educación.

A las providencias cuestionadas la actora les atribuye la configuración

del defecto fáctico, dado que, en su sentir, de las pruebas obrantes

en el plenario, en particular de las notas de prensa y manifestaciones

del gobernador, podía concluirse que en efecto la declaratoria de su

insubsistencia sí obedeció a una desviación de poder, derivada de

haberse opuesto a declarar desierta la licitación aludida.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el estudio del presente

asunto recaerá en la sentencia de 7 de julio de 2022 proferida por la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, en la medida en que fue

dicha providencia la que concluyó el proceso origen de la

controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación

vulneró los derechos deprecados e incurrió en el defecto fáctico, al

haber proferido la sentencia de 7 de julio de 2022.

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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».4

3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte

[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

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judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia cuestionada la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación hizo una relación y análisis

de las pruebas que obraban en el expediente, para concluir que debía

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confirmar la decisión mediante la cual el TRIBUNAL negó las

pretensiones de la actora, así:

“[…] 2.3. Hechos probados

• El 11 de noviembre de 1987, la señora Doris Elisa Gordillo
Garcés ingresó al departamento de Santander y durante su
vinculación desempeñó los siguientes cargos: auxiliar
administrativo clase I, nivel 3, grado 15; oficinista clase V, nivel
2, grado 22, código 0535; oficinista V-22; oficinista VI-25;
oficinista 5125-22;20 jefe de sección 2030-1; profesional
universitario 3010-5; profesional universitario 3010-5;23
profesional universitario 34005-5; jefe de división 21009-9;
profesional universitario 34010-10; profesional universitario
34019-19, profesional universitario 34021-21; profesional
universitario 34017-17; profesional universitario 21917-17;
profesional universitario 219-12; asesor 105-01; secretario de
despacho 020-02.

• El 27 de noviembre de 2012, por Decreto 0381, el gobernador
de Santander rindió «homenaje de exaltación, gratitud y público
reconocimiento» a 66 servidores que llevaban más tiempo al
servicio del ente territorial, entre los que se encontraba la
demandante.

• 27 de noviembre de 2017, mediante la Resolución 00-18442,
el secretario General del departamento de Santander le concedió
a la actora una comisión de 3 años para desempeñar el empleo
de libre nombramiento y remoción denominado secretario de
despacho 020-02 asignado a la Secretaría de Educación.

Igualmente, se precisó que, una vez “[f]inalizado el término por
el cual se otorgó la presente comisión, o cuando el empleado
renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea
retirado del mismo antes del vencimiento del término de la
comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta
derechos de carrera”, esto es, profesional universitario 219-12.
La demandante se posesionó como secretaria de Educación el 27
de noviembre de 2017.

• El 18 de septiembre de 2018, la señora Gordillo Garcés le
informó al jefe de la Oficina Jurídica las razones de oportunidad,
legales, técnicas y financieras por las que no podía modificar el

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pliego de condiciones para la contratación del PAE en la forma
solicitada por el referido funcionario.

• Los días 20 y 21 de septiembre de 2018 la accionante le solicitó
a la Procuraduría General de la Nación el acompañamiento
dentro de la licitación del PAE y, especialmente, para evaluar la
adjudicación, por cuanto solamente se presentó un proponente.

• El 21 de septiembre de 2018 la demandante le informó al
gobernador de Santander que solamente contaba con una
propuesta para adjudicar el contrato del PAE y que había pedido
acompañamiento al Ministerio de Educación y a la Procuraduría
General de la Nación con el fin de «fortalecer cualquier decisión
encaminada a garantizar de manera oportuna la alimentación de
los niños, niñas y jóvenes del departamento de Santander».

• El 21 de septiembre de 2018, por Decreto 252, el gobernador
de Santander declaró insubsistente el nombramiento de la
actora en el empleo de secretario de despacho 020-02 de la
Secretaría de Educación departamental.

• El 24 de septiembre de 2018, la accionante presentó renuncia
al cargo de profesional universitario 219-12 con la siguiente
motivación:

Referencia: Solicitud de trámites para pensión y renuncia
irrevocable a la Gobernación de Santander Respetado Sr.
Gobernador:

A partir de la fecha de la desvinculación del cargo de Secretaria
de Educación, hecho del cual tuve conocimiento a través de los
medios de comunicación el pasado viernes 21 de septiembre de
2018, presento renuncia irrevocable al cargo de Profesional
Universitario Código 219 Grado 12 en la Secretaría de Cultura y
Turismo del Departamento de Santander. En este sentido le
solicito ordenar a quien corresponda adelantar las gestiones el
trámite de mi pensión.

Dejo constancia que el viernes 21 de septiembre de 2018, se
modificó el horario de trabajo mediante Decreto 249 del 18 de
septiembre de 2018, de 7:00 p.m. (sic) a 3:00 p.m., por lo tanto
no me fue posible radicar ese mismo día la carta de renuncia mi
cargo de carrera administrativa que venía desempeñando en el
departamento de Santander […]

• El 24 de septiembre de 2018, por Resolución 00-15128, el
gobernador de Santander aceptó la anterior renuncia.

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• El 9 de octubre de 2018, por Resolución 00-16267, el secretario
de Educación encargado del departamento de Santander declaró
desierto el proceso de licitación púbica ED-LP-18-03, tendiente
a la contratación del PAE para 82 municipios adscritos a dicho
ente territorial.

• Al plenario se allegaron apartes de periódicos publicados los
días 24 y 25 de septiembre, 1 de octubre y 7 de diciembre de
2018 y 15 de enero de 2019, que registran entrevistas realizadas
a la señora Gordillo Garcés en las que manifestó que fue
presionada para desmontar el PAE, pero «como no acató dicha
orden, fue declarada insubsistente del cargo, hecho que la llevó
a presentar su renuncia a la carrera administrativa, pese a que
el proceso estaba avalado por la Procuraduría General de la
Nación». Además, resaltó que actuó conforme a la ley y en aras
de proteger a la población infantil. También los periodistas
aludieron a irregularidades que se venían presentando con la
contratación y ejecución del PAE, así como a las posibles
hipótesis que condujeron al retiro de la demandante, la forma
en que seguiría operando la administración y cómo se
adjudicaría el PAE.

• En el expediente obran varias incapacidades otorgadas a la
actora durante su vinculación laboral, las últimas son las
siguientes:

• 17 a 18 de noviembre de 2017. Origen: enfermedad general.
• 15 a 16 de marzo de 2018. Diagnóstico: hemorroides.
• 20 de marzo de 2018. Origen: enfermedad general.
Diagnóstico: hipotiroidismo / --- 33 / estrés laboral.
• 31 de mayo de 2018. Origen: enfermedad general.
Diagnóstico: cefalea.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

[…]

2.4.1. Desviación de poder

[…]

Los documentos aportados al plenario dan cuenta de que en el
segundo semestre de 2018 la demandante estuvo a cargo la
licitación del PAE en el referido ente territorial. Además, existe
una conexidad temporal entre el trámite contractual y la

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declaratoria de insubsistencia acusada en el sub lite.

En efecto, el 21 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la
audiencia de cierre de la licitación y ese mismo día se declaró
insubsistente el nombramiento de la actora como secretaria de
Educación; sin embargo, esta circunstancia no permite inferir
que su retiro se motivó en razones ajenas al buen servicio.

Por el contrario, es preciso recordar que la señora Gordillo
Garcés ostentaba un empleo de libre nombramiento y remoción,
como secretaria de Educación, por lo que el gobernador contaba
con la facultad discrecional para removerla mediante un acto
inmotivado y tal actuación se presumía ajustada a la legalidad.

Inclusive, dicha potestad podía ejercerse ante la pérdida de
confianza por parte del nominador, pues esa clase de empleos
revisten especiales responsabilidades y profundas implicaciones
al momento de tomar decisiones, por lo que debe existir
coordinación y el mejor entendimiento posible entre los
funcionarios del más alto nivel, quienes están a la cabeza de las
entidades y deben velar porque la misión institucional se cumpla
en términos de eficiencia, oportunidad y conveniencia.
[…]

De otro lado, en el presente asunto se encuentra acreditado que,
con posterioridad al retiro de la accionante, mediante la
Resolución 00-16267 del 9 de octubre de 2018, el secretario de
Educación declaró desierto el proceso licitatorio en comento,
pero este solo hecho le impide a la Sala afirmar que la
administración actuó con una finalidad ajena al interés general,
máxime cuando dicho acto se fundó en los siguientes motivos:

[…]

Además, si la accionante estimaba que alguna autoridad
departamental estaba actuando irregularmente, pudo denunciar
las conductas que en su sentir ameritaran una investigación
penal, disciplinaria o fiscal con el fin de proteger el interés
general; sin embargo, el plenario no demuestra tal proceder.

[…]

2.4.3. Renuncia irregularmente aceptada

La señora Gordillo Garcés manifestó que fue víctima de acoso
laboral, humillaciones, malos tratos, persecución y presiones por

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parte de su nominador y del jefe de la Oficina Jurídica, situación
que le generó afecciones en la salud y la condujo a presentar su
renuncia al cargo de profesional universitario 219-12, la cual no
podía catalogarse como voluntaria, ni debía ser aceptada.

Al respecto, la Sala observa que la interesada no allegó pruebas
tendientes a confirmar su dicho, pues los documentos aportados
al plenario no evidencian los comportamientos imputados a los
referidos servidores y tampoco se recaudaron declaraciones de
testigos que ratificaran tales aseveraciones.

Los únicos soportes que obran en el expediente corresponden a
artículos de prensa en los que se consignaron entrevistas
realizadas a la actora y otros dan cuenta de posibles hipótesis
frente a las causas de su retiro y a la forma como se estaba
contratando el PAE en el departamento de Santander, pero tales
afirmaciones carecen de otro tipo de respaldo por lo que por sí
solas no pueden otorgar certeza sobre el acaecimiento de los
hechos descritos.

[…]

La interesada tampoco allegó una denuncia o queja en la que
advirtiera sobre una situación de acoso laboral, es decir, que no
se adelantó el proceso previsto por el legislador en aras de
conjurar y sancionar posibles conductas que atentaran contra las
condiciones de justicia y dignidad predicables de toda relación
de trabajo.

[…]

A su vez, es preciso resaltar que la actora motivó su carta de
renuncia, pero el texto no refiere ningún tipo de presión;
tampoco es posible advertir que su voluntad estuviera viciada
por error, fuerza o dolo y no aludió a alguna conducta por parte
del nominador o uno de sus compañeros que le estuviera
conduciendo inexorablemente a presentar su dimisión […]”.

Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación analizó cada una de las

pruebas obrantes en el plenario, entre otras, las comunicaciones en

las que la actora informaba al Gobernador y a la oficina jurídica de la

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entidad sobre el proceso licitatorio, el contenido de los actos

administrativos relativos a su nombramiento e insubsistencia, así

como diferentes documentos periodísticos que aquella aportó.

A partir de lo anterior, así como del respectivo marco jurídico

aplicable, la SECCIÓN SEGUNDA señaló, entre otros aspectos, que

no podía advertirse que el retiro cuestionado haya sido por razones

ajenas al servicio, porque al ocupar un cargo de libre nombramiento

y remoción, su nominador podía removerla incluso sin motivación.

Dicha autoridad destacó que, además, contrario a lo que pretendió

la actora durante el desempeño de sus funciones, la licitación a la

que aludía sí fue declarada desierta con base en lo señalado por el

comité evaluador respectivo, sin que aquella hubiera denunciado las

supuestas irregularidades a las que hacía mención.

Señaló que los artículos de prensa, en los que la actora daba

declaraciones sobre su salida de la gobernación, así como en los que

se planteaban hipótesis sobre esa situación, no generaban por sí

solos certeza sobre la ocurrencia de los sucesos sobre los que

recaían.

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Además, en relación con la renuncia al cargo de carrera de la actora,

la SECCIÓN SEGUNDA estableció que del contenido de la carta de

dimisión no se observaba que su decisión hubiese estado viciada, sin

que tampoco hubiera prueba de que denunció los presuntos actos de

acoso laboral a los que refería.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta de relevancia

constitucional, porque a través de esta la actora lo que pretende

es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase

de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que en

todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace del hecho

de que, en su sentir, de una adecuada valoración probatoria de los

elementos de juicio obrantes en el expediente podía advertirse que

la insubsistencia del cargo de libre nombramiento y remoción

obedeció a la desviación de poder, con base en lo que puso de

presente en su demanda ordinaria.

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Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral a las pruebas que fueron

allegadas al proceso ordinario, con la finalidad de que se corrija el

análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la

interpretación que propone.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201813, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la

13
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201714, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia de relevancia constitucional, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02250-00
Actora: DORIS ELISA GORDILLO GARCÉS

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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