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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02254-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02254-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍCASE la decisión de primera instancia proferida el 8 de junio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que quedará así: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo frente al defecto fáctico, en relación con la omisión de valoración de las fotografías allegadas al proceso de reparación directa; el oficio No. S-2012- 028517/SIPOL.ADENAR29.27 de 16 de septiembre de 2012 y el oficio No. S- 2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO de 14 de septiembre de 2012. SEGUNDO: CONFÍRMASE, en todo lo demás, la decisión de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02254-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

28 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02254-01
Accionantes: Camilo Andrés Villamil Benavides y otros
Se modifica la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02254-01
Accionantes: Camilo Andrés Villamil Benavides y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Defecto
fáctico / Se modifica la decisión de primera instancia: se declara la improcedencia
frente a unos cargos y se niegan los restantes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 8 de
junio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante
la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, en la acción de
tutela presentada por Camilo Andrés Villamil Benavides, Yaneth Benavides Amaya,
en nombre propio y en representación de su hija AMVB, Ángela Yadira Villamil
Benavides y Yudith Maritza Delgado Bravo, en nombre propio y en representación
de su hija VCVD, contra el Juzgado 36 Administrativo de Oralidad de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Accionantes: Camilo Andrés Villamil Benavides y otros
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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 3 de mayo de 2023 Camilo Andrés Villamil Benavides, Yaneth Benavides
Amaya (en nombre propio y en representación de su hija AMVB), Ángela Yadira
Villamil Benavides y Yudith Maritza Delgado Bravo (en nombre propio y en
representación de su hija VCVD) presentaron, mediante apoderado judicial, una
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
vulnerados, en su concepto, por las sentencias proferidas el 20 de mayo de 2020 y
el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado 36 Administrativo de Oralidad de Bogotá
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 11001-
33-36-036-2015-00038-00/02. Este proceso fue adelantado por los accionantes
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En la sentencia del 20
de mayo de 2020 se negaron las pretensiones de la demanda y en la providencia
de segunda instancia se confirmó dicha decisión.

2.- Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes (se transcribe):

<< Con el convencimiento de que lo aquí expuesto se ajusta al ordenamiento
contencioso administrativo y es suficiente para que no se desconozca el derecho
puesto en movimiento con la presentación de la demanda, comedidamente solicito
tutelar el derecho fundamental de IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, y ordenar se deje sin
efectos la sentencia del Juzgado Treinta y Seis (36) Administrativo de Oralidad de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección
C, MP JOSÉ ELVER MUÑOZ BARRERA, dentro del proceso No. 11001-33-36-036-
2015-00038-02 y en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 horas
sea proferido nuevo auto en donde se acceda a las pretensiones de la demanda y se
protejan los derechos de los accionantes, valorándose las pruebas arrimadas en
forma efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se han
venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte
Constitucional>>.

B. Hechos

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3.- El señor Camilo Andrés Villamil Benavides se desempeñaba como patrullero de
la Policía Nacional. Desde el 29 de diciembre de 2011 fue destinado a prestar sus
servicios profesionales en la subestación de Policía El Guabo – Nariño, que estaba
conformada por un subintendente y cinco patrulleros. Indicó que <<se ubicaban en
una edificación rústica y precaria>>, donde contaban con el siguiente material de
dotación: 1 ametralladora Neguev; 1 MGL, 6 fusiles Galil 5.56, 6 granadas de
fragmentación y 6 granadas de aturdimiento.

3.1.- El 8 de mayo de 2012, subversivos de las FARC realizaron un ataque al
personal de la base de <<El Cerro>> y al de instalaciones policiales de la
subestación El Guabo, mediante la técnica de avasallamiento, lanzando ráfagas de
fusil, explosivos artesanales, granadas MGL y disparos con ametralladora M-60. En
el ataque, artefacto explosivo lesionó al señor Villamil Benavides.

3.2.- A las 4:30 de la mañana del 9 de mayo de 2012, cuando el Ejército Nacional
ingresó a la zona para prestar apoyo, encontró al patrullero Villamil Benavides y lo
trasladó al centro de salud del municipio de Mallama – Piedrancha y,
posteriormente, al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde estuvo
hospitalizado durante 23 días.

3.3.- El 31 de mayo de 2012 el señor Villamil Benavides fue trasladado al Hospital
Central de la Policía, donde el 6 de junio de 2012 se le practicó la amputación
transtibial en miembro inferior derecho, entre otros procedimientos. El patrullero
sufrió una disminución de la capacidad laboral en un 93.58% e incapacidad
permanente para el servicio.

3.4.- El señor Villamil Benavides y su grupo familiar1 presentaron una demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con
el objeto de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios
ocasionados <<por la falla presunta en la prestación que le originaron la enfermedad
mental y lesiones adquiridas durante la prestación del servicio en un atentado
terrorista>>. A juicio de los demandantes, la subestación El Guabo no contaba con
las medidas mínimas de seguridad para repeler un ataque subversivo y únicamente
se encontraban cinco agentes de la Policía Nacional, por lo que se violaron los
protocolos de seguridad y manejo de armamento.

1 Yaneth Benavides Amaya, en nombre propio y en representación de su hija AMVB, Ángela Yadira Villamil

Delgado Bravo, en nombre propio y en representación de su hija VCVD.

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3.5.- Mediante sentencia del 20 de mayo de 2020 el Juzgado 36 Administrativo de
Oralidad de Bogotá, Sección Tercera, negó las pretensiones de la demanda. Indicó
que el daño no era imputable a la autoridad demandada, pues no se probó que fuera
consecuencia de una falla en el servicio ni que la víctima directa hubiese sido
sometida a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar.

3.6.- El juzgado señaló que en el proceso de reparación directa no se acreditó que
el señor Villamil Benavides hubiera sido sometido a una carga mayor a la de sus
demás compañeros, que también eran patrulleros. Agregó que se demostró el tipo
y cantidad de armamento con el que contaba el personal policial, que incluía un fusil
por cada uniformado, ametralladora, granadas de fragmentación y granadas de
aturdimiento; también afirmó que la parte demandante no allegó elemento de juicio
alguno que permitiera determinar si el número de policiales y armamento era el que
se debía tener en la subestación de policía de El Guabo, pues no aportó manual,
reglamento o prueba técnica alguna en ese sentido.

3.7.- El juzgado añadió que, por el contrario, se probó que una vez conocida la
incursión, el Ministerio de Defensa y personal del Ejército Nacional desplegaron las
actuaciones de apoyo que estaban a su alcance, como el envío <<de un avión
fantasma>> para restablecer la situación de orden público, la realización de
registros visuales y que, posteriormente, se presentaron miembros del Ejército para
prestar apoyo. Afirmó que si bien a partir de dichas actuaciones no se pudo repeler
el ataque, ello no fue por negligencia, sino porque las FARC tomaron de sorpresa
la unidad policial en las horas de la madrugada.

3.8.- El juzgado concluyó que los elementos de prueba no daban cuenta de que la
autoridad demandada no hubiese tomado medidas para prevenir el ataque ni se
demostró la ocurrencia de alguna conducta reprochable al respecto.

3.9.- La parte demandante apeló la anterior decisión2. Mediante sentencia de 17 de

2 Señaló que no se realizó una valoración integral de las pruebas documentales allegadas al proceso de

reparación directa. Indicó que el juzgado desconoció que el señor Villamil Benavides se encontraba
desarrollando las labores propias de vigilancia en un cerro que no reunía los requisitos mínimos de seguridad
para la protección de su vida; afirmó que se omitió la valoración de (i) las fotografías del lugar donde prestaba
el servicio; (ii) el oficio No. S-2012-430/DISPO-TUQUERRES-SGUABO de 14 de septiembre de 2012; (iii) el
oficio No. S-2012-028517/SIPOL-ADEMAR-29.27 de 16 de septiembre de 2012, que daba cuenta que <<las
estaciones y subestaciones de la vía al mar se enmarcan dentro de los intereses terroristas de las FARC>>; (iv)
el oficio No- S-2012-078/DEMAR-DISPO-TUQUERRES-SGUA-2927 de 10 de mayo de 2012, que señala que

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noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C confirmó la providencia de primera instancia, tras considerar que no
se demostró una falla en el servicio o un riesgo excepcional. Concluyó que del
material probatorio no era posible deducir que las circunstancias en las que
ocurrieron los hechos constituían una irregularidad del servicio estatal, pues no se
aportaron ni se solicitaron las normas, manuales o protocolos que regían la actividad
de policía en zonas rurales.

3.10.- El tribunal señaló que no bastaba con que la parte demandante argumentara
que las instalaciones de la Policía Nacional en El Guabo eran deficientes o
inadecuadas, porque para emitir ese juicio era necesario contrastar la realidad de
las mismas con la normativa diseñada para ello. Agregó que la misma lógica
resultaba aplicable al número de uniformados presentes, pues la constancia de la
presencia de 1 suboficial y 5 patrulleros no demostraba per se una irregularidad, en
tanto no era posible determinar si la subestación debía tener un mínimo de agentes
emplazados y si tal situación hubiese sido suficiente para evitar el daño.

3.11.- El tribunal indicó que la subestación de policía contaba con elementos
suficientes para responder a un ataque, que el personal se encontraba formado y
que el apoyo fue ofrecido en un plazo razonable. Así, concluyó que no se acreditó
el nexo de causalidad entre el daño y las supuestas fallas del servicio, puesto que
el resultado lesivo se concretó como consecuencia de un riesgo imprevisible e
inherente al servicio, ocasionado por un tercero.

3.12.- Frente al valor probatorio de las fotografías (que constituyó uno de los cargos
de la apelación), el tribunal sostuvo que, por sí solas, aquellas no acreditaban que
la imagen capturada correspondiera a los hechos que pretendían probarse a través
de ellas, por lo que, para poder valorarlas y tenerlas en cuenta en el proceso, se
debía realizar un cotejo de las mismas con los testimonios, documentos y demás
medios probatorios.

C. Fundamentos de la vulneración

<<los subversivos de las FARC, quienes delinquen en la zona, realizaron ataque al personal que se encontraba
concentrado en la base del cerro>>. Finalmente, reiteró el deber de protección del Estado de los miembros de
la Fuerza Pública, y añadió que existía certeza sobre el daño y los perjuicios derivados de este.

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4.- Los accionantes señalan que en las providencias cuestionadas se incurrió en un
defecto fáctico, pues:

4.1.- Se transgredió el principio de la buena fe, toda vez que las autoridades
accionadas indicaron que aunque al proceso se allegaron fotografías del presunto
lugar del atentado, no se tenía certeza de su origen, el tiempo y el lugar en las que
fueron tomadas, por lo que no podía asignárseles valor probatorio. Afirman que
dichas fotografías se aportaron en debida forma, que se les dio traslado
oportunamente y que la autoridad demandada no las tachó de falsas. En
consecuencia, alegaron que sí debía asignárseles valor probatorio de prueba
concluyente del estado lamentable e inseguro del lugar.

4.2.- Se omitió la valoración de los recortes de prensa presentados al proceso, en
los cuales se hacía referencia a que el sector estaba custodiado solo por cinco
funcionarios , <<lo que demuestra la negligencia de la demandada para proteger a
sus hombres de un ataque de la subversión>>. Así, es <<inaudito e inverosímil que
unos honorables magistrados consideren que era lógico que el personal se
defendiera con cinco funcionarios>> y con el armamento asignado.

4.3.- Las autoridades judiciales accionadas desconocieron que las condiciones en
las que se encontraban los policías en el cerro El Guabo no obedecían a los riesgos
normales de la actividad policial y/o militar, en tanto, como se puede apreciar en el
oficio No. S-2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO de 14 de septiembre de
2012, la estación se conformaba únicamente por 1 subintendente y 5 patrulleros.

4.4.- Se valoró indebidamente el oficio No. S-2012-028517/SIPOL.ADENAR29.27
de 16 de septiembre de 2012, mediante el cual se estableció que <<las
subestaciones de la vía al mar se enmarcan dentro de los intereses terroristas de
las FARC>>, pues no es cierto que la fecha de ese informe fuese posterior a los
hechos sucedidos en el cerro El Guabo.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
(accionado) solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional. Señaló que los accionantes <<reviven aspectos

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que fueron debidamente abordados en la sentencia de mérito, sin que estos
constituyan graves falencias de relevancia constitucional que tornen la decisión
arbitraria, caprichosa o incompatible con la Constitución>>.

6.- El Ministerio de Defensa – Policía Nacional (tercero con interés) solicitó que se
negaran las pretensiones de la demanda, toda vez que no se probó un perjuicio
irremediable ocasionado a los accionantes.

7.- El Juzgado 36 Administrativo de Oralidad de Bogotá (accionado) pese a estar
debidamente notificado, guardó silencio.

E. Sentencia impugnada

8.- Mediante sentencia del 8 de junio de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó las pretensiones de la acción de tutela, pues
consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó las pruebas
recaudadas en el proceso de reparación directa.

8.1.- Frente a los recortes de prensa y los informes periodísticos, indicó que la Sala
Plena del Consejo de Estado ha indicado que, si bien pueden ser considerados
pruebas documentales, las aseveraciones contenidas en los informes periodísticos
no son demostrativos por sí solos de los hechos que se pretenden hacer valer a
través de su aportación, por lo que su mérito probatorio es secundario.

8.2.- Afirmó que, contrario a lo señalado por los accionantes, la autoridad judicial
accionada sí se pronunció expresamente frente a los oficios que se echan de menos
en la tutela y concluyó que dichos documentos no constituyeron prueba suficiente
para deducir que existía una amenaza concreta en contra de la guarnición policial,
por lo que no se configuró responsabilidad patrimonial a cargo de la demandada en
el proceso ordinario.

8.3.- Agregó que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó un análisis jurídico,
probatorio y válido que no fue contrario a derecho. Sostuvo que los argumentos
presentados en la acción de tutela evidencian su inconformidad con la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada; sin embargo, no se acreditaron
irregularidades de orden constitucional.

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F. Impugnación

9.- Los accionantes impugnan la anterior decisión. Indican que, pese a que el señor
Villamil Benavides era un profesional de la Policía Nacional, <<jamás pensó
ofrendar su vida o parte de su integridad>>, y que la Administración fue negligente
al enviarlo a un lugar sin ninguna protección especial.

9.1.- Manifiestan que existió negligencia por parte del Estado al no prestar apoyo
eficiente, eficaz y oportuno a los funcionarios de la Policía, <<en el ataque
subversivo que era previsto y previsible>>.

9.2.- Reiteran que la subestación en la que el señor Villamil Benavides ejercía su
labor como patrullero de la Policía Nacional no contaba con las medidas mínimas
de seguridad para repeler un ataque subversivo.

9.3.- Señalan que, de las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, se
pueden evidenciar los elementos constitutivos del daño.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala modificará la decisión de primera instancia: (i) acogerá la posición
mayoritaria de la Sala y declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. No
está acreditado el requisito de relevancia constitucional frente al defecto fáctico
respecto de la omisión de valoración de las fotografías allegadas al proceso de
reparación directa; el oficio No. S-2012-028517/SIPOL.ADENAR29.27 del 16 de
septiembre de 2012, mediante el cual se advirtió que <<las subestaciones de la vía
al mar se enmarcan dentro de los intereses terroristas de las FARC>>, y el oficio
No. S-2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO del 14 de septiembre de 2012, en
el que se informó la presencia de un suboficial y cinco patrulleros para la fecha del
ataque: la acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en

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la apelación y fueron resueltos en el proceso ordinario3 y (ii) confirmará la
providencia de primera instancia en todo lo demás.

11.- Además, la Sala centrará su análisis en la sentencia de segunda instancia
proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por ser la que puso fin a la
controversia.
G. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional del defecto fáctico en
relación con la omisión de valoración de las fotografías y los oficios
señalados, se constata que los cargos formulados en el escrito de tutela no
tienen vocación de prosperidad
12.- Si bien la parte accionante indica que no se valoraron las fotografías de la
subestación El Guabo, el oficio mediante el cual el jefe seccional de inteligencia
DENAR del Departamento de Policía de Nariño advirtió que <<las subestaciones de
la vía al mar se enmarcan dentro de los intereses terroristas de las FARC>> ni del
oficio No. S-2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO, la Sala advierte que el
tribunal accionado sí realizó una valoración razonable de dichas pruebas.
12.1.- En primer lugar, frente a las fotografías allegadas al proceso de reparación
directa, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada precisó que las
fotografías por sí solas, no acreditan que la imagen capturada corresponda a los
hechos que pretenden probarse a través de ellas, por lo que el juez debe realizar
una valoración conjunta con los demás medios probatorios.

12.2.- El tribunal accionado añadió que aunque se allegaron fotografías del presunto
lugar del atentado, no se tenía certeza de su origen, el tiempo y el lugar en las que
fueron tomadas, por lo que no era posible asignarles valor probatorio pleno: su
valoración debía ser complementada con otros medios de prueba que precisaran
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Afirmó
que, en todo caso, a partir de las imágenes no era posible determinar si se configuró
una falla en el servicio.

12.3.- Al respecto, esta Sala advierte que si bien es cierto que en la sentencia no se
le otorgó valor de convicción a las mencionadas fotografías, le asiste razón al

3 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia

constitucional porque los accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, y explicaron los vicios que
consideraron configurados en la decisión atacada.

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tribunal accionado al indicar que la jurisprudencia 4 ha establecido que las fotografías
no acreditan por sí solas que la imagen capturada corresponda a los hechos que
pretenden probarse a través de ellas.
13.- Por otra parte, la Sala advierte que el tribunal accionado sí valoró el oficio No.
S-2012-028517/SIPOL.ADENAR29.27 del 16 de septiembre de 2012. Frente a este,
indicó que no era posible tener por acreditada una falla en el servicio por omisión
de la Policía Nacional en la prevención del ataque, en tanto la única prueba que
daba cuenta sobre el posible ataque terrorista fue posterior a la fecha de los hechos,
esto es, el oficio en el cual se expuso una nota general de peligro para <<las
estaciones y subestaciones de la vía al mar>>, que data del 16 de septiembre de
2012, mientras que el ataque de las FARC en el cual resultó lesionado el señor
Villamil Benavides sucedió el 10 de mayo de 2012, de manera que no podía
deducirse que en ese momento existía una amenaza concreta que fue ignorada.

14.- Adicionalmente, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada también
valoró razonablemente el oficio No. S-2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO
del 14 de septiembre de 2012, en el cual el comandante de la subestación El Guabo
informó que el 8 de mayo de 2012 se encontraban en esta un suboficial y cinco
patrulleros. Sin embargo, el tribunal accionado indicó que la constancia de la
presencia de este personal de la Policía no evidenciaba per se una irregularidad,
pues no era posible determinar si la subestación debía tener un mínimo de agentes
emplazados y si tal situación hubiese sido suficiente para evitar el daño. En otras
palabras, no se demostró que ese número de agentes constituyera una falla u
omisión, o que implicara un mayor riesgo para los patrulleros y el suboficial.

15.- Según se advierte, las pruebas que los accionantes echan de menos sí fueron
valoradas por el tribunal accionado. Otra cosa es que este les haya otorgado un
valor probatorio o un alcance distinto al que pretendían los accionantes, lo cual de
ninguna manera constituye un defecto fáctico: las diferencias subjetivas frente a la
valoración de las pruebas no ameritan la intervención del juez de tutela, máxime si
la valoración estuvo conforme a las reglas de la sana crítica.
H. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente al

4 Sentencia del 6 de mayo de 2015, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C. C.P.: Olga Mélida Valle de la Hoz. Radicado No. 05001-23-31-000-1997-02667-01.

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defecto fáctico, en relación con la omisión de valoración de los recortes de
prensa

16.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es de evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia, por la presunta configuración de un defecto fáctico5;
(iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque los accionantes
utilizaron todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el 22 de
noviembre de 2022 y la tutela se presentó el 3 de mayo de 2023, es decir, dentro
del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación6 como por la Corte
Constitucional7; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
I. No se configuró el defecto fáctico alegado, en tanto los recortes de prensa
no tienen la virtualidad de cambiar el sentido del fallo
17.- Respecto de la omisión de valoración de los recortes de prensa allegados por
los demandantes en el proceso de reparación directa, los cuales, en su concepto,
evidenciaban que <<únicamente se encontraban cinco funcionarios custodiando el
sector>>, la Sala advierte que, pese a que en la providencia atacada no se realizó
el análisis de estos, no tenían la virtualidad de cambiar el sentido del fallo.

17.1.- Lo anterior, debido a que esta Corporación8 ha establecido que la eficacia
como plena prueba de las publicaciones periodísticas depende de su conexidad con
otros elementos probatorios que obren en el expediente.

17.2.- Se evidencia que el tribunal accionado indicó que del material probatorio
aportado no era posible concluir que las circunstancias en que ocurrieron los hechos
del 8 de mayo de 2012 constituían una irregularidad del servicio estatal, pues no se

5 De conformidad con la posición mayoritaria de la Sala, tampoco se trata de una reiteración de argumentos que

hubiesen sido resueltos dentro del proceso ordinario.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01

(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Sentencia del 4 de junio de 2021, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado No. 20001-

23-33-000-2013-00144-01.

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aportaron ni solicitaron las normas, manuales o protocolos que rigen la actividad de
policía en zonas rurales.

17.3.- Así, como se expuso en precedencia, en la sentencia cuestionada se expuso
que el número de uniformados presentes el 8 de mayo de 2012 no demostraba per
se una irregularidad, en tanto no era posible determinar si la subestación debía
contar con un mínimo de agentes distinto al que estaba presente y si esto hubiese
sido suficiente para evitar el daño. Por lo tanto, la valoración de los recortes de
prensa que daban cuenta que el día en que resultó lesionado el señor Villamil
Benavides <<se encontraban cinco funcionarios en sector>>, no hubiese cambiado
el sentido de la decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE la decisión de primera instancia proferida el 8 de junio de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que quedará así:
DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo frente al defecto
fáctico, en relación con la omisión de valoración de las fotografías allegadas
al proceso de reparación directa; el oficio No. S-2012-
028517/SIPOL.ADENAR29.27 de 16 de septiembre de 2012 y el oficio No. S-
2012-4301DISPO-TUQUERRES-SGUABO de 14 de septiembre de 2012.
SEGUNDO: CONFÍRMASE, en todo lo demás, la decisión de primera instancia que
negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02254-01
Accionantes: Camilo Andrés Villamil Benavides y otros
Se modifica la sentencia de primera instancia

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

13

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