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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02276-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02276-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de mayo de 2023, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier Solís Enríquez, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del cargo por indebida criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Francisco Javier Solís Enríquez Demandados: Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02276-01 motivación de la respuesta brindada el 12 de mayo de 2023 por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991 CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02276-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de julio de 2023

Demandante: Francisco Javier Solís Enríquez
Demandados: Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02276-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02276-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER SOLÍS ENRÍQUEZ
Demandados: PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS
ESTADÍSTICO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

Tutela de fondo – derecho de petición – confirma parcialmente
Temas: carencia actual de objeto por hecho superado y adiciona para
declarar improcedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 26 de mayo de 2023 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación. En esa providencia se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 4 de mayo de 2023, el señor Francisco Javier Solís
Enríquez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la autoridad
referenciada en procura de la salvaguarda de su derecho fundamental de petición.

2. El peticionario consideró vulnerada su garantía superior debido a la omisión
de la entidad demandada en responder la petición radicada ante la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura el día 4 de octubre de 2022. En dicha solicitud, el
demandante requirió copia de los documentos donde constan los estudios, análisis
y consideraciones aplicados por esa entidad para la creación de los despachos
judiciales de que trata el Acuerdo PCSJA22-11976 del 28 de julio de 2022.

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Demandante: Francisco Javier Solís Enríquez
Demandados: Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02276-01

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó:

Solicito que previo el trámite procesal correspondiente a la solicitud de tutela, se
ordene a la PRESIDENCIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y/o a la
UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, que se sirva dar respuesta a la petición de que trata mi
mensaje de correo electrónico OFJSE2022115 del 4 de octubre de 2022,
suministrando la información requerida. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 4 de octubre de 2022, el accionante radicó una petición ante la presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitó copia de los documentos
donde constan los estudios, análisis y consideraciones de que tratan los numerales
1 y 2 del artículo 83 de la Ley 2080 de 20211. Esto, con el fin de conocer los análisis
y parámetros aplicados por el Consejo Superior de la Judicatura para la creación de
los despachos judiciales de que trata el Acuerdo PCSJAA22-11976 del 28 de julio
de 20222.

5. El 5 de octubre de 2022, la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
remitió la petición a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – Seccional Nivel
Central de esa entidad. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción de
tutela no había obtenido respuesta.

1.4. Fundamentos de la vulneración

6. El tutelante sostuvo que tanto la Presidencia como la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura desconocieron su
derecho fundamental, debido a la falta de respuesta a su petición radicada el 4 de
octubre de 2022, pese a que ya transcurrió el término legal para el efecto.

1
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los
procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
ARTÍCULO 83. Creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su
funcionamiento. Con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y
la implementación de las reformas aprobadas en esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura con
la participación del Consejo de Estado deberán realizar los análisis necesarios y tomar las decisiones
correspondientes, conforme a sus competencias legalmente asignadas, por lo menos, en los
siguientes asuntos:
1. Cálculo de la demanda esperada de servicios de justicia.
2. Creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y su distribución a nivel de
circuitos y distritos judiciales, de acuerdo con: (i) las nuevas competencias y la implementación de la
reforma; (ii) las cargas razonables de trabajo proyectadas por cada despacho, tribunal o corporación
de la jurisdicción, y (iii) la necesidad de cobertura en justicia local y rural.
2
Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional.
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1.5. Trámite de la acción de tutela

7. En auto del 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión de
primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la
presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico de esa entidad.

1.6. Intervenciones e informes

8. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura

9. El director de la unidad demandada rindió informe en el que solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado de esta acción
constitucional. Esto, porque esa división respondió la petición del accionante
mediante oficio UDAE23-1092 del 12 de mayo de 2023, en la que negó la
documentación solicitada por motivos de reserva legal.

1.6.2. Intervención del accionante

10. El 15 de mayo de 2023, el demandante presentó un memorial en el que indicó
que no se encuentra de acuerdo con la respuesta brindada por la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, porque
en el oficio del 12 de mayo de 2023, la demandada omitió su deber de motivación,
pues no indicó los argumentos por los cuales le estaba vedado otorgar la
documentación por él requerida.

11. La presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, pese a que fue
notificada guardó silencio.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

12. En sentencia del 26 de mayo de 20233, la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado de la acción de tutela interpuesta por Francisco Javier Solís Enríquez. Lo
anterior por los siguientes motivos:

13. Indicó que revisado el oficio UDAEO23-1092 del 12 de mayo de 2023, se
encontraba probado que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura le brindó respuesta a la petición del accionante y le
comunicó que no era posible acceder a su solicitud. Esto, por cuanto la información
requerida era reservada, de conformidad con el parágrafo del artículo 19 de la Ley

3
Esta decisión fue notificada el 7 de junio de 2023.
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1712 de 20144. Además, dicho oficio le fue notificado al actor ese mismo día a través
del correo electrónico que dispuso para el efecto.

1.8. Impugnación

14. El accionante presentó escrito de impugnación5 contra la decisión de primera
instancia, en el que reiteró los motivos de inconformidad señalados en el escrito de
intervención presentado durante el trámite de primera instancia, de 15 de mayo de
2023.

15. En ese orden, el peticionario indicó que se encuentra en desacuerdo con la
respuesta otorgada a su petición el 12 de mayo de 2023, por la Unidad de Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, porque en aquella no se
mencionó cuál es la norma legal o constitucional que establece la prohibición de
acceso a la información por él requerida. De esta manera, consideró que, en el
presente caso, la autoridad demandada desconoció su deber de motivación en la
contestación de su requerimiento.

16. En consecuencia, el accionante solicitó que se revoque la decisión de primer
grado, y en su lugar se tutele su derecho fundamental de petición, en el sentido que
se ordene a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de
la Judicatura, el suministro de la información requerida en la petición del 4 de
octubre de 2022.

17. Mediante auto del 26 de junio de 2023, el magistrado ponente de la decisión
de primera instancia concedió la impugnación presentada por el accionante contra
la decisión del 26 de mayo de 2023.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 26 de mayo de 2023 dictado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

4
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella
información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada
y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente
prohibido por una norma legal o constitucional.
(…)
PARÁGRAFO . Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.
5
El escrito de impugnación fue presentado 13 de junio de 2023.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

20. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Francisco Javier Solís Enríquez se encuentra legitimado en la causa por
activa. Esto porque radicó la petición del 4 de octubre de 20226, mediante la cual
requirió copia de los documentos en los que constan los estudios, análisis y
consideraciones aplicados por esa entidad para la creación de los despachos
judiciales de que trata el Acuerdo PCSJA22-11976 del 28 de julio de 2022.

21. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra legitimada
en la causa por pasiva. Esto, porque de tal dependencia se desprende la falta e
indebida respuesta realizada a la petición presentada por el tutelante.

2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 26 de mayo de 2023 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

23. Para ello, se deberá resolver si la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho de petición del accionante,
por los siguientes motivos: i) porque a la fecha de presentación de la acción de tutela
no le han dado respuesta de fondo a la solicitud presentada el 4 de octubre de
20227; y ii) por cuanto la contestación brindada por la entidad demandada el 12 de
mayo de 2023 carece de motivación.

24. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la
caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iv) el caso
concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

25. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

6
Reiterada según el dicho del accionante, los días 9 de noviembre y 6 de diciembre de 2022.
7
Reiterada según el dicho del accionante, los días 9 de noviembre y 6 de diciembre de 2022.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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26. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Derecho de petición

27. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución”8. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

28. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”9.

29. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

30. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”10.

31. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello

8
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
10
Sentencia T-149 de 2013.
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(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”11.

32. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada12.

33. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo13.

34. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

35. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.6. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado

36. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos

11
Ibídem.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 2011.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador14.

37. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el vacío”15. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

38. Por otra parte, la Corte Constitucional16 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente17, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó “acaecimiento de una
situación sobreviniente”.

39. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 201918–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, “la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma”, no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto”.

40. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados”.

41. Es importante hacer referencia a las sub-reglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades
del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una

14
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
15
Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017.
17
En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto).

2.7. Caso concreto

42. El accionante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. Esto,
debido a que, a la fecha de presentación de la actual acción de tutela, no se le había
dado contestación de fondo a la petición del 4 de octubre de 202219. También, por
cuanto la contestación brindada por la entidad demandada el 12 de mayo de 2023
carece de motivación.

43. Con tales precisiones y previo a estudiar sobre la posible inobservancia de la
garantía fundamental aludida por parte de la autoridad accionada, a partir de las
pruebas aportadas e informes rendidos en el proceso, la Sala encuentra acreditado
lo siguiente:

44. Está probado que el día 4 de octubre de 2022, el accionante radicó ante la
presidencia del Consejo Superior de la Judicatura20 la siguiente petición:

Señores:
PRESIDENCIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Cordial saludo:

Con el fin de conocer los análisis y parámetros aplicados por el Consejo Superior
de la Judicatura para la creación de los despachos judiciales de que trata el
Acuerdo PCSJA22-11976 del 28 de julio de 2022, solicito respetuosamente copia
de los documentos que contengan los estudios, análisis y consideraciones de que
trata el art. 83 de la Ley 2080 de 2021, en especial lo dispuesto en los numerales
1 y 2, y en general, los antecedentes para la expedición del mencionado acuerdo.

19
Reiterada según el dicho del accionante, los días 9 de noviembre y 6 de diciembre de 2022.
20
A la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura a la dirección de correo electrónica
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Francisco Javier Solís Enríquez
Demandados: Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02276-01

45. Posterior a ello, el 5 de octubre de 2022, la presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura remitió por competencia la petición a la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico de esa Corporación21.

46. Luego, el 6 de diciembre de 2022, la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura dirigió un correo electrónico a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico en la que le solicitó a esa dependencia que diera respuesta pronta al
peticionario22.

47. Finalmente, el 12 de mayo de 2023 –en el curso de la presente acción
constitucional–, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, mediante oficio
UDAEO23-1092 le dio respuesta a la petición presentada por el accionante en los
siguientes términos:

Doctor
FRANCISCO JAVIER SOLÍS ENRÍQUEZ
Franciscoj.solis@outlook.com
(…)

Esta Unidad recibió mediante correo electrónico su oficio OFJSE2022115 de fecha
4 de octubre de 2022, en el cual solicita copia de los estudios, análisis y
consideraciones de que trata el art. 83 de la Ley 2080 de 2021, en especial lo
dispuesto en los numerales 1 y 2, que sirvieron de soporte para la expedición del
Acuerdo PCSJA22-11976 de 2022.

Al respecto, de manera atenta me permito manifestarle que mediante el Acuerdo
PCSJA20-11683 de 2020 se adoptaron los instrumentos de gestión de la
información pública: Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de
Activos de Información de las unidades que hacen parte del Consejo Superior de
la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y en el anexo 2
se establece cual es la información reservada y clasificada de las unidades
técnicas del Consejo Superior de la Judicatura, entre los que se encuentran los
documentos técnicos que contienen las propuestas de reordenamiento de la Rama
Judicial.

La justificación legal para definirse los documentos de reordenamiento judicial
como reservados durante cinco años se debe a que la Ley 1712 de 2014, artículo
19 dispone: información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda
aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o
denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias,
siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal
o constitucional: (…) f) La administración efectiva de la justicia.

En concordancia con lo anterior, el parágrafo del artículo de la citada ley establece:

PARÁGRAFO. Se exceptúan también los documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos.

Por lo tanto, no es posible remitir copia con la documentación que da cuenta de
las labores que se han adelantado para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo

21
Del contenido de este correo electrónico, se dio cuenta al accionante ese mismo día, pues fue
copiado de aquel.
22
Del contenido de este correo, se dio cuenta al accionante con el propósito de que tuviera
conocimiento de la trazabilidad de su petición.

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83 de la Ley 2080 de 2021, puesto que el documento técnico que materializó la
creación de los despachos y cargos adoptados con el Acuerdo PCSJA22-11976
de 2022 contiene aspectos que formaron parte del proceso deliberatorio del
Consejo Superior de la Judicatura.

48. La anterior
respuesta fue enviada al correo electrónico
franciscoj.solis@outlook.com del accionante en la fecha antes mencionada.

2.7.1. Análisis del cargo propuesto por el accionante relacionado con la falta
de respuesta por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura a la petición presentada por el peticionario
el 4 de octubre de 2022

49. En este punto, es importante resaltar que al accionante se le brindó una
respuesta de fondo a su petición como quedo demostrado en las pruebas antes
citadas.

50. De esta manera, se evidencia que la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció en especifico sobre
la solicitud de la copia de los documentos técnicos que sirvieron de soporte para la
expedición del Acuerdo PCSJA22-11976 de 2022. En este sentido, la entidad
demandada le informó que aquellos archivos, se encontraban sujetos a reserva
legal, en atención a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y que por
tal motivo no era procedente su entrega.

51. En este punto, la Sala considera que no le asiste razón al accionante cuando
señala que no se le dio respuesta a su petición, en la medida que la entidad se
pronunció en concreto sobre lo pretendido por él, en el oficio UDAEO23-1092 del
12 de mayo de 2023, al explicarle que la documentación pretendida estaba
protegida por reserva legal.

52. No obstante, la Sala nota que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
del Consejo Superior de la Judicatura emitió una respuesta definitiva y de fondo a
la petición presentada por el accionante hasta el 12 de mayo de 202323. Además,
según los medios probatorios allegados al plenario por la entidad accionada, el
tutelante fue notificado ese mismo día al correo electrónico
franciscoj.solis@outlook.com.

53. Desde este panorama, habrá de confirmarse la decisión de primer grado, que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, atendiendo a que entre la
presentación de esta acción de tutela y el momento en que se dictó la respectiva
sentencia, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante oficio UDAEO23-1092 del 12 de mayo de 2023 resolvió de
fondo y de manera definitiva su petición. Además, está actuación fue notificada al
señor Francisco Javier Solís Enríquez. Por esto, ya se garantizó por completo lo
pretendido en el escrito de amparo.

23
Esto es, luego de 7 y 8 días de presentada la petición.

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54. Así, entre la interposición de la petición y la respuesta emitida por la Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, se superó
el término legal establecido para responder la solicitud del accionante relacionada
con la entrega de los documentos técnicos que sirvieron de soporte para la
expedición del Acuerdo PCSJA22-11976 de 2022. Sin embargo, comoquiera que
aquella se dio y fue comunicada al señor Francisco Javier Solís Enríquez en el
trámite de la presente acción de tutela, se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado.

55. En otras palabras, durante el trámite de la presente tutela, la entidad logró
superar el supuesto fáctico que dio lugar a la interposición de este mecanismo de
protección constitucional y, de ese modo, cualquier orden que diera la Sala al
respecto resultaría innecesaria, ya que desaparecieron los hechos que originaron la
vulneración alegada por el accionante. De manera que esta sección insiste en que
confirmará la decisión de primer grado que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.

2.7.2. Análisis del cargo propuesto por el accionante relacionado con
indebida motivación de la respuesta brindada el 12 de mayo de 2023 por la
autoridad demandada

56. Al efecto, el peticionario en su escrito de intervención como en la
impugnación, indicó que se encuentra en desacuerdo con la respuesta otorgada a
su petición el 12 de mayo de 2023 por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, porque la autoridad demandada
desatendió su deber de motivación, pues no mencionó cuál es la norma legal que
establece la prohibición de acceso a la información por él requerida.

57. En este punto, la Sala considera pertinente indicarle al accionante, que si lo
pretendido por él es controvertir la decisión contenida en el oficio UDAEO23-1092
del 12 de mayo de 2023 emitido por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
del Consejo Superior de la Judicatura, en razón a que se encuentra en desacuerdo
con la negativa de entrega copia de la documentación por él requerida por estar
sometida a reserva legal, se precisa que para ello, cuenta con el recurso de
insistencia previsto en el artículo 26 del CPACA24.

24
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante
la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el
lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales
o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá
en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
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58. En ese orden de ideas, se precisa que la acción de tutela no es el medio
judicial idóneo y eficaz previsto por el legislador para el fin perseguido por la parte
actora, como sí lo es, el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 del CPACA,
para estos fines. Por este motivo, habrá que adicionarse el fallo de primer grado,
para declarar improcedente la acción de tutela presentada por el accionante
respecto del cargo por indebida motivación de la respuesta brindada el 12 de mayo
de 2023 por la autoridad demandada.

59. Finalmente, la Sala considera que en este asunto no se presenta un perjuicio
irremediable que amerite la intervención excepcional del juez de tutela como garante
de los derechos fundamentales. Lo anterior, aunado a que a este expediente el
tutelante tampoco aportó algún elemento a partir del cual se pueda establecer que
está en indefensión, que padece un perjuicio irremediable o que carece totalmente
de recursos para su subsistencia, que impliquen que este juez intervenga de alguna
medida ante la vulneración de sus garantías fundamentales.

2.8. Conclusión

60. En ese orden de ideas, habrá que confirmarse parcialmente la sentencia
proferida el 26 de mayo de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado de la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier Solís
Enríquez. Y se adicionará el fallo de primer grado, en el sentido de declarar
improcedente la acción de tutela respecto del cargo de indebida motivación de la
respuesta brindada el 12 de mayo de 2023 por la autoridad demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de mayo de 2023,
mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier Solís Enríquez, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, en el sentido de
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del cargo por indebida

criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia
de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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Demandante: Francisco Javier Solís Enríquez
Demandados: Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02276-01

motivación de la respuesta brindada el 12 de mayo de 2023 por la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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