Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02295-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02295-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02295-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02295-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-02295-00
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA
DE DECISIÓN Y JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Defecto sustantivo. Criterios de
interpretación normativa. Metodología de interpretación conforme a
la Constitución.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Empresas Públicas de Medellín ESP, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de mayo de 20231, Empresas Públicas de Medellín ESP, que actúa a través de
apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión y el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Medellín.
Argumentó que esas autoridades vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso al emitir los autos del 10 de marzo, del 28 de julio y del 3 de noviembre de
2022, por medio de los cuales se rechazó su recurso de apelación contra la
sentencia del 10 de diciembre de 2021 y se negó el recurso de queja dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento nro. 050013333036-2018-00485-00/03.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se TUTELE a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DEFENSA, Y SEGURIDAD JURÍDICA y, en
consecuencia, se adopten las medidas para restablecer los derechos conculcados por el
JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÌN y por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA TERCERA DE DECISIÒN MP.
JAIRO JIMÈNEZ ARISTIZABAL.
SEGUNDA. En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SEIS
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÌN dejar sin efecto los autos
proferidos el 10 de marzo y 28 de julio de 2022, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, SALA TERCERA DE DECISIÒN MP. JAIRO JIMÈNEZ ARISTIZABAL el auto
del 03 de noviembre de esa anualidad (notificado al día siguiente), por medio del cual, se
rechazó el recurso de apelación presentado por EPM en contra de la sentencia del 10 de
diciembre de 2021, por extemporáneo, y se confirmó la decisión adoptada.
TERCERA. ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÌN que de manera inmediata o en un término inferior a los 48
siguientes a la notificación de la decisión de esta acción de tutela, conceda el recurso de
apelación presentado por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en contra de la
sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 en trámite del proceso de Nulidad y
1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 1).
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Restablecimiento del Derecho iniciado por la accionante en contra la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y como tercero vinculado JADER ALFREDO
GÓMEZ FLÓREZ, radicado con el número único nacional 05001 33 33 036 2018 00485 00; y
remita el expediente para el reparto correspondiente al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, quienes deberán admitir y decidir sobre el fondo del asunto.» 2
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 10 de diciembre de 2021, el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de
Medellín profirió sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que presentó EPM ESP contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el proceso con
radicación nro. 050013333036-2018-00485-00.
La sentencia se notificó a través de mensaje de datos que fue remitido al buzón
de notificaciones de las partes ese mismo día.
2.2. EPM ESP apeló la sentencia del 10 de diciembre de 2021. El memorial fue
radicado a través de correo electrónico, el 19 de enero de 2022.
2.3. En auto del 10 de marzo de 2022, el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de
Medellín rechazó el recurso de apelación que interpuso EPM ESP por
estimarlo extemporáneo.
Como fundamento de su decisión expuso que la notificación de la sentencia
se rige por lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, según la
cual la sentencia queda notificada en el momento mismo en que el destinatario
recibe en su buzón el mensaje de datos. Aclaró que las disposiciones del
artículo 205 de esa normativa no son aplicables a estos eventos.
Debido a lo anterior, precisó que la sentencia del 10 de diciembre de 2021
quedó notificada ese mismo día y la oportunidad para presentar el recurso
feneció el 18 de enero de 2022. Sin embargo, el recurso se radicó el día 19 de
ese mes y año.
2.4. EPM ESP presentó recurso de reposición y en subsidio queja contra el auto
del 10 de marzo de 2021. La solicitud fue resuelta por el juzgado en auto del
28 de julio de 2022 en el sentido de negar la reposición y conceder la queja.
2.5. En auto del 3 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Tercera de Decisión declaró bien rechazado el recurso de apelación. Esta
providencia se notificó en el estado del 4 de noviembre de 2022.
3. Fundamentos de la acción
La accionante inició exponiendo las razones por las que considera que la acción de
tutela cumple con los requisitos adjetivos de procedibilidad. Acto seguido manifestó
que las providencias acusadas adolecen de defecto sustantivo, debido a que se
omitió la aplicación de la Ley 2080 de 2021, a efectos de determinar el momento en
que quedó surtida la notificación de la sentencia del 10 de diciembre de 2021.
Recordó que el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 52 de la Ley 2080,
dispone que la notificación de las providencias por medios electrónicos queda
surtida pasados dos días hábiles al envío del mensaje de dato y los términos
correrán a partir del día siguiente.
2 Página 11 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Destacó que la Ley 2080 de 2021 estaba vigente al momento de surtir la notificación
de la sentencia del 10 de diciembre de 2021 y era aplicable al caso particular
conforme el régimen de transición normativo consagrado en el artículo 86 de esa
normativa.
Establecido lo anterior, manifestó que la tendencia actual de la jurisprudencia
contencioso-administrativa es hacer una interpretación armónica de los artículos
203 y 205 del CPACA. De esta interpretación deriva que la notificación de las
providencias (incluida la sentencia) por medios electrónicos queda surtida
transcurridos dos días después de la recepción del mensaje de datos.
Solicitó que al respecto se tomen en consideración las siguientes providencias: (i)
el auto de unificación jurisprudencial del 9 de noviembre (sic) de 2022, con ponencia
de la Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto (68177); (ii) el auto del 26 de agosto de
2021 (2019-00942-01 PI-A), proferido por la magistrada Nubia Margoth Peña; y (iii)
la providencia del 9 de abril de 2021 (2013-02043-00 S), con ponencia del
magistrado Hernando Sánchez.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de mayo de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela promovida por Empresas Públicas de Medellín ESP, que actúa a través
de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión y el Juzgado 36 Administrativo de Medellín. Además, vinculó, en
calidad de tercero, al señor Jader Alfredo Gómez Flórez quien hizo parte del
proceso Nro. 05001-33-33-036-2018-00485-00.
Finalmente, se ofició al Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Medellín para
que remitiera en medio digital el expediente nro. 05001-33-33-036-2018-
00485-00/03.
4.2. El Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Medellín remitió el expediente
digitalizado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sub
examine y aportó la constancia de notificación de esta acción de tutela al señor
Jader Alfredo Gómez Flórez.
4.3. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por
conducto del ponente del auto que resolvió la queja, solicitó que en la decisión
de esta tutela se tenga en cuenta que cuando se profirió el auto del 3 de
noviembre de 2022, no era pacífica la jurisprudencia en relación con el
momento en que queda notificada la sentencia cuando la gestión se surte por
medios electrónicos.
Dijo que, dada la disparidad de criterios en relación con la interpretación de las
normas sobre la notificación por medios electrónicos de las sentencias, la Sala
de decisión optó por aplicar la tesis que estimaba más razonable, según la
cual, el artículo 203 del CPACA consagraba expresamente la forma de notificar
la sentencia.
Conforme a lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, comoquiera que la interpretación normativa que expuso era
razonable para el momento en que se profirió la sentencia de la primera
instancia.
4.4. La Superintendencia de Servicios Públicos, por conducto de apoderada
judicial, solicitó que se la desvinculara de la acción de tutela dado que no le
asiste legitimación en la causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de
amparo.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Como en esta oportunidad se analiza una acción de tutela promovida contra
providencias judiciales, la Sala, en primer lugar, debe estudiar si se encuentran
satisfechos todos los presupuestos adjetivos de procedibilidad exigidos por la
jurisprudencia constitucional (sentencia C-590 de 2005).
De superarse ese primer examen, se pasará a analizar si se concretó la violación
ius fundamental alegada por EPM ESP con ocasión al presunto defecto sustantivo
del que adolecen las siguientes providencias: (i) los autos del 10 de marzo y 28 de
julio de 2022, a través de los cuales el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de
Medellín rechazó por extemporáneo el recurso de apelación contra la sentencia del
10 de diciembre de 2021 y confirmó esa decisión en reposición; (ii) el auto del 3 de
noviembre de 2022 a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
bien rechazado el recurso de apelación.
4. Acreditación de los requisitos adjetivos de procedibilidad en el caso
particular
La acción de tutela supera el examen general de procedibilidad dado que se
interpuso en un plazo razonable, si se considera que el auto que resolvió el recurso
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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de queja se notificó en estado electrónico del 4 de noviembre de 2022 y la acción
de tutela se radicó el 4 de mayo de 2023, esto es, dentro de la pauta de 6 meses
establecida por la jurisprudencia de esta Corporación.
Además, está acreditado que EPM ESP agotó los mecanismos judiciales a su
disposición para controvertir la decisión judicial de declarar extemporáneo el recurso
de apelación, de modo que la acción de tutela no se toma como mecanismo
alternativo o supletorio de los recursos ordinarios y extraordinarios.
De otra parte, se tiene que la acción de tutela también supera el requisito de
relevancia constitucional dado que se hizo una relación clara y coherente de los
hechos y pretensiones de la demanda. Asimismo, los fundamentos de la acción
estuvieron revestidos de una carga argumentativa robusta que explica la
trascendencia constitucional del caso particular. En concreto, los cargos de la acción
refieren a la indebida aplicación del marco normativo que sustentó la decisión de
declarar la inoportunidad del recurso de apelación y que, en caso de declararse
materializado el defecto, podría conllevar a una afectación desproporcionada del
derecho al debido proceso de la accionante.
Finalmente, no se discute a través de la acción de amparo una sentencia o auto de
tutela.
5. Alcance del defecto sustantivo y su análisis en el caso particular
5.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión4.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria.
5.2. Como se expuso en el acápite de antecedentes, EPM E.S.P discute la
aplicación e interpretación normativa que desplegaron las autoridades
judiciales accionadas para decidir sobre la oportunidad del recurso de
apelación que presentó contra la sentencia del 10 de diciembre de 2021. En
particular, debate que sólo se haya tomado en consideración el artículo 203
de la Ley 1437 de 2011 y que se haya omitido la aplicación del artículo 205 de
esa misma normativa, modificada por la Ley 2080 de 2021.
5.3. En este punto es pertinente precisar el contenido de las disposiciones
normativas en colisión. El artículo 2035 de la Ley 1437 de 2011 (sin
modificaciones) regula la notificación de las sentencias y señala que el texto
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
5 «Artículo 203. Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días siguientes
a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales. En este
caso, al expediente se anexará la constancia de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la
notificación en tal fecha.
A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio de edicto en la forma prevista
en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.
Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma, para su
ejecución y cumplimiento.»
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de la providencia debe enviarse al buzón electrónico para notificaciones
judiciales de los sujetos procesales y que se entenderá surtida en la fecha en
que el destinatario la reciba.
De otra parte, el artículo 2056 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la
Ley 2080 de 20217, establece que la notificación de las providencias por
medios electrónicos se entiende surtida después de dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos y precisa que los términos inician a
correr al día siguiente de la notificación.
5.4. Establecido lo anterior, conviene hacer referencia a las actuaciones principales
del caso particular que guardan relación con la oportunidad del recurso de
apelación. Veamos:
5.4.1. La sentencia del 10 de diciembre de 2021 fue notificada a través de
mensaje de datos remitido a los buzones electrónicos de las partes, ese
mismo día8.
5.4.2. EPM ESP interpuso recurso de apelación contra la sentencia. El
memorial fue radicado el 19 de enero de 2022, a través de mensaje de
datos dirigido al buzón electrónico dispuesto para la recepción de
memoriales de los juzgados administrativos de Medellín9.
5.4.3. En auto del 10 de marzo de 2022, el Juzgado 36 Administrativo del
Circuito de Medellín rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia.
5.4.4. Contra esa determinación, EPM interpuso recurso de reposición y en
subsidio queja. El primero fue confirmado por el juzgado, en auto del 28
de julio de 2022. La queja fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en proveído del 3 de noviembre de 2022, en el sentido de
declarar bien rechazado el recurso de apelación.
Como fundamento de su decisión las dos autoridades judiciales
expusieron que la norma que regula con criterio de especialidad la
notificación de las sentencias es el artículo 203 del CPACA y no el 205
de la misma normativa. En razón a ello, manifestaron que no había lugar
a considerar en el análisis de oportunidad del recurso de apelación los
dos días adicionales para entender surtida la notificación y, en
consecuencia, el memorial de disenso se radicó fuera de términos.
Las dos autoridades citaron como criterio de autoridad providencias del
Consejo de Estado que estimaron respaldaban su tesis, pero sólo el
Juzgado relacionó la referencia del proveído, a saber: la providencia del
27 de agosto de 2021 (exp. 67277), proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
6 «Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a
las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán
utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por
otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente. (...)»
7 La Ley 2080 de 2021, según su artículo 86, entró a regir a partir de su publicación. Esta gestión se cumplió
el 25 de enero de 2021 en el Diario Oficial nro. 51.568.
8 Archivo denominado «20-notifico sentencia», dentro del expediente digitalizado del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho nro. 050013333036-2018-00485-00-02, que obra en el índice 10 de
Samai.
9 Archivo denominado «26 RECIBIDO», dentro del expediente digitalizado del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 050013333036-2018-00485-00-02, que obra en el índice 10 de Samai.
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5.5. Vista la problemática en torno a la aplicación e interpretación de las normas
procesales con contenido opuesto o incongruente para establecer cuándo
queda surtida la notificación de las sentencias que se hace por medios
electrónicos, esta Sala adelanta que los autos acusados materializan defecto
sustantivo que afectó el derecho fundamental al debido proceso de EPM ESP,
conforme pasa a explicarse.
Sea lo primero indicar que cuando una autoridad se encuentra frente a
problemas de aplicación e interpretación normativa, conviene acudir a la Ley
153 de 1887 dado que contiene criterios útiles para resolverlos.
Así pues, era pertinente y relevante que en el análisis del asunto se
considerara el contenido del artículo 2° de la Ley 153 en la que se dispone que
la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En esa medida, dado que el
artículo 205 del CPACA fue reformado por la Ley 2080 de 2021, era su
contenido el que debía aplicarse para resolver sobre la notificación de la
sentencia y oportunidad del recurso, por ser la norma posterior.
Como ya lo ha dicho esta Sala10, el criterio de especialidad no era relevante a
efectos de resolver la incompatibilidad normativa, porque las dos disposiciones
regulan la notificación de las sentencias por medios electrónicos, pero su
contenido varía respecto del momento en que se entiende surtida la
notificación e inician a correr los términos. Luego, era el criterio temporal el
que resultaba útil para resolver.
Adicional a lo anterior, aplicar el artículo 205 del CPACA también resultaba ser
la opción más compatible con la Constitución en relación con el derecho
fundamental al debido proceso en sus facetas de contradicción y defensa y la
garantía de doble instancia11.
Al respecto conviene recordar que, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que los jueces pueden incurrir en defecto sustantivo cuando en la
aplicación de la premisa jurídica para resolver el caso particular desconocen
el principio de interpretación conforme a la Constitución y de antiformalismo 12.
Estos principios exigen que los jueces en la aplicación e interpretación de las
leyes opten por entenderlas en el sentido que mejor guarde coherencia con la
Constitución.
5.6. En este punto es relevante agregar que, el Consejo de Estado en auto de
unificación del 29 de noviembre de 202213 (exp. 68177), optó por esta misma
tesis.
Al respecto, en la parte motiva de la providencia, se lee: «La notificación de las
sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se
entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje
y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA»
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 23 de
marzo de 2023. Proceso nro. 73001-23-33-000-2022-00447-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
11 En este sentido se pronunció esta Sala en la sentencia del 20 de abril de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-
2023-00121-00. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-426 de 2002. «6.10. Integrar los conceptos de antiformalismo e
interpretación conforme a la garantía consagrada en el artículo 229 de la Carta, en manera alguna busca desconocer o
debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas de procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de
acceso a la justicia, ni contrariar el amplio margen de interpretación que el propio orden jurídico le reconoce a las
autoridades judiciales para el logro de sus funciones públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y
racionalizar el ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criterios de aplicación de la ley, excesivamente formalistas,
en cierta medida injustificados o contrarios al espíritu o finalidad de las normas aplicables, puedan convertirse en un
obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio el precitado derecho a la protección judicial y, por su intermedio,
el desconocimiento de valores superiores como la igualdad de trato, la libertad y el debido proceso.»
13 Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
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5.7. Relativo a los argumentos de autoridad en los que las accionadas
fundamentaron su decisión de declarar la inoportunidad del recurso, se aclara
que esta Sala no desconoce que al momento en que se emitieron los autos
acusados existían tesis en algunas Salas de esta Corporación que defendían
la aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011 a efectos determinar el
momento en que se surte la notificación de las sentencias.
No obstante, tal argumento no es suficiente para defender la decisión, pues se
considera que debió optarse por una interpretación normativa acorde con la
Constitución y con los derechos fundamentales que esta consagra. No hacerlo
de esa manera, implicó la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de EPM ESP en su faceta de contradicción y de doble instancia, cuya
garantía debe ser procurada por los jueces de tutela.
5.8. Establecido lo anterior se tiene que, el estudio de la oportunidad del recurso
de apelación que presentó EPM ESP al amparo del artículo 205 de la Ley 1437
de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, hubiera llevado a que se
entendiera que la sentencia del 10 de diciembre de 2021 se notificó a través
de mensaje al buzón electrónico para notificaciones el 14 de diciembre de
2021, por lo que los 10 días del artículo 247 del CPACA para la interposición
del recurso de apelación se cumplían el 20 de enero de 2022. Luego, el
memorial contentivo de la apelación que se radicó el 19 de enero de 2022 sería
oportuno.
6. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, se tiene que el Juzgado 36
Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión, incurrieron en defecto sustantivo al emitir los autos del 10
de marzo, 28 de julio y 3 de noviembre de 2022. Esto porque la premisa jurídica de
sus decisiones se fundamentó en la indebida interpretación y aplicación de las
normas relativas a la notificación de las sentencias en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En concreto, omitieron la aplicación del artículo 205 del
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, aunque conocían de su contenido y
pertinencia para resolver la cuestión discutida.
Esta indebida aplicación normativa afectó el derecho al debido proceso de EPM
ESP en la faceta de la garantía de doble instancia y de contradicción, ya que le
impidió recurrir la sentencia del 10 de diciembre de 2021.
En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el auto del 3 de noviembre de 2022,
emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, se ordenará a esta
autoridad que profiera una providencia de reemplazo en la que realice el estudio de
admisibilidad del recurso de apelación presentado por EPM ESP contra la sentencia
del 10 de diciembre de 2021, con fundamento en las consideraciones de la parte
motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de las Empresas Públicas
de Medellín ESP, por las razones expuestas en la parte considerativa de este
fallo.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02295-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
2. Dejar sin efecto el auto del 3 de noviembre de 2022, emitido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho nro. 050013333036-2018-00485-03.
3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el
término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
dicte decisión de reemplazo en la que deberá tener en cuenta lo previsto en el
numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 y las consideraciones
expuestas en precedencia.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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