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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02323-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
20 de junio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02323-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Álvaro Enrique González Lancheros, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02323-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02323-00
Demandante: ÁLVARO ENRIQUE GONZÁLEZ LANCHEROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el presupuesto de legitimación en la causa por activa /
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – El demandante no hizo parte del proceso en
el que se dictó la providencia cuestionada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Álvaro Enrique González
Lancheros contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de mayo de la presente anualidad 1 , el señor Álvaro Enrique González
Lancheros interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta,
por considerar vulnerado su derecho fundamental a elegir, con ocasión de la
sentencia de única instancia proferida en el proceso de nulidad electoral con
radicado 11001-03-28-000-2022-00193-00 2 . Formuló la siguiente pretensión (se
transcribe textualmente):

[S]olicito que se ampare mi derecho fundamental a elegir y que se revoque el
fallo emitido por el Consejo de Estado -Sección Quinta - Sala de lo Contencioso
Administrativo bajo el radicado No. 11001-03-28-000-2022-00193- 001.

1
Se advierte que, el 30 de mayo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Acumulado con los procesos 2022-00160, 2022-00161, 2022-00170, 2022-00202 y 2022- 00270.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02323-00
Demandante: Álvaro Enrique González Lancheros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Sentencia de tutela de primera instancia
1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

Los señores Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza,
Roberto Carlos Daza Cuello, Michelle Steffany Gómez Congote y Andrés Felipe
Villalobos Erazo presentaron de forma individual demandas de nulidad contra el acto
de elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como senador de la
República para el periodo constitucional 2022-2026.

Mediante auto del 15 de diciembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado ordenó la acumulación de los diferentes procesos al del radicado 2022-
00193-00.

Surtido el trámite de ley, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 4 de mayo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda y,
como consecuencia, declaró la nulidad de la elección del señor Roy Leonardo
Barreras Montealegre, como senador de la República (2022-2026).

1.3. Argumentos de la tutela

El señor Álvaro Enrique González Lancheros expuso que, el 13 de marzo de 2022,
en ejercicio de su derecho a elegir, votó por el candidato al senado Roy Leonardo
Barreras Montealegre, razón por la cual la citada providencia judicial vulnera sus
derechos fundamentales, al desconocer «la elección que hicimos los colombianos en
las urnas, e impone[r] formalidades como la renuncia a un partido del cual ya había
sido expulsado, sobre el derecho de los electores y su respaldo político».
Explicó que el derecho al voto se enmarca en el modelo de democracia participativa

2

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Demandante: Álvaro Enrique González Lancheros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Sentencia de tutela de primera instancia
adoptado en la Constitución de 1991, que le permite a los ciudadanos participar en
la toma de decisiones en asuntos públicos, como ocurrió en este caso, dado que el
proceso de elección se hizo en forma libre y espontánea a favor del senador Roy
Barreras.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 8 de junio de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en calidad de parte demandada, y como
terceros con interés a quienes 3 fueron parte o se vincularon en los procesos
acumulados que culminaron con la providencia cuestionada. Igualmente, ordenó que
se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En ese mismo auto se negó la medida provisional solicitada4.

2.2. El Consejo Nacional Electoral se opuso a las pretensiones de la tutela bajo el
argumento de que dicha entidad no ha vulnerado o amenazado ningún derecho
fundamental y que lo que se presenta es una falta de legitimación en la causa por
pasiva de dicho organismo.

2.3. El señor Andrés Felipe Villalobos Erazo, por intermedio de su apoderado judicial
en el proceso de nulidad electoral, se opuso a las pretensiones de la tutela, por
considerar que la demanda carece carga argumentativa y no cumple los requisitos
generales de procedencia.

De otra parte, señaló que al accionante no se la ha vulnerado ningún derecho y que,
si lo pretendido es hacer la defensa del senador, carece de legitimación por no haber
aportado poder, ni manifestar la calidad de agente oficioso.

2.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del ponente de la
decisión, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa del demandante, en tanto que no hizo parte proceso judicial en el que se
dictó la providencia a la que se endilga la vulneración de derechos.

3
Los señores Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza
Cuello, Michelle Steffany Gómez Congote, Andrés Felipe Villalobos Erazo, Roy Leonardo Barreras
Montealegre, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
4
El demandante pidió que se suspendieran los efectos de la sentencia objeto de tutela.

3

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Demandante: Álvaro Enrique González Lancheros
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Destacó que tampoco se cumple el requisito de legitimación en la causa que para
estos casos exige la Corte Constitucional, como lo es haber sufragado en la
respectiva elección, ya que el demandante no acreditó que ejerció el derecho al
voto.

Expuso que, de aceptarse la legitimación del accionante, no podía predicarse que se
vulneró su derecho a elegir, puesto que la decisión judicial no limitó su ejercicio, sino
que analizó si el acto de elección debía ser anulado por haberse acreditado la doble
militancia.

De otra parte, dijo que la tutela no cumple los presupuestos de procedencia, ni
contiene argumentos en tal sentido, por lo que carece de relevancia constitucional.

2.5. El señor Roy Leonardo Barreas Montealegre, a través de apoderado judicial,
solicitó ser desvinculado de este trámite por no asistirle ningún interés. Agregó que
«en los próximos días» instauraría una acción de tutela en la que desarrollará los
defectos en que incurrió la sentencia que declaró la nulidad de su elección.

Adujo que el objeto de la presente acción constitucional no está dirigido a proteger
alguno de sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, la decisión que aquí
se tome no lo vincula.

Concluyó que, incluso, «la acción de tutela impetrada por el señor GONZÁLEZ
LANCHEROS, al ser una tutela contra providencia judicial, debió haber sido
rechazada de plano en la medida en que el actor no acreditó ni el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia del recurso de amparo constitucional, ni
mucho menos argumentó una vía de hecho o defecto en contra de dicho fallo».

2.6. El secretario general del Congreso de la República señaló que el legislativo no
es competente para conocer de las pretensiones del actor, dado que su definición
corresponde a una autoridad judicial.

2.7. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio, a pesar de que fueron
notificados del auto admisorio de la demanda.

4

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Demandante: Álvaro Enrique González Lancheros
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Sentencia de tutela de primera instancia
II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si el señor Álvaro Enrique González Lancheros
está legitimado para discutir la sentencia proferida el 4 de mayo de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad de la elección del
señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como senador de la República, para el
periodo constitucional 2022-2026. Solo en caso afirmativo, se estudiará si la solicitud
de amparo reúne los requisitos generales exigidos por la jurisprudencia para su
procedencia y, de cumplirse, se descenderá al análisis de fondo, con el fin de
establecer si la sentencia cuestionada vulneró el derecho a elegir del señor
González Lancheros.

De considerarse que el demandante carece de legitimación para atacar el fallo
referido o que no se cumple alguno de los requisitos generales, la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo.

2. Análisis del caso

2.1. De la legitimación en la causa en materia de acción de tutela

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política5 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

5
ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]

5

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Sentencia de tutela de primera instancia

Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe ser
una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá
ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 19916.

En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la
legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa”
para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el
derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en
principio, de otra persona7. La segunda se entiende satisfecha con la correcta
identificación de las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados8, destacando a la vez que su adecuada
integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la
defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les
pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)9.

Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales,
es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales
o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se relacionen con la dignidad
humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 10 . Así, debe decirse que un

6 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,

por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
7
Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
8
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental (…)».
9
Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando
no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata10 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 10. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…

6

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derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un
contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un
titular, un obligado y una prestación o contenido11.

El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa, «es,
entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y
debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”12»13.

En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico 14. De no cumplirse, la tutela se
torna improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del
asunto.

• Análisis de la legitimación en el caso concreto

El señor Álvaro Enrique González Lancheros alega que el Consejo de Estado,
Sección Quinta, vulneró su derecho a elegir, por cuanto declaró la nulidad de la
elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como senador de la
República, para el periodo constitucional 2022-2026.

A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida
en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la
posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está
determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del
derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación
o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de
cada caso (tópica).
11
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M.
P. José Gregorio Hernández.
13
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
14
De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación
de desamparo e indefensión.

7

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De entrada, la Sala advierte que el accionante no está legitimado para cuestionar el
contenido de una decisión dictada en un proceso de nulidad electoral del que no fue
parte, ni siquiera por el hecho de adjudicarse la calidad de ciudadano y de votante
en los comicios en que tuvo lugar la elección que fue objeto de anulación en el fallo
cuestionado.

Lo dicho se fundamenta en que, por tratarse del contenido de una providencia
judicial, en principio, solo puede ser discutida por los sujetos procesales —partes y
terceros— que se vincularon a dicha causa, salvo que, por ejemplo, ante la
inexistencia de otro mecanismo lo pretendido por el tutelante sea que se ordene la
vinculación o se alegue la afectación del debido proceso, justamente por no haber
sido convocado en el litigio o controversia, circunstancia que, valga decir, no es la
que reprocha el aquí actor.

En este caso, fueron seis las demandas que se formularon contra el acto de elección
del señor Barreras Montealegre; sin embargo, en ninguna de ellas figura el
accionante como parte, interesado o coadyuvante de algunos de los extremos de la
litis.

Al revisar las reglas que rigen el contencioso electoral, se constata que, en lo
pertinente, el artículo 139 del CPACA establece que cualquier persona puede pedir
la nulidad de los actos de elección por voto popular. En similar sentido, entre las
disposiciones especiales para este tipo de procesos, se encuentra que el artículo
277, numeral 1, literal c), del código mencionado prevé que el auto que admite la
demanda debe disponer la publicación de un aviso en el que «se informará a la
comunidad de la existencia del proceso, para que cualquier ciudadano con interés,
dentro del mismo término anterior, intervenga impugnando o coadyuvando la
demanda, o defendiendo el acto demandado».

En este caso, a pesar del aviso a la comunidad para que los interesados se
vincularan en defensa del acto demandado o impugnando la demanda, el señor
González Lancheros no participó en ninguno de los seis procesos promovidos por
los señores Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza,
Roberto Carlos Daza Cuello, Andrés Felipe Villalobos Erazo y Michelle Steffany
Gómez Congote —procesos que luego fueron acumulados—, en los que se vinculó
al señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

8

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Recuérdese: la tutela persigue la protección de derechos subjetivos. Ello significa
que quien alega la afectación debe ser su titular o que otra persona los defienda en
su nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la jurisprudencia. La calidad
de sujeto activo del derecho para cuestionar una providencia judicial se determina
por haber sido parte, tercero o sujeto procesal vinculado, o porque se solicitó la
vinculación al proceso y esta fue negada y se discute ese hecho. Pero los efectos
generales de la providencia judicial o, incluso, el carácter de tal que se predica de
ciertos actos administrativos, de un reglamento o la importancia que para el
interesado tengo la decisión judicial, no habilita a que cualquier persona pueda
reprochar la juridicidad de la providencia, si no se hizo parte en el proceso y en las
oportunidades consagradas en el ordenamiento jurídico.

La Sala destaca que, a pesar de que existe un sistema de acceso y coadyuvancia
popular sobre el acto demandado, en la medida en que cualquier persona puede
presentar la demanda (art. 139 CPACA) y cualquier ciudadano puede intervenir en
ese trámite (art. 277, num. 1, lit. c, CPACA), ese elemento no extiende a la discusión
de la providencia judicial allí proferida, si quien la provoca no estuvo vinculado en el
respectivo proceso.

Esta Corporación se ha pronunciado15 en sentido similar, al concluir que quienes
ejercen la acción de tutela para cuestionar providencias judiciales, sin haber
participado en el proceso en que estas se dictaron, carecen de legitimación en la
causa por activa.

Tan evidente es la falta de legitimación en la causa del accionante que el propio
afectado con la decisión judicial cuestionada expresó su falta de interés en hacerse
parte en este proceso, puesto que, según afirmó, formularía su propia demanda de
tutela, por lo que pidió que los efectos de esta decisión no le vincularan y, además,
resaltó que la tutela debió ser «rechazada» por carecer de argumentación.

Por si fuera poco, aun cuando la Sala estimara que el solo hecho de participar en los
comicios es suficiente para avalar la legitimación en la causa de quien ataca una

15
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: (i) del 6 de diciembre de 2016, Sección
Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02683-01 (AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
(ii) del 16 de diciembre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicado 11001-03-15-000-2019-
00282-01 (AC), M.P. Ramiro Pazos Guerrero, y (iii) del 15 de julio de 2022, Sección Tercera,
Subsección A, radicado 11001-03-15-000-2022-02894-00 (AC).

9

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Sentencia de tutela de primera instancia
sentencia sin que hubiera sido parte del proceso en el que se dictó, ocurre que el
señor González Lancheros tampoco acreditó su condición de votante en la jornada
del 13 de marzo de 2022, prevista para elegir a los senadores y representantes a la
Cámara para el periodo constitucional 2022-2026.

Entonces, como se anunció al formular el problema jurídico, la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Álvaro Enrique
González Lancheros, por considerar que carece de legitimación en la causa por
activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Álvaro
Enrique González Lancheros, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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