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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02326-00

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02326-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rita Eugenia Camacho Carvajal Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02326-00 Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (a la unidad o dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, esta última entidad le deberá comunicar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal. CUARTO: INSTAR a las autoridades accionadas para que, en el futuro, no impongan obstáculos administrativos a los empleados que les impidan ejercer su derecho fundamental al descanso remunerado, máxime cuando se trate de medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02326-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de junio de 2023

Demandante: Rita Eugenia Camacho Carvajal
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02326-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., primero (1.º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02326-00
Demandante: RITA EUGENIA CAMACHO CARVAJAL
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA Y OTRO

Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial. Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Rita Eugenia
Camacho Carvajal contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Rita Eugenia Camacho Carvajal, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al descanso.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de la entidad accionada en expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que permita el nombramiento de la persona que la reemplace
durante el periodo de sus vacaciones, como titular del Juzgado Promiscuo
Municipal de Santana.

1.2. Pretensiones

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

1 Con escrito presentado el 5 de mayo de 2023.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rita Eugenia Camacho Carvajal
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02326-00

PRIMERO: A la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE TUNJA la expedición del respectivo Certificado de Disponibilidad
presupuestal que permita el pago y disfrute de mis vacaciones para la fecha en que
fueron solicitadas; es decir a partir del 26 de octubre de 2023 inclusive y por el
término legal que duren las mismas (22 días) y que incluya lo necesario para el
nombramiento del remplazo que debe efectuarse por el periodo de vacaciones.

SEGUNDO: Al TRIBUAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA
conceder el disfrute de mis vacaciones debidas en la fecha en que fueron
solicitadas es decir a partir del 26 de octubre de 2023 inclusive y por el término
legal que duren las mismas (22 días) y proceder al nombramiento de la persona
que realizará mi reemplazo por dicho periodo de vacaciones.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los actos administrativos por los cuales las
accionadas negaron mi derecho al disfrute y pago de mis vacaciones (Resolución
de Sala de Gobierno No. 014 del 2 de marzo de 2023 y oficio DESAJTU023-779
fechado el 24 de febrero de 2023).2

1.3. Hechos

Los supuestos fácticos que se relacionan a continuación, son relevantes para el
estudio del asunto de la referencia:

La accionante señaló que se desempeña como juez Promiscuo Municipal de
Santana, desde el 16 de agosto de 2008 a la fecha sin interrupción alguna, por lo
que aduce tener el derecho al disfrute de las vacaciones que se causaron por el
periodo laborado en el año 2019.

Indicó que, mediante el Acuerdo CSJBOYA19-63 de 14 de agosto de 2019, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare dispuso fijar los turnos
para la atención de la función de control de garantías en el sistema penal
acusatorio durante el término de la vacancia judicial comprendido entre el 20 de
diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020.

Adujo que, con ocasión de lo anterior, se dispuso que la Unidad Judicial 9 del
Distrito Judicial de Tunja, dentro de la cual están los municipios de Moniquirá,
Chitaraque, San José de Pare, Santana y Toguí, atendería el referido lapso de la
vacancia a través de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Moniquirá y
Promiscuo Municipal de Santana.

Precisó que, en ese orden, mediante el oficio 1322 de 18 de diciembre de 2019
expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, le fue notificada la
Resolución 064 de 7 de noviembre de 2019 a partir de la cual se suspendió el
disfrute de sus vacaciones. También fue informada de la Resolución
DESAJTUR19-877 de 9 de diciembre de 2019, en la que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Tunja dispuso la suspensión del pago de las vacaciones
en el mes de diciembre de 2019, debido a la misma razón.

2 Transcripción literal con posibles errores.

2

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Refirió que desde el 13 de febrero de 2020 solicitó al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, le concediera el disfrute de su periodo de descanso
remunerado; petición que «nunca fue contestada […] entendiendo la suscrita que
en dicho año se presentó la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia».

Acotó que, con los oficios internos 002 y 001 de 11 de enero de 2023, solicitó
nuevamente al tribunal otorgar el disfrute de las vacaciones y el pago de esta
prestación «para la fecha comprendida entre el 26 de octubre del año en curso
inclusive y por el tiempo que legalmente corresponda».

Mencionó que la secretaría del tribunal otorgó respuesta mediante el oficio 0004
de 12 de enero de 2023, en el sentido de indicar que, a su vez, remitió la petición
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja para efectos de la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que habilitaría el reemplazo de la
tutelante. También se le aportó el oficio 0126 de 20 de marzo de 2023, mediante el
cual se le comunicó que, en la Resolución de Sala de Gobierno 014 de 2 de marzo
de 2023 se negó el goce de las vacaciones por no contar con el referido CDP.

Puntualizó que, el 10 de marzo de 2023 recibió el oficio DESAJTUO23-779 de 25
de febrero de 2023 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Tunja, en la cual se da respuesta desfavorable frente a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal necesario para sufragar el
nombramiento de la persona que reemplazará a la accionante en su descanso,
con fundamento en que pertenece al régimen de vacaciones colectivas, no
individuales según lo establecido en la circular PSAC 11-44 de 2011. También
comentó:

Adicional se me envía con la respuesta certificación expedida por la Coordinadora
del área de talento humano con la cual certifica mi vinculación a la rama judicial
desde el primero de abril de 2006, que pertenezco al régimen de vacaciones
colectivas y que para el periodo de vacaciones comprendido entre el 20 de
diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020 se suspendieron mis vacaciones y no se
me pagaron, acreditando que al a fecha se me debe el pago y disfrute de 22 días de
vacaciones.3

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora planteó la vulneración de su derecho al descanso remunerado
estipulado en el artículo 534 de la Constitución Política, en tanto que la pausa

3 Transcripción literal con posibles errores.
4 «Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
3

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laboral es una consecuencia necesaria en favor del trabajador y un pilar
fundamental de dicho deber.

Advirtió que, en la sentencia STP9295-2021 de 22 de junio de 2021 de la Sala de
Casación Penal – Sala de decisión de tutelas la Corte Suprema de Justicia, en la
que dicha Corte expresó:

Las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos
para concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso
trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y
justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales.

Agregó que, en la sentencia T-837 de 2000 se indicó:

3. Salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o trabajador oficial
tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones, por cada año de
servicios prestados en cualquiera de las entidades del Estado […] En efecto, el
derecho al descanso ha sido reconocido universalmente como una garantía laboral
que “ofrece a los trabajadores una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar
sus facultades […].

También aseguró que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,
las vacaciones tienen la modalidad de colectivas de forma general, con la
salvedad de las individuales concedidas en atención a las necesidades del
servicio, lo cual ocurre en este caso, comoquiera que a la tutelante le fueron
suspendidas para que el juzgado del cual es titular atendiera la función de control
de garantías en el periodo de vacancia judicial que transcurrió entre el 20 de
diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020, «situación que se debió prever por la
autoridad respectiva, pero que no puede ahora surgir como excusa para negarme
el derecho».

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Mediante auto de 10 de mayo de 2023 se admitió la tutela de la referencia y
se ordenó la notificación de la parte accionante, de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja y del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja. Igualmente dispuso la vinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del orden nacional.

Finalmente, ordenó la publicación de este auto en la página web del Consejo de
Estado.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios correspondientes y efectuadas las notificaciones ordenadas,
se presentaron los siguientes informes:

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.»
4

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1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Mediante escrito de 12 de mayo de 2023, el abogado de la División de Procesos
de la Unidad de Asistencia Legal de la dirección nacional, manifestó que la entidad
que representa carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no
es la llamada ni obligada «toda vez que no tenemos la condición de nominador del
accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones» a la
tutelante.

Lo anterior, en atención a que, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 270 de
1996, lo pretendido por la señora Camacho Carvajal no integra el listado de sus
funciones, puesto que es facultad exclusiva del nominador resolver lo relativo a las
vacaciones de los empleados del despacho.

En ese orden, indicó que la encargada de expedir los actos a través de los cuales
se establece el periodo de vacaciones y valores a sufragar por este concepto es la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 103 de la norma ejusdem. Agregó que solo en segunda
instancia es que interviene la dirección nacional al resolver la apelación, en caso
de que el accionante considere vulnerados sus derechos laborales, prestacionales
o salariales.

Aseguró que con la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 se
estableció la prohibición de adjudicar recursos de la Rama Judicial para la
contratación de las personas que realizan los reemplazos de los empleados de los
despachos judiciales con régimen de vacaciones individual en los que se cuente
con tres o más servidores (incluido el titular). En ese orden, precisó que en dicha
circular:

[…] no se estableció prohibición alguna para la disposición de recursos para la
contratación de reemplazo de los FUNCIONARIOS JUDICIALES (Jueces,
Magistrados), aclarando que el titular, en este caso la parte accionante, debe
presentar un plan de atención o de reemplazo con alguno de los empleados del
despacho, si ello no es posible efectivamente hará la debida solicitud para que se
asignen los recursos para contratar su reemplazo. En todo caso, es un desacierto
manifestar que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, prohibió la
asignación de recursos para la contratación del reemplazo de los FUNCIONARIOS
judiciales.

En ese orden, el NOMINADOR Consejo Seccional de la Judicatura antes
mencionada, no puede negar la concesión del periodo de vacaciones al accionante
con base en la justificación de falta o ilegalidad de apropiación de recursos para la
contratación del reemplazo del Accionante.

Finalmente, solicitó que se «ordene y conmine» al nominador de la parte
demandante, para que conceda el periodo de vacaciones inmediatamente y sin
oponer más condicionamientos.

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1.6.2. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja

Con memoriales de 21 de marzo y 17 de mayo de 2023, el presidente del tribunal
informó que, en la medida en que por ley de presupuesto «se deben situar los
recursos para el disfrute de vacaciones, con el propósito de viabilizar la
nominación del juez para el reemplazo, debido a la imposibilidad de dejar un
juzgado acéfalo de judicatura, es deber y competencia directa de la Dirección
Ejecutiva Nacional hacer las asignaciones presupuestales a efectos de atender las
solicitudes de vacaciones» a quienes como en el asunto de la referencia,
pertenecen al régimen de vacaciones colectivas, fueron suspendidas por acto
administrativo de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura.

En ese sentido pidió que, ante la imposibilidad jurídica que se encuentra por
razones de índole presupuestal, que no maneja, y por carecer de competencia
para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, se le «excluya de la
presente acción constitucional, erigiéndose ello en el único motivo fundamento
para haber negado las vacaciones deprecadas y a las que tiene derecho la
funcionaria accionante».

Agregó que no es pertinente dejar con doble carga funcional a un empleado, al
interior del mismo juzgado, que es lo que sugirió la Dirección Seccional, cuando
indicó que se debe encargar (sin remuneración) las funciones del juez al empleado
que cumpla los requisitos.

Argumentó que el derecho al descanso necesario está contenido en el artículo 53
superior, el cual consiste en que el trabajador pueda hacer una pausa laboral por
un periodo determinado con miras a recuperar las energías agotadas en la
actividad que desarrolla, con el propósito de procurar la salud física y mental, y
pueda ejecutar la labor con mayor eficiencia.

Finalmente, resaltó que el tribunal no ha incurrido en vulneración alguna de los
derechos reclamados por la tutelante. Solicitó que se ordene a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del orden nacional, «gestionar lo pertinente
para la expedición de CDP, para que a futuro no avoque a funcionarios judiciales a
tener que procurar la realización de sus derechos laborales a través de acciones
de tutela, como ocurre en el presente caso».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Rita Eugenia Camacho Carvajal contra la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja y otro, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Cuestión previa

Las solicitudes de desvinculación elevadas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se
despacharán de manera desfavorable, en atención a que la primera es la entidad
que ordena la provisión de los recursos con los que eventualmente se tendría que
cubrir el pago del reemplazo de la señora Camacho Carvajal, y la segunda es la
judicatura nominadora que finalmente autorizaría a la accionante al disfrute de su
descanso remunerado.

Por lo anterior, es indispensable mantener su comparecencia y lograr la debida
integración del contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Rita Eugenia Camacho
Carvajal con ocasión de la imposibilidad de materializar su derecho a gozar de las
vacaciones remuneradas.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y,
de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

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2.5. Caso concreto

2.5.1. La señora Rita Eugenia Camacho Carvajal consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al descanso, con
ocasión de la negativa de la entidad accionada de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
remplace durante el periodo de sus vacaciones como juez Promiscuo Municipal de
Santana.

2.5.2. Reiteración de jurisprudencia5

2.5.2.1. Advierte la Sala que, en lo que respecta a los actos administrativos que
niegan el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 20116, en el cual se puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto, en
principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

Sin embargo, esta Sección ha considerado7 que en ciertos eventos las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo
judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual
torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su
primacía dentro del ordenamiento jurídico.

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la
accionante debe alegar que un acto particular y concreto vulneró un derecho
subjetivo por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos expuestos por la parte actora contra la decisión de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja de negarse a

5 Al respecto ver las sentencias del 18 de mayo de 2023, Exp. Rad. 11001-03-15-000-2022-06383-

01; 30 de mayo de 2019, Exp. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-01633-00, del 26 de septiembre de
2019, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2019-03992-00 y del 6 de agosto de 2020, Exp. Rad. No
11001-03-15-000-2020-03100-00, en los cuales, la Sección Quina del Consejo de Estado analizó
casos similares al presente.
6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.»
7 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de
2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.
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expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y que condujo a que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja no accediera a otorgar el disfrute de
sus vacaciones, se enmarcan en el derecho adquirido al descanso por laborar
todo un año de forma ininterrumpida en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Santana, por lo cual solicitó que se apropiara la partida presupuestal para el
nombramiento de su reemplazo.

De lo solicitado por la tutelante se puede inferir que no pretende atacar la legalidad
del oficio DESAJTU023-779 de 24 de febrero de 2023 y de la Resolución de la
Sala de Gobierno 014 del 2 de marzo del mismo año; presupuesto indispensable
para la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, aunque en principio los actos administrativos mediante los cuales se
negó el disfrute de las vacaciones podría ser controvertido a través del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, y solicitarse la medida cautelar pertinente,
la Sala considera que, la accionante no posee un instrumento jurídico idóneo para
el amparo de su prerrogativa fundamental, toda vez que, como se evidenció, no
pretende reprochar su legalidad y su inconformidad no se encuadra en ninguna de
las causales para la procedencia del referido medio de control.

En ese orden de ideas, el mencionado mecanismo carecería de la idoneidad
suficiente, precisamente porque no le ofrecería una solución a sus pretensiones, y
tampoco resolvería de fondo sus situaciones.

Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
expuesto, sea competente para conocer el fondo de esta controversia, pues con la
acción de amparo no se solicita una revisión de legalidad del acto administrativo a
través del cual se negó el disfrute a las vacaciones a la servidora judicial tutelante.

2.5.2.2. Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de
discusión, se encuentra demostrado que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja expidió la Resolución 014 del 2 de marzo de 2023, a
través de la cual se negó la solicitud del disfrute de vacaciones presentada por la
accionante.

En resumen, las razones para no acceder a su petición se enmarcan en la
necesidad del servicio y ante la falta de asignación de presupuesto para su
reemplazo.

Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger su salud corporal y mental, y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar la señora Rita

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Eugenia Camacho Carvajal, pues, se itera, jurisprudencial y legalmente se ha
considerado que las vacaciones constituyen una garantía superior que tienen
todos los empleados, por lo que, no puede ser trasgredido en función del servicio.
Tan es así, que esta corporación ha amparado el derecho fundamental al
descanso en acciones de tutelas con similares supuestos fácticos8.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que «se
considerará nulo todo acuerdo que involucre el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas»9.

En el presente caso, la tutelante pretende el disfrute material del periodo de
descanso al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones de
presupuesto y necesidad del servicio, no le fue concedido.

Sin embargo, esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y
la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja,
de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar provisionalmente
a quién reemplazará en su ausencia a la demandante, no puede usarse para
desconocer el disfrute de las vacaciones a las cuales tienen derecho, toda vez
que, el carácter fundamental de dicha garantía ha sido reconocido por la Corte
Constitucional, sin que sea válido oponer trabas administrativas que afecten el
núcleo esencial de este derecho.

En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremia al
Juzgado Promiscuo Municipal de Santana ante la gran carga laboral que tiene
bajo su responsabilidad, por lo que resulta necesario que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja provea las medidas necesarias para
que el despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello implique que la
servidora judicial no pueda disfrutar del derecho a las vacaciones, una vez se
verifique el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a estas.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer obstáculos administrativos a la
accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales, máxime cuando
escapa de su resorte el encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal.

Así las cosas, negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, constituye, de plano, la vulneración de la
garantía alegada por la señora Camacho Carvajal, concretamente al descanso
remunerado luego de cumplir 1 año de labor, así como el derecho a la igualdad

8 Consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-

2020-04490-0 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01
M.P. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-000-2014-
00469-01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015.
9 Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de

junio de 1963.

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respecto de la gran mayoría de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
a nivel nacional que durante el 20 de diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020
tuvieron acceso al periodo de descanso remunerado colectivo, mientras que la
señora Rita Eugenia Camacho Carvajal tuvo que atender funciones relativas al
sistema penal de oralidad debido a que su despacho fue designado para cumplir
tales deberes en el referido periodo de la vacancia judicial.

Máxime, en un caso como el que se debate, en el cual el único momento del año
que está designado legalmente para disfrutar de la vacancia colectiva, es entre los
meses de diciembre y enero; de manera que al continuar vinculada con la Rama
Judicial, año tras año se causan las vacaciones concernientes a cada periodo de
labores y se tornaría en un imposible que la actora agote esos 22 días de
descanso que se le adeudan por laborar la vigencia 2019.

En ese orden, esta Sala de Decisión instará a las accionadas a no imponer trabas
administrativas a la accionante que le impidan ejercer sus derechos
fundamentales, con mayor razón, cuando escapa de su resorte el encontrar las
medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su
ausencia temporal.

En virtud a lo ampliamente señalado, la Sala considera vulnerado el derecho al
trabajo en condiciones dignas de la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal por
parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, por
lo que, se impone tutelar su garantía conculcada.

2.6. Conclusión

Esta Sala de Decisión el amparo deprecado por la parte actora, quien es titular del
Juzgado Promiscuo Municipal de Santana.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas
de la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la

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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (a la unidad o dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja adopte las medidas que se requieren para
conceder las vacaciones de la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.

Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja, esta última entidad le deberá comunicar al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión
del disfrute de las vacaciones para la señora Rita Eugenia Camacho Carvajal.

CUARTO: INSTAR a las autoridades accionadas para que, en el futuro, no
impongan obstáculos administrativos a los empleados que les impidan ejercer su
derecho fundamental al descanso remunerado, máxime cuando se trate de
medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su
ausencia temporal.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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