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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02384-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02384-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Eduardo Cortez Vargas, por los motivos expuestos en esta providencia. 2 La Sala reitera la posición adoptada en las sentencias del 15 de noviembre de 2017, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2017-02028-01 y del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02100-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02384-00 Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02384-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02384-00
Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
de Administración Judicial de Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02384-00
Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otro

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y a ser elegido. Falta del requisito de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Eduardo Cortez
Vargas, por medio de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y de la Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

El señor LUIS EDUARDO CORTEZ VARGAS instauró acción de tutela en aras
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser
elegido en cargos de elección popular.

HECHOS

Manifestó que el 2 de enero de 2016 tomó posesión como concejal de Puerto
Leguizamo Putumayo (periodo 2016 – 2019). La Procuraduría Regional de
Putumayo dio inicio a un proceso disciplinario con radicado IUC-D-2016-98-
844060, en el cual le imputó la comisión de falta gravísima en modalidad dolosa,

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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
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por nombrar en el cargo de personero a una persona que se encontraba
inhabilitada para el ejercicio del mismo.

El 13 de octubre de 2016 se profirió fallo de primera instancia, donde se declaró
disciplinariamente responsable al accionante por la comisión de la falta gravísima
y se le sancionó con la destitución e inhabilidad por 10 años, decisión que fue
confirmada el 12 de marzo de 2018.

El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en
aras de solicitar que se declare la nulidad de la sanción disciplinaria, la cual le
correspondió el radicado 52001-23-33-000-2019-00305-00; el 8 de septiembre
de 2021 el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de primera
instancia, donde accedió a las pretensiones de la demanda; sin embargo, la
Procuraduría General de la Nación recurrió dicha decisión y actualmente se
encuentra ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el
despacho del consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, pendiente por fallo
de segunda instancia.

La Corte Constitucional mediante comunicado de prensa del 16 de febrero de
2023 dio a conocer la sentencia C-030 de 2023, donde declaró la exequibilidad
condicionada de la potestad de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos de elección popular,
estableciendo que dichas decisiones serán objeto de control judicial automático
por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que mientras ello
ocurre estas no podrán ser ejecutadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el accionante el 17 de abril de 2023 le solicitó a
la Procuraduría General de la Nación que inaplicara o suspendiera la sanción
disciplinaria de inhabilidad que le fue impuesta en el proceso disciplinario IUC-D-
2016-98-844060, mientras se profiere la sentencia de segunda instancia en el
proceso antes citado; no obstante, la entidad señaló que la petición era
improcedente, por lo cual, el 5 de mayo de 2023 solicitó ante el juez de segunda
instancia que se decretará la medida cautelar de suspensión provisional de la
sanción.

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PRETENSIONES

Solicita que se ordene la inaplicación o suspensión de la sanción disciplinaria de
forma transitoria, mientras se surte la segunda instancia.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 12 de mayo de 2023 se dispuso su admisión, se negó el decreto de la
medida provisional y se vinculó como terceros interesados a los señores Fabian
Daniel Toro Riascos, Milton Raúl Barrera Cano, Oliver Alexander Charry
Cárdenas y Ruthcelly Mora Luna.

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

La Procuraduría General de la Nación allegó informe donde solicitó declarar
improcedente la acción de tutela ya que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, a través del cual se está revisando la sanción disciplinaria se
encuentra en curso; asimismo, no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.

El consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado rindió informe mediante el cual señaló
que se encuentra pendiente por resolver el recurso de apelación interpuesto por
la Procuraduría General de la Nación en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 52001-23-33-000-2019-00305-01
(545-2022), el cual ingresó al despacho para fallo el 30 de junio de 2022 y está
en el turno 54 para tal propósito.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El 26 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a
los señores Fabian Daniel Toro Riascos, Milton Raúl Barrera Cano, Oliver
Alexander Charry Cárdenas y Ruthcelly Mora Luna; sin embargo, estos

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guardaron silencio.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público rindió concepto mediante el cual solicitó negar la acción de
tutela, comoquiera que no existe perjuicio irremediable en el caso concreto, ni
vulneraciones específicas a los derechos fundamentales alegados por el
accionante, y tampoco se cumplió con el principio de subsidiariedad en materia
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
requisito de subsidiariedad y II) caso concreto.

I) Requisito de subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una entidad
pública de cualquier índole o de los particulares, cuya conducta represente una
afectación grave a derechos fundamentales.

Al respecto, el artículo 6.°, numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991 señala dentro
de las causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”, en aras de respetar la división
de competencias delineada en la Carta.

Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito fundamental
para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso la Corte Constitucional
estableció que para que la tutela proceda se debe cumplir con las exigencias de

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que el actor: a) no disponga de otro medio de defensa judicial para proteger de
manera inmediata sus derechos fundamentales vulnerados; o b) que existiendo
otro medio de defensa judicial, se presenten dos eventos: i) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera que la
tutela los proteja de forma directa; o ii) que la tutela sea un mecanismo transitorio
para que se evite un perjuicio irremediable1

II) Caso concreto

El señor Luis Eduardo Cortez Vargas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a ser elegido y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la Procuraduría
General de la Nación, ante la negativa de inaplicar o suspender la sanción
impuesta en el proceso disciplinario IUC-D-2016-98-844060.

Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente, observa la Sala que el
accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
mediante la cual solicitó declarar la nulidad de la actuación administrativa
disciplinaria contenida en los fallos del 13 de octubre de 2016 y 12 de marzo de
2018, donde se le sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años
para el ejercicio de funciones públicas.

El 8 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Nariño profirió
sentencia de primera instancia, en la cual accedió a las pretensiones de la
demanda; no obstante, la Procuraduría General de la Nación recurrió la
decisión, la cual por reparto le correspondió al despacho del consejero Carmelo
Perdomo Cuéter bajo el radicado 52001-23-33-000-2019-00305-01 (545-2022),
de ahí que, el 12 de mayo de 2023 admitió el recurso de apelación.

El 5 de mayo de 2023, el accionante radicó ante el ad quem solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de los fallos antes referidos,
mientras se emite sentencia de segunda instancia, en aras de proteger sus
derechos políticos, dado que está próximo a iniciar el periodo de inscripción de

1 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de

2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.

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candidaturas. El 06 de junio de 2023, el despacho homólogo corrió traslado de
la petición aludida.

En ese orden de ideas, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 6.° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Al respecto, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, ya que este debe suponer una hipotética afectación
grave y significativa de los derechos fundamentales del accionante, y en ese
sentido se justifica la intervención del juez de tutela en forma transitoria para
adoptar medidas urgentes e impostergables que eviten la materialización del
referido perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se presentan.

Así las cosas, se concluye que el recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia, del 8 de septiembre de 2021, y la solicitud de la medida
cautelar de suspensión provisional de la sanción disciplinaria, se encuentran en
trámite y no han sido decididos por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, por lo tanto, resulta claro que el amparo solicitado es
improcedente pues el juez de tutela no puede asumir competencias propias del
juez ordinario2.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela instaurada
en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y de la
Procuraduría General de la Nación, dado que no se cumplió con el requisito
general de subsidiariedad.

FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis
Eduardo Cortez Vargas, por los motivos expuestos en esta providencia.

2 La Sala reitera la posición adoptada en las sentencias del 15 de noviembre de 2017, C.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2017-02028-01 y del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02100-01

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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
de Administración Judicial de Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas
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Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

HAPC

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