Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02384-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02384-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02384-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de septiembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02384-01
Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02384-01
Accionante: LUIS EDUARDO CORTEZ VARGAS
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; CONSEJO DE
ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora se circunscribe a una misma
petición que hizo ante el juez que conoce del proceso
ordinario.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado del señor Luis
Eduardo Cortez Vargas en contra del fallo de tutela proferido el 22 de
junio de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Eduardo Cortez Vargas, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la Procuraduría
General de la Nación y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
debido proceso y a ser elegido, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] Primero: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al
debido proceso y a ser elegido en cargos de elección popular, de
LUIS EDUARDO CORTEZ VARGAS vulnerados por la negativa de
la Procuraduría General de la Nación de suspender o inaplicar la
sanción disciplinaria mientras se surte la segunda instancia del
proceso el proceso (sic) de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 52-001-23-33-000-2019–00305-01, que cursa en la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ORDENE la
INAPLICACIÓN o SUSPENSIÓN de la sanción de inhabilidad
impuesta a mi representado en fallo disciplinario de primera
instancia del 13 octubre de 2016, proferido por la Procuraduría
Regional de Putumayo, confirmado en fallo disciplinario de segunda
instancia del 12 de marzo de 2018, proferido por el Procurador
Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, en el proceso
disciplinario IUC-D-2016-98-844060, de FORMA TRANSITORIA,
mientras se surte la segunda instancia del proceso el proceso (sic)
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52-001-23-
33-000-2019–00305-01 que cursa en la Sección Segunda del
Consejo de Estado […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante indicó que se posesionó el 2 de mayo de 2016 como concejal
del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, elegido para el período
2016-2019.
Informó que en su contra y en contra de otros concejales, se tramitó el
proceso disciplinario nro. IUCD-2016-98-844060, por parte de la
Procuraduría Regional de Putumayo, en el que se le imputó la presunta
comisión de una falta gravísima por violación del régimen de
inhabilidades, por supuestas irregularidades en el proceso de elección del
personero municipal de Puerto Leguízamo.
Señaló que, mediante fallo disciplinario de primera instancia del 13 de
octubre de 2016, la Procuraduría Regional de Putumayo lo declaró
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Visto en el índice 2 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
disciplinariamente responsable de la falta gravísima que le fue imputada,
y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años, decisión
que fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante fallo
disciplinario del 12 de marzo de 2018, proferido por el Procurador
Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, que confirmó la
decisión recurrida.
Manifestó que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los precitados fallos
disciplinarios, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo
de Nariño, que en sentencia del 8 de septiembre de 2021 declaró la
nulidad de los actos acusados, decisión contra la cual la Procuraduría
General de la Nación interpuso recurso de apelación, que, a la fecha, está
pendiente de ser resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Señaló que en comunicado de prensa del 16 de febrero de 2023, la Corte
Constitucional dio a conocer que en sentencia C-030 de 2023 declaró la
exequibilidad condicionada de la potestad de la Procuraduría General de
la Nación para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de
elección popular con medidas que limiten sus derechos políticos,
estableciendo que dichas sanciones deben ser objeto de control judicial
automático por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
y que mientras ello ocurre no podrán ser ejecutadas.
Aseveró que el 17 de abril de 2023 solicitó a la Procuraduría General de
la Nación que, con fundamento en el principio de favorabilidad y lo
considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023,
mientras se profiere la sentencia de segunda instancia en el proceso
ordinario que adelanta inaplique o suspenda la sanción disciplinaria de
inhabilidad que se le impuso, petición que fue contestada por la
Procuraduría Regional de Instrucción de Putumayo, indicando que era
improcedente.
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Indicó que el 5 de mayo de 2023 solicitó a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado decretar la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos disciplinarios censurados en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, mientras se profiere sentencia de segunda
instancia en dicho medio de control.
Sostuvo que en el presente caso la tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable
respecto de sus derechos políticos, por cuanto está viendo afectado su
derecho de promover una eventual candidatura, dado que, acorde con las
fechas establecidas en el calendario electoral fijado para las elecciones
del próximo 29 de octubre de 2023, de encontrarse inhabilitado al
vencimiento del plazo para registrar comités inscriptores de grupos
significativos de ciudadanos y realizar la inscripción de candidaturas,
perderá la posibilidad de constituir un grupo y verá anulada la posibilidad
de ser candidato, motivo por el cual se requiere la adopción de medidas
urgentes e impostergables para evitar un perjuicio grave e inminente de
sus derechos invocados.
Argumentó que con la expedición de la Ley 2094 de 2021, y la
exequibilidad condicionada de los artículos 1 y 54 en sentencia C-030 de
2023 de la Corte Constitucional, dicha decisión les resulta favorable a los
funcionarios de elección popular sancionados con destitución e inhabilidad
en vigencia de la Ley 734 de 2002 y que demandaron oportunamente
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que, la
ejecución de la sanción impuesta debe suspenderse mientras ésta se
revisa por el juez administrativo, por lo que la negativa de la Procuraduría
General de la Nación frente a su solicitud le vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, así como a ser elegido, en atención
además a lo considerado en la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs.
Colombia y el auto de supervisión de cumplimiento proferido el 25 de
noviembre de 2021 por la misma Corte.
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 8 de mayo de 20232 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección A, Sección Segunda, de esta
Corporación que, por auto del 12 de mayo de 20233, la admitió y dispuso
notificar4 como accionados a la Procuraduría General de la Nación y a la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, así como
vincular5 a los señores Fabián Daniel Toro Riascos, Milton Raúl Barrera
Cano, Oliver Alexander Charry Cárdenas y Ruthcelly Mora Luna, como
terceros interesados en el resultado del proceso. En la misma providencia
se negó la solicitud de medida provisional formulada por la parte actora.
3.2. Por escrito presentado el 19 de mayo de 20236, el entonces
Consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter, de la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, manifestó que en ese despacho
cursa el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera
instancia proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual ingresó para sentencia el 30 de junio de 2022 y está en
el turno 54 para tal propósito.
Advirtió que están pendientes de decisión otros recursos de apelación que
ingresaron a la Corporación con anterioridad y que no es dable vía acción
2
Ibídem.
3
En la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai se indica como fecha de la
actuación el 11 de mayo de 2023. Visto en el índice 4 del presente asunto en primera
instancia (2023-02384-00) en dicho aplicativo.
4
Esta orden se cumplió el 18 de mayo de 2023. Visto en el índice 7 del presente asunto
en primera instancia (2023-02384-00), en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
Samai.
5
Esta orden se cumplió el 26 de mayo de 2023. Visto en el índice 15 del presente asunto
en primera instancia (2023-02384-00), en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
Samai.
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Visto en el índice 8 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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de tutela pretender desconocer el orden de los turnos asignados para fallo
de acuerdo con la fecha de ingreso de los asuntos al despacho.
3.3. La Procuraduría General de la Nación, por conducto de abogado
adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad, solicitó negar el
amparo solicitado por inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales y perjuicio irremediable, e improcedencia de la acción7.
Señaló que el accionante, a través de radicado E-2023-229736 del 17 de
abril de 2023, presentó solicitud de inaplicación y suspensión de la
sanción disciplinaria que le fue impuesta en el proceso disciplinario nro.
IUCD-2016-98-844060, petición que fue negada por la Procuraduría
Regional de Putumayo mediante el oficio 0486 del 19 de abril de 2023.
Indicó que la tutela es improcedente porque el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra de las decisiones
disciplinarias que sancionaron al accionante es un medio idóneo y eficaz,
que no ha finalizado, en el que eventualmente procedería el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia que
se profiera, y que a la fecha no se ha resuelto la solicitud de medida
cautelar allí formulada, decisión contra la cual procede el recurso de
súplica, por lo que el accionante debe atenerse a lo que resuelva el juez
natural de la causa, atendiendo el carácter excepcional y residual de la
acción constitucional y que tampoco se presenta un perjuicio
irremediable.
3.4. El agente del ministerio público rindió concepto en el caso8,
solicitando que se niegue el amparo solicitado, por cuanto no existe
perjuicio irremediable ni vulneraciones concretas a los derechos
fundamentales alegados por el accionante, aunado a que no se cumplió
con el principio de subsidiariedad de la tutela.
7
Visto en el índice 12 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
8
Visto en el índice 13 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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3.5. Los señores Fabián Daniel Toro Riascos, Milton Raúl Barrera Cano,
Oliver Alexander Charry Cárdenas y Ruthcelly Mora Luna, vinculados
como terceros interesados en el resultado del proceso, guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en sentencia
del 22 de junio de 20239, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de subsidiariedad.
Señaló que, está probado en el caso que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación nro. 52001-23-33-000-2019-
00305-01 fue decidido en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Nariño en sentencia del 8 de septiembre de 2021, y que contra dicha
decisión el ente de control accionado interpuso recurso de apelación, que
fue admitido por el despacho de conocimiento de esta Corporación por
auto del “12 de mayo de 2023”10.
Agregó que el accionante, el 5 de mayo de 2023, solicitó en el precitado
proceso judicial el decreto de medida cautelar de suspensión provisional
de los actos acusados, petición de la que se corrió traslado a las partes
del proceso ordinario el 6 de junio de 2023.
Señaló que conforme con lo previsto por el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991, la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, el cual no se demostró en el presente
asunto.
9
Visto en el índice 18 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
10
Se registra como fecha de la actuación el 20 de mayo de 2022, en el índice 3 del
radicado 52001-23-33-000-2019-00305-01 en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial Samai.
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Concluyó que el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia y la solicitud de medida cautelar están en trámite y no han sido
resueltos por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
por lo que, la acción de tutela es improcedente dado que el juez de tutela
no puede asumir competencias propias del juez ordinario.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el apoderado del accionante
lo impugnó11 manifestando lo siguiente:
Consideró que debe accederse al amparo solicitado, por cuanto el
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y está
acreditada la inminencia de un perjuicio irremediable, motivo por el que
la tutela procede como mecanismo transitorio.
Indicó que la sentencia impugnada confundió la controversia planteada,
porque la presente tutela no se dirige a atacar los fallos disciplinarios que
sancionaron al accionante ni a que el juez de tutela se arrogue
competencias del juez contencioso administrativo, sino que busca la
protección de los derechos que fueron vulnerados por la Procuraduría
General de la Nación con la negativa de suspender o inaplicar la sanción
disciplinaria impuesta en garantía de la favorabilidad que la Ley 2094 de
2021 y la sentencia C-030 de 2023 le reconocen, por lo que no puede
considerarse que el trámite de segunda instancia y la solicitud de medida
cautelar en el proceso ordinario promovido contra los fallos disciplinarios
sancionatorios constituyan la vía ordinaria para la protección de sus
derechos fundamentales invocados.
Argumentó que en el presente caso, independientemente de si el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en trámite constituye
11
Visto en el índice 22 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
8
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
una vía de protección de sus derechos, la tutela procede porque se
configura un perjuicio irremediable inminente y grave que requiere
medidas urgentes e impostergables, por cuanto, de acuerdo con el
calendario electoral establecido para las próximas elecciones de orden
territorial, hay plazo hasta el 29 de julio de 2023 para inscribir
candidaturas, y había plazo hasta el 29 de junio de 2023 para registrar
comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, razón por la
que por su inhabilidad ha visto afectado su derecho político para constituir
un movimiento a fin de promover una eventual candidatura, e incluso ya
se habría consumado un perjuicio irremediable respecto a la posibilidad
de inscribir un comité inscriptor de un grupo significativo de ciudadanos.
Por auto del 13 de julio de 2023 se concedió la impugnación12 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 25 de julio de 202313.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación allegó escrito en el
que se pronunció frente a la impugnación14, y, reiteró lo expuesto en el
escrito de contestación de la presente acción de tutela.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199115, en concordancia con el numeral 7 del artículo
12
Visto en el índice 24 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
13
Visto en el índice 1 del asunto en la presente instancia (2023-02384-01), en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
14
Visto en el índice 4 del asunto en la presente instancia (2023-02384-01), en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
15
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201516, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 17, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201918 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:
6.2.1. Mediante fallo disciplinario del 13 de octubre de 2016 de la
Procuraduría Regional de Putumayo, en el radicado IUCD2016-98-
844060, confirmado por auto del 12 de marzo de 2018 por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, se sancionó al señor
Luis Eduardo Cortez Vargas con destitución del cargo de concejal de
Puerto Leguízamo, Putumayo, e inhabilidad general por el término de diez
años20.
6.2.2. El 11 de junio de 201921 el señor Luis Eduardo Cortez Vargas
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la
Nación, solicitando la nulidad de las precitadas decisiones disciplinarias y
su conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
16
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
17
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
18
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
19
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el accionante. Visto en el índice 2
del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial Samai.
20
Ibídem.
21
Visto en el índice 1 del radicado 52001-23-33-000-2019–00305-00, en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Administrativo de Nariño, que en sentencia del 8 de septiembre de 2021
accedió a las pretensiones.
6.2.3. Contra dicha decisión, la Procuraduría General de la Nación
interpuso recurso de apelación, que correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, despacho del
entonces Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, que por auto del 20 de
mayo de 2022 lo admitió. El expediente ingresó al despacho para
sentencia el 30 de junio de 202222.
6.2.4. Por escrito radicado el 17 de abril de 2023, el señor Luis Eduardo
Cortez Vargas solicitó a la Procuraduría General de la Nación inaplicar o
suspender la sanción disciplinaria de inhabilidad que le fue impuesta hasta
tanto se profiera sentencia de segunda instancia en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, y para ello,
solicitó la aplicación del principio de favorabilidad, atendiendo lo dispuesto
en los artículos 1 y 54 de la Ley 2094 de 2021, que fueron declarados
exequibles de manera condicionada en sentencia C-030 de 2023 de la
Corte Constitucional23.
6.2.5. Por oficio nro. 0486 del 19 de abril de 2023, la Procuradora
Regional de Instrucción de Putumayo dio respuesta a la precitada
solicitud, en el sentido de indicar que es improcedente24.
6.2.6. Por escrito enviado vía correo electrónico el 5 de mayo de 2023 a
la secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el accionante
solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los
actos administrativos demandados en el medio de control que nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió, alegando, entre otras, las
razones esgrimidas en la solicitud de inaplicación o suspensión de sanción
22
Visto en los índices 1, 3 y 10 del radicado 52001-23-33-000-2019–00305-01, en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
23
Visto en el índice 2 del presente asunto en primera instancia (2023-02384-00), en la
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24
Ibídem.
11
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
que formuló ante la Procuraduría General de la Nación. De dicha solicitud
de medida cautelar se corrió traslado a las partes del proceso ordinario el
7 de junio de 202325, sin que a la fecha haya sido resuelta.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo
de Estado, en fallo proferido el 22 de junio de 2023 declaró improcedente
la solicitud de amparo bajo la consideración que no cumplía el requisito
de subsidiariedad, dado que el recurso de apelación y la solicitud de
medida cautelar estaban en trámite y que tampoco se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de
tutela como mecanismo transitorio.
A su turno, la parte impugnante considera que la tutela es procedente, y
que el a quo confundió la controversia planteada, porque no se dirige a
atacar los fallos disciplinarios que sancionaron al accionante, sino que
busca la protección de los derechos que fueron vulnerados por la
Procuraduría General de la Nación con la negativa de suspender o
inaplicar la sanción disciplinaria impuesta en garantía de la favorabilidad
que la Ley 2094 de 2021 y la sentencia C-030 de 2023 le reconocen.
La Sala considera que le asiste razón al a quo al declarar improcedente la
acción de tutela dado que, lo perseguido por la parte actora es que se
inaplique la sanción disciplinaria mientras se resuelve el recurso de
apelación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con el nro. 52001-23-33-000-2019-00305-01. Al respecto, en la
pretensión de la acción de tutela se solicitó “(…) suspender o inaplicar la
sanción disciplinaria mientras se surte la segunda instancia del proceso el
proceso (sic) de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52-
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Visto en los índices 11 y 15 del radicado 52001-23-33-000-2019–00305-01, en la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02384-01
Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
001-23-33-000-2019–00305-01, que cursa en la Sección Segunda del
Consejo de Estado”.
No obstante, la petición de inaplicación de la sanción disciplinaria, la parte
actora también la formuló en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho a través del escrito presentado el 5 de mayo de 2023, en el que
pidió la suspensión provisional de los actos demandados y para el efecto
argumentó lo siguiente26:
“[…] En virtud de lo expuesto, resulta claro que con la expedición de
la Ley 2094 de 2021, y su exequibilidad condicionada, se profirió
una norma posterior que resulta favorable para los funcionarios
públicos de elección popular sancionados con destitución e
inhabilidad en vigencia de la Ley 734 de 2002 y que demandaron
oportunamente la actuación administrativa ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, por lo que actualmente se encuentra en
revisión judicial.
En ese sentido, solicito, de manera respetuosa, la suspensión de la
sanción disciplinaria de inhabilidad que le fue impuesta a mis
representados, en su condición de funcionarios de elección popular,
mientras la Honorable Corporación profiere sentencia de segunda
instancia en el proceso de la referencia.
Lo anterior se solicita pues, en virtud del principio de favorabilidad,
se debe dar aplicación a los artículos 1 y 54 de la Ley 2094 de 2021,
normas que, siguiendo la exequibilidad condicionada precisada por
la Corte Constitucional en la sentencia C - 030 de 2023, enseñan
que la sanción disciplinaria impuesta al interior del proceso
disciplinario IUC-D-2016-98-844060, al limitar derechos políticos de
funcionarios públicos de elección popular, no podrá ser ejecutada
hasta tanto se resuelva en sede jurisdiccional la revisión que
actualmente se adelanta.
Además, la medida cautelar resulta urgente, con la finalidad de
proteger los derechos políticos de mis representados, pues en la
actualidad se encuentra corriendo el calendario electoral, el que
establece etapas preclusivas, estando próximo a iniciar el periodo de
inscripción de candidaturas […]”.
En ese sentido, la acción de tutela se fundamentó y persigue la misma
finalidad que la medida cautelar que el actor presentó en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, de donde se desprende que la
26
Visto en el índice 11 del radicado 52001-23-33-000-2019–00305-01, en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
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petición de amparo es improcedente porque está siendo utilizada como
un mecanismo de defensa paralelo al proceso ordinario, a lo que se agrega
que, el juez natural de la causa no se ha pronunciado sobre la solicitud
de suspensión provisional de los actos administrativos que contienen la
sanción disciplinaria.
De este modo, la Sala considera que el a quo no confundió la controversia
como lo señaló el actor en el escrito de impugnación, puesto que si bien
es cierto, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho gira en
torno a la legalidad de los actos demandados, también lo es que, el aquí
accionante, en el marco de dicho proceso, solicitó una medida cautelar
con el mismo propósito que esta acción de tutela y dicha circunstancia es
lo que la hace improcedente.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable27.
La parte accionante alega que la tutela procede para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, ya que, según alega, de
acuerdo con el calendario electoral establecido para las próximas
elecciones de orden territorial, había plazo hasta el 29 de julio de 2023
para inscribir candidaturas y hasta el 29 de junio de 2023 para registrar
comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, razón por la
que por su inhabilidad ha visto afectado su derecho político para constituir
un movimiento a fin de promover una eventual candidatura, e incluso ya
se habría consumado un perjuicio irremediable respecto a la posibilidad
de inscribir un comité inscriptor de un grupo significativo de ciudadanos.
27
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
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Sobre este punto, lo que la Sala advierte es que el plazo del calendario
electoral también fue alegado para sustentar la procedencia de la medida
cautelar, a lo que se acota que dicho escrito fue radicado el 5 de mayo de
2023 y la presente tutela radicada el 8 de mayo de 2023, por lo que,
también deberá ser objeto de pronunciamiento por parte de la Subsección
B, Sección Segunda del Consejo de Estado, que conoce del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese contexto, la Sala estima pertinente precisar que cuando el
interesado cuenta con otro medio de defensa judicial la acción de tutela,
por regla general, es improcedente, salvo que, existiendo dicho medio el
amparo se promueva para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
En este caso, la parte actora no expuso las razones por las que existiendo
el medio de defensa judicial, esto es, la solicitud de medida cautelar, la
tutela era procedente para evitar un perjuicio irremediable; por el
contrario, para fundamentarlo insistió en los argumentos planteados para
que se decretara la medida, los cuales consistían precisamente en los
plazos previstos en el calendario electoral para las elecciones territoriales
que se celebrarán en el año 2023.
Explicado en otras palabras, el accionante no propuso argumentos para
sustentar la configuración de un perjuicio irremediable ante la existencia
de un medio de defensa judicial idóneo, sino que se limitó a reiterar las
razones en las que fundamentó la solicitud de suspensión provisional de
los actos cuestionados, lo que deberá ser objeto de pronunciamiento ante
el juez natural.
Por lo anotado, se confirmará el fallo proferido el 22 de junio de 2023 por
la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
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Accionante: Luis Eduardo Cortez Vargas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 22 de junio de
2023 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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