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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02385-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02385-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con las consideraciones que preceden. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02385-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de agosto de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-01
Demandante: María Isabel Arango Secker

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02385-01
Demandante: María Isabel Arango Secker
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial y
otro

Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de la
Convocatoria 27, concurso de jueces y magistrados, en los que se
resolvió sobre la exclusión del proceso de selección.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada en contra de la sentencia del 13 de junio
de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
negó el amparo del derecho de petición y declaró improcedente la acción de tutela en
torno a las demás pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora María Isabel Arango Secker, por intermedio de apoderada,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales de
petición, igualdad y debido proceso, y como consecuencia de lo anterior, que se
ordene lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-01
Demandante: María Isabel Arango Secker

2.1. Respetuosamente, solicito a su Despacho, que en el trámite de la presente ACCIÓN
DE TUTELA se expidan las siguientes órdenes o por lo menos similares para la vigencia
de los derechos constitucionales desconocidos por las entidades tuteladas así:

2.1.1. Se proteja el derecho constitucional al debido proceso de la doctora María Isabel
Arango Secker al debido proceso administrativo, vulnerado por las omisiones estatales
a que se refirieron los hechos del capítulo anterior.

2.1.2. Se ordene la protección al derecho a la igualdad de la tutelante en cuanto al
derecho de petición e insistencia no fueron debidamente considerados y mucho menos
resueltos por la administración desconociéndose palmariamente el artículo 13 de la
constitución, que de forma común las autoridades les reconocen al resto de habitantes
del país en el trámite gubernativo de sus peticiones, por lo cual para el caso de la
tutelante y de los demás concursantes que impugnaron los resultados de las pruebas
representan una seria vulneración al principio de igualdad consagrado en el artículo 13
de la carta.

2.1.3. Se ordene la protección del derecho constitucional de acceso a los cargos
públicos en la administración de justicia por vía del mérito que es la razón de ser de la
aplicación de la norma constitucional que impone la carrera administrativa artículo 125
C.P., extensiva como carrera especial a la Rama Judicial.

2.1.4. Se expidan las órdenes correspondientes para que el Consejo [Superior] de la
Judicatura-Unidad de Administración [de Carrera] Judicial y la Universidad Nacional en
un término razonable, modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que mi
poderdante impugnó los resultados de la prueba de conocimientos aptitudes y
destrezas aplicada dentro de la convocatoria 27 según disposición de la Corte
Constitucional y consiguientemente resuelva de fondo y legalmente la reposición
propuesta y los 9 recursos de insistencia que sustancialmente no fueron atendidos en
derecho si no resueltos de manera aparente.

2.1.5. Para garantizar los derechos fundamentales anteriormente señalados se
ordenará al Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Carrera Judicial y a la
Universidad Nacional la suspensión del concurso mientras se subsanan las
equivocaciones denunciadas en la presente demanda […] constitucional de tutela.

2.1.6. Se prevenga a las entidades tuteladas para que en lo sucesivo y dentro del
trámite administrativo en curso por la Convocatoria 27 respete el principio de buena fe
que se consagra en el artículo 83 de la Carta, por consiguiente, permita la eficacia de
los recursos gubernativos de reposición e insistencia listados por mi poderdante.

2.1.7. Dada la legalidad de la prueba pericial que acompañan el recurso de reposición
e insistencia se realice y coteja para tenerla como mecanismo de convicción o bien
para descartarla razonablemente valorando la eventualidad del error que hasta ahora
no se sabe en qué escenario ocurrió si en los calificadores o en la impericia de los
dictámenes que hacen parte de esta demanda.

2.1.8. Se haga pública la determinación de suspensión del concurso para que el
conocimiento de todos los inscritos al mismo, la reorganización de los términos
cronológicos en desarrollo permita seguridad jurídica a las fases subsiguientes.
[…]

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Demandante: María Isabel Arango Secker

1.1.2. Los hechos

La apoderada de la accionante narró como hechos de tutela,1 los siguientes:

i) La señora María Isabel Arango Secker se inscribió a la Convocatoria 27, concurso
de jueces y magistrados, para proveer el cargo de magistrado del Tribunal Superior,
Sala Laboral.

ii) El 23 de octubre de 2022 presentó la prueba de conocimientos y aptitudes básicas
aplicadas por la Universidad Nacional, y a través de la Resolución CJR22-0442 del 1
de noviembre de 2022, se notificó y comunicó el resultado, en el cual obtuvo una
calificación no aprobatoria de 790,52 puntos.

iii) El 23 de noviembre de 2022 radicó derecho de petición ante el Consejo Superior
de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia en el que solicitó información
respecto de las diligencias de exhibición del cuadernillo, hoja de respuestas y clave
de las preguntas, de la cantidad de preguntas acertadas, el promedio de aptitudes,
su desviación estándar y las fórmulas para obtener la calificación final, así como
certificación del valor asignado a cada pregunta en su componente de conocimientos
generales, el uso de medios tecnológicos o digitales respecto del cuadernillo y el
tiempo de presentación del examen.

iv) El 23 de noviembre de 2022 también interpuso recurso de reposición en contra de
las calificaciones asignadas, y el 15 de diciembre presentó ampliación del recurso,
controvirtiendo tanto la manera como se realizó la exhibición de las preguntas del
cuadernillo, y las hojas y claves de respuesta según lo censuró la corte
Constitucional en la Sentencia SU- 067 de 2022, como los equívocos manifiestos en
las preguntas 61, 69, 80, 90, 92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126, 130, a fin de
que se validaran los hallazgos detectados en el procedimiento de exhibición y así

1 El recuento de los hechos de tutela se complementó con la información suministrada por las
accionadas, en atención a la imprecisión de la información narrada en el libelo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-01
Demandante: María Isabel Arango Secker

obtener la revocatoria del acto administrativo que notificó el puntaje en 790,52
puntos, para en su lugar fijar un puntaje superior a 800 puntos.

v) La Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta general a todos los
participantes que habían planteado derechos de petición, sin suministrar la
información precisa de lo requerido, y afirmando en lo relacionado con el material de
la prueba que se trataba de información y documentos reservados, según previsión
del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015; e igual ocurrió con los recursos de reposición
interpuestos por los participantes, pues la entidad los respondió de forma genérica, al
agruparlos en 35 puntos, argumentando una supuesta unidad de cuerpo temático, sin
resolver de fondo y de manera particular los disensos presentados por la accionante.

vi) Los defectos expuestos en el recurso de reposición y su posterior ampliación
respecto de la prueba de conocimientos y aptitudes básicas aplicada el 23 de octubre
de 2022, esto es, el equívoco en el enunciado de las preguntas de conocimientos
específicos, la correspondencia de más de un distractor como respuesta correcta,
información insuficiente para delimitar la respuesta, pruebas aptitudinales con
técnicas de imposible ejecución en el tiempo previsto para su respuesta, uso de
estándares internacionales impropios para la práctica evaluativa en el país, mala
práctica del procedimiento utilizado en la exhibición y vías de hecho en la forma de
aplicar las garantías de contradicción entre otros, coinciden con la practicada el 2 de
diciembre de 2018, y que condujeron a que la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-067 de 2022 ordenara como medida cautelar la suspensión del concurso y la
repetición del procedimiento selectivo, por lo que en aplicación del principio de
unidad jurídica se debe dar idéntico tratamiento en el asunto de marras.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

La apoderada de la accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción de
tutela, los siguientes:

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Demandante: María Isabel Arango Secker

i) La metodología de agrupar por materias y resolver por anexos representa un vicio
formal del acto administrativo, puesto que dejó de pronunciarse sobre los contenidos
particulares de los peticionarios. La administración expuso que los cuestionamientos
de los recurrentes fueron resueltos en 35 categorías, que en el anexo 1 se
encontraba el listado de cada recurrente y pretensiones por tema, y el anexo 2, el
listado de recurrentes y respuestas a las objeciones planteadas respecto de las
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicos, es decir, que el
primer listado distribuyó a los recurrentes por temas y, el segundo, dijo comprender
las respuestas respecto de las preguntas de aptitudes y conocimientos generales.

ii) Un anexo de respuestas probables a las reclamaciones, sin tener en consideración
su contenido, afectó la unidad natural del acto administrativo que resolvió la
insistencia y, por consiguiente, le impidió a la recurrente conocer o tener la mínima
certeza y claridad de sus oposiciones en cuanto al criterio empleado por la
administración, lo que impide materialmente su impugnación por vía judicial ordinaria,
en atención a que no se sabe si es necesario atacar las que aparecen en el cuerpo
del considerando, en todo el capítulo tercero sobre los 35 temas escogidos o las que
supuestamente fueron consignadas en el anexo 2. Una estructura así de
inconexamente desarrollada lesiona el debido proceso no solo de la recurrente si no
de todas las personas que hicieron uso del derecho al agotamiento de la vía
gubernativa conforme al CPACA.

iii) Respecto de los puntos temáticos 1 y 2 en los que declaró extemporáneos los
recursos interpuestos por fuera del término, probablemente aquellos presentados con
posterioridad al 22 de septiembre del 2022, finalmente los terminó rechazando por
déficit de sustentación con el argumento de que no adjuntaron el archivo del recurso
enunciado. Tampoco se desprende que haya resuelto ninguna consideración ni de lo
decidido en el numeral 3 del resuelve de la resolución, referente al pronunciamiento
del rechazo por ausencia de requisitos, ni lo que correspondía un pronunciamiento
sustancial que fue la decisión que se devolvió contra su propia forma de resolver las
vías gubernativas.

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iv) Aunado a lo expuesto, se tiene que la forma de notificar mediante un listado
durante un término de 5 días o mediante la página web de la Rama Judicial
desarrolla una forma especial de notificación no prevista por el legislador y por
supuesto distinta a lo regulado por el CPACA, lo cual permite concluir que los actos
que dijeron resolver los recursos, también aquí, por déficit de notificación, no están
en firme. Se refleja una contradicción con la norma específica vigente para el caso,
prevista en los artículos 67, 69, 70, 72 y 73 del CPACA.

v) La circunstancia del yerro en la formulación de las preguntas y la falta de
comunicación en la decisión vulneró también el derecho de defensa por la falta de
posibilidad de controvertir los resultados, y por contera causa un grave perjuicio, toda
vez que incide directamente en el resultado y por lo tanto de manera arbitraria
imposibilitan la continuidad en el proceso oposicional.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. El 12 de mayo de 2023, el consejero Martín Bermúdez Muñoz admitió la
acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído, vía correo
electrónico, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia, como demandadas, para que, dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación del proveído, se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones de la demanda; de igual forma, vinculó al trámite de tutela, en calidad
de terceros interesados en las resultas del proceso, a todos los participantes del
concurso de méritos realizado en el marco de la Convocatoria 27, para la provisión
de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, y ordenó su notificación mediante
publicación de la providencia en la página web del Consejo de Estado, de la Rama
Judicial, de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura y dentro de las respectivas convocatorias en la página web de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial; y reconoció a la abogada Diana
Raquel Hurtado Cuellar, portadora de la tarjeta profesional n°. 208.860 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la parte actora, en los términos
del poder conferido.

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Demandante: María Isabel Arango Secker

1.2.2. El 16 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora María Isabel Arango Secker, al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, al Equipo de Soporte de
la Rama Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia.

1.2.3. El 16 de mayo de 2023, la Rama Judicial, Soporte Portal Web y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial remitieron memorial en el que dieron cuenta del
cumplimiento de la notificación a los terceros con interés, esto es, de la publicación
del auto admisorio en la página web de las respectivas entidades.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El 18 de mayo de
2023, la directora de la entidad, Claudia M. Granados R., solicitó negar la acción de
tutela, dadas las siguientes circunstancias:

i) La entidad no vulneró ningún derecho fundamental de la tutelante, pues atendió a
las peticiones presentadas dentro del escrito del 23 de noviembre de 2022. Así, se
tiene que el 4 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la jornada de exhibición, a la cual
asistió la actora, con el fin de proporcionar la información necesaria para la
sustentación de los recursos de reposición presentados en contra de la prueba
supletoria, actividad en la que se permitió a los aspirantes el acceso al material de la
prueba, esto es, al cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas diligenciada, claves
de respuesta, datos estadísticos del cargo al cual se aplicó y la fórmula de
calificación detallada, así como los aciertos y desaciertos en la prueba, conforme se
solicitó en el escrito.

ii) Ahora bien, aunque la accionante manifestó que presentó un recurso de
insistencia y que la respuesta suministrada el 21 de septiembre de 2022 no atendió
de fondo ni de manera completa sus peticiones, lo cierto es que la aspirante no
allegó ninguna comunicación en ese sentido, y además, revisados los anexos

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allegados con la acción de tutela no se evidenció que se haya aportado prueba de tal
afirmación. Igualmente es de resaltar que la respuesta aludida es anterior a la fecha
en que se radicó el recurso de reposición con el cual se presentaron las peticiones
referidas, por lo cual carece de sentido que se hayan contestado en tal oportunidad.

iii) Los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0442 de 1°
de noviembre de 2022, fueron resueltos en la Resolución CJR23-0022 de 16 de
enero de 2023, en la que se agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los
ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo. Así, se tiene que los reparos
realizados a las preguntas 61, 69, 80, 90, 92, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y
130, por motivos de construcción, redacción, formulación en su enunciado, opciones
de respuesta y múltiples claves de respuesta, se atendieron en los puntos 9, 13, 14 y
21 de la Resolución CJR23-0022, con base en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba, indicándose
la pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave asignada, así como la
justificación de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la
estructura y elaboración de las preguntas.

iv) Y frente a los planteamientos de la pregunta 95 del componente de conocimientos
específicos, se advirtió que aunque fue marcada en el anexo 1 en la fila de la
accionante, no se encontró desarrollo argumentativo en el anexo 2, denominado
«CJR23-0022-ANEXO 2 RESPUESTA OBJECIONES» para el cargo de magistrado de
Tribunal Superior, Sala Laboral, por lo que la Unidad remitió al director del Proyecto
el Oficio CJO23-3106 del 18 de mayo de 2023, del cual se anexa copia y constancia
de envío, en el que se le solicitó realizar la revisión respectiva, a fin de suministrarle
la respuesta correspondiente.

v) A su turno, en cuanto al requerimiento de la accionante relativo a que se coteje la
prueba pericial que, según señala, acompaña el recurso de reposición, es necesario
aclarar que en el recurso de reposición ni en el escrito de adición por ella
presentados, fue allegado informe técnico o suscrito por perito alguno, no obstante,

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en el punto 5 denominado «Revisión por parte de terceros, apoderados, peritos, o
por segundo calificador» de la resolución, se indicó que en el Acuerdo de
Convocatoria no se estableció un mecanismo de revisión por parte de terceros a las
pruebas aplicadas, y se informó que no era posible permitir la participación de peritos
o terceros ajenos a los procesos internos de la Universidad Nacional de Colombia
sobre el material contentivo de la prueba dada la reserva que sobre ellos recae.

vi) Frente a los cuestionamientos presentados en torno a las notificaciones de los
actos administrativos, se hace necesario indicar que esta se rige por el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, artículo 3, numeral 5, en donde se establecieron las reglas
para las citaciones, notificaciones y recursos, norma especial de obligatorio
cumplimiento que rige la convocatoria. Además, en razón a que las inconformidades
planteadas por los recurrentes fueron similares, se atendieron mediante un mismo
acto administrativo por cada cargo.

vii) Respecto a la pretensión dirigida a que se declare la suspensión del concurso
con fundamento en argumentos en contra del Acuerdo de Convocatoria y en contra
de los actos administrativos legalmente expedidos, es preciso señalar que si la
tutelante considera que dichos actos no se ajustan a derecho, debe acudir al juez
natural del asunto, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial
previsto en el CPACA, pues la acción constitucional no puede ser utilizada como
mecanismo paralelo de protección cuando la legislación tiene establecidas las vías
adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí se propone.

viii) Por otro lado, respecto a la manifestación de que existe coincidencia material en
los defectos destacados en la calidad de la prueba, con la practicada el día 2 de
diciembre de 2018, que condujeron a la Corte Constitucional a ordenar como medida
cautelar la repetición del proceso de selección, se hace necesario precisar que, la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-067 de
24 de febrero de 2022, a través de la cual resolvió negar las pretensiones de amparo
en las tutelas referentes a dejar sin efectos la Resolución CJR20-0202 de 2020. Con
esta decisión judicial se avaló la procedencia de la corrección de la actuación

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administrativa, y adicionalmente, se conminó al Consejo Superior de la Judicatura y a
la Universidad Nacional de Colombia a fijar con la mayor prontitud un nuevo
cronograma de actividades del concurso, atendiendo los principios de la función
administrativa, particularmente, los postulados de la eficacia y la celeridad.

ix) Así las cosas, se tiene que en el caso se atendieron de manera clara, completa y
de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso presentado por la
tutelante, tal como se explicó, y frente a la pregunta 95, la Unidad remitió un oficio a
la Universidad Nacional, en calidad de operador técnico de la prueba, para que
realizara la revisión correspondiente, y remita la respuesta.

x) Conforme con lo señalado, la situación debe ser calificada como hecho superado y
por ende concluir la carencia de objeto que impide que se amparen los derechos
fundamentales invocados.

1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia

El 19 de mayo de 2023, el director del Proyecto «Contrato 096 de 2018», señor
Eduardo Aguirre Dávila, rindió informe en los siguientes términos:

i) La tutelante plantea en su escrito situaciones ya manifestadas en el recurso de
reposición, adición y derecho de petición, ya resueltos en la Resolución CJR23-0022
del 16 de enero de 2023 y sus respectivos anexos, así como en los Oficios de
respuesta CONV27DP-5421 y CONV27DP-5421 B, por lo que sí, en su sentir, existe
duda en la legalidad de dichos actos, cuenta con otro mecanismo judicial para su
controversia.

ii) En todo caso, debe tomarse en cuenta que en el asunto existe carencia actual de
objeto puesto que la Universidad Nacional de Colombia brindó respuesta clara,
completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la accionante en
el recurso de reposición, su correspondiente ampliación y demás peticiones. Así, en
la Resolución CJR23-0022 se informó que considerando los principios contemplados

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en el artículo 209 de la Constitución Política, en especial los de eficiencia, celeridad y
economía, el estudio de las solicitudes planteadas por los recurrentes se realizó por
grupos temáticos, y en el ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES se expresó con detalle la
justificación de cada opción de respuesta frente a todas las preguntas objetadas por
la tutelante, entendiendo que esta expresó ciertos reparos de cara a los ítems 80, 61,
69, 90, 92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130 de su examen.

iii) Asimismo, es preciso aclarar que contrario a lo que se plantea al interior del
escrito de tutela, la aspirante no allegó en ninguna de las etapas del proceso de
selección recurso de insistencia posterior a una solicitud de documentación con
carácter reservado. En igual sentido, tampoco puede predicarse la omisión en el
análisis de un informe pericial allegado por la señora María Isabel, puesto que dicho
documento nunca fue remitido siquiera como anexo en su escrito de alzada.

1.4. Sentencia impugnada

El 13 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó
las pretensiones relativas al amparo del derecho de petición y declaró improcedente
la acción de tutela por incumplir con el requisito de subsidiariedad frente a los
reparos relacionados con el recurso de insistencia, la legalidad de la Resolución
CJR23-0022 del 16 de enero de 2023 y la valoración de las pruebas, en atención a los

siguientes considerandos:

i) El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial,
no vulneró el derecho fundamental de petición, pues mediante la Resolución CJR23-
0022 de 2023, abordó las solicitudes de la peticionada, esto es, todo lo relativo a la
calificación de la prueba, la metodología utilizada, la estadística (número de
participantes, preguntas, desviaciones, etc.) y, además, en los anexos se abordaron
los criterios para determinar la respuesta correcta en cada caso y se explicó cómo
podía determinarse el número de preguntas correctas por cada concursante.

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ii) Asimismo, la respuesta se vio complementada con los Oficios CONV27DP-5421 y
CONV27DP-5421B de la Universidad Nacional, que se notificaron antes de que
presentara la solicitud de amparo, en los cuales se le informó a la accionante que
obtuvo 23 preguntas correctas en el componente de aptitudes y 48 en el componente
de conocimientos, se estableció la media de la prueba y su desviación según los
componentes, y en vista del cargo al cual aspiró se indicó que la información relativa
a los otros concursantes era reservada, se determinó la fórmula para atribuir el valor
de cada pregunta y se ahondó en la metodología de elaboración de la prueba y su
presentación por parte de los interesados.

iii) Por otro lado, la accionante informó que interpuso un recurso de insistencia frente
a la información objeto de reserva, sin embargo, no precisó cuándo presentó el
recurso, su contenido y alcance, y a qué autoridad judicial correspondió su
conocimiento, si se tiene en cuenta que dicho recurso se encuentra regulado en el
artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 y que, como tal, corresponde a un trámite
adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que al no
haberse demostrado que efectivamente se agotó ese mecanismo judicial, la reserva
de la información no puede ser objeto de discusión ante el juez constitucional.

iv) Igual ocurre frente a los reparos en contra de la Resolución CJR23-0022 de 2023,
que excluyó a la actora del concurso de méritos, pues debió agotar los mecanismos
de defensa judicial previstos en el CPACA para cuestionar su contenido, motivación e,
incluso, la legalidad de los actos administrativos en los cuales se sustentó, como lo
es el acuerdo de la convocatoria en el cual se dispone el medio de notificación de las
resoluciones proferidas en el transcurso del concurso. Asimismo, tampoco se advirtió
la existencia de un perjuicio irremediable, máxime si se considera que en el proceso
ordinario puede solicitar el decreto de las medidas cautelares que estime idóneas
para garantizar eficazmente sus derechos.

1.5. Impugnación

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Demandante: María Isabel Arango Secker

El 27 de junio de 2023, la apoderada de la parte actora impugnó la decisión de
primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las
pretensiones de tutela, en atención a los siguientes planteamientos:

i) Debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de las altas cortes ha especificado
que la acción de tutela no es un mecanismo subsidiario sino principal para el caso
específico de la violación de derechos fundamentales en procesos de concursos de
méritos por la simple razón de que no obrar así o de no entenderse así la violación al
derecho afectado se convierte en un supuesto carente de protección judicial dado los
extensos términos que son propios al proceso ordinario contencioso.

ii) El a quo no analizó el hecho de que en la resolución del recurso de reposición, la
entidad no atendió la solicitud del 15 de diciembre de 2022, denominada «ampliación
del recurso de reposición», presentada con posterioridad a la exhibición, en la que se
pidió el pronunciamiento puntual, individual y concreto de cada uno de los
argumentos esbozados frente a los reparos sobre las preguntas del examen, lo cual
no ocurrió, dejando en evidencia que en el asunto no se resolvió de fondo la
pretensión particular de la peticionaria.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», en concordancia con lo

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dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080
de 20192, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dilucidar, en primer lugar, si la acción de tutela es
procedente para cuestionar los actos administrativos proferidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, que
resolvieron sobre la exclusión de la actora del proceso de selección adelantado
dentro de la Convocatoria 27. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si
con la decisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y el
acceso a cargos públicos invocados por la accionante.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos adoptados en el marco de un concurso público

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha estimado que aunque, en principio,
los afectados por algunas de las disposiciones adoptadas dentro de las etapas de un
concurso público de méritos —las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o particular—, pueden controvertirse mediante los medios de
control señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

2Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Administrativo, las vías judiciales ordinarias no son siempre idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados.

Así, en la sentencia T-256 de 1995, la Corte sostuvo que la provisión de empleos
públicos a través de la figura del concurso obedece a la satisfacción de los altos
intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto i) garantiza un derecho
fundamental como es el acceso a la función pública, ii) realiza el principio de igualdad
de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a los cargos públicos en razón
del mérito y la calidad, y iii) constituye un factor de moralidad, eficiencia e
imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa.

Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo al cumplimiento
estricto de las reglas del concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el
mérito de los concursantes, asegura el buen servicio administrativo y demanda,
cuando se presenten controversias entre la administración y los participantes en el
concurso, de decisiones rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de
sus derechos, más aún cuando se trata de amparar los que tienen el carácter de
fundamentales.

A su turno, en la sentencia SU-553 de 2015, la Corte refirió que «la acción de tutela
es procedente contra actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de
méritos relacionados con la provisión de cargos en la rama judicial», y reiteró las dos
subreglas fijadas por la jurisprudencia para la procedencia excepcional de la tutela
contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de
méritos, así: i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de
requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable, y ii) cuando el medio
de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho
fundamental.

En virtud de lo anterior, la presente Sala de decisión considera que la procedencia de
las acciones de tutela en las que se invoca la vulneración de los derechos

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fundamentales al interior de un concurso de méritos debe analizarse en cada caso
concreto, configurándose su procedencia solo en casos en que se avizore que los
medios de control dispuestos por el ordenamiento jurídico no garantizan la
inmediatez de las medidas que se llegaren a necesitar para conjurar el daño
ocasionado a los intereses de quien acude al mecanismo de amparo, por cuanto las
etapas del concurso de méritos se desarrollan de manera ágil y pronta.

2.3.2. Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 «por medio del cual se
adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

El 16 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, el Consejo Superior
de la Judicatura convocó a proceso de selección para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, Convocatoria 27 de 2018, que de conformidad con
lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, comprende las etapas de: i)
concurso de méritos, ii) conformación del Registro Nacional de Elegibles, iii)
elaboración de lista de candidatos, iv) nombramiento y v) confirmación.

Según el artículo 3 de dicho Acuerdo, el concurso sería público, abierto y que la
convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, por lo que
es de perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los
participantes, quienes con su inscripción, aceptaron las condiciones y términos
señalados en el Acuerdo.

Ahora bien, el 2 de agosto del 2018, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional suscribieron el
Contrato de Consultoría 096 de 2018, con el objeto de realizar el diseño,
estructuración, impresión y aplicación de pruebas de conocimientos, de aptitudes y
psicotécnica, para los cargos de funcionarios, así como elaborar el instructivo,
realizar la lectura óptica y el procesamiento de las hojas de respuesta, calificar las
pruebas presentadas, suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar
respuesta técnica y jurídica a derechos de petición, reclamaciones, recursos en sede

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administrativa, acciones constitucionales y legales durante todas las etapas del
concurso, entre muchas otras.

Así las cosas, el 24 de julio de 2022 se aplicó la prueba de aptitudes y conocimientos
de la Convocatoria 27; y el 23 de octubre siguiente, se realizó la prueba supletoria,
para aquellas personas que no pudieron asistir a la primera fecha.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala de
decisión establece, lo siguiente:

i) La señora María Isabel Arango Secker se inscribió al proceso de selección
adelantado mediante la Convocatoria 27, concurso de jueces y magistrados, en el
que aplicó para el cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Laboral.

ii) El 23 de octubre de 2022, la señora María Isabel Arango Secker se presentó a la
prueba supletoria de aptitudes y conocimientos de la Convocatoria 27.

iii) El 1 de noviembre de 2022, por medio de la Resolución CJR22-0442, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, publicó los
resultados de la prueba supletoria de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial —en la que se incluyó a la accionante en la lista de aspirantes que no
aprobaron la prueba—; indicó que la resolución se notificaría, mediante fijación,
durante cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura, y que,
además, se informaría a través de la página web de la Rama Judicial y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura; y refirió que contra el resultado de la prueba
supletoria de aptitudes y conocimientos procedía el recurso de reposición, que
debería ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la desfijación de la
resolución, en escrito dirigido a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del

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Consejo Superior de la Judicatura, al correo electrónico
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co.

iv) El 23 de noviembre de 2022, a través de un mismo escrito, la señora María Isabel
Arango Secker radicó solicitó de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia, lo siguiente:

a) Derecho de petición de información en el siguiente sentido:

1- La cantidad de preguntas acertadas por mí en el caso de la prueba de aptitudes y la
prueba de conocimientos.
2- Indicar los puntajes directos de cada uno de los aspirantes al cargo de magistrado
Sala Laboral -Tribunal Superior, en la prueba de aptitudes y en la de conocimientos.
3- En igual sentido, solicito se me informe si le fue otorgado un valor de puntaje
diferente a cada una de las preguntas, tanto en la prueba de conocimientos como en la
prueba de aptitudes, en caso afirmativo, se señale una a una el valor otorgado a las
preguntas y en este caso se me indique cuáles fueron mis respuestas acertadas con
miras a ponderar el puntaje final asignado a la suscrita.
4- Cuál fue el promedio de aptitudes y su desviación estándar respecto del cargo al que
me presenté, es decir, magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
5- Cuál fue el promedio de la prueba de conocimientos y su desviación estándar
respecto del cargo al que me presenté, es decir, magistrado Sala Laboral – Tribunal
Superior.
6- Indicar la(s) fórmula(s) o guarismo(s) que aplicaron para obtener la calificación final
en las pruebas escritas de conocimientos y aptitudes para el Cargo de Magistrado Sala
Laboral – Tribunal Superior. Datos estadísticos que permitieron establecer la medida
estándar en las pruebas de aptitudes y conocimiento.
7- Se me informe si el supletorio es una prueba diferente a la presentada el 24 de julio
de 2022.
8- Se me informe, si tal como se evidencia en los resultados al examen supletorio, si
sólo dos personas nos presentamos en este examen para el Cargo de Magistrado Sala
Laboral – Tribunal Superior.
9- De ser afirmativas las respuestas a las preguntas 7 y 8 inmediatamente anteriores,
¿cómo establecieron las curvas para el supletorio para el Cargo de Magistrado Sala
Laboral – Tribunal Superior?
10- Indicar cuál fue el número de participantes inscritos, el número de ausentes en la
aplicación de la prueba, el número de aprobados y el número de no aprobados con el
puntaje discriminado en aptitudes y conocimientos de cada uno de ellos para el cargo de
Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
11- Indicar la justificación de la respuesta correcta para cada una de las preguntas de
aptitudes, conocimientos generales y específicos del examen para el cargo de
Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
12- Indicar de manera detallada el peso dentro de la fórmula para las preguntas de
aptitudes y las de conocimientos.
13- Se entregue a mi cargo lo siguiente: Copia del Cuadernillo de la prueba que utilicé el
23 de octubre de 2022, Hoja de Respuestas diligenciadas, Claves de respuestas
otorgadas por la Universidad Nacional en mi respectiva prueba.
14- Solicito se informe sobre la pertinencia del cuestionario realizado para el cargo de
Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior. De igual manera que se informe sobre la

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cadena de custodia, fiabilidad, confiabilidad e idoneidad de la prueba, especialmente
cuando en la prueba de conocimientos específicos se presentó, al menos una pregunta
de derecho penal.
15- Pido, además, se me informe, si las claves de respuestas de la Universidad
Nacional, obedecían a lo reseñado en la Ley, o en la jurisprudencia y en caso de ser
esta última, indicará, si es proveniente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria
laboral, o de algún Tribunal de Distrito, especificando de cuál o si lo fue de la Corte
Constitucional.
16- Solicito se me informe sobre los índices de confiabilidad y discriminación, así como
de dificultad, y si estos cumplen con los estándares necesarios y objetivos de
calificación para el cargo de Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
17- Solicito se me informe sobre el nivel de dificultad de la prueba de conocimientos y
aptitudes, si la prueba de conocimientos generales, conocimientos específicos y
aptitudes se clasifica en un nivel de dificultad alto, medio o bajo, cada una para el cargo
de Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior; y si en general la prueba se puede
catalogar como fácil o difícil.
18- ¿Se me informe de manera específica, si existieron preguntas con más de una
respuesta acertada, de ser cierta precisará cuáles?
19- Se me informe de manera específica cuáles preguntas fueron excluidas del examen
por razones de elaboración, taxonomía, ambigüedad, dualidad de respuestas, etc. y
cuáles fueron asignadas como válidas para todos los aspirantes para el cargo de
Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
20- Por último, solicito se me informe a partir de qué razonamientos, cálculos, estudios y
soportes de análisis cuantitativo objetivo se determinó que el tiempo asignado para la
resolución de las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica era el adecuado
para resolver el cuestionario, con relación a la extensión de algunas preguntas
(aptitudes) y taxonomía de cada pregunta.

b) Exhibición de las preguntas del cuadernillo, las hojas de respuesta y las claves de
respuesta, bajo el mismo tiempo concedido para practicar la prueba, con hojas y
lapiceros para realizar las respectivas anotaciones, con acceso a cámara para grabar
e, incluso, con la posibilidad de obtener copia enviada al correo electrónico, de acuerdo
con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 19 de septiembre de
2019 proferida dentro del expediente con radicación 11001-03-15-000-2019-01310-01.

c) Levantamiento de la reserva de los documentos, teniendo en cuenta lo indicado por
el Consejo de Estado en el referido pronunciamiento, en cuanto a que la reserva de los
mencionados documentos se levanta para los concursantes; y

d) Recurso de reposición —con mención de ampliación después de la exhibición— en
contra de la Resolución CJR22-0442 del 1 de noviembre de 2022 y su anexo, en cuanto
le asignó un puntaje de 790,52 en la prueba de aptitudes y conocimientos, conformado
por 194,05 para el componente de aptitudes y 596,47 para el de conocimiento.

v) El 4 de diciembre de 2022 fue realizada la jornada de exhibición del material de la
prueba para los aspirantes que presentaron el examen supletorio.

vi) El 15 de diciembre de 2022, la señora María Isabel Arango Secker presentó
ampliación del recurso de reposición en el que requirió un pronunciamiento de fondo

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respecto de las inconformidades presentadas en torno a las preguntas 61, 69, 80, 90,
92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130 de la prueba y, como consecuencia,
se sumaran a su puntaje las respuestas que sí tiene correctas, y se estableciera que
sí aprobó el examen.

vii) El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0022, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, confirmó la
Resolución CJR22-0442 del 1 de noviembre de 2022; señaló que contra la decisión
no procedían recursos; e indicó que la resolución se notificaría mediante fijación,
durante cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura, y que,
además, se informaría a través de la página web de la Rama Judicial y en los
Consejos Seccionales de la Judicatura.

viii) El 19 de enero de 2023, a través del Oficio CON27DP-5421, la Universidad
Nacional de Colombia, atendiendo el redireccionamiento de la petición de
información hecho por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta
a lo peticionado en la solicitud del 23 de noviembre de 2022.

ix) El 23 de enero de 2023, la señora María Isabel Arango Secker solicitó la adición,
aclaración y complementación de la Resolución CJR23-00442 del 16 de enero de
2023 y del Anexo 2 de respuesta a objeciones, en el sentido de hacer referencia de
manera expresa, puntual, individual y concreta a cada uno de los reparos y
argumentos esgrimidos en la complementación del recurso de reposición.

x) El 15 de marzo de 2023, mediante el Oficio conv27DP-5421B, la Universidad
Nacional de Colombia, atendiendo el redireccionamiento de la solicitud realizado por
la Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la anterior solicitud.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

La señora María Isabel Arango Secker promovió acción de tutela en contra de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia,

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por sentir vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad y debido
proceso, al no atenderse de fondo lo requerido en el escrito del 23 de noviembre de
2022, en el que pretendió varios aspectos en torno a la prueba de conocimientos
generales y específicos del examen supletorio, como los reparos particulares
expuestos en el escrito del 15 de diciembre de 2022, en el que presentó ampliación
del recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que le asignó un
puntaje no aprobatorio de la referida prueba.

Pues bien, se advierte que mediante el escrito del 23 de noviembre de 2022, la
accionante solicitó de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia: i) información respecto de la prueba supletoria de
aptitudes y conocimientos de la Convocatoria 27, lo cual abordó en 20 ítems; ii) la
exhibición de las preguntas del cuadernillo, las hojas de respuesta y las claves de
respuesta, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del
19 de septiembre de 2019 proferida dentro del expediente con radicación 11001-03-
15-000-2019-01310-01; iii) el levantamiento de la reserva de los documentos,
teniendo en cuenta lo indicado por el Consejo de Estado en el referido
pronunciamiento; y, además, iv) interpuso recurso de reposición —con mención de
ampliación después de la exhibición— en contra de la Resolución CJR22-0442 del 1
de noviembre de 2022 y su anexo, en cuanto le asignó un puntaje de 790,52 en la
prueba de aptitudes y conocimientos, conformado por 194,05 para el componente de
aptitudes y 596,47 para el de conocimientos.

A su turno, se evidencia que: i) mediante el Oficio CON27DP-5421 del 19 de enero de
2023 la Universidad Nacional de Colombia, atendiendo el redireccionamiento de la
petición de información hecho por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
brindó contestación a cada uno de los ítems requeridos por la peticionaria en el punto
uno del escrito; ii) que el 4 de diciembre de 2022 se realizó la jornada de exhibición
del material de la prueba para los aspirantes que presentaron el examen supletorio,
en la que se acogieron los criterios señalados por el Consejo de Estado,
atendiéndose así el punto segundo del libelo, y iii) que a través de la Resolución
CJR23-0022 del 16 de enero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad

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de Administración de Carrera Judicial, resolvió los puntos tercero y cuarto, esto es, lo
relacionado con la solicitud de levantamiento de la reserva como del recurso de
reposición interpuesto.

Ahora bien, como quiera que la impugnación no se dirige a cuestionar lo resuelto con
respecto del escrito del 23 de noviembre de 2023, en tanto no existió ningún reparo
en torno a la contestación dada a los 20 ítems señalados en el punto uno del escrito,
ni tampoco respecto de los demás numerales allí relacionados, la Sala centrará su
atención en lo resuelto con respecto del escrito del 15 de diciembre de 2022, de
ampliación del recurso de reposición interpuesto.

Así, pues, se observa que la apoderada de la actora cuestionó en sede de
impugnación el hecho de que en la Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, no se atendieron los planteamientos particulares expuestos en el
escrito del 15 de diciembre de 2022, en el que la señora María Isabel Arango Secker
amplió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución CJR22-0442
del 1 de noviembre de 2022 y su anexo —que le asignó un puntaje no aprobatorio de
la prueba de conocimientos generales y específicos del examen supletorio—.

Se tiene que en el escrito de ampliación del recurso de reposición, la accionante
solicitó levantar la reserva del cuadernillo completo del examen, la hoja de
respuestas y la clave de la Unal, según lo señalado por el Consejo de Estado en la
Sentencia del 25 de septiembre de 2019, proferida dentro de la acción de tutela con
radicación 11001-03-15-000-2019-01310-01, en la que se estableció que la reserva
de las pruebas realizadas dentro de los concursos de méritos solo aplica para los
terceros mas no para los concursantes, y, como consecuencia, el envío de los
referidos documentos a su correo electrónico; también la asignación de una nueva
fecha para complementar el recurso, al considerar que la manera como se realizó la
exhibición de documentos vulneró su derecho de contradicción y defensa; y, además,
el decretó de un dictamen pericial en taxonomía y otros, elaborados por un lingüista,

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en el que se detalle tanto la pertinencia en la elaboración de la prueba de aptitudes
como de las respuestas tenidas como correctas por la Unal.

Y, en caso de no acogerse lo anterior, solicitó la revocatoria parcial de la Resolución
CJR22-0442 del 1 de noviembre de 2022 y su anexo, y como consecuencia de lo
anterior, la recalificación de la prueba de conocimientos generales y específicos del
examen supletorio, aplicándose un correcto superior a 800 puntos, al tenerse como
correctas las respuestas que seleccionó para dar contestación a las preguntas 80,
61, 69, 90, 92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130 de la prueba, y en caso
de no acogerse el requerimiento, justificar la decisión.

Ahora bien, se advierte que en la Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023, y
sus anexos 1 y 2, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, resolvió de manera conjunta los diferentes recursos de reposición
interpuestos por los participantes en contra de la Resolución CJR22-0442 del 1 de
noviembre de 2022, en la que se presentaron las calificaciones asignadas a la
prueba supletoria de aptitudes y conocimientos, adoptando un esquema de
resolución dividido en temáticas, las cuales se pasan a abordar, de acuerdo con lo
cuestionado por la accionante:

Así, respecto de la jornada de exhibición para el acceso al material de la prueba, la
entidad resaltó que en cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, en la Sentencia del 25 de septiembre de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2019-01310-01 (AC), se concedió un término de 4
horas y media, igual al que se dio en la aplicación de la prueba, en el que se
garantizó el acceso al cuadernillo, a la hoja de respuestas, a las claves de respuesta,
a los datos estadísticos (media y desviación estándar) correspondientes al cargo
aplicado, al número de aciertos, a la fórmula empleada para determinar el resultado y
el procedimiento para verificar el puntaje publicado y, en fin, a la información
necesaria para que se pudieran sustentar los recursos.

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De igual forma, que no era factible la reproducción con uso de medios tecnológicos o
digitales o entrega física del material, puesto que la prueba supletoria como sus
soportes contenían datos relacionados con la estructuración, construcción, apoyo
técnico y contenido de las pruebas practicadas, los cuales están cobijados por la
reserva legal de que trata el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.

Asimismo, que no era posible la realización de una nueva exhibición de los
documentos de la prueba supletoria, toda vez en el cronograma de la convocatoria
se estableció una sola jornada, en garantía del derecho de defensa y contradicción
de los concursantes, ya que efectuar otra generaría costos adicionales no previstos
en el contrato, como lo son el pago de los traslados de la documentación a las
ciudades en donde se aplicaron los exámenes, y los gastos administrativos, de
logística, de seguridad y de custodia, en cumplimiento de los protocolos requeridos
para garantizar la reserva legal de las pruebas.

Además, que no era procedente permitir la participación de peritos o terceros ajenos
a los procesos internos de la Universidad Nacional de Colombia para elaborar
peritajes o conceptos técnicos sobre el material contentivo de la prueba, dada la
reserva que sobre ellos recaía y, de igual modo, que no era viable tramitar los
peritajes o conceptos técnicos allegados, toda vez que la integralidad de las
preguntas fue auditada y su contenido se ajustó a los criterios psicométricos
definidos, concluyéndose que eran adecuadas para evaluar las habilidades,
capacidades y los conocimientos que se requerían para el ejercicio del cargo al que
se aspiró y, en todo caso, que las metodologías y procedimientos empleados
tuvieron una verificación posterior y objetiva por parte de expertos que fueron
previamente seleccionados y capacitados en la construcción de preguntas para
procesos de selección de estas calidades. También procedió a explicar la fórmula y
metodología de calificación, el cálculo e información de los datos estadísticos, los
fundamentos de la fórmula de calificación, la teoría o modelo estadístico utilizado
para calificar, el valor de cada pregunta y los aciertos propios del método para
conocer aciertos a partir del puntaje.

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Por otra parte, para dar solución a las objeciones presentadas a las preguntas de
aptitudes y conocimientos generales y específicos, la entidad desarrolló en el anexo
2 de la Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023, la pertinencia, la
justificación de la clave asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas,
producto de la estructura y construcción de las preguntas —de acuerdo con lo
entregado por la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador
técnico y diseñador de la prueba—, de lo cual se evidencia una respuesta explicación
clara y argumentada de las preguntas objetadas por la accionante, esto es, de las
preguntas 80, 61, 69 y 90 correspondientes al componente general como 90, 102,
104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130 del componente de conocimientos específicos
para magistrado de Tribunal, Sala Laboral.

Ahora bien, se aprecia que el 23 de enero de 2023, la señora María Isabel Arango
Secker solicitó la adición, aclaración y complementación de la Resolución CJR23-
00442 del 16 de enero de 2023 y del Anexo 2 de respuesta a objeciones, pues, en su
sentir, no se hizo referencia expresa, puntual, individual y concreta a cada uno de los
reparos y argumentos esgrimidos en la complementación al recurso de reposición.

Así, mediante el Oficio conv27DP-5421B del 15 de marzo de 2023, la Universidad
Nacional de Colombia, atendiendo el redireccionamiento de la solicitud realizado por
la Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la anterior solicitud,
en el siguiente sentido:

En su calidad de aspirante inscrito al cargo de magistrado de Tribunal Superior-Sala
Laboral, con relación a su solicitud relativa a la adición de la Resolución CJR23-0044
de 16 de enero de 2023 formulada bajo el argumento de que en la misma no se
efectuó pronunciamiento sobre cada uno de los reparos presentados en el escrito de
adición del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0351 de 1°
de septiembre de 2022, es necesario precisar que todos los cuestionamientos
realizados fueron resueltos a través de la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de
2023 «Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra
la Resolución CJR22-0442 de 1° de noviembre de 2022, mediante la cual se publicaron
los resultados de la prueba supletoria de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial y se acepta un desistimiento» y anexos; la cual es la que le corresponde como
aspirante que presentó la prueba supletoria el día 23 de octubre de 2022.

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En ese orden de ideas, se precisa que, con la marcación en la fila correspondiente a su
cédula, del Anexo 1, se le dio respuesta de manera particular identificando en debida
forma los reparos realizados en su recurso de reposición y en la ampliación de este,
cuyos temas fueron desarrollados de manera clara, completa y de fondo en la parte
motiva de la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023.

En igual sentido, frente a las objeciones realizadas a preguntas específicas de la
prueba, se aclara que en el «Anexo 2 - Respuesta a objeciones», se hizo un desarrollo
de cada uno de los ítems cuestionados, indicando la pertinencia del enunciado, la
justificación de la clave asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas
acorde con la estructura y elaboración de cada una de las preguntas.

En tal virtud, las inquietudes formuladas acerca de la entrega del material se
resolvieron en el punto 3 denominado «Copia - Entrega material o digital de prueba –
Copia de actas de sala – Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter
reservado» y las manifestaciones efectuadas acerca de las respuestas dadas a las
preguntas del examen bajo las cuales solicitó recalificar la prueba fueron atendidas en
el punto 14 denominado «Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir
preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar».

Así mismo, es del caso señalar que las inconformidades relacionadas con el tiempo de
duración de la prueba fueron abordadas en el punto 16 denominado «Tiempo de la
prueba insuficiente» del referido acto administrativo.

En consecuencia, la totalidad de los argumentos presentados por usted fueron
atendidos mediante la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 por lo cual no
es posible acceder a su solicitud de adición, máxime cuando contra dicho acto
administrativo no procede recurso alguno.

De igual forma, a través del Oficio CONV27DP-5421 B, se complementó lo referente
a la pregunta 95 del componente de conocimientos específicos, que no fue atendida
en el anexo 2 de la Resolución CJR23-0022 de 2023.

De esta forma, es dable apreciar que tanto con la Resolución CJR23-0022 del 16 de
enero de 2023 y sus respectivos anexos, como con el Oficio de respuesta
CONV27DP-5421 B, se atendieron los cuestionamientos particulares expuestos por
la participante en el escrito del 15 de diciembre de 2022, en el que se amplió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución CJR22-0442 del 1 de
noviembre de 2022 y sus anexos, pues además de que la entidad explicó que no era
procedente el levantamiento de la reserva de los cuadernillos, la hoja de respuestas
y la claves de la Unal y, por contera, el envío de la documentación al correo
electrónico, también le indicó que no era posible la asignación de una nueva fecha

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para exhibición ni tampoco el decreto de un nuevo dictamen pericial; además,
también expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a las
preguntas objetadas por la tutelante, explicando cuales eran las opciones de
respuesta consideradas como correctas para el cómputo del puntaje.

Así las cosas, se colige que en el caso no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, toda vez que las inconformidades que presentó en la
ampliación al recurso de reposición fueron debidamente atendidas, bajo criterios
claros, ponderados y razonables, por lo que, si no está de acuerdo con lo resuelto en
los actos administrativos que la excluyeron de la Convocatoria 27, tiene la posibilidad
de demandarlos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, no siendo procedente su
cuestionamiento a través de la acción de tutela, toda vez que lo discutido
compromete no solo su situación jurídica sino también la de los demás participantes
de la convocatoria 27.

Además, teniendo en cuenta la pretensión de suspensión del proceso de selección,
es de advertir que en el referido medio de control se otorga a la parte demandante la
posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de
suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del CPACA, y que conforme
al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso, para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, herramienta que la accionante puede intentar para tal cometido.

Ahora bien, sobre la reserva de los documentos, que es un asunto discutido en sede
de tutela, tanto por el hecho de no accederse a la solicitud de entrega del cuadernillo
completo del examen, la hoja de respuestas y la clave de la Unal, como por la
negativa en el decreto y práctica de la prueba pericial solicitada en el escrito de
ampliación del recurso de reposición ―dada la reserva de la información en
comento―, vale la pena traer a colación la regulación prevista en los Capítulos I y II

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del Título II de la Ley 1437 de 2011,3 concerniente al derecho de petición ante
autoridades públicas, las reglas generales, incluyendo la información y documentos
reservados, el rechazo por motivo de reserva y el recurso de insistencia.

Así, se tiene que el artículo 25 del mencionado estatuto señala que contra la decisión
que rechace la petición de información por motivo de reserva legal, no procede
recurso alguno, pues conforme al artículo 264 ibidem se prevé la existencia de un
procedimiento judicial, especial e informal a efectos de que sea la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la que determine el acceso a lo solicitado.

En lo referente, resulta importante lo dicho en la Sentencia T-466 de 2010, en la que
la Corte Constitucional fue clara en señalar que cuando se emite una respuesta
negativa a la solicitud de información, aduciendo su carácter reservado e invocando
disposiciones constitucionales o legales pertinentes, «el recurso de insistencia es el
mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento
específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos
fundamentales en cuestión».

3 Estas normas corresponden a la subrogación que se realizó mediante Ley 1755 de 2015 luego de la

declaración de inexequibilidad del texto original de los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 por la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011.
4 Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. 4Si la persona interesada insistiere en su

petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en
los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de
notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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En el presente caso, la negativa de las entidades accionadas en acceder a la
información y entrega de documentación elevada por la accionante está debidamente
motivada y sustentada, al ser considerada de carácter reservado, por lo que la
interesada tiene a su disposición el trámite de insistencia, en términos de lo previsto
en el artículo 26 del CPACA, instancia que la actora no probó haber iniciado, por lo que
está en la posibilidad de acudir a dicho mecanismo, el cual, una vez surtido, le
permitirá tomar las acciones que considere pertinentes.

Por su parte, es dable indicar en torno al descontento relacionado con la forma de
notificación de los actos administrativos expedidos en el curso de la convocatoria,
que las normas de un concurso público de méritos fijan en forma precisa y concreta
cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y establecen las
pautas y procedimientos con los cuales deben regirse5. La convocatoria se convierte
en una norma obligatoria en el concurso y, por ello, cualquier incumplimiento de las
etapas y procedimientos consignados en ella desconoce sus reglas y objetivos, y
conlleva de suyo una respectiva consecuencia.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-470 de 2007, señaló: «[E]l
concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone
precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a
los participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del
concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con
estricta sujeción a las normas que lo rigen y en especial, a las que se hayan fijado en
la convocatoria, que como se señala en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, es la
ley del concurso. Quiere esto decir que se reducen los espacios de libre apreciación
por las autoridades en la medida en que, en la aplicación rigurosa de las reglas está
la garantía de imparcialidad en la selección fundada en el mérito».

En otras palabras, la convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que
de manera fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos
que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son

5 Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009.

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reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la
administración y a los aspirantes su cumplimiento.

Así, en el asunto que se aborda, se tiene que es la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura la encargada de expedir los acuerdos sobre las
convocatorias que reglamentan el concurso para proveer los cargos para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en este caso, el Acuerdo PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, en el que atendiendo a los lineamientos generales
señalados en los artículos 162 a 164 de la Ley 270 de 1996, se definieron temas
como la inscripción, las etapas del concurso, el procedimiento a seguir, la notificación
de las decisiones, entre otros.

Así las cosas, no es dable dar vocación de prosperidad a los argumentos expuestos
por la accionante, en torno a la notificación del acto administrativo que dio a conocer
el puntaje obtenido en el concurso, pues al existir normativa especial en torno al
desarrollo del concurso de méritos, es a esta a la que se debe atender, en tanto
desplaza a la norma general.

Por tanto, si la accionante no estaba de acuerdo con los términos de la convocatoria,
previstos en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, pudo haber
demandado su contenido ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a
través del medio de control de simple nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA,
sin embargo, ello no ocurrió, evidenciando con ello una validación de lo allí previsto,
por lo que no es ahora la acción de tutela la oportunidad para controvertir sus
disensos en contra de lo reglado en dicha normativa.

Así las cosas, se concluye que en el caso no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la accionante, toda vez que las inconformidades
presentadas en torno a los escritos del 23 de noviembre y 15 de diciembre de 2022,
fueron debidamente atendidos; y, además, se configura la causal de improcedencia
de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance», con respecto de los demás reparos de tutela.

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3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y, en tal sentido, confirmará
la sentencia impugnada que negó las pretensiones relativas al amparo del derecho
de petición y declaró improcedente la acción de tutela por incumplir con el requisito
de subsidiariedad frente a los reparos relacionados con el recurso de insistencia, la
valoración de las pruebas y la legalidad de la Resolución CJR23-0022 del 16 de
enero de 2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 13 de junio de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con las consideraciones que
preceden.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM

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