Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02391-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02391-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02391-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
12 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 21 de
septiembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 9 de mayo de 20231 la firma Enrecar International Traiding S.A.S. interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la buena
fe y a la confianza legítima que consideró vulnerados por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado al proferir la providencia del 17 de febrero de
2023, que confirmó el auto proferido el 29 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que, a su vez, rechazó la demanda presentada en
contra del memorando 000301 del 13 de octubre de 2017 de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales ─ DIAN, por haber operado el fenómeno de la
caducidad del medio de control, dentro del proceso identificado con el radicado
08001-33-33-012-2014-00491-02.
1.1. Hechos
1
Índice 1, expediente de tutela digital de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
2
Obra en el certificado 764A131CF327ECED 6D0BA5ECD768972C 0542707CFB259F84 B8412A61D399C97E, índice 2,
expediente de tutela digital de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
1.1.1. El 10 de diciembre de 2019 la sociedad Enrecar International Trading S.A.S.,
por intermedio de apoderado judicial, presentó medio de control de reparación
directa contra la DIAN3, solicitando que se declare a la entidad demandada
administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados
al promulgar el memorando 000301 del 13 de octubre del 2017, en el que se
dispuso: “las mercancías remanufacturadas en una zona franca colombiana, al ser
introducidas al resto del territorio aduanero nacional, estarán sujetas al trámite de
licencia de importación”. Para la parte actora este documento desconoce los
Tratados Internacionales de Libre Comercio suscritos por Colombia con los Estados
Unidos de América y Canadá4.
1.1.2. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C, el
que, a través de auto del 29 de octubre de 2020, resolvió rechazar la demanda
presentada por la sociedad Enrecar International Trading S.A.S. en contra de la
DIAN5. Argumentó que la causa del daño alegado tenía su fundamento en un acto
administrativo de carácter general, por lo que el medio de control a través del cual
ha de ventilarse la controversia resulta ser el de nulidad y restablecimiento del
derecho (art. 138 del CPACA). En consecuencia, procedió a realizar el estudio del
medio de control por el cual debió tramitarse el asunto, con lo cual consideró que
operaba el fenómeno de la caducidad, toda vez que el acto administrativo causante
del daño fue publicado el 17 de octubre de 2017 y el término para presentar la
demanda venció el 18 de febrero de 2018.
1.1.3. La anterior decisión fue apelada por la parte actora6. El 17 de febrero de
2023 la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado confirmó la
providencia de primera instancia7, al considerar que, aunque la demanda se formuló
como de reparación directa, este no resultaba ser el mecanismo procesal idóneo
para ventilar este asunto al cuestionarse la legalidad de un acto administrativo
general. A partir de lo anterior, destacó que había operado el fenómeno de la
caducidad, dado que para el 12 de enero de 2018 la sociedad demandante tenía
3
Obra en el certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231, índice 40,
enlace digital 2019-00821 RD, archivo 2. fl. 550-597 requiere previo admisión, folio 5, expediente de tutela digital de primera
instancia (rad. 11001031500020230239100).
4
Obra en el certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231, índice 40,
enlace digital 2019-00821 RD, archivo 1. fl. 1-68 anexos y fl. 552-579 demanda, expediente de tutela digital de primera
instancia (rad. 11001031500020230239100).
5
Obra en el certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231, índice 40,
enlace digital 2019-00821 RD, archivo 3. 2019-00821 - RECHAZA DEMANDA, expediente de tutela digital de primera
instancia (rad. 11001031500020230239100).
6
Obra en el certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231, índice 40,
enlace digital 2019-00821 RD, archivo 5. RECURSO APELACIÓN CONTRAAUTO RECHAZA DEMANDA, expediente de
tutela digital de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
7
Obra en el certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231, índice 40,
enlace digital 2019-00821 RD, archivo 11. AUTO CONSEJO DE ESTADO, expediente de tutela digital de primera instancia
(rad. 11001031500020230239100).
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
pleno conocimiento de la existencia, contenido y consecuencias perjudiciales del
memorando número 000301 de 2017, por lo que el término de cuatro meses
contado desde el 13 de enero de 2018 se venció el 13 de mayo de 2018 y el medio
de control fue presentado el 10 de octubre de 2019.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
1.2.1. La sociedad Enrecar International Trading S.A.S. consideró que se le
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima, al
entender que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:
1.2.2. Defecto procedimental. La parte actora afirmó que las autoridades
accionadas desconocieron que el acto administrativo, memorando número 00301
del 13 de octubre de 2017, no podía considerarse de carácter general, en la medida
que fue dirigido a personas determinadas, esto es, a funcionarios directivos de la
DIAN, el que además fue notificado a través de la página DIANNET. Afirmó que lo
pretendido no era cuestionar la legalidad del memorando sino el actuar de la
administración que terminó por paralizar las activades de la empresa, lo que le está
generando graves perjuicios.
1.2.3. Defecto fáctico. La sociedad accionante afirmó que los autos atacados no
tuvieron en cuenta que el memorando: (i) fue dirigido a personas determinadas; (ii)
se puso en conocimiento solo de algunos funcionarios de la DIAN; (iii) no se ha
publicado en el diario oficial; y (iv) no tuvo amplia divulgación.
1.2.4. Agregó que la demanda de reparación directa se presentó en término, ya
que se radicó el 10 de diciembre de 2019, el memorando se expidió el 13 de octubre
de 2017, además se presentó solicitud de conciliación el 10 de octubre de 2019 y
se realizó audiencia de conciliación el 10 de diciembre de 2019, con lo cual el
término de caducidad se extendió por dos meses, por lo que el plazo de 2 años
para interponer la acción de reparación directa se extendió hasta el 13 de diciembre
de 2019.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La firma accionante solicitó textualmente lo siguiente:
4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
“Se sirva amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso Judicial (Art. 29 C.
Pol.); Primacía del Derecho Sustancial (Art. 228 C. Pol.); Acceso a la Administración de
Justicia (Art. 229 C. Pol.); Igualdad (Art. 13 C. Pol.); así como los garantías de la
Confianza Legítima y La Prohibición de Contradicción contra los Actos Propios Implícitos
en el derecho a la Buena Fe (Art. 83 C. Pol.), y demás que se consideren violados,
conforme los fundamentos y argumentos esbozados in extenso, de la sociedad
ENRECAR INTERNATIONAL TRAIDING S.A.S, identificada con el Nit. 900.483.910-4,
representada legalmente por el señor JOSE ANDRES MARTINEZ LUNA, mayor y
vecino de la ciudad de Barranquilla identificado con la cedula de ciudadanía No.
79.754.575 de Bogotá D.C., y que en la actualidad están siendo vulnerados por parte
del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-
Subsección A-M Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico y el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sección C, M.P. Dr. Jorge Eliecer Fandiño Gallo, con sus
actuaciones al interior del medio de control de Reparación Directa, identificado con
Radicación No. 08-001- 23-33-000-2019-00821-01.
Por lo anterior, respetuosamente solicito a su señoría, ordene al Consejo de Estado-
Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección TerceraSubsección A- Consejera
Ponente Marta Nubia Velásquez Rico y el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección
C, M.P. Dr. Jorge Eliecer Fandiño Gallo,, que profieran una nueva decisión al interior del
citado medio de control, en la que se adopte una valoración de fondo al caso puesto de
presente, efectuando una debida valoración de los hechos, fundamentos de derecho y
pruebas aportadas, respetando los límites del operador judicial en cuanto al análisis de
los requisitos formales del medio de control de reparación directa, así como del debido
encuadramiento de los requisitos para demostrar que se le debe dar trámite al mismo
como el medio de control antes mencionado por otro lado, en usanza a los principios de
igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
buena fe, confianza legítima y la prohibición de contrariar los actos propios, se le ordene
sea coherente en sus providencias judiciales, evitándose que frente a situaciones fáctica
y jurídicamente similares, se produzcan soluciones disimiles.”8.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
Mediante auto del 14 de agosto de 20239 el ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar, en calidad de demandados, al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, así como al Tribunal Administrativo de Atlántico y, en
calidad de tercero con interés, a la DIAN.
2.1. Contestaciones
2.1.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado10 solicitó
negar el amparo al advertir que lo pretendido por la parte accionante es generar
una tercera instancia, para que, por la vía de la acción de tutela se revivan etapas
procesales debidamente clausuradas y, a su vez, se estudie nuevamente la
admisión de su demanda de reparación directa, asunto que fue definido en el auto
8
Folios 45-46 del certificado 764A131CF327ECED 6D0BA5ECD768972C 0542707CFB259F84 B8412A61D399C97E, índice
2, expediente de tutela digital de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
9
Obra en el certificado B74DC24BD965CF74 B98AE258E1FC241C 15FB2649A45480C7 8E7BBAD3BBAC4473, índice 30,
expediente de tutela digital de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
10
Obra en el certificado EF1E9D2E0EA6B994 B15764197D9AE31C 0F24C27CA14E42CC C4C1EF6CBD62DE9D, índice
37, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
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del 17 de febrero de 2023, providencia que no generó afectación a los derechos
fundamentales invocados por la sociedad accionante.
2.1.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C11 indicó que la acción de
tutela se torna improcedente habida cuenta de que no se estructura ninguno de los
requisitos generales y causales específicas de procedencia. Destacó que rechazó
la demanda presentada por la sociedad actora al considerar que: (i) la actuación
causante del daño, al ser un acto administrativo, debe atacarse por nulidad y
restablecimiento del derecho y no por reparación directa; y (ii) si bien en principio
procedía de oficio darle el trámite correspondiente, se verificó que la acción
procedente había caducado.
2.1.3. La DIAN 12 señaló que no es responsable del supuesto menoscabo sobre los
derechos fundamentales de la parte accionante. Agregó que la decisión adoptada
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en ningún momento incurrió en un
defecto específico de procedibilidad, debido a que esta decisión estuvo totalmente
fundamentada en la normativa aplicable y en las pruebas aportadas tanto en sede
administrativa como judicial.
3. Fallo de tutela de primera instancia
El 21 de septiembre de 202313 la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado negó el amparo invocado dado que la providencia atacada estuvo
suficientemente fundamentada de acuerdo con la normatividad vigente, los hechos
probados y la jurisprudencia, en lo atinente a la contabilización del término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
procedente para el caso, sin que, de otra parte, se hubiere demostrado que dicha
decisión estuviera incursa en una causal de procedibilidad de la acción de tutela.
4. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera instancia,
la parte accionante presentó escrito de impugnación14. En esencia señaló que el
11
Obra en el certificado 008B0F336635C3CC E3E03EC81B9720DC 3EFBD9B6AA740A7C 08C84FE4E6E202D0, índice 40,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
12
Obra en el certificado 12180DA163E34402 315AEA4890676E1B A43A6D0982FAE8FB C8C870E7E5C58485, índice 42,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
13
Obra en el certificado DC210DF919168FF6 17A38605D674E88A 1240BEBE3803DBAF 2D8314598E840E0E, índice 45,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
14
Obra en el certificado D491ED33FB028395 DDC5E133A6F86938 1D5EA17DD389E01F C8FC602BC05605FE, índice 50,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
documento generador de los perjuicios que se reclaman es un documento para
comunicación oficial de carácter interno, por lo tanto, no está investido de las
características de orden legal y jurisprudencial que lo puedan calificar como un acto
administrativo de carácter general, el que sí tuvo efectos jurídicos dañinos a los
importadores y las empresas de remanufacturas que operan en las zonas francas
del país.
Agregó que la publicación en la página DIANET, exclusiva para los servidores de
la DIAN, no puede reemplazar la publicación en el Diario Oficial impuesta por el
legislador como exigencia para el surgimiento a la vida jurídica del acto
administrativo.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 2 de noviembre de 202315 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política,
32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 21 de septiembre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si las providencias
censuradas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales alegada.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
15
Obra en el certificado 3195D45014F3F126 BBA3B10CFDFE6813 C266FB6ABD862773 5D8D86378734616A, índice 52,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001031500020230239100).
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
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3.1. La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
rigurosos requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar
si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii)
que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
16
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
20
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales.”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por las autoridades judiciales accionadas dentro del medio de
control identificado con el radicado 08001-33-33-012-2014-00491-02, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.
4.3. La sociedad Enrecar International Trading S.A.S. alegó, en esencia, que se le
negó el acceso a la administración de justicia, en una clara violación del debido
proceso y la confianza legítima, al rechazar la demanda del medio de control de
reparación directa por caducidad de la acción, toda vez que, según las autoridades
judiciales accionadas, el medio de control a instaurar es el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Para soportar su afirmación insistió en que el acto
administrativo atacado no involucra un contenido general, ya que solamente se
puso en conocimiento de algunos funcionarios de la DIAN, no fue publicado en el
diario oficial y no tuvo amplia divulgación.
4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado en el auto del 17 de febrero de 2023 que
confirmó la providencia proferida el 29 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, en relación con la naturaleza del
memorando 00301 de 2017 de la DIAN, se dilucidan las siguientes consideraciones:
“[P]ara la Sala es claro que el memorando acusado tiene la connotación de ser un acto
administrativo y que era susceptible de cuestionarse en sede de lo contencioso
administrativo, pues contenía una manifestación de voluntad de la Administración que
tuvo la aptitud de alterar una situación jurídica, debido a que, como ya se indicó, impuso
el trámite de licencia de importación para que las mercancías remanufacturadas en una
zona franca colombiana pudieran ser introducidas al resto del territorio aduanero
nacional.
(…).
3.1.2. Lo que la Sala observa en este caso es que, en efecto, el memorando 000301 del
13 octubre de 2017 se dirigió a unas personas determinadas: a los ‘directores
seccionales’, ‘directores seccionales delegados de impuestos y aduanas’, ‘directores
seccionales de aduanas’ y ‘jefes divisiones de gestión de la operación aduanera’;
además, que aquel fue publicado en ‘DIANNET’, una plataforma de uso exclusivo para
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funcionarios directivos de la DIAN21. Así lo aclaró la entidad demandada el 16 de marzo
de 2020, oportunidad en la que informó lo siguiente: ‘el memorando 000301 e[ra] de
carácter interno y que se publicó en la plataforma virtual denominada DIANNET,
establecida para funcionarios pertenecientes a la DIAN’.
Sin perjuicio de lo anterior, es claro que los efectos del acto fueron de contenido general,
en la medida en que tenía la vocación de afectar a todos los usuarios que, en ese
momento y a futuro, remanufacturaran mercancías provenientes de otros países en
zonas francas colombianas. Este era el caso de la sociedad demandante, Enrecar
S.A.S., cuyo objeto social era el de: ‘actuar como usuario industrial de servicios y bienes
instalado de manera exclusiva en una o varias zonas francas (...) la sociedad podrá
desarrollar actividades económicas de exportación, comercialización e importación de
todo tipo de mercancías, en especial remanufacturar (…)’22.
Esa afectación se desprendía del hecho de que, según narró 23, la Republica de
Colombia había suscrito acuerdos comerciales con Canadá y Estados Unidos de
América, en virtud de los cuales el Gobierno Nacional expidió, respectivamente, los
Decretos 0185 del 30 de enero de 2012 y 0730 del 13 de abril de 2012 para dar
cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos. Ambos decretos, en sus
artículos 16, disponían que ‘a la importación de las mercancías remanufacturadas (…)
no se les exigi[ría] licencia previa en los términos del Decreto 3803 de 2006 y sus
modificaciones’.
Entonces, en los términos de los tratados comerciales celebrados con Estados Unidos
y Canadá, la importación de las mercancías remanufacturadas no requería de licencia
previa, hasta que la DIAN, por medio del memorando número 000301 de 2017, impuso
el trámite de licencia de importación para aquellas que fueran remanufacturadas en una
zona franca colombiana.”24.
Una vez la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió la
naturaleza jurídica del memorando 000301 de 2017 procedió a determinar el medio
de control procedente, así:
“De acuerdo con la argumentación de la demanda, la DIAN, al exigir licencia de
importación para toda mercancía remanufacturada en Colombia, se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones, al desconocer normas de carácter supranacional - como
tratados internacionales- y nacional -los decretos expedidos por el gobierno nacional-.
Tales afirmaciones perfectamente se enmarcan en la causal de nulidad concerniente a
la falta de competencia y constituyen un cargo a través del cual la parte actora cuestionó
la legalidad del memorando 000301 del 13 octubre de 2017, por considerar que infringió
las normas en que debería fundarse y que fue expedido por la DIAN, por fuera de sus
competencias.
21
Original de la cita: “Se precisa que a través de auto del 6 de febrero de 2020, la Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico requirió a la DIAN para que aportara a este proceso ‘copia de la constancia de publicación o, en su defecto,
constancia de notificación a la sociedad Enrecar del memorando 000301 del 13 de octubre de 2017’. Como respuesta, el 16
de marzo de 2020, la DIAN informó que ‘el memorando 000301 e[ra] de carácter interno y que se publicó en la plataforma
virtual denominada DIannet, establecida para funcionarios pertenecientes a la DIAN’. Al respecto, ver documento
denominado ‘8_080012333000201900821017expedientedigi2020121081721_TC
DescargaTotalItem133120530577373753’, del expediente digital, que obra en el índice 2 de Samai”.
22
Original de la cita: “De conformidad con la información consignada en el certificado de existencia y representación legal de
esa S.A.S., aportado junto con la demanda, en el documento denominado ‘6_080012333000201900821015
expedientedigi2020121081718.pdf’ del expediente digital, que obra en el índice 2 de Samai”.
23
Original de la cita: “Así lo consignó la parte actora en su escrito inicial. A efectos ilustrativos se transcriben los hechos 1, 2
y 6 de la demanda (que se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores): 1.- El Gobierno de la República de
Colombia suscribió el 22 de noviembre de 2006 un acuerdo de promoción comercial, entre la República de Colombia y los
Estados Unidos de América. Acuerdo con sus protocolos aprobado por el Congreso de la República por medio de Ley 1143
del 4 de julio de 2007. 2.- Para dar cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del
Tratado Comercial, indicado en el literal anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0730 de 13 de abril de 2012 y en
sus artículos 14 y 16 dispuso: (…). 6.-. Desde la entrada en vigencia de estos tratados, nunca le fue exigida a los importadores
la presentación de licencia previa, como requisito para ingresar las mercancías al territorio aduanero nacional provenientes
de Estados Unidos o Canadá y previamente remanufacturadas en Zona Franca Colombiana”.
24
Folios 11-13 del certificado C67ACE8FE730366B B7EFC203C156C791 EA5D710D6CB296E0 CDC4A43985249231,
índice 40, enlace digital 2019-00821 RD, archivo 11. AUTO CONSEJO DE ESTADO, expediente de tutela digital de primera
instancia (rad. 11001031500020230239100).
10
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
3.3. Lo hasta aquí dicho permite concluir -al igual que el Tribunal Administrativo del
Atlántico- que, aunque la demanda se formuló como de reparación directa, este no
resultaba ser el mecanismo procesal idóneo para ventilar la reclamación sometida al
conocimiento de esta Jurisdicción, porque los argumentos a partir de los cuales se
pretende erigir la responsabilidad del Estado devienen de cuestionamientos al acto
administrativo mencionado, que originó los perjuicios aquí reclamados, por lo que aquel
debió controvertirse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y dentro del término de caducidad pertinente.”25.
Finalmente, la autoridad judicial accionada encontró configurada la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En concreto indicó:
“[S]e advierte que aun cuando no se conoce la fecha en la que la sociedad demandante
conoció el memorando número 000301 del 13 de octubre del 2017 -que, como se dijo
con anterioridad, fue publicado en una plataforma denominada ‘DIANNET’, exclusiva
para funcionarios directivos de la DIAN-, de lo que sí se tiene conocimiento es que
Enrecar solicitó, en dos oportunidades, licencia previa ante el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ‘ante [su] exigencia (…) para esa clase de importaciones’, según dijo
en la demanda.
Se estableció que ambas solicitudes fueron negadas: la primera, el 12 de enero de 2018,
por medio del ‘concepto de negación’ número 22083850-10012018, y la segunda el 25
de marzo de 2018, a través del ‘concepto de negación’ número 22140729-19042018.
Es claro entonces que, por lo menos, para el 12 de enero de 2018 la sociedad
demandante tenía pleno conocimiento de la existencia, contenido y consecuencias
perjudiciales del memorando número 000301 de 2017, que impuso el trámite de licencia
de importación para que las mercancías remanufacturadas en una zona franca
colombiana pudieran ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional. Así las
cosas, el término de cuatro meses contado desde el 13 de enero de 2018 se venció el
13 de mayo de la misma anualidad.
Como la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019 se concluye que para este
entonces ya había operado la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y que la anterior conclusión no se altera por el hecho de
que el 10 de octubre de 2019 se hubiera presentado solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 14 Judicial II para Asuntos Administrativos, toda vez que para esa
época ya había vencido el término de caducidad.”26.
4.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto
ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada en la providencia
censurada, con el objetivo de que sea reconocida su tesis sobre la naturaleza del
memorando 000301 de 2017 y la procedencia del medio de control de reparación
directa en este asunto.
Para esta Sala las autoridades judiciales accionadas establecieron, a partir de un
análisis de los elementos probatorios obrantes en el expediente y la jurisprudencia
aplicable, que: (i) el memorando 000301 de 2017, ostenta la naturaleza de un acto
administrativo de carácter general; (ii) la fuente o el origen del daño determina el
25
Folio 16, ibidem.
26
Folios 16-17, idem.
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
medio de control procedente para desatar la controversia, el que para este caso
correspondía al de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con el artículo
138 del CPACA; y (iii) se estableció adecuadamente la caducidad de la acción a
partir del conocimiento del acto atacado y la interposición del medio de control.
En consecuencia, el argumento propuesto en sede de tutela no está soportado
desde una afectación constitucional, muestra más una estrategia para revivir un
medio de control que se dejó fenecer por la inactividad de la accionante. Así, la
parte actora no logra argumentar por qué, a pesar de que tuvo conocimiento del
memorando 00301 de 2017 desde enero de 2018, el que le venía generando una
serie de perjuicios económicos, no acudió al medio de control adecuado dentro del
término legal previsto.
4.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario,
con el fin de que prevalezca la interpretación de la tutelante sobre la acogida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así, el asunto sale de
la competencia del juez constitucional.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada27, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario28.
5. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al
plano constitucional.
27
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
28
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02391-01
Accionante: Enrecar International Traiding S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
6. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso, lo que implica que la acción constitucional
resulte improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 21 de septiembre de 2023
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en
su lugar, declarar improcedente el amparo constitucional solicitado por la sociedad
Enrecar International Traiding S.A.S., de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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