Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02393-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Temas: Tutela contra providencia judicial /Nulidad y restablecimiento del
derecho para reconocimiento de pensión de sobrevivientes /
Desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por María Inés Cubillos Cadena, en contra
de la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
María Inés Cubillos Cadena promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida,
a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-049-2018-
00536-01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) María Inés Cubillos Cadena, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa
Especial del Departamento de Cundinamarca, con el fin de cuestionar la legalidad de
los actos administrativos a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes a partir del 28 de mayo de 1990, fecha de
fallecimiento de su cónyuge.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
ii) El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia proferida el 19 de octubre de 2021 negó las pretensiones de la
demanda al considerar que para la fecha de fallecimiento del causante (28 de mayo
de 1990) este solo acreditaba 9 años y 6 meses de servicio, por lo que no cumplía los
requisitos para un reconocimiento pensional de acuerdo con las leyes 6 de 1945 y 33
de 1985, y por ende tampoco a la cónyuge la pensión de sobreviviente pretendida;
además, refirió que tampoco le era aplicable la Ley 100 de 1993. En contra de esta
decisión la demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de la sentencia del 11 de noviembre de 2022 confirmó lo resuelto por el a quo
al concluir que «[…] no le asiste el derecho a la sustitución pensional consagrada en el
Decreto 3135 de 1968, que no es procedente el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de que trata el Decreto 758 de 1990 al no estar inmerso dentro de su ámbito
de aplicación, que no es extensible el Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de
favorabilidad y que no es pertinente con ocasión de la retrospectividad de la norma el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes consagrada en la Ley 100 de 1993, en
atención del criterio jurisprudencial del Consejo de Estado […]».
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante alega vulnerados sus derechos
fundamentales, en tanto la corporación judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente por lo siguiente:
• Se acogió el criterio jurisprudencial adoptado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 25 de abril de 2013, apartándose de lo previsto por la Corte
Constitucional en la sentencia T–525 de 2017, en torno a la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 para resolver las solicitudes de la pensión de sobrevivientes
regulado por regímenes especiales y anteriores.
• De haberse aplicado el principio de retrospectividad de la ley y realizar el análisis del
caso a la luz de lo previsto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, con
las modificaciones previstas en la Ley 797 de 2003, se habría determinado que el
causante cotizó el número de semanas requerido para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes y que la convivencia entre los cónyuges se dio por un término
superior a cinco años hasta el momento del fallecimiento.
• La irretroactividad de la ley no tiene un carácter absoluto y la finalidad de la
retrospectividad consiste en la protección de los principios de equidad e igualdad y la
superación de situaciones que afectan el valor de la justicia y la aplicación de las
normas de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] se deje sin efectos la sentencia del 11 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-42-049-2018-00536-01 y,
en su lugar, que se ordene al Tribunal acceder a las pretensiones. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo de Bogotá1 solicitó la
desvinculación o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención
a que no vulneró los derechos fundamentales alegados por la demandante, toda vez
que la decisión se adoptó conforme a la normativa aplicable, a las pruebas arrimadas
al proceso y a la independencia y autonomía judicial. insistió en que el causante no
percibía ninguna clase de pensión al momento de su fallecimiento, por lo cual negó las
pretensiones de la demanda.
1.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E2, solicitó rechazar por improcedente la tutela o, en su lugar, denegar
las pretensiones de amparo al considerar que el mecanismo constitucional no puede
utilizarse como una tercera instancia; además, la parte actora cuestiona la sentencia
de segunda instancia pese a que el asunto ya fue definido por la jurisdicción.
Adujo que la corporación confirmó lo resuelto por el a quo, al evidenciar que la
demandante no tiene derecho a la sustitución pensional prevista en el Decreto 3135
de 1968, no es procedente el reconocimiento en los términos del Decreto 758 de 1990
en virtud del principio de favorabilidad y tampoco le es aplicable de manera
retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.3
1.3 Sentencia de primera instancia4
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 15 de
junio de 2023 negó la solicitud de amparo al considerar que, al ser el criterio fijado en
la sentencia del 25 abril de 2013 el que actualmente gobierna en la Sección Segunda
de la corporación —adoptado como decisión de unificación—, se constituye en
referente obligatorio entre la comunidad jurídica y, en tal sentido, el juicio de valor que
el tribunal demandado realizó para dar solución al asunto no resulta irrazonable,
desproporcionado, arbitrario ni caprichoso, comoquiera que en uso de su autonomía e
independencia judicial acogió la postura unificada y reiterada en la materia, en los
términos del artículo 270 del CPACA.
1.4. Escrito de impugnación5
1
Ver índice 8 de SAMAI.
2
Ver índice 9 de SAMAI.
3 Mediante auto del 15 de mayo de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la
Unidad Administrativa Espeical de Pensiones de Cundinamarca.
4
Ver índice 14 de SAMAI
5
Ver índice 18 de SAMAI
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
María Inés Cubillos Cadena impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en que continua la vulneración de sus derechos fundamentales con la
interpretación efectuada por el tribunal demandado, además de reiterar los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto
1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es competente
para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar
si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles
son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en
aquella decisión.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.
María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para establecer
la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones
de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado
dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya
acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos
presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y
no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 12 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 13
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, vulneró los derechos fundamentales de María Inés Cubillos
Cadena con ocasión de la sentencia del 11 de noviembre de 2022, que confirmó la
negativa frente a la solicitud de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos
a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del
precedente al no efectuar una interpretación más beneficiosa que le permitiera acceder
a la prestación pensional reclamada?
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá
a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial
del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que,
por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde
un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido
en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo
del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado
en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones
jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia
de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que
justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos
en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes,
relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente
claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
2.4.3. Sobre el caso concreto
María Inés Cubillos Cadena acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, en cuanto confirmó la negativa de primera instancia
frente a las pretensiones de declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos a
través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente.
Lo anterior, según se alegó en el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en desconocimiento del precedente, en tanto la interpretación
efectuada por la corporación judicial demandada desconoce el principio de
favorabilidad, que, a su juicio, le permitiría acceder a la prestación pensional
reclamada.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por María Inés Cubillos
Cadena, se observa que la corporación judicial demandada en la sentencia del 11 de
noviembre de 2022 consideró que no lo asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión de sobreviviente pretendida, toda vez que:
«[…] Como se dejó claro en el acápite de hechos probados, el causante Juan Andrés Galvis
laboró al servicio de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca desde
el 7 de noviembre de 1980 hasta el 27 de mayo de 1990, y falleció el 28 de mayo de 1990,
fecha para la cual le era aplicable y se encontraba vigente el Decreto 3135 de 1968 que
consagraba el derecho a los beneficiarios que dependieran económicamente del trabajador
(empleado público) a percibir la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes al
fallecimiento.
Es claro que en este caso bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993 (vigente desde
el 1 de abril de 1994) no era procedente la sustitución pensional, pues el señor Juan Andrés
Galvis no causó el derecho a la pensión de jubilación, vejez y/o invalidez, pues no acreditó
los veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, y (50) años de edad, pues para
la fecha de su fallecimiento – 28 de mayo de 1990 -, contaba solo con nueve (9) años, ocho
(8) meses y veintiún (21) días de tiempo de servicios públicos. […]»
Por otra parte, en cuanto a la aplicación retrospectiva de la Ley 110 de 1993 consideró
que no era procedente en atención a la actual postura de unificación existente en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Expresamente se dijo en la sentencia
acusada:
«[…], esta Corporación acoge el criterio jurisprudencial dictado desde el año 201326 y
reiterado en la actualidad por el Consejo de Estado, en especial en las sentencias del 1° de
marzo de 2018, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter27 y del 26 de julio de 2018, C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas28, consistente en que no es procedente el uso de la normativa
general al resultar más beneficiosa que la especial en aplicación al principio de
retrospectividad de la Ley (en este caso respecto de una norma general para los empleados
públicos), en tanto, las normas aplicables son las que se encontraban vigentes en el
momento en que se pudo consolidar el presunto derecho reclamado, pues lo contrario va
en contravía del principio de irretroactividad de la Ley.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
Se estima que es necesario dar un trato diferenciado a la situación jurídica de las personas
que dependían económicamente de un familiar que falleció antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 con respecto de aquellas que sufrieron de dicha contingencia con
posterioridad a la entrada en vigencia -1° de abril de 1994-, más aun, cuando la situación
de la demandante efectivamente se consolidó, y en la actualidad no sigue produciendo
efectos jurídicos, en tanto, no se alegó y demostró un estado de absoluta desprotección.
Es decir, que la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado
en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, como quiera que los derechos prestacionales
causados con la muerte de su cónyuge, el señor Juan Andrés Galvis, se consolidaron en
vigencia del Decreto 3135 de 1968, que exigía como requisito para la sustitución del
derecho pensional contar con más de veinte años de servicios, y como en este caso
concreto no se acreditó su cumplimiento, no es viable su reconocimiento. […]»
Ahora bien, es pertinente indicar que si bien en numerosos pronunciamientos la
Sección Segunda de esta corporación judicial en su momento accedió al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en asuntos con supuestos fácticos
iguales, al dar aplicación a la Ley 100 de 1993 por razones de equidad y favorabilidad,
no se puede desconocer que dicho criterio fue reevaluado a través de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 201314, con ponencia del consejero Luis Rafael Vergara
Quintero, en la que se estableció que el derecho a la mencionada prestación pensional
se causa con el fallecimiento del causante y de acuerdo a las normas vigentes en ese
momento.
Al respecto, esta Subsección efectuó un estudió del tema en fallo de 22 de enero de
201515 en el que sostuvo lo siguiente:
«[…] La señora María Eugenia Gallo Toledo alegó que se le debe aplicar la retrospectividad
de la Ley en virtud del principio de favorabilidad; al respecto debe indicarse que la Corte
Constitucional ha prohijado la aplicación de la retrospectividad de la Ley16 “(…) porque en
materia laboral la retrospectividad solo cabe para normas favorables al trabajador y no para
normas restrictivas (…)”, así mismo la Corte ha dicho en Sentencia T-01/9917 que el alcance
de dicho principio en la Constitución, se entiende como “(…) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho (…)”.
Sobre el asunto, esta Corporación en Sentencia de 7 de febrero de 2002, Expediente No.
2939-01, con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante, manifestó lo siguiente18:
“(…) en aplicación de la retrospectividad de la ley es posible resolver situaciones
anteriores con disposiciones que en materia laboral favorecen al empleado, al ex
funcionario o a su familia y, en consecuencia, de acuerdo con las disposiciones
generales previstas en las Leyes 44 de 1977, 171 de 1961, 33 de 1973, 12 de 1975 y el
Decreto 434 de 1971, la sustitución pensional se convirtió en vitalicia, respecto de
quienes tengan el derecho causado o hayan disfrutado de la sustitución pensional.
14
Expediente 2007-01611-01 (01)
15 Expediente 2013-00121. Deandante: María Eugenia Gallo Toledo.
16 Sentencia T-439-00 de 14 de abril de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. En igual sentido
sentencias T-292-95 y T-827-99.
17 M.P. Dr. José Gregorio Hernández.
18 En igual sentido se refieren las sentencias de 11 de abril de 2002, Expediente No. 3106 y de 13 de
febrero de 2003, Expediente No. 1251-02, C.P. Dr. Alberto Arango Mantilla
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
En efecto, en sentencia No. 13519, Actora María Acevedo de Pinzón, Magistrado
Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno (26 de septiembre de 1996) la
Sala reiteró lo dicho en el expediente No. 8204, actor María de Jesús Murillo Guzmán,
así:
“En cuanto hace relación al efecto retrospectivo de las leyes 171 de 1961 y 33 de 1973,
en materia de sustitución pensional, y que la Caja Nacional de Previsión Social expuso
como argumento para negar el derecho, conviene expresar que esta Corporación, se
reitera, ha dicho que si bien estas leyes no tienen carácter retroactivo, si tienen efectos
retrospectivos, con lo cual se permite en esta forma, que situaciones anteriores puedan
resolverse con estas disposiciones laborales que favorecen al empleado o ex funcionario
o a sus familias o beneficiarios.
(…)”.
En virtud de lo anterior, se aceptó la aplicación del principio de favorabilidad cuando el
régimen especial vigente establecía beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen
general aplicable al común de la población sin que existiera causa válida para el tratamiento
diferencial, en razón a que la situación discriminatoria reñía con los principios de igualdad
y favorabilidad que erigen el Estado Social de Derecho.
Además, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 desarrolló en su contenido la aplicación de
los principios de favorabilidad e igualdad, al prescribir taxativamente:
“Artículo 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes
anteriores. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y
servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier
norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones
de esta Ley.”
De ésta manera, tienen aplicación las normas especiales en tanto resulten más favorables
que el régimen general, pues lo contrario implicaría que la prerrogativa conferida por dicho
régimen a un grupo de personas se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos
mínimos consagrados en la Ley para la generalidad. A esta conclusión llegó, el H. Consejo
de Estado entre otras providencias, en las calendadas 29 de abril de 2010, C.P. Dr. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren Radicación. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) y 1º
de noviembre de 2012, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación. 13001-23-31-
000-2005-02358-01, en las que se debatía el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de servidores fallecidos antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, aplicando de manera retrospectiva el régimen general en virtud del
principio de favorabilidad.
No obstante la Sección Segunda de esta Corporación19, rectificó la posición que de tiempo
atrás venía sosteniéndose sobre el asunto puesto a consideración por la parte actora en el
sub examine, por considerar que el derecho a la Pensión de Sobrevivientes se causa al
momento del fallecimiento del pensionado, por lo que las normas aplicables son las vigentes
para esa época, de forma tal que resolver dicha situación a la luz de una norma que fue
expedida con posterioridad sería darle un efecto retrospectivo a la misma. Textualmente,
en dicha providencia se expresó:
“(…) La jurisprudencia de esta Corporación20 ha considerado que en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías
19 Consejo de Estado, Sentencia de 25 de abril de 2013, Radicación No. 76001 23 31 000 2007 01611
01 (1605-09), C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
20 Ver, entre otras, las sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero,
radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial,
debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley
favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría
causado el derecho.
El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de
sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime
Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su
vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto
derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por
la accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto en
su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema
General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1º. de Abril de
1.994.”
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por la
cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva
de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones;
no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva
a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría
en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por
excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido
de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993,
pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de
1994.” [….]».
Posición reiterada en diferentes pronunciamientos y de forma pacífica por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B21.
Conforme a la jurisprudencia citada, resulta oportuno señalar que, tal como se anotó
en la decisión acusada, a María Inés Cubillos Cadena no le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente pretendida con sustento en lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 100 de 199322, en la medida en que este fue causado con
16 de 2009, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 76001-23-31-000-
2004-00293-01(2300-06).
21 Sentencia del 26 de mayo de 2016. Expediente 25000234200020120170601. Sentencia del 8 de
septiembre de 2016. Expediente 05001233300020130069401. Sentencia de 6 de octubre de 2016.
Expediente: 68001233300020140030301. Sentencia del 1 de marzo de 2018. Expediente 17001-23-
33-000-2013-00604-01.
22 ARTICULO. 46.- Modificado por el art. 12, Ley 797 de 2003 Requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno
de los siguientes requisitos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
la muerte de su compañero permanente, es decir, se consolidó en vigencia de la
normatividad anterior, la cual exigía haber cumplido 20 años de servicio, requisito que
no alcanzó a ser satisfecho por Juan Andrés Galvis (q.e.p.d).
Por lo anterior, entonces, no se evidencia en la conclusión de la autoridad judicial
demandada el desconocimiento del precedente invocado, por el contrario, la decisión
estuvo sustentada en las disposiciones pertinentes, en aras de arribar a la conclusión
de que el principio de favorabilidad en materia pensional trata sobre la prevalencia del
sistema general de pensiones respecto a normas especiales y regímenes de
excepción exclusivamente desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en
consecuencia esa pretensión no tiene vocación de prosperidad.
En vista de lo anterior, y dado que lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone
negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión del a
quo de negar el amparo de los derechos fundamentales de María Inés Cubillos
Cadena, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO.-Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá
en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
ARTICULO. 47.- Modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003 Beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de 1994. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
ARTICULO. 48.-Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.
El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del
ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de
cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso
base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente,
conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes
equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de
vigencia de la presente ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan
las mismas condiciones establecidas por dicho instituto. (…)”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02393-01
Demandante: María Inés Cubillos Cadena
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual negó el amparo de los
derechos fundamentales de María Inés Cubillos Cadena, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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