Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02397-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02397-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-02397-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02397-01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se confirma la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente el mecanismo de
amparo por no cumplir con el requisito general procedibilidad de la
subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP contra la sentencia de 7 de septiembre de 2023, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, solicitó, a través de
apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Decisión núm. 005 del
Tribunal Administrativo del Cauca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-31-008-2007-00143-
00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
2.1. Relató que el señor Argemiro Andrade Troyano prestó sus servicios como guarda
líneas en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom desde el 1° de
noviembre de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1987.
2.2. Indicó que, mediante la Resolución núm. 3227 de 7 de noviembre de 1989, la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones, en adelante Caprecom, le reconoció
al señor Andrade Troyano una pensión de jubilación, efectiva a partir de la
demostración del retiro definitivo del servicio.
2.3. Manifestó que el 19 de noviembre de 2005 falleció el señor Argemiro Andrade
Troyano.
2.4. Indicó que el 14 de diciembre de 2005 la señora Alba Mary Puyo de Andrade, en
calidad de cónyuge supérstite, solicitó el reconocimiento de la sustitución de la
pensión recibida por el señor Andrade Troyano.
2.5. Señaló que, mediante la Resolución núm. 0876 del 25 de abril de 2006,
Caprecom negó la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional elevada por
la solicitante porque no cumplió con el requisito de convivir «con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte», previsto en el
artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 20031.
2.6. Agregó que la Resolución núm. 0876 de 2006 reconoció en favor de la joven
M.A.R.2, en calidad de hija menor de edad del causante, el 100% de la pensión que
disfrutaba el señor Andrade Troyano.
2.7. Indicó que, mediante la Resolución núm. 1539 de 10 de julio de 2006, Caprecom
resolvió el recurso de reposición interpuesto por la señora Alba Mary Puyo de
Andrade contra la Resolución núm. 0876 de 2006, confirmándola en todas sus
partes.
2.8. Manifestó que el 2 de mayo de 2007 la señora Alba Mary Puyo de Andrade
interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 19001-33-31-
008-2007-00143-00/01 en contra de Caprecom, con el objetivo de obtener la nulidad
de las resoluciones número 0876 y 1539 de 2006 y el reconocimiento de la
sustitución pensional, con base en su calidad de cónyuge supérstite del señor
Andrade Troyano.
2.9. Relatóque la actuación judicial fue conocida por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán y que, en sentencia de 18 de octubre de
2011, negó las pretensiones de la demanda.
1 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
2 La Sala se abstendrá de publicar el nombre de la menor de dieciocho años.
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2.10. Indicó que el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de segunda
instancia de 27 de octubre de 2022, revocó el fallo apelado y le reconoció a la señora
Alba Mary Puyo de Andrade el 50% de la mesada pensional.
2.11. Precisó que la obligación impuesta a la extinta Caprecom fue trasladada a la
UGPP.
2.12. Indicó
que la sentencia de 27 de octubre de 2022 violó sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en
conexidad con los principios de la sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema
pensional, porque incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y de violación directa
de la Constitución.
2.13. Respecto al defecto sustantivo indicó que este se configuró porque: (i) se realizó
una interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003; (ii) se omitió aplicar
la figura de la compensación de pagos entre beneficiarios de una misma prestación
social, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1204 de 4 de julio
20083; y (iii) se desconocieron las sentencias T-090 de 2016, T-266 de 2017, T-076
de 2018 y T-409 de 2018, al aplicar erradamente la figura de «separación de hecho
con sociedad conyugal vigente».
2.14. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que este se configuró porque el despacho
judicial accionado, al momento de estudiar la solicitud de reconocimiento de
sustitución pensional, omitió analizar la Resolución núm. 0876 de 2006 que
reconoció el 100% de la pensión a la hija menor del causante.
2.15. Frente a la violación directa de la Constitución, aseveró que se transgredieron
los artículos 13, 29, 48 y 128 superiores porque se permitió un doble pago de la
mesada pensional, se afectó el principio de sostenibilidad financiera, se dio un trato
diferente e injustificado a la señora Puyo de Andrade y se reconoció una pensión
sin el cumplimiento de los requisitos legales.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] PRINCIPALES:
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAUCA [sic], al
ordenar reconocer y pagar pensión de sobrevivientes del causante a la señora
ALBA MARY PUYO DE ANDRADE quien no tiene derecho a la misma y sin
aplicar la compensación de pagos entre beneficiarios.
3 «Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su
incumplimiento».
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Segundo. Consecuentemente:
a.- DEJAR sin efectos la decisión contencioso [sic] del 27 de octubre de 2022
emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAUCA [sic], dentro del
proceso contencioso No. 19001333100820070014300 [sic] por la flagrante vía
de hecho y el abuso palmario del derecho en que incurrió ese estrado judicial al
reconocer erradamente la pensión de sobrevivientes a favor de la señora ALBA
MARY PUYO DE ANDRADE quien no reunió los requisitos fijados por el artículo
13 de la ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de esa prestación, y sin que se
aplicase el artículo 5°de la ley 1204 de 2008 referente a la compensación de
pagos entre beneficiarios.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAUCA [sic], que proceda
a dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es confirmando la negativa
de las pretensiones solicitadas por la señora ALBA MARY PUYO DE ANDRADE
dentro del proceso contencioso del N° 19001333100820070014300 así
declarada por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
mediante fallo del 18 de noviembre de 2011, por encontrar esta decisión
ajustada a derecho en razón a que la señora ALBA MARY PUYO DE ANDRADE
no tiene derecho a reconocimiento pensional de sobrevivencia alguno.
ACCESORIAS:
En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede
otro medio de defensa judicial solicitamos:
Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CAUCA, al ordenar reconocer la pensión de sobrevivientes del causante a la
señora ALBA MARY PUYO DE ANDRADE quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior SUSPENDER el cumplimiento de
la sentencia de 27 de octubre de 2022 dictada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CAUCA [sic] dentro del proceso contencioso del 2007-
00143 para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario [sic]
equivalente al pago de más de $473.460.868 M/cte, entre mesadas
pensionales, retroactivos e indexación, que se ordenan cancelar a favor de la
señora ALBA MARY PUYO DE ANDRADE, mientras se resuelve la actuación
judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para controvertir la
legalidad de la orden impartida en esa sentencia […]».
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de mayo de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, negó la medida provisional solicitada y ordenó la vinculación como
terceros con interés directo en las resultas del proceso a la menor M.A.R., a la
señora Alba Mary Puyo de Andrade y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Popayán.
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V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, a través del magistrado ponente de la
decisión tutelada, solicitó que se «desestimen las declaraciones solicitadas por la
parte actora», toda vez que no ha violado ningún derecho fundamental de la
accionante por cuanto «la totalidad de [las] actuaciones adelantadas se ajusta[ron]
a las previsiones normativas y jurisprudenciales aplicables».
5.2. Como fundamento de lo anterior, indicó que de conformidad con los hechos
probados en el proceso y las sentencias de 18 de julio de 20194 y 30 de enero de
20205, se concluyó que debía reconocerse la pensión a la señora Puyo de Andrade
porque demostró una convivencia superior a 5 años con el causante y un vínculo
matrimonial vigente con efectos patrimoniales.
5.3. Por último, señaló que la presente acción de tutela no cumplía con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional porque lo pretendido es
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.4. Laseñora Alba María Puyo de Andrade, actuando a través de apoderada
judicial, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela porque no se
configuraron los defectos denunciados, en tanto que el Tribunal Administrativo del
Cauca tomó una decisión conforme a las normas vigentes y a la jurisprudencia
aplicable.
5.5. Como fundamento de lo anterior, indicó que en el proceso contencioso
administrativo se probó la vida marital con el causante y una voluntad mutua de
protección.
5.6. Para finalizar, agregó que el presente mecanismo no es procedente toda vez
que el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión.
VI. FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de 7 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió declarar improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el
requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.
4 El Tribunal indicó que el radicado de la sentencia es: 25000-23-42-000-2013-02719-01.
5 El Tribunal indicó que el radicado de la sentencia es: 13001-23-33-000-2014-00028-01.
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7. Como fundamento de lo anterior, sostuvo que contra la sentencia de 27 de octubre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, procedía el recurso
extraordinario de revisión, de conformidad con la causal prevista en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
8. Así las cosas, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
estableció que cuando se interpone una acción de tutela contra una sentencia «por
haber reconocido prestaciones sociales con abuso del derecho, el mecanismo
judicial idóneo e[s] el recurso de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 (…), de manera que, en el caso, la UGPP se encuentra dentro del término
para presentar el recurso en defensa de los intereses de la entidad».
9. Agregó, que si bien la sentencia SU-427 de 2016 reconoció la posibilidad de
intervención excepcional del juez de tutela cuando se trata de reconocimientos
pensionales derivados de «palmarios abusos del derecho» por «vinculación
precaria», lo cierto es que en el caso en concreto no se cumple esta exigencia toda
vez que «la inconformidad que plantea a lo largo del escrito de tutela, tiene que ver
[únicamente] con la orden de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
reconocida a la señora Alba Mary Puyo de Andrade».
10. Por
lo anterior, concluyó que no se cuestiona una vinculación precaria o un
desconocimiento de la ley de manera grosera o arbitraria, sino que lo que se advierte
es una inconformidad del accionante con la decisión del juez natural de la causa
«pues considera que se le impuso la orden de reconocer una prestación, que según
su concepto, no cumple los requisitos legales contenido en la Ley 797 de 2003».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
11. La UGPP, a través de su apoderado judicial, impugnó la sentencia de 7 de
septiembre de 2023, con fundamento en los siguientes argumentos:
12. Señaló que en el presente asunto se cumple con el requisito general de
procedibilidad de subsidiariedad porque se probó la existencia de un perjuicio
irremediable consistente en el pago de la prestación económica reconocida en la
sentencia tutelada.
13. Indicó que la tutela es procedente como mecanismo transitorio de protección de
derechos fundamentales, toda vez que se está frente a la configuración de un perjuicio
irremediable.
14. Como fundamento de lo anterior expresó que la sentencia de 27 de octubre de
2022 se encuentra ejecutoriada y debe ser cumplida de forma inmediata. Así que
el recurso extraordinario no es un medio idóneo porque no puede suspender el
cumplimiento del fallo judicial.
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15. Precisó que el perjuicio irremediable es grave por cuanto se deben realizar una
serie de pagos que «comprometen seriamente los recursos del sistema general de
pensiones y su sostenibilidad financiera».
16. Por último, sostuvo que, con base en la sentencia SU-427 de 2016, se cumplió
con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad «puesto que es
evidente un abuso del derecho (…) debido a la interpretación errónea de la ley».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
17. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.
VIII.2. Problemas jurídicos
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer lo siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la sentencia de 27 de octubre de 2022, dictada por la Sala de Decisión
núm. 005 del Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-31-
008-2007-00143-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la
UGPP, al haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo, fáctico
y de violación directa de la Constitución.
19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
8 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
9 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
21. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución13.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
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24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»14 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
26. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
27. La UGPP solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Decisión núm. 005 del
Tribunal Administrativo del Cauca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 19001-33-31-008-2007-00143-
00/01.
28. La primera instancia de este proceso constitucional, mediante sentencia de 7 de
septiembre de 2023, declaró improcedente el amparo solicitado, luego de considerar
que no se cumplió con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad,
debido a que los fundamentos de la presente acción de tutela podían plantearse a
través del recurso extraordinario de revisión, bajo la causal prevista en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
29. En la impugnación, el accionante argumentó que el presente asunto sí cumplía
con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad porque se encontraba
acreditada la configuración de un perjuicio irremediable, consistente en el pago de
la sentencia judicial.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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30. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad
31. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 constitucional15, este
mecanismo sólo es procedente cuando se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial previstos por el legislador o cuando estos no sean idóneos para la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.
32. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza16), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
33. La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-062 de 2018, precisó las
razones por las que se justifica un examen estricto del requisito general de
procedencia de subsidiariedad cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial. Al respecto señaló:
«[…] En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante
su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
15 «[…] ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».
16 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir
violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y
contra la seguridad jurídica […]». (Subrayado fuera del texto).
34. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, en los siguientes términos: «[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»17.
35. No obstante, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla previamente expuesta, en aquellos casos en los que se busca
evitar un perjuicio irremediable.
36. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación del derecho fundamental que debe ser conjurada con
medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para evitar, cuando ello
sea posible, la vulneración de dicho derecho sea irreversible.
37. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
«[…] [L]a inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medidas
precautelativas para garantizar la protección de los derechos fundamentales
que se lesionan o que se encuentran amenazados […]».18
38. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar si la presente solicitud
de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad.
39. Al respecto, cabe poner de relieve que la entidad accionante alegó que el Tribunal
accionado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia porque en la sentencia de 27 de octubre de 2022 se
incurrió en un defecto sustantivo, en un fáctico y en una violación directa de la
Constitución.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de
abril de 2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
18 Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Exp. T-7984, sentencia T-225 de1993, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; 15 de junio de 1993. Reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
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39.1. Respecto al defecto sustantivo manifestó que este se configuró porque: (i) se
realizó una interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003; (ii) se omitió
aplicar la figura de compensación de pagos entre beneficiarios de una misma
prestación social de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1204
2008; y (iii) se desconocieron las sentencias T-090 de 2016, T-266 de 2017, T-076
de 2018 y T-409 de 2018 al aplicar erradamente la figura de «separación de hecho
con sociedad conyugal vigente».
39.2. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que este se configuró porque el despacho
judicial accionado, al momento de estudiar la solicitud de reconocimiento de
sustitución pensional, omitió analizar la Resolución núm. 0876 de 2006 que
reconoció el 100% de la pensión a la hija menor del causante.
40. Frente a la violación directa de la Constitución, indicó que se transgredieron los
artículos 13, 29, 48 y 128 superiores, porque se ordenó un doble pago de la mesada
pensional, se afectó el principio de sostenibilidad financiera, se dio un trato diferente
e injustificado a la señora Puyo de Andrade y se reconoció una pensión sin el
cumplimiento de los requisitos legales.
41. Finalmente, señaló que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la
señora Puyo de Andrade, conllevó a la configuración de un evidente abuso del
derecho en razón al grave perjuicio económico que se ocasionó al erario, como
resultado de haber interpretado de manera errónea la norma aplicable.
42. En este punto, la Sala considera importante destacar que el artículo 20 de la Ley
797 de 200319, señala:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS
PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE
NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
19 «Por la cual se reforman algunas disposiciones de sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
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a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
(Negrilla original del texto)
43. En consonancia con la norma citada, el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 201120, señala que el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse
«[…] en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dentro de los
cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que
ella no se requiera, dentro del término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
44. Se debe precisar que si bien el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 señaló que las
autoridades que se encuentran legitimadas para interponer el recurso extraordinario
de revisión son «el Gobierno por conducto del Ministerio del trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación», lo cierto es que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 201621, consideró que con base en el
numeral 6º22 del artículo 6º del Decreto 5021 de 200923 se atribuyó a la UGPP, la
competencia para iniciar acciones de tal naturaleza. Al respecto indicó el Tribunal
Constitucional:
«[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de
revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la
Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que
recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza
de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las
primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su
buen funcionamiento financiero […]».24
45. Así las cosas, la Sala considera que la UGPP cuenta con otro medio de defensa
para la protección de sus derechos fundamentales, toda vez que tiene la posibilidad
de interponer el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003. Esto es así porque la inconformidad planteada en esta acción
de tutela gira en torno a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
y este evento se encuentra contemplado como una causal de revisión en el literal
a) del artículo 20 de la citada ley.
20 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
21 Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 «6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o
normas que la adicionen o modifiquen».
23«Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias».
24 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
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46. En cuanto al perjuicio irremediable alegado, esta Sala de Sección ha venido
sosteniendo25, en asuntos similares, que éste no reúne los elementos de
insuperable, inminente o impostergable.
47. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 7 de septiembre
de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la
cual se declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de septiembre de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre
de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-03386-01;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03457-00.
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