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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02410-00

Fecha
22 de agosto de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02410-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 26 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 44-001-33-40-001-2014-00240-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02410-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de agosto de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Demandante: MARÍA LUCRECIA PINCHAO ARÉVALO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
OMISIÓN Y VALORACIÓN DEFECTUOSA SOBRE
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS
DETERMINANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.

Síntesis del caso: se cuestionó la providencia de segunda instancia que negó las pretensiones de una
demanda de reparación directa encaminadas a obtener la indemnización por la muerte de un soldado
profesional, mientras se encontraba en el desarrollo de una operación militar. La Sala accederá al amparo,
tras verificar que se configuró un defecto fáctico en sus dimensiones positiva y negativa porque, se valoró
de manera indebida un informe determinante en la decisión y se omitió la valoración de otras pruebas
conducentes.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Lucrecia Pinchao
Arévalo y otros1 en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira para la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración
de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 26 de octubre de 2023
proferida por dicha autoridad judicial

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Irma del Carmen Narváez Pinchao, José Braulino Narváez Timana e Ingrid Vanessa Muñoz Mideros.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

1) El 15 de abril de 2012, el soldado Víctor Guillermo Narváez Pinchao –familiar de los
actores– fue incorporado al Batallón de Ingenieros Grupo Blindado Mediano de Caballería
no.10 General Gustavo Matamoros D’ Costa del Ejército Nacional, en un pelotón al
mando del teniente coronel Jorge Andrés Puerto Moreno en el corregimiento de Majuraya,
municipio de Maicao (La Guajira).

2) El 21 de mayo de 2021, en horas de la mañana, fueron emboscados por miembros del
frente 59 de las FARC, suceso en el cual murieron 12 soldados profesionales, entre esos,
el señor Narváez Pinchao.

3) Sus familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se declarara
la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del señor Narváez Pinchao.

4) Mediante sentencia de 10 de julio de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Riohacha negó las pretensiones de la demanda con fundamento en
que la muerte del soldado se debió a “un riesgo propio del servicio, por ser miembro de
la fuerza pública pues es una actividad que conlleva implícito una serie de riesgos, los
cuales son asumidos voluntariamente por quienes ingresan”.

5) Descartó la falla en el servicio porque en el expediente no obraba copia de la
investigación sobre los hechos ocurridos que dieran cuenta de las omisiones o fallas
señaladas por los demandantes, o de la remoción de los mandos por su actuar en dicha
operación, así como el contenido y alcance de la misión táctica, las condiciones y riesgos
a las se afrontarían.

6) Agregó que, si bien obraba el Oficio 0505 del 23 de mayo de 2012, documento que
tenía apreciaciones y recomendaciones del inspector general del Ejército Nacional frente
a lo sucedido y que demostraba una serie de omisiones en el desarrollo de la operación,
lo cierto es que “no tiene la vocación jurídica para dar por acreditada la responsabilidad
disciplinaria y penal de los sujetos que fueron vinculados a las investigaciones, ni el
sustento fáctico de dicha responsabilidad”.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

7) Apelaron tal decisión con base en que el a quo no podía ligar la responsabilidad
administrativa del Estado a la disciplinaria y/o penal, ya que esas tienen otros objetivos
propios del derecho sancionador.

8) Por otro lado, manifestaron que el informe no. 0575 MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91
de 23 de mayo de 2012 se rindió con base en la investigación que hizo la Comisión
Inspectora del Comando del Ejército que se desplazó de inmediato al sitio de los hechos
a hacer la debida constatación de lo sucedido y en el que se advirtieron fallas graves en
la ejecución de la operación que conllevaron al hecho dañoso, por lo cual no era de recibo
lo manifestado por el a quo frente a dicha prueba, pues, con la misma se buscaba probar
la responsabilidad patrimonial del Estado y no la responsabilidad disciplinaria y/o penal
de los comandantes.

9) Por otro lado, frente a la consideración de que no se trató de una orden improvisada y
que no se acreditó el número de hombres necesarios para la misión o de la inexperiencia
del señor Narváez para ejecutar la operación, expuso que, contrario a ello, en el
expediente sí reposaba esa información en el informe antes mencionado y en el
documento oficial suscrito por el Inspector General del Ejército, a los cuales se les restó
valor suasorio.

10) A su juicio, se simuló hacer una aparente valoración sistemática y en detalle, cuando
lo cierto es que no ocurrió así, pues el a quo no valoró las siguientes pruebas, a saber:
Boletín de Últimas Informaciones ONT FARC , la cual es permanente y beligerante desde
el 11 de abril al 29 de abril de 2021, según documento que obra en autos y que relaciona
11 presencias del grupo terrorista; Boletín diario de inteligencia del 12 al 21 de mayo de
2012, que informan sobre las últimas informaciones del enemigo del 3 de enero al 20 de
mayo de 2012; informes de inteligencia del 10 al 18 de mayo de 2012, radiogramas del
oficial de inteligencia al oficial de operaciones del 2 de abril al 21 de mayo de 2012;
radiogramas de inteligencia de la regional de inteligencia No. 1la comandante de la
Brigada 10 y al Grupo Matamoros del 1 de abril al 14 de mayo de 2012, informes de
intención terroristas de las Farc no. 0860 dirigido al comandante de la Décima Brigada
por parte de la Regional de Inteligencia No. 1 del 7 de abril de 2012; documento
denominado recomendaciones para neutralizar intención terroristas de las FARC No.
1130 dirigidos al Director Central de Inteligencia Militar del Ejército del 11 de mayo de
2012, en el que se informó un nivel de riesgo del 90% de las tropas ubicadas en el sector
de Mayajura, la orden de operaciones Magno, Anexo C de inteligencia ORDOP Magno

4
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

18, Dispositivo de Tropas en orden público del 21 de mayo de 2012 (INSITOP); informe
detallado; lección aprendida; recorte de prensa del periódico El País, prueba testimonial
del soldado profesional Edwin Erazo Henao rendida por el despacho comisorio en
Montería el 23 de agosto de 2016 que dio cuenta de los errores tácticos2.

11) Por otro lado, señaló que el daño antijurídico imputable al Estado a título de falla en
el servicio por omisión se atribuyó por violar la doctrina militar por no haberse desplegado
las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de los 12 soldados
profesionales.

12) En sentencia de 26 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda3.

Fundamento de la vulneración

A la providencia de 26 de octubre de 2022 se le atribuyeron los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución con base en los
siguientes argumentos:

Defecto fáctico

Por razones metodológicas, este reparo se clasificará en dos: en primer lugar, se
expondrá la prueba que fue valorada de manera irrazonable y, por otro, las que fueron
supuestamente omitidas.

i) Prueba valorada de manera indebida

En primer lugar, se alegó que el tribunal valoró de manera caprichosa el informe no. 0575
MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 de 23 de mayo de 2012, por cuanto en la providencia

2
Además de estas pruebas, se relacionaron otras más como no valoradas que se pueden observar en el
escrito de apelación.
3
Sobre el particular concluyó que “no se encuentra probado y no obra en el expediente que la parte actora
acreditara de manera fehaciente la omisión en que incurrió la entidad demandada que de sustento fáctico
de dicha responsabilidad en donde se pruebe que la causa de la muerte del Soldado Profesional Víctor
Guillermo Narváez Pinchao, haya sido producto de una extralimitación en las funciones o el resultado de
la puesta en peligro por parte de la entidad demandada en fallas de comando de mando y control,
planteamiento y medidas de coordinación, seguimiento de la batalla, falla táctica o de inteligencia y
violación de las medidas de seguridad y protocolos operaciones en zonas declaradas con perturbación del
orden público, sino que, por el contrario, el hecho ocurrió en el ejercicio de su profesión, pues para el
momento de los hechos, el SLP era miembro grupo EXDE”.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

cuestionada solo puso de presente unos apartes intrascendentes4 de esa prueba que
solo daban cuenta del suceso y omitió los otros que demostraban las fallas y omisiones
en las que incurrieron los altos mandos que lideraron la operación, por lo cual, el inspector
le solicitó al comandante del Ejército Nacional lo siguiente:

“(...) 3. Relevar del mando del Grupo de Caballería Blindado Mediano General
Gustavo D ́costa al Teniente Coronel Marco Andrés por su negligencia en el
mando y control operacional de la unidad táctica”.

(...) 4 relevar del cargo de oficial de operaciones al Capital Yerson Ortegón
Domingos por su negligencia en la conducción y orientación de la operación, en
razón a que la RIME 1 venía informando de las pretensiones terroristas del
Frente 59”.

En su criterio, de haberse valorado dicha prueba en su integridad, el tribunal habría
concluido, como en otros casos, lo siguiente –se transcribe textualmente–:

“El asesinato de 12 militares y las heridas graves de 4 más, en ejecución de la
orden de operaciones MAGNO.

Que el segundo pelotón del escuadrón A no se encontraba organizado de
acuerdo a TOE 02 oficiales- 06 suboficiales y 36 soldados, según el informe
solo estaba 01 un oficial 03 suboficiales y 24 soldados y recuérdese que fueron
atacados por 90 bandidos de la Farc, desde Venezuela.

Que el segundo pelotón del escuadrón A, tenía 4 soldados profesionales del
Batallón de Ingenieros No 10 MURILLO GONZÁLEZ, sin embargo, en la orden
de operaciones MAGNO, en el acápite de organización para el combate no tiene
contemplado tropas de otra unidad y menos sin comandante, pues la directiva
de lo EXDE, determina que están integrados por 5 personas 01 un suboficial
comandante y 4 soldaos, y el informe dice que los soldados están sin
comandante técnico en explosivos.

Que el peloto 2 del escuadrón A, el día de los hechos se encontraba prestando
seguridad de área a los funcionarios de ISA y aun pelotón de soldados
regulares, pero sin embargo esa no era la misión del segundo pelotón de
acuerdo a la orden de operaciones MAGNO No. 18. Acápite II MISION.

4
“En el informe administrativo por muerte se señaló lo siguiente: (Fl. 77 cuaderno 1, expediente digital).:
II. CONCEPTO COMANDANTE DE LA UNIDAD
A: de acuerdo a agregación operacional realizada el día 15 de abril de 2012 del Grupo EXDE NO. 56 al
Grupo Blindado General Gustavo Matamoros D’ Costa y según informe suscrito por el señor ST. DULCEY
MASSEY JAVIER MAURICIO Comandante del Escuadrón Australia con base a lo informado por el señor
C3 HOYOS HERRERA ISRAEL DAVID Comandante de la Escuadra Segundo Pelotón del Escuadrón
Australia, se encontraba desarrollando la operación de control territorial No. 18 MAGNO y Operación
Soberanía, en coordenadas NO. 111°10°11° W 72°14’00 sector llamado el Bulloso Finca la Victoria
jurisdicción del Municipio de Maicao Guajira, en desarrollo de maniobra de combate irregular mediante
acciones sorpresivas el día 21 de mayo de 2012 a las 6:00 horas aproximadamente con bandidos
integrantes del frente 59 ONT- FARC, resultó muerto SLP. NARVÁEZ PINCHAO VICTOR GUILLERMO
CC. 1.085.259.009.
III. IMPUTABILIDAD:
De acuerdo al decreto No. 4433 de 2004 articulo 19, el fallecimiento del SLP. NARVÁEZ PINCHAO VICTOR
GUILLERMO CC. 1085.259.009 ocurrió en “MUERTE EN COMBATE”

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Que el comandante del Grupo Matamoros estaba advertido por la RIME 1
REGIONAL DE INTELIGENCIA 1, del ataque inminente en el sector fronterizo
de la MAJAYURA, pero no tomó las medidas para prevenir los hechos
anunciados por informes y radiogramas para garantizar la vida de sus hombres
pudiendo hacerlo, situación de amenaza evidenciada y difundida por la RIME 1.

Que el comandante del Grupo Matamoros y su plana mayor estaban informados
y advertidos de las informaciones de inteligencia militar que daban cuenta de
las últimas actividades (entre hostigamientos, retenciones y atentados en el
área general de los hechos zona rural del municipio de MAICAO). de las FARC,
entre el 26 de febrero de 2012 al 4 de mayo del mismo.

Que el comandante del Grupo Matamoros y su plana mayor conocían el
ambiente operacional, misión, enemigo, tiempo, terreno, tropas disponibles en
donde se desarrollaba la operación y que dicha ambiente operacional era hostil
hacia las propias tropas en especial para el segundo pelotón con la misión de
bloqueo de la línea fronteriza, pero que se hizo mover a cuidar personal civil de
la empresa ISA, sin poner una nueva unidad que bloquea la línea fronteriza con
los resultado negativos conocidos.

Que en complemento a la inteligencia difundida por la RIME 1, el comandante
del Grupo Matamoros y su plana mayor estaban informados y advertidos de
OTRAS informaciones de inteligencia militar que daban cuenta de presencias
de integrantes de las FARC EN SECTORES ALEDAÑOS AL ATAQUE DÍAS
PREVIOS AL ATAQUE ( los días 11, 13, 14, 20, 25, 29 de abril, 06, 17, 18, y 20
de mayo de 2012 y aun así, no tomaron las medidas de seguridad y de
prevención para preservar la vida de los 12 militares ubicados en la línea de
frontera.

Que el planeamiento de la operación, dictaminaba como misión para el segundo
pelotón del escuadrón A, constituirse de bloque sobre la línea fronteriza, y en
ningún momento el planeamiento disponía como misión del segundo pelotón
ser seguridad de personal civil al servicio de la empresa ISA, y menos de cuidar
pelotones de irregulares”.

En conclusión, el informe valorado de manera indebida daba cuenta de la indisciplina
táctica, la subestimación de la capacidad del enemigo, falta de planeamiento a nivel de
unidad y fundamental, así como que la línea de mando no cumplía con los requisitos para
desempeñar esos cargos y que el escuadrón se encontraba desarrollando unas funciones
distintas a las asignadas en la misión, pues así lo manifestó el inspector en dicho informe.

Además, con tal apreciación incompleta contradijo la valoración que ya había hecho sobre
la misma prueba en otro proceso de reparación directa adelantado por los mismos
hechos5, en el cual concluyó que “del material probatorio aportado, es plausible inferir
que existieron conductas omisivas que incidieron de manera negativa en la producción
del ataque del frente 59 de las FARC. Al respecto se valora el informe No. 0575 MDN-
CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 de fecha 23 de mayo de 2012*, dirigido al comandante del

5
Caso del soldado Harrison Delber Campo, proceso no. 44001-33-40-002-2014-00036-02,

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

ejército y con asunto “informe especial de los hechos sucedidos en la décima brigada
blindada, grupo de caballería blindado mediano “Gr. Gustavo Matamoros D’ Costa”, en la
vereda La Victoria, corregimiento de Montelara, municipio de Maicao (Guajira)”.

Entonces, no es de recibo que se omitiera valorar el informe de manera integral y que
ante los mismos hechos y circunstancias en que fueron asesinados los soldados
profesionales, el Tribunal Administrativo de La Guajira, sin explicación alguna variara la
valoración de esa prueba, pues ello viola los derechos del debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

ii) Pruebas supuestamente no valoradas

Por otra parte, se alegaron, como omitidas las siguientes pruebas: las declaraciones de
los sobrevivientes obrantes en el expediente preliminar no. 007 de 2021 y las anotaciones
del Libro Oficial de Operaciones, la investigación adelantada por el Juzgado 20 de
Instrucción Penal Militar del J20IPM, el positivo de tropas grupo B Matamoros que obra
en autos del 12 al 22 de mayo de 2012, de los que se observa que tanto el escuadrón A
como el pelotón Australia 2, estaban incompletos, este último para el día de los hechos
se encontraba conformado solo a 1-324.

Desconocimiento de la doctrina militar contenida en la Resolución no. 1851 28 de
diciembre de 2009 “MANUAL EJC.5-5 - NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES – PRESERVACIÓN DEL
PERSONAL INTEGRANTE EJÉRCITO NACIONAL”6.

6
“Doctrina militar que también omite el Tribunal a pesar de su relevancia, pues contiene ordenes
perentorias de prevención y de medidas de seguridad en el planeamiento y ejecución de operaciones
militares en zonas de combate, que para el caso, según el informe de la inspección fueron vulneradas por
parte de los diferentes niveles del mando, tanto de la Brigada 10 Blindada, del batallón de Ingenieros Murillo
González del Grupo Matamoros de Caballería y en especial por parte del oficial de operaciones,
comandante de escuadrón y de pelotón Australia 2, como se especificara en el aparte de hechos
acreditados. Medidas que no se adoptaron, pues el pelotón cayó en rutina y confianza a pesar que en la
orden de operaciones magno se decía que el nivel de amenaza imperante en el área era de un nivel alto,
“teniendo en cuenta la capacidad de más peligrosa adopción del enemigo de adelantar acciones terroristas
en contra de las propias tropas y de ejecutar ATAQUE EN MASA” (Ordop Magno Núm. 1 Situación, literal
c Nivel de Amenaza (...) núm. 4 últimas actividades, núm. 5 capacidades del enemigo, 6 capacidad de más
probable adopción)”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

“Anexo B de Inteligencia a la ORDOP 018 MAGNO7, boletín de últimas informaciones
ONT FARC en la zona, Boletín diario de inteligencia del 12 al 21 de mayo de 2012;
Últimas informaciones del enemigo del 03 de enero al 20 de mayo de 2012; Informes de
inteligencia del 10 al 18 de mayo de 2012; Radiogramas del oficial de inteligencia al oficial
de operaciones del 02 de abril al 21 de mayo de 2012; Radiogramas de inteligencia de la
regional de inteligencia No.1 la comandante de la Brigada 10 y al Grupo Matamoros del
01 de abril al 14 de mayo de 2012.; Informes de intención terroristas de las FARC No.
0860 dirigido al Comandante de la Décima Brigada por parte de la Regional de
Inteligencia No. 1 del 07 de abril de 2012; Envió recomendaciones para neutralizar
intención terroristas de las FARC No. 1130 dirigidos al Director Central de Inteligencia
Militar del Ejército del 11 de mayo de 2012”, en los cuales se informó el nivel de riesgo
del 90%”.

El acápite de conclusiones de la inspección sobre la causa de los hechos que fueron
enunciados de la siguiente manera:

“pernoctar cerca de una vivienda donde le ofrecía ventaja táctica, cubierta y
protección genero vulnerabilidad a las tropas.
No observar las órdenes operacionales.
Cambiar de una actitud ofensiva a una actividad administrativa.
Falta de mecanismo de control por parte de los comandantes a todo nivel.
Falta de inteligencia de combate a nivel pelotón que remitieran conocer las
intenciones terroristas del frente 59 Sistema Rival FARC.
Falta de seguimiento a la batalla donde se percataran de las medidas de
atracción por parte del enemigo y analizar los informes de inteligencias
suministrados por la RIME 1, donde dan cuenta las pretensiones del enemigo.
La organización para el combate del segundo pelotón del escuadrón A no
obedecía ningún concepto táctico.
La reacción por parte del segundo pelotón del escuadrón A no obedeció a un
combate de encuentro sino a una emboscada por parte del frente 59”.

Orden de Operaciones Magno que daba cuenta que “la misión asignaba al pelotón
Australia 2, no era la de prestar seguridad a la torre cien, tampoco prestar seguridad al el
pelotón de soldados regulares y menos prestarle seguridad a personal civil de la empresa
de Interconexión Eléctrica ISA, ni tampoco era una operación ofensiva de destrucción
contra las Farc, ya que la misión que registra la ORDOP No. 18MAGNO es de control

7
“Omisiones a la que se suma pruebas descartadas y que demuestran fallas garrafales en
inteligencia, y que advierte la propia inspección del Ejercito, como es el anexo B de Inteligencia a
la ORDOP 018 MAGNO, en la que se indica “SITUACIÓN – INTRODUCCIÓN: los terroristas…, se
encuentran asentados en el territorio venezolano desde donde planean el desarrollo de actividades
terroristas contra las unidades militares que desarrollan operaciones sobre la line de frontera (…)
COMPOSICIÓN…, cuenta con 128 terroristas”.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

territorial a desarrollarse en dos fases: misión para la primera fase para el pelotón
Australia 2”.

En segundo lugar, se alegó el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la responsabilidad del Estado por hechos de terceros cuando estos atentan contra
soldados voluntarios; al respecto señaló las sentencias “T-409 de 1992; sentencia 15 de
febrero de 1996 expediente 10033; Sección Tercera, sentencia 04 de febrero de 2010
expediente 18371; Sección Tercera, sentencia 18 de febrero de 2010 expediente 17127;
sentencia 26 de mayo de 2010 expediente 19158; Sección Tercera, sentencia 20 de
febrero de 1997 expediente 11756”.

Finalmente, la violación directa de la Constitución se atribuyó porque el tribunal
desconoció el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad por
cuanto efectuó una valoración sobre el acervo probatorio totalmente distinta a la que
había efectuado en otros casos por los mismos hechos y no justificó las razones de
apartamiento de la tesis en la que concluyó que frente a los hechos del 21 de mayo de
2012 hubo una falla en el servicio, por lo que realizó una interpretación alejada de la
Constitución.

Puso de presente que el mismo tribunal en el proceso con radicación no. 2014-000321-
018, negó las pretensiones porque la víctima era el comandante del pelotón y con su
conducta de desobediencia e incumplimiento de órdenes superiores incurrió en
indisciplina táctica, la cual generó la muerte de sus hombres, conclusión a la cual llegó
teniendo en cuenta la anotación del libro de operaciones del comandante de la Brigada
10, en el programa de las 05:00 a.m. del 23 de mayo de 2012, en concordancia con los
testimonios de los sobrevivientes de los hechos, pruebas que tampoco se valoraron.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

8
Demandantes: Jorge Puerto Acosta; Clarisa Moreno Wilches; Jenny Alexandra Puerto Moreno y Wilson
Ferney Puerto Moreno

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

“Ante los argumentos ruego al señor Magistrado Constitucional, tutelar los
derechos fundamentales invocados por los accionantes y se ruega se disponga
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia que negó las pretensiones
de la demanda dentro del radicado 44001-33-40-001-2014-00240-01, para que
se adopte una nueva sentencia en donde se haga una apreciación probatoria
inspirada en la sana critica, atendiendo criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad, motivación y respetar la Constitución y la Ley, además de ello, se
tenga en cuenta las pruebas omitidas, la normativa y reglamentación militar
aplicable al caso y el precedente jurisprudencial”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 11 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de la
Guajira, así como la vinculación del titular del Juzgado Primero Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Riohacha, el ministro de Defensa Nacional y el comandante del
Ejército Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de la Guajira solicitó que se declare la
improcedencia del mecanismo, ya que no puede ser implementado por como una tercera
instancia por el hecho que la parte accionante no hubiere resultado favorecida en sus
intereses.

El apoderado del Ministerio de Defensa pidió que se nieguen las pretensiones, pues la
decisión estuvo fundada en el material probatorio obrante en el expediente y en la
jurisprudencia aplicable al caso.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación y
3) el caso concreto.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de la Guajira con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2022 que negó la demanda con pretensiones de
reparación por la muerte del soldado profesional Víctor Guillermo Narváez Pinchao.

2. 1 Análisis de los requisitos de procedibilidad

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez3; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de reparación
directa no valoró unas pruebas determinantes en la decisión y valoró de manera indebida
otro elemento material probatorio, lo que conllevó a la vulneración de sus derechos
fundamentales.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia la Sala accederá al
amparo por considerar que se configuró el defecto fáctico alegado, por las razones que
procederá a exponer:

2.2 El defecto fáctico

a. Caracterización del defecto fáctico

1.1 El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico
de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional9 ha
reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.

1.2 La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

1.3 Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya
sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

b. Análisis del defecto fáctico en cuanto a la supuesta valoración irrazonable de
unas pruebas (dimensión positiva) en el caso concreto

1) En cuanto a este reparo, la parte actora alegó que el tribunal valoró de manera
irrazonable el Informe no. 0505 de 23 de mayo de 2012 CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 de 23
de mayo de 2012, por cuanto puso de presente únicamente unos apartes intrascendentes
de esa prueba que daban cuenta del suceso y omitió los otros que demostraban las fallas
y omisiones en las que incurrieron los altos mandos que lideraron la operación, lo cual

9
Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

conllevó a que el inspector le solicitara al comandante del Ejército Nacional que relevara
del mando al teniente Coronel Marco Andrés y al oficial de operaciones Yerson10.

2) En su criterio, de haberse valorado dicha prueba en su integridad y de no haberse
omitido las otras, el tribunal habría concluido, como en otros casos, que en los días
previos al ataque, el Ejército Nacional tenía conocimiento de la proximidad de un ataque
de gran envergadura por parte del frente 59 de las Farc, según reportes de las labores
de inteligencia, las emboscadas y ataques a las tropas, por lo tanto, los soldados, fueron
expuestos a un riesgo en la realización de las actividades relativas a la defensa de la
población civil por graves omisiones y errores operacionales principalmente atribuibles a
los comandantes a cargo de la operación.

3) A su juicio, el informe valorado de manera indebida daba cuenta de la indisciplina
táctica, la subestimación de la capacidad del enemigo, falta de planeamiento a nivel de
unidad y fundamental, así como de que la línea de mando no cumplía con los requisitos
para desempeñar esos cargos y que el escuadrón se encontraba en el desarrollo de unas
funciones distintas a las asignadas en la misión.

4) Además, con tal apreciación incompleta contradijo la valoración que ya había hecho la
misma Sala de Decisión sobre la misma prueba en otro proceso de reparación directa
adelantado por los mismos hechos, en el cual concluyó que “del material probatorio
aportado, es plausible inferir que existieron conductas omisivas que incidieron de manera
negativa en la producción del ataque del frente 59 de las FARC. Al respecto se valora el
informe No. 0575 MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 de fecha 23 de mayo de 2012*,
dirigido al comandante del ejército y con asunto “informe especial de los hechos
sucedidos en la décima brigada blindada, grupo de caballería blindado mediano “Gr.
Gustavo Matamoros D’ Costa”, en la vereda La Victoria, corregimiento de Montelara,
municipio de Maicao (Guajira)”.

5) Para resolver el problema jurídico propuesto sea lo primero precisar cuál fue la
valoración efectuada por el a quo con el fin de analizar las inconformidades planteadas

10
“(...) 3. Relevar del mando del Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo D ́costa al
Teniente Coronel Marco Andrés por su negligencia en el mando y control operacional de la unidad táctica”.

(...) 4 relevar del cargo de oficial de operaciones al Capital Yerson Ortegón Domingos por su negligencia
en la conducción y orientación de la operación, en razón a que la RIME 1 venía informando de las
pretensiones terroristas del Frente 59”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

en el recurso de apelación y qué fue lo que se decidió frente a ello en la providencia que
puso fin al asunto. Al respecto, se muestra:

“De todo lo anterior quiere indicar el Despacho que se echa de menos la copia
de investigación sobre los hechos ocurridos que den cuenta de las omisiones o
fallas señaladas por los demandantes, o de la remoción de los mandos por su
actuar en dicha operación. Igualmente desconoce el Despacho el contenido y
alcance de la misión táctica, las condiciones y riesgos que se afrontarían con la
misma.

Si bien se aporta al plenario el oficio 0505 del 23 de mayo de 2012, el mismo
a juicio del Despacho no constituye una decisión conclusiva a la ardua labor
investigativa que debe hacerse por parte del órgano competente, en este tipo
de casos, para encuadrar y concluir en la responsabilidad de ciertos integrantes
del grupo y con ello de la misma fuerza armada por las pérdidas en la operación,
sino constituye tal documento, apreciaciones y recomendaciones del Inspector
General del Ejército con lo sucedido y aunque dejan de presente a juicio de este
Despacho una serie de omisiones en el procedimiento desarrollado en la
operación de control territorial No. 018 “MAGNO”-2012 a la orden de
operaciones soberanía, no tiene la vocación jurídica para dar por acreditado la
responsabilidad disciplinaria y penal de los sujetos que fueron vinculados a las
investigaciones, ni el sustento fáctico de dicha responsabilidad

(…)

De otra parte, tampoco reposa en el plenario medio probatorio que dé cuenta
del número de hombres necesarios para la misión afrontada o de la
inexperiencia del hoy fallecido para realizar la operación”.

6) De lo anterior, se extrae que el juzgado consideró que, si bien el Oficio 0505 del 23 de
mayo de 2012 ponía de presente una serie de omisiones en el desarrollo de la operación
por control territorial no. 018 Magno 2012, lo cierto es no tenía la vocación jurídica para
acreditar la responsabilidad disciplinaria y penal de los sujetos que fueron vinculados a
las investigaciones y, por ende, la responsabilidad patrimonial del Estado.

7) Por su parte, en primer lugar, los demandantes alegaron que el Informe no. 0575 MDN-
CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 del 23 de mayo de 2012 fue valorado de manera arbitraría,
por cuanto se realizó una apreciación contraria a su contenido, veamos:

“Equivocadamente la primera instancia sobre este documento (prueba angular)
informe sobre los hechos de la investigación en caliente que efectuó la Comisión
Inspectora del Comando del Ejército que se desplazó de inmediato al sitio de
los hechos en cabeza del funcionario competente General Pedro León Soto
Suarez y quien de manera contundente informara a su superior inmediato, de
conformidad con la evidencia y antecedentes de los mismos, desnudo las fallas
graves en la doctrina militar por parte de los comandantes de la operación y que
facilitaron el hecho dañoso. Sin embargo de manera irresponsable y arbitraria
la primera instancia afirma de dicha prueba lo siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

“No tiene la vocación jurídica para dar por acreditado la responsabilidad jurídica
y penal de los sujetos que fueron vinculados a las investigaciones, ni el sustento
factico de dicha responsabilidad”.

Pasando por alto la señora juez, que el presente medio de control no busca
demostrar y/o acreditar responsabilidad disciplinaria y/o penal de los
comandantes de Narváez Pinchado, si no la falla en el servicio en que incurrió
el Ejército Nacional y que el daño antijurídico es imputable fáctico y
jurídicamente al Estado, esto de acuerdo a la prueba obrante en el mismo y que
la señora juez valora caprichosamente apartándose del principio de libertad
probatoria, de valoración sistemática y en conjunto del acervo probatorio bajo
el principio de la sana critica, de las leyes de la experiencia y la lógica.

Lo anterior sin pasar por alto la gigante la omisión probatoria, de otras
pruebas que en conjunto reconfirman la falla del servicio que se explicara
más adelante.

1. TESIS DEL DEMANDANTE FRENTE A LOS HECHOS.
Que la muerte del soldado VÍCTOR GUILLERMO NARVÁEZ PINCHADO,
orgánico del Equipo Antiexplosivos EXDE del Batallón de Ingenieros No. 10
Manuel Alberto Murillo González, durante la ejecución de la Orden de
Operaciones No.018 MAGNO, 01-05-2012, del Comando del Grupo Blindado
General Gustavo Matamoros D'costa en medio de una incursión armada
perpetrada por 90 guerrilleros ros de las FARC EP, ejecutada en zona aislada
y limítrofe con Venezuela SERRANÍA DE LA MAJAYURA MUNICIPIO DE
MAICAO el 21 de mayo de 2012, sector el Rachito corregimiento de la Majayura
jurisdicción del municipio de Maicao — Guajira, muerte violenta la cual fue
posible por las protuberantes fallas del servicio del Estado al no haber
adoptado oportunamente medidas de protección y prevención en el
ámbito de sus deberes.

Fallas que se sintetizan en: violación en la ORGANIZACIÓN PARA EL
COMBATE, (TOE) en los diferentes niveles del mando del comando del Grupo
de caballería, su plana mayor, escuadrón, escuadra y equipo anti explosivos
EXDE); fallas de COMANDO MANDO Y CONTROL; de PLANEAMIENTO y DE
MEDIDAS DE COORDINACIÓN; de SEGUIMIENTO A LA BATALLA; de
INDISCIPLINA TÁCTICA, DE INTELIGENCIA; DE VIOLACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTOCOLOS OPERACIONALES EN ZONAS
DE DECLARADA PERTURBACIÓN DEL ORDEN PUBLICO. Todas la
irregularidades mencionadas dentro del planeamiento y la ejecución de la orden
de operación No.018 MAGNO, 01-05-2012 - del comandante del Grupo
Mecanizado General Gustavo Matamoros de Costa.

Daño antijurídico imputable al Estado — Ministerio de Defensa — Ejercito
Nacional, a título de falla en el servicio por omisión, por violar la doctrina
militar en el no desplegar las medidas necesarias para proteger la vida e
integridad física de los 12 ciudadanos soldados profesionales (…).

8) Seguidamente, la parte demandante en la apelación precisó con base en la doctrina
militar que los comandantes de la operación no reunían los requisitos exigidos para
ejercer tales cargos, tales como, formación, grado y experiencia y que el segundo pelotón
denominado Australia 2 estaba incompleto según las TOE (tablas de organización y
equipo) puesto que solo habían 3 suboficiales de los 4 exigidos y 25 soldados de 36

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

exigidos, para un total de 12 novedades que afectó de manera contundente ya que se
trataba de una misión en área roja, así:

“lI. ASUNTOS PRELIMINARES
DOCTRINA MILITAR DE PERTINENCIA Y UTILIDAD PARA RESOLVER EL
PRESENTE ASUNTO EL CUAL SE ENMARCA EN UN ÁREA DEL
CONOCIMIENTO Y DEL SABER COMO ES EL ARTE DE LA GUERRA.

Normatividad que no es objeto de prueba, pero que es de obligatoria referencia
por ser la norma rectora que precisa el procedimiento y protocolo para el
planeamiento y ejecución de órdenes de operacionales y medidas de seguridad
en zonas de orden público, reglas operacionales que son de obligatorio
cumplimiento, y que no fueron observadas en el caso objeto de examen por
parte de los comandantes.

A. PRECISIONES LEGALES, Y REGLAMENTARIAS DE LA DOCTRINA
MILITAR NACIONAL EN ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, —
PLANEAMIENTO, OPERACIONES, ROLES, NIVELES Y
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE COMANDANTES DENTRO DE
LA FUERZA PUBLICA Y PRUEBAS DE LAS NORMAS CON FUNDAMENTO
EN EL CPACA Y ART 177 y 167. DEL CGP.

En primer término, para conocimiento de la Señora Juez, la doctrina militar
Contenida en el decreto 1790 de 2000, establece diferentes rangos en el
Ejército en las categorías de Oficiales, Suboficiales y Soldados, los primeros
son los entrenados y capacitados para ejercer el mando y los soldados son la
tropa quienes son entrenados y capacitados para ejecutar las órdenes de los
primeros, quienes son agrupados (en escuadras - secciones — pelotones-
compañías — batallones y brigadas). Unidades conformadas por soldados
(tropa) que en ningún momento ejercen ni tienen funciones de mando y control.
Ahora bien, según la Resolución 0160 de 2005 MANUAL ORGANIZACIÓN DEL
ESTADO MAYOR Y OPERACIONES EJC, 3-50, DEFINE en el Numeral 1 qué
es Mando y Control:

“El mando y control es un elemento esencial del arte y la ciencia de la guerra,
es el ejercicio de la autoridad y la dirección de un comandante. Las funciones
se realizan a través de recursos de personal, equipo, comunicaciones,
instalaciones y procedimientos antes, durante y después del planeamiento y
conducción de las operaciones militares”

(…).

Y de relevancia para el caso concreto, es poner de presente a la señora juez la
definición del concepto operacional de la doctrina militar: “DIRIGIR LAS
FUERZAS EN EL COMBATE" (pag.26 de la citada resolución)

Como se explicara anteriormente, el comandante tiene para el cumplimiento de
la misión operacional (según el citado manual EJC.3-50 pág. 65) al oficial de
operaciones, quien tiene la siguiente responsabilidad. (Para el caso en concreto
dicho oficial de operaciones del GBMT era el señor Capitán oficial subalterno
YERSON ORTEGÓN DOMÍNGUEZ, quien según la TOE (Tablas de
Organización y Equipo), no reunía los requisitos exigidos para tal cargo,
como formación, grado y experiencia para tales funciones, ya que la TOE
contempla un oficial superior, de grado Mayor y con curso de comando).

“el oficial de operaciones es el principal auxiliar del Estado Mayor en todo lo
relacionado con la organización, instrucción, entrenamiento y operaciones. a.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

mantiene contacto permanente con las unidades que se encuentran
desarrollando operaciones. b. mantiene un registro permanente de desarrollo
de actividades operacionales. c. verifica los planes. OPERACIONES - numeral
2 prepara, coordina, autentica y publica los planes y órdenes operacionales y
revisa los planes y órdenes de las unidades subordinadas. Y como miembro del
Estado Mayor [pág. 51 ibídem) debe asegurar que los comandantes
subordinados ejecuten lo que se ha decidido. Se asegura que las decisiones
lleguen a todos donde han sido destinadas, que sean comprendidas y se
ejecuten según la intención del comandante" y como funciones
complementarias debe realizar inspecciones — al implementar la seguridad en
todas las actividades se reduce o elimina el riesgo en apoyo al incremento de
la dinámica de combate"

Como lo expuesto hasta acá, frente al caso en concreto, tanto el comando
operacional, jerarquía, línea de mando, responsabilidad y el MANDO Y
CONTROL dentro de los ámbitos de ORGANIZACIÓN, PLANEAMIENTO,
CONDUCCIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN en el marco de la orden de
operaciones NO.018 MAGNO según prueba obrante en autos está acreditado:

1. Que el mando de dicha operación estaba en cabeza del Comándate del
Grupo Matamoros Teniente Coronel MARCO ANDRÉS RODRÍGUEZ
AGUDELO.

2. Siguiendo la línea de mando el comandante del Escuadrón (04 oficiales, 16
suboficiales y 144 soldados, total 164 efectivos) Australia Subteniente DULCEY
MASSEY JAVIER MAURICIO (oficial subalterno que tampoco reunía los
requisitos exigidos para tal cargo, como formación, grado y experiencia
para tales funciones, ya que la TOE contempla un oficial subaltemo pero
del grado Capitán, dicho oficial que de acuerdo a la doctrina militar solo
está habilitado para desempeñarse como comandante de pelotón (01
oficiales, 4 suboficiales y 36 soldados, total 41 efectivos).

Seguidamente en la línea de mando, según la orden de operaciones se
encontraba el soldado Pinchado en el segundo pelotón denominado Australia
2, pelotón que se encontraba incompleto según las TOE y a la relación de sus
integrantes y que obra en autos se relaciona solo 3 suboficiales de los 4
exigidos y solo 25 soldados de 36 exigidos, para un total de 12 novedades
que claramente afectan el cumplimiento de la misión y más en área roja,
es decir, de 4 escuadras que conforma un pelotón a Australia 2 le faltaba
una junto con su comandante.

4. Finalmente en línea de mando para el mando y control del Subteniente
PUERTO MORENO, se encuentra el Subteniente DULCEY MASSEY JAVIER
MAURICIO, Capitán YERSON ORTEGÓN DOMÍNGUEZ oficial de operaciones
del Grupo Matamoros, Teniente Coronel MARCOS ANDRÉS RODRÍGUEZ
AGUDELO, comandante del Grupo Matamoros y Coronel ZAPATEIRO
comandante de la décima brigada Blindada.
Quedando claro desde ya, que dicha línea de mando para el planeamiento
y ejecución de la operación no se cumplió para el caso sub judice.

(…).

Por lo expuesto y para fines del fallo en el presente proceso, necesariamente
deben ser evaluados los hechos, pruebas y pretensiones de la demanda
no solo desde el ámbito constitucional y legal ordinario sino además,
desde el ámbito técnico - régimen especial de la Fuerza Pública,
específicamente como se indicó desde la Doctrina Militar del Estado
Colombiano (Reglamentos, manuales, directivas), que señalan, procesos,
procedimientos, protocolos reglamentados y que son imperativos para todos los

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

comandantes en los diferentes niveles de mando, para el planeamiento,
conducción, ejecución y control de operaciones militares y operaciones contra
la guerra de minas- Manual Organización Estado Mayor y operaciones
(resolución 0160 de 2005), Manual de Planeamiento y Conducción de pequeñas
unidades, manual EJC - 3.171 Publico de 2007 - adiestramiento canino, Manual
EJC- 356 — Manual de búsqueda y destrucción de artefactos improvisados,
Manual de Minas EJC 3-93- 1,Manual 3.217 -empleo de equipos EXDE;
Resolución 1851 del 28 de diciembre de 2009, directiva 0070 de 2009 - Normas
para el empleo del EXDE y modifica directiva transitoria 0220 de 2007, Directiva
Transitoria 008 de 2004, Directiva 0020 de 2011 y Directiva 0054 de 2012.
(CPACA Y ART 177 y 167. DEL CGP) y a lo que se suma el siguiente literal:

B. RESOLUCIÓN NO. 1851 28 DE DICIEMBRE DE 2009 -MANUAL EJC.5-5 -
NORMAS Y PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN DESARROLLO DE
OPERACIONES MILITARES — PRESERVACIÓN DEL PERSONAL
INTEGRANTE EJÉRCITO NACIONAL.

Doctrina militar, ordenes perentorias de prevención y de medidas de seguridad
en el planeamiento y ejecución de operaciones militares en zonas de combate,
que para el caso fueron vulneradas por parte de los diferentes niveles del
mando, tanto de la Brigada 10 Blindada, del batallón de Ingenieros Murillo
González del Grupo Matamoros de Caballería y en especial por parte del
oficial de operaciones, comandante de escuadrón y de pelotón Australia
2, como se especificara en el aparte de hechos acreditados.

Ante lo expuesto doctrinariamente los hechos del 21 de mayo de 2012, en
donde resultan asesinados 12 soldados, entre ellos el demandante para fallar
la señora juez, debió confrontar, valorar y apreciar técnica, sistemática y en
conjunto todo el acervo probatorio arrimado al proceso junto como el
agotado por el despacho, evidencias probatorias que inexplicablemente
omitió de valorar la señora juez pese a su relevancia, pertenencia y
utilidad”.

9) Por último, se alegó la omisión en la valoración de otras pruebas que, según la parte
demandante junto con el Informe no. 0575 MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 del 23 de
mayo de 2012, reforzaban la falla del servicio por parte del Ejército Nacional. Esas
pruebas son las siguientes:

“Así mismo, la presentación de fallas garrafales en inteligencia, que advierte la
inspección, estas además se acreditan con el anexo B de Inteligencia a la
ORDOP 018 MAGNO, en la que se indica "SITUACIÓN - INTRODUCCIÓN:
las terroristas..., se encuentran asentados en el territorio venezolano
desde donde planean el desarrollo de actividades terroristas contra las
unidades militares que desarrollan operaciones sobre la line de frontera
(.] COMPOSICIÓN..., cuenta con 128 terroristas”. Y además se corrobora la
omisión con el boletín de últimas informaciones ONT FARC en la zona, la cual
es permanente y beligerante desde el 1 de abril al 29 de abril de 2012, según
documento que obra en autos y que relaciona 11 presencias del grupo terrorista
en la zona, así mismo esta falla se evidencia con las pruebas denominadas:
Boletín diario de inteligencia del 12 al 21 de mayo de 2012; Últimas
informaciones del enemigo del 03 de enero al 20 de mayo de 2012; Informes de
inteligencia del 10 al 18 de mayo de 2012; Radiogramas del oficial de
inteligencia al oficial de operaciones del 02 de abril al 21 de mayo de 2012:
Radiogramas de inteligencia de la regional de inteligencia No.1 la comandante
de la Brigada 10 y al Grupo Matamoros del 01 de abril al 14 de mayo de 2012.;

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
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Acción de tutela

Informes de intención terroristas de las FARC No. 0860 dirigido al Comandante
de la Décima Brigada por parte de la Regional de Inteligencia No. 1 del 07 de
abril de 2012; Envió recomendaciones para neutralizar intención terroristas de
las FARC No. 1130 dirigidos al Director Central de Inteligencia Militar del Ejército
del 1 de mayo de 2012, en donde se le informa un nivel de riesgo del 90% de
las tropas ubicadas en el sector de Majayura, pero sin embargo, el comandante
de la Brigada 10, el comandante del GBMAT, el inidóneo oficial de operaciones
ni el recluta comandante de compañía Australia tomaron las medidas
pertinentes para alertar, supervigilar y controlar la maniobra del pelotón
Australia 2.

Fallas del Servicio en el área de inteligencia que igualmente se demuestran con
toda contundencia con los siguientes elementos probatorios desechados en
su totalidad por el juez de primera instancia, como los siguientes:

> El boletín de Últimas informaciones ONT FARC en la zona, la cual es
permanente y beligerante desde el 11 de abril al 29 de abril de 2012, según
documento que obra en autos y que relaciona 1 presencias del grupo terrorista
en la zona.
> Boletín diario de inteligencia del 12 al 21 de mayo de 2012, que informan
sobre las últimas informaciones del enemigo del 03 de enero al 20 de mayo de
2012.

» Informes de inteligencia del 10 al 18 de mayo de 2012.
> Radiogramas del oficial de inteligencia al oficial de operaciones del 02 de abril
al 21 de mayo de 2012.

» Radiogramas de inteligencia de la regional de inteligencia No.1 la comandante
de la Brigada 10 y al Grupo Matamoros del 01 de abril al 14 de mayo de 2012.
» Informes de intención terroristas de las FARC No. 0860 dirigido al comandante
de la Décima Brigada por parte de la Regional de Inteligencia No. 1 del 07 de
abril de 2012.

» Documento denominado recomendaciones para neutralizar intenciones
terroristas de las FARC No. 1130 dirigidos al director Central de Inteligencia
Militar del Ejército del 1 de mayo de 2012, en donde se le informa un nivel de
riesgo del 90% de las tropas ubicadas en el sector de Majayura.

Pero a pesar de contar con toda la INTELIGENCIA MILITAR, disponible, (que
categóricamente alertaba el ataque desde Venezuela) tanto el señor coronel
comandante de la Brigada. a Brigada 10, el teniente coronel comandante del
Grupo Blindado Matamoros y el comandante del Escuadrón A, y el inidóneo
Capital oficial de operaciones tomaron las medidas pertinentes para prevenir el
anunciado acto terrorista como era su deber pues la propia inspección en su
informe desnuda que no se alertar, supervigilo y controlar la maniobra que
ejecutaba el pelotón Australia 2.

• Que con base en lo percibido en el terreno por parte de la comisión inspectora
del comando del ejército — al sitio de los hechos, como de los documentos
soporte de la operación y de los testimonios tomados a los soldados de la
segunda sección del segundo pelotón del escudaron a y a los habitantes de la
finca la victoria (…).”.

10) Sumado a lo anterior, la parte demandante alegó como desconocidas los elementos
materiales probatorios que se relacionarán seguidamente:

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Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

“V. MATERIAL PROBATORIO RELEVANTE OMITIDO DE VALORACIÓN

1. Orden de operaciones MAGNO, Con el cual se acredita (…).
2. ANEXO C DE INTELIGENCIA ORDOP MAGNO 18, con esta documental,
igualmente omitida de valor por la señora Juez, veamos que se acredita con
esta. (…)
3. Dispositivo de tropas en orden público del 21 de mayo de 2012. INSITOP,
documento omitido y con el cual se prueba que el segundo Pelotón, no se
encontraba organizado para el combate según TOE, tal como lo advirtió la
comisión inspectora en su informe de inspección. Pues esta prueba operacional
indica que el pelotón solo estaba a 01 oficial, 03 suboficiales y 24 soldados (…)

4. Informe detallado hechos 21 de mayo de 2012. Con el que se acredita (….)

5. Lección aprendida (en ayudas power point.) del 30 de mayo de 2012, con la
que se prueba: (...)

6. Recorte de prensa del Periódico El País que transcribe la rueda de prensa
presentada por los hechos del 21 de mayo de 2012, en donde el Presidente de
la República, el Ministro de la Defensa y la Copula Militar, informan que lo
sucedido en la Guajira fue un revés operacional y el Ministro asegura que la
fuerza Pública seguirá persiguiendo a las Farc. (realidad probatoria que en
ningún momento fue tachada o desvirtuada por la parte demandada).

7. Prueba testimonial del soldado profesional, testigo directo de los
hechos Edwin Erazo Henao. Rendida por despacho comisorio en la ciudad
de Montería el 23 de agosto de 2016 y en donde se da cuenta de los errores
tácticos esgrimidos en la demanda, como por los denunciados por la
Comisión Inspectora al comandante el Ejército Nacional en el renombrado
informe especial de los hechos (…)

8. Finalmente entre otras pruebas omitidas se tiene: - Planilla seguimiento diario
de la batalla pelotones GBMAT del 12 al 22 de mayo de 2012, pelotón Australia
1 y 2. - Boletín diario de inteligencia del 12 al 21 de mayo de 2012. - Últimas
informaciones del enemigo del 03 de enero al 20 de mayo de 2012. -Informes
de inteligencia del 10 al 18 de mayo de 2012. -Radiogramas del oficial de
inteligencia al oficial de operaciones del 02 de abril al 21 de mayo de 2012. -
Radiogramas de inteligencia de la regional de inteligencia No.1 la comandante
de la Brigada 10 y al Grupo Matamoros del 01 de abril al 14 de mayo de 2012.
• Informes de intención terroristas de las FARC No. 0860 dirigido al comandante
de la Décima Brigada por parte de la Regional de Inteligencia No. 1 del 07 de
abril de 2012. -Envió recomendaciones para neutralizar intenciones terroristas
de las FARC No. 1130 dirigidos al director Central de Inteligencia Militar del
Ejército del 1 de mayo de 2012, en donde se le informa un nivel de riesgo del
90% de las tropas ubicadas en el sector de Majayura. - El informe de asesoría
jurídica operacional del 23 de mayo de 2012, dirigido al Señor Mayor General
PEDRO LEÓN SOTO SUAREZ, y donde se documenta por escrito y fotografías
el estado en que quedaron los 12 soldados asesinados y en especial el titulado
occiso No.6, que corresponde a VÍCTOR GUILLERMO NARVÁEZ PINCHADO,
se detalla el lugar de los hechos, el sector de la frontera, el material de guerra,
intendencia, comunicaciones y especial perdido (…)”.

11) Ahora bien, para efectos de verificar si en la providencia de segunda instancia, el
tribunal valoró caprichosamente el Informe no. 0575 MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 del
23 de mayo de 2012, se expondrán las consideraciones frente a esa prueba –se
transcribe in extenso por su importancia para el caso–:

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

“Ahora bien, alega el apoderado de la parte demandante que la juez de primera
instancia se limitó a relacionar y enlistar una serie de pruebas a las que no hizo
apreciación alguna fundamentando su decisión en la prueba denominada
informativo administrativo por muerte No. 002 del 25 de mayo de 2015, con lo
que respalda la inexistencia de una falla del servicio, y finalmente aduce como
razón de su conclusión, de una orden de operaciones expedida por el Batallón
de Ingenieros, a pesar que la muerte fue cuando la víctima se encontraba
presuntamente agregado en el grupo de Matamoros.

A su vez, expone el apoderado de la parte actora, que el juez de primera
instancia desconoció los presupuestos de la falla del servicio y de la
responsabilidad del Estado según lo establecido en el artículo 90 de la
Constitución Política, puesto que, lo que se estudia en el caso en concreto es
el daño antijuridico ocasionado, su nexo causal con la actividad del servicio y
su imputación fáctica y jurídica, independiente que el daño haya sido
ocasionado por un tercero, y que exista o no investigación penal o disciplinaria
cuando esto tiene otros fines u objetivo propios del derecho sancionador, y
desconoció el oficio 0505 del 23 de mayo de 2012, que es la prueba angular
sobre los hechos de la investigación que efectuó la Comisión Inspectora
del Comando del Ejército el cual evidencia las fallas graves en la doctrina
militar por parte de los comandantes de la operación y que facilitaron el
hecho dañoso, valorándolo sin el principio de la sana critica.

Por otro lado, alegó que la orden de operaciones Magno expedida por el
comandante del Grupo de Caballería Blindada Matamoros, se llevó a cabo con
defectuoso planeamiento y pésima ejecución, dado que en el expediente sí obra
evidencia que determine el número de hombres y los que hacían falta para la
operación, a su vez se evidencia que las fallas tácticas y operaciones
presentadas, no son riesgos que los miembros de las fuerzas armadas debían
asumir.

Conforme lo anterior, para poder determinar la existencia de responsabilidad de
las entidades demandadas en el caso en concreto se debe terminar si la muerte
del soldado profesional en desarrollo de la Operación de Control Territorial No.
018 Magno y Operación Soberanía el día 21 de mayo de 2012, se provocó por
los riesgos propios del servicio, al ser miembro de la fuerza pública o si por el
contrario, la muerte se provocó por la acción u omisión del Ejército Nacional, o
fue sometido a un riesgo superior al que normalmente deben soportar quienes
se encuentran en las mismas condiciones.

De acuerdo con lo señalado, se realizó un análisis probatorio de los elementos
allegados al plenario como lo son, el informe administrativo por muerte No. 002
de 25 de mayo de 2012, y del Oficio No. 0505 MDN-CGFM-CE.IGE-INS-29.91
de 23 de mayo de 2021, expedidos por las Fuerzas Militares de Colombia
Ejército Nacional.

(…).

Del informe especial de los hechos sucedidos en la Décima Brigada
Blindada, Grupo de Caballería Blindado Mediano “Gr. Gustavo Matamoros
D’ Costa, en la vereda la Victoria, corregimiento de Montelara Municipio de
Maicao (La Guajira) se extrae lo siguiente: (Fl. 154-169 cuaderno 1,
expediente digital).

(…).
El segundo pelotón del escuadrón A organiza del GBAMT, se encontraba
organizado (01-03-24) con soldados profesionales, al mando del ST. Puerto

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Moreno Jorge Andrés (Q.E.P.D) quien estaba desarrollando la operación de
control territorial No. 18 “MAGNO” enmarcada en la orden de operaciones
Soberanía.

El 21 de mayo de los corrientes el segundo pelotón del escuadrón A se
encontraba prestando seguridad de área a los funcionarios de ISA y a un
pelotón de regulares que se encontraban comprometidos en la reparación de la
torre 100 afectada por el atentado terrorista.

En el corregimiento de Majayura se encontraba ubicada la base militar del
mismo nombre perteneciente al GBMAT; al momento de los hechos había dos
pelotones blindados, la citada base se encontraba a una distancia aproximada
de 2.7 kilómetros del sitio donde aconteció el combate entre terroristas del frente
59 sistema rival FARC y el segundo pelotón del escuadrón A.

La RIME 1 mediante oficios y radiogramas difundió inteligencia a la
Primera División, Décima Brigada Blindada y al Grupo de Caballería
Blindado Mediano “GR. Gustavo Matamoros D’ Costa”, de las intenciones
terroristas que integrantes del frente 59 sistema rival FARC pretendían
realizar sobre los sectores limítrofes fronterizos en los sitios conocidos
como Paraguachón, Rio Negro, Aranaipa, base militar Majayura, Montelara,
Carraipia.

Alias Solís Almeida cabecilla del Bloque Caribe realizaba permanente presión
sobre sus estructuras para que realizaran acciones terroristas contra miembros
de la fuerza pública y la infraestructura energética y minera de la región,
situación evidenciada y difundida por la RIME-1.

(…).

Ahora, desde la línea jurídica de la imputabilidad, en casos concretos como el
presente, la jurisprudencia ha definido una línea marcada a entender que los
miembros de la fuerza pública, que ingresan voluntariamente, conocen y
asumen los riesgos propios de la actividad militar. Por lo tanto, esto repercute
en los presupuestos que pueden llegar a delinear eventualmente la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por los daños que
puedan sufrir los miembros de la fuerza pública.

Conforme lo señalado, el objetivo de la operación era restablecer el orden
público y brindar protección a los funcionarios de la empresa ISA que debían
reparar unos activos estratégicos de la nación, por lo tanto, los hechos
obedecieron a un combate propio entre miembros del Ejército Nacional contra
un grupo subversivo que actuaba en la zona, circunstancia que no puede
garantizar en ningún momento que este combate no generará baja o muerte de
los soldados profesional.

A su vez señala esta Corporación, que del informe administrativo por muerte
y el informe de los hechos acontecidos el 21 de mayo de 2012 señalados
con anterioridad, se encontraban en el lugar de los hechos cuatro
pelotones que brindaron el respectivo apoyo, igualmente se hizo el reporte
del combate en la que se desplegaron de forma inmediata los refuerzos de
los miembros del Ejército Nacional.

De acuerdo con los elementos probatorios señalados y teniendo en cuenta que
la responsabilidad recae sobre el Estado, por las lesiones o muerte de un
miembro del Ejército Nacional que voluntariamente ingresó a la institución,
cuando se esté frente a una falla en el servicio por acción u omisión, o cuando
haya sido sometido a un riesgo superior al que normalmente deben soportar
quienes se encuentran en las mismas condiciones.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Por tanto, no se encuentra probado y no obra en el expediente que la parte
actora acreditara de manera fehaciente la omisión en que incurrió la
entidad demandada que de sustento fáctico de dicha responsabilidad en
donde se pruebe que la causa de la muerte del Soldado Profesional Víctor
Guillermo Narváez Pinchao, haya sido producto de una extralimitación en
las funciones o el resultado de la puesta en peligro por parte de la entidad
demandada en fallas de comando de mando y control, planteamiento y
medidas de coordinación, seguimiento de la batalla, falla táctica o de
inteligencia y violación de las medidas de seguridad y protocolos
operaciones en zonas declaradas con perturbación del orden público, sino
que, por el contrario, el hecho ocurrió en el ejercicio de su profesión, pues para
el momento de los hechos, el SLP era miembro grupo EXDE”.

12) Pues bien, al respecto la Sala considera que, a pesar de que uno de los puntos
principales de la apelación se enfiló a demostrar que el Informe no. 0575 MDN-CGFM-
CE-IGE-INS- 20.91 del 23 de mayo de 2012 era la “prueba angular” para determinar la
responsabilidad del Estado, lo cierto es que de la lectura de la providencia cuestionada
no se advierte una valoración integral de dicha prueba, pues, solo se pusieron de
presente algunos apartes, como se puede observar de la cita anteriormente expuesta.

13) Además de la información expuesta por el tribunal frente al informe referido se tiene
que dicha prueba contiene la siguiente información:

“FACTORES QUE PUDIERON INFLUIR NEGATIVAMENTE EN LOS
RESULTADOS

Indisciplina táctica. De acuerdo a las versiones suministradas por los lugareños
dieron cuenta que dos soldados antes del ataque se encontraban recolectando
mangos, uno de ellos subido en un árbol y por otro lado al parecer el oficial con
dos soldados ingresaron a la casa aledaña donde se encontraba pernoctando
para indagar sobre la manera de conseguir víveres frescos (verduras).

Subestimar la capacidad terrorista del enemigo. En razón a que nos tomaron
las medidas de seguridad en el campo táctico con el fin de contrarrestar el
accionar del enemigo y su capacidad de concentración para efectuar ataques
sorpresivos a unidades que presentan vulnerabilidades.

Falta de planeamiento a nivel unidad táctica. Se evidencia que no existió
planeamiento militar para la toma de decisiones, toda vez que los
miembros de la plana mayor del GBMAT no interactuaron en mencionada
actividad, dejando solo al comandante del Grupo, omitiendo el
cumplimiento de sus funciones tales como dar recomendaciones, hacer
apreciaciones para el desarrollo de la operación.

Falta de planeamiento a nivel de unidad fundamental. El comandante del
segundo pelotón del Escuadrón A no desarrolló el procedimiento de
comandado, es decir no baja de nivel el planeamiento realizado por el comando
del GBMAT, por lo que no emite ninguna clase de orden táctica. El comandante
del pelotón cambia la actitud ofensiva que se le había ordenado por una
actividad administrativa como fue la consecución de víveres frescos alrededor
de donde se encontraba pernoctando.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

La organización para el combate. El segundo pelotón del escuadrón A se
encontraba conformado a 01-03-24, lo cual no obedecía a una unidad
militar (10E) generando oportunidades al enemigo para atacar las tropas
que no cuentan con una capacidad de apoyo oportuno.

El exceso de confianza por parte del comandante del pelotón quien a pesar de
conocer las informaciones de inteligencia que sobre el sector se habían
obtenido no asumió una actitud de combate, adoptando maniobras de acción
sorpresiva, emboscada, infiltración, conducentes a obtener un resultado
operacional para la unidad y evitar que el enemigo lo sorprendiera en labores
administrativas o rutinarias.

El incumplimiento de las órdenes operacionales impartidas a nivel táctico
respecto de todas y cada una de las actividades que desarrollan las unidades
en el área de operaciones; la no observancia de los fundamentos del campo
de combate establecidos en el reglamento EJC-3-10-1, así como las de
carácter permanente emitidas a todos los niveles de mando en donde se
le exigía a la tropa no ubicarse en cercanías a casas y donde haya
permanencia de personal civil.

Desconocimiento del ambiente operacional tanto del comandante del grupo
como del comandante del pelotón al no tener en cuentas las informaciones y
hechos que venían efectuando los terroristas del frente 59 en las áreas
aledañas en donde se encontraba la unidad atacada.

Ingenuidad de los comandantes. En la conducción por parte del oficial de
operaciones y el comandante del grupo, quienes no se percataron de las
acciones de engaño y atracción de los terroristas donde estos empezaron a
afectar las torres de energía hasta llevarlos a una zona preparada cerca de la
línea fronteriza, hasta que finalmente los bandidos efectuaron una emboscada
a las tropas y en ejecución por parte del comandante de pelotón, quien no
realiza los registros en profundidad y cambia de una actitud ofensiva a una
actitud administrativa.

Incumplimiento de las funciones de supervisión y control por parte de los
comandantes. El comandante de la unidad táctica no empleó los medios
disponibles de transporte y personal para verificar las órdenes e instrucciones
impartidas durante los programas radicales máxime cuando se estaban
presentando acciones terroristas contra la infraestructura eléctrica.

Seguimiento a la batalla. No hubo un seguimiento minucioso por parte del S3 y
S2 del Grupo Matamoros donde pudieron haber visualizado las medidas de
atracción por parte de los terroristas y las acciones delictivas que estos venían
efectuando durante los meses de abril y mayo.

Falta de maniobra ofensiva e inteligencia de combate. el comandante del
segundo pelotón del escuadrón A en la madrugada del día del ataque no efectuó
registro en profundidad que le permitiera conocer la cercanía de los terroristas
del frente 59, ya que se encontraban a menos de 30 metros, así mismo no se
evidenció que el pelotón Australia 2 desarrollara actividades de combate
máxime que llegaron el día 18 de mayo a la torre 100 la cual se encontraba
ubicada a 250 metros del lugar de los hechos (finca la victoria).

Factores QUE PUDIERON MINIMIZAR EL IMPACTO

Disciplina de fuego y ubicación predominante de la segunda sección del
segundo pelotón del escuadrón A que permitió la preservación de sus vidas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

Utilización pronta, oportuna y apropiada de las armas de acompañamiento
desde la base militar de Mayajura lo que permitió disuadir el poder de fuego
enemigo.

Apoyo oportuno por parte del segundo pelotón del escuadrón “B” que se
encontraba cercano al sitio de los hechos (…)”.

14) De conformidad con lo expuesto en precedencia, para esta Sala, la sentencia de
segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa presenta un defecto
fáctico positivo por indebida valoración probatoria, en primer lugar, porque el ad quem no
valoró en su integridad el Informe no. 0575 MDN-CGFM-CE-IGE-INS- 20.91 del 23 de
mayo de 2012 que fue aportado desde la demanda y que daba cuenta de las múltiples
falencias en las que incurrieron los altos mandos que dirigieron la Operación Magno y
que conllevaron al desafortunado desenlace de conocimiento.

15) Asimismo, se advierte que desde el recurso de apelación la parte demandante advirtió
tal situación para que el tribunal demandado en la providencia de segunda instancia se
pronunciara frente a ello, sin embargo, dicha autoridad se limitó a transcribir unos apartes
que evidenciaban unos aspectos generales de la operación y nada dijo sobre el resto allí
consignado, a pesar de la insistencia en su valoración por considerarlo determinante para
demostrar la falla el servicio

16) Bajo este contexto, se concluye que la sentencia del 26 de octubre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de la Guajira, presenta un defecto fáctico, toda vez que se
separó de los hechos debidamente probados y procedió a valorar a su arbitrio una prueba
que se consideraba determinantes en la resolución del caso.

17) La Sala encuentra que la evaluación probatoria realizada por el tribunal demandado
fue contraevidente, puesto que desatendió los principios de la lógica que está obligado a
seguir el juez en su valoración probatoria fundada en la “sana crítica”, en la medida en
que no observó que en el informe precitado concurrían elementos probatorios de que
hubo múltiples fallas tácticas, el cual, operó como una suerte de dictamen por haberse
proferido por un especialista del Ejército Nacional en la materia.

18) En este punto es necesario destacar que una sola prueba difícilmente cambia todo el
sentido de la decisión, sin embargo, del expediente se advierten otras pruebas
fundamentales que acreditaban que en los días previos al ataque, el Ejército Nacional
tenía conocimiento de la proximidad de un ataque de gran envergadura por parte del

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

frente 59 de las Farc, según las labores de inteligencia, las emboscadas y ataques a las
tropas empleando señuelos para atraerlas, tales como la copia de los libros de
operaciones emitidos por el comando de la unidad táctica y operacional respecto a los
hechos de fecha 21 de mayo de 2012 en el sector el Bulloso, municipio de Maicao y
análisis semanal elaborado por el ejército sobre presencia de la ONT-Farc, desde el 23
de abril hasta el 20 de mayo de 2012.

19) Asimismo, se tiene que el recurso de apelación la parte demandante hizo alusión a
la falta de valoración de otras pruebas que consideró determinantes junto con el informe
especial tantas veces aludido para establecer el nexo causal entre la muerte del soldado
y el actuar del Ejército, sin embargo, tampoco fueron objeto de pronunciamiento por parte
de la autoridad demandada.

20) Por otro lado, no es de recibo que ante los mismos hechos y circunstancias en que
fueron asesinados los soldados profesionales, la misma Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de La Guajira, sin explicación alguna variara la valoración que ya había
efectuado frente a la misma prueba, como sucedió en la sentencia de segunda instancia
proferida en el proceso de reparación directa correspondiente a la radicación no. 44-001-
33-40-001-2014-00240-01, tal como lo advirtió la parte accionante.

21) Por consiguiente, como se advierte que la autoridad judicial accionada no hizo una
valoración adecuada del caudal probatorio allegado al expediente de reparación directa,
se tendrá como configurado el defecto fáctico en la providencia cuestionada, sin perjuicio
de que el Tribunal Administrativo de la Guajira pueda nuevamente realizar el análisis
sobre la responsabilidad de la entidad demandada, pero previa valoración de la pruebas
que echa de menos la parte accionante y de la que se adujo como valorada
indebidamente.

22) En consecuencia, como en el sub lite se advierte que el Tribunal Administrativo de la
Guajira emitió una decisión trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí
se reclama, se dejará sin efectos la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022, dentro
del proceso de reparación directa no. 44-001-33-40-001-2014-00240-01 y, en su lugar,
se le ordenará que profiera una nueva decisión, en la cual haga una valoración efectiva
y en su conjunto de todas las pruebas aportadas y, con base en ellas, determine si hay
lugar a imputar responsabilidad patrimonial a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional por la muerte del señor

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02410-00
Actor: María Lucrecia Pinchao Arévalo y otros
Acción de tutela

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 26 de octubre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de la Guajira al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 44-001-33-40-001-2014-00240-01 y
ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual
se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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