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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02431-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02431-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 26 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00 Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02431-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) mínimo vital, iv) igualdad y v) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del
Chocó.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 13 de octubre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 2 de
octubre de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 270012333000201400212-01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó demanda contra la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego
Luis Córdoba, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido
en el Oficio del 28 de mayo de 2014 expedido por la Universidad Tecnológica del
Chocó - Diego Luis Córdoba; ii) que la Universidad incumplió su obligación legal de
liquidar y pagar las cesantías causadas en el año 2011, así como las demás
acreencias laborales desde el 1.º de julio de 2011 y hasta el 31 de julio de 2012; y
iii) que la entidad demandada “[…] incurrió en la mora de que tratan las Leyes 244
de 1995, 1071 de 2006 y 50 de 1990 y el Decreto 019 de 2012, por la tardanza en
el pago de las cesantías causadas en el año 2011, y de las demás acreencias
laborales desde el 1.º de julio de 2011 hasta el 31 de julio de 2012 […]”.

4. El actor a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la
Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba a reconocer, liquidar y
pagar a su favor, la sanción moratoria causada ante la no cancelación de las
cesantías del año 2011; los intereses moratorios; la sanción moratoria por la no
transferencia de las cesantías al fondo nacional del ahorro; y la sanción moratoria a
título de perjuicio material por el no pago de salarios y acreencias laborales de los
años 2011 y 2012.

5. El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia de primera instancia el 2
de octubre de 2020, negando las pretensiones de la demanda.

6. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 13 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

“[…] Primero: Confirmar la sentencia proferida el 2 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
Julián Ismaín Palacios Copete contra la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego
Luis Córdoba. Segundo: Condenar en costas a la parte demandante por lo
brevemente expuesto […]”.

7. Consideró que:

“[…] Con las consideraciones expuestas, es evidente que la sanción moratoria
consagrada en las normas cuya aplicación pretende el demandante (Leyes 50 de
1990, 244 de 1995 y 1071 de 2006), no son aplicables a la demora en que incurra la
administración, con ocasión del pago de cesantías, salarios y otras prestaciones
sociales ordenadas por sentencia judicial, no sólo porque los referidos cánones no
lo contemplan, sino porque el cumplimiento de las sentencias judiciales, tiene en la
ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.

Observa la Sala que el señor Julián Ismaín Palacios Copete afirmó dentro de su
recurso de apelación que las acreencias laborales surgidas con ocasión del retiro del
servicio, y reconocidas por la Corte Constitucional, en la sentencia T-154 del 2 de
marzo de 2012 fueron canceladas en su totalidad por la Universidad Tecnológica del
Chocó, el 6 de febrero de 2015, por lo que a la fecha no existe condena que se
encuentre pendiente de ser satisfecha por la entidad demandada.

En punto a la aplicación de los artículos 65 y 408 del Código Sustantivo del Trabajo,
para esta Subsección es claro que el demandante no se encuentra en los supuestos
previstos en las mencionadas normas, por cuanto no solo no ha finalizado su vínculo
laboral con la entidad cuestionada, sino que tampoco acreditó encontrarse amparado
por fuero sindical, de modo que mal puede pretender reclamar sus derechos al
amparo de dichos cánones.

Por último, no se encuentra demostrada dentro del plenario la causación de
perjuicios materiales y morales en los términos aludidos por el libelista, y en todo
caso, el daño a él causado por virtud del retiro del servicio fue resarcido con el
cumplimiento de la condena prevista en la sentencia de tutela.

En ese orden de ideas, no siendo posible acceder a la sanción moratoria peticionada
por el demandante, por cuanto la misma no procede frente al pago de condenas
surgidas con ocasión de sentencias judiciales, habrá de confirmarse la decisión de
primera instancia que negó las suplicas de la demanda, pero por los términos aquí
expuestos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: DECLÁRESE judicialmente, que las corporaciones judiciales

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

accionadas incurrieron en un claro desconocimiento del precedente judicial de
unificación, “SU-098 DEL 2018, SU-332 DEL 2019, de los precedentes erga omnes
C-892 DEL 2009 y, de los precedentes interpares, SENTENCIA DE 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN. EXP. 11001-03-15-000-2005- 00461-00
(S), M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Y, SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE
2015 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C,.EXP. 05001-23- 31-000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA
MÉLIDA VALLE DE LA HOZ…(E) y, en un defecto fáctico con la expedición de los
fallos (sentencia sin número del trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022) de
la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, M.P Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
GÓMEZ, notificada personalmente, mediante correo electrónico del 10 de
noviembre de 2022 dentro de la radicación 2014-212-01) y (sentencia de segunda
instancia N° 216 del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020) del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ, M.P Dra. NORMA
MORENO MOSQUERA dentro de la radicación 2014-212-00).

SEGUNDA: DECLÁRESE judicialmente, que UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL
CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA (UTCH), entidad administrativa vinculada tras
tener interés directamente en el proceso, incurrió igualmente en un claro
desconocimiento del precedente judicial de unificación, “SU-098 DEL 2018, SU-332
DEL 2019, de los precedentes erga omnes C-892 DEL 2009 y, de los precedentes
interpares, SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN.
EXP. 11001-03-15-000-2005-00461-00 (S), M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Y, SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE 2015 SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C,.EXP. 05001-23- 31-
000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ (E), en un
defecto fáctico y, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto con la
expedición del acto administrativo “sin numeración, expedido el 28 de mayo 2014
por la UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCÓ-DIEGO LUIS CÓRDOBA,
proveído administrativo que se identifica con las siguientes características; elaboró
y proyectó, Ana Marcela Arboleda Córdoba, revisó, Boris Emilio Mena Bechara,
suscribe, Eduardo Antonio García Vega, notificado con entrega personal a su
destinatario al día siguiente de su expedición”, mediante el cual se me negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de mis
cesantías anualizadas y demás acreencias laborales distintas a las cesantías.

TERCERA: TUTÉLESE los derechos fundamentales del suscrito, JULIAN ISMAIN
PALACIOS COPETE a: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL Y MOVIL,
FAVORABILIDAD Y/O CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA, IGUALDAD ANTE LA
LEY, INDISCUTIBILIDAD E IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS
LABORALES, LA PROPIEDAD PRIVADA, ACCESO REAL, MATERIAL Y
EFECTIVO A LA JUSTICIA, CONFIANZA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD JURÍDICA,
todos en conexidad con el derecho a UNA VIDA DIGNA y, en tal virtud:

CUARTA: ORDÉNESE a las corporaciones judiciales reconvenidas dejar sin efecto
totalmente las (sentencia sin número del trece (13) de octubre de dos mil veintidós
(2022) de la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, M.P Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
GÓMEZ, notificada personalmente, mediante correo electrónico del 10 de
noviembre de 2022 dentro de la radicación 2014-212-01) y (sentencia N° 216 del
dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020) del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ, M.P Dra. NORMA MORENO MOSQUERA
dentro de la radicación 2014-212-00) para en su lugar proferir la que en derecho
corresponda con estricto apego a los lineamientos y precedente judicial en la materia

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

objeto de controversia.

QUINTA: Ordénese actualizar la condena por concepto de sanción moratoria a que
hubiere lugar con corte al día de hoy y, con base a los cálculos actuariales previsto
en el artículo 16 de la ley 446 de 19981 y, los incisos finales de los artículos 2832 y
2843 del CGP.

SEXTA: Ordénese Que la orden impartida por el Honorable Magistrado, sea de
inmediato cumplimiento […]”.

9. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto; y en un iii) defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de mayo de 2023; i) admitió la
acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Chocó; y
iii) vinculó a la Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba, en calidad
de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

11. El Tribunal Administrativo del Chocó afirmó que:

“[…] Honorable Consejero, si bien es cierto que la pretensión sobre la sanción
moratoria fue negada, esto no ocurrió por las razones que alega el accionante, pues
en las consideraciones de la sentencia atacada, claramente se expuso que no era
procedente condenar a la entidad demandada, por cuanto el legislador previó que
los trabajadores que se rigen por la Ley 50 de 1990, tienen derecho al
reconocimiento y pago de una sanción moratoria, por la consignación tardía de sus
cesantías, pero para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, la consignación
tardía de las cesantías da lugar al cobro de intereses moratorios a favor de dicho
fondo, como es el caso del accionante.

Para tomar la decisión cuya nulidad solicita el actor, la Sala hizo un análisis
minucioso de las pruebas obrantes en el proceso, la normatividad y jurisprudencia
aplicable al caso, de suerte que en manera alguna se ha incurrido en error o defecto
fáctico al resolver las pretensiones de la demanda y mucho menos se han vulnerado
los derechos fundamentales cuya protección invoca la parte accionante, pues las
actuaciones en el proceso referido, se realizaron conforme a las reglas procesales
y sustanciales propias vigentes al momento de adoptar la decisión, tanto así, que la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue confirmada por la

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Sección Segunda, Subsección A del H. Consejo de Estado, en providencia del 13
de octubre de 2022 […]”.

12. La Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba afirmó que:

“[…] A la fecha no se ha trasgredido derechos fundamentales del tutelante, los
honorables magistrados han sido garantes de los derechos fundamentales del señor
PALACIOS COPETE, además como se relaciona en la presente contestación, la
pretensión es la de crear una instancia adicional a las ya surtidas, para evitar el pago
de las costas procesales ordenadas, además de la omisión de información y de
relación de varias pruebas aportadas en el proceso.

Los fallos proferidos por los honorables cuerpos colegiados, están en el marco de la
legalidad, garantía de derechos fundamentales, veracidad, aplicación y observancia
de la norma […]”.

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio
en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, procediendo
posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
2

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó3 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
4

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”5 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
4 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20147, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [10].

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
7 Ut supra página 6.

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [14]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado15:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”16

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”17

15 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Ibidem.

12

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Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

27. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta
afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii)
cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
18

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del

18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

30.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
19

la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

32.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

19 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

14

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“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

33. Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

34. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

35. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho21:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
21 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

15

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sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

36.Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).

37. Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante

22 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

16

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del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

Análisis del caso concreto

38. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 13 de octubre de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 2 de
octubre de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 270012333000201400212-01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a la dignidad humana.

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

41.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

41.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 13 de octubre de 2022.

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Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional

42. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente23:

“[…] De la valoración conjunta y adecuada de estas pruebas, se extrae como
conclusión probatoria que la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO
LUIS CORDOBA (UTCH) no solo pagó tardíamente al señor JULIAN ISMAIN
PALACIOS COPETE sus cesantías del año 2011, como se extrajo del extracto
individual de cesantías allegado al proceso, tal como lo indicó el Tribunal
administrativo del Chocó, sino que además se concluye probatoriamente que se le
pagó tardíamente las otras acreencias laborales diferentes a la cesantías, cuya
administración no le corresponde al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, cayéndose
por tanto el argumento axial del Tribunal de declarar impróspera la acción por cuanto
al demandante no le son aplicables los postulados de la ley 50 de 1990 y demás
disposiciones concordantes por estar afiliado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO
y, no a un fondo privado.

Iterar entonces, que el defecto factico se presenta porque el Tribunal Administrativo
del Chocó en la providencia controvertida dio por probado el incumplimiento y la
mora en el pago de las cesantías del año 2011 y, las demás acreencias laborales
de ese mismo año distintas a las cesantías y, aun así se abstuvo de reconocer la
sanción moratoria deprecada por el no pago oportuno de los salarios adeudados,
que se originaron en el año 2011, pero que solo fueron solventados hasta el 6 de
febrero del 2015.

Señor Juez constitucional, por lógica y simple regla de experiencia, se entiende que,
si una obligación legal debió ser satisfecha en el año 2011 y, sin justificación alguna
se satisfizo el 6 de febrero de 2015, naturalmente el deudor incurrió en mora e
incumplimiento, lo cual generó perjuicios a su acreedor, dando por consiguiente
lugar a la deprecada sanción o cuando menos los perjuicios materiales y morales
reclamados […]”.

[…]

“[…] 4.2. ACREDITACIÓN DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO: De golpe precisar que, la Subsección A, Sección Segunda,
Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado varió vertiginosamente
el problema jurídico planteado por el Tribunal Administrativo del Chocó, al tiempo
que aplicó una regla jurídica diferente en la resolución del caso.

Mientras que el Tribunal Administrativo del Chocó despachó desfavorable la
demanda, fundamentado esencialmente en que a los afiliados del FONDO
NACIONAL DEL AHORRO no le eran aplicable las disposiciones del artículo 99 de

23
Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.

18

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Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

la ley 50 de 1990 y demás disposiciones concordantes, la Subsección A, Sección
Segunda, Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado consideró
que “la situación fáctica del actor no encuadra dentro de la norma […]”.

[…]

“[…] Develada la interpretación y consideraciones de la Subsección A, Sección
Segunda, Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia de segundo grado, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se acredita tras el apego estricto de dicha corporación a las reglas procesales que
obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales del actor, la búsqueda
de la verdad y la adopción de una decisión judicial justa, que purgara de algún modo
la comprobada mora y retardo de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ
DIEGO LUIS CORDOBA (UTCH) en el pago de las acreencias laborales del actor
cesantías y demás estipendios distintos a estas, generados en el año 2011 y,
solventadas solo hasta el 6 de febrero del año 2015, más allá de que estuviesen o
no incorporadas en una decisión judicial.

Es más que evidente que, por la ciega obediencia al derecho procesal, la
Subsección A, Sección Segunda, Sala de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado abandonó su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar
una decisión desproporcionada y manifiestamente incompatible con el
ordenamiento jurídico, como lo es, la inaplicación de la consecuencia jurídica que
acarrea todo cumplimiento tardío, moroso o defectuoso del pago de una acreencia
laboral de cualquier empleado en el orden jurídico colombiano y en el de la OIT […]”.

[…]

“[…] 4.5. DESCONOCIMIENTO DE LOS PRECEDENTES ERGA OMNES C-892
DEL 2009 Y, DE LOS PRECEDENTES INTERPARES, SENTENCIA DE 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2015, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN. EXP. 11001-03-15-000-2005-00461-00
(S), M.P. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Y, SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE
2015 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C.EXP. 05001-23- 31-000-2000-03701-01 (29.084), M.P. OLGA
MÉLIDA VALLE DE LA HOZ (E)

C-892 del 2009 La Corte Constitucional por su parte, en sentencia C-892 del 2009
claramente dispuso que, frente al no pago oportuno de las acreencias laborales
distintas de las cesantías, la aplicación de la sanción moratoria también es ineludible
desligada totalmente de las causas que motivaron la terminación de la relación
laboral […]”.

[…]

“[…] SU 995 del 9 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria
Díaz Igualmente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación de
jurisprudencia SU 995 del 9 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos
Gaviria Díaz, ya había precisado acerca de la importancia del pago oportuno y
completo de todas las obligaciones salariales dejadas de cancelar al trabajador […]”.
[…]

“[…] El Consejo de estado por su parte en providencia13 de la Sala Plena de lo
Contencioso administrativo frente a la sanción moratoria por el no pago de
acreencias laborales distintas de la cesantías sostuvo:

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
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“…Igualmente está probado que el día 27 de octubre de 1999, la actora presentó
reclamación por los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas, la cual no
fue resuelta por la administración, dando lugar al acto ficto o presunto…

En relación con el pago de salarios y prestaciones sociales solicitadas en la
demanda, no obra dentro del expediente prueba alguna que certifique su pago, por
lo que de acuerdo con la Ley 6ª de 1945, Decreto 1160 de 1947, Decreto 3148 de
1968, Decreto 3118 de 1968, Decreto 1848 de 1969, Decreto 1045 de 1978 y Ley
244 de 1995, la señora Esilda Mosquera Palacios, tiene derecho al pago de los
salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1997,
cesantías, sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías, vacaciones y
prima de navidad… …

En consecuencia la señora Esilda Mosquera Palacios tiene derecho al pago de los
salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1997,
cesantías, sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías, vacaciones y
prima de navidad, causadas durante los períodos comprendidos entre 17 de octubre
de 1996 y el 23 de julio de 1997 y entre el 1 de noviembre de 1997 a 31 de diciembre
de 1997 […]”.

[…]

“[…] La Sección Tercera del Consejo de estado también en providencia14 frente a
la sanción moratoria por el no pago de acreencias laborales distintas de la cesantías
señaló:

“…De acuerdo con lo anterior, demostrada la mora en el pago de las prestaciones
sociales, se tiene como configurado el daño antijurídico frente a la demandante,
quien no estaba en el deber de soportar la mora del pago de las cesantías a las que
tenía derecho desde el momento de su reconocimiento. Ahora bien, se reconoce
que, en materia laboral, ante la causación de una mora en el pago de salarios o
prestaciones, opera la indemnización de que trata el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, para lo cual hay que analizar la conducta del deudor y si este
actuó bajo los parámetros de la buena fe en su renuencia al pago, asunto reiterado
al interior de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral; no obstante,
comoquiera que en este caso se está en presencia de otra situación normativa –
aplicación de la Ley 244 de 1995-, que fija términos para el pago oportuno de
cesantías para los servidores públicos, y, teniendo en cuenta que el demandante
tenía esta calidad de servidor para la época del reconocimiento de su derecho, se
concluye que, en este evento, no es necesaria la verificación de la conducta asumida
por parte del empleador, pues entra a operar la indemnización una vez verificada la
mora, que se causa pasados los días que la Ley otorga para hacer efectivo el
referido pago.

En consecuencia, toda vez que se configuró la mora en el pago de las cesantías, se
reconocerá la sanción moratoria de que trata el inciso segundo del artículo 2 de la
Ley 244 de 1995, la cual se produjo desde el 5 de noviembre de 1997 hasta el 10
de julio de 2000, fecha en la que se cancelaron en su totalidad las acreencias
laborales adeudadas por la demandada. Por lo tanto, se condenará al Municipio de
Amagá a pagar por los daños antijurídicos ocasionados por este motivo al
demandante…” […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
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43. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

44.Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

45. Al respecto, la Corte Constitucional24 ha señalado:

“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad
de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera
afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).

46. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en reiterados pronunciamientos25, y en especial, en la sentencia
proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
“[…]

La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se cumplió
con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia; motivo por
el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.

24 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre

de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.

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Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite
del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0126, por parte
de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.

Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional27, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más28.

En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201929, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.

47. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional. En ese orden de ideas, expresó lo
siguiente30:

“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.

La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.

26 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta

(Magdalena).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre

de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre

de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
29 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201931, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

31 M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.

48. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente32:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”33, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”34. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

49. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

32 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
33 Sentencia SU-050 de 2018.
34 Sentencia SU-354 de 2017.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

50. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

51.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

52. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

53. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor
alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de
la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

54. Los supuestos de vulneración al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana enunciados por el
actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

55. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter probatorio
y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de
la tutela contra una providencia judicial.

56. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y económico.

Conclusiones de la Sala

57. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02431-00
Actor: Julián Ismaín Palacios Copete

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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