Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02435-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02435-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02435-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
21 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial / Sanciones por mora en el pago de las cesantías /
Régimen laboral y prestacional de los docentes oficiales / Desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales / Se declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada contra la sentencia del 27 de marzo de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja
que negó las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado No. 15001-33-33-003-2022-00025-00/01.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 10 de mayo de 2023 Martín Giraldo Castillo presentó, a través de apoderado
judicial, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a
la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido proceso y seguridad social,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
presuntamente vulnerados por la sentencia del 27 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 15001-33-33-003-2022-00025-00/01.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:
<<1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 27/03/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220002501,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO
DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES
DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO
DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre
de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes
decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes:
[cita 3 expedientes de la Corte Constitucional y 26 expedientes del Consejo de Estado]>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 29 de julio de 2021 el accionante, docente del Departamento de Boyacá, radicó
una solicitud ante esa entidad para obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de las cesantías
correspondientes a 2020, y por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se
encuentra establecida en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el
Decreto 1176 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
3.2.- El 26 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación de Boyacá le informó al
accionante que ya había realizado el proceso de liquidación de cesantías de 2020 para
los docentes del régimen de anualidad del Departamento de Boyacá.
3.2.1.- Aclaró que el 4 de febrero de 2021, una vez terminado ese proceso, la Secretaría
envió una comunicación a Fiduprevisora S.A. y esa entidad informó que el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, el FOMAG) había
realizado la confrontación de los reportes de cesantías de 2020, los cuales serían
procesados y se incluirían como insumo para la liquidación y pago de intereses a las
cesantías. Sobre la sanción por pago inoportuno de los intereses a las cesantías, señaló
que era competencia del FOMAG y le trasladó esa solicitud1.
3.2.2.- Añadió que el 3 de febrero de 2021 la Secretaría remitió a la directora del Fondo
Prestaciones Sociales y Económicas de Fiduprevisora S.A. la liquidación de las
cesantías de 2020 del personal docente del Departamento de Boyacá2. El 5 de febrero
de 2021 la Dirección de Prestaciones Económicas del FOMAG informó que había
cargado exitosamente los archivos de cesantías de los docentes de 2020.
3.3.- El 6 de agosto de 2021 el FOMAG negó el reconocimiento de la sanción moratoria
por no haberse consignado las cesantías antes del 15 de febrero y el pago de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías al considerar que la
solicitud carecía de fundamento legal. Ello, por cuanto la Ley 91 de 1989, aplicable a los
docentes, no preveía las prerrogativas solicitadas.
3.4.- El 9 de noviembre de 2021 el FOMAG generó un extracto de cesantías e intereses
a las cesantías respecto de 2020, valor que fue cancelado el 31 de marzo de 2021.
3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de pago de
sanción por mora en el pago de cesantías. Solicitó condenar al FOMAG y al
Departamento de Boyacá al pago de la sanción por mora establecida en la Ley 50 de
1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero
1 Agregó que el docente puede evidenciar el valor reportado de cesantías por esa entidad territorial a Fiduprevisora
S.A. descargando el reporte de cesantías de 2020 a través de la página www.sedboyaca.gov.co, o también puede
acceder al consolidado de cesantías e intereses en la página del FOMAG, (https://www.fomag.gov.co/fomagzp),
donde se encuentra en detalle el consolidado de cesantías y valor girado por intereses.
2 También obra constancia de remisión de correo electrónico del 4 de febrero de 2021 a la directora del Fondo
Prestaciones Sociales y Económicas de Fiduprevisora S.A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
de 2021, fecha en que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo prestacional. De igual manera, pidió el reconocimiento de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º
de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.
3.6.- Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo
de Tunja negó las pretensiones de la demanda3. Citó la sentencia SU-098 de 2018, pero
sostuvo que el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes
vinculados al FOMAG. Precisó que para el 2020 el Ministerio de Educación Nacional
giró de forma global los aportes de cesantías al FOMAG, recursos que se encontraban
disponibles para cuando el actor solicitara el reconocimiento y pago de cesantías
parciales o definitivas ante la secretaría de educación correspondiente.
3.6.1.- En consecuencia, consideró que no era posible predicar que la Secretaría de
Educación de Boyacá incurrió en mora por no consignar las cesantías hasta el 14 de
febrero de cada año, pues el rol de la entidad territorial se limitaba a efectuar la
liquidación anual de las cesantías correspondientes a cada uno de los docentes
vinculados y remitir dicha información a la Fiduprevisora S.A., a quien correspondía
administrar los recursos del FOMAG, deber que cumplió a cabalidad al haber enviado la
liquidación y reporte de cesantías de la vigencia 2020 a dicha fiduciaria el 3 de febrero
de 2021.
3.6.2.- En cuanto a la indemnización por el no pago directo de los intereses a las
cesantías dentro del mes siguiente a su liquidación, consideró que la misma no era
aplicable al caso de la demandante porque los docentes oficiales tienen un régimen
especial en materia de liquidación de los intereses anuales causados por concepto de
cesantías, dispuesto en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y que resulta
más favorable en la liquidación de intereses a las cesantías.
3.7.- El demandante apeló la decisión por considerar que los docentes sí tienen derecho
a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.
3 Resolvió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las entidades demandadas. Consideró que al
FOMAG le asiste legitimación para actuar, en tanto es la entidad encargada de pagar el auxilio de cesantías a los
docentes, y a su vez reconocer y pagarles un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de
diciembre de cada año. En cuanto a la secretaría de educación, recordó que dada la delegación de la función
administrativa que le ha sido conferida respecto del reconocimiento de las prestaciones sociales, esta expidió los
actos administrativos acusados. Declaró no probada la excepción propuesta.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
Señaló que el régimen especial de cesantías de los docentes es discriminatorio en
relación con el régimen general, pues la liquidación a favor de los educadores resulta
inferior a lo devengado por otro servidor público distinto, de manera que era necesario
aplicar el principio de favorabilidad.
3.7.1.- Frente al argumento del juez según el cual los hechos de las sentencias de
unificación citadas no son iguales al presente asunto (pues allí no existió afiliación al
FOMAG o no se giraron los recursos del sistema general de participaciones), indicó que
sus pretensiones están basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional
sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al
FOMAG que tengan su régimen de cesantías anualizado, sumado a que la
indemnización contenida en la Ley 52 de 1975 hace parte integral del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3 del Decreto 1176 de 1991.
3.7.2.- Precisó que a los docentes con régimen de cesantías anualizadas les asiste el
derecho a que sean consignadas oportunamente en el FOMAG el 15 de febrero de cada
año. Agregó que ello no ocurrió en su caso desde hace 30 años, pero aclaró que solo
pretende el restablecimiento de las que no fueron consignadas en 2021 y que
corresponde a su trabajo en 2020. Insistió en que también tenía derecho a los intereses
a las cesantías. Citó algunas sentencias del Consejo de Estado que señalaron que es
procedente aplicar la Ley 50 de 1990 al personal docente oficial.
3.8.- Mediante sentencia del 27 de marzo de 2023, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de primera instancia porque no
era posible hacer extensiva la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al
demandante. Lo anterior, dado que dicha norma prevé la consignación en la <<cuenta
individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantías escogido por este>>,
mientras que el demandante se encuentra afiliado al FOMAG, como fondo común.
Precisó que la Ley 91 de 1989 no señaló un término para la consignación anual de
cesantías a favor de los docentes y responde al principio de unidad de caja.
3.8.1.- Aclaró que, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no es
procedente aplicar partes del sistema general (Ley 50 de 1990) al régimen especial (Ley
91 de 1989). Por esto, la liquidación de cesantías solo se somete a la norma especial
aplicable a los docentes vinculados al FOMAG. En consecuencia, no hay lugar a aplicar
el principio de favorabilidad porque no es procedente traer varios conceptos que
beneficien al docente con el fin de crear un régimen salarial y prestacional autónomo,
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Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
constituido por varios apartes normativos de varios regímenes prestacionales.
3.8.2.- En cuanto a la indemnización solicitada en los términos de la Ley 52 de 1975,
advirtió que esa norma se dirigía a los trabajadores particulares y en el presente caso
se trata de una docente de carácter territorial, de manera que no le resulta aplicable.
Además, la Ley 91 de 1989 no preveía indemnización alguna por el no pago oportuno
de los intereses de las cesantías a los docentes.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega tres defectos: (i) sustantivo, (ii) desconocimiento de reglas
jurisprudenciales y (iii) violación directa de la Constitución.
4.1.- En cuanto al (i) defecto sustantivo, sostiene que no se aplicaron en debida forma
las Leyes 52 de 1975, 91 de 1989, 50 de 1990, 344 de 1996 y 1955 de 2019. Insiste en
que, según la Ley 91 de 1989 (que creó el FOMAG y reguló el régimen prestacional de
los docentes oficiales), el Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador de
los docentes oficiales, debe pagar o consignar al FOMAG los recursos correspondientes
a, entre otros conceptos, las cesantías e intereses de estas.
4.1.1.- Esos recursos constituyen una de las fuentes de financiación de ese fondo y
deben consignarse en unas fechas previstas, de manera que se garantice la
disponibilidad de los mismos cuando el beneficiario solicite el pago de las cesantías
parciales o definitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la estabilidad
financiera del fondo y se aumenta el riesgo de que este incurra en una sanción moratoria
en los términos de la Ley 1071 de 2006 (que modificó la Ley 244 de 1995 y consagra
una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías que solicita el trabajador al
fondo en el cual está afiliado).
4.1.2.- Indica que la Ley 91 de 1989, que dispone el régimen especial de los docentes
oficiales, no es del todo excluyente con las reglas generales previstas para los demás
trabajadores públicos. En efecto, el artículo 15 de esa ley indica que las prestaciones
sociales de los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 se regirán
por lo previsto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 <<o que se
expidan en el futuro>>.
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4.1.3.- En ese sentido, las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 le serían aplicables al
accionante, pues fueron proferidas con posterioridad a la Ley 91 de 1989. La primera
consagra la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las mismas a cargo
del empleador y a favor del fondo al cual se afilió el empleado 4. Es esta sanción
moratoria la que exige el actor. Así, la Ley 344 de 1996 extendió la aplicación de la Ley
50 de 1990 a ciertos empleados públicos.
4.1.4.- También exige la aplicación de la Ley 52 de 1975, que regula la indemnización
por el pago tardío de los intereses de las cesantías. A juicio del actor, las Leyes 52 de
1975 y 90 de 1990 (según el mandato de la Ley 344 de 1996) les son aplicables a los
docentes oficiales regidos por la Ley 91 de 1989.
4.1.5.- Por otro lado, reprocha una indebida aplicación del artículo 57 de la Ley 1955 de
2019. Esa norma positivizó el principio de unidad de caja, bajo el cual se rige el FOMAG.
Contrario a lo establecido en la sentencia cuestionada, ese principio no es contradictorio
con la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues una cosa es el régimen de unidad de caja
y otro la procedencia de los recursos y la obligación de consignarlos en determinados
términos, so pena de una sanción. En otras palabras, en virtud de la Ley 50 de 1990, el
Ministerio de Educación Nacional debe consignar oportunamente las cesantías al
FOMAG y una vez pagadas, el fondo las administrará bajo el principio de unidad de caja;
luego, ambas normas no son excluyentes y se refieren a asuntos distintos.
4.2.- En cuanto al (ii) desconocimiento de las reglas jurisprudenciales, el actor afirma
que existe una postura uniforme y reiterada, tanto en la Corte Constitucional como en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, encaminada a aplicar la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales.
4.2.1.- Al respecto, cita las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020. La primera de estas sostuvo que, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley
50 de 1990 sí es aplicable a los docentes oficiales en lo que atañe a la sanción moratoria,
pues esta no fue prevista en el régimen especial. Así se garantiza el principio de
4 A efectos de mayor claridad, cabe diferenciar la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 de aquella regulada
por la Ley 244 de 1995 (modificada por la Ley 1071 de 2006). La primera aplica al empleador que no afilia al trabajador
a un fondo de cesantías o no paga las cesantías anuales antes del 15 de febrero de cada año; mientras que la
segunda aplica al fondo de cesantías que, previa solicitud del empleado público, no le paga a este las cesantías
parciales o definitivas en los términos de ley.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
favorabilidad y el derecho a la igualdad entre los empleados públicos. Las dos últimas
sentencias reiteran esa postura.
4.2.2.- Igualmente invoca veintiséis (26)5 sentencias proferidas por esta Corporación y
diez (10)6 providencias proferidas por distintos juzgados administrativos.
5 Expresamente invoca las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: sentencia del 24 de enero de
2019, radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, Sección Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra;
sentencia del 29 de julio de 2019, radicado No. 11001-0315-000-2018-03499-01, Sección Tercera Subsección C, C.P.
Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 2 de diciembre de 2019, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00173-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 10 de junio de 2019, radicado
No. 08001-23-33-000-2014-00208-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2020, radicado No. 08001-23-33-000-2013-00666-01, Sala Plena, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de octubre de 2020, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez;
sentencia del 12 de noviembre, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00132-01, Sección Segunda, Subsección A,
C.P. William Hernández Gómez; sentencia del 17 de junio de 2021, radicado No. 08001-23-31-000-2014-00815-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 17 de junio 2021, radicado No.
08001-23-33-000-2015-00331-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. César Palomino Cortés; sentencia del 4 de
noviembre de 2021, radicado No. 19001-23-33-000-2015-00445-02, Sección Segunda Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-01127-01, Sección
Segunda Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicado No. 40001-23-
40-000-2017-00134-01, Sección Segunda Subsección A; sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado No.
080001-23-40-000-2015-90008-01, Sección Segunda Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
11 de noviembre de 2021, radicado No. 080001-23-40-000-2014-90022-01, Sección Segunda Subsección A, C.P.
William Hernández Gómez; sentencia del 20 de enero de 2022, radicado No. 080001-23-33-000-2017-00931-01,
Sección Segunda Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado No.
080001-23-33-000-2015-00075-01, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez; sentencia del
28 de abril de 2022, radicado No. 76001-23-33-000-2013-00756-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter; sentencia del 9 de mayo de 2022, radicado No. 080001-23-40-000-2017-00795-01, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del 19 de mayo de 2022, radicado No.
47001-23-33-000-2019-00359-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth Ibarra; sentencia del 1º de
julio de 2022, radicado No. 47-001-23-33-000-2019-00376-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Liseth
Ibarra; sentencia del 22 de agosto de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00509-01, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; y sentencia del 22 de septiembre de 2022, radicado No. 08001-23-33-
000-2015-90124-01, Sección Segunda, Subsección B, C.P. César Palomino Cortés; entre otras.
6 Sentencia del 23 de junio de 2022, radicado No. 66001-33-33-001-2022-00020-00 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Pereira; sentencia del 9 de septiembre de 2022, radicado No. 70001-33-33-002-2022-00115-00
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo; sentencia del 21 de septiembre de 2022, radicado No.
05001-33-33-019-2022-00085-00 proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Medellín; sentencia del 27
de septiembre de 2022, radicado No. 76-001-33-33-002-2022-00095-00 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No. 76111-33-33-003-2022-00066-00
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga; sentencia del 28 de septiembre de 2022, radicado No.
680013333002202200065-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga; sentencia del 30
de septiembre de 2022, radicado No. 680013333009-2022-00109-00 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo
de Bucaramanga; sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado No. 27001-33-33-002-2022-00072-00 proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó; sentencia del 25 de octubre de 2022 radicado No. 27001-33-33-005-
2022-00122-00 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó; sentencia del 16 de noviembre de 2022
radicado No. 76147-33-33-002-2022-00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga; y la
sentencia del 19 de enero de 2023 radicado No. 11001-3342-051-2022-00098-00 proferida por el Juzgado Cincuenta
y Uno Administrativo de Bogotá.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
4.3.- Por último, alega una (iii) violación directa de la Constitución porque se
desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral y progresividad por no
aplicar las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990. Sostiene que la justificación de un régimen
especial es que este tenga mayores beneficios o al menos no sea menos favorable que
el régimen general, pues de lo contrario se configuraría un trato discriminatorio. Así, es
posible aplicar lo previsto en las referidas leyes, sin que ello conlleve una vulneración al
principio de inescindibilidad de la ley laboral.
4.4.- Precisa que no es necesario que se profiera una sentencia de unificación en la
materia, pues ya existe una postura reiterada, uniforme y pacífica en la Sección Segunda
de esta Corporación, lo cual genera una confianza legítima en las providencias judiciales
que deben proferir los jueces. Es decir, que desconocer la postura actual de la
jurisprudencia configura una violación a la seguridad jurídica. No desconoce la
posibilidad de apartarse del precedente, pero reitera que para ello es necesario
argumentar las razones de forma suficiente, lo cual no sucedió en este caso.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Boyacá (accionado) aduce que la decisión atacada no
incurrió en ningún defecto. En cuanto a los precedentes judiciales citados por el
accionante, sostiene que en la mayoría de ellos no se analizaron las diferentes posturas
de la Corte Constitucional con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990. En cuanto
a las demás sentencias referenciadas, considera que no contienen un precedente que
ordene aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.
5.1.- Sobre la sentencia de tutela No. 2018-03499 del 29 de julio de 2019, precisa que
la misma se profirió antes de la expedición de la sentencia SU-573 de 2019, que no es
mencionada por el accionante en el trámite ordinario ni en el de tutela, decisión en que
la Corte Constitucional sostuvo que el fallo SU-098 de 2018 no es aplicable a los
docentes vinculados al FOMAG. Sostiene que lo mismo sucede con la sentencia
proferida en el radicado No. 2009-00867 del 24 de enero de 2019, pues se emitió en
cumplimiento de la sentencia SU-098 de 2018, que no estudió el caso de los docentes
vinculados a FOMAG, como la misma Corte Constitucional afirmó en la sentencia SU-
573 de 2019.
5.2.- Con respecto a las sentencias con radicados No 2013-00756 del 28 de abril de
2022 y No. 2013-00666 del 6 de agosto de 2020, afirma que no comparten similitudes
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Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
fácticas con el caso concreto, pues la primera trata sobre un servidor público que no es
docente oficial y la segunda desarrolla la excepción de prescripción respecto al pago
tardío de las cesantías (diferente a la fecha de consignación).
6.- Fiduprevisora S.A. (tercero con interés), en calidad de vocera y administradora del
FOMAG, solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela y ser
desvinculada del proceso. Afirma que, en virtud del principio de unidad de caja, en el
FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que corresponden
a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y se trasladan al
fondo desde el primer mes de cada vigencia. Añade que anualmente se realiza la
actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están inmersos
en el FOMAG antes del 1º de febrero de cada vigencia.
6.1.- En consecuencia, alega que es imposible desde un punto de vista jurídico crear
cuentas individuales para cada uno de los afiliados, lo cual no puede ser ordenado por
una autoridad judicial. Señala que esa imposibilidad <<se extiende a la figura de la
“consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los docentes tienen la
posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con [la] ley>>. Por
lo anterior, no puede configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 para el caso del FOMAG, pues lo que penaliza esa ley es la
consignación inoportuna de las cesantías y, al estar prohibida la consignación de las
cesantías de los docentes del FOMAG, se descarta algún tipo de sanción.
6.2.- Señala que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es una
sentencia de unificación de jurisprudencia perteneciente a la tipología
<<interpretativas>>. Añade que los pronunciamientos del Consejo de Estado citados por
el accionante deciden casos particulares y concretos en donde <<las pretensiones no
han prosperado por estar prescritas>>7.
7 <<En su génesis, la sentencia SU-098 de 2018 tuvo su origen en la revisión que hizo la Corte Constitucional de una
sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que revocó la decisión que, en primera
instancia, había proferido la Sección Cuarta de la misma corporación. Es importante anotar, que el Ministerio de
Educación Nacional no hizo parte, en ninguna de las instancias, de la parte pasiva de las acciones constitucionales
revisadas por la Corte Constitucional, como tampoco fue integrada al trámite de la sentencia de unificación que se
está referenciando. La parte accionada estuvo conformada por el municipio de Santiago de Cali, quien no había
realizado la afiliación del docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las
cesantías en las que el docente no estuvo afiliado al fondo. La Corte Constitucional ordenó a la Sección Segunda,
Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el que se
tenga en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpretación conforme
a la Constitución, esto es, en torno al derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
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6.3.- Alega que, contrario a los precedentes citados por el accionante, en el caso
concreto no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el
retardo de la consignación de las cesantías. Por el contrario, el actor reclamó la
consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50
de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses.
7.- El Juzgado Tercero Administrativo de Tunja (tercero con interés) envió copia digital
del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
15001-33-33-003-2022-00025-00/01. Sostiene que la tutela está dirigida contra la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo cual no se
pronuncia de fondo sobre los argumentos de la tutela. Sin embargo, señala que los
argumentos allí planteados reiteran los expuestos en el recurso de apelación del proceso
ordinario. Añade que no existe un criterio unificado sobre la materia que discute el actor.
8.- El Departamento de Boyacá (tercero con interés) afirma que no hubo vulneración de
derechos fundamentales ni se acreditaron los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela. Agrega que dentro de sus competencias no se encuentra girar los recursos
para el pago de las cesantías de cada docente y que, en cualquier caso, al accionante
no le aplica la Ley 50 de 1990 ni la sentencia SU-098 de 2018, como concluyó
adecuadamente el tribunal accionado.
9.- El Ministerio de Educación Nacional (tercero con interés) aduce que la acción de
tutela no es procedente por no revestir de relevancia constitucional y que, en cualquier
caso, esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Solicita su
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
establecida en la Ley 50 de 1990. En cumplimiento de la anterior decisión, la Sección Segunda del Consejo de Estado
emitió sentencia del 24 de enero de 2019, en la cual dio cumplimiento a la Sentencia SU-098 de 2018 y en su lugar
condenó, a título de restablecimiento del derecho, a que el municipio de Santiago de Cali realizara el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo año”. Valga aclarar, que el origen
de la sanción moratoria devenía para este caso concreto del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación
del docente al FOMAG y, por ende, tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías>>.
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Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
II. CONSIDERACIONES
10.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario8. De cualquier manera, se advierte que la tutela no podía prosperar porque la
providencia objeto de reproche no incurrió en los defectos alegados por el accionante.
Los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues tanto el defecto sustantivo como
la violación directa de la Constitución se resuelven al estudiar las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso.
11.- La Corte Constitucional ha establecido que las reglas del precedente no son
absolutas y que las autoridades judiciales pueden apartarse de ellas, siempre que (i)
identifiquen el precedente del cual se apartan (carga de transparencia) y (ii) sustenten
suficientemente las razones para ello (carga de argumentación). Además, también ha
señalado que el precedente es vinculante siempre que sea uniforme y pacífico, pues de
lo contrario los jueces pueden adoptar una postura u otra, según las exigencias y
particularidades del caso9.
12.- En este caso, se considera que el tribunal accionado cumplió con las dos cargas
señaladas y que, además, no es cierto que exista una postura unificada en la materia.
Frente a lo primero, en la providencia atacada se identificó la sentencia SU-098 de 2018
(que fundamenta las otras sentencias invocadas por el actor, tanto de la Corte
Constitucional, como del Consejo de Estado) y se explicó en extenso su alcance en las
páginas 17 y 18 del fallo atacado. De igual manera, se citaron varias sentencias de esta
Corporación (anteriores a noviembre de 2019) que han adoptado la postura señalada
en esa sentencia de la Corte Constitucional10. Esto es, se referenciaron expresamente
las reglas jurisprudenciales de las cuales se apartó el tribunal.
8 El magistrado ponente advierte que considera que la presente acción debe estudiarse de fondo porque el accionante
alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido
proceso y seguridad social, y desarrolla los defectos que considera configurados en la decisión atacada: sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de
la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional.
9 Entre otras, ver la sentencia SU-354 de 2017.
10 <<Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04617-
01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04679-01, Sección Primera, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés>>.
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Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
12.1.- Luego, el tribunal desarrolló las razones para apartarse de ese precedente (carga
de argumentación). El tribunal precisó que no existe un criterio unificado en la materia y
que los precedentes citados por el actor se han proferido en asuntos en los que han
mediado supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarca la
situación jurídica del demandante.
12.2.- El Tribunal Administrativo de Boyacá añadió que tampoco podía aplicarse el
principio de favorabilidad, pues este opera en el evento que dos normas regulan una
misma situación fáctica, requisito que no se configura en el presente asunto. En efecto,
la Ley 50 de 1990 regula las situaciones en que un empleado público se encuentra
afiliado a un fondo privado de pensiones; en cambio, la Ley 91 de 1989 regula las
situaciones de los docentes oficiales afiliados al FOMAG. En ese sentido, como existe
norma para cada caso concreto, no hay lugar a realizar algún análisis de favorabilidad.
Además, la totalidad del régimen prestacional y salarial de los docentes consagrado en
la Ley 91 de 1989 resulta más provechoso que el régimen general o privado debido a
los beneficios en materia salarial con los que cuentan los docentes oficiales. Por lo tanto,
no es de recibo que para un tema particular como las cesantías se regule conforme la
Ley 50 de 1990 y el resto de las prerrogativas conforme la Ley 91 de 198911.
12.3.- Además, el tribunal accionado identificó la sentencia SU-573 de 2019, en la que
se conocieron varias acciones de tutela contra providencias fundadas en los mismos
supuestos que originaron este caso y en la que se concluyó que la sentencia SU-098 de
2018 no era un precedente aplicable porque partió de un supuesto distinto, en el que los
docentes ni siquiera estaban vinculados al FOMAG12.
12.4.- A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó que no existe
una postura jurisprudencial unificada y, en todo caso, existen motivos para apartarse del
precedente invocado por la parte actora. En ese sentido, esta Sala ya ha reconocido en
11 <<En ese orden de ideas, la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general (numeral 3º del artículo
99 de la Ley 50 de 1990) y aplicarla a un régimen especial de docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989),
sería crear un tercer régimen no previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley>>.
12 <<[…] se tiene que la SU-098 posee las siguientes diferencias que no la hacen aplicable, respecto al caso bajo
estudio: (i) En el presente asunto se analiza el caso de una docente actualmente vinculado con el Departamento, en
el caso del 2018 el docente había finalizado su vinculación legal y reglamentaria; (ii) aquí el docente fue afiliado al
FOMAG, en cambio en el proceso de la Corte el educador no estaba afiliado a tal fondo; (iii) en el asunto de la
referencia no se reclama el pago de las cesantías, solo la mora; pero en el proceso de tutela el docente reclamó y le
pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por consignación tardía, no obstante en el asunto de la Corte
se reclamó la sanción por no consignación. Razones estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no
sea aplicable al caso concreto>>.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02435-00
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Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
otras ocasiones la posibilidad de apartarse del precedente, siempre que se identifiquen
las sentencias y reglas que se dejarán de aplicar, y se expongan los motivos para ello13.
13.- Por último, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por Fiduprevisora
S.A. (en calidad de vocera y administradora del FOMAG) y el Ministerio de Educación
Nacional. La vinculación del FOMAG al presente asunto se origina en el interés que
pueda tener en las resultas del trámite de la acción, puesto que dicho sujeto de derechos
fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 15001-33-33-003-2022-00025-00/01, cuya sentencia de segunda instancia
es atacada por el actor en el presente proceso de tutela. En cuanto al Ministerio de
Educación Nacional, su vinculación al proceso se debe a que el FOMAG es una cuenta
especial adscrita a ese ministerio, de conformidad con la Ley 91 de 1989.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Fiduprevisora
S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y por el Ministerio de Educación Nacional.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
13Sentencia del 30 de agosto de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-04837-00, con ponencia de este
despacho.
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Accionante: Martín Giraldo Castillo
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
15
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