Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02444-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02444-00
Accionante: SEGUNDO SERAFÍN PARRA MEDINA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías docentes /
incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Segundo Serafín Parra Medina, quien actúa por intermedio de
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
de la expedición de la sentencia del 14 de abril de 2023 proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 15001-33-33-008-2022-00110-01.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02444-00
Accionante: Segundo Serafín Parra Medina
I. ANTECEDENTES
El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial
con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. El señor Segundo Serafín Parra Medina fue vinculado como
docente en el departamento de Boyacá después de 1990 hasta la fecha,
por lo que su régimen de cesantías era anualizado.
1.2. No obstante, el 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el
auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año
2020.
1.3. Por lo anterior, el 27 de julio de 2021 el accionante formuló
petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que
fue negada mediante Resolución n.° BOY2021ER032848 del 28 de
agosto de 2021.
1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho el accionante demandó el acto administrativo en mención,
proceso que por reparto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2022 resolvió negar las súplicas de la
demanda.
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Accionante: Segundo Serafín Parra Medina
1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 14 de abril de
2023, al considerar que no le es aplicable la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1993 a los docentes oficiales, porque se rigen por la
disposición normativa prevista en la Ley 91 de 1989 que no contempló
la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual
antes del 14 de febrero del año correspondiente.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado
que, no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, relacionada con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo
fondo.
Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente contenido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018
de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.
Además, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 26
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las
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súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por
mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 14/04/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220011001,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN
CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de
la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de
17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).
4. TRÁMITE PROCESAL
4.1. Mediante auto del 15 de mayo de 2023 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Boyacá como accionado, al FOMAG y al Ministerio de Educación
Nacional como tercero interesado en las resultas del proceso.
4.2. Posteriormente, el 22 de junio de 2023, la Subsección profirió
sentencia de primera instancia.
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4.3. Dicha decisión fue impugnada y el recurso concedido a través de
auto del 25 de julio de 2023, cuyo conocimiento correspondió a la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
4.4. La mencionada Subsección, mediante providencia del 22 de
agosto de 2023 declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la
admisión de la demanda, inclusive, por considerar indispensable
vincular, como tercero con interés, al departamento de Boyacá.
4.5. En cumplimiento de lo anterior, el magistrado sustanciador
profirió el auto del 6 de septiembre de 2023 mediante el cual admitió
nuevamente la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Boyacá como accionado y a la Nación - Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG y al departamento de Boyacá como terceros interesados en las
resultas del proceso.
5. INFORMES
5.1. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó ser desvinculada del presente
proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.
Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto
1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por
la Ley 50 de 1990 podían administrar en cuentas individuales los
recursos para el pago de las cesantías.
No obstante, indicó que el FOMAG era una entidad creada por la Ley 91
de 1989 bajo el principio de unidad de caja, por lo que la totalidad de
recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de
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un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las
cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y
trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.
Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en
la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las mismas en que se
fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones
del accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó la
afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías.
5.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del
ponente de la decisión cuestionada, sostuvo que no incurrió en defecto
sustantivo, en tanto no es dable aplicar lo previsto en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, porque los docentes son beneficiarios de un régimen
especial.
Señaló que tampoco desconoció el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado ni de la Corte Constitucional, pues, por el contrario,
aplicó las consideraciones previstas en la sentencia SU-573 de 2019.
5.3. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la
oficina jurídica de la entidad, solicitó ser desvinculada del presente
proceso, al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados en el escrito de tutela.
5.4. El departamento de Boyacá, mediante apoderado judicial,
solicitó desestimar las pretensiones, toda vez que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora en la demanda
de tutela.
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Al respecto, señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, porque tienen un régimen especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción.
Por otro lado, indicó que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional es un criterio que no resulta vinculante en el presente
asunto, porque no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se
debatió en el proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
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2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 14 de abril de
2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías del accionante, incurrió en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por
consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica.
Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
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claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 14 de abril de 2023 y la acción de tutela se presentó el 11 de
mayo de 2023.
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3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento
del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.
Por otra parte, es necesario señalar que, de conformidad con lo
anteriormente expuesto la Sala de Subsección estima pertinente
conocer de fondo, a pesar de que en providencias3 que guardaron
similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado se rechazó por
improcedente la solicitud de amparo.
3.2. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales5, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
3 Ver entre otras providencias: 11001-03-15-000-2023-00786-00 y 11001-03-15-000-2023-01044-00.
4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»6.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»7.
Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente8.
3.3. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma9. En ese sentido, el
precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho11.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”13.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
9 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808
de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente
judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
11 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no
1, p. 249-266.
12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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sean estos verticales u horizontales14, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial15.
3. El caso concreto
Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la providencia del 14 de abril
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías a la demandante, bajo las siguientes consideraciones:
« (…)
« 91. La Sala recuerda que la impugnación del actor se basó en que conforme la sentencia
SU-098 proferida por la Corte Constitucional, los docentes afiliados al FOMAG tienen
derecho a la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, pese a que la financiación
del derecho a las cesantías se realice por medio del Sistema General de Participaciones.
92. Así las cosas, del recuento normativo hecho en precedencia, se puede concluir que los
educadores al servicio de la docencia oficial son afiliados forzosos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual es una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, encargado de las prestaciones sociales de los docentes.
14 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan
pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
15 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Además, estos docentes se rigen por la Ley 91 de 1989, sin que ninguna disposición
normativa establezca expresa o tácitamente que se les deban hacer extensivo lo regulado
por la Ley 50 de 1990.
(…)
97. Sobre dicho aspecto, el Decreto 1582 de 1998 dispuso que la Ley 50 de 1990 se aplicaría
a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 1° de diciembre de 1996
afiliados a los fondos de privados de cesantías, situación distinta a los docentes oficiales, en
razón que estos se encuentran afiliados al fondo dependiente del Ministerio de Educación
Nacional (FOMAG).
98. En ese orden de ideas, la Sala considera que aplicar un fragmento de una norma general
(numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990) y aplicarla a un régimen especial de
docentes oficiales (artículo 15 de la Ley 91 de 1989), sería crear un tercer régimen no
previsto por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.
99. Lo anterior en razón que, si se acoge un principio de favorabilidad, al aplicar una norma
más beneficiosa, lo cierto es que la misma debe ser acatada en su integridad y no de manera
fraccionada13, por lo que, al observar la totalidad de régimen prestacional y salarial de los
docentes, consagrado en la Ley 91 de 1989, resulta más provechoso en conjunto, que el
régimen general o privado, ante los beneficios en materia salarial con los que cuentan los
docentes oficiales. Por lo tanto, no es de recibo que para un tema particular como las
cesantías se regulé conforme la Ley 50 de 1990 y el resto de las prerrogativas conforme
la Ley 91 de 1989.
100. De otro lado, el principio de favorabilidad aplica en el evento que dos normas regulen
una misma situación fáctica, requisito que no se configura en el presente asunto, pues la
Ley 50 de 1990 regula las situaciones en que un empleado público se encuentra afiliado a
un fondo privado de pensiones, en cambio la Ley 91 de 1989 regula las situaciones de los
docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
ese sentido, como existe norma para cada caso concreto, no hay lugar a realizar algún
análisis de favorabilidad.
(…)
103. Ahora, la Sala no acoge la tesis del recurrente, relativa en que la SU-098 de 2018
reconoció la sanción moratoria descrita en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el
personal docente; en razón que dicha sentencia no es aplicable al presente caso, por no
guardar identidad fáctica, especialmente porque en el caso aquí estudiado el demandante sí
está afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como lo
consideró la misma Corte en sentencia SU-573 de 2019.
104. Es decir, que la misma Corte Constitucional explicó que la SU-098 no es un criterio
para aplicar a los docentes pertenecientes al FOMAG, como es el presente caso, pues el
demandante Segundo Serafín Parra Medina se encuentra afiliado a dicho fondo especial, en
el cual no se expone consignación de las cesantías anualizadas en cuenta individual, al
referir que “esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al asunto sub
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examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de vulneración a
los derechos fundamentales de los tutelantes”.
105. Tal como lo refirió el Tribunal Constitucional, se tiene que la SU-098 posee las
siguientes diferencias que no la hacen aplicable, respecto al caso bajo estudio: (i) En el
presente asunto se analiza el caso de un docente actualmente vinculado con el
Departamento, en el caso del 2018 el docente había finalizado su vinculación legal y
reglamentaria; (ii) aquí el docente fue afiliado al FOMAG, en cambio en el proceso de la
Corte el educador no estaba afiliado a tal fondo; (iii) en el asunto de la referencia no se
reclama el pago de las cesantías, solo la mora; pero en el proceso de tutela el docente
reclamó y le pagaron el derecho; y (iv) aquí se reclama la sanción por consignación tardía,
no obstante en el asunto de la Corte se reclamó la sanción por no consignación. Razones
estas que hacen que la sentencia referida por el recurrente no sea aplicable al caso concreto.
106. Contrario a ello, es decir a aplicar la Ley 50 de 1990, los docentes vinculados al
FOMAG se rigen por lo dispuesto por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, que a través del Acuerdo No. 39 de 2018 “Por el cual
se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de intereses de las cesantías de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, previó
en su artículo primero, lo siguiente:
(…)
109. Por último, respecto a las sentencias mencionadas en el recurso de apelación, se debe
señalar: i) que no existe ningún criterio de unificación respecto a la aplicación de la Ley 50
de 1990 a docentes vinculados al FOMAG, y ii) de forma particular se tiene:
(...)
110. Conforme al cuadro anterior, la Sala concluye que no existe precedente emitido por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique los presupuestos de la Ley 50 de
1990 relacionados a la consignación de cesantías a favor de los docentes vinculados al
FOMAG. Si bien existe un pronunciamiento de 19 de enero de 2023 emitido por el órgano
de cierre de esta jurisdicción accediendo a pretensiones similares a las aquí analizadas, lo
cierto es que, dicha decisión no configura un precedente de obligatorio cumplimiento, en
razón que no se hace un estudio respecto de las sentencias de unificación 573 de 2019 y 041
de 2020.
(…)
114. Sin ahondar en un mayor análisis al realizado en primera instancia, considera la Sala
que le asiste razón a la juez, en la medida que la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías prevista en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 cuyo reconocimiento
pretende la parte actora, no está llamada a prosperar, toda vez que la citada norma es
aplicable a los trabajadores particulares, calidad que no goza el demandante, el cual es
docente del orden territorial.
116. Ahora bien, del extracto de cesantías aportado en la demanda se observa que al
demandante le fueron consignados el 27 de marzo de 2021, mientras que el pago fue
efectuado el 31 de marzo de la misma anualidad lo cual evidencia que se realizaron dentro
de las fechas dispuestas para tal fin en el Acuerdo 39 de 1998, y así mismo, la fecha de pago
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demuestra que la información del docente fue remitida el 5 de febrero de 2021, por lo que
el reconocimiento de los intereses se efectuó en el mes siguiente como lo señala el
respectivo Acuerdo.
117. De otra parte, debe resaltarse que en la sentencia SU-098 de 2018 no se observa que la
aplicabilidad de la Ley 52 de 1975, en el caso de los docentes, hubiera sido analizada, no
obstante, en dicha providencia la Corte Constitucional estimó que ante la falta de regulación
en la norma especial procedía aplicar el régimen general, cuestión que no tiene lugar,
comoquiera que en el caso del FONPREMAG existe normativa especial respecto del
reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías.
118. En esa medida, la indemnización solicitada no es compatible con la normatividad
aplicable a los docentes, en razón que el régimen especial docente dispuesto por la Ley 91
de 1989 y Acuerdo No. 39 de 1998, se itera, prevén la forma como debe liquidarse el interés
de las cesantías y la fecha en que se debe realizar el desembolso, sin que prevea
indemnización alguna en los términos solicitados por el demandante.»
Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al desatar el asunto bajo examen, realizó un estudio detallado
de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo que lo llevó a
concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2018 no
era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, en dicha
providencia la Corte Constitucional se refirió a unos docentes que no
fueron afiliados al FOMAG, y no al reconocimiento de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En esa medida, concluyó que la sanción solicitada no era compatible
con la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989 prevé la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
el desembolso, sin que contemple sanción alguna.
Lo anteriormente expuesto permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
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a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas
al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tienen un
régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; asimismo, que no
era dable seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018,
por cuanto allí la Corte Constitucional se refirió sobre varios asuntos de
presupuestos fácticos diferentes, entre ellos, el hecho de que los
docentes allí demandantes no fueron afiliados al FOMAG, situación que
difiere del hoy accionante, que sí se encuentra vinculada a dicho fondo.
En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU-573 de 2019, en la que
precisó:
«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela16, pues la intervención del juez constitucional se
justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 17,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”18. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de
afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.
16
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y controvertir pruebas,
(iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv) el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas procesales o, en otros términos,
el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un
proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales
que se aparten de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven
anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
17
Sentencia T-685 de 2003.
18
Ibid.
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59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.
60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”19, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de
la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:
Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU-336 Sentencia T-008
Consejo de de 2017 de 2015
Estado20
Tipo de Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria
sanción por la no por el pago tardío por el pago tardío por la omisión
moratoria consignación de de sus cesantías de sus cesantías injustificada en
solicitada cesantías en el definitivas. definitivas. la afiliación al
fondo FOMAG.
correspondiente.
Fundamento Artículos 99, 102 y Leyes 244 de 1995 y Leyes 244 de 1995 y Decretos 3752 de
jurídico el 104 de la Ley 50 de 1071 de 2006. 1071 de 2006. 2003 y Decreto
reconocimiento 1990 y la Ley 344 1582 de 1998, por
de la sanción de 1996, el cual se
reglamentada por reglamentan
el Decreto 1582 de parcialmente los
1998. artículos 13 de la
Ley 344 de 1996 y
5 de la Ley 432 de
1998.
(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
Sentencia SU-053 de 2015.
19
20
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
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aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”21. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes22 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga23-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.
67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199824, pero no
cancelada.
68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201825, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”26. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”27, como pasa a explicarse.
Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón docente
Vinculación Docente en provisionalidad.
de carrera con nombramiento en propiedad.
El vínculo del docente terminó, dado que Actualmente, los docentes se encuentran
se acogió a lo dispuesto en el Decreto 1278 vinculados con el Departamento del
Vigencia del vínculo
de 2002. Por tal razón, la Secretaría de Atlántico y su vínculo laboral se ha
laboral
Educación de este municipio expidió la mantenido vigente sin solución de
Resolución N° 4143.3.21.5447 del 22 de continuidad28.
21
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
22
Ibid.
23
Sentencia T-425 de 2019.
24
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
25
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
26
Sentencia SU-098 de 2018.
27
Sentencia SU-354 de 2017.
28
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.
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octubre de 2007, por la cual reconoció el
pago de las prestaciones sociales
definitivas e informó que el pago se
realizaría en el respectivo Fondo de
Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Los docentes sí fueron afiliados al
Afiliación al FOMAG
Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo, por FOMAG.
un error interno.
Una vez culminó su relación laboral con el
Los docentes no reclamaron el pago
Municipio de Santiago de Cali, al docente
efectivo de las cesantías de los años 2001,
le reconocieron el pago de las
Reclamación efectiva de 2002 y 2003. No obstante, sí solicitaron el
prestaciones sociales, entre estas, las
pago de las cesantías pago de la sanción moratoria por no
cesantías.
consignación de las cesantías por dicho
periodo.
El docente solicitó el reconocimiento,
liquidación y pago de la sanción moratoria Los docentes solicitaron el reconocimiento
Tipo de sanción
por la no consignación de las cesantías, y pago de la sanción moratoria por la no
moratoria reclamada
los intereses a las cesantías ni los consignación oportuna de las cesantías.
rendimientos.
69.- Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-
332 de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales. En dicha
sentencia señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías”29,
prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Con todo, esta
decisión no tiene efectos vinculantes frente al asunto decidido en esta oportunidad, por
cuanto: (i) esta providencia de unificación es posterior a las decisiones judiciales
cuestionadas por los accionantes30 y (ii) no existe identidad fáctica ni jurídica con el asunto
sub iudice, toda vez que los accionantes reclaman el pago de la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990».
Es claro, entonces, que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación
de una norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno pues, como quedó visto, no ha sido expedida una
sentencia de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación
tardía de las cesantías a los docentes que se encuentran en la misma
29
Sentencia SU-332 de 2019.
30
Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018
(expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto de 2018
(expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019 fueron proferidas
por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019, respectivamente.
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situación fáctica de la accionante y, en ese sentido, el Tribunal resolvió
el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación
suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial.
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
Por lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá negar el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor
Segundo Serafín Parra Medina en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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