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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02474-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Fernando Reyes Beltrán. 4 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017. En esta provincia se indicó: “Ahora bien, este Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido. En efecto, la sentencia C-510 de 2004 indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta... Así, el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.” 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Fernando Reyes Beltrán Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-02474-00 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02474-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

29 de junio de 2023

Demandante: Fernando Reyes Beltrán
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02474-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-02474-00
Demandante: FERNANDO REYES BELTRÁN
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Convocatoria 27 de 2018 de la Rama
Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

En atención a que la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate
resultó improbada en la sesión del 8 de junio de 2023, procede la Sala a decidir
la solicitud formulada por el señor Fernando Reyes Beltrán en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 11 de mayo de 2023 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Fernando
Reyes Beltrán, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la defensa, a la
confianza legítima y al acceso a cargos públicos.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la Resolución CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023, pues en su criterio no se resolvieron de fondo las
objeciones que expuso en el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Fernando Reyes Beltrán
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
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correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

PRIMERO: Se me conceda la protección al Derecho Fundamental del
Debido Proceso administrativo, derecho de defensa, confianza legítima y
acceso a cargos públicos.

SEGUNDO: Proceda a estudiar cada una de los argumentos señalados en
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0351
proferida el 1o de septiembre del año 2022, decidida el 16 de enero del año
2023 mediante Resolución CJR23-0025, y publicada el 17 de enero de esta
Data para que en esta se pronuncie en forma específica, completa, clara,
congruente y de fondo a las objeciones planteadas en el recurso
interpuesto por el suscrito, en consecuencia, se modifiquen las
correspondientes resoluciones. 1

2. Hechos

El accionante expuso los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente
asunto.

Mencionó que por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección y
convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial.

Señaló que se inscribió para el cargo de “Juez Civil Municipal – Juez de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple – Juez Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias – Código 270021” y mediante la Resolución CSR22-0351 de 1.º
de septiembre de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos realizada el 24 de julio de ese mismo año, en la cual
obtuvo un puntaje no aprobatorio de 726,72.

Narró que presentó recurso de reposición contra el anterior acto, el cual fue
complementado mediante escrito del 15 de noviembre de 2022, en los que
manifestó su desacuerdo con la calificación otorgada a las preguntas 3, 7, 9, 22,
28, 32, 53, 70, 82, 84, 90, 91 y 107.

Indicó que el 16 de enero de 2023 la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-
0025, por medio de la cual resolvió no reponer la decisión controvertida.

1
Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
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3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia
vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que en la Resolución CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023 no fueron resueltas de fondo las peticiones que
expresó en el recurso de reposición.

Al respecto, sostuvo que en ese documento se dio una única respuesta en
forma general a todos los recurrentes, sin resolver de fondo y de forma
individual su recurso.

Señaló que esta situación fue puesta de presente por la directora de la Unidad
de Carrera mediante Oficio CJO23-332 del 31 de enero de 2023, dirigido al
profesor Eduardo Aguirre Dávila en su condición de director de proyecto del
Contrato 096 CSJ-UN, en el que le solicitó mayor diligencia y cuidado, así como
la respuesta completa, correcta y confiable a los interrogantes realizados por los
recurrentes.

Consideró que esa no era la forma de resolver un recurso de reposición y que, a
pesar de tratarse de un acto administrativo, la acción de tutela es procedente
para lograr una eficaz y pronta protección de sus garantías.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 15 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, se dispuso la publicación del
auto admisorio, así como del escrito de tutela y sus anexos, en la página web
del Consejo de Estado y se negó la solicitud de medida cautelar presentada por
el accionante.

Posteriormente, mediante auto del 8 de mayo de 2023, se dispuso la remisión
del expediente a quien ahora funge como ponente, debido a que la ponencia
presentada por la magistrada Rocío Araújo Oñate no alcanzó la mayoría
necesaria para su aprobación.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dio la siguiente intervención:

5.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial

La directora de la dependencia en cuestión se opuso al amparo solicitado, bajo
el argumento de que los reparos realizados a las preguntas 3, 7, 9, 22, 28, 32,
53, 70, 82, 84, 90, 91 y 107 fueron atendidos en los puntos 7, 9, 13, 17, 18 y 35

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de la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, con base en la
información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia.

Resaltó que no vulneró los derechos invocados pues dio respuesta clara,
completa y de fondo al recurso de reposición y, además, no se observó
inconsistencia alguna en el proceso de calificación de la prueba de la
accionante, lo que dio lugar a que se confirmara el resultado obtenido por ella en
la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022.

5.2. Universidad Nacional de Colombia

Se pronunció por intermedio del director del Proyecto Contrato 096 de 2018,
quien solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Explicó que esa institución educativa brindó respuesta completa y de fondo a lo
solicitado por el accionante a través de la Resolución CJR23-0025 de 16 de
enero de 2023, toda vez que abordó las objeciones planteadas en el recurso de
reposición.

Afirmó que en dicho acto administrativo se evidencia la justificación dada por la
Universidad Nacional de Colombia sobre la pertinencia de las preguntas frente a
las opciones de respuestas correctas e incorrectas, el proceso de elaboración
de las pruebas, las aptitudes de sus constructores, así como el proceso de
control de calidad que ha cumplido con los requerimientos de la actuación
administrativa, basado en los principios de legalidad, igualdad y transparencia.

Recalcó que en el Anexo 2 de dicho documento se plasmaron las claves de
respuesta correctas y la correspondiente explicación de cada opción, como
resultado de las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e
imparcialidad previamente determinados.

Finalmente, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
cuestionar actos administrativos y tampoco procede como mecanismo
excepcional porque no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura -

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Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia vulneraron los derechos fundamentales del accionante, al expedir la
Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, presuntamente sin resolver de
fondo los reparos expuestos contra el acto que publicó los resultados del
examen realizado dentro de la Convocatoria 27 de 2018 de la Rama Judicial.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19912, entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar
la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y las
circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.

4. Caso concreto

Según se tiene, la controversia planteada por el señor Reyes Beltrán gira en
torno a la respuesta brindada en la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de
2023 a los cuestionamientos que expuso contra la Resolución CSR22-0351 de
1.° de septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no
analizaron a profundidad las objeciones que presentó respecto de las preguntas
3, 7, 9, 22, 28, 32, 53, 70, 82, 84, 90, 91 y 107 y sus respuestas.

Bajo este contexto, la Sala advierte que si bien el actor aludió como vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la defensa, a la
confianza legítima y al acceso a cargos públicos, en realidad el debate

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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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propuesto en la acción constitucional está dirigido a obtener la protección del
derecho fundamental de petición.

Quiere esto decir que en el caso que nos ocupa la tutela cumple el requisito de
subsidiariedad, pues más allá de debatirse la legalidad de la Resolución CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023, el tutelante echó de menos un pronunciamiento
de fondo y congruente a las inquietudes contra ciertas preguntas del examen.

Visto así el asunto, resulta importante precisar que el derecho fundamental de
petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta
respuesta, según lo previsto en el artículo 23 de la Constitución.

Cabe resaltar, que la autoridad requerida no está obligada a acceder a las
pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la
solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y
jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se
concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada, cuya materialización resulta independiente del carácter
favorable o desfavorable de la misma.

En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro
de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de
manera eficaz para su debida materialización.

En este caso, a juicio del accionante no se ofreció una contestación de fondo a
los planteamientos de su recurso de reposición frente a la calificación que
obtuvo en el examen realizado en la Convocatoria 27 de 2018.

Específicamente, el señor Reyes Beltrán planteó que no se resolvieron de forma
individual y específica los reparos que presentó frente a las preguntas 3, 7, 9,
22, 28, 32, 53, 70, 82, 84, 90, 91 y 107, ya que se emitió una decisión general
para todos los recurrentes.

Para resolver, resulta necesario comparar los reparos presentados por el
accionante con el pronunciamiento efectuado en la Resolución CJR23-0025 de
16 de enero de 2023 y el anexo 2 de dicho documento:

Contestación dada en la Resolución
Objeciones y solicitudes presentadas
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y en el
en el recurso de reposición3
Anexo 2 “respuesta objeciones”

2.1. Pregunta No. 3., respecto a la oveja Dolly, 35. Objeciones a preguntas de aptitudes y

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Trascripción literal del original con posibles errores.
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del texto se infiere que si hubiese clonada a conocimientos generales y específicas.
Dolly a partir de una oveja:
A continuación, se relacionará en “Anexo 2” una a
Señala como clave verdadera la “C. más joven una las preguntas que fueron objetadas por los
que la usada realmente, el tiempo de vida Dolly recurrentes, indicando su pertinencia, la
hubiera aumentado y su estado de salud habría justificación de la clave asignada, así como la
decaído tardíamente.”. razón de las opciones de respuesta no válidas, las
cuales son el producto de la estructura y
Considero que existe otra respuesta válida, y elaboración de las preguntas y se presentan
es la “B. con mayor edad a la usada conforme a lo sustentado por la Universidad
originalmente, Dolly hubiera lucido tan vieja Nacional de Colombia en su calidad de operador
como esa otra oveja aun teniendo menor edad técnico y constructor de la prueba.
biológica a nivel genético.”.
(Información contenida en el Anexo 2)
Lo anterior tiene como fundamento el simple Pregunta No. 3
hecho, que se espera que la oveja clonada (…)
tenga la misma edad biológica y enfermedades La opción B no resuelve de manera adecuada el
de la oveja original. enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque al usar una oveja más vieja que la usada
originalmente, Dolly hubiera lucido joven porque
como se afirma en el texto, “se observa que Dolly
tenía todas las características de una oveja joven”.
Además, Dolly no podía tener menor edad
biológica, sino la misma porque se afirma que los 6
años se observaban en su edad biológica a nivel
genético, es decir, la misma edad de la oveja
original.
La opción C es la respuesta correcta porque se
indica que cuando Dolly nació ya tenía seis años
de edad biológica a nivel genético, que era la
misma edad que tenía la oveja de la que Dolly fue
clonada. De ahí que, al usar una oveja más joven,
Dolly hubiera podido vivir más tiempo. Con
respecto a la salud, el texto afirma que Dolly
empezó a sufrir enfermedades relacionadas con el
envejecimiento a los 5 años, es decir a los 11 años
a nivel genético (la oveja de la cual se clonó tenía
6 años más los 5 años que tenía Dolly cuando
empezó a presentar enfermedades). Por lo tanto,
al usar una oveja más joven, la salud de Dolly
hubiera decaído más tarde, al envejecer.
2.2. La pregunta No. 7. Que señala el no Pregunta No. 7
respeto por el pensamiento de otro. Señala la La opción A es la respuesta correcta porque la
Universidad como clave correcta la “A. Pone en principal barrera que plantea el autor para lograr el
duda sus concepciones sobre la realidad.”. respeto de los demás pensamientos es asumir que
se tiene la verdad
Considero que existe otra respuesta más válida absoluta. Partir del reconocimiento de la
que corresponde a la “B. entiende que los posibilidad de estar equivocado es un primer paso
demás pueden pensar distinto.” necesario para lograr el respeto hacia el
pensamiento ajeno.
Lo anterior tiene como fundamento el respeto a La opción B no resuelve de manera adecuada el
la libertad de pensamiento, donde se debe enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
respetar el pensamiento distinto de las porque aunque se pueda comprender que las
personas, y parte de la base de aceptar que no demás personas piensen distinto, se puede seguir
todos pensamos igual, y no quiere con ello pensando que lo que uno piensa es la verdad
decir que está poniendo en sus concepciones absoluta. La principal barrera que plantea el autor
sobre la realidad. para lograr el respeto de los demás pensamientos
es asumir que se tiene la verdad absoluta.
(…)
3.1. Pregunta No. 9. ¿Respecto a qué hace Pregunta No. 9
que una determinada moneda se acepte en La opción A no resuelve de manera adecuada el
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forma generalizada como medio de pago y enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
depósito de valor? porque el respaldo institucional se cita como uno
de los factores que garantizan la validez de una
En esta pregunta no hay claridad en su moneda como medio de pago. Este se presenta en
formulación, pues todas las respuestas formula forma de respaldo estatal.
condiciones a favor, los ítems son arbitrarios, el La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado persigue elegir la que no es una enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
condición para aceptar la moneda como forma porque de acuerdo con el texto, "La clave parece
de pago, y genera ambigüedades para su estar, en definitiva, en la confianza generalizada
respuesta, presentan una condición carente de que aporta un emisor de rigor y calidad
argumentos, por tanto, solicito se excluya de mi consensuados", por lo que el consenso entre los
calificación. miembros de la sociedad es importante para que
una moneda tenga validez como medio de pago
en las transacciones cotidianas. La opción C es la respuesta correcta porque en el
texto, es la confianza en el medio de pago la que
surge a partir del criterio básico de mensurabilidad. Sin embargo, lo contrario no es cierto: la
mensurabilidad no depende de la confianza en el
medio de pago. La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque según el texto, una percepción extendida
sobre el valor de un objeto (como el oro) es
necesaria para que dicho objeto se pueda usar
como medio de pago. 2.3. Pregunta No. 22. Investigación Pregunta No. 22
arqueológica para determinar restos La opción A no resuelve de manera adecuada el
encontrados de grupo nómada o sedentario: enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque se debe cumplir con uno de los dos
Clave correcta según la universidad “D. Tanto requisitos para ingresar a la fiesta: “llevar algún
la argumentación del arqueólogo P y q es antifaz o disfraz alusivo al tema”, y hay un
incorrecta”. integrante que tiene antifaz, por tanto, no está
disfrazado. La respuesta correcta es la “A. La (…)
argumentación del arqueólogo P es correcta y La opción D es la respuesta correcta porque se
la del arqueólogo Q incorrecta.”. garantiza que, por lo menos, hay un participante
con un antifaz. El encargado afirma que
Lo anterior tiene como justificación porque la “cualquiera en la fiesta tendrá disfraz”, pero la
pregunta misma determina las características contra recíproca es falsa: existe alguien que
para grupo de sus elementos, que conllevan a ingresó a la fiesta pero no tenía disfraz, solo tenía
determinar la argumentación correcta. antifaz. 1.1. Pregunta No. 28. El gerente de un Pregunta No. 28
proyecto afirmó que si aumentaba el La opción A es la respuesta correcta porque si se
presupuesto del mismo contrataba más considera como verdadera la afirmación “si se
trabajadores, y si contrataba más trabajadores, aumenta el presupuesto del proyecto, se puede
entonces disminuía la tasa de desempleo, pero contratar más personas”, pero se niega que se
no contrataron más trabajadores, conclusión; contraten más personas, entonces se puede
Según la universidad concluir que no se aumenta el presupuesto en
virtud de la relación propuesta. Sin embargo, si se
“A) No aumento el presupuesto, pero podría niega que se contratan más personas, no se
disminuir la tasa de desempleo” La cual puede concluir que la tasa de desempleo no vaya
consideró incorrecta, siendo la respuesta a disminuir. Esta disminución puede darse por
verdadera la “C. No aumento el presupuesto y factores ajenos a la contratación
no disminuyó la tasa de desempleo”. en el proyecto.

Por tanto, si no se contratan más
personas, se puede afirmar que no se aumenta el
Lo anterior tiene fundamento en el Modus presupuesto, pero podría disminuir la tasa de
tollendo tollens, el modo que al negar niega, desempleo.
esto es, si P implica Q, y si Q no es verdad., (…)
entonces P no puede ser verdad, el aumento La opción C no resuelve de manera adecuada el
de presupuesto para adquirir más trabajadores enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
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que disminuiría el desempleo, no aumentado el porque si bien es cierto que solo se puede concluir
presupuesto no disminuyó el desempleo. que no se aumenta el presupuesto al no contratar
más personas, la segunda afirmación es falsa. Es
suficiente con que se contraten más personas para
que la tasa de desempleo disminuya. Sin
embargo, aún si no se contratan más personas, la
tasa de desempleo puede mantenerse constante. 3.2. Pregunta No. 32. Refiere bajar más de 5kg Pregunta No. 32
en dos meses, al presentarse errores en la La opción A es la respuesta correcta porque “para
misma, al señalar que “Una persona suprimió bajar más de 5 kg en dos meses se debe suprimir
azucares y disminuyó cuatro (8) kg., es en la dieta diaria solo una de las cuatro
contraproducente y genera confusión, no viable condiciones” y los sujetos que suprimieron solo
dentro de la taxonomía de la pregunta, por una condición, únicamente bajaron 5 kg, por tanto,
tanto, solicito se excluya en mi calificación. los sujetos no bajaron más de los 5 kg. La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque aunque el sujeto que suprimió una sola
condición haya bajado más de los 5 kg no cumplió
con el tiempo planteado en el estudio, por tanto,
no se pueden garantizar los efectos que pudo
tener el otro mes en el peso del sujeto. La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque así los sujetos hayan bajado más de los 5
kg, no están cumpliendo con uno de los
requerimientos de la investigación, que es suprimir
sólo una condición. La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque todos los que suprimieron solo una
condición bajaron únicamente 5 kg y los
nutricionistas afirman que: “para bajar más de 5 kg
en dos meses se debe suprimir en la dieta diaria
solo una de las cuatro condiciones”; por tanto, no
bajaron más de los 5 kg. 2.4. Pregunta No. 53. Las normas que Pregunta No. 53
condicionan las demás normas, tienen Esta pregunta es pertinente porque para cualquier
contenido abstracto como abierto, que se operador jurídico y, en especial, para los jueces y
formulan como cláusulas generales magistrados, es fundamental conocer los
determinando criterios interpretativos del resto diferentes tipos de normas que integran un
del ordenamiento, se denominan: “D. Valores”. sistema jurídico con el objeto de poder
Señala como válida esta pregunta la interpretarlas y aplicarlas. Universidad Nacional. La opción A no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
No obstante, teniendo en cuenta lo señalado porque las directrices ordenan o permiten que se
por la Corte Constitucional en Sentencia C- alcance un estado de cosas o fin general en la
1287/01, que “La doctrina coincide en mayor medida de lo posible.
considerar que las normas que reconocen La opción B no resuelve de manera adecuada el
valores son de naturaleza abstracta e enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
inconcreta; para algunos son normas que porque las reglas son normas que tienen un
orientan la producción e interpretación de las supuesto de hecho formulado de forma cerrada y
demás normas, y que en tal condición fijan ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es
criterios de contenido para otras normas; para decir, cuando se cumplen determinadas
otros, las normas que reconocen valores al condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo
igual que las que consagran principios, definitivamente.
determinan el contenido de otras normas, y La opción C no resuelve de manera adecuada el
aquéllas sólo se diferencian de éstas por su enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
menor eficacia directa, aplicándose porque los principios también son normas que
estrictamente en el momento de la condicionan las demás normas, pero con mayor
interpretación.

Lo cierto es que en todas las grado de concreción y, por lo tanto, de
anteriores formulaciones subyace la idea de aplicabilidad concreta, alcanzando por sí mismos
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que las normas que reconocen valores proyección normativa.
condicionan las demás normas, y tienen un La opción D es la respuesta correcta porque tanto
contenido abstracto y abierto, es decir, están la doctrina como la jurisprudencia constitucional
formuladas como cláusulas generales que han definido los valores de la forma expuesta en el
determinan criterios interpretativos del resto del enunciado.
ordenamiento.” También sería válida la
respuesta “C. principios”. 2.5. Pregunta No. 70. Audiencia por Pregunta No. 70
videoconferencia art. 372 CGP., abogado y Esta pregunta es pertinente porque el contexto
demandante presentan problemas de planteado es de frecuente ocurrencia en el
conectividad, el funcionario judicial debe: desarrollo del régimen ordinario de las audiencias,
“A. Continuar la audiencia con los medios frente a lo cual el administrador de justicia debe
tecnológicos disponibles a fin de evacuar los tomar una decisión con fundamento jurídico.
aspectos procesales”. Pregunta que tiene como La opción A es la respuesta correcta porque
válida la universidad. dentro del régimen ordinario de la tramitación de
Mas, sin embargo, considero que la respuesta los procesos civiles, distinta al régimen temporal
es la “D. suspender y fijar nueva fecha para en época de pandemia, en las Actuaciones
evacuar aspectos procesales”. Judiciales deberá procurarse el uso de las
De conformidad con lo dispuesto en Sentencia tecnologías de la información y las
STC7284-2020. Radicado No. 25000-22-13- comunicaciones en la gestión y trámite de los
2020-0020, la Corte Suprema de justicia señaló procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar
que aquellos casos de la falta de acceso y el acceso a la justicia, este último derecho
conocimiento de los medios tecnológicos, constitucional.
puede ser causal de interrupción del proceso. (…)
Tan sentido, la falta de acceso por falta de La opción D no resuelve de manera adecuada el
conectividad se deber suspender la audiencia enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
(suspender el proceso) y fija nueva fecha para porque esta decisión en el régimen ordinario en
continuar con la respectiva audiencia. trámite de los procesos civiles, afecta el principio
de economía procesal, la celeridad de
Administración de la justicia, entre otros principios
del Derecho Procesal, desconociendo que existen
otros medios de comunicación. 1.2. Pregunta No. 82. Psicólogo se le solicita Pregunta No. 82
información desde una entidad pública en Esta pregunta es pertinente porque es importante
relación con uno de sus clientes, para utilizar que los aspirantes a jueces y magistrados estén
anónimamente en la ilustración de un caso de familiarizados con las implicaciones del mandato
acoso laboral. Aquél profesional la niega por el constitucional que establece en su artículo 74 que
secreto profesional, desde la constitución dicho “el secreto profesional es inviolable”; durante el
secreto profesional se encuentra estructurada: ejercicio profesional de los aspirantes como jueces
“C. la relación personal.”. Señala esta de tutela (jueces constitucionales), deberán tener
respuesta como verdadera por parte de la este insumo claro. Universidad Nacional. (…)
No obstante, la Corte Constitucional ha La opción B no resuelve de manera adecuada el
señalado que el secreto profesional es un enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
derecho, de verse compelido a revelar lo que porque Para que se active el secreto profesional
conoce perderá la confianza de su cliente, su que se establece entre el psicólogo y su cliente no
prestigio y su fuente de sustento. También es relevante la información que se pretende
relación con el derecho a la intimidad (art. 15 obligar a divulgar, sino la defensa de la relación
CP). Cuando se hace referencia al secreto personalísima que se establece entre el
profesional se funda en el carácter de la profesional y su cliente.

El profesional está
información, pues así se desprende de las obligado, por ende, a proteger toda la información
sentencias C-301/12 y T-073.A/1996. que le sea confiada, sin que le sea dable
Por lo anterior, la respuesta correcta es la “B. el establecer diferenciaciones “El secreto profesional
carácter de la información.”. nace de una relación de confianza que surge entre
el profesional y su cliente a propósito de los
asuntos objeto de su relación: En el secreto
profesional descansa parte muy importante de la
confianza que debe surgir y permanecer entre el
profesional y su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación. Mal se podría asegurar el
éxito de la gestión confiada a aquél si los temores
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de quien requiere sus servicios le impiden conocer
en su integridad los pormenores de la situación en
que se ocupa... El secreto profesional tiene como
fundamentos esenciales la tutela de la privacidad
natural de la persona y la protección de la honra,
el buen nombre y la buena fama del depositante
del secreto: Se reserva para la privacidad o
exclusividad, con un doble fin: primero, para no
dejar indefensa a la persona, al despojarla de la
introspección necesaria para vivir dignamente, con
su privacidad natural. Y segundo, por la honra,
buen nombre y buena fama del depositante del
secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de
reserva, lo cual indica que el conocimiento se
guarda para algo específico, que debe ser utilizado
en la confidencialidad y exclusividad propias del
oficio. Se viola el secreto cuando se divulga (...).”
Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional).
La opción C es la respuesta correcta porque es el
carácter personalísimo de la relación lo que
determina la aplicación del secreto profesional. “La
Corte Constitucional ha definido el secreto
profesional como la información reservada o
confidencial que se conoce por ejercicio de
determinada profesión o actividad. En este
sentido, el secreto profesional es un derecho –
deber del profesional, pues de verse compelido a
revelar lo que conoce perderá la confianza de sus
clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El
secreto profesional nace de una relación de
confianza que surge entre el profesional y su
cliente a propósito de los asuntos objeto de su
relación...” Sentencia C301 de 2012 Corte
Constitucional.
(…)
2.6. Pregunta No. 84. Conforme a la estructura Pregunta No. 84
constitucional, la Administración de justicia es Esta pregunta es pertinente porque es necesario
no solo una función pública que trata el numeral que un servidor de la justicia conozca
D., señalado por la Universidad Nacional, sino adecuadamente la estructura de la Rama.
también un servicio público que refiere el literal La opción A no resuelve de manera adecuada el
A., de las respuestas, punto sobre el cual se ha enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
pronunciado la Corte Constitucional en especial porque La Constitución establece diferencias entre
cuando trata el cese de actividades de los servicio público y función pública, y establece que
empleados de la rama judicial. la administración de justicia corresponde a la
“El acceso a la justicia en términos segunda. Conforme al Consejo de Estado “El
constitucionales es un derecho fundamental en servicio público es una actividad que realiza la
sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la Administración, en forma directa o delegada, con
obligación de garantía respecto del derecho de el objeto de satisfacer las necesidades de los
acceso a la justicia se refiere al deber que tiene administrados, esto es: el interés general”.
el Estado de hacer todo lo que esté a su (…)
alcance para el correcto funcionamiento de la La opción D es la respuesta correcta porque así lo
administración de justicia. Es decir, se trata de dispone el artículo 228 de la Constitución
lograr el buen gobierno de la función y la Nacional. Conforme al Consejo de Estado “La
provisión de infraestructura para que los jueces función pública es toda actividad ejercida por los
puedan ejercer su importante labor. Entonces, órganos del estado para la realización de sus
la realización de dicho derecho no se limita a la fines”.
posibilidad que debe tener cualquier persona
de plantear sus pretensiones ante las
respectivas instancias judiciales, sino que se
trata de una garantía que se extiende a dotar
de infraestructura a las juezas y jueces para
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que puedan acceder al ejercicio de administrar
justicia y de esta forma garantizar la eficiente
prestación de este servicio público.” T-421 de
2018. (subrayado fuera de texto). 1.3. Pregunta No. 90. Proceso de lesión Pregunta No. 90
enorme se ordena medida cautelar sin que se Esta pregunta es pertinente porque el Magistrado
inscribiera, el demandado sin notificar vende el debe conocer cada uno de los eventos de
inmueble a un tercero de buena fe por un valor procedencia e improcedencia de las acciones
superior al inicial. En esta situación la rescisión aplicables a los diferentes contratos civiles, que
del contrato por lesión enorme es: por mandato legal, se extiende a los mercantiles
“a). Improcedente, pues el inmueble comercial como las compraventas de bienes inmuebles, y su
fue enajenado a una tercera persona de buena desarrollo en los precedentes judiciales y en la
fe y el derecho a solicitarla se extinguió.” doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia. Señala Universidad nacional como la clave La opción A es la respuesta correcta porque de
correcta. conformidad con el artículo 1951 del Código Civil,
Considero que la clave correcta es la d). – se indican algunas reglas específicas para la
Procedente, porque vincula al tercero lesión enorme, y se establece la consecuencia en
adquirente que se benefició por el desequilibrio caso de enajenación o pérdida del bien por parte
en el precio-. del comprador: Lo anterior tiene fundamento en el art. 1948 del “Artículo 1951. Improcedencia de la acción por
C.C., al establecer que “El comprador contra pérdida o venta. Perdida la cosa en poder del
quien se pronuncia la rescisión podrá, a su comprador, no habrá derecho por una ni por otra
arbitrio, consentir en ella, o completar el justo parte para la rescisión del contrato.
precio con deducción de una décima parte; y el Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado
vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio la cosa; salvo que la haya vendido por más de lo
consentir en la rescisión, o restituir el exceso que había pagado por ella, pues en tal caso podrá
del precio recibido sobre el justo precio el primer vendedor reclamar este exceso, pero
aumentado en una décima parte...” sólo hasta concurrencia del justo valor de la cosa,
Debemos tener en cuenta varios aspectos: (i) la con deducción de una décima parte”.
pregunta no dice qué medida cautelar se El tratadista José Alejandro Bonivento Fernández,
ordenó y no se inscribió. (ii). La pretensión es la analiza este artículo indicando que “de acuerdo
rescisión del contrato. (iii). Demandado con esta norma cabe distinguir: la pérdida de la
consentir en la rescisión o restituir el exceso. cosa por destrucción y la enajenación por parte del
(iv). puede vincularse al tercero que lo adquirió, comprador. Frente a lo primero: la pérdida de la
forma como se desprende de la sentencia cosa por destrucción excluye la acción rescisoria
SC1182-2016 RAD. 54001-31-03-003-2008- en atención a la imposibilidad que se origina por el
00064-01. hecho de la destrucción misma que hace difícil la
Acorde con lo anterior, la rescisión por lesión determinación del justo precio (...)
enorme es procedente, porque la misma acción Si el comprador ha enajenado la cosa, tal como
no solo va encaminada a dejar sin efecto la ocurre con la segunda distinción, NO podrá darse
compraventa del inmueble comercial, sino a la acción rescisoria. Tan sólo podrá exigir el
completar el justo precio, donde se pude vendedor lesionado que el comprador le cubra el
vincular como interesado al tercer adquirente exceso recibido de la enajenación, con deducción
de buena fe, quien puede aceptar cualquiera de de una décima parte”. (Los principales contratos
estos eventos, completar el justo precio o civiles y su paralelo con los comerciales. José
acceder a rescindir el contrato de compraventa. Alejandro Bonivento Fernández. Tomo I. Librería
Ediciones del Profesional Ltda. Pág:

96)
En igual sentido se desarrolla la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como
la del 15 de septiembre de 1998, “es que resulta
necesario precisar, si
bien producida la enajenación NO hay derecho a
pedir la rescisión del contrato de conformidad con
el artículo 1951 del Código Civil (...)”. La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque independientemente de la
vinculación del tercero adquirente, ya la acción
rescisoria se extinguió por la pérdida o
enajenación del inmueble. A este respecto, la
doctrina señala que las causales de extinción de la
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acción rescisoria son: la pérdida o enajenación del
inmueble, por renuncia con posterioridad a la
celebración del contrato, y por expiración del plazo
de 4 años para promoverla (Los principales
contratos civiles y su paralelo con los comerciales. José Alejandro Bonivento Fernández. Tomo I. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Pág: 103). En igual sentido, “la Corte Suprema de Justicia, en
reiteradas sentencias de casación, ha ampliado los
requisitos para la prosperidad de la acción
rescisoria” (ver sentencias referidas en
bibliografía), en las cuales se enumeran: que se
trate de inmuebles, que no se trate de ventas
hechas por el ministerio de la justicia o en pública
subasta, que no se trata de ventas en contratos
mercantiles, que no se trate de un contrato
aleatorio, que después de celebrado el contrato no
se haya renunciado a la acción, que no haya
expirado el plazo para promover la acción y que el
bien objeto del contrato no se haya perdido en
poder del comprador (Los principales contratos
civiles y su paralelo con los comerciales. José
Alejandro Bonivento Fernández. Tomo I. Librería
Ediciones del Profesional Ltda. Pág: 88 a 98). 2.7. Pregunta No. 91 Contrato de Pregunta No. 91
arrendamiento mercantil, pago del arriendo Esta pregunta es pertinente porque es necesario
fuera del término pactado, si reclamar intereses que el aspirante conozca y aplique el principio del
el arrendador. Luego de varias prorrogas derecho que dice venire contra factum proprium
éste demandó la terminación junto con los non valet, así como otros de carácter
intereses. Las pretensiones deben ser negadas constitucional como el de la buena fe y el no abuso
en razón de: de los derechos porque el sistema jurídico se
“a) Del principio de buena fe contractual, al conforma no sólo de preceptos de conducta que
consentir en que la ejecución se diera de esta conforman las normas jurídicas, sino también de
manera.”. Señala la Universidad como clave principios y valores constitucionales de contenido
correcta. abstracto, que irradian a todas las instituciones
“b) Del principio de que “el contrato es ley para jurídicas, lo cual incluye las relaciones
las partes” así que el contrato quedo a merced contractuales.
de la autonomía privada de la voluntad.”, La opción A es la respuesta correcta porque el
considero que es la otra opción de respuesta., principio exactamente reza: venire contra factum
señala la corte Constitucional en Sentencia C- proprium non valet, y es una de las modalidades
248 de 2020 que: de la buena fe, según la cual, cada contratante
“) el principio de buena fe contractual, aunque está obligado a velar por los intereses legítimos de
tiene distintos desarrollos en la legislación civil su contraparte, no sólo por los propios; de suerte
y comercial, confluye en que las partes se que la actitud del arrendador, dio certezas acerca
obligan no solo a lo que está expresamente de su entera satisfacción durante la vigencia de la
previsto en el contrato o la ley, sino a todo relación prestacional, lo que llevó al arrendatario a
aquello que se desprenda de la naturaleza y de la realización de esa conducta, por lo tanto, no se
las obligaciones del contrato celebrado, a tal puede predicar la moratoria del arrendatario
punto que uno de los principios rectores de la (Sentencia T 475 de 1992 y la T 295 del 1999 de
interpretación contractual es que conocida la Corte Constitucional).
claramente la intención de las partes, debe La opción B no resuelve de manera adecuada el
estarse más a ella que a lo literal de las enunciado, y por ende, es una respuesta
palabras utilizadas en el texto del contrato incorrecta porque no procede la acción de
(Artículo 1618 Código Civil).

Esto es así, resolución de contrato en los negocios de tracto
porque difícilmente la ley o las partes en sus sucesivo, toda vez que resulta conceptual y
contratos pueden prever la totalidad de materialmente imposible que las cosas vuelvan a
situaciones que pueden alterar la ejecución de su estado inicial. Además, en materia comercial,
sus obligaciones, a tal punto que el propio es jurídico pretender la indemnización de perjuicios
artículo 1621 establece que “[l]as cláusulas de sin necesidad de una acción de cumplimiento o de
uso común se presumen, aunque no se resolución (Suescún Melo, 2005).
expresen”.” (…)
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De acuerdo a lo anterior, para efectos de
interpretar la relación contractual en tratándose
de contrato de arrendamiento mercantil, no solo
se debe tener en cuenta la buena fe contractual
sino el acuerdo de voluntades plasmado en
contrato de arrendamiento el cual es ley para
las partes. Art. 1602 C.C.
2.8. Pregunta No. 107. Tránsito de legislación Pregunta No. 107
CPC a CGP, sin audiencia art. 372. El Esta pregunta es pertinente porque el funcionario
funcionario judicial no le dio valor probatorio a judicial debe conocer cómo opera la aplicación de
copia simple del contrato de compraventa de la ley procesal en el tiempo en materia probatoria,
mercancía, aportado en vigencia del CGP. La en el caso particular en cuanto a los cambios de
actuación procesal del funcionario judicial es: valoración probatoria determinados por la nueva
normatividad procesal que en efecto, es diferente
“A. Incorrecta, el estatuto procesal establece a la anterior.
que las copias tienen igual valor probatorio que La opción A es la respuesta correcta porque por
el original”. Señala la universidad como clave un lado, el artículo 624 de del CGP determina que
correcta. "(...) las leyes concernientes a la sustanciación y
No obstante, también es factible decir que es ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
“C. Incorrecto, el derecho procesal aplica anteriores desde el momento en que deben
normas procesales adecuadas para efectos de empezar a regir. Sin embargo, los recursos
la utilidad de la prueba.”, en tratándose de interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
copias tienen igual valor probatorio que el las audiencias convocadas, las diligencias
original., razón para tener esta pregunta como iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
válida. correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias
o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones...".
El Código General del Proceso les reconoce valor
probatorio a las copias simples al otorgarles
eficacia demostrativa (art. 245 y 246)
(…)
La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque por un lado, se encuentra lo dispuesto en
el artículo 624 de del CGP determina que "(...) las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando
se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones...".
El Código General del Proceso le reconoce valor
probatorio a las copias simples al otorgarles
eficacia demostrativa (art. 245 y 246).
Se observa que el funcionario judicial dio
prevalencia a una norma que no era pertinente ni
vigente al asunto de interés y, en su lugar, sin
distinguir que allí había operado el tránsito de
legislación de que trata el C.G.P., lo que
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significaba, la aplicación de la norma específica
existente; lo expresado en razón a que no es del
caso darle efecto ultractivo a las disposiciones del
C.P.C..
(…)

Del texto transcrito, la Sala advierte que en la Resolución CJR23-0025 de 16 de
enero de 2023 y en el Anexo 2 denominado “respuesta objeciones”, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura se
pronunció en torno a los planteamientos presentados por el accionante en su
recurso de reposición, con respaldo en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba.

Nótese que la entidad accionada justificó cuáles eran las respuestas válidas a
las preguntas 3, 7, 9, 22, 28, 32, 53, 70, 82, 84, 90, 91 y 107, indicando además
por qué las opciones marcadas por el participante no resolvían los
cuestionamientos de la prueba.

Además, informó que los ítems del examen cumplieron con todos los estándares
técnicos de construcción y metodología requeridos para su elaboración, por lo
que no era dable modificarlos, excluirlos o invalidarlos.

De modo que en la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y en el
Anexo 2 denominado “respuesta objeciones” se cumplen los criterios para
satisfacer el derecho fundamental de petición del señor Reyes Beltrán, máxime
si se tiene en cuenta que una contestación negativa en ningún caso significa la
vulneración de dicha garantía constitucional, dado que “existe una diferencia
entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”4

En este orden de ideas, se denegará la solicitud de tutela al no vislumbrarse la
vulneración del derecho fundamental de petición de la parte actora, dado que la
entidad accionada le proporcionó una respuesta de fondo, aunque no fuera en el
sentido que esperaba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de tutela presentada por el señor Fernando
Reyes Beltrán.

4
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017. En esta provincia se indicó: “Ahora bien, este
Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el
interesado, en tanto, existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a
obtener lo pedido. En efecto, la sentencia C-510 de 2004 indicó que “el derecho de petición se
ejerce y agota en la solicitud y la respuesta... Así, el ámbito de protección constitucional de
la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la
misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.”

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SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

Salva el voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

16

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