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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02490-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02490-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02490-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02490-01
Demandante: Departamento del Cesar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02490-01
Demandante: DEPARTAMENTO DEL CESAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia que tuvo por no contestada demanda de
controversias contractuales por extemporaneidad. Falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 17 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 11 de mayo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado
judicial, el departamento del Cesar pidió la protección del derecho fundamental al
debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto del 5 de
marzo de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que tuvo por no
contestada la demanda de controversias contractuales interpuesta por Hipódromo San
Francisco S.A.S. contra el departamento del Cesar (expediente 20001-23-33-000-
2019-00248-00).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR el derecho al debido proceso y derecho a la defensa y contradicción, y en
consecuencia se ordene revocar o dejar sin efecto el auto de 05 de marzo de 2020, emitido por
el Tribunal Administrativo del Cesar, para darse como contestada la demanda presentada por
HIPÓDROMO SAN FRANCISCO S.A.S.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar, integre al contradictorio al Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS, para pronunciamiento de los hechos en
controversia, de conformidad a las razones expuestas.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 30 de diciembre de 2015, el departamento del Cesar y la sociedad Hipódromo San
Francisco S.A.S. suscribieron el contrato de concesión 2015-02-1284, cuyo objeto era
el siguiente: «otorgar en concesión la operación y explotación de las apuestas que se
realicen sobre los resultados de carreras de caballos, para que el concesionario opere
por su cuenta y riesgo, dicha modalidad de juegos de suerte y azar en todo el territorio

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Demandante: Departamento del Cesar

del departamento del Cesar y fuera de su jurisdicción (apuestas efectuadas en
hipódromos nacionales e internacionales), de conformidad con el cumplimiento de los
requisitos legales».

El 4 de julio de 2019, la sociedad Hipódromo San Francisco S.A.S. presentó demanda
de controversias contractuales contra el departamento del Cesar y solicitó la nulidad
de los actos que dispusieron la liquidación del contrato de concesión 2015-02-2015 y
el pago de perjuicios por incumplimiento.

Por auto del 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la
demanda de controversias contractuales.

El 13 de febrero de 2020, el departamento del Cesar contestó la demanda de
controversias contractuales.

Por auto del 5 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar tuvo por no
contestada la demanda de controversias contractuales, por extemporánea.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora adujo que la providencia del 5 de marzo de 2020, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró el derecho fundamental al debido proceso,
por cuanto resultaba equivocado tener por no contestada la demanda. Que el sistema
Samai indicó que el término para contestar la demanda fenecía el 17 de febrero de
2020 y esa anotación indujo a error al apoderado del departamento del Cesar.

Dijo que «resulta claro que estamos frente a un ‘error judicial’ al registrar una
información en el historial de actuaciones que según lo resuelto por el Tribunal
Administrativo del Cesar, no corresponde a la realidad procesal». Que la Corte
Suprema de Justicia ha sostenido que los sistemas de información procesales deben
guardar coincidencia con la realidad de los términos procesales.

Aseguró que «el principio de publicidad contempla unas garantías que ante el error
del registro de la actuación ‘Traslado Contestar Demanda’, y anotación ‘VENCE EL
17 DE FEBRERO DE 2020’, efectuado el 23 de octubre de 2019, se induce al sujeto
procesal en este caso la entidad territorial, a creer que la fecha para contestación de
la demanda tenía como fecha límite el 17 de febrero de 2020, y en consecuencia se
vulneraron los derechos de contradicción y defensa, puesto que hoy dicha
contestación fue presentada de manera extemporánea».

Agregó que el Tribunal Administrativo del Cesar omitió vincular a Coljuegos al trámite
de controversias contractuales, toda vez que se trata de la entidad que expidió el
reglamento de apuestas sobre resultados de carreras a caballo, de cuya concesión
trata el contrato 2015-02-2015.

5. Trámite de primera instancia previo a la sentencia impugnada

Mediante auto del 16 de mayo del 2023, el Despacho Ponente admitió la acción de
tutela y dispuso la vinculación de la sociedad Hipódromo San Francisco S.A.S. y negó
la medida cautelar solicitada por la parte actora, consistente en la orden de suspensión
del trámite del proceso de controversias contractuales.

Por auto del 5 de junio de 2023, el Despacho Sustanciador dispuso la vinculación del
magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, integrante del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, toda vez que, según lo informó el Tribunal
Administrativo del Cesar, profirió el auto que confirmó la decisión que declaró
extemporánea la contestación de la demanda de controversias contractuales.

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Demandante: Departamento del Cesar

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Cesar explicó que, el 24 de octubre de 2019, el
traslado de la demanda fue publicado en el micrositio de la corporación y que la
oportunidad para contestar la demanda feneció el 3 de febrero de 2020. Que, por ende,
la respuesta de la entidad fue extemporánea.

Dijo que la parte actora formuló recursos de reposición y apelación con los mismos
argumentos de la tutela de referencia. Que, de conformidad con la información
reportada por la Secretaría del Tribunal, se corroboró la extemporaneidad de la
contestación de la demanda y que la fecha que registrada en SAMAI era la de
fenecimiento del término para reformar la demanda y no para contestarla.

Puso de presente que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante
providencia del 1º de noviembre de 2022, confirmó la decisión del 5 de marzo de 2020,
esto es, verificó la extemporaneidad de la contestación de la demanda.

Concluyó que, según lo expuesto, no se vulneraron los derechos fundamentales del
departamento del Cesar.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por conducto del
magistrado que dictó la providencia del 1° de noviembre de 2022, sostuvo que fueron
verificadas las actuaciones realizadas en el proceso de controversias contractuales y
encontró que la demanda fue trasladada el 24 de octubre de 2019 y que figura
anotación de la fecha para reformar la demanda (17 de febrero de 2020).

Sostuvo que el plazo para contestar la demanda es de carácter legal y que, por ende,
el apoderado del departamento del Cesar debió verificarlo.

La sociedad Hipódromo San Francisco S.A.S. no intervino, pese a que, como se vio,
fue vinculada al trámite de tutela de la referencia.

7. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 17 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente la tutela, previas las siguientes consideraciones:

Que, frente a las providencias que declararon la extemporaneidad de la contestación
de la demanda de controversias contractuales, no está cumplido el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto la parte actora utiliza la demanda de tutela para
reiterar los argumentos expuestos en el proceso ordinario y revivir el debate ya
decidido.

Que, en cuanto a la solicitud de vinculación de Coljuegos al proceso de controversias
contractuales, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que debe ser
resuelta por el juez natural del asunto. Que «si el departamento accionante considera que
Coljuegos debió vincularse al proceso, es preciso que eleve esa petición al interior del proceso
de controversias contractuales, el cual corresponde al escenario idóneo para formular, ante el
juez natural, el argumento sub judice».

8. Trámite de primera instancia posterior a la sentencia impugnada

El 21 de julio de 2023, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas manifestó
impedimento para conocer el asunto de la referencia, porque conoció del proceso de
controversias contractuales, por haber dictado la providencia del 1° de noviembre de
2022, que confirmó la extemporaneidad de la contestación de la demanda. La
manifestación estuvo sustentada en el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

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Por auto del 9 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, declaro fundado el impedimento, por cuanto «se pudo constatar que el Consejero
Rodríguez Navas suscribió, en calidad de Ponente, la providencia del 1 de noviembre
de 2022 mediante la que se confirmó el auto del 5 de marzo de 2020 proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que se ataca por vía de tutela».

9. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia del 17 de agosto de 2023. En síntesis, dijo
lo siguiente:

Que la tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que fue
vulnerado el principio de publicidad y la exigencia de disponibilidad de información en
los términos de los artículos 5 y 7 de la Ley 1712 de 2014. Que, por consiguiente, el
registro errado en el sistema Samai y en el propio sistema Siglo XXI indujo a error,
pues, textualmente, indicó que el término de traslado de la demanda fenecía el 17 de
febrero de 2020.

Que el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de noviembre de 20201, indicó que los
sistemas de información de procesos judiciales buscan dar transparencia y publicidad
a todas las actuaciones procesales. Que, en el sub-lite, no hubo transparencia, toda
vez que el sistema generó confusión en el apoderado del departamento del Cesar.

Que no busca reabrir un debate, sino poner de presente una actuación arbitraria e
ilegítima en el sistema de información de los procesos a cargo del Tribunal
Administrativo del Cesar. Que, de hecho, el debido proceso implica el derecho a ser
informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción
de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el
departamento del Cesar contra la providencia del 5 de marzo de 2020, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que tuvo por no contestada la demanda de
controversias contractuales formulada por la sociedad Hipódromo San Francisco SAS.

La Sala anticipa que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que carece de carga mínima de argumentación respecto de la providencia que, en
realidad, puso fin a la controversia sobre la oportunidad de la contestación de la
demanda y, en todo caso, se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso
de apelación que interpuso contra la providencia del 5 de marzo de 2020 y que ya
fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto
de ponente del 1° de noviembre de 2022. Por consiguiente, será confirmada la
sentencia apelada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y (iii) el análisis
del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

1 Expediente 11001-03-15-000-2020-00420-01.

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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

Frente al segundo criterio, se exige que el interesado argumente de manera suficiente
y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales»4. Es necesario que el interesado identifique de manera
clara las decisiones o hechos que pudieron derivar en la vulneración de derechos
fundamentales y los motivos concretos de la supuesta vulneración.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

El departamento del Cesar estima que el derecho fundamental al debido proceso fue
transgredido, porque el Tribunal Administrativo del Cesar, por auto del 5 de marzo de
2020, tuvo por no contestada la demanda de controversias contractuales interpuesta
por la sociedad Hipódromo San Francisco SAS. En síntesis, la parte actora adujo que
la extemporaneidad en la contestación de la demanda fue derivada de una indebida
anotación en los sistemas Siglo XXI y Samai, que, según afirma, indicaron que el
traslado de la demanda corrió hasta el 17 de febrero de 2020.

Para resolver, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones registradas en el
sistema Samai (radicados 20001-23-33-000-2019-00248-01-02), pues, como se verá,

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 Ibidem.

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el departamento del Cesar no cuestionó la verdadera providencia que puso fin a la
discusión de tener por no contestada la demanda.

En efecto, de la revisión del expediente en Samai, la Sala encuentra que el
departamento del Cesar interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación
contra el auto del 5 de marzo de 2020, que tuvo por no contestada la demanda, pues,
a su juicio, en el sistema Samai se registró que el plazo para contestar la demanda
venció el 17 de febrero de 2020.

Mediante providencia del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión de tener por no contestada la demanda y rechazó el recurso de
apelación.

Por su parte, el departamento del Cesar interpuso recurso de reposición y en subsidio
queja contra la decisión de rechazar el recurso de apelación. Por auto del 20 de agosto
de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró mal denegado
el recurso de apelación y ordenó al Tribunal Administrativo del Cesar que lo
concediera.

En providencia de ponente del 1° de noviembre de 2022, el magistrado Jaime Enrique
Rodríguez Navas, integrante del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
confirmó la extemporaneidad de la contestación de la demanda, pues el plazo
respectivo venció el 6 de febrero de 2020. Además, explicó que la fecha del 17 de
febrero de 2020 correspondía al fenecimiento del plazo para reformar la demanda.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en realidad, la parte actora no cuestionó
la decisión que determinó la firmeza de la decisión de tener por no contestada la
demanda de controversias contractuales, esto es, el auto del 1° de noviembre de 2023,
dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Es más, en el escrito de tutela el departamento del Cesar guardó silencio frente al
trámite de apelación que se surtió contra la providencia del 5 de marzo de 2020. Este
tipo de omisiones no pueden pasarse por alto, por cuanto tienen incidencia en la
conformación del contradictorio, en el debido estudio del caso y en la posibilidad que
tienen los afectados de ejercer las garantías de defensa y contradicción.

La Sala estima que la acción de tutela presentada por el departamento del Cesar no
tiene la carga argumentativa mínima frente a la providencia del 1° de noviembre de
2022, que permita al juez de tutela analizar el fondo del asunto. Sobre este punto, en
sentencia T-313 de 2021, la Corte Constitucional explicó que «no resulta procedente
que se pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos,
contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad
excepcional que le corresponde cumplir en este campo al juez constitucional».
Complementariamente, debe tenerse en cuenta que la sentencia T-166 de 2022, la
Corte Constitucional señaló que «la identificación razonable consiste en que el
accionante debe identificar de manera plausible los hechos que generaron la
vulneración».

No se desconoce que, conforme con el artículo 1° del Decreto 2591 de 19915, el
procedimiento de la acción de tutela se rige por el principio de informalidad, en cuanto
busca que no existan rigurosas formalidades que lo suspendan o paralicen. Sin
embargo, tampoco puede pasarse por alto que la exigencia de la carga mínima de
argumentación, e incluso la debida identificación de la providencia objeto de tutela,
tiene mayor importancia frente a entidades que cuentan con la estructura jurídica

5 Artículo 1º-Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,

mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…).

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especializada y calificada para ejercer debidamente la estrategia de defensa6, como
ocurre en este caso que el demandante es una entidad pública.

En todo caso, la Sala también encuentra que el departamento del Cesar presentó la
acción de tutela con el único propósito de insistir en los argumentos que presentó en
el recurso de apelación que promovió contra la providencia del 5 de marzo de 2020,
esto es, para continuar con el debate sobre la oportunidad para contestar la demanda
de controversias contractuales y el alcance de las anotaciones registradas en los
sistemas de consulta de procesos.

En efecto, en el recurso de reposición y en subsidio apelación formulado por la parte
actora contra la providencia del 5 de marzo de 2020, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, señaló lo siguiente:

En definitiva, en el presente caso tuvo lugar un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, al registrarse un error en el sistema de información computarizado por parte del
tribunal administrativo de Valledupar, en lo referente al termino de contestar la demanda, donde
se estableció por parte del despacho judicial el día 17 de febrero de 2020, como fecha de
vencimiento del término para contestar la demanda. Por lo tanto siendo equivocación de quien
registro la información en el sistema de información, Corresponde a las autoridades judiciales
asumir la responsabilidad por dicho error y, en todo caso, evitar que con él se afectara la buena
marcha del proceso y los derechos fundamentales de las partes.

En el mismo sentido, la demanda de tutela indicó lo siguiente:

Es claro que al registrar como anotación en el SAMAI que el “Traslado Contestar Demanda”,
vence el 17 de febrero de 2020, genero confusión propiciando así la vulneración al debido
proceso al no permitir ejercer defensa dentro de la oportunidad.
[…]
En ese sentido, el principio de publicidad contempla unas garantías que ante el error del registro
de la actuación “Traslado Contestar Demanda”, y anotación “VENCE EL 17 DE FEBRERO DE
2020”, efectuado el 23 de octubre de 2019, se induce al sujeto procesal en este caso la entidad
territorial, a creer que la fecha para contestación de la demanda tenía como fecha límite el 17 de
febrero de 2020, y en consecuencia se vulneraron los derechos de contradicción y defensa,
puesto que hoy dicha contestación fue presentada de manera extemporánea.

El derecho de contradicción y defensa, integra el conjunto de garantías del debido proceso, y
que según la Corte Constitucional “inicia con el acto procesal de informar al demandado de la
existencia de un proceso judicial, por medio de las diferentes comunicaciones y notificaciones de
las etapas del proceso, para que éste pueda ejercer su defensa. Defensa que se concreta
particularmente en el derecho de contradicción”, por lo cual sirviéndose de la información
publicada en el SAMAI que comunicaba que la contestación vencía el 17 de febrero de 2020, se
ejerció la contradicción y defensa técnica presentando la contestación el 13 de febrero de 2020.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta en la providencia del 1° de noviembre de
2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, así:

En este caso, el informe de la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar da cuenta
que el demandado, departamento del Cesar, fue notificado el veintidós (22) de octubre de dos
mil diecinueve (2019). A su vez, el documento estableció la siguiente información:

TÉRMINO DE TRASLADO DEMANDA REFORMA DEMANDA
NOTIFICACIÓN
Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha
inicio final inicio final inicio final
23/oct/19 28/nov/19 29/nov/19 3/feb/20 4/feb/20 17/feb/20

Con esta certificación, que avizora los distintos términos que se surtieron en esa etapa procesal,
queda desmentida la afirmación consignada por el apoderado del departamento accionado, toda
vez que, la fecha que aduce como finalización del término del traslado de la demanda, 17 de
febrero de 2020, corresponde al día en que finalizó el término para presentar la reforma de la
demanda, término que empezó a correr a partir del día siguiente a aquel en que finalizó el plazo
para la contestación. Ahora, sea que se profiera tal certificación o no, la normativa establece los

6 En el mismo sentido, consultar sentencia de tutela del 2 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-

04744-01, M.P. Wilson Ramos Girón.

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Demandante: Departamento del Cesar

supuestos fácticos para su aplicación, y corresponde a la parte verificar los términos para el
ejercicio de sus derechos de manera oportuna.

Como se ve, se trata de argumentos con los que el departamento del Cesar pretende
continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar si la
contestación de la demanda fue oportuna. En el escenario que propone el demandante,
la Sala estaría obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la
autoridad judicial demandada en el proceso ordinario, finalidad para la que no está
previsto este mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección
de derechos fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los
procesos ordinarios.

Lo anterior es suficiente para confirmar la sentencia impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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