Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02498-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / medio de control de
reparación directa / defecto procedimental absoluto /
defecto fáctico / desconocimiento del precedente /
requisito general de inmediatez / incidente de
liquidación de perjuicios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
apoderado judicial de la señora María Eugenia Henao García en contra
de la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia formulada por la
accionante se fundamenta en los siguientes:
www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
1. HECHOS
1.1. El 11 de octubre de 2016, la señora María Eugenia Henao García
y miembros de su familia instauraron el medio de control de reparación
directa contra el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con el fin de que
se le declarara responsable por los daños causados con ocasión del
accidente de tránsito acontecido el 1.º de julio de 2015, en el que
falleció el señor Jesús Albeiro Gaviria Villa y resultó lesionada la
accionante con una pérdida de capacidad laboral del 22.47 %
determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia.
1.2. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 21 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la
demanda; decisión que fue revocada por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
providencia del 30 de septiembre de 2020, en la que declaró
administrativamente responsable al INVIAS y lo condenó en abstracto
a indemnizar a los demandantes, así:
« (…) QUINTO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
a indemnizar por perjuicios morales a cada uno de los demandantes, a saber, la señora
JOHANA MARCELA GARCÍA quien actúa en nombre propio y en representación de los
menores YORFA y YAMBRINSON GÓMEZ GARCÍA, y las señoras MARÍA LUZ
AMÉRICA GARCÍA MARULANDA, MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA y CINDY
TATIANA GARCÍA quien actúa en nombre propio y en representación de los menores
JOSÉ ÁNGEL PEÑARREDONDA y SAHARA SALOME LAVERDE GARCÍA, que se
cuantificarán mediante incidente de liquidación de perjuicios que deberán promoverse por
aquellos, determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboral dejadas por el
accidente, mediante pericia que aunará a los insumos que determine el Auxiliar de Justicia,
la historia clínica de la señora HENAO GARCÍA, y teniendo en cuenta los parámetros
trazados por el órgano de cierre de esta jurisdicción, conforme se estableció en la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS a
indemnizar a la señora MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA por concepto de daños a la
salud, que se cuantificarán mediante incidente de liquidación de perjuicios que deberá
promoverse por aquella, determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboral
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
dejadas por el accidente, mediante pericia que aunará a los insumos que determine el
Auxiliar de Justicia, la historia clínica de la señora HENAO GARCÍA, y teniendo en cuenta
los parámetros trazados por el órgano de cierre de esta jurisdicción, conforme se estableció
en el anterior considerando.
SÉPTIMO: Condenar en abstracto al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS a
indemnizar por concepto de lucro cesante a la señora MARÍA EUGENIA HENAO
GARCÍA, que se cuantificará mediante trámite incidental que debe ser promovido por ésta,
determinadas las secuelas e índice de pérdida de capacidad laboral dejadas por el accidente,
mediante pericia que aunará a los insumos que determine el Auxiliar de Justicia, la historia
clínica de la señora HENAO GARCÍA, y se liquidará desde el 01 de julio de 2015; asimismo
deberá tenerse en cuenta para efectos del lucro cesante futuro, de haber lugar a su
reconocimiento, la edad que tenía la señora MARÍA EUGENIA HENAO GARCÍA al
momento de sufrir las lesiones y su expectativa de vida probable, así como la actividad
económica que desarrollaba hasta el momento de las lesiones. De no probarse ésta habrá de
presumirse que devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, conforme a los
parámetros trazados en esta providencia.
OCTAVO: Condenar a la llamada en garantía, compañía de seguros MAFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - MAFRE SEGUROS y las
coaseguradoras COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA y PREVISORA S.A a
reembolsar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, las sumas a las de dinero a
que se condenada(sic) en esta sentencia, en los términos y porcentajes de la póliza que se
encontraba vigente para el 1 de julio de 2015. (…)»
1.5. Mediante providencia del 24 de marzo de 2021, el Juzgado 63
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió el incidente de
liquidación de la condena en abstracto y fijó los perjuicios materiales y
por daño a la salud en favor de la señora María Eugenia Henao García,
así como los morales reconocidos a ella y el resto de demandantes.
1.6. Apelada dicha decisión, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 18 de agosto de 2022 decidió revocar
lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negar el reconocimiento de los
perjuicios solicitados, al considerar que la parte demandante no aportó
un medio de prueba técnico que cumpliera con las disposiciones legales
establecidas en el artículo 411 de la Ley 100 de 1990, dado que aportó
1
ARTÍCULO 41. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. (…) Corresponde al Instituto de Seguros
Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades
Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado
de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
un peritaje particular elaborado por el Centro de Estudios en Derecho
y Salud de la Universidad CES, entidad que no se encuentra dentro de
las autoridades cualificadas por el legislador para determinar la pérdida
de capacidad laboral.
1.7. La parte incidentante presentó recurso de reposición y en subsidio
de súplica contra dicha providencia, los cuales fueron rechazados por
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través de auto del 24 de abril de 2023, por considerar
que fueron presentados de manera extemporánea, toda vez que la
decisión recurrida fue notificada mediante estado el 31 de octubre de
2022, por lo que el término para interponer cualquier recurso vencía el
3 de noviembre de 2022 y el memorial que contenía las impugnaciones
se presentó el 8 de noviembre del mismo año.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que con las decisiones proferidas por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a
la administración de justicia y el debido proceso.
a. Con respecto a la sentencia del 30 de septiembre de 2020,
señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico al condenar en abstracto, toda vez que dentro del expediente
se encontraban las pruebas suficientes para evidenciar la pérdida de
capacidad laboral de la accionante y de esa manera establecer la
manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante
Ia Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones
proceden las acciones legales. (…).
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
cuantía de la condena de perjuicios morales, daño a la salud y lucro
cesante.
b. Por otra parte, argumentó que el auto del 18 de agosto de 2022
adolece de los defectos fáctico, procedimental absoluto y violación
directa de la Constitución al negar el reconocimiento de los perjuicios
solicitados, por considerar que el dictamen médico pericial no era válido
al no ser emitido por alguna de las autoridades establecidas en el
artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
De igual forma, sostuvo que la providencia mencionada incurrió en un
desconocimiento del precedente de las sentencias del 21 de junio
de 20182 y 9 de septiembre de 20213, proferidas por las subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente,
en las que se estableció que la disminución de la pérdida de capacidad
laboral puede ser demostrada por cualquier medio de prueba que sea
conducente y útil para formar el convencimiento del juez.
c) Por último, señaló que en el auto del 24 de abril de 2023 la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental
absoluto al considerar como extemporáneos los recursos de reposición
y súplica, toda vez que la providencia de segunda instancia que resolvió
el incidente de regulación de perjuicios fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 2 de noviembre de 2022, en el que la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó sobre la
notificación por estado de dicha decisión y, en esa medida, los recursos
sí fueron presentados de manera oportuna.
2
Radicación no. 05001-23-33-000-2014-00622-01
3
Radicación no. 25000-23-42-000-2014-02760-01.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
« 1). Se tutele el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
2). Se dejen sin efecto el(sic) los numerales quinto, sexto y séptimo de la sentencia SC3-09-
20- 2521 del 30 de septiembre de 2020 proferida por el HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN TERCERA-
SUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA CRISTINA QUINTERO FACUNDO en el medio
de control de Reparación Directa bajo radicado 11001334306320160062301, para que en
su lugar se proceda a liquidar la condena por concepto de perjuicios morales, daño a la salud
y lucro cesante (consolidado y futuro), en atención a la prueba documental debidamente
incorporado al proceso y consistente el dictamen de determinación de origen y/o pérdida de
capacidad laboral y ocupacional No. 072128-2018 del 4 de abril de 2018 de la JUNTA
REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, y en consideración
a las numerales 6.4.6., 6.4.6.1., 6.4.6.1.1., 6.4.6.1.2., 6.4.6.1.3., 6.5.2.4.3., 6.5.2.4.4.,
6.5.2.4.6. de la misma sentencia SC3-09-20-2521 del 30 de septiembre de 2020, y la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por el H. Consejo de Estado,
Sección Tercera, con ponencia del Honorable Consejero Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, en el proceso radicado con el número 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
3). Se deje sin efecto el auto mediante el cual se resolvió la apelación del auto que resolvió
el incidente de liquidación de perjuicios, así como el auto que rechazó el recurso de
reposición y en subsidio de súplica por extemporáneo, ambos proferidos por el
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA CRISTINA QUINTERO
FACUNDO, en el medio de control de Reparación Directa bajo radicado
11001334306320160062303.
4). Se ordene al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN “C”-M.P. MARIA
CRISTINA QUINTERO FACUNDO, proferir un nuevo auto de reemplazo teniendo en
cuenta que garantice el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, mediante
el cual se resuelva la apelación contra el auto que resolvió el incidente de liquidación de
condena en abstracto proferido el 24 de marzo de 2021 por el JUZGADO 63
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ DC, auto de reemplazo que deberá tener como prueba
de la pérdida de capacidad laboral de la señora MARIA EUGENIA HENAO GARCÍA el
dictamen médico pericial rendido por el Médico y Cirujano, Magíster en Salud Pública,
Especialista en Salud Ocupacional, Especialista en Valoración del Daño Corporal, Docente
Universito y Perito del CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES
DE LA UNIVERSIDAD CES, doctor JOSE MANUEL MENDEZ CARBALLO, y deberá
liquidar los perjuicios en atención a esa prueba pericial y siguiendo los lineamientos
expuestos en la sentencia SC3-09-20-2521 del 30 de septiembre de 2020 proferida por el
mismo TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN
TERCERA-SUBSECCIÓN “C”, con ponencia de la H. Magistrada Dra. MARIA
CRISTINA QUINTERO FACUNDO, todo lo anterior dentro del proceso con radicado
11001334306320160062303 instaurado por la señora MARIA EUGENIA HENAO
GARCÍA Y OTROS contra el INVIAS.». (sic en toda la cita).
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
4. INFORMES
Mediante auto del 18 de mayo de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como accionado y al titular del Juzgado 63
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Director del Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS, a los señores María Luz América García
Marulanda, Johana Marcela García y Cindy Tatiana García, al
representante legal o quien haga sus veces de Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A., al presidente de la Compañía de Seguros
Axa Colpatria y al presidente de la Previsora S.A., como terceros
interesados en las resultas del proceso.
4.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión objeto de censura, solicitó que se declare
improcedente la presente acción de amparo al no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional, toda vez que el
disentimiento manifestado por la accionante constituye una
discrepancia frente a las valoraciones fácticas realizadas por ese
despacho en el caso concreto, las cuales se hicieron conforme a los
criterios de la sana crítica y en virtud de la autonomía e independencia
judicial.
4.2. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS sostuvo que no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales alegados por la accionante e
indicó que la autoridad competente para dilucidar las presuntas
transgresiones al debido proceso y acceso a la administración de
justicia es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
4.3. AXA Colpatria de Seguros S.A. solicitó negar las pretensiones
de la acción de amparo, toda vez que no cumple con los requisitos
generales de inmediatez y subsidiariedad, ya que la tutela contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2020 no fue presentada en un lapso
razonable y no se ejercieron los recursos procedentes de manera
oportuna en contra del auto del 18 de agosto de 2022.
4.4. La Fiduciaria la Previsora S.A. indicó que la presente acción de
tutela no cumple el requisito general de inmediatez respecto de las
pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia del 30 de septiembre
de 2020, dado que la accionante no reprochó sobre la condena en
abstracto ni sobre los lineamientos establecidos para la liquidación de
perjuicios.
4.5. Las demás partes guardaron silencio.
5. PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 21 de julio de 2023 declaró improcedente la solicitud de
amparo frente a las pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia del
30 de septiembre de 2020 y el auto del 18 de agosto de 2022 por el
incumplimiento del requisito de inmediatez.
Por otra parte, frente a la pretensión dirigida a cuestionar el auto del
24 de abril de 2023 indicó que «i) la notificación del auto de 18 de
agosto de 2022 por medio del cual la autoridad demandada negó el
reconocimiento de los perjuicios solicitados en el trámite incidental
referido se surtió mediante estado electrónico el lunes 31 de octubre
de 2022, razón por la cual el término de 3 días para recurrir la decisión
corrió entre el martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de noviembre del mismo
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
año y, ii) los recursos de reposición y súplica fueron presentados en
memorial del martes 8 de noviembre de 2022, como así lo reconoció la
parte actora.».
En ese sentido, sostuvo que del auto que rechazó por extemporáneos
los recursos de reposición y en subsidio de súplica, no evidenció una
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante, toda vez que el memorial fue presentado por fuera del
término de los tres días para recurrir la decisión.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante interpuso impugnación
mediante escrito en el cual indicó que la presente acción de tutela sí
cumple con el requisito general de inmediatez, toda vez que tanto la
sentencia del 30 de septiembre de 2020 como el auto del 18 de agosto
de 2022 solamente pueden entenderse resueltas con la providencia del
24 de abril de 2023.
Por otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada sí vulneró el
derecho fundamental al debido proceso mediante el auto del 24 de abril
de 2023 al incurrir en un defecto procedimental absoluto, dado que
como lo sostuvo la accionante en el escrito de tutela inicial, la
providencia del 18 de agosto de 2022 fue notificada a través de correo
electrónico el 2 de noviembre del mismo año, por lo que no es posible
contabilizar el término para interponer los recursos a partir del 31 de
octubre del 2022.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico,
un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y un
desconocimiento del precedente al proferir las providencias del 30 de
septiembre de 2020, 18 de agosto de 2022 y 24 de abril de 2023 y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra las providencias judiciales cuestionadas.
Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; iii) defecto procedimental por exceso ritual
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
manifiesto; iv) defecto fáctico; v) desconocimiento del precedente y vi)
el caso concreto.
3. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente4 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
4
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
3.2. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido6. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto7.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es)
de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso” 8 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”9 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
6
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
8
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia10. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando:
i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto
oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar11.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales12.
3.3. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
10
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
11
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-
289 de 2005 y T-053 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional13 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva15, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»16.
13
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma17. En ese sentido, el
precedente judicial18 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho19.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido20. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
17
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
18
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
19
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
20
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”21.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales22, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial23.
4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
4.1. Pretensiones en contra de la sentencia del 30 de septiembre
de 2020 y el auto de 18 de agosto de 2022
La accionante cuestiona las providencias del 30 de septiembre de 2020
y 18 de agosto de 2022 mediante las cuales la Subsección C de la
21
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
23
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
administrativamente responsable al INVIAS y lo condenó en abstracto
a indemnizar a los demandantes y negó el reconocimiento de los
perjuicios solicitados por la accionante, respectivamente.
Al respecto, se advierte que la decisión del 30 de septiembre de 2020
se notificó el 13 de noviembre del mismo año y la presente acción de
tutela se presentó el 12 de mayo de 2023, es decir, luego de
transcurrido un lapso de dos (2) años, cinco (5) meses y doce
(12) días, por lo que en este caso no se acredita el requisito de
inmediatez.
De igual forma, es relevante destacar que el auto del 18 de agosto de
2022 se notificó por estado el 31 de octubre del mismo año y la acción
de tutela de la referencia fue interpuesta el 12 de mayo de 2023, lo
que significa que han transcurrido seis (6) meses y nueve (9)
días desde la notificación inicial, en consecuencia, tampoco se satisface
el requisito general de inmediatez.
Asimismo, de los fundamentos expuestos en el escrito de tutela, no se
advierte que la parte accionante haya señalado alguna razón válida que
justifique la tardanza en la presentación de la acción o que encaje
dentro de las causales por las cuales el juez constitucional considere
procedente un estudio de fondo de los argumentos planteados.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección confirmará lo resuelto
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
respecto a la declaratoria de improcedencia por falta del requisito
general de inmediatez frente a las providencias del 30 de septiembre
de 2020 y 18 de agosto de 2022 proferidas por el Tribunal
www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
Administrativo de Cundinamarca, toda vez que la acción de tutela no
se interpuso en un plazo razonable.
4.2. Pretensiones en contra de la providencia del 24 de abril de
2023
Con respecto a las pretensión dirigida a controvertir la providencia del
24 de abril de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
resolvió rechazar por extemporáneos los recursos de reposición y
súplica en contra de la providencia del 18 de agosto de 2022, la acción
de tutela cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición:
4.2.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
4.2.2. Asimismo, se encuentra que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
4.2.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la providencia acusada (24 de abril de
2023) hasta la radicación de la acción de tutela (12 de mayo de 2023).
4.2.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos fáctico,
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y desconocimiento
del precedente en que incurrió la autoridad judicial demandada.
www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
5. Caso concreto
Sobre el fondo del asunto, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la providencia del 24 de abril de
2023, consideró lo siguiente:
«Así las cosas, en contraste con la situación procesal del caso concreto, advierte el
Despacho que el recurso de súplica solo procede contra decisiones proferidas por el
magistrado ponente, no por decisiones adoptadas por la Sala de Decisión, aunado a lo
anterior, emerge categórico que los referidos recursos de reposición y en subsidio
súplica, se promovió extemporáneamente, ello es, después del vencimiento del término.
Así finiquita considerado el hecho que los tres (3) días con los que disponía el recurrente
para promover su impugnación, vencieron el 3 de noviembre de 2022, a las 5:00 p.m., y el
memorial contentivo del recurso se presentó a través de correo electrónico, el 8 de
noviembre de 2022, a las 15:58 de la tarde. Así las cosas, en las dos hermenéuticas se
concluye que el recurso de reposición y en subsidio de apelación se radicó de manera
extemporánea.»
Conforme con lo anteriormente transcrito, se observa que la autoridad
judicial accionada rechazó por extemporáneos los recursos de
reposición y súplica, toda vez que el auto del 18 de agosto de 2022 por
medio del cual se resolvió en segunda instancia el incidente de
liquidación de perjuicios fue notificado mediante estado del 31 de
octubre del mismo año, por lo que los tres (3) días que disponía la
accionante para impugnar la decisión vencían el 3 de noviembre del
año mencionado y el memorial contentivo del recurso se presentó el 8
de noviembre del mismo año, es decir, de manera extemporánea.
En ese sentido, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en el artículo 201, modificado por el artículo
50 de la Ley 2080 de 2021, expresa lo siguiente:
«Artículo 201. Notificaciones por Estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación
personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en
línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente
al de la fecha del auto. y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
www.consejodeestado.gov.co 20
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en
calidad de medio notificador durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no
será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al
pie de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los
sujetos procesales. (...) ».
De conformidad con lo anterior, como el auto que resuelve el trámite
incidental de regulación de perjuicios no se encuentra enlistado en el
artículo 198 del CPACA24 como las providencias que deben notificarse
de forma personal, su notificación debe realizarse mediante la
anotación en los estados electrónicos.
En consecuencia, se deben aplicar las reglas establecidas en el artículo
201 del CPACA, lo que implica que los dos (2) días hábiles previstos en
el artículo 20525 del mismo código para entender notificada la
providencia y empezar el cómputo del plazo de presentación de los
recursos, no deben ser tomados en consideración.
Por tanto, esta Sala de Subsección evidencia que el auto del 18 de
agosto de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue notificado mediante estado del 31 de octubre del
mismo año, por lo que el término de los tres (3) días para impugnar la
24
«ARTÍCULO 198. Procedencia de la notificación personal. Deberán notificarse personalmente las
siguientes providencias:
1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante.
Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario
en cuanto no actúe como demandante o demandado.
4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal.»
25
«ARTÍCULO 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias
se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se
deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. » (Resaltado por fuera del texto original)
www.consejodeestado.gov.co 21
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
decisión finalizaba el 3 de noviembre de 2022 y los recursos de
reposición y súplica fueron interpuestos en memorial mediante correo
electrónico el 8 de noviembre del mismo año, por lo que la decisión
cuestionada se encuentra ajustada al procedimiento establecido en la
norma.
Así las cosas, por no advertirse vulneración alguna de derechos
fundamentales, esta Sala de Subsección confirmará el numeral
segundo de la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó el
amparo solicitado respecto de las pretensiones dirigidas en contra del
auto del 24 de abril de 2023.
6. Conclusiones
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de Subsección confirmará lo
resuelto por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante sentencia del 21 de julio de 2023, dado que i) las
pretensiones en contra de las providencias del 30 de septiembre de
2020 y 18 de agosto de 2022 proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no cumplen con el requisito general
de inmediatez; y ii) del auto del 24 de abril de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se advierte vulneración
alguna de los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
www.consejodeestado.gov.co 22
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02498-01
Accionante: María Eugenia Henao García
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia del 21 de julio de 2023 de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que i) rechazó por improcedente la acción de tutela en
contra de las providencias del 30 de septiembre de 2020
y 18 de agosto de 2022, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y ii) negó la solicitud
de amparo en contra del auto del 24 de abril de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co 23
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.