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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02503-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02503-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Juan Carlos Ortiz Penagos en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02503-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02503-00
Accionante: JUAN CARLOS ORTIZ PENAGOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías / incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Juan Carlos Ortiz Penagos, quien actúa por intermedio de apoderado,
en contra del Tribunal Administrativo de Quindío, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la sentencia de 30 de marzo de 2023 proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 63001-3333-006-2022-00084-02.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02503-00
Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

I. ANTECEDENTES

El accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Juan Carlos Ortiz Penagos labora como docente en el municipio
de Armenia desde el 2 de junio de 2015 hasta el momento de la
presentación de la acción de tutela.

El 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas sus cesantías por
parte de su patrono, el Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG por sus
servicios prestados en el año 2020.

Por lo anterior, el 21 de julio de 2021 el accionante formuló petición
ante el FOMAG solicitando el reconocimiento de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la entidad remitió
la solicitud a la Fiduciaria la previsora S.A. sin que obtuviera respuesta.

El accionante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG
y el municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto ficto configurado el 21 de octubre de 2021 frente a la petición
presentada el 21 de julio de 2021, tendiente a obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago
de sus cesantías.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02503-00
Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

En primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia que, a través de la sentencia del
29 de junio de 2022, negó las súplicas de la demanda, decisión que fue
apelada por el accionante.

El conocimiento del recurso le correspondió al Tribunal Administrativo
de Quindío que, a través de sentencia del 30 de marzo de 2023,
confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que al
accionante no le es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1993 ya que se encuentra cubierto por el sistema anualizado de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indica que con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, por incurrir en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente
judicial.

Sostiene que el Tribunal accionado no aplicó el régimen de cesantías
pertinente al caso concreto, dado que este pertenece al sistema
anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y 344 de
1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación genera
la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, señala que la autoridad judicial accionada desconoció
de manera arbitraria el precedente establecido en la sentencia SU 098
del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se

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Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos
al FOMAG y, en consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las
cesantías anuales.

Asimismo, argumenta que la providencia en cuestión desconoció las 22
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las pretensiones
de los demandantes de manera positiva al aplicar la Ley 50 de 1990 a
los docentes afiliados al FOMAG y tener en cuenta la condición más
favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en el expediente
rad. No. 63001-3333-006-2022-00084-02, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de
la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de
17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes (…)». (Sic en toda la cita).

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Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 15 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Quindío como accionado y al municipio de Armenia, al Ministerio de
Educación Nacional y al FOMAG como terceros interesados en las
resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Tribunal Administrativo de Quindío remitió el link de
acceso al expediente contentivo del medio de control bajo estudio, en
cumplimiento del requerimiento ordenado en el auto admisorio de la
acción de tutela.

4.2. La Fiduciaria la Previsora S.A. solicitó declarar improcedente
la presente acción de tutela y desvincular a la entidad por no estar
legitimada en la causa por pasiva.

4.3. El apoderado del accionante presentó memorial en el que
reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda de tutela
y solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor Juan
Carlos Ortiz Penagos

4.4. No se rindieron más informes.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Quindío incurrió en un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente judicial al proferir la providencia del 30
de marzo de 2023, mediante la cual negó el reconocimiento de la
sanción moratoria por la consignación inoportuna de las cesantías de la
accionante, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a
la administración de justicia y seguridad jurídica.

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Previamente a lo anterior se analizará la procedencia de la acción de
tutela contra la providencia judicial cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos

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fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 30 de marzo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 12
de mayo del mismo año.

3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento
del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

Por otra parte, es necesario señalar que, de conformidad con lo
anteriormente expuesto la Sala de Subsección estima pertinente

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conocer de fondo, a pesar de que en providencias3 que guardaron
similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado se rechazó por
improcedente la solicitud de amparo.

3.2. Del defecto material o sustantivo:

De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”6.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción

3
Ver entre otras providencias: 11001-03-15-000-2023-00786-00 y 11001-03-15-000-2023-01044-00.
4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión
judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección
y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades
judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con
ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma
forma9.

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
9
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.

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En ese sentido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho11.

En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”13.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una

10
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
11
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”14.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se portegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial16.

4. Caso concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Juan Carlos Ortiz Penagos en contra del Tribunal Administrativo
de Quindío, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad jurídica con ocasión de la
providencia del 30 de marzo de 2023 pues, en su entender, considera

14
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes
para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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que incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.

Sostiene, en síntesis que el tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo, dado que, no aplicó la disposición normativa contemplada
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relacionada con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías al respectivo fondo.

Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo del Quindío, en providencia del 30 de marzo
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías al demandante, bajo las siguientes
consideraciones:

«El Consejo de Estado, con apoyo en decisiones de la Corte Constitucional, sostuvo
que es viable aplicar por favorabilidad a los docentes las disposiciones que contiene
la Ley 50 de 1990. Lo anterior, en materia de sanción moratoria por la consignación
extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para estos el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación,
también les debe ser consignado en el FOMAG, a más tardar, el 14 de febrero del

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Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

año siguiente a su causación, so pena de incurrirse en mora, consistente en 1 día de
salario por cada día de retraso

La anterior interpretación se fundamentó principalmente en lo dicho en la Sentencia
SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional, indicándose que el ámbito de aplicación
de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados
públicos, incluidos los docentes, tal como lo establece el Decreto 1252 de 2000. Al
respecto, dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado:

“Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable aplicar
a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de manera que para
estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la
aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación,
so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018
sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos
aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un
beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para
el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta
Política».

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces han
adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la
sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es «más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales», máxime cuando «el ámbito
de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los
empleados públicos. Así lo establece el Decreto 1252 de 2000».

(…)

A pesar de lo anterior y al darse cumplimiento a la Sentencia SU-98 de 2018, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 24 de enero de 2019
argumenta la existencia de varias razones para no estar de acuerdo con lo señalado
en la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional, indicando lo siguiente:

i) Se expone que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, tiene como finalidad regular la situación prestacional de los empleados del
sector privado, condicionada a la escogencia libre del fondo para la administración
de las cesantías.

ii) Indica que de la interpretación de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, no se estableció de manera univoca la aplicación de la Ley 50

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Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

de 1990 a los docentes regulados por la Ley 91 de 1989, por lo que, no existe norma
que haya extendido la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes
regulados por el régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.

iii) Es equívoco invocar el principio de favorabilidad para aplicar la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes, toda vez que no hay conflictos de
disposiciones aplicables o una dualidad de interpretaciones de una misma
disposición, toda vez que el legislador creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio con la finalidad de unificar el sistema prestaciones de los
docentes del sector público, y la Ley 50 de 1990 tuvo como finalidad establecer un
sistema de cesantías anualizado y eliminar la retroactividad de las mismas en el
sector privado, por lo tanto, los dos sistemas son disimiles, con características
distintas y fondos de administración de esas prestaciones diferentes, uno público y
otros privados.

iv) Aplicar la Ley 50 de 1990 al sector docente, conforme lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000, conlleva al desconocimiento
de la naturaleza especial del régimen prestacional docente, creando una nueva regla
para aquellos maestros vinculados a partir del año 1996 o 2000, vulnerándose el
principio de inescindibilidad normativa.

v) De lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990, existen las siguientes
diferencias:

a) Se puede extraer que para los docentes se estableció una regulación especial
administrada por el fondo público obligatorio, y conforme con lo consagrado en
la Ley 50 de 1990, se puede escoger libremente el fondo de cesantías que mejor
rentabilidad pueda generar.

b) La liquidación y manejo de las cesantías tratándose de la Ley 50 de 1990 se
previó una liquidación definitiva al 31 de diciembre, debiéndose consignar las
cesantías antes del 15 de febrero en una cuenta individual a su nombre, en cambio
en el sector docente el FOMAG se financia de manera distinta, ya que este se
costea con los recursos provienen del Sistema General de Participaciones para
educación, y de conformidad con el Acuerdo 39, se debe remitir a la Oficina
Regional del Fondo las liquidaciones anuales de las cesantías de los docentes a su
cargo, lo anterior en los formatos diseñados por el Ministerio de Educación
Nacional.

c) Los valores que se giran por el Ministerio de Hacienda para financiar el
FOMAG son manejados bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda la
consignación individual de que trata la Ley 50, ya que los recursos que financian
el FOMAG son destinados
para cubrir las prestaciones, cuando estas sean exigibles, y adquieren dicha
exigibilidad cuando se reclama la cesantía parcial o se tenga derecho a la cesantía
definitiva.

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d) El legislador no consagró la sanción moratoria por la no consignación de las
cesantías anualizadas a favor de los docentes afiliados al FOMAG, toda vez que
estableció otros beneficios, como es el reconocimiento de intereses a las cesantías
sobre el monto de la cesantía consolidada.

vi) Para los docentes se establecieron las sanciones moratorias por el pago tardío de
las cesantías parciales o definitivas, de conformidad con lo señalado en las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, tal como se dijo en la sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-012-2018.

(…)

De todo lo expuesto, concluye este Tribunal que no hay una posición unificada en
la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la
Ley 50 de 1990 al sector docente.

Como consecuencia de lo anterior y en virtud a la autonomía de que goza el juez por
la indeterminación de dicho precedente, se considera por parte de la Sala que los
docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago
de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975,
toda vez que el régimen docente es especial y, en lo atinente a las cesantías, dicha
autonomía surge de lo dispuesto en artículo 3 de la Ley 91 de 1989, así como lo
señalado en la Ley 344 de 1996, disposición última que extendió la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los servidores de las entidades territoriales, excluyendo de ello
específicamente al sector docente oficial regido por la Ley 91 de 1989.

Debe anotarse que el régimen de cesantías docentes es distinto al régimen general
anualizado de cesantías, ya que a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de
enero de 1990 no se les hace un pago anual de cesantías, sino el reporte de su
causación al FOMAG, en vista que el responsable de la cancelación de las cesantías
es dicho Fondo, siendo el ente que tiene los recursos comunes que se destinan para
tal efecto, además, sobre el saldo total que existiere por concepto de cesantías a 31
de diciembre de cada año se deben reportar los intereses con base en la tasa DTF de
ese período y al docente le será cancelada la prestación social una vez solicite la
cesantías parciales o definitivas, existiendo solo la posibilidad de reconocer la
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, cuando la mora se produce en el
pago de las cesantías parciales o definitivas, con sustento en lo dispuesto en las
Leyes 244 de 1994 y 1071 de 2006.

Por el contrario, el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990
y 52 de 1975, consagran la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a
un fondo privado de cesantías hasta el 15 de febrero de cada año, generándose, por
el incumplimiento del plazo legal, las sanciones establecidas en dichas normativas
(Art. 99 Ley 50 de 1990 y el art. 1 ley 52 de 1975). Pero, dicho régimen no se aplica
al sector docente, ya que solo es aplicable en el nivel territorial a los servidores
afiliados a fondos privados de cesantías.

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Lo anterior se establece, no obstante que, de manera reciente la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado42, haciendo nuevamente referencia a la SU
098 de 2018 concluyó que en virtud al principio de favorabilidad es viable aplicar a
los docentes las disposiciones de la Ley 50 de 1990 en lo relacionado con el
reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías
anuales; sin embargo, resulta evidente que en dicho pronunciamiento no se tuvo en
cuenta el análisis realizado por la Corte Constitucional en la SU-573 de 2019 en
cuanto a las situaciones con características fácticas en las que no resulta aplicable
aquella sentencia (la SU-098) y a la conclusión a la que llega en cuanto a la
inaplicabilidad de la SU - 332 de 2019 al sector docente en los casos de la
consignación tardía de cesantías.

(…)

4. Como ya se dijo, este Tribunal, a través de sus Salas Segunda y Tercera de
Decisión (ver citas 11 y 12), entre otros recientes pronunciamientos, analizó la
temática acá debatida:

4.1 En el pronunciamiento del 19 de enero de 2023, dijo este Tribunal:

“EN CONCLUSIÓN, para la Sala no es posible hacerle extensiva la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en favor de la señora María Cristina, quien
ha ocupado el cargo de docente oficial al servicio del municipio de Armenia desde el 03
de mayo de 2005 y quien se encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica que así lo contemple
según su situación específica, además no existe un precedente consolidado que obligue a
acatarlo, y acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en la regulación sobre
el funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la administración de los
recursos – PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE UNIDAD DE CAJA -, aspectos todos que
de desconocerse exceden el propósito del legislador, lo cual impone que se confirme la
decisión de instancia.

4.2 En la decisión del 2 de febrero de 2023 de la Sala Tercera, se sostuvo por parte
de esta Corporación Judicial:

“Ahora bien y de acuerdo con lo probado en el expediente, se demostró que la parte actora
es una docente oficial debidamente escalafonada, estando afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, perteneciendo al régimen de cesantías
anualizado, consagrado en la ley 91 de 1989.

Por lo anterior, a la parte actora no se les aplica las disposiciones que consagran la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizados y de los intereses a las
mismas, que están consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52
de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y en él se determina
específicamente como se reconoce, liquida y paga las cesantías y los intereses a las
mismas, lo anterior, como se expresó, teniendo unas características propias que hacen
que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

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Además, en el presente caso no es exigible para la Corporación como precedente lo
dispuesto en la sentencia de unificación SU-098 de 2018, pues los supuestos fácticos del
presente proceso difieren de la mencionada sentencia”.

5. En ese orden de ideas, se tiene que guarda una relación analógica este proceso
con los definidos por las Salas Segunda y Tercera de Decisión de esta Corporación,
así que, siguiendo esa misma línea, debe concluirse que el fallo de primera instancia,
que negó las pretensiones de la demanda por considerar que los docentes
demandantes no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tienen un régimen
especial contemplado en la Ley 91 de 1989, se ajusta a derecho, por lo que amerita
ser confirmado.

6. Cabría agregar para responder los argumentos que sostienen el ataque al fallo de
primer grado: i) Los valores que se giran por el Ministerio de Hacienda para
financiar el FOMAG son manejados bajo el concepto de “UNIDAD DE CAJA”, sin
que proceda la consignación individual de que trata la Ley 50 de 1990; ya sobre el
pago de las mismas, bien de carácter definitivo o parcial, opera la sanción moratoria
normal si no se paga a tiempo; ii) Existe una regulación específica, lo que ocurre es
que se pretende una extensión interpretativa de la normativa citada (Ley 50 de 1990)
que no es clara, incluso a nivel de las altas cortes, como se pudo destacar, por eso,
el fundamento traído como referentes - de las Sentencias C-741 de 2012 y C-486 de
2016 de la Corte Constitucional -, es cuestionable, ante lo cual la Sala se está a lo
ya señalado por este Tribunal.» (SIC en toda la cita)

De la anterior transcripción, es claro para la Sala que el Tribunal
Administrativo del Quindío al desatar el asunto bajo examen, realizó un
estudio detallado de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo
que lo llevó a concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098
de 2018 no era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, allí
se debatió el pago tardío de las cesantías definitivas de docentes que
ya no tenían vinculación vigente, mientras que el señor Parra Medina,
al momento de la presentación de la demanda se encontraba vinculado
como docente.

En esa medida, concluyó que la sanción solicitada no era compatible
con la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989, prevén la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar

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el desembolso, sin que contemple sanción alguna en los términos
solicitados por el accionante.

De tal suerte que la situación, al ser diferente, debía ser tratada por
normativas distintas; manifestación que corresponde únicamente al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial.

Lo anteriormente expuesto permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas
al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tenían un
régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; asimismo, que no
era dable procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU098
de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de
presupuestos fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen.

En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU573 de 2019, en la que
precisó:

«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela17, pues la intervención del juez constitucional se

17
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales
o básicas de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y

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justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 18,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”19. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de
afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”20, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de
la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:

Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU- Sentencia T-
Consejo de 336 de 2017 008 de 2015
Estado21
Tipo de Sanción Sanción Sanción moratoria Sanción
sanción moratoria por la moratoria por el por el pago moratoria por la
moratoria no consignación pago tardío de tardío de sus omisión
solicitada de cesantías en sus cesantías cesantías injustificada
el fondo definitivas. definitivas. en la afiliación
correspondiente. al FOMAG.

controvertir pruebas, (iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa
técnica, (iv) el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación
de las reglas procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho a la
publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal
interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten
de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven anular el
ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de
2007.
18
Sentencia T-685 de 2003.
19
Ibid.
20
Sentencia SU-053 de 2015.
21
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

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Fundamento Artículos 99, Leyes 244 de Leyes 244 de Decretos 3752
jurídico el 102 y 104 de la 1995 y 1071 de 1995 y 1071 de de 2003 y
reconocimiento Ley 50 de 1990 y 2006. 2006. Decreto 1582
de la sanción la Ley 344 de de 1998, por el
1996, cual se
reglamentada reglamentan
por el Decreto parcialmente
1582 de 1998. los artículos 13
de la Ley 344 de
1996 y 5 de la
Ley 432 de
1998.
(…)

66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”22. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes23 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga24-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199825, pero no
cancelada.

68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201826, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”27. A pesar de no haber sido parte del debate

22
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
23
Ibid.
24
Sentencia T-425 de 2019.
25
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432
de 1998.
26
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-
7.457.923 y fls. 77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
27
Sentencia SU-098 de 2018.

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procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”28, como pasa a explicarse. (…)».

Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se limita
a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una
norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia como
arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.

De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de

28
Sentencia SU-354 de 2017.

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autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.

Así las cosas, lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un
estudio lógico y plausible conforme al criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, por lo que la divergencia de criterios en cuanto a la
aplicación e interpretación de la ley y la resolución al caso concreto no
puede considerarse per se como violatoria de derechos fundamentales,
pues dicha manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la
función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la intervención
del juez de tutela procede únicamente en los casos específicos en que
se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección procederá a negar el amparo solicitado mediante la acción
de tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal
Administrativo de Quindío.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02503-00
Accionante: Juan Carlos Ortiz Penagos

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Juan
Carlos Ortiz Penagos en contra del Tribunal
Administrativo de Quindío, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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