Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02507-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02507-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de septiembre de 2023
Demandante: Henry Ramírez Galeano
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02507-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02507-01
Demandante: HENRY RAMÍREZ GALEANO
Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – reconocimiento pensional por edad de retiro
forzoso – acreditación de inclusión en nómina - revoca
decisión que declaró cosa juzgada para, en su lugar, negar el
amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 13 de junio de 2023, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
el actor al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Henry Ramírez Galeano, en nombre propio presentó acción de tutela1
contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior de Cundinamarca
y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales «de Petición; al de
Igualdad; al Debido Proceso; a la Salud y Seguridad Social: Dignidad humana, al
Mínimo Vital conexo al de Vida; a la Familia: de la Tercera Edad y a tener una
Vejez Digna»2.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión a
la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
de retirarlo del cargo de juez Promiscuo Municipal de Caparrapí por haber
cumplido la edad de retiro forzado, pese a que no ha sido incluido en la nómina de
pensionados de Colpensiones.
1 Mediante escrito asignado por reparto el 28 de abril de 2023, al magistrado de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. Luego, con
auto de 2 de mayo de 2023, la mencionada autoridad judicial admitió la acción de tutela presentada
por el actor. No obstante, a través de providencia de 8 de mayo del mismo año, se dejó sin valor
todo lo actuado al interior del trámite y se ordenó remitir de inmediato el expediente a la Secretaría
del Consejo de Estado, de conformidad con el numeral 8º del artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
2 Trascripción literal del original con posibles errores.
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1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1.- Tutelar los derechos fundamentales de Petición; al de Igualdad; al Debido
Proceso; a la Salud y Seguridad Social: Dignidad humana, al Mínimo Vital conexo al
de Vida; a la Familia: de la Tercera Edad y a tener una Vejez Digna.
2.- Como consecuencia del amparo de todos o cualquiera de los anteriores, se
anulen los Acuerdos 319, 321 de diciembre 13 de 2022 y el 031 del 14 de febrero
2023 proferidos por la Sala plena presidida por el Dr. Javier Antonio Fernández
Sierra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
3.- Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
Presidencia y al Consejo Superior de la Judicatura en todas sus dependencias que
registraron mi retiro, para que procedan a reintegrarme de manera inmediata al
cargo que venía desempeñándome y sin ninguna represalia.
4.- Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
Presidencia y al Consejo Superior de la Judicatura, para que procedan al
reconocimiento, pago y comunicación de los salarios, primas, bonificaciones etc.,
con todas sus prestaciones sociales económicas, como si no me hubiesen retirado,
desde el 26 de diciembre de 2022 y hasta la fecha en que me reintegre. Incluyendo
los reajustes salariales y demás que se hubieren decretado.
5.- Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Presidencia
y al Consejo Superior de la Judicatura, para que procedan a incluirme en nómina y
demás, como si no me hubiesen retirado, debiéndose realizar los pagos
parafiscales y de Salud.
6.- SUBSIDIARIAMENTE SOLICITO Se advierta a Colpensiones para que den
cumplimiento a los términos establecidos tanto para el reconocimiento de la
Pensión como también para su Pago de conformidad a la ley 797 de 2003 y la
jurisprudencia T-155 de 2018, debiendo además informar en que tiempo concreto,
resolverán y pagaran mi pensión.3.
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en la siguiente síntesis:
Señaló que estuvo vinculado en propiedad en el cargo de juez Promiscuo
Municipal de Caparrapí desde el 1.° de julio de 2005 hasta el 26 de diciembre del
año 2022, es decir, por más de 17 años; sin que durante dicho término haya
recibido algún tipo de sanción o haya sido investigado.
Explicó que el 6 de diciembre 2022, radicó una petición ante la Presidencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a través del cual informó
que el 26 de diciembre de 2022, cumpliría la edad de retiro forzoso y que se
encontraba en trámite la solicitud de reconocimiento pensional ante Colpensiones.
De igual manera, solicitó que se le permitiera mantenerse en el cargo por 6 meses
más, comoquiera que su única fuente de ingreso era el salario percibido como juez
y sin este se vería afectado tanto él como su familia.
3 Trascripción literal del original con posibles errores.
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Alegó que con el Acuerdo 321 de 13 diciembre 2022, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca ordenó su retiro del servicio como juez
Promiscuo Municipal de Caparrapí a partir del 27 de diciembre de 2022, por haber
cumplido la edad de retiro forzoso.
Explicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto de manera desfavorable por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca mediante Acuerdo 031 de 16 febrero 2023.
Manifestó que el 14 de septiembre de 2022, solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de su pensión de vejez, no obstante, ante la ausencia de
respuesta a su petición, interpuso una acción de tutela que correspondió en
primera instancia al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada.
Comentó que mediante sentencia de 4 de abril de 2023 la mencionada autoridad
judicial amparó su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó a
Colpensiones que resolviera la solicitud de reconocimiento pensional. Sin
embargo, comoquiera que no se pronunció sobre los demás derechos invocados,
tal decisión fue impugnada y asignada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, autoridad que confirmó el fallo de primer grado.
Denunció que pese a que, a la fecha de radicación de esta acción constitucional,
se encuentra en trámite el correspondiente incidente de desacato, Colpensiones
sigue sin dar cumplimiento a la orden de tutela.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El actor consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus garantías
constitucionales con la decisión de desvincularlo del cargo que desempeñaba
como juez Promiscuo Municipal de Caparrapí, dado que se ha afectado su mínimo
vital y su estado de salud (pérdida parcial de cabello y estrés), teniendo en cuenta
que el salario que devengaba en dicho empleo era el único ingreso que percibía
para poder suplir sus necesidades básicas y las de su familia.
Sobre su situación familiar, explicó que contrajo matrimonio con la señora Stella
Castro Rey, con quien tuvo una hija llamada María Alejandra Ramírez Castro. Sin
embargo, informó que, mediante sentencia de 3 de diciembre 2013, del Juzgado
Veintidós de Familia de Bogotá, se cesaron los efectos civiles del matrimonio
católico por mutuo acuerdo, se liquidó la sociedad conyugal y se estableció una
cuota alimentaria en favor de su exesposa y su hija.
Asimismo, puso de presente que en la actualidad convive con su compañera, la
señora Nini Johanna López Caicedo, con quien tiene 4 hijos, de los cuales solo
uno es mayor de edad. Además, afirmó que aun cuando su hija María Alejandra
Ramírez Castro es profesional universitaria, a la fecha está desempleada, por lo
que no ha tenido reparo frente a los descuentos que se le han hecho por más de 9
años a su nómina por concepto de cuota alimentaria.
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En relación con sus obligaciones dinerarias, manifestó que tiene 3 créditos en
mora ante entidades financieras, Juriscoop y los Bancos BBVA y Occidente, todos
con procesos ejecutivos y que igualmente debe pagar un canon de arrendamiento
por $800.000, los servicios públicos domiciliarios que suman aproximadamente
$550.000, sin contar los gastos de alimentación, vestido, transporte, recreación,
higiene, medicamentos, entre otros.
Ahora bien, respecto de los actos administrativos por medio de los cuales fue
desvinculado, consideró que no se encuentra de acuerdo con los fundamentos
legales relacionados en la parte motiva (artículo 3° literal a) del Decreto 2245 del
31 de octubre de 2012) donde se señaló que al cumplir 70 años se alcanza la
edad de retiro forzoso, pues no es una razón suficiente que permita soslayar sus
garantías constitucionales.
Señaló que en la sentencia C-1037 de 2003 de la Corte Constitucional se
determinó que se debe procurar que no exista solución de continuidad entre la
fecha de retiro y la de inclusión en nómina de pensionados, lo cual no fue acatado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Particularmente,
precisó:
Por el hecho de haber realizado tramites sobre la pensión no es sinónimo de
inclusión en la nómina de pensionados, porque ni siquiera está aprobada o
reconocida la pensión y ante la falta de su reconocimiento, no puedo dejar de
percibir ingresos, porque tengo tres hijos menores, una exesposa y mi compañera
Johanna, a los cuales debo atender sus necesidades básicas y las personales,
debiendo percibir ingresos producto del cargo que desempeñaba, mientras
Colpensiones me reconoce la pensión y una vez reconocida, me incluya en nómina.
Recordemos que no siempre el reconocimiento es sinónimo de estar bien liquidada
la pensión y si no, habrá lugar a reclamar su corrección. Culminado este trámite y
encontrando que la pensión esta liquidada conforme a ley, entonces si hay inclusión
en nómina de Pensionados y se pasa la carta de renuncia al cargo por haberse ya
incluido en la nómina, sin lugar a recibir doble pago, hay que dejar por lo menos un
mes de diferencia.
Alegó que la autoridad judicial accionada impartió un trato desigual frente a todos
los demás jueces a los cuales sí se les ha permitido permanecer más tiempo en el
cargo mientras son incluidos en nómina de pensionados.
Sobre su derecho fundamental de petición, puso de presente que no le dieron
respuesta a su solicitud de 6 de diciembre de 2022, dado que el Acuerdo 321 de
13 diciembre 2022 no contempla todos los temas expuestos en su escrito.
Consideró que como en el trámite constitucional adelantado en primera instancia
ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada solo se amparó su
derecho fundamental de petición, pero no se ordenó su inclusión en nómina de
pensionados, es posible que el reconocimiento de su pensión le lleve hasta 6
meses más, razón por la cual es necesario que en esta acción de tutela se le
amparen sus garantías constitucionales.
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Puso de presente que el Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos
al desvincularlo sin ninguna ayuda ni protección y al nombrar en el cargo que
ocupaba a una joven recién egresada que no cumple los requisitos básicos de
dicho empleo, como por ejemplo con el tiempo mínimo de ejercicio de abogada.
Expresó que las autoridades accionadas violaron su derecho al debido proceso,
por cuanto: (i) no le notificaron el Acuerdo 319 de 13 de diciembre de 2022, en el
que se designó a la juez que ahora ocupa el cargo que él desempeñaba, (ii) no se
verificó cuando cumplía 70 años y pese a ello fue desvinculado sin estar incluido
en la nómina de pensionados de Colpensiones, (iii) se debió tramitar primero el
acuerdo de su retiro y luego la designación de su reemplazo, pero ello no ocurrió,
y (iv) la persona que lo remplazó no cumple con los requisitos para ocupar el
cargo y además fue posesionada cuando todavía no estaba en firme el acto que lo
retiró del servicio.
De igual manera, invocó como vulnerados sus derechos a la seguridad social y a
la salud, pues con retiro solo tendrá 3 meses de gracia para tener acceso al
sistema de salud, comoquiera que no cuenta con otros ingresos para cotizar tales
prestaciones. En este punto, iteró que está «viviendo de unos ahorros y prestamos
obtenidos por mi compañera».
Por último, exaltó que las autoridades demandadas desconocieron los derechos
de los 3 menores de edad que debe sostener, así como su garantía constitucional
a tener una vejez digna.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 17 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal
Superior de Cundinamarca, así como al presidente de Colpensiones y a las
autoridades accionadas.
Además, vinculó a la juez Promiscua Municipal de Caparrapí y a la directora
Ejecutiva de Administración Judicial.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado de la entidad solicitó que se declare probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva y que se vincule a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, dado que es la competente para
atender las pretensiones de la acción de tutela, por ser quien tiene a cargo las
funciones propias de empleador y pagador de la actora.
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1.6.2. Juez Promiscua Municipal de Caparrapí
La señora Beatriz Helena Montealegre Pachón, en calidad de titular del Juzgado
Promiscuo Municipal de Caparrapí informó que desde el 11 de enero de 2023 se
desempeña en dicho cargo, conforme a la designación que se hizo mediante
Acuerdo 319 de 13 de diciembre de 2022, suscrito por la Sala Plena del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y a la posesión realizada por el
alcalde de esa localidad el 27 del mismo mes y año.
De otro lado, indicó que «[r]especto a los demás señalamientos que refiere el
accionante, no son materia de discusión y no hacen referencia a este despacho
judicial vinculado».
1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
El presidente de la corporación solicitó que se rechace la acción de tutela,
teniendo en cuenta que se ha respetado los derechos al debido proceso y a
defensa del actor y se ha acatado lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley 1821 de
2016 y en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley 270 de 1996.
De otro lado, informó que el tutelante presentó otra acción de tutela por motivos
similares, la cual ya fue resuelta en segunda instancia por el Tribunal Superior de
Manizales, con sentencia de 11 de mayo de 2023.
Explicó que con oficio 740 de 15 de julio de 2022, es decir, con 6 meses de
anticipación, se le recordó al señor Henry Ramírez Galeano que el 26 de
diciembre de 2022, alcanzaría la edad de retiro forzoso al cumplir los 70 años.
Refirió que mediante Acuerdo 321 de 13 de diciembre de 2022, se retiró del
servicio al actor a partir del 27 de diciembre de 2022, decisión que fue confirmada
con el Acuerdo 31 de 14 de febrero de 2023.
1.6.4. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
La directora de Acciones Constitucionales de la entidad pidió que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado, dado que mediante Resolución
SUB116345 de 4 de mayo de 2023, notificada en la misma fecha, se resolvió
reconocer el pago de una pensión de vejez a favor del señor Ramírez Galeano
Henry, la cual será ingresada en la nómina de pensionados en el periodo 2023-05.
De igual manera, pidió que se deniegue la acción de tutela por cuanto las
pretensiones son improcedentes y el accionante cuenta con otros medios de
defensa administrativos y judiciales previstos por el ordenamiento a efectos de la
efectivización de sus derechos.
Por último, pretendió que se desvincule por falta de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que las pretensiones relacionadas con anular los Acuerdos
319 y 321 de 13 de diciembre de 2022 y 031 de 14 de febrero de 2022, recaen en
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Consejo Superior de
la Judicatura.
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1.6.5. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales
El profesional universitario de esa corporación remitió copia del fallo de tutela de
11 de mayo de 2023, proferido por la Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales4, a través del cual se confirmó la
decisión dictada el 4 de abril de 2023, por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de La Dorada que amparó el derecho fundamental de petición del señor
Ramírez Galeano y ordenó a Colpensiones emitir una respuesta de fondo, clara y
congruente a la petición elevada por el accionante el 24 de octubre de 2022.
Además, en la citada providencia «absolvió a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca».
1.6.6. Henry Ramírez Galeano
El actor informó que mediante la Resolución SUB 116345 de 4 de mayo de 2023,
le fue reconocida su pensión por parte de Colpensiones, pero que esta quedó mal
liquidada, pues dejó sin incluir semanas cotizadas y tomó el salario base de
liquidación más bajo de lo que realmente debe ser. Por otro lado, expuso que aún
no le han pagado ninguna mesada.
1.6.7. Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
El director de la entidad solicitó su desvinculación del trámite constitucional,
puesto que los derechos fundamentales del actor no han sido vulnerados, pues el
actuar de la dirección se ha ajustado a los mandatos constitucionales y legales y
se han realizado las gestiones, trámites y verificaciones necesarios.
Además, explicó que con el apoyo del Área de Talento Humano se procedió a dar
respuesta al accionante y se le envió a su correo electrónico.
1.6.8. Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
pidió que se declare improcedente el amparo impetrado, ya que la parte actora no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que lo que pretende es
controvertir el Acuerdo 321 de 13 diciembre de 2022, para lo cual el ordenamiento
jurídico ha previsto otros mecanismos de defensa que el accionante no ha
agotado.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 13 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
el actor por haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada, al considerar
que las súplicas que el tutelante formuló en la acción de tutela identificada con
radicación 17380-31-84-002-2023-00087-00 fueron las mismas que plantea en
este trámite constitucional.
4 Dictada en el proceso identificado con el radicado 17380-31-84-002-2023-00087-01, interpuesto
por el accionante contra Colpensiones, al que se vinculó a la Presidencia del Tribunal Superior de
Cundinamarca y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Para arribar a tal afirmación, explicó que el señor Ramírez Galeano promovió una
acción de tutela contra el presidente de Colpensiones y el registrador Nacional del
Estado Civil, bajo el radicado 17380-31-84-002-2023-00087-00, con la cual
pretendió el amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad
social y al mínimo vital, para que se le ordenara: (i) la concesión de la pensión de
vejez, (ii) el reintegrarlo al cargo de Juez Promiscuo Municipal de Caparrapí, y (iii)
el pago emolumentos dejados de devengar.
Expuso que de tal proceso conoció en primera instancia el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de La Dorada, que mediante auto de 27 de marzo de 2023
vinculó a los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, por cuanto el
demandante censuró los actos administrativos por los cuales fue desvinculado de
la Rama Judicial.
Luego, resaltó que en sentencia de 4 de abril de 2023, se amparó la garantía
superior de petición y se le ordenó al presidente de Colpensiones que atendiera
las solicitudes de 14 de septiembre y 24 de octubre de 2022. Asimismo, absolvió a
los magistrados demandados, puesto que el accionante no pidió previamente su
reintegro ni la cancelación de los respectivos emolumentos.
Afirmó que tal decisión fue impugnada por el demandante al considerar que se
debía acceder a la totalidad de sus pretensiones y confirmada el 11 de mayo de
2023, por el Tribunal Superior de Manizales.
En consecuencia, reseñó que en esta acción de tutela el actor pidió que: (i) se
deje sin efectos los Acuerdos 319 y 321 de 13 de diciembre de 2022 y 31 de 14 de
febrero de 2023, (ii) el reintegro al cargo de Juez Promiscuo Municipal de
Caparrapí, así como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de
recibir, y (iii) el reconocimiento de la pensión de vejez.
Finalmente, advirtió que con su escrito de contestación, Colpensiones afirmó que
con la Resolución SUB116345 de 4 de mayo de 2023, se le concedió pensión de
vejez al actor, por lo que cualquier inconformidad sobre esta prestación puede
ventilarse a través de los medios que otorga el ordenamiento jurídico, como los
recursos en sede administrativa y la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1.8. Impugnación
Mediante escrito enviado el 2 de agosto de 20235, el actor impugnó la decisión de
primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se amparen sus
derechos fundamentales y se accedan a sus pretensiones.
En primer lugar, señaló que no es cierto, como se expuso en el fallo, que interpuso
una tutela contra el registrador Nacional del Estado Civil.
5 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 28 de julio de 2023,
mientras el escrito de impugnación fue presentado el 2 de agosto del mismo año.
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Igualmente, alegó que se hizo un estudio superficial de los supuestos fácticos de
la acción de tutela, pues se dejaron de lado situaciones de hecho que debían
llamar la atención del a quo por la afectación de su derecho al debido proceso,
como es el caso de la designación que se hizo en su reemplazo con una persona
que no cumple con los requisitos para ocupar tal empleo.
Reprochó que el despacho de primer grado se enfocó «en el tema general de ya
haber sido alegados estos hechos en la tutela cuando esos mismos no han sido
resueltos por la segunda instancia ni se han pronunciado en esta tutela».
Sobre este aspecto, precisó que las argumentaciones hechas en la primera acción
de tutela estaban encaminadas a que se revisaran las irregularidades de los actos
administrativos expedidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y la omisión de Colpensiones en dar respuesta a su petición.
Puso de presente que aun cuando ya le fue reconocida su pensión, la liquidación
tiene errores, pero que eso será motivo de una próxima demanda que no se ha
instaurado ante la necesidad prioritaria de comprar alimentos para él y sus hijos.
Trajo a colación que existe reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que
prohíbe que se retire del cargo a una persona hasta tanto no se haya incluido en la
nómina de pensionados de Colpensiones.
Solicitó que se investiguen las presuntas irregularidades presentadas en el trámite
de la tutela por el incumplimiento del término de 10 días establecido en el artículo
86 de la Constitución y por cuanto, pese a que la providencia es del 13 de junio de
2023, solo se le notificó hasta el 28 de julio del mismo año.
Por último, consideró que existe una mala interpretación sobre los hechos, las
pretensiones y el material probatorio allegados al proceso.
1.9. Trámite de segunda instancia
Previo a dictar fallo de segunda instancia, mediante auto de 6 de septiembre de
2023, el despacho sustanciador ordenó a la Secretaría General de la corporación
requerir a las partes y terceros intervinientes para que informaran lo siguiente:
• A la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que indicara
la etapa en la que se encuentra el trámite de reconocimiento pensional del señor
Henry Ramírez Galeano, identificado con la cédula de ciudadanía 19.155.044 de
Bogotá. Así mismo, manifestara si el actor ya se encuentra incluido en la nómina
de pensionados de la entidad y, en caso afirmativo, si ya se le está consignado el
valor de su mesada pensional.
• A la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, al Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y al Consejo Superior de la Judicatura
para que señalaran si a la fecha el cargo de juez Promiscuo Municipal de
Caparrapí que ocupaba el señor Henry Ramírez Galeano se encuentra provisto,
en qué modalidad de nombramiento y el nombre de la persona que actualmente
se desempeña en ese empleo.
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• A la señora Beatriz Helena Montealegre Pachón con el propósito que
informara si en la actualidad continúa ejerciendo el cargo de titular del Juzgado
Promiscuo Municipal de Caparrapí y, en caso afirmativo, la forma en la que se
encuentra nombrada.
1.10. Contestaciones
1.10.1. Beatriz Helena Montealegre Pachón
Informó que actualmente se desempeña de manera provisional el cargo de juez
promiscuo municipal de Caparrapí, para el cual fue nombrada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca a través del Acuerdo 319 de 13 de
diciembre de 2022 y que ejerce desde el 11 de enero del 2023.
1.10.2. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
El presidente de la corporación indicó que el «cargo de Juez Promiscuo Municipal
de Caparrapí, en la actualidad lo ejerce en provisionalidad, la doctora Beatriz
Helena Montealegre Pachón, quien fue nombrada mediante Acuerdo Nª 319 del
13 de diciembre de 2022».
De igual manera, reiteró que la entidad que representa actuó de conformidad con
la normatividad vigente para el caso de retiro del servicio por retiro forzoso.
1.10.3. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
La directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones
informó que mediante la Resolución SUB 116345 de 04 de mayo de 2023,
notificada el 4 de mayo de ese mismo año al correo electrónico
heraga@yahoo.com, se efectuó el reconocimiento de pensión vejez al actor desde
1.° de enero de 2023 por el monto de $9,035,269.00.
De otro lado, manifestó lo siguiente:
Así mismo, se informa al despacho que verificado el aplicativo de nómina de
pensionados no se evidencia suspensión y/o reintegro de las mesadas pensionales.
Se anexan al presente memorial, certificado de nómina de los meses de mayo y
septiembre de 2023 y certificado de Devengados y Deducidos por el periodo
comprendido entre mayo de 2023 y agosto de 2023.
1.10.4. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura
La directora de la entidad explicó que la decisión sobre los nombramientos de los
funcionarios de los despachos judiciales corresponde al nominador y que, en el
caso de los jueces de la República, corresponde al respectivo Tribunal, según lo
dispone el numeral 7° del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
Por lo tanto, en este caso específico, puso de presente que la autoridad
competente para resolver la solicitud es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, quien también fue requerido en el auto.
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Comentó que con los oficios CJO23-5218 y CJO23-5219 de 11 de septiembre de
2023, la unidad requirió al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca para que informara lo relacionada con respecto del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Caparrapí, según su órbita competencial.
Relató que, con fundamento en lo interior, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca allegó el Acuerdo No. 319 de 13 de diciembre de 2022 del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante el cual se
efectuó un nombramiento en provisionalidad de la señora Beatriz Helena
Montealegre Pachón como Juez Promiscuo Municipal de Caparrapí, en tanto se
hace la designación de la lista de elegibles.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 13 de junio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 13 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el actor al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada.
Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la
acción temeraria y la cosa juzgada constitucional, y (iii) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que
resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.
Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
11
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En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.
Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
2.4. La acción temeraria y la cosa juzgada constitucional
Esta sección ha considerado que la temeridad se configura cuando concurren los
siguientes elementos6: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta
por la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv)
falta de justificación para interponer la nueva acción7.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado8:
"La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer
un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.9
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y
no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen
minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo
probatorio que repose en el proceso.”
Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de
cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado10:
[…] el precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por
una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante
actúa de mala fe11, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual
no se requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se
necesita que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los
mismos hechos sin justificación alguna12. No obstante, esta Corte ante tal
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de
junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
7 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
8 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
9 “En este sentido, sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, entre
muchas otras.”
10 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Sentencias T-502 de 2008, T-1215 de 2003, T-149 de 1995, T-308 de 1995, T-443 de 1995, T-
001 de 1997 y SU-1219.
12 Sentencias SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , T-986 de 2004 M.P Humberto
Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas: De manera que para que se configure la
temeridad en el ejercicio de la acción de tutela no basta con que este mecanismo sea utilizado en
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ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una acción de amparo por
temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario,
toda vez que supone una restricción legitima al derecho fundamental que
implica el ejercicio de la acción de tutela, […]
[…], la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i)
[i]dentidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones13”14; y
(iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda15,
vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. Así mismo, la
jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de establecer en
cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. […]
[…] la Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones16: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o
más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.17 (Subrayado y
negrilla por fuera del texto)
Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional también se acotó:
A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de
triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones
de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede
entenderse que aquella institución se configura.
También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente18:
Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación
que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv)
la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista19.
más de una ocasión por las mismas personas o sus apoderados, invocando la protección de los
mismos derechos y apoyándose en los mismos hechos e iguales pretensiones, sino que también
es menester que tal actuación esté desprovista de una razón o motivo que la justifique.
13 Sentencias T-502 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-568 de 2006 M.P Jaime Córdoba Triviño
y T-184 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Sentencia T-568 de 2006; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las
providencias T-020 de 2006, T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-
253 de 1998, T-263 de 2003 T-707 de 2003.
15 Sentencias T-568 de 2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-
883 de 2001.
16 Ibídem.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17 de junio de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos.
19 Ver entre otras, sentencias: T-568 de 2006, T-951 de 2005 y T-410 de 2005.
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Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en
la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho20. En términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia”21. (Negrita y
subrayado fuera del texto)
2.5. Caso concreto
2.5.1. En el sub examine, el accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión a la decisión adoptada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca de retirarlo del cargo de juez Promiscuo
Municipal de Caparrapí por haber cumplido la edad de retiro forzado, aun cuando
no ha sido incluido en la nómina de pensionados de Colpensiones.
El a quo constitucional declaró improcedente la presente acción de tutela por
haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, comoquiera
que encontró demostrado que las súplicas que el tutelante formuló en la acción de
tutela identificada con radicación 17380-31-84-002-2023-00087-00, adelantada por
el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada y el Tribunal Superior de
Manizales, fueron las mismas que planteó en este trámite constitucional.
Inconforme con esta decisión, el actor la impugnó y solicitó que se revoque para
que, en su lugar, se amparen sus garantías fundamentales y se acceda a las
pretensiones de su escrito de tutela.
Al respecto, explicó que no es cierto que interpuso una tutela contra el registrador
Nacional del Estado Civil. Además, alegó que en el fallo de primera instancia se
hizo un estudio superficial de los hechos de la acción de tutela, pues se dejaron de
lado situaciones que debían llamar la atención del a quo como, por ejemplo, la
designación que se hizo en su reemplazo con una persona que no cumplía con los
requisitos para ocupar el empleo del que fue retirado.
Reprochó que el despacho de primer grado se enfocó en el hecho de que a través
de otra acción de tutela se alegaron los mismos supuestos fácticos que los del
presente proceso, cuando ni siquiera había sido resuelta la segunda instancia y a
que con aquella solo se pretendía que se revisaran las irregularidades de los actos
administrativos expedidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y la omisión de Colpensiones en dar respuesta a su petición.
20 Ver sentencia T-185 de 2013.
21 Sentencia T-548 de 2017.
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Ahora bien, la sala procede a comparar la acción de tutela 17380-31-84-002-2023-
00087-00/01 con el presente trámite constitucional, con el fin de determinar si en
este asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada.
(i) Acción de tutela 17380-31-84-002-2023-00087-00/01:
Autoridades Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada y Sala
de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales.
Estado Con sentencia de segunda instancia de 11 de mayo de 2023 y
auto de 28 de julio de 2023 de la Corte Constitucional, por
medio del cual se resuelve no seleccionarlo por para revisión.
Decisión Declara improcedente.
Demandante Henry Ramírez Galeano.
Demandados Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Vinculados Presidencia del Tribunal Superior de Cundinamarca y
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Causa Se reprochó la ausencia de respuesta a la petición de 24 de
octubre de 2022, a través de la cual se le solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez. Así
mismo, «el quejoso también se dolió de la desvinculación del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca ya que
esta Corporación, a su juicio, debía informar las razones
constitucionales de su retiro, pese a que aún no estaba incluido
en la nómina de pensionados y sin pagarle sus prestaciones
sociales de acuerdo al tiempo laborado y a sus necesidades».
Objeto «2.- Se ordene a Colpensiones para que procedan a incluirme
en nómina de pensionados, conforme a las semanas que he
cotizado por más de 28 años.
3.- Se ordene a Colpensiones el pago inmediato, […]
4.- Se ordene a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito
judicial de Cundinamarca, informen las razones
constitucionales del por qué fui retirado del cargo de juez
promiscuo municipal del municipio de Caparrapí, sin estar
incluido en la nómina de Colpensiones, sin reconocer mi tiempo
de serbio a la entidad con una liquidación acorde a mis
necesidades y mi tiempo de trabajo que han incumplido el plazo
de 4 meses fijado por el parágrafo 1 del art. 9 del art.9 de la ley
797 de 2003 y la jurisprudencia T-155 de 2018 , en resolver mi
solicitud de pensión, debiendo además informar en que tiempo
concreto, resolverán mi pensión22».
22Transcripción literal del texto original con posibles errores. Este extracto fue tomado de los
documentos allegados el 3 de mayo de 2023, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La
Dorada.
15
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Derechos «[P]etición, mínimo vital conexo a la vida, a la familia, a la
salud, a la tercera edad y a tener una vejez digna».
(ii) Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-02507-00/01 (actual):
Autoridades Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y Sección
Quinta.
Estado Con sentencia de primera instancia y en trámite de
impugnación.
Decisión Se declaró improcedente en primer grado.
Demandante Henry Ramírez Galeano.
Demandados Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal Superior de
Cundinamarca y Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).
Causa Se reprochó la decisión adoptada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca de retirar al actor del cargo
de juez Promiscuo Municipal de Caparrapí por haber cumplido
la edad de retiro forzado, pese a que no ha sido incluido en la
nómina de pensionados de Colpensiones.
Objeto «[S]e anulen los Acuerdos 319, 321 de diciembre 13 de 2022 y
el 031 del 14 de febrero 2023 […]
Se ordene […] reintegrarme de manera inmediata al cargo que
venía desempeñándome y sin ninguna represalia […]
Se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, Presidencia y al Consejo Superior de la
Judicatura, para que procedan al reconocimiento, pago y
comunicación de los salarios, primas, bonificaciones etc., con
todas sus prestaciones sociales económicas, como si no me
hubiesen retirado, […]
SUBSIDIARIAMENTE SOLICITO Se advierta a Colpensiones
para que den cumplimiento a los términos establecidos tanto
para el reconocimiento de la Pensión […].».
Derechos «Petición; al de Igualdad; al Debido Proceso; a la Salud y
Seguridad Social: Dignidad humana, al Mínimo Vital conexo al
de Vida; a la Familia: de la Tercera Edad y a tener una Vejez
Digna».
En primer lugar, la sala encuentra que no existe identidad de sujetos, pues aun
cuando la primera acción de tutela se admitió contra Colpensiones y se vinculó al
Tribunal Superior de Cundinamarca, lo cierto es que en el presente proceso el
actor también reprochó la actuación del Consejo Superior de la Judicatura,
corporación que no intervino ni como parte ni como tercero en el expediente
17380-31-84-002-2023-00087-00/01.
16
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En cuanto a la identidad de causa, esta sección tampoco considera que se
configure, comoquiera que en el primer proceso se cuestionó la ausencia de
respuesta a una petición de reconocimiento pensional por parte de Colpensiones,
así como la omisión en «informar “las razones constitucionales” de su retiro del
cargo» por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca.
Es decir que en la acción de tutela 17380-31-84-002-2023-00087-00/01, el
problema jurídico se centró en la vulneración de las garantías constitucionales del
actor con ocasión de la falta de información o de respuesta a unas solicitudes
presentadas por él. Mientras que en el presente asunto se reprochó la decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca de retirar al tutelante
del cargo de juez Promiscuo Municipal de Caparrapí por haber cumplido la edad
de retiro forzado.
Finalmente, la identidad de objeto tampoco se configura, teniendo en cuenta que
en el expediente 17380-31-84-002-2023-00087-00/01 se solicitó; (i) la inclusión en
la nómina de pensionados de Colpensiones y (ii) que se le «ordene a la
Presidencia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, informen
las razones constitucionales del por qué fui retirado del cargo de juez promiscuo
municipal del municipio de Caparrapí, sin estar incluido en la nómina de
Colpensiones».
Por su parte, en esta instancia se pretendió la nulidad de los Acuerdos 319 y 321
de diciembre 13 de 2022 y 031 del 14 de febrero 2023, así como el reintegro al
cargo de juez Promiscuo Municipal de Caparrapí junto con el pago de todos los
salarios y demás prestaciones dejadas de devengar durante su retiro del empleo.
Igualmente, como pretensión subsidiaria pidió que se advierta a Colpensiones que
dé cumplimiento a los términos establecidos para el reconocimiento pensional.
Por tanto, acorde al lineamiento jurisprudencial y normativo expuesto en líneas
previas, se considera que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la
cosa juzgada. Por esta razón, se procederá a realizar el estudio de las
pretensiones hechas por el tutelante en el presente trámite constitucional.
2.5.2. Pues bien, como quedó mencionado en líneas previas, el actor pretende
que a través de este mecanismo de amparo que se declare la nulidad de los
Acuerdo 321 de 13 diciembre 2022 y 031 de 16 febrero 2023, por medio de los
cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca ordenó su retiro
del servicio como juez Promiscuo Municipal de Caparrapí, así como del Acuerdo
319 de diciembre 13 de 2022, por el cual se nombró en provisionalidad a la
señora Beatriz helena Montealegre Pachón en el cargo que ocupaba el señor
Henry Ramírez Galeano.
En ese sentido, en dable señalar que los acuerdos cuestionados por el
demandante constituyen actos administrativos que definieron su situación jurídica
y, por lo tanto, pueden ser controvertidos a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, consagrado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Es importarte recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reiterado que, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la
validez ni la legalidad de los actos administrativos, en consideración a que la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo impone al ciudadano la carga
razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los
conflictos con la administración y proteger los derechos de las personas23.
De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén a su
disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección de los
derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector
de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar
una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»24.
En el caso objeto de análisis, como se mencionó, en principio, el actor contaría
con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es el medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones cuestionadas por él,
situación que impediría que el juez de tutela se pronunciara sobre la validez de
estas al tener claro que este acto administrativo debe ser demandado ante el juez
natural de la causa ordinaria en virtud de lo estipulado en la Ley 1437 de 2011,
marco en el cual incluso, se pueden solicitar las medidas cautelares pertinentes.
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado, por ejemplo, en la Sentencia
T – 030 de 2015: «[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en
principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales
cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa
administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]».
De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. También, en el evento en que se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna
e inmediata sobre los derechos fundamentales vulnerados.
No obstante, en el asunto sub examine la sala estima que la acción de tutela se
torna procedente, comoquiera que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no sería un mecanismo de defensa judicial eficaz,
dado que el actor cuenta con 70 años y mientras se resuelve su situación
particular se podrían afectar sus derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social, ante la falta de prestación de estos servicios por la
desvinculación de la entidad con la que laboraba. Por esta razón, se estudiará de
fondo el presente asunto.
23 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
24 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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En este punto, se trae a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con la procedencia del reintegro ante una desvinculación por la causal
de retiro forzoso. Al respecto, en sentencia T-360 de 2017, se dijo lo siguiente:
[…] este Tribunal también ha establecido que una aplicación inflexible de la causal
de retiro forzoso, sin tener en cuenta criterios de razonabilidad en su aplicación,
puede traer como consecuencia la desprotección de la persona desvinculada del
empleo público, ya que es posible que haya cumplido la edad de retiro forzoso pero
no cuente con su mínimo vital asegurado. Por ello, esta Corte ha formulado la
siguiente regla jurisprudencial:
“la aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de
desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las
circunstancias especiales de cada caso, con el fin de evitar la violación de los
derechos fundamentales de los adultos mayores. Específicamente se ha
entendido que su aplicación objetiva, sin verificar el contexto en el que
tiene lugar su exigibilidad, puede llevar a efectos contrarios a la Carta, al
poner a sus destinatarios ante el desconocimiento de su mínimo vital,
cuando éstos carecen de las condiciones para asegurar la satisfacción
de sus necesidades básicas y todavía no acreditan los requisitos para
acceder a una pensión de vejez, existiendo por lo menos una expectativa
legítima sobre su reconocimiento”(énfasis añadido)25.
[…]
94. Así las cosas, la regla jurisprudencial para no aplicar automáticamente la
desvinculación por cumplir la edad de retiro forzoso sin antes evaluar la situación
concreta de la persona supone la verificación de algunas de las condiciones que a
continuación se enuncian y, adicionalmente, la verificación de la afectación al
mínimo vital del accionante. Se trata, en consecuencia, de establecer una solución
que haga posible el tránsito entre la culminación de la actividad laboral y la
obtención de los beneficios de la pensión, puesto que esto último se desprende de
la Carta Política al establecer en el segundo inciso del artículo 48 que se garantiza
a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Ahora bien,
esta regla no impide la desvinculación de trabajador si se configura otro tipo de
causal que lo justifique asociada, por ejemplo, al incumplimiento de sus
obligaciones.
95. Las condiciones que deben verificarse para no aplicar automáticamente la
causal del cumplimiento de la edad de retiro forzoso son las siguientes:
(a) Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el fondo de pensiones,
pese a cumplir con los requisitos para recibir la pensión de vejez o jubilación,26 o
(b) Que le falte un corto período de tiempo para completar el número de semanas
de cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de vejez27.
96. Para efectos de la valoración de la afectación al mínimo vital, el juez deberá
tener en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios28:
(i) Criterio económico. Consiste en evaluar (a) si el salario es el único ingreso del
trabajador; (b) si éste tiene bienes o propiedades que puedan servirle para
satisfacer sus necesidades básicas; (c) si su salario permite proyectar unos ahorros
razonables mientras el trabajador obtiene su pensión; (d) si los ingresos actuales
permiten o no sufragar los gastos del núcleo familiar y (e) si el trabajador tiene
deudas contraídas tiempo atrás.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015.
26 Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015.
27 Cf. Ibíd.
28 Estos criterios son utilizados en las sentencias T-643 de 2015, T-905 de 2013, T-708 de 2011, T-
660 de 2011 y T-294 de 2013.
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(ii) Criterio laboral. Consiste en evaluar (a) cuál es el vínculo laboral que tiene el
empleado con la entidad (empleado de carrera, libre nombramiento y remoción,
etc.) y (b) cuál es la profesión o trabajo que desempeña el accionante, pues el juez
debe considerar prima facie las probabilidades de que el trabajador vuelva a
ingresar al mercado laboral29.
97. La Sala concluye que cuando se cumplen las condiciones referidas, puede
ordenarse de manera excepcional, el reintegro del servidor público al cargo que
desempeñaba o a uno equivalente.
En ese sentido, se observa que no se cumplen con las condiciones establecidas
por el alto tribunal constitucional para ordenar el reintegro del actor, teniendo en
cuenta que a la fecha el señor Henry Ramírez Galeano cuenta con un derecho
pensional reconocido por Colpensiones.
Del material probatorio allegado al expediente, se tiene que mediante la
Resolución SUB 116345 de 4 de mayo de 2023, el subdirector de Determinación
de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones ordenó el pago de
una pensión de vejez a favor del accionante a partir del 1.° de enero de 2023, por
el valor de $9.035.269.
Así mismo, la mencionada administradora de pensiones informó que «verificado el
aplicativo de nómina de pensionados no se evidencia suspensión y/o reintegro de
las mesadas pensionales. Se anexan al presente memorial, certificado de nómina
de los meses de mayo y septiembre de 2023 y certificado de Devengados y
Deducidos por el periodo comprendido entre mayo de 2023 y agosto de 2023».
Para demostrar su dicho, aportó la siguiente prueba documental:
29 La Corte ha sostenido frente a estos casos que “el examen que le compete al juez de tutela es el
de verificar las condiciones de afectación del mínimo vital, a partir de criterios entrelazados con los
ingresos, rentas, deudas y gastos, así como la expectativa de obtener un empleo según el tipo de
profesión, las condiciones psicofísicas que se puedan convertir en barreras de acceso y la
vocación de permanencia que existía en la labor a su cargo” (Corte Constitucional. Sentencia T-
643 de 2015).
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En cuanto a la valoración de la afectación al mínimo vital, la sala destaca que
dicho perjuicio no se evidencia, puesto que el actor en su escrito de tutela indicó
que cuenta con el apoyo económico de su pareja, cuando afirmó que en «Estos
cuatro meses estoy viviendo de unos ahorros y prestamos obtenidos por mi
compañera […]».
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Además, de los documentos aportados por Colpensiones se evidencia que al actor
le fue girado un monto de 39,754,845, por concepto del valor de la mesada
pensional y el retroactivo, con lo cual se considera que el tutelante puede sufragar
sus gastos mínimos de existencia mientras que la entidad administradora resuelve
cualquier reproche que se pudiera presentar con el monto reconocido.
En todo caso, en el expediente no está acreditado que las deudas y gastos del
demandante superen el monto de sus ingresos, comoquiera que de los primeros
solo anexó copia de un reporte de un crédito con el Banco W, pero no puso de
presente otros medios de convicción, tales como recibos de servicios públicos, de
arrendamiento, de estudio o manutención tanto de él como de su familia, que
permitiera colegir la presunta vulneración alegada.
Por lo tanto, comoquiera que no se cumplen con las condiciones referidas por la
Corte Constitucional en sentencia T-360 de 2017, esta sala negará el amparo
invocado por el tutelante, pues no se evidencia la vulneración a sus derechos
fundamentales, teniendo en cuenta que en la actualidad el señor Henry Ramírez
Galeano se encuentra incluido en la nómina de pensionados de Colpensiones y
está devengando el monto de su pensión.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de 13 de junio de 2023, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará el amparo deprecado
por el señor Henry Ramírez Galeano, por las razones expuestas en esta
providencia.
Finalmente, en cuanto la solicitud realizada por el demandante, relacionada con
que se investiguen las presuntas irregularidades presentadas en el trámite de esta
acción de tutela, la sala no accederá a esta, comoquiera que el actor puede acudir
en nombre propio ante las autoridades competentes y poner de presente los
hechos que considera deben ser motivo de investigación.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de junio de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado
por el señor Henry Ramírez Galeano.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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