Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02509-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02509-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02509-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de noviembre de 2023
Demandante: Denis Alberto Granados Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02509-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02509-01
Demandante: DENIS ALBERTO GRANADOS SÁNCHEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 29 de agosto del 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente el amparo
solicitado, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por medio de la página web de tutela en línea de la
Rama Judicial el 12 de mayo de 2023, el señor Denis Alberto Granados Sánchez,
actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado 4 Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales «al debido proceso, en el núcleo esencial de la administración de
justicia y prevalencia del derecho sustancial (arts. 29, 228 y 229 Const.), la
igualdad (art. 13 Const.), el principio procesal iura novit curia ( arts. 1, 8 y 25
CADH), la seguridad social (art. 48 Const.) las garantías judiciales y la tutela
judicial efectiva (arts. 8 y 25.1 CADH en concordancia con el art. 93 Const.).»
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 24 de
noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
confirmó la providencia del 24 de noviembre de 2021 dictada por el Juzgado 4
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, mediante la cual negó las
pretensiones de la reliquidación pensional de invalidez reclamada por el señor
Granados Sánchez dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Denis Alberto Granados Sánchez
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02509-01
identificado con el radicado: 20001-33-33-004-2019-00012-00.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
Que como consecuencia de la anterior decisión se profiera una orden judicial
con destino al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, para que dicte
una sentencia de reemplazo que revoque la sentencia del 24 de noviembre
de 2021, proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
VALLEDUPAR, bajo los parámetros de justicia que establezca el Máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su rol de Juez Constitucional.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Denis Alberto Granados Sánchez laboró como docente en el
Departamento del Cesar, en la institución educativa Luis Giraldo del municipio de
Agustín Codazzi y estuvo vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
5. Mediante la Resolución No. 002931 del 2 de mayo de 2017 le fue
reconocida la pensión de invalidez del 100% por la pérdida de capacidad laboral.
Contra dicho acto administrativo interpuso la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que le fueran reconocidos los factores
salariales de bonificación mensual, prima de navidad, prima de servicios y prima
de vacaciones que debieron tenerse en cuenta para calcular la mesada
pensional.
6. El asunto fue conocido por el Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar que, mediante providencia del 24 de noviembre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda de acuerdo con la sentencia de unificación del 25
de abril del 2019 del Consejo de Estado1, la cual dispuso que no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y con
respecto de los cuales se haya efectuado algún descuento.
7. En esa medida, estableció que, a pesar de que la providencia resolvió un
caso de pensión de jubilación y el asunto en concreto se trató de una pensión de
invalidez, no se debe desconocer el efecto vinculante del pronunciamiento. Por
último, concluyó que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo censurado, por tal motivo se negó lo solicitado.
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019, Radicado: 68001-
23-33-000-2015-00569-01. MP. César Palomino Cortés.
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8. La providencia fue apelada por la parte demandante y en segunda
instancia el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Cesar que, a
través de sentencia del 24 de noviembre de 2022, confirmó la sentencia de
primera instancia. Lo anterior, en consideración a que, el señor Granados
Sánchez de acuerdo a su vinculación le es aplicable el régimen de pensión de
invalidez contenido en las normas del Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos
1848 de 1969 y 1045 de 1978.
9. En esa medida, dispuso que, la Resolución No. 002931 del 2 de mayo de
2017 fue liquidada con el 100% del último salario y se incluyeron los factores
como: el sueldo básico, la prima de vacaciones y la prima de navidad de acuerdo
a la fecha del estatus pensional adquirido el 10 de junio de 2016.
10. Así mismo, argumentó que, la pretensión del demandante consiste en que
se incluyan todos los factores salariales devengados en el último año de
prestación de servicios, para tal fin acogió el criterio dispuesto en la sentencia de
unificación del 25 de abril del 2019, en la cual se estableció que sólo pueden
incluirse aquellos factores sobre los cuales hayan efectuado cotizaciones al
sistema. En esa medida, de acuerdo con la certificación allegada por el
demandante no se confirmó que se hicieran descuentos sobre los factores que
alega debieron ser incluidos. Por tal razón, no puede ordenarse la reliquidación.
11. Por otro lado, argumentó que, la sentencia de unificación de la Sección
Segunda de esta Corporación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en
criterio del demandante no le era aplicable al caso en concreto. Sin embargo, la
autoridad judicial consideró que el demandante no probó que se hubieran
realizado los descuentos sobre los factores reclamados, por tanto, no es posible
ordenar la reliquidación de la pensión de invalidez.
12. La providencia fue notificada el 25 de noviembre de 2022.
1.4. Sustento de la vulneración
13. El accionante adujo el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela en el caso en concreto. Adicionalmente, indicó que, se
evidencia la aplicación indebida del artículo 23 del Decreto 3135 de 1968, que
fue derogado por el artículo 98 del Decreto Ley 1295 de 1994.
14. En esa medida, afirmó que, el Decreto Ley 1295 de 1994 estipuló las
normas específicas en materia de riegos profesionales, lo cual es distinto a la
pensión de vejez y sobrevivencia, obligando a que se estudie el caso en concreto
de una pensión de invalidez. Sumado a lo dicho, sostuvo que, las autoridades
judiciales demandadas desatendieron la aplicación normativa correspondiente al
objeto de litigio.
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15. Explicó que, la relevancia constitucional del caso surge en cuanto se
vulneraron gravemente las garantías de igualdad, el debido proceso y el principio
de legalidad y un trato desigual por las autoridades judiciales como también de
acceso a la justicia.
16. Con respecto a la subsidiariedad, afirmó que, no tiene medios de defensa
judiciales ordinarios u extraordinarios, por lo que solo posee la tutela. Así mismo,
sostuvo el cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad. Frente a los
requisitos específicos, argumentó que, las providencias incurrieron en un defecto
sustantivo por indebida interpretación de las normas procesales aplicables al
caso. Al respecto, indicó que, las autoridades judiciales omitieron la aplicación
del artículo 63 de la Ley 1848 de 1969 al caso en concreto.
17. Además, sostuvo que, el Consejo de Estado en sentencia el 8 de marzo
de 20212 estipuló la importancia de diferenciar entre la pensión de jubilación y la
pensión de invalidez, en esa medida en criterio del accionante, el Juzgado 4
Administrativo de Valledupar en su fallo, citó la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2 del 25 de abril de 2019, se refirió únicamente a la pensión de jubilación,
pero el caso en concreto es una pensión de invalidez.
18. También, afirmó que, el problema jurídico de la sentencia del 25 de abril
de 2019 es diferente al que se planteó, pues la referida providencia en conjunto
con la del 28 de agosto del 2018, resuelven otros problemas jurídicos
correspondientes a la pensión de jubilación de los docentes, pero nunca con
respecto a la invalidez.
19. Sostuvo que, las autoridades judiciales resolvieron el caso con
fundamentos jurídicos que no corresponden al objeto de análisis, y las
providencias no eran aplicables, pues no guardan una relación fáctica con el
asunto en concreto.
20. Explicó que, la situación de aplicación de providencias diferentes generaba
una afectación en la prevalencia del derecho sustancial y argumentó que, el
principio iura novit curia determina la aplicación correcta del derecho por parte de
las autoridades judiciales.
21. Sumado a lo dicho, afirmó que: «(…), en relación con el Ingreso Base de
Liquidación de la pensión de invalidez del personal docente nombrado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se debe decir que el Decreto 1848 de 1969
en su artículo 63 dispuso que dicha prestación se liquidaría teniendo en cuenta el último
salario devengado por el empleado y, en concordancia con la Ley 4 de 1996 y su Decreto
reglamentario 1743 de 1966 precisaron respectivamente, que el monto de la pensión por
invalidez debía ser igual al porcentaje del promedio mensual de los salarios devengados
por el empleado dentro del último año en que prestó sus servicios»
2 El accionante no indicó ningún radicado.
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22. Y, por último, sostuvo que: «Sobre el punto se indica que no es procedente
aplicar la Sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado de 28 de agosto
de 2018, ni la Sentencia del 25 de abril de 2019, por cuanto estas no hacen referencia a
las pensiones reconocidas por el riesgo de invalidez a favor de los docentes vinculados
al Magisterio, de manera que las reglas allí fijadas por el Alto Tribunal no pueden ser
aplicadas a este tipo de prestaciones pensionales. Aunado a ello, las normas propias de
la pensión de invalidez expresamente establecen que para efectos del reconocimiento
se deben incluir la totalidad de las sumas devengadas por el trabajador.»
1.5. Admisión de la demanda
23. El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto
del 17 de mayo del 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al
accionante, y como accionados al Tribunal Administrativo de Cesar y al Juzgado
4 Administrativo de Valledupar; iii) ordenó vincular como terceros con interés al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y a la Secretaria de Educación Departamental del Cesar; iv) ofició
al Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar para que remitiera
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 20001-33-
33-004-2019-00012-00/01
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar
28. A través de memorial del 25 de mayo de 2023, la autoridad judicial dispuso
que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual con respecto a la
protección de los derechos fundamentales. En esa medida, adujo que, no se
avizoraba ninguna arbitrariedad o contrariedad en la decisión atacada por vía
constitucional, pues es claro que la providencia demostró que no era posible la
reliquidación pensional solicitada en cuanto a que, no se demostró que se haya
efectuado descuento alguno en los factores salariales recibidos. Por tanto, para
la autoridad judicial no existe una vulneración de derechos fundamentales, por lo
que, solicitó negar el amparo.
1.6.2. Fiduprevisora
29. Por medio de memorial recibido el 25 de mayo de 2023 en el buzón del
correo electrónico de la Secretaria General, la entidad solicitó que se declarara
la improcedencia del amparo. Lo anterior, en cuanto a que argumentó que, existía
una ausencia de los requisitos de procedibilidad. Además, explicó que, hay una
falta de legitimación en la causa por pasiva, por no guardar relación alguna con
la presunta vulneración alegada.
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1.6.3. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
30. El 25 de mayo de 2023 mediante memorial allegado a la Secretaria
General del Consejo de Estado, la autoridad judicial sostuvo que, no se vulneró
ningún derecho de las partes en el trámite del medio de control señalado. En
específico, afirmó que, la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-
014-CE-S2-2019 contiene una subregla para los docentes oficiales vinculados
con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, la cual es que solo se
tendrán en cuenta los factores respecto de los cuales se hayan efectuado los
respectivos aportes y que se encuentren contenidos en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985. Así mismo, argumentó que, la providencia objeto de ataque señaló
claramente la diferencia que existía entre la pensión de jubilación y la de invalidez
y las razones por las cuales le era aplicable la respectiva jurisprudencia.
1.6.4. Secretaria de Educación del Departamento del Cesar
31. Con memorial recibido el 26 de mayo de 2023, la entidad arguyó la falta
de legitimación por pasiva, ya que, no guarda ninguna relación con los
fundamentos jurídicos ni fácticos de la situación presentada por el señor
Granados Sánchez y se escapa de la órbita de competencia el asunto de la
referencia. Por tanto, solicitó su desvinculación.
1.6.5. Ministerio de Educación
32. A través de memorial allegado el 26 de mayo del 2023, la cartera
ministerial argumentó que, la acción de tutela presentada por el señor Granados
Sánchez es improcedente en cuanto a que la entidad no ha desplegado ninguna
actuación o decisión que haya podido generar vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. Por lo cual, solicitó que se negará el amparo
deprecado por el accionante y se le desvinculara del trámite de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
33. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante
providencia del 29 de agosto de 2023, declaró la improcedencia del amparo
deprecado al no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional. Al respecto,
indicó que, el accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales el asunto tenía una trascendencia
constitucional y con la acción constitucional pretende revivir un debate propio del
juez natural que ya se surtió. Sumado a esto, afirmó que, la parte actora reiteró
los mismos argumentos que expuso en este trámite de tutela en el recurso de
apelación en contra de la sentencia del 24 de noviembre de 2021.
34. En esa medida, la providencia establece que dichos argumentos fueron
resueltos por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, por lo tanto, sostuvo
que, no es necesaria la intervención del juez de tutela en el asunto ya que este
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fue resuelto por el juez natural de la causa y lo que existió en el caso, fue una
falta probatoria por parte de la parte demandante en la cual no pudo probar que
sobre los factores salariales reclamados se hubieran realizado los descuentos,
de manera que, no fue posible ordenar la reliquidación de la pensión de invalidez.
Por lo cual, declaró improcedente la acción de tutela y negó la solicitud de
desvinculación de la Fiduprevisoria y el Ministerio de Educación Nacional. La
referida providencia fue notificada el 2 de octubre de 2023.
1.8. Impugnación
35. Mediante correo electrónico enviado el 5 de octubre de 2023, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia. Al respecto, afirmó que, la
finalidad de la acción de tutela era el amparo de los derechos fundamentales,
pues en criterio del accionante, los jueces no efectuaron una valoración
normativa adecuada del régimen aplicable al caso en concreto.
36. Expuso que, la aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico en este
caso se sustenta en que se aplicaron normas que regulan la pensión de
jubilación, cuando lo que se pretende es el estudio y reconocimiento de la pensión
de invalidez del señor Granados Sánchez. Para tal fin, trajo a colación la
providencia del 8 de marzo de 2021 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B3 por medio de la cual, se estipuló la importancia de diferenciar
entre la pensión de jubilación y la pensión de invalidez con respecto a distintas
características y requisitos que son necesarios para su reconocimiento.
37. En esa medida, sostuvo que, para resolver el problema jurídico se
aplicaron fundamentos jurídicos que no corresponden al caso en concreto, pues
usaron una providencia que no constituye precedente judicial, ni doctrina
probable. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado,
Sección Quinta en providencia del 11 de febrero de 20164 en esa medida, ese
error constituyó un defecto sustantivo por una inaplicación de las normas
debidas. Por último, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y en su
lugar se concediera el amparo deprecado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia 29 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
3 El accionante no indicó radicado de la providencia que hizo referencia.
4 El accionante no indicó radicado de la providencia que hizo referencia.
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Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
39. La Secretaria de Educación del Departamental del Cesar solicitó la
desvinculación alegando carecer de legitimación en la causa por pasiva; sin
embargo, esta petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó
en calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido
el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite.
2.3. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida 29 de agosto de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a través de la cual declaró la
improcedencia del amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los
siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?
41. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
• ¿Vulneraron el Tribunal Administrativo de Valledupar y el Juzgado 4
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar los derechos
fundamentales invocados por presuntamente incurrir en un defecto
sustantivo al proferir la sentencia de segunda instancia del 24 de
noviembre de 2022, la cual confirmó la sentencia de primera instancia del
24 de noviembre de 2021 que negó las pretensiones de reliquidación de
la pensión de invalidez que adquirió el señor Granados Sánchez?
42. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) el caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
43. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y
declaró su procedencia.7
44. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
45. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
46. Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial
2.5.1. Relevancia constitucional
47. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la providencia
de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción constitucional,
pues el asunto carece de relevancia constitucional puesto que no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20228.
2.5.1.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación
de criterios en materia de relevancia constitucional
48. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada carecía de
relevancia constitucional.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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49. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.»
50. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
«lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.»
51. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9» (Énfasis de la Sala).
52. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
«En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”11
(…)
9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
10
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”12 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 14 , lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal15.» (Resaltado de la Sala)
53. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con
la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
2.6. Caso concreto
54. De lo formulado en el escrito de tutela, se concluye que en el asunto de la
referencia la parte accionante manifestó que, las autoridades judiciales
accionadas aplicaron indebidamente la normativa y la jurisprudencia conforme a
la cual debió resolverse el problema jurídico propuesto en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
55. Lo anterior, al considerar que, el juez empleó el régimen de pensión de
jubilación por vejez y el asunto es una pensión por invalidez, lo cual no era
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
11
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extensible, pues las providencias en las cuales se fundamentaron las decisiones
de primer y segunda grado no consideraron dicha situación fáctica.
56. Al respecto, para la Sala de Decisión la parte actora presentó argumentos
tendientes a buscar una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con lo cual pretende reabrir las etapas procesales
y la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa.
57. En ese sentido, a pesar de que la parte actora argumentó que, se incurrió
en un defecto sustantivo, al revisar el proceso ordinario, la sala evidencia que
reiteró los mismos argumentos del recurso de apelación con el escrito de tutela
con el fin de que se incluyan todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios. Sin embargo, las autoridades judiciales fueron claras al señalar
que debido a que no se probó que se hiciera deducción alguna sobre los factores
salariales devengados no podían ser incluidos en la liquidación, razón por la cual,
no fue posible ordenar la reliquidación pensional solicitada por el accionante.
58. Sumado a lo dicho, las accionadas fundamentaron su fallo en la aplicación
de la sentencia de unificación de SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
mediante la cual dispuso que:
«se refirió a las pensiones de jubilación del sector docente, la regla allí
dispuesta “relacionada con la liquidación del ingreso base de liquidación de
la pensión incluyendo únicamente los factores respecto de los cuales se
efectuaron aportes al sistema” debe extenderse a las pensiones de invalidez,
ya que es la interpretación acorde con el contenido del Acto Legislativo 01
de 2005, según el cual, "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones…”
(…) De esta manera al verificar que el actor no probó que sobre los factores
reclamados se hubiesen realizado descuentos, no es posible ordenar la
reliquidación de pensión de invalidez.”»
59. Ahora bien, la omisión del interesado en encuadrar y desarrollar
rigurosamente sus motivos en los defectos o requisitos específicos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial establecidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evidencian la
carencia de relevancia constitucional de la controversia propuesta, pues la parte
solamente se limitó a sostener una indebida aplicación de un régimen normativo
sin ningún tipo de desarrollo argumentativo que pudiera establecer la posible
vulneración de un derecho fundamental, sin evidenciar claramente cuál era el
régimen normativo que debía fundarse.
60. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
12
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entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
2.7. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se confirmará
la sentencia del 29 de agosto 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B que declaró improcedente el amparo de la tutela
promovida por la parte actora por no cumplirse el requisito de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaria de Educación
del Departamento del Cesar.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró la improcedencia
del mecanismo de amparo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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