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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02529-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02529-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: NEGAR el amparo deprecado por el señor Erick Andrés Pérez Álvarez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02529-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de junio de 2023

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 2 52 9- 0 0
Ac c i o na nt e : Er ic k A n d rés P ér e z Á lv are z .

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02529-00
Accionantes: Erick Andrés Pérez Álvarez
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial. - Niega pretensiones.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

El señor Erick Andrés Pérez Álvarez, en nombre propio, solicitó la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

HECHOS

Narra el actor, que el 08 de julio de 2019 interpuso queja disciplinaria en contra
de la abogada Nelly Pérez Ulloa, por considerar que la misma se encontraba
incursa en la falta contemplada en el numeral 7º del artículo 33 de la Ley 1123
de 2017, pues la misma fue nombrada representante de los bienes relictos dentro
del proceso de sucesión de su padre Erick Armando Pérez Acosta, que cursa en
el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá, donde la togada actúa a nombre propio
y a su vez funge como apoderada judicial de sus hermanos.

Que, en decisión interlocutoria del 21 de mayo de 2021, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá decidió terminar anticipadamente la acción

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disciplinaria contra la citada abogada y que dicha providencia fue confirmada el
12 de abril de 2023 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El accionante considera que con las decisiones de las accionadas se le vulneró
su derecho al debido proceso y presenta como reparos los siguientes:

Que no le fue permitido escuchar la versión libre rendida por la abogada Nelly
Pérez Ulloa, que se practicaría en la audiencia de pruebas y calificación
provisional, pues le informaron que se llevaría a cabo a las 4:00 P.M. del 03 de
febrero de 2020, cuando era a las 3:00 P.M.

Que la audiencia del 03 de febrero de 2020 se suspendió, con el fin de citar a los
señores Luis Francisco Pérez Ulloa y Germán Pérez Ulloa, el siguiente 26 de
febrero de 2021 y escuchar sus testimonios sobre los hechos que originaron la
queja disciplinaria.

Que, en la diligencia del 26 de febrero de 2021, hubo problemas de conectividad
que hicieron ininteligible el testimonio del señor Germán Pérez Ulloa, no obstante,
fue valorado y sirvió como fundamento de la decisión que terminó
anticipadamente la acción disciplinaria. Sostuvo, además, que durante el curso
de la audiencia, el magistrado sustanciador no encendió la cámara.

Que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, incurrieron en defecto fáctico al no valorar una serie
de pruebas documentales consistentes en actas de las juntas de socios de
GOMENAL S.A.S. e INDUSTRIAS HERPE S.A.S., tendientes a probar que la
abogada Nelly Pérez Ulloa había accedido a los bienes en litigio de sucesión y
que aunque fuera socia de estas dos empresas que conformaban parte de la
masa sucesoral, mantenía su condición de apoderada dentro del proceso
judicial.

PRETENSIONES

En protección del derecho reclamado, el accionante solicita:
“(…) PRIMERA: Ordene al COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DE BOGOTÁ (SIC) y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,

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declarar la nulidad de los autos de fecha 12 de abril de 2023 de la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, y 21 de mayo de 2021 de la COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, por no haber considerado
en su totalidad la denuncia elevada y las pruebas aportadas.

SEGUNDA: Decretar la nulidad de las Audiencias de fechas 3 de febrero de 2021
y 26 de febrero de 2020, por haber faltado al debido proceso, impedido la
participación debida del quejoso, por haberse dado con la cámara apagada del
honorable magistrado MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ y haber incluido cómo
validas pruebas ininteligibles.

TERCERA: Continuar con las investigaciones y diligencias por las actuaciones
de la abogada NELLY PÉREZ ULLOA (…)”

TRÁMITE DEL PROCESO

El 16 de mayo de 2023, la acción de tutela de la referencia fue repartida al
Despacho del Magistrado Ponente y el 18 de igual mes y anualidad, fue admitida
mediante proveído que ordenó notificar, como accionados, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, y como tercero interesado, a la señora Nelly Pérez Ulloa, quien tuvo la
calidad de investigada en el proceso disciplinario anteriormente referenciado. A
todos ellos se les corrió traslado para que ejercieran su derecho de defensa.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por intermedio de quien fungió como
magistrado ponente del fallo proferido en segunda instancia, rindió informe por
medio del cual solicita declarar improcedente el amparo y expresa su postura,
señalando que para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la presente
acción de tutela no satisface el requisito de la relevancia constitucional, por
cuanto el actor no cumplió con la carga de explicar y fundamentar cómo le fue
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

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Expresó también que, en gracia de discusión, de llegarse a encontrar satisfechos
los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, el amparo debe ser negado, pues no se vulnera el debido proceso del
accionante, por las razones que siguen:

En primera medida, en cuanto al cuestionamiento del actor sobre la legalidad de
lo actuado, alegando que el magistrado instructor no encendió su cámara durante
la audiencia del 26 de febrero de 2021 y que ello generaba la nulidad de la
diligencia, sostuvo que ese hecho no había sido expuesto dentro del recurso de
apelación, por lo que no era posible hacer un pronunciamiento sobre un aspecto
adicional a los relacionados en la alzada. Aunado a lo anterior, sustentó que, en
cuanto a las solicitudes de nulidad, estas no pueden ser interpuestas por el
quejoso, pues no hace parte de los intervinientes del proceso disciplinario, según
lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007.

En segundo lugar adujo que, si bien la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá incurrió en un error involuntario al citar al ahora accionante a una hora
equivocada para la audiencia de pruebas y calificación provisional, lo cierto era
que esa situación no cercenaba ni ponía en riesgo sus derechos fundamentales,
comoquiera que dentro del proceso disciplinario no tenía facultades para
contrainterrogar; se le había escuchado en la ampliación de la queja y dentro del
expediente se había dejado constancia de lo ocurrido en la diligencia.

En relación con el reproche formulado por haber sido notificado de la providencia
de segunda instancia solamente con la firma del magistrado ponente, expresó
que es una situación de carácter secretarial que no invalida lo decidido, pues las
decisiones adoptadas por las Corporaciones Judiciales requieren de la asistencia
y voto de la mayoría de los miembros del Cuerpo Colegiado, lo cual había
acontecido en el caso particular.

En cuanto al defecto fáctico en la valoración probatoria, precisó que uno de los
presupuestos para estudiar de fondo un proceso disciplinario es determinar si el
investigado es o no sujeto disciplinable, por lo que al analizar el caso de la
abogada Nelly Pérez Ulloa, se encontró que la misma no era disciplinable, pues
no se encontraba ejerciendo la profesión y estaba desarrollando actuaciones
como socia y representante de las cuotas de su padre dentro de las sociedades

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GOMENAL e INDUSTRIAS HERPE S.A.S, donde se le nombró con esas
calidades por votación y elección de los socios mayoritarios.

Señaló que el despacho incurrió en una imprecisión al afirmar que las pruebas
documentales no habían sido aportadas oportunamente; no obstante, sostuvo
que dicho acervo no cambiaría el sentido de la decisión, pues este no intentaba
demostrar la calidad de sujeto disciplinable de Pérez Ulloa sino que pretendía
demostrar su responsabilidad, cuestión que no se entró a estudiar por encontrar
que la togada no estaba ejerciendo la profesión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios,
imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la
cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a
menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar
que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las
autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye
la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba
ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere
alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la
sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin
de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

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jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir las decisiones
censuradas en esta sede, comoquiera que: 1) el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la
decisión judicial controvertida se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso del actor; 2) el accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial
para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) el solicitante identificó claramente los
hechos generadores de la presunta vulneración y los derechos transgredidos y
5) no se trata de una sentencia de tutela.

Para resolver el asunto, lo primero es ubicarnos en el contexto del proceso
disciplinario y al respecto, esta Sala ha sostenido en reiteradas providencias3
que, si bien es cierto que todas las personas pueden presentar quejas por la
comisión de una falta disciplinaria, también lo es que el objetivo de la acción
disciplinaria no se remite al amparo de los derechos del quejoso, sino a la
protección de la función pública y tratándose de un abogado, de la corrección en
el desempeño de su profesión.

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias i) 28 de mayo de 2020, expediente
radicado núm. 11001-03-15-000-2019-05072-01, ii) 25 de septiembre de 2017, expediente radicado
núm. 25000-23-42-000-2017-03908-01

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En lo pertinente, la Ley 1123 de 2007 en sus artículos 65 y 66,4 dispone que los
sujetos procesales en la actuación disciplinaria son el investigado, su defensor y
el suplente, cuando sea el caso, y el Ministerio Público, cuando la actuación se
adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.

Adicionalmente, la norma establece las facultades de los sujetos procesales y en
su parágrafo determina que la intervención del quejoso se limita únicamente a
presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas
que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.

La Corte Constitucional, en sentencia C-014 de 2004, respecto a la participación
del quejoso precisa:
[…]

al quejoso no le asiste la calidad de sujeto procesal, pues se trata de la
persona que pone en movimiento el aparato administrativo o judicial del
Estado con miras a la investigación de una falta disciplinaria y la sanción de
los responsables. De allí que sus facultades de intervención en el proceso
sean limitadas pues si bien puede presentar la queja, ampliarla, aportar
pruebas y recurrir la decisión de archivo de las diligencias y el fallo
absolutorio, no está legitimada para otras intervenciones procesales como
las de solicitar pruebas, recurrir las decisiones que se profieran en el
proceso, distintas a las ya indicadas, y solicitar la revocatoria directa del
fallo.

El accionante alega el desconocimiento de su garantía fundamental al debido
proceso por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, sin

4
“ARTÍCULO 65. INTERVINIENTES. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria
el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio
Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para: 1.
solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su práctica. 2. Interponer los
recursos de ley. 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la
legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de sus fines, y 4. Obtener copias
de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan carácter
reservado.
PARÁGRAFO. El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación
y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación
de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto
podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva2

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embargo, atendiendo el marco conceptual expuesto en párrafos precedentes;
para esta Sala resulta evidente que al no ostenta el actor la calidad de sujeto
procesal, mal podría entenderse vulnerado el derecho invocado.

Finalmente, comoquiera que la intervención del quejoso dentro del trámite
procesal se limita a presentar y ampliar la queja, aportar pruebas y recurrir la
decisión de terminación anticipada del proceso, únicamente podría existir una
vulneración del derecho al debido proceso cuando el ente investigador le impida
o no garantice alguno de esos derechos. Sin embargo, en el presente asunto,
observa la Sala que, a través de auto del 29 de julio de 2021, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dispuso conceder el recurso de
apelación en el efecto suspensivo ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, conforme lo prevé el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007.

Conforme a los lineamientos planteados por la Corte Constitucional en la
sentencia T-265 de 2016 que retoma lo dicho por la sentencia C-014 de 2004, el
señor Erick Andrés Pérez Álvarez no se encuentra dentro de las excepciones
contempladas por la jurisprudencia para ser tenido como sujeto procesal cuando
se está en presencia de un proceso disciplinario por razón de faltas que
constituyan violaciones al derecho internacional humanitario o al derecho
internacional de los derechos humanos.

Con fundamento en los argumentos precedentes, se negará el amparo solicitado,
considerando que al actor no ostenta la calidad de sujeto procesal dentro de la
acción disciplinaria, por lo que no podría concluirse que se le esté cercenando la
garantía fundamental al debido proceso alegada respecto de las actuaciones
adelantadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: NEGAR el amparo deprecado por el señor Erick Andrés Pérez Álvarez,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

EPM

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