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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02554-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02554-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Denegar la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Esteban Orduña Ferreira contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y la Universidad Nacional de Colombia, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02554-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C. veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02554 00
Demandante: Daniel Esteban Orduña Ferreira
Demandados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

Tema: Tutela contra acto administrativo proferido en el trámite de un
concurso de méritos

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Daniel Esteban Orduña Ferreira promueve acción de tutela contra la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Universidad Nacional, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de
defensa, a la igualdad, de acceso a la carrera judicial y a cargos públicos mediante
concurso de méritos.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

PRIMERA: SE TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos
y funciones públicas e igualdad vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura y
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero en donde se publicaron los anexos 1 y 2 de admitidos e
inadmitidos expedida por la directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a mi inadmisión del concurso
de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA18-1077 de 2018.

TERCERO: ORDENAR a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de cuarenta y ocho horas

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Demandante: Daniel Esteban Orduña Ferreira

siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva decisión en la cual tenga en
cuenta a efectos de calcular el término de experiencia laboral, la certificación real
aportada el 7 de septiembre de 2018 -Archivo No. 2 adjunto-, y por tanto, se me admita
el concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA18- 1077 de 2018, de
tal manera que me permita continuar en las siguientes etapas del proceso de selección.

CUARTO: Proferir las órdenes que a bien tenga su honorable Corporación, para la
protección de mis derechos fundamentales.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) Por Resolución 383 del 5 de abril de 2016, el señor Daniel Orduña fue designado
como escribiente nominado del despacho número dos de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. El 25 de igual mes y año por
Resolución 390 lo nombraron en el despacho en mención como oficial mayor, cargo
que ocupó de forma ininterrumpida hasta el 12 de enero de 2021. En la actualidad
funge como profesional especializado en el despacho número cuatro de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

ii) Mediante Acuerdo CSJBTA 17-556 de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá convocó a concurso de méritos para la conformación del Registro
Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios -convocatoria 4-. Se postuló dentro del
periodo de inscripción -habilitado hasta el 27 de octubre de 2017- en la plataforma
Sistema Kactus, y como soporte de acreditación de experiencia laboral aportó el
certificado -fechado 20 de octubre de 2017-, conforme al cual el cargo que ocupaba
desde el 5 de abril -hasta le fecha de expedición- era el de oficial mayor.

iii) El Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de
agosto de 2018, estableció el proceso de selección y convocó al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial -convocatoria 27-.

iv) El 7 de septiembre de 2018, en la plataforma Kactus de la Rama Judicial, se
inscribió en el concurso de méritos para el cargo de Juez Promiscuo Municipal. Para
el efecto, según los archivos que tiene en su poder, entre otros documentos, aportó

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el certificado laboral -del 5 de junio de 2018- expedido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el que constaba que «se
desempeñó en este despacho como escribiente nominado, y con posterioridad se
desempeña como oficial mayor». Además, en el módulo de experiencia del
formulario de inscripción señaló la casilla «oficial mayor» como cargo actual -de esa
época-.

v) El 12 de febrero de 2021, en la plataforma Kactus visualizó la documentación
aportada el 7 de septiembre de 2018, entre ellas la certificación laboral -que aducen
inexistente-. Así que con el fin de actualizar la información registrada 1 y «partiendo
del convencimiento que no afectaría lo cargado en la convocatoria de jueces y
magistrados, pues en virtud del principio de confianza legítima creí que el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial contaba
con los sistemas de seguridad que imposibilitaban la fuga, reemplazo o eliminación
de la documental adosada en el momento de la inscripción a la convocatoria 27,
procedí a reemplazar el certificado laboral fechado 2018 por unos actualizados, de lo
cual la propia entidad accionada me informó mediante correo electrónico su exitoso
cargue y actualización».

vi) El 24 de julio de 2022, presentó las pruebas de aptitudes, conocimientos y
psicotécnicas, obteniendo un resultado de 821,22 puntos, el cual lo habilitó para
continuar en la convocatoria.

vii) Mediante Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, la Dirección de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial lo inadmitió, pues «no cumplió con el
requisito 3.4: “No acreditar el requisito mínimo de experiencia, de las causales de
rechazo al concurso de méritos”», toda vez que al verificar las certificaciones
obrantes en la plataforma Kactus con fechas anteriores al cierre de inscripción -7 de
septiembre de 2018-, solo encontraron la certificación de fecha 20 de octubre de
2017.

viii) El 9 de febrero de 2023, elevó solicitud requiriendo a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial «los documentos cargados en el Kactus para la convocatoria 27

1 Como lo dispone el artículo 165 de la Ley 270 de 19961

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de 2018, los cuales se adosaron entre el 1° y el 7 de septiembre de 2018 junto con la
trazabilidad de carga, descarga y posible eliminación».

ix) El 20 de febrero de 2023, solicitó a esa Unidad la verificación de los documentos y
el contenido del diligenciamiento paso a paso del formulario de inscripción para la
convocatoria 27, para lo cual solicitó fuera practicada una auditoria y/o inspección
informática de lo cargado y posiblemente eliminado. Además, «al acreditarse que
para el 7 de septiembre de 2018 me encontraba activo en la Rama Judicial desde el
5 de abril de 2016, señale que me encuentro admitido para iniciar la fase II del
concurso».

ix) El 13 de marzo de 2023, a través de Oficio CJO23-1199 del 13 de marzo de 2023
la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial ratificó la decisión de
inadmisión por no contar con el requisito mínimo de experiencia, pues solo reposaba
la certificación laboral relacionada con el cargo de oficial mayor.

x) El 16 de marzo de 2023, por Oficio CJO23-1365, la directora de la Unidad le
informó sobre la existencia de 5 archivos obrantes en el sistema Kactus para la
convocatoria 27 que acreditaban la experiencia profesional: a) Archivo:
1096926155_KRLHVEXT_1_experiencialab,2 b) Archivo:
1096926155_KRIHvext_2_constancia_dani…,3 c) Archivo:
1096926155_KRIHvent_3_resolución_no._4

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Con base en lo descrito en el acápite de hechos consideró que con la respuesta del
16 de marzo de 2023 de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial -Oficio CJO23-1365-, quedaba probado que:

2 «Certificación fechada el 19 de octubre de 2015, emanada por el doctor Wilson Ruiz Orejuela, Magistrado Sala

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que daba cuenta que entre el 14 de enero al 19
de octubre de 2015 fungí como auxiliar judicial ad-honorem en ese despacho».
3 «Certificación fechada el 13 de enero de 2021, expedida por la Magistrada Paulina Canosa Suárez, titular del

Despacho 2 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, donde
acreditaba que entre el 5 de abril de 2016 al 13 de enero de 2021 fungí de manera ininterrumpida como empleado
judicial -oficial mayor- en ese despacho».
4
«Resolución No. 003 del 12 de enero de 2021, mediante la cual el doctor Carlos Arturo Ramírez Vásquez,
Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá me nombró a
partir del 13 de enero de 2021, en el cargo de abogado asistente».

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Demandante: Daniel Esteban Orduña Ferreira

i) Para el 7 de septiembre de 2018 -cierre de inscripción de la convocatoria 27 de
jueces y magistrados- cumplía con los requisitos mínimos para el cargo de juez
promiscuo municipal, pues desde el 5 de abril de 2016 de manera ininterrumpida
fungía como empleado judicial.

ii) Para sustentar la inadmisión al concurso analizaron un documento que no fue
aportado en el periodo de inscripción establecido en el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018 ni obra dentro del sistema para esa convocatoria, pues como lo acredita la
directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial la certificación fechada
el 20 de octubre de 2017, no está cargada en el aplicativo Kactus habilitado para la
convocatoria de jueces y magistrados, por el contrario, fue la aportada para la
convocatoria de empleados realizada en el año 2017, de ahí su coincidencia en
fecha - octubre de 2017-.

iii) «En el aplicativo Kactus habilitado para la convocatoria 27, el suscrito aportó la
certificación laboral que acreditaba que para septiembre de 2018 contaba con la
experiencia requerida para el cargo de juez promiscuo municipal, sin embargo, por
error y omisión de la Unidad de Administración de Carrera Judicial -imposible de
atribuir a los administrados-, de no generar un bloqueo y/o inhabilitación que
impidiera la fuga de información de lo adjuntado entre el 1 al 7 de septiembre de
2018, al actualizar y cargar documentos el 12 de febrero de 2021 se eliminó y/o
reemplazó lo obrante, motivo por el cual pese a que el periodo de inscripción venció
en septiembre de 2018, dentro del sistema solo se encuentran los certificados y
actos administrativos de fecha de suscripción 2021». (énfasis del accionante)

iv) Hizo referencia a la procedencia excepcional de la acción de tutela como
mecanismo principal para controvertir actos administrativos proferidos en concursos
de mérito -actos de trámite-, así como las medidas cautelares, y con sustento en las
sentencias T-001 de 1992, T-003 de 1992, SU-133 de 1998, SU-913 de 2009, SU-
913 de 2009, T-059 de 2019, T-340 de 2020 y del Consejo de Estado, Sección
Segunda, expediente radicado número 25000 23 15-000 2021 01421-01, concluyó
que conforme al precedente citado estaba claro que a pesar de la existencia de las
medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la

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suspensión de los respectivos actos administrativos, la acción de tutela resultaba
procedente como medio adecuado para atacar actos administrativos en el marco de
un concurso de méritos, cuando a través de estos se ha vulnerado uno o varios
derechos fundamentales.

v) ) Sustentó la razón por la cual los medios ordinarios resultaban ineficaces así
como la existencia de un perjuicio irremediable y, al efecto, sostuvo que la
convocatoria 27 se abrió a través del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, el cual en su
apartado 4.º estableció que el concurso tiene 2 etapas: i) selección y ii) clasificación,
dentro de la primera etapa existen 3 fases: Fase I - rueba de Aptitudes y
Conocimientos, Fase II –Verificación de requisitos mínimos y Fase III –Curso de
Formación Judicial, y que la inscripción se llevará a cabo desde el 11 de septiembre
al 6 de octubre de 2023.

vi) En la segunda fase, -verificación de los requisitos- fue inadmitido por Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, al no satisfacer el requisito mínimo de
experiencia, sin embargo, el 20 de febrero de igual anualidad radicó solicitud de
verificación de documentos, a lo que la Unidad de Administración de Carrera Judicial
por Resolución CJO23-1199 del 13 de marzo hogaño, ratificó su exclusión,
convirtiéndose éste último acto administrativo en definitivo dado que se encuentra la
manifestación de voluntad de la administración, en la que se informa que «no es
posible generar estado de admitido».

vii) Si bien contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de solicitar la nulidad de los actos, no era un secreto que conforme a
diversos estudios relacionados con la congestión y la mora judicial,5 en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, desde el año 2012 hasta el año 2021, los ingresos
de procesos siempre superaron a los egresos, lo que ha generado como efecto una
gran congestión reflejada en el tiempo que se tarda la resolución de las demandas,
situación que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional -no señaló el
número de la sentencia- faculta la procedencia de la acción de tutela.

5 La Congestión y la Mora en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: descripción y análisis del fenómeno

y una evaluación de las medidas implementadas para combatirlo” de Sebastián Barreto Cifuentes.

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viii) El medio de control en mención no tenía la efectividad, idoneidad ni eficacia para
proteger los derechos fundamentales trasgredidos, habida cuenta que la inscripción
al curso de formación judicial es entre el 11 de septiembre hasta el 6 de octubre de
2023, «y si la decisión ordinaria sale 4 o 5 años después, entonces habré perdido la
oportunidad tanto de participar en el curso como de conformar la lista de elegibles y
acceder a la función pública como juez bajo el principio y derecho fundamental del
mérito».

ix) «Pese a que la Unidad de Administración de Carrera Judicial mediante oficio
CJO23- 1365 del 16 de marzo de 2023 certifica que para el 7 de septiembre de 2018 -

cierre de inscripción de la convocatoria 27 de jueces y magistrados- cumplía los
requisitos mínimos para el cargo de juez promiscuo municipal, pues desde el 5 de
abril de 2016 de manera ininterrumpida fungía como empleado judicial, y que se trató
de un error en el aplicativo Kactus que permitió el escape de la información. Además,
que están valorando el cumplimiento del requisito con una certificación que no fue
aportada para la convocatoria, la entidad accionada persiste en inadmisión,
imposibilitando que entre el 11 de septiembre al 6 de octubre de 2023 me inscriba en
el curso de formación».

x) La fuente del daño es la decisión de rechazo por incumplimiento de los requisitos
mínimos y el perjuicio irremediable es inminente pues pese a que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial certificó que cumplía los requisitos mantiene su
decisión en su inadmisión a la convocatoria, consideró que la decisión del juez de
tutela debe ser urgente y tomada antes de la fecha programada para la inscripción al
curso de formación judicial e impostergable en la medida que no existe otro medio
eficaz para lograr su reintegro al concurso de manera definitiva.

xi) Excluirlo del proceso de selección basado únicamente en un error atribuible a la
administración -pues en el año 2021 cuando realizó la actualización de información,
la entidad permitió el reemplazo y eliminación de la documental cargada en
septiembre de 2019- , vulnera sus derechos al debido proceso y al mérito conforme
lo sostuvo el Consejo de Estado en decisiones del 21 de junio de 2017, 6 al decidir

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2016, expediente radicado

número 25000 23 25 000 2013 00787 01.

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que la entidad convocante no podía exigir documentos que ya tenía en su poder, así
como la sentencia del 9 de diciembre de 20217, relacionada con la exclusión de un
participante por no aportar su cédula dentro de una convocatoria de la rama judicial.

1.3.2. El 8 de junio de 2023, el señor Daniel Orduña Ferreira adjunta memorial por
medio del cual advierte que «[d]e las respuestas emitidas por la entidad accionada es
evidente la manipulación en la documentación aportada para la convocatoria de
jueces y magistrados», y, al efecto, anexó unos pantallazos que la sesume así: «i)
RESPUESTA DEL 16 DE MARZO DE 2023 APARECEN 13 ARCHIVOS CARGOS (SIC) RESPECTO

DE LA EXPERIENCIA LABORAL FIGURAN 5 ARCHIVOS, ENTRE LOS CUALES NO ESTÁ LA
PRESUNTA CERTIFICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017, ii) RESPUESTA DEL 16 DE MAYO DE

2023 APARECEN 13 ARCHIVOS CARGOS (SIC), RESPECTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL FIGURAN 5
ARCHIVOS, ENTRE LOS CUALES NO ESTÁ LA PRESUNTA CERTIFICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE

2017, y iii) RESPUESTA DEL 5 DE JUNIO DE 2023 APARECEN 10 DOCUMENTOS PRESUNTAMENTE
CARGOS (SIC), PERO RESPECTO DE LA EXPERIENCIA FIGURAN TAN SOLO 2 ARCHIVOS, INCLUYENDO

AHORA LA CERTIFICACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017».

Consideró que dichas irregularidades dejan en evidencia que así la Unidad de
Administración de Carrera Judicial inicialmente certificó que para el 7 de septiembre
de 2018 -cierre de inscripción de la convocatoria 27 de jueces y magistrados-
cumplía con los requisitos mínimos para el cargo de juez promiscuo municipal -en
tanto desde el 5 de abril de 2016 de manera ininterrumpida fungía como empleado
judicial- y que se trató de un error en el aplicativo Kactus que permitió el escape de la
información, ahora «al estar sometida a una acción constitucional manipulan el
sistema eliminando los archivos que ellos mismos acreditaron y enviaron pantallazos
en comunicaciones del 16 de marzo y 16 de mayo de 2023, y cargan un certificado
que ellos mismos decía que no obraba como adosado entre el 27 de agosto al 7 de
septiembre de 2018, y que si fue el aportado en la convocatoria de empleados
judiciales en el año 2017, con lo cual acreditó la vulneración de mis derechos
fundamentales».

1.4. Actuación procesal

7 Consejo de Estado, sentencia del 9 de diciembre de 2021, expediente radicado número 11001 03 15 000 2021

05927 01 del 09 de diciembre de 2021.

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Demandante: Daniel Esteban Orduña Ferreira

Por auto del 25 de mayo de 2023, se ordenó notificar como demandados al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Universidad Nacional, para que en el término de tres días, rindieran el respectivo
informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial,8 Claudia
M. Granados R., solicitó negar el amparo por cuanto con el actuar administrativo de
esa corporación no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Luego de realizar un recuentro normativo de los actos administrativos por medio de
los cuales se llevó a cabo la convocatoria 27, dejó en claro que el Consejo Superior
de la Judicatura señaló de manera integral los requisitos generales y específicos
para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento daría lugar al rechazo
o exclusión del concurso. En ese sentido precisó que los participantes al momento de
la inscripción se obligaron a cumplir los lineamientos del Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018.

Señala que el requisito de aportar en archivo formato PDF los certificados de
experiencia profesional, se encuentra expresamente regulada en la causal de
rechazo señalada en el numeral 3.5. numeral 3 del artículo 3.º, del Acuerdo PCSJA18-
11077.

Mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 «(p)or medio de la cual se
decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de
16 de agosto de 2018» y su anexo 2, se rechazó al accionante por la causal 3.4 de
dicho acuerdo, quien, dentro del término de solicitud de verificación de requisitos
mínimos, el señor Daniel Orduña solicitó la revisión de las certificaciones laborales
allegadas.

8 Expediente digital de tutela.

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Fue así que con Oficio CJO23-1199 de 13 de marzo de 2023, esa Unidad le aclaró al
tutelante que la experiencia laboral exigida para el cargo aspirado se contabilizó a
partir de la obtención del título de abogado, esto es desde el 30 de octubre de 2015,
y que la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplían con los
parámetros definidos en la convocatoria, es decir, la expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el cargo de oficial
mayor, teniendo en cuenta los extremos temporales allí indicados y debidamente
demostrados, no acreditaba el término mínimo requerido para el cargo de aspiración
equivalente a 720 días, advirtiendo que con el certificado allegado acreditó un tiempo
total de 555 días.

Reiteró que la experiencia profesional debía ser adquirida y certificada en debida
forma con posterioridad a la obtención del título de abogado, como lo establece
expresamente el numeral 1. 2. del artículo 3.º del Acuerdo de Convocatoria, así la
certificación expedida por el por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria en el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem, no acreditaba
los requisitos previstos, como quiera que estos se remiten a la experiencia previa a la
obtención del título de abogado.

Ahora bien, respecto a la manifestación del accionante relativa a que tiene la certeza
de que en el mes de septiembre de 2018 aportó la certificación laboral de fecha 5 de
junio de 2018, con la que, asegura, acredita el requisito de tiempo de experiencia
profesional exigida y que al haber procedido a realizar la actualización y cargue de
nueva información en febrero de 2021, por error del sistema Kactus, dicho
documento se eliminó y/o reemplazó, aclaró que el aplicativo referido brindaba la
oportunidad a cada una de las personas inscritas de generar un resumen de la
documentación aportada, tal como fue informado en el instructivo de inscripción en el
que se señaló que se podía obtener el listado de documentos subidos y se ilustró la
forma de hacerlo. Así, cada participante tuvo la oportunidad de revisar y verificar qué
documentos subió a la plataforma con el fin de acreditar el cumplimiento de los
requisitos mínimos, así como también se indicó que en caso de requerir el listado de

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los documentos que cargó en el sistema, podía descargarlo desde el menú
«Documentos».

En el anterior orden de ideas, advirtió que el señor Orduña Ferreira pudo generar el
listado consolidado de los documentos debidamente cargados a la plataforma Kactus
al momento de su inscripción, a efectos de demostrar que, en efecto, aportó el
certificado laboral de fecha 5 de junio de 2018 expedido por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el que considera,
demuestra el cumplimiento del requisito de experiencia exigido para el cargo
aspirado; no obstante, al revisar los documentos que obran en dicho sistema, el
mencionado no figura en los archivos del aspirante, tal como se consignó en el Oficio
CJO23-3477 de 5 de junio de 2023, en virtud del cual se dio alcance al oficio CJO23-

1365 de 16 de marzo de 2023, que le dio respuesta al concursante frente a la
solicitud de información de documentos por él presentada, al cual se adjuntaron los
pantallazos correspondientes a la documentación allegada y en los cuales no
aparece dicho certificado, razón por la cual no fue tenido en cuenta en la valoración
de la documentación en la etapa de verificación de requisitos mínimos.

Precisó que la valoración de los documentos allegados se realizó teniendo en cuenta
la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de
condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible darle un
tratamiento diferente, en tanto sólo son tenidos en cuenta los documentos
presentados dentro del término legal de la inscripción, esto es, entre el 27 de agosto
y el 7 de septiembre de 2018, por lo que, en ningún caso, podían ser estudiados los
aportados con fecha de expedición del año 2021, cargados por el aspirante al
aplicativo Kactus con el fin de actualizar la información, por haber sido presentados
de manera extemporánea, es decir, con posterioridad al término de inscripción.

Concluyó que en atención a que la pretensión del actor está encaminada a que se
ordene a las accionadas dejar sin efectos parcialmente la Resolución CJR23-0061 de
8 de febrero, en cuanto a su inadmisión del concurso de méritos convocado a través
del Acuerdo PCSJA18- 1077 de 2018 y admitirlo de tal manera que se le permita
continuar en las siguientes etapas del proceso de selección, por considerar que
cumple con los requisitos exigidos para el cargo aspirado, particularmente el de la

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experiencia, precisó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar
actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el
principio de legalidad.

1.5.2. El director del Proyecto Contrato 096 de 2018 de la Universidad Nacional
de Colombia,9 Eduardo Aguirre Dávila, informó que a la fecha de presentación del
informe, se ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los
reparos y solicitudes invocados por el accionante en el marco de su solicitud de
verificación de requisitos mínimos (VRM) y de petición.

Añadió que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos
administrativos, en especial, por inconformidades que no devienen de una
vulneración directa a los derechos fundamentales del accionante, en este caso se
trata del acto administrativo que dispuso rechazar al aspirante del concurso de
méritos al haber incurrido en la causal 3.4 de rechazo de conformidad con el acuerdo
regulador de la Convocatoria 27, actos administrativos que se encuentran cobijados
por el principio de legalidad.

Consideró que no resulta oponible a las entidades accionadas el descuido o la culpa
del aspirante en el cargue efectivo de los documentos que soportan el cumplimiento
de los requisitos mínimos, como son los soportes documentales de su experiencia
laboral como escribiente u oficial mayor que dio lugar a la configuración de la causal
3.4 de exclusión de la convocatoria; no siendo tampoco viable subsanar dicha
circunstancia en razón a que la norma rectora del concurso no establece dicha
posibilidad y que el conteo de la experiencia laboral en sede de VRM se adelantó
únicamente respecto de aquella presentada en término y no de manera
extemporánea.

Aclaró que a pesar de que obran varias certificaciones y documentos en el sistema
Kactus, como se informó en el Oficio CJO-1365 del 16 de marzo de 2023, otras
certificaciones obrantes en dicha plataforma distintas a la antes mencionada, no
fueron objeto de análisis documental en sede de VRM en tanto adolecían de algunos
atributos como: i) no poder certificar experiencia profesional con posterioridad a la

9 Expediente digital de tutela.

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obtención del título de abogado, o ii) haber sido cargadas con posterioridad al
término de inscripción y cargue fijados para la Convocatoria 27.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual
«las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en
primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala
de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si los accionados vulneraron los derechos
fundamentales de defensa, a la igualdad, de acceso a la carrera judicial y a cargos
públicos del señor Daniel Esteban Orduña Ferreira con la expedición de la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, por medio de la cual fue publicada
la lista de aspirantes rechazados a la convocatoria 27, entre ellos al accionante, y si
la acción de tutela procede para ordenar a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial tener en cuenta la certificación aportada el 7 de septiembre de 2018, a
efectos de acreditar el término de experiencia y ser admitido en el concurso de
méritos.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. De la aportadas por el accionante

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2.3.1.1. Foto de la certificación del 20 de octubre de 2017, según la cual el señor
Daniel Esteban Orduña Ferreira «presta sus servicios en la Rama Judicial desde el 5
de abril de 2016 y en la actualidad desempeña el cargo de OFICIAL MAYOR DEL
TRIBUNAL, grado 00, ejerciendo sus funciones en el (la) CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA, SALA DISCIPLINARIA DE CUNDINAMARCA, 007, nombrado (a) en
PROVISIONALIDAD mediante resolución, perteneciente al Régimen Salarial Acogido
[…]».

2.3.1.2. Foto de la constancia del 5 de junio de 2018, suscrita por la magistrada
Paulina Canosa Suárez a cuyo tenor el «abogado DANIEL ESTEBAN ORDUÑA FERREIRA
[…] se desempeñó en este despacho como escribiente nominado, y con
posterioridad se desempeña como oficial mayor, así 1: Designado como escribiente
nominado mediante Resolución 383 de cinco (5) días del mes de abril de dos mil
dieciséis (2016), posesionándose en la misma fecha, hasta el día veinticinco (25) de
abril de dos mil dieciséis (2016), inclusive fecha en la cual le fue aceptada su
renuncia. 2. Designado como OFICIAL MAYOR EN PROPIEDAD mediante Resolución 390
de veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016), posesionándose
el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciséis (2016), inclusive, cargo en el que se
encuentra actualmente […]».

2.3.1.3. Correo electrónico del 12 de febrero de 2021 procedente de «Convocatorias
Rama Judicial» -convocatrias@cendoj.ramajudicial.gov.co-_

Buenas tardes

Verificado el módulo de selección del sistema Kactus, encontramos que usted subió
documentos durante el periodo de inscripciones para el cargo de Magistrado del
Consejo de Estado, sin embargo no ha escogido ninguno de los cargos que se está
ofertando.

Si no es su deseo inscribirse a la convocatoria, por favor omita este mensaje, de lo
contrario recuerde que tiene plazo hasta la 12 de la noche del día de hoy para escoger
el cargo de aspiración.

Cordial Saludo

Unidad de Administración de la Carrera Judicial
Consejo Superior de la Judicatura.

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2.3.1.3. Copia del formato único de hoja de vida «Entidad Receptora RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO» del señor Daniel Esteban Orduña Ferreira en dos folios.

2.3.1.4. Oficio CJO23-1199 del 13 de marzo de 2023 suscrito por la directora de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, por medio del cual da respuesta a la
solicitud de revisión de documentos de la convocatoria 27, así:

Doctor Orduña Ferreira:

En atención a la solicitud del asunto remitida dentro del término previsto en el
cronograma, de manera atenta se procede a dar respuesta en los siguientes términos:

Conforme lo establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y tal como se regló en el
artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, “…La convocatoria
es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de
perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los participantes,
quienes con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el
presente Acuerdo”.

Así mismo, el artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018,
estableció como requisito específico para los cargos de Juez de categoría de
Municipal: “Acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a dos (2) años”.
(correspondiente a 720 días) “…La experiencia profesional deberá ser adquirida con
posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas…”.

A su vez en el numeral 2.4.3. del mismo artículo se determinó que los aspirantes
debían anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de
los certificados de experiencia profesional. A su vez, en el numeral 2.3. se indicó
“…Para el efecto, el instructivo de inscripción hará parte del presente Acuerdo y se
publicará en el citado Portal de la Rama Judicial; la información allí reportada se
validará con la documentación que haya sido digitalizada y se vea reflejada en el
aplicativo.”

Así las cosas, en atención a la solicitud de verificación allegada dentro del término
establecido para ello, se revisó el sistema para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el cargo de Juez Promiscuo Municipal y se pudo constatar que
no se acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración,
toda vez que, se encontraron los siguientes certificados laborales, los cuales se
contabilizaron teniendo en cuenta la fecha de obtención del título de abogado, que en
este caso es 30/10/2015:

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Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que
cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita
el término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 720 días.

Adicionalmente, las siguientes certificaciones, no cumplen con los requisitos previstos
en el acuerdo de convocatoria:

Sobre el particular se precisa, que la valoración de los certificados se hizo teniendo en
cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad
de condiciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un
tratamiento diferente, en cuanto a la experiencia profesional, la convocatoria es clara
en precisar que debe ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de
abogado, sin que haya lugar a interpretaciones diferentes.

Así, la única experiencia profesional a tener en cuenta es posterior a esa fecha, esto
es, al 30/10/2015. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º
numeral 1. 2. “La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la
obtención del título de abogado en actividades jurídicas(...)”.

Por lo expuesto, con la documentación aportada al momento de la inscripción, no se
acreditó el requisito mínimo de experiencia, por lo cual no es posible generar estado de
admitido, dentro de la convocatoria para la provisión de cargos de funcionarios de la
Rama Judicial

2.3.1.5. Oficio CJO23-1365 del 16 de marzo de 2023, suscrito por la directora de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial por medio de la cual da respuesta a la
solicitud de información documentos en la convocatoria 27, al efecto manifestó:

Doctor Orduña Ferreira:

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En respuesta a su petición, remitida vía correo electrónico, encaminada a verificar los
documentos que usted anexo al momento de su inscripción en la convocatoria del
asunto me permito informarle, en primer lugar, que el acceso a la plataforma “kactus”
de la Rama Judicial, se habilitó en los términos del numeral 2.3 del Acuerdo de la
Convocatoria1 , es decir, por un período determinado con el objeto de que los
aspirantes pudieran diligenciar la información allí solicitada y anexaran la
documentación respectiva.

Sin embargo, esta Unidad procedió a consultar el módulo de selección “Kactus” de los
documentos allegados, durante el término establecido para ello, los cuales se
evidencian en los pantallazos que se relacionan y se anexan a continuación:

Se visualizan los siguientes documentos:

Correspondientes a: a) acta de grado de abogado; b) diploma de técnico en análisis y
programación en computador, c) diploma de bachiller, d) certificado de aptitud
profesional del SENA, e) diploma de magister en derecho administrativo, f) copia de la
cédula de ciudadanía, f) copia de la tarjeta profesional de abogado, g) certificado de
inhabilidades e incompatibilidades, h) certificado suscrito por el magistrado Wilson
Ruíz Orejuela por medio del cual hace constar que «se desempeñó en este
Despacho en calidad de Auxiliar Judicial Ad-Honorem […] desde el día 14 de enero
de 2015 hasta el día 19 de octubre del mismo año […]», i) Constancia del 13 de
enero de 2021 suscrita por la magistrada Paulina Canosa Suárez donde señaló: […]
se desempeñó en este despacho como escribiente nominado, y con posterioridad se
desempeña como oficial mayor, así 1: Designado como escribiente nominado
mediante Resolución 383 de cinco (5) días del mes de abril de dos mil dieciséis
(2016), posesionándose en la misma fecha, hasta el día veinticinco (25) de abril de
dos mil dieciséis (2016), inclusive fecha en la cual le fue aceptada su renuncia. Así
mismo mediante Resolución 390 de veinticinco (25) del mes de abril de dos mil

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dieciséis (2016), fue designado en este despacho como OFICIAL MAYOR EN PROPIEDAD
cargo al que renunció y se aceptó su renuncia mediante Resolución 020 de doce (12)
de enero de dos mil veintiuno (2021) […], j) Resolución 003 del 13 de enero de 2021,
por medio del cual se realizó el nombramiento del señor Orduña Ferrera como
abogado asistente en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, k) Acta de
posesión del 12 de enero de 2021 como abogado asistente del despacho a cargo del
magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, l) constancia del 1.° de febrero de 2021
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial donde señala que «el señor
DANIEL ESTEBAN ORDUÑA FERREIRA […] presta sus servicios en la Rama Judicial desde

el 5 de abril de 2016 y en la actualidad se desempeña como abogado asistente […]».

2.3.2. De las aportadas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial

2.3.2.1. Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, «Por medio del cual se
adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

2.3.2.2. Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, «Por medio de la cual se
decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de
16 de agosto de 2018»

El señor Daniel Esteban Orduña Ferreira se identifica con la cédula de ciudadanía
1096926155:

2.3.2.2. Copia del escrito -sin fecha- de solicitud de verificación de la documentación
elevado por el señor Daniel Orduña Ferreira.

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2.3.2.3. Oficio CJO23-2669 del 26 de abril de 2023, por medio de la cual «la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial da respuesta a solicitudes planteadas en
comunicaciones allegadas por aspirantes dentro de la convocatoria 27, en virtud de
la verificación de documentos»:

[…]

Bajo el anterior análisis, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial junto con la
Universidad Nacional de Colombia, procedieron a realizar nuevamente la verificación
de todos los documentos allegados al sistema Kactus dentro del término de inscripción,
de cada uno de los aspirantes rechazados mediante la Resolución CJR23-0061 de 8
de febrero de 2023, que así lo solicitaron, con los cuales acreditan o no el cumplimiento
de los requisitos mínimos exigidos en el acuerdo de convocatoria, decidiendo lo
siguiente:

Superada la revisión de la documentación aportada, se estableció que los
concursantes que se relacionaron en la Resolución CJR 23-0110 del 21 de marzo de
2023 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las
solicitudes por ellos presentadas”, sí acreditaron dentro del término de inscripción de
este proceso de méritos, los requisitos mínimos exigidos en el acuerdo de convocatoria
para el cargo al cual se inscribieron, por lo tanto, sólo los aspirantes que se encuentran
en dicho acto administrativo, pasaron del estado de rechazados a admitidos y
continúan en la fase III Curso de Formación Judicial.

Finalmente se constató que los demás aspirantes, no acreditaron los requisitos
mínimos exigidos para el cargo al cual se inscribieron, por lo tanto, su estado continúa
siendo rechazado.

De otra parte, se reitera que contra la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
no procede recurso alguno,10 motivo por el cual los otros argumentos presentados, que
no atañen a la solicitud de revisión de los documentos, permitida en garantía del
derecho de contradicción y de los cuales se efectuó la correspondiente revisión,
resultan improcedentes.

2.3.2.4. Oficio CJO23-3069 del 16 de mayo de 2023, a través del cual la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial dio respuesta a la solicitud de revocatoria directa
de la Resolución CJR23-0061 de 2023, elevada por el señor Daniel Esteban Orduña
Ferreira, sobre el particular señaló:
[…]

Al verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo, se evidencia que no acredita la
experiencia requerida, pues al realizar la sumatoria de los tiempos de las
certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se
observa que no acredita el término mínimo requerido para el cargo de aspiración
equivalente a 720 días de los cuales el participante acreditó 555 días, por lo cual, no es

10 Artículo 164, inciso segundo, numeral tercero de la Ley 270 de 1996.

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posible generar su estado de admitido dentro de la convocatoria, en tanto la normativa
que rige el concurso es taxativa y obligatoria.

Es pertinente aclarar que, aquellos documentos y certificaciones relacionadas
anteriormente, que fueron aportados con fechas y en etapas posteriores a la
inscripción del proceso de selección, no fueron tenidas en cuenta, como quiera que, las
reglas previstas en la convocatoria son claras al señalar que, solo son objeto de
valoración aquellos que fueron allegados en el momento oportuno de la inscripción, el
cual transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre
de 2018 a las veinticuatro horas (24:00) , tiempo en que se llevaron a cabo las
inscripciones al presente concurso, vía WEB, a través del Portal de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co.

En esa medida, el aspirante no puede pretender que el Consejo Superior de la
Judicatura tuviera en cuenta documentos que no fueron allegados y mucho menos
creer que cuando no se presenta un documento requerido, y éste reposa en las bases
de datos o sistemas de información pública, es obligación de la administración buscar
en ellas, imponiéndole así una carga que no le corresponde, pues el número elevado
de concursantes impide que la administración pueda acceder a bases de datos
públicas a gestionar lo que correspondía al concursante.

[…]

Frente al argumento, de que se ha causado un agravio injustificado, de conformidad
con el numeral 3º del artículo 93 del C.P.A.C.A., se advierte que el acto de rechazo no
es ilegal en tanto fue fundamentado en el acuerdo de convocatoria, que como se ha
reiterado es de obligatorio cumplimiento para las partes y por ende no genera ningún
perjuicio a quienes fueron rechazados del concurso por no cumplir las exigencias
impuestas desde el comienzo con el acto administrativo, aunado al hecho que los actos
administrativos se fundamentan precisamente en las normas y cumpliendo con los
principios constitucionales del artículo 209, dentro de los que se destaca el de
igualdad.

[…]

Así las cosas, a juicio de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, la
violación que señala no es manifiesta, palmaria o flagrante, es decir, que no se advierte
contradicción del acto con los preceptos constitucionales haciendo una confrontación
de la Constitución frente al Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”, ni frente a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, por lo tanto no
va en contravía del interés general y en el mismo sentido no se acredita el agravio
referido, por lo que no procede la revocatoria directa en tanto, como se ha citado, los
actos acusados se basan en las normas constitucionales y legales que los rigen, por lo
tanto constituyen actos administrativos que gozan de presunción de legalidad.

2.3.2.5. Oficio CJO23-3477 del 5 de junio de 2023, suscrita por la directora de la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial dirigida al señor Daniel Orduña Ferreira
dando alcance a la comunicación CJO23-1365 del 16 de marzo de 2023, al efecto
sostuvo:

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[…]
Conforme lo establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y tal como se regló en el
artículo 3.º del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, “…La convocatoria
es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de
perentorio cumplimiento tanto para la administración como para los participantes,
quienes, con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el
presente Acuerdo”.

En este orden, los participantes al inscribirse al concurso se obligaron a cumplir los
lineamientos del citado Acuerdo, dentro del cual se encuentran estipuladas las reglas
generales y especificas por las cuales se conduciría el concurso de méritos, y
expresamente se indicaron los requisitos de inscripción y causales de rechazo.

En el caso en concreto, esta Unidad advierte que el acceso a la plataforma “kactus” de
la Rama Judicial, se habilitó en los términos del numeral 2.3 del Acuerdo de la
Convocatoria, es decir, por un período determinado con el objeto de que los aspirantes
pudieran diligenciar la información allí solicitada y anexaran la documentación
respectiva.

Por lo anterior, esta Unidad procedió a consultar el módulo de selección “Kactus” de los
documentos allegados por usted dentro del periodo comprendido entre el 27 de agosto
al 7 de septiembre de 2018, término establecido para ello, los cuales se evidencian en
los pantallazos que se relacionan y se anexan a continuación:
[…]

Atendiendo la anterior referencia y debido a un error involuntario, se remitieron en el
oficio CJO23-1365 de fecha 16 de marzo de 2023 documentos aportados por fuera del
término de inscripción, sin embargo, al momento de la valoración se tuvieron en cuenta
solo los documentos que se aportaron dentro de plazo establecido, tal como se le
informó en el oficio CJO23-1199 de 13 de marzo de 2023. Se reitera que los
documentos que usted solicita sean tenidos en cuenta fueron cargados en el sistema
con posterioridad a la fecha de inscripción comprendida entre el 27 de agosto al 7 de
septiembre de 2018, fecha establecida para efecto en el Acuerdo de convocatoria
PCSJA18-11077 que fijó las reglas en igualdad de condiciones para todos los
participantes.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La facultad del Consejo Superior de la Judicatura para determinar las
fases de las convocatorias públicas para adelantar el proceso de selección y
convocatoria a los concursos de méritos de la Rama Judicial

La competencia del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar el proceso de
selección y convocatoria a los concursos de mérito para la provisión de los cargos de
los funcionarios de la Rama Judicial está prevista en el artículo 256 numeral 2º. de la
Constitución Política, en consonancia con los artículos 85 numerales 17 y 22, 162,

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164, 165 y 168, de la Ley 270 de 1996, desarrollada para el caso objeto de litis,
mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,11 que regula la
Convocatoria 27.

Dicho reglamento prevé cuatro etapas: i) concurso de méritos, integrada por dos
etapas sucesivas diferenciadas, la de selección, conformada, a su vez, por tres
fases: a) prueba de aptitudes y conocimientos; b) verificación de requisitos mínimos y
c) curso de formación judicial inicial; ii) de clasificación, destinada a determinar los
puntajes obtenidos en la prueba de conocimiento y aptitudes, y en el curso de
formación judicial. De ella también hacen parte las pruebas psicotécnicas, de
experiencia y de capacitación adicional. Cumplido lo anterior, procede la
conformación del registro nacional de elegibles; iii) la tercera etapa corresponde
a la elaboración de las listas de candidatos y iv) la cuarta se remite al
nombramiento y confirmación de los funcionarios que superaron el concurso.

Ahora bien, cada una de las etapas y fases que integran la convocatoria pública a
medida que se van agotando y llegar a la siguiente, pueden considerarse
actuaciones administrativas culminadas y las decisiones en ellas adoptadas
constituyen, de manera general, actos preparatorios y de trámite que por tanto
representan meras expectativas. La actuación culmina con la conformación de los
respectivos Registros Nacionales de Elegibles, según orden descendente de
puntajes por categoría de cargo y especialidad,12 acto administrativo definitivo que
una vez ejecutoriado, consolida las situaciones jurídicas particulares y concretas
generadas.

2.4.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
adoptadas en los concursos de mérito.

El artículo 86 constitucional consagró la acción de tutela como un mecanismo
residual para la protección de derechos fundamentales, dado que su procedencia
está supeditada a que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

11
«Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial»
12 T-1103 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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23

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El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de
desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios para el a
amparo de sus derechos fundamentales. Este imperativo constitucional pone de
relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe
haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero
también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la
improcedencia de la acción de tutela.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en
cada caso concreto, si los mecanismos judiciales disponibles permiten ejercer la
defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los individuos y obtener
su protección efectiva e integral.

Específicamente, la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la procedencia
de la acción de tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o
ejecutan un proceso de concurso de méritos, tiene establecido que existen dos casos
en los cuales la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo:

(i) aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada
para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida
es eminentemente constitucional. (ii) cuando, por las circunstancias excepcionales del
caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían
resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados
por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias
que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que,
dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño
iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez
constitucional.”13

Así las cosas, la tutela procederá excepcionalmente como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, en tratándose de la provisión de cargos públicos
mediante el sistema de concurso de méritos, cuando el perjuicio reúna las siguientes
condiciones:

i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; ii) de ocurrir
no existiría forma de reparar el daño producido; iii) su ocurrencia es inminente; iv)

13 T-682 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-315 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud
que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.

Ahora bien, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos
para la provisión de empleos públicos generalmente constituyen actos de trámite y
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios de control
que regula la Ley 1437 de 2011.

No obstante, resulta pertinente destacar que conforme al artículo 75 del CPACA,14 y
sin perjuicio de la naturaleza de trámite de los actos administrativos que se dictan en
las diferentes etapas del concurso de méritos, mediante norma expresa podrá
disponerse contra ellos, de manera excepcional, la procedencia de recursos, tal
como lo establece el numeral 5.3. del Acuerdo PCSJA 18-11077 DE 201815 en ejercicio
de la potestad reglamentaria consagrada en el parágrafo primero del artículo 164 de
la Ley 220 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, a cuyo tenor «[l]a
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera
general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los
puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera».

Bajo el anterior supuesto, en el evento de presentarse en desarrollo del concurso una
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para el afectado
resultaría procedente ante la carencia de otros medios idóneos de defensa judicial,
como lo dispuso la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado16 y lo han reiterado las Secciones Primera17 y Cuarta.18

14 «No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución

excepto en los casos previstos en norma expresa»
15 5.3. Recursos. Sólo procede recurso de reposición contra los siguientes actos: 1. Resultado de las pruebas de

aptitudes y conocimientos, el cual será resueltos por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por
delegación; 2. Eliminatorios de cada una de las sub fases, general o especializada, dentro del Curso de
Formación Judicial Inicial, los cuales serán resueltos por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por
delegación. 3. Acto administrativo que contiene el puntaje obtenido por los aspirantes en la etapa clasificatoria, el
cual será resuelto por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por delegación.
16 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
17 Sentencia de 5 de febrero de 2015, expediente Rad. 2014-00536-01, Consejera Ponente María Elizabeth

García González.
18
Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de
2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de
Ligia López Díaz.

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Así las cosas, los actos de trámite, los preparatorios, yde ejecución y, en general,
todos los actos de impulso procesal no están destinados a crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas concretas, sino que están encaminados a contribuir con su
realización, a estructurar el acto principal, o definitivo, esto es aquel que una vez
ejecutoriado, establece las situaciones jurídicas particulares y concretas, que
consolidan los derechos subjetivos.

Con respecto a dichos actos, la Corte Constitucional,19 ha establecido que:

no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente
constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la
decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los
casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Ahora bien, si bien en principio podría sostenerse que los afectados por una
disposición tomada dentro de las etapas del concurso de méritos -las cuales están
contenidas en actos administrativos de carácter general o particular- pueden
controvertirla a través de los medios de control señalados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la jurisprudencia
constitucional ha estimado que las vías judiciales ordinarias no son siempre idóneas
y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-553 de 2015 se refirió de manera
especial a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
expedidos en el marco de un concurso de méritos relacionados con la provisión de
cargos en la rama judicial, cuando la persona que pretende acceder al cargo para el
cual participó en un concurso de méritos, se ve expuesta al riesgo de que el registro
o la lista de elegibles pierda vigencia, pues no se le podría garantizar la protección de
su derecho por las vías judiciales existentes, lo que generaría un perjuicio
irremediable.

2.4.3. Caso concreto

Controvierte el señor Daniel esteban Orduña Ferreira la vulneración de sus derechos
fundamentales de defensa, a la igualdad, de acceso a la carrera judicial y a cargos

19 Sentencia SU-077 de 2018 M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado.

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públicos, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de Carrera Judicial, y la Universidad Nacional al expedir la Resolución CJR23-0061
del 8 de febrero de 2023, por medio de la cual fue publicada la lista de aspirantes
rechazados a la convocatoria 27, entre ellos el accionante, al no cumplir los
requisitos mínimos de experiencia para el cargo de juez promiscuo municipal, y, en
consecuencia ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial tener en
cuenta la certificación aportada el 7 de septiembre de 2018, a efectos de calcular el
término de experiencia y por tanto admitirlo en el concurso de méritos.

En cumplimiento de las funciones establecidas en los artículos 256 y 257 de la
Constitución el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, por medio del cual se adelantó el proceso de selección y
se convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de
la Rama Judicial. El referido Acuerdo estableció las condiciones y términos a seguir
por parte de los participantes, así, señaló los cargos convocados, los requisitos
generales y específicos a cumplir, los lineamientos para la inscripción, la
documentación requerida, las etapas del concurso, las citaciones, notificaciones y
recursos procedentes, y todo lo relacionado con el Registro Seccional de Elegibles,
la opción de sedes, las listas de elegibles, el nombramiento y la terminación del
proceso de selección.

Así, respecto de la acreditación de la experiencia el numeral 1.2. del artículo 3.
Ibídem estableció como requisito específico para el cargo de juez de categoría
municipal, experiencia profesional de dos años:

ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y
reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes con su inscripción, aceptan
las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.

1. REQUISITOS

[…]
1.2. Requisitos Específicos

Para Juez de categoría Municipal

• Acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a dos (2) años.

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A su vez en el numeral 2.420 del mismo artículo determinó que los aspirantes debían
anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF certificados de
experiencia profesional y en el numeral 2.5.21 se especificó como debía presentarse
la documentación.

El requisito de aportar en archivo formato PDF los certificados de experiencia
profesional, se encuentra expresamente regulado en la causal de rechazo señalada
en el punto 3.4. numeral 3 del artículo 3.º, del Acuerdo PCSJA18-11077.22

20 2.4 Documentación Los aspirantes deberán anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato

PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos para el cargo de aspiración, como para acreditar la experiencia y la capacitación que otorgan
puntaje adicional. 2.4.1 Fotocopia de la cédula de ciudadanía por ambas caras. En el evento de que la cédula
esté en trámite, se deberá allegar fotocopia de la contraseña respectiva expedida por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, en la que aparezca la foto e impresión dactilar del aspirante y la firma del funcionario
correspondiente 2.4.2 Fotocopia del acta de grado o del diploma de abogado o de la tarjeta profesional. 2.4.3
Certificados de experiencia profesional. 2.4.4 Certificados de ejercicio de la docencia en áreas jurídicas. 2.4.5
Para el cargo de magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, se deberá acreditar, experiencia,
capacitación o docencia en ciencias administrativas, económicas o financieras. 2.4.6 Declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
21 2.5 Presentación de la documentación. 2.5.1 Los certificados de servicios prestados en entidades públicas o

privadas, deben indicar de manera expresa y exacta: i) cargos desempeñados; ii) funciones, salvo que la ley las
establezca y iii) fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año). 2.5.2 Las certificaciones deberán ser expedidas por
el jefe de personal o el representante legal de la entidad o quien haga sus veces. 2.5.3 Quienes hayan ejercido la
profesión de abogado de manera independiente, deberán anexar certificaciones en las que conste la prestación
de servicios profesionales y se indique de manera expresa y exacta las fechas de iniciación y terminación de las
funciones encomendadas. Así mismo, la certificación deberá indicar con precisión, la dirección y número
telefónico de quien la suscribe. No son conducentes para acreditar el ejercicio profesional, las declaraciones extra
juicio del aspirante. 2.5.4 El ejercicio del litigio se acreditará con certificaciones de los despachos judiciales en las
que consten, de manera expresa y exacta, las fechas de iniciación y terminación de la gestión y el asunto o
procesos atendidos. 2.5.5 Las certificaciones para acreditar el ejercicio de la docencia, deberán ser expedidas por
las respectivas entidades de educación superior oficialmente reconocidas, en las que conste la cátedra o cátedras
dictadas y las fechas exactas de vinculación, tipo de vinculación, retiro y la dedicación. 2.5.6 Para acreditar
experiencia en virtud de la prestación de servicios profesionales a través de contratos, deberá allegarse la
respectiva acta de cumplimiento o de iniciación y liquidación (día, mes y año) de los mismos, precisando las
actividades desarrolladas, que deberán ser de carácter jurídico o administrativo, económico y financiero, según el
cargo de aspiración. No se admiten, ni se tendrán en cuenta textos de contratos que se anexen a la inscripción.
2.5.7 Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma,
nombre legible y número de cédula de empleador contratante, así como su dirección y teléfono. 2.5.8 La
formación y/o capacitación se debe acreditar, mediante la presentación de copia del acta de grado o de títulos de
pregrado o postgrado relacionados con los cargos del área, ciencia o especialidad de aspiración o certificación
del ente universitario donde conste que cursó y aprobó todas y cada de las asignaturas que comprende el
pensum académico del post grado o que sólo se encuentra pendiente de ceremonia de grado. Tratándose de
títulos de estudios de educación superior otorgados en el exterior, sólo serán admisibles mediante la
convalidación y/u homologación de los mismos, en los términos del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto
1083 de 2015 y la sentencia T-232 de 2013 proferida por la Corte Constitucional. 2.5.9 Las certificaciones de
experiencia laboral deben allegarse en orden cronológico comenzando desde el primer empleo o cargo a partir de
la fecha de grado como abogado hasta el actual. No se deben enviar actas de posesión ni documentos
irrelevantes para demostrar la experiencia. Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente
señaladas, no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior
complementación
22 3. CAUSALES DE RECHAZO

Serán causales de rechazo, entre otras:
[…]
3.4. No acreditar el requisito mínimo de experiencia

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Mediante Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, se rechazó, entre otros, al
señor Daniel Esteban Orduña Ferreira por la causal 3.4 del acuerdo en mención
dado que no acreditaba el tiempo mínimo requerido para el cargo de juez promiscuo
municipal equivalente a 720 días, advirtiendo que con el certificado allegado acreditó
un tiempo total de 555 días.

Ahora bien, el accionante pretende a través de este medio dejar sin efectos
parcialmente la Resolución CJR23-0061 de 2023 por medio de la cual fue excluido
como aspirante a la convocatoria 27 por no cumplir los requisitos mínimos de
experiencia, y, en consecuencia, se tenga en cuenta una certificación -que anexó, al
parecer, el 7 de septiembre de 2018, contentiva de una constancia del 5 de junio de
2018-, a efectos de calcular el término de experiencia y, por tanto, sea admitido al
concurso de méritos y se le permita continuar en las siguientes etapas del proceso
de selección.

En este contexto, debe indicarse, conforme está reseñado en el acápite de hechos
probados, que el señor Orduña Ferreira en el término establecido en la Resolución
CJR23-0061 de 2023, solicitó la verificación de la documentación aportada en la
convocatoria 27, aduciendo que aportaba la certificación laboral que acreditaba que
para septiembre de 2018 contaba con la experiencia requerida para ocupar el cargo
de juez promiscuo municipal, advirtiendo que el 3 de febrero de 2021, estando
habilitada la plataforma Kactus procedió a actualizar la información allí registrada y
que «con el pleno convencimiento de que la Unidad de Carrera tiene backup o bases
de datos con la documentación aportada en el momento de la inscripción a la
convocatoria 27, eliminé la documental obrante y procedí subir las certificaciones
actualizadas».

Sin embargo, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través de oficios
CJO23-1199 del 13 de marzo, CJO23-1365 de 16 de marzo, CJO23-30609 del 16 de

mayo y CJO23-3477 del 5 de junio de 2023, le informó al accionante que documentos
que reposaban y reiteró que una vez verificado el sistema solo obraba el certificado
laboral, del cual contabilizó la experiencia teniendo en cuenta la fecha de obtención
del título de abogado, esto es, el 30 de octubre de 2015:

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Así, al verificar la Unidad el cumplimiento de los requisitos del cargo de juez
promiscuo municipal, evidenció que no se acreditó la experiencia requerida, pues al
realizar la sumatoria de los tiempos certificados según los parámetros definidos en la
convocatoria, no alcanzó el término mínimo requerido para el cargo que aspiraba
equivalente a 720 días, de los cuales el señor Orduña Ferreira sólo acreditó 555,
cifra que no permitía generar el estado de admitido dentro de la convocatoria, en
tanto la normativa que rige el concurso es taxativa y obligatoria.

Finalmente, el accionante aduce que las demandadas le causan un perjuicio
irremediable al excluirlo de la convocatoria pese a que cumple con los requisitos para
el cargo de juez promiscuo municipal; sin embargo, conforme lo expuesto, no se
evidencia que se cumpla alguno de los criterios establecidos en la jurisprudencia
para su configuración o que la actuación de la Unidad de Administración de Carrerea
Judicial estuviera incursa en una causal de procedibilidad de la acción de tutela que
vulnerara los derechos fundamentales del señor Daniel Orduña.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que el presente caso no se está en
presencia de la vulneración de los derechos fundamentales de defensa, a la
igualdad, de acceso a la carrera judicial y a cargos públicos mediante concurso de
méritos invocados por el señor Daniel Esteban Orduña Ferreira y, en tal sentido,
denegará la acción de tutela por resultar improcedente.

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Demandante: Daniel Esteban Orduña Ferreira

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Denegar la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Esteban
Orduña Ferreira contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, y la Universidad Nacional de Colombia, conforme
a la parte considerativa que antecede.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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