RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02559-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02559-00

Fecha
21 de junio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02559-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 9 Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00 Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros Se declara la improcedencia PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia constitucional frente a los cargos elevados. SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación del INPEC y el Ministerio de Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02559-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

21 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Prueba
del parentesco con la víctima directa / Registro civil de nacimiento / Pruebas de
oficio / Defecto sustantivo / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales /
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto / Se declara la improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada contra el auto del 23 de febrero de
2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del proceso de
reparación directa adelantado por los accionantes contra la Nación – Ministerio de
Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, <<INPEC>>),
tramitado con el radicado No. 18001-33-33-002-2018-00357-02. En el auto objeto
de reproche se dispuso no reponer el auto del 28 de octubre de 2022, que a su vez
no accedió a la <<solicitud de decretar una prueba de oficio>>.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 16 de mayo de 2023, mediante apoderado judicial, Neyla Ramírez Lugo,
Oweimar Rojas Muñoz, Mayra Alejandra Rojas Ramírez, David Santiago Rojas
Ramírez, Carlos Augusto Ramírez Lugo y María Delia Lugo Cabezas presentaron
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados, en su concepto,
por el tribunal accionado ante la negativa de decretar una prueba de oficio que fue
solicitada por los accionantes.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<PRIMERO: Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al
DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previstos
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia, todos en conexidad
con el Derecho a la dignidad humana, los cuales fueron vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ DESPACHO TERCERO como
consecuencia de la sesgada interpretación normativa que se efectuó por parte de
esa Honorable Corporación en la providencia de fecha 23 de febrero de 2023,
mediante el cual se dispuso NO REPONER el auto de fecha 28 de octubre de 2022,
en el sentido de no acceder a la solicitud del decreto de la prueba de oficio y/o de
mejor proveer (allegar el registro civil de nacimiento de JUAN SEBASTIÁN VEGA
RAMÍREZ Q.E.P.D., familiar de los accionantes), que se deprecó en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia de fecha 1 de junio de 2022,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia,
dentro del proceso radicado bajo el No. 18001-33-33-002-2018-00357-00.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha 23 de febrero de 2023,
emitida por el Despacho Tercero del Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante
el cual se dispuso NO REPONER el auto de fecha 28 de octubre de 2022, en el
sentido de no acceder a la solicitud del decreto de la prueba de oficio y/o de mejor
proveer (allegar el registro civil de nacimiento de JUAN SEBASTIÁN VEGA
RAMÍREZ Q.E.P.D., familiar de nuestros prohijados), y que se deprecó en el
contenido del recurso de apelación que se presentó contra la sentencia de primera
instancia de fecha 1 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia, dentro del proceso radicado bajo el No.
18001-33-33-002-2018-00357-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

TERCERO: Que como consecuencia de la anterior determinación se ORDENE al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ EN SU DESPACHO TERCERO
acceder a la solicitud del decreto de la prueba de oficio y/o de mejor proveer que se
deprecó en el contenido del recurso de apelación presentado contra la sentencia de
primera instancia de fecha 1 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Florencia, dentro del proceso radicado bajo el No.
18001-33-33-002-2018-00357-00>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 17 de febrero de 2017 el señor Vega Ramírez fue encontrado muerto en las
instalaciones del establecimiento penitenciario y carcelario El Cunduy de Florencia,
Caquetá, donde prestaba su servicio militar obligatorio como auxiliar bachiller.

3.2.- Como consecuencia de lo anterior, los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y contra el INPEC.

3.3.- Mediante sentencia del 1º de junio de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo
de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó al
INPEC a pagar una indemnización a favor del padre de crianza de la víctima directa.
No obstante, el juzgado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los
familiares consanguíneos de la víctima directa porque no allegaron el registro civil
de nacimiento del señor Vega Ramírez y no se acreditó el parentesco con los
accionantes.

3.4.- Los accionantes formularon recurso de apelación1. Además, solicitaron el
decreto de una prueba de oficio para que se practicara en segunda instancia,
consistente en el registro civil de nacimiento de la víctima.

3.5.- El 28 de octubre de 2022 el Tribunal Administrativo del Caquetá, admitió el
recurso de apelación, pero guardó silencio frente a la <<solicitud probatoria>>.

1 Alegaron que en el expediente está demostrada la relación de parentesco con la víctima. En particular, hacen

referencia al testimonio del señor Fernando Sabi Anturi, el testimonio de la señora Olga Judith Quintero Ramírez,
el interrogatorio de parte del señor Oweimar Rojas Muñoz y el interrogatorio de parte de la señora Neyla Ramírez
Lugo. Indican que la sentencia recurrida vulnera sus derechos poque inaplicó el artículo 213 del CPACA, pasó
por alto el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico por omisión en el decreto de pruebas de oficio, e hizo caso omiso
a la jurisprudencia en materia de pruebas de oficio.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

3.6.- Los accionantes presentaron recurso de reposición contra el auto que admitió
la apelación para que el tribunal se pronunciara y accediera a la <<solicitud de
decreto de la prueba de oficio>>. Indicaron que durante la primera instancia se
demostró el parentesco con la víctima directa por medio de otras pruebas. En todo
caso el tribunal debía decretar una prueba para mejor proveer, con el objetivo de
corroborar o esclarecer el punto en discusión.

3.7.- Mediante auto del 23 de febrero de 2023 el tribunal negó el recurso de
reposición, tras considerar que, según el artículo 213 del CPACA y en concordancia
con la jurisprudencia de esta Corporación, el decreto de pruebas de oficio es una
potestad de la autoridad del juez. Añadió que el decreto de pruebas a petición de
parte en segunda instancia se rige por las causales previstas en el artículo 212 del
CPACA y la oportunidad se extiende hasta que quede ejecutoriado el auto que
admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que la providencia objeto de reproche vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
porque incurrió en (i) un defecto sustantivo (ii) un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales y (iii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

4.1.- Frente al defecto sustantivo sostienen que se pasó por alto el artículo 212 del
CPACA, según el cual las partes de un proceso pueden solicitar pruebas en
segunda instancia hasta antes de que quede ejecutoriado el auto que admitió la
apelación. En este caso, la <<solicitud de la prueba de oficio>> se presentó de forma
oportuna, puesto que no había quedado ejecutoriado el referido auto. Lo anterior se
encuentra en concordancia con el artículo 247, numeral 5º del CPACA, que admite
la posibilidad de decretar y practicar pruebas en segunda instancia.

4.1.1.- Por otro lado, el artículo 213 del CPACA dispone que en cualquiera de las
instancias el juez o magistrado ponente puede decretar pruebas de oficio que
considere necesarias para esclarecer la verdad.

4.1.2.- Reprochan que el tribunal accionado concluyera que la prueba de oficio o
para mejor proveer obedece a un acto potestativo de la autoridad judicial y no a una

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

solicitud de las partes, pues la normativa señalada dispone que sí es posible pedir
el decreto de pruebas en segunda instancia. Además, la <<solicitud de la prueba de
oficio>> lo que pretende es corroborar lo que ya se demostró en el proceso, dado
que existen varias pruebas que acreditarían la relación de parentesco 2.

4.2.- Por otro lado, sostienen que se desconocieron las reglas jurisprudenciales,
según las cuales el decreto de pruebas de oficio es un deber legal de la autoridad
judicial en aras del esclarecimiento de la verdad. En particular, hacen referencia a
la sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda (radicado No. 11001-03-15-000-2010-00951-01); la sentencia del 16 de
agosto de 2018 proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación (radicado No. 11001-03-15-000-2018-00616-01) y la sentencia del 9
de febrero de 2017 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación (radicado
No. 41001-23-33-000-2016-00080-01).

4.2.1.- Destacan que en la última providencia referenciada se distinguió entre las
pruebas de oficio y las pruebas para mejor proveer: las primeras se decretan en las
oportunidades probatorias previstas en la ley y tienen por objeto esclarecer la
verdad; mientras que las segundas se decretan excepcionalmente una vez
practicadas las pruebas y procuran aclarar, pero no demostrar, un hecho que se
infiere del proceso. Bajo ese entendido, afirman que en este caso lo que procuran
es el decreto de una prueba para mejor proveer, que corrobore lo ya demostrado.

4.2.2.- También invocan varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional, a
saber: sentencias T-781 de 2011, T-429 de 2016, T-398 de 2017, T-1306 de 2001,
T-264 de 2009, T-817 de 2012, T-339 de 2015, T-950 de 2011, SU-355 de 2017, T-

2 En particular, se hace referencia a <<los testimonios de los Señores FERNANDO SABI ANTURI, OLGA

JUDITH QUINTERO RAMÍREZ, OWEIMAR ROJAS MUÑOZ y NEYLA RAMÍREZ LUGO, así como también con
los dictámenes médicos psiquiátricos de Neyla Ramírez Lugo, Oweimar Rojas Muñoz Y María Delia Lugo
Cabezas, al igual que con los antecedentes administrativos consistentes en la afiliación en salud del cual le
realizo el Sr. Oweimar Rojas Muñoz en la Caja de Compensación Familiar COMFACA a sus hijos Mayra
Alejandra Rojas Ramírez, David Santiago Rojas Ramírez y a su hijastro Juan Sebastián Vega Ramírez, además
se infiere con los (5) registros civiles de nacimiento en copia autentica de Neyla Ramírez Lugo (Madre); Mayra
Alejandra Rojas Ramírez (hermana), David Santiago Rojas Ramírez (Hermano); Carlos Augusto Ramírez Lugo
(Tío) y María Delia Lugo Cabezas (Abuela) del joven fallecido Juan Sebastián Vega Ramírez, de los cuales
también permiten colegir el vínculo filial>>.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

531 de 2010 y T-926 de 2014. En su concepto, únicamente profundizó en la última
sentencia, en la cual se abordó un caso similar3.

4.3.- Por último, alegan que todo lo anterior configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, pues se perjudicó el acceso a la justicia y la prevalencia
del derecho sustancial por una formalidad que debió ser reparada por el tribunal.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo del Caquetá (accionado) solicita que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, pues esta no cumple con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional. Reitera que el decreto de pruebas para
mejor proveer no procede a petición de parte, pues compete a la potestad del juez
y se decreta únicamente por su iniciativa, en los casos en que este considere que
existe la necesidad de dilucidar puntos oscuros o dudosos, pero en todo caso el
auto para mejor proveer no puede suplir las deficiencias de las partes.

5.1.- Por otro lado, dado que la acción se presenta contra un auto que resolvió un
recurso de reposición que añadió puntos nuevos a los discutidos en el auto
recurrido, a saber, lo relativo a la <<solicitud probatoria>> de los accionantes,
considera que debió presentarse otro recurso de reposición contra los nuevos
puntos, en los términos del artículo 243A, numeral 3 del CPACA4. Al no agotarse
ese recurso, se considera que la solicitud de amparo no agotó el requisito de
subsidiariedad.

5.2.- Señala que los accionantes no allegaron el registro civil de nacimiento que se
echa de menos en la demanda, durante el traslado de las excepciones, y no
presentaron objeciones al cierre de la etapa probatoria en la primera instancia.
Además, no demostraron una imposibilidad para allegar ese documento antes de
que se profiriera la sentencia de primera instancia, por lo que ahora no pueden
3 Señaló que en ese caso <<no fue posible establecer el grado de parentesco de varios de los demandantes,

que afirmaban ser los padres y hermanos, por la inexistencia del Registro Civil de Nacimiento del occiso.
Respecto a esta situación, se concluyó que el despacho incurrió en un defecto procedimental en la modalidad
de exceso ritual manifiesto vinculado con un defecto fáctico en su dimensión negativa, porque no decretó
oficiosamente la solicitud del registro civil del occiso, a pesar de que del expediente se desprendían INDICIOS
FUERTES de su parentesco con los demás demandantes>>.
4 Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles de recursos ordinarios

las siguientes providencias: (…)
3. Las que decidan los recursos de reposición, salvo que contengan puntos no decididos en el auto recurrido,
caso en el cual podrán interponerse los recursos procedentes respecto de los puntos nuevos.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

subsanar la omisión, de forma que el juez desequilibre las cargas procesales.
Agrega que el decreto de pruebas en segunda instancia debe ajustarse a las
causales previstas para ello en la ley.

6.- La Nación – Ministerio de Justicia (tercero con interés) solicita que sea
desvinculado del proceso, porque (i) no existe ninguna relación jurídica o fáctica
entre el ministerio y los accionantes; (ii) sus funciones no se relacionan con lo
alegado; (iii) carece de legitimación en la causa por pasiva; y (iv) no afectó ningún
derecho de los accionantes.

7.- El INPEC (tercero con interés) afirma que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental. Sostiene que la solicitud de amparo es improcedente porque no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad: la tutela no procede contra actos
administrativos, pues para ello debe acudirse a los mecanismos ordinarios previstos
en el CPACA y, en dado caso, a las medidas cautelares5. Relaciona las funciones
que le corresponden y solicita que sea desvinculado del proceso.

8.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente) guardó
silencio, pese a haber sido debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

9.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de
la acción de tutela porque el requisito de relevancia constitucional no está acreditado
frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la acción de
tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la apelación de la
sentencia de primera instancia y resueltos en el auto que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el auto que admitió la apelación6.

9.1.- Además, se negarán las solicitudes de desvinculación del INPEC y el Ministerio
de Justicia porque comparecen a este proceso como terceros con interés por hacer

5 Ello, a pesar de que en este caso la tutela no cuestiona un acto administrativo sino una providencia judicial.
6 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia

constitucional porque los accionantes alegan la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido
proceso, y explicaron los vicios que consideraron configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la
posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del
proceso ordinario, no se cumple con este requisito.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

parte del proceso de reparación directa, y no porque sean las autoridades de las
que se predique la vulneración de derechos fundamentales7.

9.2.- Por otro lado, en este caso se acreditó el requisito de subsidiariedad. Contrario
a lo señalado por el tribunal accionado, la Sala no considera que en este caso se
deba presentar un segundo recurso de reposición contra el auto que resolvió el
recurso de reposición (objeto de la tutela), pues no es cierto que en este último se
incluyan puntos nuevos y no discutidos.

9.3.- En efecto, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
los accionantes solicitaron que se decretara una prueba de oficio en el transcurso
de la segunda instancia. Al admitirse el recurso de apelación el tribunal no se
pronunció al respecto, lo cual motivó el recurso de reposición en contra de ese auto.
En el auto que resolvió el recurso de reposición justamente se discutió el asunto y
se señaló que no era procedente decretar la prueba de oficio. Este último auto se
limitó a ese punto y no agregó nuevas discusiones que pudieran ser objeto de un
recurso de reposición adicional.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

10.- El tribunal accionado no incurrió en un defecto sustantivo por indebida
aplicación de los artículos 212, 213 y 247 del CPACA. Así, cabe distinguir entre las
pruebas decretadas a petición de parte y las decretadas de oficio por orden del juez,
pues los accionantes se refieren a ambas como si se tratara de lo mismo.

10.1.- La posibilidad de decretar pruebas en segunda instancia a petición de parte
es excepcional y procede cuando se presente alguna de las causales indicadas en
la ley y en este caso no se invoca ninguna de ellas. En cambio, el decreto de
pruebas de oficio se refiere a los eventos en los cuales el juez (directamente, sin
solicitud de parte) estima que se dan los supuestos para ordenarlas: es claro que
mediante la aplicación de esta disposición el juez no puede suplir las cargas
probatorias de las partes y las consecuencias que estas conllevan en la ley.

7 Cabe aclarar que, aunque en la sentencia de primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa

por pasiva del Ministerio de Justicia, en el recurso de apelación contra esa providencia los accionantes
insistieron en su responsabilidad, por lo que esa autoridad aún guarda interés en el proceso de reparación
directa y, en consecuencia, en la presente acción de tutela.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

10.2.- Tampoco se configuró un defecto por desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales de la Corte. Las reglas jurisprudenciales contienen interpretación
de normas legales y son vinculantes en tanto no desconozcan las disposiciones
legales que son a las que imperativamente están sometidos los jueces conforme
con el artículo 230 de la C.P. Considerar que decretar pruebas oficio es un deber
del juez desconoce abiertamente el contenido de las disposiciones legales, pues
estas solo le imponen el deber de decretar las pruebas solicitadas oportunamente,
con el cumplimiento de las formalidades legales, y siempre que sean conducentes,
pertinentes y útiles para acreditar los supuestos de hecho que afirma la parte.

10.3.- Aceptar que el decreto de pruebas de oficio es un <<deber del juzgador>>
desconoce que la función jurisdiccional consiste en resolver los litigios aplicando las
disposiciones legales que garantizan el debido proceso y que consagran términos
perentorios para que las partes ofrezcan pruebas; implica pensar que los procesos
no son preclusivos, desconoce que las partes deben ser tratadas de manera
imparcial por el juez y que la ley les otorga determinadas oportunidades probatorias.
Conduce a que en cualquier momento del proceso el juez tenga que decidir si
decreta una prueba que la parte solicita extemporáneamente, sugiriéndole que haga
una afirmación falsa según la cual va a decretar una prueba oficiosamente, cuando
lo que realmente le pide es que decrete la prueba que está solicitando por fuera de
las oportunidades legales.

10.4.- Tampoco es procedente hablar del <<exceso ritual manifiesto>> al que
también hace referencia la doctrina de la Corte Constitucional. El Juez debe aplicar
las normas procesales que son de orden público y que no puede desconocer porque
constituyen la garantía fundamental de las partes frente a la autoridad judicial. Si
por esta vía se permite que el juez califique la regla procesal y determine si es
adecuada o inadecuada o si es excesiva o razonable lo estaremos volviendo
legislador y habremos abandonado irredimiblemente la noción de debido proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02559-00
Accionante: Neyla Ramírez Lugo y otros
Se declara la improcedencia

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional frente a los cargos elevados.

SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación del INPEC y el Ministerio
de Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.