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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02573-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02573-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Gustavo Gallón Giraldo y otros contra la Corte Constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02573-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de junio de 2023

Demandantes: Gustavo Gallón Giraldo y otros
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02573-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02573-00
Demandantes: GUSTAVO GALLÓN GIRALDO Y OTROS
Demandado: CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE
SELECCIÓN

Temas: Tutela de fondo - Derecho de petición ante autoridades
judiciales – solicitud de selección en sede de revisión –
Niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Gustavo
Gallón Giraldo y otros contra la Corte Constitucional, Sala Quinta de Selección,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de
abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado1 por los señores Gustavo Gallón Giraldo,2 Julián
González Escallón y David Fernando Cruz Gutiérrez, en nombre propio,
instauraron acción de tutela contra la Corte Constitucional – Sala Quinta de
Selección, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con
ocasión de la presunta falta de respuesta de fondo frente a la petición radicada
ante la autoridad demandada el 12 de mayo de 2022, a través de la cual

1 En el mes de julio de 2022. Tal asunto se radicó ante la jurisdicción ordinaria y, la Corte
Suprema de Justicia en auto de 15 de marzo de 2023, resolvió remitirla al Consejo de Estado
por reglas de reparto. El expediente fue recibido en el Consejo de Estado en el 16 de mayo de
2023.
2 El señor Gustavo Gallón Giraldo integró la Comisión Colombiana de Juristas hasta antes del

19 de diciembre de 2022, fecha en que se posesionó como embajador ante las Naciones
Unidas de Ginebra.
1

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Demandantes: Gustavo Gallón Giraldo y otros
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02573-00

solicitaron la selección en sede de revisión de la sentencia de 9 de febrero de
2022 dictada en segunda instancia dentro de otra acción de tutela por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.3

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

PRIMERA. Tutelar los derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y de petición Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón y
David Fernando Cruz Gutiérrez Vulnerados por la Sala de Selección de Tutelas
Quinta de 2022 de la Corte Constitucional.

SEGUNDA. Ordenar a la Corte Constitucional que analice los argumentos de la
solicitud ciudadana de selección del expediente de tutela T-8709969 presentada
por Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón y David Fernando Cruz
Gutiérrez en las próxima Sala de Selección de Tutelas que se realice.4

1.3. Hechos

La parte actora fundó la petición de tutela en los siguientes supuestos:

Los señores Gustavo Gallón Giraldo, Julián González Escallón y David
Fernando Cruz Gutiérrez,5 refirieron que el 9 de febrero de 2022 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del
expediente de tutela identificado con el radicado 11001-33-43-065-2021-00319-
016, profirió sentencia de segunda instancia.

Acotaron que, desde la referida fecha, hicieron seguimiento a través de la
página web de la Corte Constitucional para indagar si la mencionada acción de
tutela fue seleccionada para revisión; pero que dicha consulta no arrojaba
información alguna.

Por lo anterior, el 22 de abril de 2022 radicaron una petición con el fin de
verificar si el expediente ya tenía número de radicado. En la misma fecha la
Corte Constitucional dio respuesta en el sentido de señalar que no había
recibido el expediente.

3 Acción de tutela 11001-33-43-065-2021-00319-01.
4 Transcrito del texto original, con posibles errores.

5 Miembros de la Comisión Colombiana de Juristas.

6 Promovida por los señores Carmenza Adriana López Ruíz, Misael Baquero López y Duber

Esneider Dimaté Mora contra la UARIV, por conducto de los abogados Gustavo Gallón Giraldo,
Julián González Escallón y David Fernando Cruz Gutiérrez. Las autoridades que resolvieron la
acción de tutela 2021-00191-01 fueron el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A. En la providencia 9 de febrero de 2022 se dispuso: «ORDÉNASE a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas que en un plazo no superior a cuarenta u
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a CONFORMAR un grupo
multidisciplinar que valoren las condiciones reales de los habitantes de la comunidad – localidad
20 de Sumapaz para que dentro de un plazo de tres (3) mese adopten las medidas
provisionales de protección que consideren pertinentes, lo anterior con la finalidad de terminar
con la estigmatización que recae sobre dicha localidad hasta tanto se resuelva de fondo el
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que cursa en el H. Consejo de Estado bajo
radicado No. 1100103260002021-00199-00».
2

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Manifestaron que, el 27 de abril de 2022, presentaron otra solicitud ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con
el fin de que les informaran sobre el envío del expediente de tutela a la Corte
Constitucional. Al respecto, el tribunal adjuntó la constancia del envío de las
diligencias al órgano de cierre en la que se evidencia que ello ocurrió el 21 de
marzo de 2022, en cumplimiento de lo estipulado en los artículos 31 y 32 del
Decreto 2591 de 1991.

Señalaron que, el 12 de mayo de 2022, al revisar nuevamente la plataforma de
la mencionada Corte, advirtieron que a las diligencias se le asignó el número
interno T-8.709.969; radicado que se encontraba relacionado en el auto de 2 de
mayo de 2022, a través del cual se enlistaron las acciones de tutela frente a las
cuales el órgano constitucional se pronunciaría sobre su selección para
revisión.

Precisaron que, pese al seguimiento estricto que efectuaron sobre el proceso,
no contaron con la oportunidad de elevar la petición de revisión de la
providencia que puso fin al expediente 11001-33-43-065-2021-00319-01, por
cuanto el plazo venció el 11 de mayo de 2022.

Acotaron que, el 12 de mayo de 2022 elevaron una solicitud de revisión ante la
Corte Constitucional. En este escrito pusieron de presente lo acontecido y
justificaron que ello les impidió acudir de manera oportuna. Aportaron «las
pruebas necesarias» y requirieron que se tuviera en cuenta la petición de
selección que anexaron.

Puntualizaron que, el 27 de mayo de 2022 la Sala de Selección Cinco de la
Corte Constitucional7 profirió el auto de selección y, en el numeral «18.14», se
resolvió la petición en el siguiente sentido:

El 12 de mayo de 2022, el Director de la Comisión Colombiana de Juristas y otros
allegaron a través del correo electrónico de la Corte Constitucional una solicitud
en la que indicaron: “presentamos este derecho de petición en donde solicitamos
sea recibida de forma extemporánea la solicitud de selección, adjunta a este
documento, por parte de la Sala de Selección de Tutelas Cinco de 2022 sobre el
expediente de tutela de radicado interno T-8.709.969 y radicado único
11001334306520210031900.

En auto del 2 de mayo de 2022, la Sala de Selección determinó: “Primero.-
ORDENAR que por medio de la Secretaria General de la Corte, se ponga en
conocimiento del público que la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de
2022: (i) Examinará las solicitudes ciudadanas de revisión de tutela, para el rango
de expedientes comprendido entre los radicados T-8.667.315 y T-8.710.514 que
sean remitidas mediante la página web de la Corte Constitucional
(www.corteconstitucional.gov.co) o al correo electrónico
secretaria4@corteconstitucional.gov.co, hasta las 5:00 p.m. del miércoles once
(11) de mayo de dos mil veintidós (2022). (...)”

En consecuencia, NO ACCEDER a la solicitud de analizar el escrito ciudadano
allegado por la Comisión Colombiana de Juristas respecto del expediente T-
8.709.969, debido a que fue presentado de manera extemporánea a la Sala de

7 Conformada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Jorge Ibáñez Najar.

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Selección. Por intermedio de la Secretaría General, INFORMAR al solicitante
sobre esta decisión, anexando copia de la misma, y proceder a remitir el escrito a
los diferentes despachos de esta Corporación para que los magistrados
consideren la posibilidad de presentar el recurso de insistencia en los términos de
los artículos 33 del Decreto 2591 de 1991 y 57 del Reglamento Interno de la
Corte Constitucional.

1.4. Fundamentos de la solicitud

1.4.1. La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con fundamento en
que el expediente de tutela 11001-33-43-065-2021-00319-01 fue enviado
tardíamente a la Corte Constitucional y, además, esta colegiatura también se
demoró en asignarle el número interno a dichas diligencias, «condiciones que
son necesarias para poder participar en las salas de selección».

El anterior alegato lo sustentaron en la pérdida de oportunidad para solicitar a la
Corte Constitucional la selección del mencionado expediente de tutela, debido a
que, solo hasta el 12 de mayo de 2022 tuvieron conocimiento del número
interno del expediente que se encontraba en el listado de las acciones de
amparo dentro de las cuales se seleccionarían los fallos que serían objeto de
revisión, lo que de plano deja en evidencia que el plazo para promover
peticiones venció el día hábil anterior, esto es, el 11 de mayo de 2022.

Agregaron que la función de revisión de la alta Corte se encuentra regulada en
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, los cuales estipulan, entre otras
cosas, la conformación de las salas para que determinen cuáles fallos serán
analizados dentro del «universo global de tutelas que procesa la rama judicial».
También establecen la facultad que poseen los magistrados que no
conformaron la Sala, de insistir en la selección; así como la forma en que se
organizan, el contenido y los efectos de sus decisiones.

Adicionaron que, el capítulo XIV del Acuerdo 02 de 2015 contiene el trámite de
selección y revisión, el cual se puede llevar a cabo a través de las siguientes
vías: (i) la preselección por unidad de análisis y seguimiento al proceso; (ii) la
presentación de una solicitud ciudadana; y (iii) la insistencia de los magistrados.

En ese orden, insistieron en que, las peticiones de los ciudadanos deben
presentarse dentro de la oportunidad temporal que está directamente
relacionada con la asignación del número del expediente, comoquiera que «el
radicado interno determina el rango de tutelas y por ende la Sala de selección.
Con esto, por supuesto, también se determina la temporalidad en la que un
ciudadano puede presentar solicitudes de selección para que sean analizadas».

Puntualizaron que, en el evento en que no se implementen los números de
identificación de los trámites, o si ello ocurre de manera tardía, se presenta una
«barrera de facto para radicar solicitudes ciudadanas […] porque en estas
circunstancias los ciudadanos no tienen el tiempo para preparar la solicitud y
tampoco tienen la certeza del momento oportuno para radicarla y participar […]

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si hay problemas en la asignación de radicados internos se hace imposible
participar».

Por último, manifestaron que la decisión de 27 de mayo de 2022 no es
susceptible de recursos. Ello implica que el trámite se debe ejecutar con mayor
rigurosidad, lo cual ocurrió en este evento, puesto que le solicitaron información
a la Corte Constitucional y este órgano les indicó que debían acudir al tribunal,
como en efecto lo hicieron, y realizaron el seguimiento del proceso en la
plataforma web en los días posteriores al envío de las diligencias, sin embargo,
solo obtuvieron conocimiento del número interno al «día siguiente de la fecha
límite para presentar la solicitud».

1.4.2. De otro lado, en cuanto al derecho de petición, afirmaron que el 12 de
mayo de 2022 suplicaron a la Corte Constitucional que tuviera en cuenta los
argumentos expuestos en la solicitud de selección de la tutela T-8.709.969 que
se anexó. Al respecto, reprocharon que:

El mencionado auto de selección no niega la solicitud de selección porque
encontró que los argumentos presentados no eran suficientes para tal solicitud.
Por el contrario, la Sala se negó a analizar el escrito ciudadano y a pronunciarse
de fondo sobre este. En esa medida, esta respuesta no puede interpretarse como
una decisión de fondo o negativa a la solicitud de selección anexa al derecho de
petición, sino simplemente como la respuesta negativa al derecho de petición.

Precisaron que, en el referido escrito anexo se indicó que hubo demora en la
remisión del expediente por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y en la asignación del número de radicado interno por parte de la Corte
Constitucional. Además, que el memorial de 12 de mayo de 2022 se resolvió de
fondo en el numeral 18.14 del auto de selección de tutelas del 27 de mayo de
2022, en sentido negativo, debido a que la Sala decidió no «analizar ni valorar
los argumentos».

Aseguraron que, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional remitió la
petición a los magistrados que no integraron dicha Sala para que decidieran si
insistían o no en la selección, lo cual no tuvo éxito.

En ese orden, indicaron que, pese a que su escrito de 12 de mayo de 2022 fue
resuelto en el auto de 27 de mayo de 2022, este no les fue notificado en debida
forma, debido a que no lo recibieron en ninguna de las direcciones electrónicas
señaladas en la petición, esto es, en el dominio df.cruz@coljuristas.org, o en
info@coljuristas.org. Lo anterior, a su juicio, constituye una actuación irregular
por la afectación al derecho fundamental al debido proceso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Con auto de 19 de mayo de 2023, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Corte
Constitucional, Sala Quinta de Selección, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley
2591 de 1991, ordenó vincular como terceros con interés a los señores
Carmenza Adriana López Ruíz, Misael Baquero López y Duber Esneider Dimaté
Mora [extremo activo de la tutela 2021-00319-01]; a la Unidad Administrativa
Especial Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV [entidad
demandada en el referido trámite constitucional]; al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y al Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá [autoridades judiciales de primera
y segunda instancia de la referida tutela].

Además, se requirió a los accionantes para que informaran si también actúan
en representación de los señores Carmenza Adriana López Ruíz, Misael
Baquero López y Duber Esneider Dimaté Mora, parte demandante en el
proceso de tutela identificado con el radicado 11001-33-43-065-2021-00319-01.
En caso afirmativo, debían aportar los respectivos poderes especiales que los
facultara para ejercer la defensa de los derechos de aquellos.

Finalmente, se dispuso que por la oficina de sistemas del Consejo de Estado se
realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en
la página del Consejo de Estado.

1.5.2. Mediante oficios de 31 de mayo y 5 de junio de 2023, la Secretaría
General del Consejo de Estado requirió por segunda y tercera vez a la parte
actora para que informara si actúan en representación de los demandantes de
la tutela 11001334306520210031901. Al respecto, se guardó silencio.

También obra en el expediente digital la constancia secretarial de 8 de junio de
2023, en la que se señaló que no fue posible obtener la información necesaria
para efectos de notificar y vincular a los terceros. Con ocasión de lo anterior, se
realizó una publicación por aviso en la página web de la corporación.

1.6. Contestaciones

Remitidos los oficios y comunicaciones correspondientes, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

En escrito allegado el 24 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la
sentencia de segundo grado dictada en la acción de tutela
11001334306520210031901, solicitó la desvinculación al trámite de la
referencia debido a que, en su criterio, carece de legitimación en la causa por
pasiva comoquiera que el objeto de esta solicitud de amparo consiste en
procurar que se ordene la selección del referido fallo para que sea revisado por
la Corte Constitucional.

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De otro lado, advirtió que el 21 de marzo de 2022, el tribunal, en cumplimiento
de lo estipulado en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 procedió a
remitir las diligencias a la Corte Constitucional.

Agregó que en la página de dicha judicatura se informó «que el expediente fue
radicado el 29 de abril de 2022, con el número T8709969, por lo que el 2 de
mayo del 2023 se ordenó que los expedientes con radicación comprendida
dentro del rango T-8.667.315 y T-8.71.514, podría solicitarse revisión eventual,
hasta las 5:00 p.m. del miércoles once (11) de mayo de dos mil veintidós
(2022)».

Resaltó que los hechos relacionados con el seguimiento del estado del
expediente en sede de la Corte Constitucional no son imputables al tribunal, así
como tampoco es responsable del cumplimiento de los criterios objetivos y
subjetivos que debe tener en cuenta la Corte Constitucional al momento de
determinar las providencias que serán revisadas. Finalmente, indicó:

Por último, se debe recordar que el Tribunal brindó el amparo requerido para que
por fin, la discriminación positiva que existe contra la comunidad de Sumapaz,
históricamente discriminada por causa de la violencia política en Colombia,
termine, para lo cual deberá estarse a la tutela provisional, hasta tanto el
Honorable Consejo de Estado, de manera definitiva resuelva la decisión de la
UARIV de no tenerlo como sujeto de especial protección a la Comunidad de la
Localidad de Sumapaz, que es lo que finalmente interesa a la población afectada.

Considero, muy respetuosamente que la solicitud de revisión, por sí misma, no
garantiza la selección de la tutela, si no se cumplen los demás requisitos legales.

Dicha decisión ya se tomó por la Honorable Corte Constitucional y no fue
seleccionada, y lo que de manera positiva hizo, fue reconocer un hecho probado.
Que la petición se hizo extemporánea. Sin embargo, el Tribunal nada tiene que
ver sobre la extemporaneidad de la petición de revisión.

1.6.2. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Con memorial de 25 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la entidad, luego de realizar una exposición respecto a la competencia funcional
de la entidad, solicitó su desvinculación del asunto objeto de atención a que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Corte Constitucional

La presidenta de la Corte Constitucional remitió el informe solicitado en los
siguientes términos:

Indicó que la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar las sentencias de
tutela proferidas en todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en la
Constitución, el Decreto 2591 de 1991 y el Reglamento Interno de la
corporación.

Explicó que, en el reglamento interno de la corporación, esto es, el Acuerdo 02
de 2015, se desarrollaron los principios, criterios orientadores (art. 52), ruta y
7

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trámite para la selección. Concretamente en el artículo 53 ejusdem, se
establecen las tres formas en que la Corte puede conocer de un expediente de
tutela para su selección, dentro de las cuales se encuentran: (i) «Preselección
por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Tutelas o por uno de los
Magistrados que integran la Sala de Selección, con base en reseñas
esquemáticas»; (ii) «Presentación de una solicitud ciudadana a la Sala de
Selección»; y (iii) «Insistencia».

Adujo que en el artículo 55 ibídem se prescribió la manera en que se dan a
conocer las decisiones de la Sala de selección, «destacando que además de
ser notificadas, el Auto debe ser publicado en la página Web de esta
Corporación. Aunado a ello, se estableció que contra las decisiones adoptadas
por la Sala de Selección no procede ningún recurso».8

Precisó que: (a) la selección no constituye un derecho de las partes; (b) no es
una obligación para la Corte en virtud del artículo 86 del Decreto 2591 de 1991,
en atención a que la revisión de los fallos es eventual; (c) no se trata de una
instancia adicional al proceso de tutela; (d) las decisiones que se adopten en
este marco es definitiva puesto que no admite la interposición de recursos; (e)
las solicitudes de selección e insistencia no se tramitan en el marco del derecho
de petición, sino como parte de la actuación judicial cuyo trámite se adelanta
conforme a la competencia y el procedimiento establecido en el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo 02 de 2015 y sus
modificaciones.

Resumió el trámite que adelantó frente al expediente de tutela T-8.709.969, de
la siguiente manera:

(i) El 29 de abril de 2022 fue radicado en la corporación.
(ii) El 2 de mayo de 2022 se efectuó el diligenciamiento del Formato Reseña
Esquemática.
(iii) El 3 de mayo de 2022 se envió a la Sala de selección.
(iv) El 27 de mayo de 2022 se decidió no seleccionar el expediente.
(v) El 13 de junio de 2022 se comunicó la decisión de no selección y se fijó y
desfijó el estado correspondiente.
(vi) El 29 de junio de 2022 se efectuó la devolución al juzgado de origen.

Manifestó que, según la anterior información, la Sala de selección revisó los
expedientes incluidos en el rango de los radicados T-8.667.315 y T-8.710-514;
dentro del cual se encontraba la acción T-8.709.969.

Indicó que, mediante auto de 2 de mayo de 2022, el cual fue debidamente
publicado por estado en la página de la Corte Constitucional, se dispuso poner
en conocimiento del público que la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco
de 2022 examinaría las solicitudes ciudadanas que fueran remitidas hasta el 11
de mayo de 2022, y que la audiencia virtual se llevaría a cabo el 27 del mismo
mes y año. En ese sentido, justificó que los interesados contaron con ocho días

8 Cita del texto original con posibles errores.

8

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hábiles para presentar sus escritos, no obstante, los accionantes solo se
percataron hasta el 12 de mayo de 2022, fecha en que presentaron la solicitud
extemporánea.

Adicionó que, en providencia de 27 de mayo de 2022, notificada por estado n. °
11 de 13 de junio de la misma anualidad, se ordenó remitir los expedientes
excluidos a los despachos judiciales de origen, entre ellos, el proceso de interés
de los actores. Asimismo, se pronunció sobre la petición allegada por el director
de la Comisión Colombiana de Juristas en el sentido de señalar que, a través
del auto de 12 de mayo de 2022 se había rechazado la solicitud por
extemporánea, «[P]or consiguiente, dispuso no acceder a la solicitud de
analizar el escrito ciudadano allegado». También ordenó a la Secretaría
General, informar tal decisión a los tutelantes, que se anexara copia de esta, y
que se remitiera el asunto a los magistrados que no conformaron la Sala para
que consideraran la posibilidad de insistir.

Concluyó que la corporación no ha vulnerado los derechos de los actores, por
cuanto:

(i) Su escrito inicial de selección fue radicado de manera extemporánea, como
expresamente lo reconoce la organización accionante;

(ii) En el numeral 18.14 del Auto de Selección proferido el 27 de mayo de 2022
por la Sala de Selección de Tutelas Cinco, conformada por la magistrada Cristina
Pardo Schlesinger y el magistrado Jorge Ibáñez Najar, se dio respuesta directa al
escrito de la CCJ informándose que este fue alegado por fuera del horario fijado,
correspondiente a las 5:00 p.m. del miércoles once (11) de mayo de dos mil
veintidós (2022). Igualmente, aunque estas solicitudes no se rigen por el trámite
del derecho de petición, se destaca que fueron publicadas en la página Web de
esta Corporación, por lo que podían ser consultadas por la organización
accionante.

(iii) De acuerdo con el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015 de la Corte
Constitucional, contra los autos de la Sala de Selección no procede ningún
recurso, por lo que la competencia de la Corte Constitucional concluyó; pese a
ello, los accionantes contaban con otra posibilidad adicional asociada a la
presentación de una solicitud de insistencia ante los magistrados de esta
Corporación u otras autoridades expresamente señaladas.

Con todo, aunque se agotó esa última vía en comento que, no corresponde a un
recurso o instancia adicional, el expediente tampoco fue objeto de alguna
insistencia que motivara un posterior análisis de selección; lo cual, no puede ser
interpretado como una vulneración del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia como lo alegan la CCJ, ya que se reitera que las
decisiones de selección e insistencia de los expedientes de tutela son
discrecionales y que la Corte solo realiza su eventual selección.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 19912, esto es, en atención a la cláusula general de
competencia.

2.2. Cuestión previa

En cuanto a las solicitudes de desvinculación de este proceso elevadas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y la
UARIV, se anuncia que serán denegadas en atención a que dichas entidades
fueron llamadas a esta acción de tutela en calidad de terceros por tener interés
en la decisión que se adopte. Por tanto, es menester procurar la debida
integración del contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento la Corte
Constitucional incurrió en violación del derecho fundamental de petición por la
omisión de la autoridad judicial demandada en resolver la solicitud de revisión
radicada el 12 de mayo de 2022.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la acción de tutela
contra actuaciones u omisiones judiciales; (iii) las generalidades de los
derechos de petición, debido proceso y de acceso a la administración de
justicia; y (iv) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.5. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia, a
saber, i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad
con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y ii) las
generales que no tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas
en el Título 2 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 201810, señaló:

La Corte Constitucional11 y esta Corporación12 de manera reiterada han
señalado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones
judiciales tienen un alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se
ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen
ante los jueces, las cuales pueden ser de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón
se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose
sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos
para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la
justicia; pero no del derecho de petición.

2.6. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución13, del derecho fundamental al
debido proceso14 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia15.

10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de

25 de enero de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro.
11 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de

13 de julio de 2017. M.P: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. M.P. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001- 03-15-000-2017-02891-00.
13 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
14 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
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Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el
juez para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley […]»16.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»17.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte que:

[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”18, y de otro lado, “la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte
involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la
dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección
de los derechos de las personas […]19.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia20 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con
el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
15 Sentencia T-006 de 1992.
16 Sentencia T-476 de 1998.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
18 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19 Ibídem.
20 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública

que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
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terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material
[…]»21.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, la parte actora alegó que la Corte Constitucional
vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la omisión en pronunciarse
de fondo respecto a la solicitud de revisión de la acción de tutela 11001-33-43-
065-2021-00319-01 (T-8.709.969), la cual fue radicada a través de la petición
de 12 de mayo de 2022.

Ello, por cuanto señaló que la respuesta suministrada por la autoridad
censurada en el auto de 27 de mayo de 2022 no resolvía los argumentos
expuestos por los accionantes.

2.7.2. De acuerdo con los antecedentes y el marco conceptual expuesto, es
preciso señalar que, respecto a la solicitud elevada ante la autoridad judicial
reprochada el 12 de mayo de 2022, no es posible analizar la presunta
vulneración a la luz del derecho fundamental de petición por cuanto este no
procede para poner en marcha el aparato judicial.22

En otras palabras, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es acogida
por el Consejo de Estado, ha sido consistente en señalar que las peticiones
relacionadas con actuaciones judiciales no se resuelven a partir de los
lineamientos de orden administrativo, debido a que las actuaciones de tal
naturaleza están sometidas a las reglas procesales.

En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró:

La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen
derecho a presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas
sean resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga
sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta. En concordancia

21 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
22 Al respecto, ver: (i) sentencia de 8 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-

2022-04406-00, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (ii)
sentencia de 4 de febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-08925-00, Consejo de
Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter
estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo
los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables
las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras
que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se
encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.

En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada
a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede
invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial
se ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al
respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un
determinado proceso judicial.

En el caso sub lite es evidente que la solicitud de los accionantes no versa
sobre actuaciones netamente administrativas, por cuanto el objeto de su
solicitud de 12 de mayo de 2022 recae en el trámite interno que efectúa la Corte
Constitucional respecto a la selección de los fallos que serán objeto de revisión.

Es decir, el fin último de los tutelantes es que la referida judicatura vuelva a
pronunciarse sobre la posibilidad de seleccionar la sentencia de 9 de febrero de
2022 para su revisión, lo cual es una función que ejerce la Corte Constitucional
en el marco de los diferentes procesos judiciales, lo que de entrada advierte
que esta actuación está amparada en los principios de la autonomía del juez, de
legalidad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

En ese orden, tal como lo manifestó la corporación censurada, dicho asunto no
se regula por las normas relativas al derecho de petición (Ley 1755 de 2015,
incorporada al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), sino por el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, el
Código General del Proceso y el Acuerdo 01 de 2015 que contiene el
reglamento interno de la alta Corte.23

En otras palabras, tal como lo indicó la Alta Corte, no es dable invocar el
derecho fundamental de petición cuando el requerimiento está direccionado a
poner en marcha el aparato judicial, o para que un funcionario cumpla con sus
deberes jurisdiccionales o para obtener la solución de aspectos del trámite
procesal.

En este contexto, la Sala no advierte la existencia de la alegada vulneración del
derecho de petición de la parte accionante, por cuanto, se itera, su solicitud
corresponde llanamente al trámite regulado para la selección en sede de
revisión de la acciones de tutela, lo cual, como se expuso en líneas previas, no
está sujeto a las normas que regulan lo concerniente a las peticiones
presentadas antes las autoridades administrativas puesto que, cada
procedimiento judicial se encuentra gobernado por las disposiciones legales en
cada jurisdicción.

23 «Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional».
Artículos 53 a 62 de dicho reglamento.
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Igualmente, se resalta que en el informe rendido por la presidenta de la Corte
Constitucional puso de presente que se cumplió con el procedimiento
establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Acuerdo
02 de 2015 y sus modificaciones y resumió el trámite que adelantó frente al
expediente de tutela T-8.709.969 para demostrar que se cumplió con cada
etapa.

Además resaltó que en todo caso se dispuso mediante auto de 2 de mayo de
2022, poner en conocimiento del público que la Sala de Selección de Tutelas
Número Cinco de 2022 examinaría las solicitudes ciudadanas que fueran
remitidas hasta el 11 de mayo de 2022, y que la audiencia virtual se llevaría a
cabo el 27 del mismo mes y año, por lo cual no era de recibo que no se hubiese
podido sustentar la solicitud, pues todos los interesados contaron con ocho días
hábiles para presentar sus escritos, no obstante, los accionantes solo se
percataron hasta el 12 de mayo de 2022, fecha en que presentaron la solicitud
de manera extemporánea.

Bajo este panorama, este juez constitucional concluye que no le asiste razón a
la parte actora al señalar que su garantía fundamental de petición fue vulnerada
por la Corte Constitucional, comoquiera que lo solicitado comporta un
procedimiento reglado que debe atender los términos legales los cuales no
fueron cumplidos.

2.7.3. Ahora, en relación con la presunta falta de notificación de la providencia
de 27 de mayo de 2022, se tiene que el artículo 55 del referido Acuerdo 02 de
2015 establece: «[E]n el Auto de la Sala de Selección se relacionarán las
insistencias y las peticiones ciudadanas presentadas dentro del rango
correspondiente. Dicho auto deberá notificarse dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la celebración de la Sala de Selección y será publicado en
la página Web de la Corte Constitucional».

Pese a que en el informe la Corte Constitucional se limitó a señalar que la
referida providencia fue publicada en su página web, lo cierto es que la Sección
Quinta del Consejo de Estado no advierte que tal yerro tenga la virtualidad de
modificar el sentido de la decisión consistente en no seleccionar la acción de
tutela de interés de los accionantes.

En primer lugar, porque como bien se indica en la norma ejusdem, la
clasificación para la revisión que realiza la alta Corte se da en el marco de la
facultad discrecional y con sujeción a los «principios y criterios orientadores»; y
de otro lado, «[L]as decisiones adoptadas por la Sala de Selección no admiten
recurso alguno». En síntesis, al no ser susceptibles de otros mecanismos los
proveídos expedidos en sede del proceso de selección, la resolutiva de no
escoger el expediente de tutela objeto de los tutelantes continuaría incólume.

Al respecto, en el auto 178 de 2016 la Sala Plena de esa corporación, se
precisó que «contra las decisiones adoptadas por la Sala de Selección no
procede recurso alguno; adicionalmente señaló que “tampoco procede el
incidente de nulidad contra el auto de selección”».
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Así las cosas, la presentación extemporánea de la solicitud de revisión de la
tutela se debió a su falta de diligencia en torno a la revisión de los estados de la
Corte Constitucional, habida cuenta de que, de lo acreditado en este asunto, no
se tiene duda que dicha judicatura surtió debidamente el procedimiento que se
realiza en torno a la selección de las tutelas que se revisan, pues dictó y publicó
el auto de 2 de mayo de 2022, en el que dispuso poner en el listado de las
acciones que serían objeto de selección.

En tal sentido, y al tener en cuenta que el fin perseguido por los accionantes es
que el máximo órgano censurado estudie los argumentos de una solicitud
extemporánea, dentro de otras salas de selección, diáfanamente se puede
concluir que la omisión de la notificación de la providencia de 27 de mayo no
tiene incidencia en el resultado que se pretende obtener, en consecuencia, no
se estima transgredido el derecho al debido proceso.

2.7.4. Finalmente, frente al cargo concerniente a que la Corte Constitucional se
tardó en asignar el número de radicado interno al proceso 11001-33-43-065-
2021-00319-01, esta colegiatura anuncia que también será despachado de
manera desfavorable.

Lo anterior encuentra asidero en que, tal como lo explicó la judicatura
cuestionada, el trámite que se surtió respecto del expediente T-8.709.969, fue el
siguiente:

(i) El 29 de abril de 2022 fue radicado en la corporación.
(ii) El 2 de mayo de 2022 se efectuó el diligenciamiento del Formato Reseña
Esquemática.
(iii) El 3 de mayo de 2022 se envió a la Sala de selección.
(iv) El 27 de mayo de 2022 se decidió no seleccionar el expediente.
(v) El 13 de junio de 2022 se comunicó la decisión de no selección y se fijó y
desfijó el estado correspondiente.
(vi) El 29 de junio de 2022 se efectuó la devolución al juzgado de origen.

De las anteriores actuaciones y, ante la falta de pruebas que acrediten las
alegaciones de los actores, este juez de tutela no encuentra demostrado que la
alta Corte se hubiere tardado en asignar el número interno a la tutela 11001-33-
43-065-2021-00319-01, puesto que, el manejo que en cualquier oficina de
recepción de expedientes judiciales se imparte, implica de manera
indispensable la determinación de un número de identificación al momento del
ingreso.

En otras palabras, para poder darle el trámite correspondiente a las diligencias,
este el asunto de interés de los actores debía tener un número de radicado
interno y, pese a que el extremo activo adujo que revisó continuamente el
sistema de búsqueda de la Corte Constitucional, tal afirmación se reduce a una
mera manifestación que no tiene la fuerza de desvirtuar que el trámite del
expediente físico se surtió en debida forma.

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Por lo tanto, en el caso en estudio no se considera que se haya vulnerado el
derecho de acceso a la administración de justicia, además, porque como se
indicó de manera previa, la selección es una función judicial y discrecional de la
Corte Constitucional, por lo que no constituye un derecho para quienes tenga
interés en la revisión.

2.8. Conclusión

La Sala de Decisión negará la solicitud de amparo promovida por el señor
Gustavo Gallón Giraldo y otros contra la Corte Constitucional, al no encontrar
acreditada la violación a las garantías fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Gustavo Gallón
Giraldo y otros contra la Corte Constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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