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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02579-01

Acción de tutela contra providencia de una alta corte: procedencia

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02579-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02579-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 110010315000202302579 01

Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE – Procedencia
excepcional / DEFECTO SUSTANTIVO – No existió una indebida aplicación de la
sentencia por la que el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la interpretación
de la expresión «autorización específica» utilizada por las normas que regulan la
participación en plusvalía.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia del 22 de junio de 2023, mediante la cual la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 17 de mayo de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –
UAECD, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que se ampare su derecho
fundamental al debido proceso.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Fiduciaria Bogotá S.A. demandó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro

1
Que ingresó para fallo el 8 de septiembre de 2023.

Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Distrital, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 1697 de
2015 –por la que se determinó el efecto plusvalía por mayor aprovechamiento del
suelo en edificación para dos inmuebles ubicados en la zona del tratamiento de
renovación urbana (Decreto 562 de 2014)–, 1823 de 2016 –que estableció el
efecto plusvalía por metro cuadrado sobre los mismos predios– y 115 de 2017
–que confirmó la anterior decisión–.

Mediante sentencia del 12 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida.

La parte demandante apeló la anterior decisión ante la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la que, por medio de providencia del 23 de marzo de 2023,
revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, dispuso:

(…)

Segundo. Declarar de oficio la excepción de caducidad respecto a la
pretensión de nulidad de la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015.

Tercero. Declarar la nulidad parcial de la Resolución nro. 1823, del 04 de
octubre de 2016, respecto de la determinación del efecto plusvalía fijado
sobre los inmuebles de Fiduciaria Bogotá S.A. identificados con matrículas
inmobiliarias nros. 050C00469413 y 050C00519003. Asimismo, declarar la
nulidad plena de la Resolución nro. 0115, del 26 de enero de 2017, que
resolvió el recurso de reposición, de acuerdo con lo considerado en la
sentencia de segunda instancia.

A título de restablecimiento del derecho, declarar que la actora no adeuda la
participación en plusvalía determinada en el acto anulado. En caso de que a
la fecha de ejecutoria de esta providencia se encuentren vigentes en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria (de los predios o del predio resultado
del eventual englobe) las anotaciones de inscripción de la Resolución nro.
1823, del 04 de octubre de 2016, la Administración deberá ordenar su
cancelación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Cuarto. Negar las demás pretensiones, de conformidad con lo considerado en
la sentencia de segunda instancia.

Quinto. Sin condena en costas.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La tutelante alega que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, porque empleó una regla jurisprudencial inexistente al momento de la
ocurrencia de los hechos.

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Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Agregó que se aplicó la sentencia de unificación 2020CE-SUJ4-006 del 3 de
diciembre de 2020, pese a que “en ningún momento se buscó discutir la
configuración del hecho generador del efecto plusvalía, todo lo contrario, lo que
busco atacar el demandante es el momento de exigibilidad del efecto plusvalía”.

Afirmó que, para el momento de los hechos, la Unidad acató la postura del
Consejo de Estado según la cual “la expedición de la licencia y los trámites de
englobe como no constituyen acciones urbanísticas, corresponden al momento de
exigibilidad de la participación en plusvalía”.

De otra parte, planteó que se configuró un defecto por desconocimiento del
precedente, porque, al aplicar la sentencia de unificación del 3 de diciembre de
2020, se desatendió el pronunciamiento del 4 de septiembre de 2017 (número
interno 57279), en el que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado estableció que “la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial
transgrede el derecho al debido proceso de los administrados y desconoce el
principio de confianza legítima”.

Aunado a lo anterior, dijo que se incurrió en una violación directa de la
Constitución porque la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación
transgrede los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que “obligan a las autoridades judiciales a aplicar los criterios
jurisprudenciales, como fuente y criterio auxiliar, preexistentes a los hechos sobre
los cuales deben dictar una resolución en derecho”.

Agregó que se configuró este defecto -violación directa de la Constitución-,
porque se desconoció el principio de confianza legítima y se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso. Mencionó que “el cambio de jurisprudencia, no
puede significar de ninguna manera el sacrificio de los derechos de quienes
obraron en el pasado movidos por lo que mandaba el antiguo precedente”.

4. Trámite en primera instancia

4.1. Mediante providencia de 18 de mayo de 2023, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó
notificar a la autoridad judicial accionada y vinculó, como terceros con interés, a la

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Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Fiduciaria Bogotá S.A. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A.

4.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare la
improcedencia o, en su defecto, se niegue el amparo reclamado, tras considerar
que la decisión cuestionada no vulneró los derechos ni los principios cuya
protección reclama la entidad tutelante.

Explicó que no se cumplen el requisito de la relevancia constitucional en los
términos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, que
proscribe la acción de tutela cuando se pretenda que “el juez de tutela juzgue la
corrección de la decisión de la Sección Cuarta, en lugar de su validez”; cuando la
pretensión tenga una connotación preponderantemente económica y cuando no
se demuestre una grave afectación de un derecho fundamental o “un poder
arbitrario de la autoridad judicial accionada”.

Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que no se incurrió en el defecto sustantivo
alegado ni se vulneró el derecho al debido proceso de la Unidad accionante, bajo
en el entendido de que, contrario a lo sostenido en la demanda de tutela, sí
resultaba procedente la aplicación de la sentencia de unificación
2020CE-SUJ-4-006.

Lo anterior, debido a que el debate planteado en el proceso ordinario se
circunscribió a establecer si el englobe de predios era una acción urbanística
generadora de la participación de plusvalía en los términos del artículo 74 de la
Ley 388 de 1997 y fue con base a la regla de unificación No. 1 de la sentencia
2020CE-SUJ-4-006 del 3 de diciembre de 2020 (exp.23540), que se concluyó que
el englobe no era una acción urbanística y, por ello, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados.

Afirmó que tampoco existió una irregularidad al tenerse en cuenta la sentencia de
unificación del 3 de diciembre de 2020, bajo el entendido de que se empleó “con
efectos frente a lo que aún estaba en discusión y no retroactivos”, si se tiene en
cuenta que la regla de unificación No. 2 de ese pronunciamiento es: “la anterior
regla jurisprudencial de unificación rige para los trámites pendientes de resolver
en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a conflictos decididos con
antelación”.

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Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Agregó que la anterior regla de temporalidad tiene un carácter vinculante frente a
la resolución de situaciones que se encuentran en trámite, aun cuando los hechos
acaecieron antes de la referida sentencia, “por el efecto retrospectivo de la regla
unificada”.

Mencionó que el desacuerdo de la parte actora con la temporalidad en la
aplicación de la regla de unificación constituye un reproche frente a la sentencia
de unificación y no respecto a la que se cuestiona en sede de tutela, pues esta
última simplemente “acoge el carácter de obligatoriedad del precedente
unificador”.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
solicitó que se le desvinculara de la presente actuación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, bajo el entendido de que la vulneración de los derechos
fundamentales no se le atribuye a esa corporación sino a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, con ocasión de la decisión de segunda instancia dictada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Unidad
tutelante.

4.4. La Fiduciaria Bogotá S.A. se opuso al amparo reclamado, bajo el argumento
de que “no se configura ninguna de las condiciones procesales para la
procedencia de la presente acción de tutela en contra de providencia judicial” y
tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilite el
amparo.

5. La sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 22 de junio de 2023, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado.

En primer lugar, advirtió que los defectos atribuidos a la decisión cuestionada
-sustantivo, desconocimiento y violación directa de la Constitución- se analizarían
de manera conjunta, debido a que están encaminados a cuestionar la aplicación
de una regla de unificación fijada por el Consejo de Estado con posterioridad a los
hechos que dieron lugar a la demanda ordinaria relacionados con “el hecho
generador de la participación en plusvalía”.

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Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

En línea con lo anterior, precisó que no se configura ningún defecto en la decisión
cuestionada y que en atención al criterio de temporalidad, contenido en la
sentencia 2020CE-SUJ-4-006 -según el cual la regla de unificación adoptada
regía para los trámites pendientes de resolverse en sede administrativa y judicial-,
se estableció que la autoridad judicial accionada aplicó dicha decisión “con
efectos frente a lo que aún estaba en discusión y no retroactivos; sin que resulte
procedente acudir a otros criterios jurisprudenciales de temporalidad, como mal lo
pretende la parte de demandante”.

De otra parte, aclaró que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y, por ende, no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que se evidencie la
vulneración de derechos fundamentales, lo que no ocurre en el presente caso.

Refirió que lo que se presenta en el caso bajo estudio es una inconformidad con
lo decidido por el juez natural, que no es cuestionable por vía de tutela, toda vez
que la “visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada”, sumado al hecho
de que el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia
del proceso ordinario.

6. La impugnación

La sentencia fue impugnada por la parte tutelante, quien insistió en que se le
vulneraron sus derechos fundamentales porque la sentencia de unificación se le
aplicó de manera retroactiva. Expuso que (transcripción de forma literal):

Si bien la sentencia de unificación estableció que la misma aplicaría
para casos que no hubiesen sido resueltos a la fecha de su
promulgación, es justamente este el problema jurídico que era
necesario resolver en esta tutela, este es, si es posible jurídicamente, y
si se compadece con los derechos al debido proceso y el principio de
confianza legítima, que se aplique un fallo de unificación que no existía
al momento en que una autoridad administrativa adoptó una decisión.

Indicó que en la sentencia de tutela no se analizó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, sino que se indicó que el tema estaba resuelto por la
regla de aplicación contenida en la misma sentencia de unificación, lo que se
traduce en “utilizar la misma vulneración de derechos fundamentales como

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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fundamento para negar el amparo de los mismos”.

Insistió en que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la aplicación de
las reglas de unificación es hacia futuro, pero no para los casos en los que la
administración actuó bajo el amparo de otros pronunciamientos.

De otra parte, aclaró que no se pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia, sino que se busca que se ampare el derecho fundamental al
debido proceso y, en ese sentido, se decida con base en las normas y reglas
jurisprudenciales existentes a la época de los hechos.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital cuestiona la providencia
del 23 de marzo de 2023, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
en su contra por la Fiduciaria Bogotá S.A., bajo los siguientes argumentos
(trascripción de forma literal):

… procede la Sala a dirimir el primero de los problemas jurídicos planteados.
La demandante sostiene que su contraparte, a través de la Resolución nro.
1823, del 04 de octubre de 2016, transgredió el artículo 97 del CPACA al
haber revocado la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015, la cual
constituye el primer acto que determinó para sus inmuebles la participación
que tendría el municipio por metro cuadrado en la plusvalía generada por la
acción urbanística contenida en el Decreto 562 de 2014 -zonas y subzonas
del tratamiento de renovación urbana por reactivación-. En su criterio, el
primer acto de determinación era de contenido particular y ya había
establecido una participación en plusvalía inferior a la que fuere recalculada
mediante la Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016, por lo cual la
autoridad antes de revocar el acto debió contar con el consentimiento escrito
y expreso de la administrada. Por su parte, la parte demandada en sus actos
acusados estimó que la señalada Resolución nro. 1823 no revocó ninguna
resolución anterior, pues en realidad estableció la participación en plusvalía
del municipio con motivo de un nuevo hecho generador del plusvalor,
consistente en el englobe de los dos predios de la actora que derivaría en un
incremento del índice de edificabilidad. Respecto de esto, la demandante
aduce que la integración de dos predios no es un hecho generador de la
participación en plusvalía a la luz del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, según
lo precisado en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-006, del 03 de
diciembre de 2020 (exp. 23540, CP: Julio Roberto Piza) y, sin perjuicio de ello,
el englobe se llevó a cabo con posterioridad al acto que determinó el efecto
(abril 2018).

El tribunal juzgó, al igual que lo indicado por la demandada, que la Resolución
nro. 1823, del 04 de octubre de 2016, fue proferida como consecuencia del
englobe de los predios de la actora, por lo que este acto determinó el efecto

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

plusvalía frente a una nueva situación fáctica, de manera que no revocó la
Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015, aunque respecto de esta
ocurrió un decaimiento (artículo 91 del CPACA).

En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si la Administración,
luego de haber fijado el efecto plusvalía sobre los inmuebles de la actora,
mediante la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015, podía recalcular su
valor expidiendo la Resolución 1823, del 04 de octubre de 2016, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de la demandante –artículo 97 del
CAPCA-, con fundamento en el englobe de sus predios, como si se tratara de
un hecho generador de la participación en plusvalía.

4- En lo que concierne al debate planteado, el artículo 97 del CPACA
determina que la autoridad tiene la potestad de revocar los actos
administrativos mediante los cuales hubiese creado o modificado situaciones
jurídicas particulares y concretas con la obtención del consentimiento previo,
expreso y escrito del titular de la decisión, mediante un procedimiento que
asegure los derechos de audiencia y defensa. Si el administrado niega su
consentimiento de revocatoria, la autoridad deberá impugnar judicialmente el
acto, para lo cual, la ley lo dispensa de agotar el requisito de conciliación en
eventos de haberse proferido por medios ilegales o fraudulentos.

Siguiendo el criterio de decisión adoptado en el punto 2 de estas
consideraciones, la Sala advierte que la Resolución 1823, del 04 de octubre
de 2016, al ser un acto que determina nuevamente un plusvalor y el monto de
participación del distrito en este, también es un acto de contenido particular el
cual deberá inscribirse en los certificados de tradición a la espera de
cualquiera de los momentos de exigibilidad que prevé el artículo 83 de la Ley
388 de 1997 (artículos 4.° del Acuerdo 188 de 2003 y 13 del Decreto 20 de
2011) y, así, obtener el recaudo de dicha obligación a cargo del poseedor o
propietario del respectivo inmueble.

De esta forma, el acto que determina la participación en plusvalía atenderá al
hecho generador del plusvalor el cual solo puede obedecer a los tipos de
acciones urbanísticas señaladas en el artículo 74 ídem (artículo 3.° del
Acuerdo 118 de 2003). Al respecto, la Sala puntualizó mediante la regla nro. 1
de unificación que el hecho generador de la participación en plusvalía solo
puede corresponder a las acciones urbanísticas de la norma ya indicada, por
lo que las actuaciones urbanísticas como son las solicitudes de licencias
urbanísticas y el englobe de predios no son compatibles con la definición de
acción urbanística, el primero porque se trata de un momento de exigibilidad y
no de causación de la obligación y el segundo, como lo sostienen
precedentes de la corporación (sentencias del 05 de noviembre de 2020, exp.
21665, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 03 de diciembre de 2020, exp.
22924 y 23540, CP: Milton Chaves García y Julio Roberto Piza Rodríguez),
obedece a la necesidad que tenga un particular en el desarrollo de un
proyecto inmobiliario de integrar los predios en los que lo ejecutaría, sin que
ese hecho corresponda a una decisión de la autoridad territorial que dé
nacimiento a una acción urbanística, porque el incremento de la edificabilidad
-entendida como causal de un mayor aprovechamiento- estaría dada por la
iniciativa de un particular y no de quien regula el ordenamiento territorial,
además de que un entendimiento que califique los englobes como acciones
urbanísticas implicaría que estos son generadores del derecho del municipio
a participar de plusvalores en zonas y subzonas en las cuales la normativa
territorial no ha fijado autorizaciones ya sea para «destinar el inmueble a un
uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo
permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya
formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos
que lo desarrollen» (artículo 74 ibidem). En ese orden, el incremento del valor
de la tierra como resultado de actuaciones particulares o del resultado de los
efectos en la especulación del mercado inmobiliario en el precio del metro
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Radicación: 110010315000202302579 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

cuadrado no configuran hechos generadores de participación en plusvalía, en
la medida en que no se subsume en la definición de acción urbanística de la
Ley 388 de 1997.

5- Establecida la regla jurídica aplicable, se considera que, el 12 de diciembre
de 2014, la Administración profirió el Decreto Distrital 562, mediante el cual
reglamentó las condiciones urbanísticas para adelantar el tratamiento de
renovación urbana en la modalidad de reactivación; incorporó las áreas
respectivas al tratamiento referido y adoptó las fichas normativas. Por
consiguiente su artículo 40 estableció que constituía un hecho generador de
la participación en plusvalía la autorización de un mayor aprovechamiento del
suelo en edificación, en virtud del artículo 74 de la Ley 388 de 1997. En
atención a la acción urbanística en cita, el 24 de julio de 2015, Catastro
distrital profirió la Resolución nro. 1697, mediante la cual determinó el efecto
plusvalía por metro cuadrado por el valor de $4.334.270 para los inmuebles
de la demandante identificados con matrículas inmobiliarias nros.
050C00469413 y 050C00519003 (índice 2), acto que, como se dijo
anteriormente, es de carácter particular respecto de la actora.

Posteriormente, la Administración expidió el Decreto Distrital 79 de 2016,
publicado el 22 de febrero de ese año, por medio del cual se derogó el
Decreto Distrital 562 de 2014 y reasignó los tratamientos urbanísticos de los
diferentes sectores normativos y las fichas normativas de edificabilidad que
habían sido regulados en el acto derogado. Este Decreto 079 de 2016 fue
expreso en su artículo 5º en indicar que su regulación no configuraba hechos
generadores de la participación en plusvalía, previstos en los artículos 74 y 77
de la Ley 388 de 1997 y 432 a 435 del Decreto 190 de 2004 (Compilación del
POT). Igualmente, prescribió un régimen de transición que, en lo que
concernía a la participación en plusvalía dispuso que: su determinación,
liquidación y recaudo se haría de conformidad con el Decreto 562 de 2014
«en los casos que se encuentren en trámite o en que se configure un
momento de exigibilidad de la participación en plusvalía», de modo que
quedarían sin efecto los actos de determinación de la participación en
plusvalía inscritos en los folios de matrículas inmobiliarias y las demás
actuaciones de determinación, cálculo y liquidación efectuados con base en
las acciones urbanísticas del Decreto 562 de 2014, siempre que a la entrada
en vigencia del Decreto 079 de 2016 no se hubiere configurado «alguno de
los momentos de exigibilidad establecidos en el artículo 83 de la Ley 388 de
1997, (...) en virtud de la derogatoria efectuada por el presente acto
administrativo» (artículo 3.° del Decreto 079 de 2016); es decir, entiéndase
por momento de exigibilidad los descritos en los ordinales del artículo 83 de la
Ley 388 de 1993, bajo la condición de que la autoridad ya hubiere «liquidado
e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un efecto de
plusvalía». A raíz de ese régimen de vigencia, estableció que la Secretaría
Distrital de Planeación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación
del nuevo decreto, solicitaría a los curadores urbanos la relación de los
trámites de solicitud de licencias, aquellas expedidas y las actuaciones que se
encontraran en estudio, en las cuales haya habido un mayor aprovechamiento
normativo previsto en el Decreto Distrital 562 de 2014 (artículo 4.°), con el fin
de realizar la actuación pertinente para recaudar la obligación.

En vigencia del Decreto 079 de 2016, el distrito expidió la Resolución nro.
1823, del 04 de octubre de 2016, a través de la cual determinó la participación
en plusvalía por metro cuadrado sobre los predios de la demandante junto
con los de otros poseedores o propietarios, cuya participación fue
previamente establecida en la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015
(índice 2). En concreto, la Resolución 1823 estableció, para cada uno de los
predios de la actora, un plusvalor por metro cuadrado en la suma de
$9.020.000, respecto del cual participaría en un 50 %, esto es en el monto de
$4.510.000 por metro cuadrado de cada predio, pero identificó como acción

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

urbanística el englobe de los inmuebles; ordenando, al igual que la
Resolución 1697, la inscripción del gravamen en cada FMI y su notificación
personal, la cual en esta ocasión sí se surtió el 08 de noviembre de 2016, tras
lo cual la actora interpuso el recurso de reposición procedente.

Este acto tuvo como fundamento de derecho los decretos 562 de 2014 y 079
de 2016 y, con base en esta última norma, indicó que «del listado de predios
en transición reportados por los curadores urbanos de la ciudad y por la
Secretaría Distrital de Planeación, de conformidad con el Decreto Distrital 79
de 2016, existen licencias que involucran más de un predio» y que «dos o
más predios que se integren o engloben pueden generar un incremento en el
aprovechamiento del suelo, lo cual permitiría una mayor área edificada,
siendo el englobe el hecho generador cada vez que el predio resultante del
mismo adquiera la potencialidad de una mayor edificabilidad que la norma le
autoriza». Como consecuencia de ese listado, revisó los cálculos del efecto
plusvalía contenidos en la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015,
respecto de los «predios integrados y que se encuentra en transición según el
Decreto Distrital 79 de 2016» y explicó que como consecuencia de lo anterior
existían «predios que generan plusvalía contenidos en las Resoluciones 1697
(...) y que una vez integrados generan efecto plusvalía».

6- Ahora bien, dado que la tesis de la demandante consiste en que la
Resolución nro. 1823 del 04 de octubre de 2016, revocó ilegalmente la
Resolución 1697, del 24 de julio de 2015, la Sala estima pertinente comprobar
si la participación en plusvalía determinada con base en esa primera
resolución de determinación quedó vigente como consecuencia del régimen
de transición que previó el artículo 3.° del Decreto 079 de 2016, pues, de lo
contrario, la anterior resolución de determinación quedó sin efectos jurídicos,
como resultado de la derogatoria del Decreto 562 de 2014. En ese evento, la
Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016, no estaría revocando un
acto anterior, sino fijando una nueva participación producto de un englobe y
no habría revocatoria alguna. Vale decirse, que la señalada Resolución nro.
1823, en su parte dispositiva expresó que era necesario revocar la Resolución
nro. 1697, del 24 de julio de 2015, debido a la necesidad de revisar el
plusvalor originado en englobes de predios; no obstante, lo cierto es que la
Sala para dirimir el cargo de revocatoria directa que formula la demandante
debe comprobar directamente si, en lo que respecta a sus predios, hubo
revocatoria del primer acto de determinación de plusvalor.

En el evento de que la Resolución 1697, del 24 de julio de 2015, haya
quedado vigente por el régimen de transición establecido en el Decreto 079
de 2012 se verificará si el segundo acto que determinó la participación en
plusvalía revocó dicho acto en desmejora de los intereses de la actora, para
lo cual debió contar con el consentimiento, previo, escrito y expreso, so pena
de configurar una causal de nulidad por infracción de las normas superiores.

6.1- Para dirimir el anterior planteamiento, la Sala encuentra relevantes los
siguientes hechos (todos ellos ubicados en el índice 2):

(i) Mediante la Resolución 1697, del 24 de julio de 2015, se estableció el
plusvalor por metro cuadrado en la suma de $4.334.270 para cada uno de los
inmuebles de la actora, sobre el cual el distrito participaría en el 50%,
conforme a la acción urbanística de mayor edificabilidad que había
incorporado el Decreto 562 de 2014.

(ii) Por solicitud del 12 de junio de 2015, la Curaduría Urbana nro. 3, expidió la
Licencia de Construcción nro. LC 15-3-0646, del 19 de octubre de 2015, bajo
la modalidad de construcción de 84 viviendas, obra nueva, no VIS, e identificó
los dos predios de la demandante en donde se desarrollaría el proyecto. El 22
de diciembre de 2015, se solicitó modificación a la anterior licencia para
rediseño de la edificación, la cual fue concedida el 08 de junio de 2016.

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Según consta en precisión que hiciere la curadora de la licencia y de su
modificación, no se requirió el pago de la participación en plusvalía, dado que
no era un momento de su exigibilidad al no estar inscrita la determinación del
plusvalor en el folio de matrícula inmobiliaria.

(iii) El 26 de septiembre de 2016, la actora nuevamente solicitó modificación a
la licencia urbanística para rediseño interno de la edificación, ajuste de niveles
y altura total, la cual fue autorizada el 27 de febrero de 2017. En esta
oportunidad se hizo mención del parágrafo 3.° del artículo 2.2.6.6.8.2 del
Decreto DUR 1077 de 2015, según el cual, los trámites de modificación en
licencia no son momentos de exigibilidad de la participación en plusvalía.

(iv) De acuerdo con los certificados de tradición de los dos inmuebles de la
actora, en ambos folios de matrícula inmobiliaria se hicieron anotaciones con
las mismas fechas. La primera de ellas, del 25 de febrero, en la cual se
inscribieron anotaciones de liquidación de plusvalía (sin identificar número del
acto). Seguidamente, el 24 de octubre de 2016, en cada certificado se
hicieron nuevamente las inscripciones de las anotaciones de liquidación de
plusvalía (sin identificar número del acto). Dichas anotaciones para cada
certificado de tradición fueron canceladas por Catastro Distrital el 03 de abril
de 2017. Finalmente, el 18 de mayo de 2017, se inscribieron en ambos
certificados las anotaciones de la determinación de la participación en
plusvalía de la Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016.

(v) La Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016, determinó un
plusvalor para cada uno de los inmuebles de la demandante en la suma de
$9.020.000, sobre el cual el distrito participaría en el 50%, como resultado de
un ajuste en el plusvalor por englobe de los predios. En particular, esta
resolución que es mencionada en los certificados de tradición,
específicamente en las últimas anotaciones de inscripción de participación en
plusvalía a cargo de la demandante por sus dos predios, señaló que, de
conformidad con el régimen de transición del Decreto 562 de 2014, se debían
informar por parte de la Secretaría de Planeación las solicitudes de licencias,
las expedidas y las actuaciones en estudio que concretaron o concretarían un
mayor aprovechamiento normativo con base en el indicado decreto. Y, como
resultado de ello, por sesiones interinstitucionales se hicieron ajustes al efecto
plusvalía generado con la expedición del Decreto 562 de 2014, tomando en
consideración el englobe de los predios como hecho generador de la
plusvalía.

Al efecto, precisó que las licencias que involucraran más de un predio e
hicieran parte del régimen de transición para la aplicación del Decreto 562 de
2014 «podrían o no generar efecto plusvalía», cuyo cálculo estaría contenido
en un primer ejercicio en las resoluciones nros. 1695, 1696 y 1697, de 2015.
Así, consideró que el englobe de inmuebles podría originar un hecho
generador de participación en plusvalía si se daban supuestos de un potencial
mayor aprovechamiento de edificabilidad para los predios que hacían parte
del régimen de transición indicado en el artículo 3.° del Decreto 079 de 2016.
A continuación, en el anexo nro. 1 se encuentran los inmuebles de la
demandante y para cada uno se estableció el plusvalor ya anotado.

(vi) La Secretaría de Hacienda, el 17 de agosto de 2017, expidió para los
inmuebles de la actora la liquidación particular de la participación en plusvalía
para «licencia de construcción», por $7.995.557.000 (no obra sello bancario ni
un recibo de pago adjunto). Asimismo, el 22 de septiembre de 2017, se emitió
sobre los mismos predios una nueva liquidación particular de participación en
plusvalía por valor de $6.917.070.000 para transferencia de dominio. Ambas
liquidaciones relacionan la Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016,
como base del cálculo de la participación plusvalía.

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7- De conformidad con los hechos anteriormente indicados, la Sala detalla
que de acuerdo con el régimen de transición del ordinal 4.° del artículo 3.° del
Decreto 079 de 2016, la aplicabilidad del Decreto 562 de 2014 que constituyó
la acción urbanística determinada en la Resolución 1697, del 24 de julio de
2015, dependía de que a la entrada en vigencia del Decreto 079, esto es, el
22 de febrero de 2016, se encontrara en trámite un momento de exigibilidad
de la participación en plusvalía o que a su entrada en vigor se configurara
alguno de esos momentos de exigibilidad. Para esto, debe recalcarse que,
como se expresó en el fundamento jurídico 5, bajo el artículo 83 de la Ley 388
de 1997, los momentos de exigibilidad serán los descritos en los ordinales de
esa disposición, siempre y cuando previo a esos sucesos de exigibilidad allí
señalados haya sido inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria el acto de
determinación de la participación en plusvalía. Precisado lo anterior, esta
corporación indica que como se detallan en los puntos (i), (ii) y (iv) de los
hechos relevantes, a pesar de que la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de
2015, determinó la participación en plusvalía para, entre otros predios, los dos
que eran de la demandante, las inscripciones de dicha resolución en los
certificados de tradición que podrían asociarse a esta (dado que las
anotaciones en los certificados no identificaron el respectivo acto
administrativo para las dos primeras anotaciones de plusvalía) fueron del 25
de febrero de 2016; sin embargo, la solicitud de licencia urbanística para
construcción de obra nueva que fue tramitada en vigencia del Decreto 562 de
2014 data del 12 de junio de 2015, es decir, antes de la inscripción de la
participación en plusvalía en los certificados de tradición, por lo cual, al
momento de la solicitud de licencia no hubo un momento de exigibilidad en
los términos del artículo 83 de la Ley 388 de 1997, porque previo a ello no
hubo inscripción de la plusvalía en los certificados de matrículas inmobiliarias.

Por su parte, las dos modificaciones a la licencia no corresponden a
momentos de exigibilidad de la participación en plusvalía, en tanto así los
dispuso el parágrafo 3.° del artículo 2.2.6.6.8.2 del Decreto DUR 1077 de
2015, toda vez que la modificación de licencias conservan el uso y
edificabilidad del inmueble en las condiciones con que fue aprobado y no se
trata de una nueva licencia. De esa manera, a la fecha de entrada en vigencia
del Decreto 079 de 2016 -22 de febrero de 2016- no hubo un momento de
exigibilidad ni estaba en trámite un momento de exigibilidad de la
participación en plusvalía, porque el supuesto de solicitud de licencia radicada
el 25 de febrero de 2016 (en vigencia del Decreto 562 de 2014) no hacía
exigible la obligación, debido a la falta de la previa inscripción del acto de
determinación de la partición en plusvalía, i.e. la Resolución 1697, del 24 de
julio de 2015. En ese orden, el inciso 2.° del ordinal 4.° del artículo 3.° previó
que las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria y las demás
actuaciones administrativas referentes a la determinación, cálculo y
liquidación del efecto plusvalía que se realizaron en virtud del Decreto Distrital
562 de 2014, quedaron sin efectos, si al momento de la entrada en vigencia
del Decreto 079 de 2016 no se había dado cualquiera de los supuestos de
exigibilidad del artículo 83 de la Ley 388 de 1997, como resultado de la
derogatoria del Decreto 562 de 2014.

En consecuencia, la Resolución nro. 1697, del 24 de julio de 2015, quedó sin
efecto porque la situación de la actora no quedó inmersa en el régimen de
transición previsto para efectos de la participación en plusvalía. Así, aunque la
Resolución nro. 1823, del 04 de octubre de 2016, pretendía ajustar la
participación en plusvalía de hechos generadores previstos en el Decreto 562
de 2014, que previamente había sido determinada en la Resolución 1697, ello
requería de que esta última resolución siguiera vigente en los términos del
régimen de transición previsto en el artículo 3.° del Decreto 079 de 2016. Y,
como se dijo, en lo que respecta a los inmuebles de la demandante, la
participación en plusvalía determinada con anterioridad no quedó vigente, así
que la Resolución nro. 1823 no tuvo la entidad de ejercer una revocatoria de

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la Resolución 1697, propiamente dicha, que exigiera la anuencia de la
administrada, en los términos del artículo 97 del CPACA, sino que fijó una
nueva obligación en plusvalía bajo el entendimiento de que el englobe es un
hecho generador de plusvalía.

8- En lo que respecta a si el englobe es un hecho generador de la
participación en plusvalía en los términos del artículo 74 de la Ley 388 de
1997, esta corporación indica que conforme al fundamento jurídico nro. 4 de
las consideraciones, el englobe de predios corresponde a una actuación
urbanística, que no a una acción urbanística del artículo 74 de la Ley 388 de
1997, así que no genera un plusvalor en la propiedad sobre el cual deba
participar el municipio como resultado de la decisión que adopta una
autoridad encargada del ordenamiento territorial, en cambio se trata de un
acto jurídico promovido por iniciativa privada, cuyo título deberá
instrumentalizarse en escritura pública para su inscripción por parte de
Registro de Instrumentos Públicos, a fin de que ello dé lugar a la cancelación
de los folios de matrículas de los predios individualmente considerados, y a la
apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria para el predio obtenido
tras el englobe (artículos 50 y 51 de la Ley 1579 de 2012). Prospera el cargo
de apelación.

En primer lugar, conviene precisar que la accionante atribuyó a la anterior
decisión un defecto sustantivo, un defecto por violación directa de la Constitución
y un defecto por desconocimiento del precedente; sin embargo, para argumentar
estos defectos se plantearon los mismos argumentos: la indebida aplicación de la
sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-006 del 3 de diciembre de 2020, en la
que la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió:

1. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la interpretación de
la expresión «autorización específica» utilizada por las normas que regulan la
participación en plusvalía y su consecuencia respecto de la aplicación de la
ley en el tiempo, así:

1) A efectos del artículo 74 de la Ley 388 de 1997, la autorización específica
que configura el hecho generador de la participación en plusvalía es la acción
urbanística, entendida en los términos del artículo 8.o ibidem, que permita la
destinación del predio a un uso más rentable o incrementar el
aprovechamiento del suelo, en los eventos señalados en la disposición. La
acción urbanística podrá estar contenida en los planes de ordenamiento
territorial, o en los instrumentos que lo desarrollan o complementan (art. 9 Ley
388 de 1997) e, incluso, se podrá generar una nueva acción urbanística en
vigencia de un mismo plan.

La participación en plusvalía se causa siempre y cuando el ente territorial,
previo a la acción urbanística, haya adoptado dicha exacción.

2) La anterior regla jurisprudencial de unificación rige para los trámites
pendientes de resolver en sede administrativa y judicial. No podrá aplicarse a
conflictos decididos con antelación.

(…).

En ese sentido, como lo estableció la primera instancia, se realizará un análisis
conjunto de esos argumentos bajo los presupuestos de un defecto sustantivo, el

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se configura cuando, “…
el juez en forma arbitraria y caprichosa actúa en desconexión del ordenamiento
jurídico”2.

Pues bien, revisado el contenido de la providencia cuestionada, se observa que,
como lo alega la parte tutelante, al resolver la controversia planteada por
Fiduciaria Bogotá S.A., la Sección Cuarta del Consejo de Estado aplicó la
sentencia de unificación del 3 de diciembre de 2020 y con base en ella concluyó
que “el incremento del valor de la tierra como resultado de actuaciones
particulares o del resultado de los efectos en la especulación del mercado
inmobiliario en el precio del metro cuadrado no configuran hechos generadores de
participación en plusvalía, en la medida en que no se subsume en la definición de
acción urbanística de la Ley 388 de 1997” y, en ese sentido, la referida fiduciaria
“no adeuda la participación en plusvalía determinada en el acto anulado”.

Contrario a lo expuesto por la entidad tutelante, la aplicación de la regla de
unificación No. 1 contenida en dicho pronunciamiento -relacionada con “la
interpretación de lo que por autorización específica debería considerarse”-, no
puede ser catalogada como un defecto sustantivo.

En primer lugar, porque la sentencia del 3 de diciembre de 2020 es de
unificación y, en ese sentido, es obligatoria su observancia y aplicación, tal y como
ha establecido la Corte Constitucional, la que, en sentencia SU-611 de 2017,
precisó:

...cuando el precedente judicial proviene de una alta corte, tiene una
vinculatoriedad general sobre los demás órganos de la estructura jerárquica
de la administración de justicia, y sobre las autoridades administrativas,
quienes también están sometidas por el principio de igualdad y, por tanto,
deben garantizar el derecho al mismo trato frente a la ley de quienes se
encuentren en similares supuestos fácticos y jurídicos a los que ya han sido
definidos por un órgano de cierre. ‘Recapitulando, en desarrollo de lo previsto
en las normas superiores aplicables, particularmente los artículos 228 y 230
de la carta política, a la fecha es claro en Colombia el carácter obligatorio
de la jurisprudencia de los órganos de cierre, esto es la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,
deber que se entiende referido a la necesidad de tomar en cuenta los
precedentes existentes y relevantes en relación con el tema de que se
trate, en principio para efectos de seguirlos y aplicarlos, quedando en
todo caso abierta la posibilidad de decidir en un sentido diferente, siempre

2
T–384 de 2018.

14

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que el juez o tribunal que así lo hiciere, o el propio órgano de cierre autor del
precedente, justifique debidamente las razones del cambio’3 (se destaca).

En segundo lugar, porque la misma sentencia de unificación determinó “tal
entendimiento con respecto a la aplicación de la ley en el tiempo” y en atención a
ello estableció que la regla de unificación “rige para los trámites pendientes de
resolver en sede administrativa y judicial”.

La Sala estima que el hecho de que se tuviera en cuenta la regla de unificación
contenida en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-006 de 3 de diciembre de
2020 para definir el debate planteado no implica la configuración de un defecto;
evidencia que la autoridad judicial se ciñó a los lineamientos de esa decisión y del
artículo 230 de la Constitución Política, bajo el entendimiento de que
“sometimiento al imperio de la ley supone observar la jurisprudencia de los
órganos de cierre que definen los criterios de interpretación normativa, es decir de
la Ley -en sentido amplio-, a cuyo imperio están sometidos los funcionarios
judiciales”4.

En ese sentido, precisa la Subsección que no puede predicarse que la labor de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, por ende, la decisión cuestionada fueron
contrarias a derecho y menos aun cuando se trata de una providencia dictada por
una alta corte, en la que, tal como lo estableció la Corte Constitucional en
sentencia SU-573 de 2017, debe existir “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”.

Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito del accionante de reabrir
el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa,
desconociendo que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la acción de
tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no

3
Original de la cita: “Sentencia C-461 de 2013. Lo anterior en concordancia con la Sentencia
C-836 de 2001 en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el
artículo 4º de la Ley 169 de 1896, a cuyo tenor “tres decisiones uniformes dadas por la Corte
Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina
probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe
la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”, resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la
Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a
exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los
términos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia”.
4
SU-611 de 2017.

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como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado5, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia…”6.

De conformidad con lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia que
negó el amparo solicitado por no encontrar configurados los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con las
razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

5
“Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó: ‘(…) la acción de
tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de
las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de
corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP
Cristina Pardo Schlesinger)”.
6
Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.
VF

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