Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02592-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ALEXANDER PEREA GIL
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO, POR CUANTO LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO
SUSTANTIVO ALEGADO. EL TRIBUNAL EXPLICÓ DE FORMA
RAZONABLE LA DECISIÓN MEDIANTE LA CUAL NEGÓ LA
RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL ACTOR CON LA INCLUSIÓN
DE LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
DE SERVICIOS. TRANSICIÓN RÉGIMEN PENSIONAL CUERPO DE
CUSTODIA INPEC.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00
Actor: ALEXANDER PEREA GIL
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor ALEXANDER PERA GIL, actuando a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
su derecho fundamental al debido proceso el cual considera
vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las sentencias
de 3 de marzo de 2022 y 23 de febrero de 2023, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con número único de radicación 73001-33-33-001-2019-
00235-01.
I.2.- Hechos
Indicó que prestó sus servicios al INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO3, en el cargo de dragoneante,
desde el 24 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018,
por lo que era beneficiario de la Ley 32 de 1986, al estar vinculado
al INPEC antes del 28 de julio de 2003.
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En adelante el INPEC.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00
Actor: ALEXANDER PEREA GIL
Sostuvo que, a través de la Resolución núm. SUB-204491 de 31 de
julio de 2018, COLPENSIONES le reconoció una pensión de vejez
correspondiente al 75% del promedio de los factores de liquidación
de los últimos 10 años de servicio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto núm. 1158 de
1994.
Agrego que contra la anterior decisión interpuso recurso de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente mediante las resoluciones núms. SUB-265197 de
10 de octubre de 2018 y DIR-21485 de 12 de diciembre de 2018,
respectivamente.
Afirmó que inconforme con lo anterior, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra COLPENSIONES, la cual le fue negada en primera y
segunda instancia mediante las sentencias de 3 de marzo de 2022 y
23 de febrero de 2023, respectivamente, por lo que dichas
providencias vulneraron los principios de inescindibilidad de la
norma, exclusividad de los regímenes pensionales y cotización igual
pensión igual; además de que era imposible la aplicación del Decreto
núm. 2090 de 2003.
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que al proferir las sentencias cuestionadas, tanto el
JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en defecto sustantivo,
pues escogieron distintas normas para adecuarlas al caso en
concreto, esto es, las leyes 32 de 1986 y 100 de 1993, al igual que
el Decreto núm. 694 de 1994, modificado por el Decreto 1158 de
1994, cuando lo procedente era escoger una norma y aplicarla en su
integridad.
Adujo que durante la prestación de sus servicios al INPEC se le
realizaron los descuentos sobre los factores salariales señalados en
el artículo 45 del Decreto núm. 1045 de 1978, las cuales al momento
de liquidar su pensión no se tuvieron en cuenta.
Señaló que era imposible que un funcionario del INPEC a la fecha de
entrada en vigencia del Decreto núm. 2090 de 2003, esto es, el 28
de julio de 2003, hubiere completado 500 semanas de cotización,
pues la norma que ordenó la expedición del régimen especial, es
decir, la Ley 100 de 1993, empezó a regir desde el 1o. de abril de
1994, por lo que una vez contabilizado los extremos temporales se
llegaba solo a una cotización de 479,57 semanas.
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: Que se ordene al Tribunal Administrativo del
Tolima, al momento de proferir la decisión de segunda instancia,
aplicar únicamente las normas del régimen especial,
previsto para los funcionarios del INPEC, siendo estas la Ley 32
de 1986 artículo 96 y 114; Decreto Ley 407 de 1994 artículo
185; Decreto 1045 de 1978 artículo 45, según lo expuesto en
precedencia, con la expresa prohibición de mezclar normas
del SGSS con normas del régimen especial, ya que estas
últimas tienen su propia regulación.
SEGUNDA: Dejar sin efecto el fallo de primera instancia
proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué
Tolima, el día 03 de marzo de 2022, y el fallo de segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, el
día 23 de febrero de 2023, dentro del proceso de Radicación
No. 73001-33-33-001-2019-00235-01, de conformidad con
lo expuesto en la parte argumentativa de la presente acción.
TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima,
proferir una nueva decisión, y se ordene en la misma la
reliquidación de su pensión teniendo en cuenta los factores
salariales sobre los cuales se efectuó las respectivas
cotizaciones, tal como lo certificó el INPEC, señalados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, siendo estos los
siguientes: (1) Sueldo, (2) Sobresueldo, (3) Bonificación
de servicios, (4) Sueldo de vacaciones, (5) Auxilio de
transporte, (6) Subsidio de alimentación, (7) Prima de
servicios, (8) Prima de navidad, (9) Prima de vacaciones
y liquidados sobre el último año de servicios […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO señaló que en la sentencia de 3 de marzo de
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
2022 expuso las razones por las cuales no era procedente ordenar
reliquidar la pensión del actor, pues para ser beneficiario del régimen
de transición que solicitó le fuera aplicado debía acreditar la
vinculación al INPEC con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto núm. 2090 de 2003, esto es, 28 de julio de 2003, además
de haber cotizado mínimo 500 semanas, para que le fuera aplicado
en su integridad el régimen pensional previsto en el artículo 96 de la
Ley 32 de 19864.
Concluyó que COLPENSIONES obró conforme al ordenamiento
jurídico al reconocer la pensión de jubilación conforme al artículo 96
de la Ley 32 de 1986 en lo que respecta al tiempo de servicio, esto
es, 20 años, y respecto del IBL tuvo en cuenta las disposiciones de
la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto núm. 1158 de 1994,
sin que ello implicara el desconocimiento del Acto Legislativo 01 de
2005.
4
Al respecto, el JUZGADO indicó lo siguiente:
“[...] Así las cosas, de los hechos relevantes demostrados se llegó a la conclusión de que el señor
Alexander Perea Gil se vinculó al servicio oficial desde el 24 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre
de 2018, ejerciendo el cargo de Dragoneante, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
acreditando así la primera condición, esto es, haber ingresado con anterioridad a la entrada en vigencia
del decreto 2090 de 2003.
Sin embargo, respecto a la segunda condición, no se acreditó el mínimo de 500 semanas cotizadas
antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, toda vez que al 28 de julio de 2003 solo
contaba con 335 semanas cotizadas, razón suficiente que le impide ser beneficiario del régimen de
transición […]”.
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar la presente acción de tutela al
considera que no se le vulneró ningún derecho al actor dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó
contra COLPENSIONES, pues dentro del mismo no se discutió que
aquel era beneficiario de la pensión especial de vejez prevista en el
artículo 96 de la Ley 32 de 1986, dado que prestó sus servicios al
INPEC del 24 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2018,
por lo que la controversia se centró fue en determinar si en el IBL
pensional dispuesto en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se incluía
la totalidad de los factores devengados durante el último año de
servicios enlistados en el Decreto núm. 1045 de 1978 o el Decreto
núm. 446 de 1994 o, si por el contrario, se regía por los artículos 36
y 21 de la Ley 100 de 1993.
En ese sentido, indicó que la interpretación que se realizó en las
providencias controvertidas por vía de tutela no se incurrió en una
vía de hecho o defecto alguno, ni tampoco se vulneró algún derecho
fundamental, pues la decisión se ajustó a la normatividad y
jurisprudencia vigentes, siendo cosa distinta que se pretenda reabrir
un debate como si fuera una tercera instancia.
I.6. Intervinientes
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
I.6.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la solicitud
de tutela y ser desvinculada de la presente acción, pues no podía
atender lo solicitado por el accionante “teniendo en cuenta que lo
solicitado no va dirigido contra esta Administradora y además no
tiene competencia para entrar a responder por lo requerido”.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, número de único de radicación 2009-01328.
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto)
En el presente asunto, el actor pretende que se dejen sin efectos las
sentencias de 3 de marzo de 2022 y 23 de febrero de 2023,
proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con número único de radicación 73001-33-33-001-2019-
00235-01.
El actor atribuye la vulneración de su derecho fundamental al debido
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proceso, al hecho de que al resolverse sobre la reliquidación
pensional, las autoridades judiciales accionadas no hayan aplicado el
parágrafo 5º transitorio de la Constitución Política, para efectos de la
aplicación del régimen de transición que le correspondía.
Ahora bien, cabe precisar que si bien la acción de tutela también fue
dirigida contra el JUZGADO, el estudio del presente caso se
circunscribirá a la sentencia que fue proferida por el TRIBUNAL, en
razón a que es esta la providencia que concluyó el proceso ordinario
origen de la controversia.
De igual forma, dado que conforme con los fundamentos de la
solicitud de amparo el objeto de la controversia recae sobre la
providencia judicial cuestionada, no se delimitará problema jurídico
alguno en relación con COLPENSIONES.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
accionado vulneró el derecho deprecado e incurrió en defecto
sustantivo, al haber proferido la sentencia de 23 de febrero de 2023.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
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de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso
y se configura el defecto que alega; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss. ibidem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable6, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala hará mención al marco jurídico general del defecto sustantivo,
para enseguida resolver el fondo del asunto.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional7 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20098, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional9 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
8
M.P Mauricio González Cuervo.
9
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02592-00
Actor: ALEXANDER PEREA GIL
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Caso concreto
El actor, quien prestó sus servicios en el INPEC, reprocha el hecho
de que el TRIBUNAL no haya accedido a la reliquidación de su
pensión en los términos de la Ley 32 de 1986, al exigirle para tal
efecto el cumplimiento de los requisitos de la Ley 100 de 1993, para
la aplicación del régimen de transición, en concordancia con lo
previsto en el Decreto 2090 de 2003.
La posición jurídica del actor está fundamentada en que, en su
criterio, al haber ingresado al INPEC antes de la entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003, su pensión debía haber sido reconocida
conforme con la Ley 32 aludida, de acuerdo con lo señalado en el
parágrafo 5º transitorio del artículo 48 de la Constitución Política,
que prevé:
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
“[…] PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo
adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005.
El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto,
a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual
deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.
Ahora bien, en relación con la discusión planteada por el actor, en la
providencia cuestionada, el TRIBUNAL señaló:
“[…] En ese orden, y como ya se mencionó líneas atrás, este
asunto se contrae a determinar si en el IBL pensional de la
prestación dispuesta en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 se
incluye la totalidad de los factores devengados durante el último
año de servicios enlistados en el Decreto 1045 de 1978 o con
todas las contraprestaciones contempladas en el régimen
prestacional del INPEC contenido en el Decreto 446 de 1994, o
si por el contrario se rige por los artículos 36 y 21 de la Ley 100
de 1993.
La tesis del abogado actor es que a la pensión prevista en el
artículo 96 de la Ley 32 de 1986 no se le pueden aplicar normas
consagradas para el régimen general en pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993, por consiguiente, el IBL se debe fijar con el
promedio de los factores del último año de servicios previstos en
los Decretos 1045 de 1978 y 446 de 1994. El sustento de esta
posición es la sentencia T-012 de 2022 y algunas sentencias del
Consejo de Estado dictadas entre los años 2017 y 2019 en que
se acudió al Decreto 1045 de 1978 para determinar los factores
de liquidación de la prestación en cita.
(…)
De acuerdo a la más reciente posición adoptada por nuestro
máximo órgano de cierre, el vacío de la Ley 32 de 1986 respecto
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Actor: ALEXANDER PEREA GIL
a los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión
allí prevista, se debe atender la remisión de los artículos 114 de
la ibidem y 184 del Decreto 407 de 1994, que señalan que en
los aspectos no previstos en ellas se aplicarán las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales10.
Con base en la anterior interpretación el Consejo de Estado
coligió que el derecho pensional consolidado bajo la vigencia de
la Ley 100 de 1993, que rige para los empleados del orden
nacional, en cuanto a los factores salariales es necesario acudir
a los Decretos 691 de 1994 y 1158 de 1994.
Ahora, se resalta que no hay precedente de unificación frente al
régimen especial del personal del INPEC, pero resulta pertinente
traerse a colación la sentencia de unificación dictada por Consejo
de Estado el 28 de julio de 2022 en que se estudió el ingreso
base de liquidación de los beneficiarios de las pensiones especial
de riesgo, en virtud de la transición prevista en el Decreto 2090
de 2003. Si bien en dicha providencia se analizó el régimen
pensional del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS,
las consideraciones sobre el ingreso base de liquidación son
vinculantes frente al régimen pensional del INPEC, regulado en
la ley 32 de 1986. Lo anterior, en tanto, en dicha provincia
estableció en la regla de unificación que el ingreso base de
liquidación de los servidores cobijados por el régimen de
transición del Decreto 2090 de 2003 es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
A lo anterior se suma que el precedente en cita es concordante
con la posición adoptada por la Corte Constitucional, a través de
las sentencias SU–210 de 2017, SU–631 de 2017, SU–427 de
2016 y SU-395 de 2017, en las que extendió la regla del IBL
sentada en la sentencia C–258 de 2013, en cuanto a que la
misma no hace parte del régimen de transición y, por tanto, para
establecer el ingreso base de liquidación debía aplicarse lo
dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
(…)
En ese orden, y establecido que el actor adquirió estatus
pensional el 03 de junio de 2017, se itera que la norma en rigor
para los empleados del orden nacional es la Ley 100 de 1993.
Por tanto, se precisa que el periodo de liquidación corresponde
al de cotización de los últimos 10 años como lo prevé el artículo
10
Ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dictada el 03 de noviembre
de 2022, dentro del proceso 76001-33-33-005-2014-01135-01 de Neftaly Sánchez Mina contra la UGPP
y la proferida el 06 de octubre de 2022 dentro del proceso: 25000-23-42-000-2018-01644-01 de
Yaneth Monguí Arias contra Colpensiones.
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21 ibidem en razón a que cuando entró en vigencia el régimen
general de pensiones a aquel le faltaban más de 10 años para
adquirir el derecho, y en cuanto a los factores salariales es
necesario acudir a los Decretos 691 de 1994 y 1158 de 1994
cuyo artículo 1, dispuso como factores salariales, los siguientes:
(…)
Como se observa, el aquí demandante no tiene derecho a
la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la
totalidad de los factores devengados durante el último
año de servicio, porque al ser beneficiario del régimen de
transición especial del Decreto 2090 de 2003, adquirió el
estatus pensional conforme la Ley 32 de 1986 sobre un
ingreso de liquidación IBL equivalente “al promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento
de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior
para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
actualizados anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE” .
Ahora, en el presente asunto no reposa información en que se
pueda evidenciar sobre qué factores realizó los aportes a la
seguridad social el aquí demandante, luego, tampoco el
desconocimiento de factores de liquidación para establecerse el
monto de la prestación. En ese orden, es evidente la ausencia
de un elemento probatorio que demuestre que la demandada
haya dejó de computar en el IBL algún factor previsto como de
cotización que haya percibido el actor, como sustento a la
pretensión de reliquidación por inclusión de factores […]”.
De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL no pasó desapercibido el texto del parágrafo 5º
transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, sino que, por el
contrario, analizó dicha norma como parte del marco jurídico de las
pensiones de los empleados del INPEC, para concluir que conforme
con este y la jurisprudencia del Consejo de Estado los servidores que
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pretendan beneficiarse del régimen pensional previsto en la Ley 32
de 1986, deben cumplir con los requisitos especiales dispuestos en
el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
A partir de dicha conclusión general, el TRIBUNAL estableció que en
la medida en que el actor adquirió su estatus pensional el 3 de junio
de 2017, le era aplicable la norma para los empleados del orden
nacional, esto es, la Ley 100 de 1993, por lo que el período de
liquidación correspondía al de cotización de los últimos 10 años, pues
cuando entró en vigencia el régimen general de pensiones, es decir,
el 1o. de abril de 1994, le faltaba más de 10 años, por lo que no tenía
derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la
totalidad de los factores devengados durante el último año de
servicios, porque al ser beneficiario del régimen de transición
especial del Decreto 2090 de 2003, adquirió su estatus pensional
conforme a la Ley 32 de 1986.
Al respecto la Sala advierte que en el presente caso no se configura
el defecto sustantivo, por cuanto la decisión de no acceder a la
reliquidación de la pensión de jubilación del actor, según lo fijado por
el régimen especial de la Ley 32 de 1986, fue razonable y estuvo
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soportada en las normas aplicables y criterios jurisprudenciales
relacionados con el tema.
En efecto, respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de los
requisitos para la aplicación del régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003, a efectos del reconocimiento de pensiones
conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del parágrafo 5º
transitorio del artículo 48 de la Constitución Política, en sentencia de
10 de diciembre de 201811, esta Sala señaló:
“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las pensiones
de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de 55 años
para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por cada 60
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas
requeridas en el Sistema General, sin que la edad pueda ser
menor a 50 años y ii) el monto de cotización para efectos de
adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto en la Ley
100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por la
Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda equipararse a
la totalidad de un régimen especial o exceptuado, en la medida
que hace parte del régimen de prima media con prestación
definida de la Ley 100 de 1993.
90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se les
aplica el régimen hasta ese entonces vigente por razón de
los riesgos de su labor, hace clara referencia a la
protección de las expectativas legítimas que ampara el
régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03
1500020180352301.
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cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”.
De igual forma, frente al asunto, con ponencia de la Consejera
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, en sentencia de 23 de octubre
de 202012, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación precisó:
“[…] 62. En el sub judice se tiene que el actor inició labores en
el INPEC el 4 de abril de 1994, por lo que al 28 de julio de 2003,
fecha en la que entro a regir el Decreto 2090 de 2003,
únicamente acreditaba 486 semanas de cotización,
incumpliendo los supuestos de la norma para, en virtud del
régimen de transición del mencionado decreto, obtener el
derecho pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986.
63. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por
lo que el régimen de transición establecido en este decreto
seguirá produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de
1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.
Ahora bien, la Sala destaca que al margen de otras interpretaciones
que pueda haber sobre el marco jurídico de la transición prevista en
el régimen jurídico pensional de los miembros del cuerpo de custodia
del INPEC, lo cierto es que en la decisión cuestionada el TRIBUNAL
explicó de manera razonable cuáles eran las normas que regulaban
la reliquidación de la pensión del accionante y los motivos por los
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección B-,
sentencia de 23 de octubre de 2003, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radiación 47001-
23-33-000-2017-00025-01(4414-17).
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cuales eran aplicables al caso concreto.
Al respecto, en un asunto como el que nos ocupa, en sentencia de
24 de julio de 202013, esta Sala señaló:
“[…] Corolario de lo expuesto, la Sala estima que el aludido
defecto sustantivo no se configuró en la medida que la
autoridad judicial accionada explicó de manera razonable
cuáles eran las normas que regulaban la situación
pensional del accionante y los motivos por los cuales era
aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 proferida por esta Corporación.
Así las cosas, la Sala advierte que la acción de tutela no fue
instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en
derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su
autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se
tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo
excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de
manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales
adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional.
Lo señalado significa que no le corresponde al juez de tutela
entrar a debatir las decisiones a las que llegaron los jueces
ordinarios, pues ello está dentro de la autonomía funcional del
llamado a resolver el caso, por lo que la intervención del juez
constitucional se circunscribe a evitar el defecto que se le
endilgue a la providencia judicial cuestionada y como en este
caso no se acreditó, será denegado el amparo de los derechos
fundamentales invocados […]”. (Destacado fuera de texto)
Por otro lado, la Sala destaca que sobre el tema en cuestión no hay
sentencia de unificación, por lo que tampoco sería dable que a través
de la acción de tutela el juez constitucional entrara a imponer
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de julio
de 2020, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-01951-00.
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determinada posición jurídica en detrimento de la autonomía del juez
natural.
En efecto, en el marco de acciones de tutela, la SECCIÓN
SEGUNDA14 ha indicado:
“[…] Finalmente, la Subsección estima ineludible
esclarecer que, a la fecha, como lo reconoce el señor
Gutiérrez Parra, no existe un precedente judicial en los
términos de la Ley 1437 de 2011 frente al régimen
especial de pensiones de los miembros del INPEC,
concretamente, en lo que se refiere a las transiciones
normativas definidas en los Decretos 407 de 1994 y 2090
de 2003, por lo cual a los jueces y tribunales corresponde,
en virtud del principio de independencia judicial, analizar
las particularidades de cada asunto, para adoptar la
decisión que mejor se ajuste a aquellas y a la
jurisprudencia existente, aspecto en el cual el juez
constitucional no puede intervenir, como lo pretende la
parte accionante.
(…)
De este modo, para la Subsección la interpretación del Tribunal
Administrativo del Risaralda, Sala Tercera de Decisión, resulta
razonable y se enmarca en el ejercicio autónomo e
independiente de su rol de juez, pues realizó un análisis
minucioso del régimen especial de pensiones de los servidores
del INPEC y definió las particularidades del caso, respecto al
momento de vinculación del señor Gutiérrez Parra y los
regímenes vigentes en esas fechas, lo cual le permitió concluir
que no había lugar a reconocer la pensión de jubilación, en los
términos previstos en la Ley 32 de 1986. En esa medida, no
puede afirmarse que el ad quem del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho desconoció los derechos que
asisten al accionante, pues adoptó la decisión ahora acusada con
fundamento en la interpretación que estimó era la correcta
respecto al régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de
la prestación [...]” (Destacado fuera de texto).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, CP William
Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03501-01.
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Corolario a lo anterior, la Sala advierte que si bien en las decisiones
judiciales a las que aludió el actor pudo haberse adoptado la tesis
jurídica que propone, lo cierto es que dichas providencias no gozan
de la obligatoriedad de las sentencias de unificación, no se tratan de
decisiones de constitucionalidad o de alguna en la que la Corte
Constitucional haya fijado el alcance de derechos fundamentales, por
lo que resulta evidente que el TRIBUNAL no estaba obligado a seguir
los mismos lineamientos.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades de este.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad del actor con
la decisión, no así la configuración del defecto estudiado, por lo que
el amparo solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, conforme con lo
expuesto en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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