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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02597-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02597-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar de la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expresado precedentemente. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02597-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de noviembre de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 2 59 7- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02597-01
Accionante: Luz Estella Rodríguez Morón
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: Acción de tutela en la que se reclama protección a la estabilidad laboral
reforzada de persona en condición de prepensionada.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla en contra de la sentencia del 24 de agosto de 2023
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de la cual
concedió el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

La señora Luz Estella Rodríguez Morón interpuso acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social,
a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo; los cuales considera vulnerados por
el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior de Barranquilla y el
señor Tomás Rafael Padilla Pérez, con base en los siguientes

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HECHOS

Se resumen de la siguiente manera:

La accionante ha laborado al servicio de la rama judicial desde el 16 de enero de
1995 en diferentes cargos y despachos judiciales; ocupa el cargo de juez tercero
promiscuo municipal de Malambo – Atlántico en provisionalidad, desde el 9 de
agosto de 2018 hasta la fecha de presentación de esta solicitud de amparo.
(radicada

Hizo aportes para pensiones, inicialmente en Porvenir y luego ante Colpensiones,
donde lleva aproximadamente 1.181,86 semanas cotizadas y manifestó que
tener 56 años de edad; por lo que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 797 de
2003, le faltan 5 meses de edad y 118.14 semanas para acceder a una pensión
de jubilación.

Manifestó que tiene varios padecimientos de salud, que su empleo es su única
fuente de ingresos y de ella dependen, su hija que se encuentra estudiando
negocios internacionales de intercambio en Alemania, y su madre que tiene 93
años de edad.

Que mediante oficio CJO22-5019, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial en Sala Ordinaria N.°46 dio concepto
favorable de traslado a Tomás Rafael Padilla Pérez del juzgado primero
promiscuo municipal de Chiriguaná – Cesar al juzgado tercero promiscuo
municipal de Malambo y en consecuencia, el Tribunal Superior de Barranquilla,
mediante Resolución 4392 del 23 de febrero de 2023, nombró en propiedad por
traslado al señor Tomás Rafael Padilla Pérez como juez tercero promiscuo
municipal de Malambo.

El 2 de marzo de 2023, el señor Tomás Rafael Padilla Pérez aceptó el aludido
nombramiento y procedió a remitir oportunamente la documentación requerida
para la verificación de requisitos y posterior confirmación del mismo; por lo que
el 10 de mayo de 2023 la accionante solicitó a dicha autoridad judicial no
confirmar el nombramiento en propiedad del señor Padilla Pérez, considerando
tener ella la condición de prepensionada.

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No obstante, mediante la Resolución 4459 del 11 de mayo de 2023, la Sala Plena
del Tribunal Superior de Barranquilla decidió confirmar el nombramiento del señor
Tomás Rafael Padilla Pérez en el cargo de juez tercero promiscuo municipal de
Malambo. Situación que fue puesta en conocimiento de la accionante el 17 de
mayo de 2023.

Señaló que el mismo 11 de mayo de 2023 envió al Consejo Seccional de la
Judicatura de Barranquilla solicitud de reubicación en un cargo similar por tener
la condición de prepensionada, atendiendo a lo dispuesto por el artículo
2.2.12.1.2.6 del Decreto 1415 de 2021.

Adujo que, dada su edad le resulta difícil conseguir un nuevo empleo y asegurar
los recursos económicos suficientes para garantizar sus necesidades básicas y
el derecho a una vida en condiciones dignas y que los actos realizados por el
Tribunal Superior de Barranquilla y el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico están vulnerando sus derechos al no tener en cuenta su situación y la
garantía que le asiste de gozar de una estabilidad laboral reforzada.

Expresó que la estabilidad laboral de los prepensionados es una garantía
constitucional de los trabajadores del sector público o privado, que impide que
sean desvinculadas de sus cargos cuando se encuentren a punto de cumplir los
requisitos para acceder a la pensión de vejez y en su caso, faltan menos de 3
años para acreditar dichos requisitos y acceder a la prestación.

PRETENSIONES

Solicitó amparar sus derechos fundamentales, ordenando al Tribunal Superior de
la Barranquilla, “que en el término de veinticuatro (24) horas contadas a partir de
la notificación, deje sin efecto la Resolución por medio del cual nombro en
propiedad por Traslado al señor TOMAS RAFAEL PADILLA PEREZ, identificado
con cedula No 5.013.580 de Chiriguana Cesar, al Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal de malambo y se reconozca mi calidad de prepensionada.

O en su defecto Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura me Reubique en
puesto igual al que vengo desempañando de conformidad con lo normado en el
art 2.2.12.1.2.6 del decreto 1415 de 2021 que habla sobre la Reubicación de los

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servidores Públicos prepensionable en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia. “(Sic en toda la cita).

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 23 de mayo de 2023 y el
Despacho sustanciador ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, al
Tribunal Superior de Barranquilla y al ciudadano Tomás Rafael Padilla Pérez en
calidad de accionados.

Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés del Consejo
Seccional de la Judicatura de Atlántico, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Nivel Central y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla. Adicionalmente, dispuso la vinculación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Decidió además, negar la medida cautelar solicitada por la accionante en el
escrito de tutela y reiterada dicha solicitud, la negó nuevamente el 27 de junio de
2023, providencia en la que ordenó rendir informe sobre la presente solicitud de
tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, al Tribunal Superior
de Santa Marta, al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y al Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla por conducto de su
presidente, rindió informe sobre los supuestos relevantes de la acción de tutela
planteada; señaló que, solo hasta el 10 de mayo de 2023 se recibió petición de
la señora Luz Estella Rodríguez Morón de no confirmación del nombramiento del
señor Tomás Rafael Padilla Pérez en el cargo, debido a que, a su juicio goza de
estabilidad laboral reforzada por ser prepensionada. Que dicha solicitud fue
puesta en consideración de la Sala Plena de ese Tribunal el 11 de mayo del año
en curso; no obstante, se decidió ratificar el nombramiento del señor Padilla
Pérez por lo siguiente:

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i) El trámite de confirmación tiene naturaleza específica y es la acreditación de
documentos y requisitos necesarios para el cargo, no una etapa para discutir el
nombramiento ni debatir de las condiciones que la Corte ha establecido para los
prepensionados. ii) No es competencia del Tribunal decidir sobre la estabilidad
laboral reforzada, ello corresponde a los jueces laborales o al juez constitucional.
iii) La situación administrativa que se dio con el traslado ya se consolidó con el
nombramiento y su aceptación, motivo por el cual no se puede revocar
directamente sin el consentimiento del implicado.

Precisó que la señora Rodríguez Morón no manifestó su situación antes del
aludido nombramiento, aspecto que descarta cualquier ánimo discriminatorio por
parte dicha corporación y que tampoco comparte el criterio de la accionante
relacionado a su condición de prepensionada porque le hace falta un poco más
de 100 semanas de cotizaciones para alcanzar las 1.300 exigidas por ley y tiene
una edad de 56 años, de lo que se sigue que solo podría sumar 52 semanas
antes de los 57, «con lo que demuestra que de permanecer en el cargo como lo
solicita, no alcanzaría al estatus pensional, mucho menos la condición de pre
pensionada alegada».

Seguidamente, aludió a los derechos de carrera que le asisten al señor Tomás
Rafael Padilla Pérez e indicó que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante.

Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial por intermedio de la directora encargada solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva argumentando que la decisión de los
nombramientos de empleados de los despachos judiciales y las decisiones sobre
estabilidad laboral reforzada corresponden al titular del despacho o nominador,
sin que dicha autoridad tenga o pueda tener injerencia alguna.

Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura (Unidad de Administración de la
Carrera Judicial) o las Seccionales solo les corresponde expedir los conceptos
que se relacionan con las solicitudes de traslado presentadas por los servidores
de carrera, de conformidad con la Ley 270 de 1995 y, solicitó negar el amparo,
considerando que no vulneró o puso en riesgo los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

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Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico solicitó su desvinculación
proponiendo falta de legitimación en la causa por pasiva; considerando que el
trámite de la petición de estabilidad laboral reforzada está a cargo del nominador,
para sustentarlo trajo a colación pronunciamientos de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado sobre la materia e indicó que su actuación se limitó a informar
al Tribunal mediante oficio CSJATOP22-372 del 6 de diciembre de 2022, la
decisión de Sala Ordinaria N.°46 y remitir el oficio CSJO22-5019 de la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial referente al concepto favorable del traslado.

Ante el requerimiento efectuado por el despacho mediante providencia del 27 de
junio de 2023, manifestó que mediante oficio CSJATO23-2010 del 30 de mayo
de 2023 dio respuesta a la solicitud elevada por la actora, informándole que el
nombramiento de los empleados es atribuible al Tribunal Superior de dicho
distrito judicial, quien es el nominador; por lo que no es competente para nombrar
o reubicar empleados y jueces, ni conocer de las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada.

Que en cuanto a la solicitud de «no publicar vacante» le informó que las vacantes
de jueces son reportadas por el tribunal respectivo y la publicación la realiza la
Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que carece de
competencia para decidir las solicitudes efectuadas. Afirmó que la respuesta fue
notificada el 2 de junio de 2023 al correo electrónico de la peticionaria.

El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó que se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva, por ser un órgano de carácter técnico y administrativo, al cual
no le compete decidir las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los
empleados en provisionalidad; pues la función nominadora de los jueces está en
cabeza de los Tribunales Superiores de cada distro judicial por expreso mandato
del artículo 101 de la Ley 280 de 1996.

El Tribunal Superior de Valledupar manifestó que el señor Tomás Rafael
Padilla Pérez se desempeñó como juez promiscuo municipal de Curumaní -
Cesar, hasta el 5 de junio del 2023. Ello en atención a que en memorial del 1 de
junio del corriente informó que fue nombrado juez tercero promiscuo municipal

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de Malambo – Atlántico, en razón a una solicitud de traslado por él efectuada; por
lo cual, se le aceptó la dejación del cargo mediante Resolución N.°84 de la misma
fecha y se formalizó dicha situación administrativa ante el Consejo Seccional de
la Judicatura.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar manifestó que mediante
acuerdos N.º 054 y 006 del 5 de noviembre de 2009 y del 4 de febrero de 2010,
respectivamente, se designó y nombró en propiedad el traslado del señor Tomás
Rafael Padilla Pérez en el cargo de juez promiscuo municipal de Curumaní –
Cesar. Agregó que el 1 de marzo de 2010 se tomó posesión del cargo y se
actualizó su escalafón mediante la Resolución PSACR10-027 del 28 de abril de
2010.

Que tuvo conocimiento del traslado del mencionado servidor, por la Resolución
N.°84 del 2 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Superior de Valledupar que
aceptó la dejación del cargo a partir del 5 de junio de 2023 y que por factores de
competencia no participó en la solicitud de traslado del señor Padilla Pérez.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Magdalena por intermedio de su
presidente, refirió que la solicitud de traslado realizada por el señor Tomas Rafael
Padilla Pérez correspondió a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Ello teniendo en cuenta que el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18
de septiembre de 2017 modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022 e
indicó que los Consejos Seccionales son competentes de las solicitudes de
traslados de aquellas sedes que estén dentro del mismo distrito judicial.

El Tribunal Superior de Santa Marta manifestó que el señor Tomás Rafael
Padilla Pérez solicitó traslado para el cargo de juez segundo promiscuo municipal
de Santa Marta - Magdalena, el cual fue conceptuado en sentido favorable
mediante oficio CSJMAOP22-470 del 23 de noviembre de 2022; por lo que la
Sala Plena de dicha corporación profirió la Resolución N.º 010 de febrero del
presente año, acto en el que se le concedió el traslado. Sin embargo, el servidor
no manifestó su voluntad de aceptar el nombramiento dentro del término
concedido para tal fin, motivo por el cual dicho tribunal profirió la Resolución
N.°022 de abril de 2023 que dejó sin efecto el traslado realizado.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 24 de agosto de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado, sala
reconformada con conjueces1 decidió amparar el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Luz Estella Rodríguez Morón, para lo
cual ordenó al Tribunal Superior de Barranquilla, “Dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre a la
accionante a un cargo con funciones similares o equivalentes al que ocupaba en
el juzgado tercero promiscuo municipal de Malambo hasta que cumpla con los
requisitos de ley para poder solicitar una pensión de jubilación.

• En el evento en el cual todos los cargos equivalentes estén ocupados en ese
distrito judicial, la accionante deberá ser incluida en la lista de servidores con
estabilidad laboral a ser reintegrados en cuanto la autoridad cuente con
disponibilidad de cargos, según lo explicado en el párrafo 117 de esta
providencia. Incluso, previo concepto favorable de la actora, también se le puede
reubicar en un cargo vacante de inferior categoría, en que caso que todos los
puestos de similar categoría estén provistos.

QUINTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Nivel Central, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla que, en ejercicio de sus
funciones, mantengan la afiliación de la señora Luz Estella Rodríguez Morón al
sistema de seguridad social en salud por un término máximo de seis meses o
hasta que sea nombrada en provisionalidad en un cargo similar al que ocupaba
como jueza promiscuo municipal (lo que primero ocurra).

Si transcurrido el lapso de seis meses no ha sido posible efectuar el
nombramiento de la señora Luz Estella Rodríguez Morón a un cargo con
funciones similares o equivalentes al que ocupaba en el Juzgado Tercero
Promiscuo Municipal de Malambo, la actora podrá solicitar su movilidad del
régimen contributivo al subsidiado.

1
sala reconformada con conjueces por no haber alcanzado el proyecto la mayoría decisoria dentro de la
Sala permanente

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Como fundamento de las decisiones, en primer lugar se refirió a la posibilidad
que tiene la actora de acudir a las acciones ordinarias, sin embargo, consideró
procedente la acción de tutela, lo cual sustentó en que por la duración del proceso
ordinario, este “no tendría efectos sobre la situación actual de la accionante, cuya
permanencia en el cargo que desempeñaba o en uno similar, se encuentra
íntimamente ligada con la causación del derecho pensional” para precaver un
perjuicio irremediable, el cual consideró, debía suponerse de la falta de salarios
y mesadas pensionales.

Agregó que la señora Luz Estella Rodríguez Morón es una mujer de 57 años que
tiene a cargo a su madre de 93 años y a su hija, quienes dependen
exclusivamente de su salario; que estas situaciones la ponen en desventaja
frente al mercado laboral, pues no se puede pasar por alto el fenómeno de
desigualdad estructural padecido por su género a lo largo de la historia y señaló
datos estadísticos de desempleo.

IMPUGNACIÓN

El Tribunal Superior de Distrito Judicial del Atlántico, por conducto de su
Vicepresidente, impugnó la decisión, reiterando en primer lugar, lo manifestado
en la contestación de la acción de tutela; enfatizó que está demostrado que la
accionante no comunicó a esa Corporación las situaciones fácticas descritas en
la acción de tutela, sólo antes que se produjera la confirmación del nombramiento
por traslado al cargo que otrora ocupaba como Juez Tercero Promiscuo
Municipal de Malambo - Atlántico, esto es, que se consideraba así misma pre
pensionada; razón por la cual no hubo en su actuación, ánimo discriminatorio o
violatorio de alguna condición especial de la actora. Reiteró que la situación fue
conocida mucho después del nombramiento de quien viniera por traslado en
propiedad, y solamente un (1) día antes, de la confirmación del doctor Tomás
Padilla Pérez.

Afirmó que si la accionante consideraba que las resoluciones atacadas por esta
vía excepcional desconocían sus derechos fundamentales o habían incurrido en
alguna causal de nulidad, lo que correspondía era activar el medio de control en
cuestión y habilitar a la jurisdicción competente para que se pronunciara al
respecto y que además, de acuerdo con los artículos 229 y 230 del Código de

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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tenía la
posibilidad de solicitar medidas cautelares para salvaguardar provisionalmente
sus derechos mientras transcurre el proceso declarativo.

Solicitó en consecuencia, declarar la improcedencia de la acción formulada, por
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En cuanto a la demostración del perjuicio irremediable, basado en la precariedad
económica de la actora y sus obligaciones alimentarias, expresó que son
afirmaciones sin soporte probatorio y que no puede perderse de vista que la
actora, es una abogada con más de 20 años de experiencia profesional, la mayor
parte en la Rama Judicial, lo cual la convierte en una profesional idónea para
desarrollarse en ámbitos diferentes a la de una relación laboral subordinada. Para
dar fuerza a su argumento, citó a la Corte Constitucional en fallo de tutela T-595-
2016.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se debe resolver en esta instancia, si las actuaciones de las autoridades
accionadas relativas al traslado del señor Tomás Rafael Padilla Pérez al Juzgado
Tercero Promiscuo municipal de Malambo vulneran los derechos fundamentales
de la accionante, dando lugar a la protección concedida por la primera instancia.
Para ello, la Sala se referirá a i) la Finalidad Jurídica de la Acción de Tutela, ii) la
procedencia para la protección de la condición de prepensionado iii) la figura de
prepensionado y iv) el caso concreto.

El artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela para que
toda persona pueda:

“...reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si mismo
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, dispone:

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“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante”. (Resalta el Tribunal).

De lo antes trascrito, se infiere la naturaleza de la acción de tutela, como un
instrumento jurídico de carácter subsidiario, mas no sustitutivo de las
competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas. El propósito
específico de su existencia es brindar a la persona una protección efectiva y
actual, pero supletoria de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
los mismos no puedan ser defendidos a través de los medios que ofrece el
sistema jurídico para cumplir este fin específico.

En relación con el requisito de subsidiariedad y la procedencia de este
mecanismo para la protección de la condición de prepensionados, dijo el Consejo
de Estado:

“…el status de prepensionado ha sido protegido en varias ocasiones
por esta Corporación y por la Corte Constitucional, en ejercicio de
la acción de tutela, dada la especial condición de quienes tienen
una expectativa legítima de que se les reconozca la pensión de
vejez2.

“En efecto, ha señalado la Corte Constitucional, que para
determinados grupos de funcionarios, como madres y padres
cabeza de familia, discapacitados o prepensionados, concurre una
relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el
empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales,
particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De
allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos
derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en

2
Sobre el tema ver entre otras sentencias: C-331/00, C-789/02, C-754/04, T-169/03, T-
798/06 y T128/09 de la Corte Constitucional.

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aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales
derechos y los principios que conforman la carrera administrativa.”3

La Corte Constitucional en sentencia T-052 de 2023, expresó que

“32.1. Del mismo modo, esta Corporación ha aceptado la procedencia
excepcional de la acción de tutela cuando el accionante alegue tener la
calidad de prepensionado. Lo anterior, si demuestra que la desvinculación
pone en riesgo su derecho al mínimo vital. Esto puede acontecer cuando
una persona tiene dificultades para obtener su sustento y/o no le es posible
asegurar su supervivencia autónoma por factores como la edad, el estado
de salud y el tiempo que tardaría el medio de defensa judicial (T-055 de
20204).”

Sobre la figura expresó la Corte Constitucional:

“…La “prepensión”, según la jurisprudencia de unificación de esta Corte, se
ha entendido en los siguientes términos:

“[…] en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas
beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán
aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras,
aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que
les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez”5.

61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están
próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos
necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas
-o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión.

62. La “prepensión” protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión
de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida
intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su
pensión de vejez.

(…)

Esta figura, entonces es inicialmente de creación jurisprudencial y es recogida
por la Ley 2040 de 2020, "Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar

3
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección “A” Cp: GABRIEL
VALBUENA HERNANDEZ , Sentencia del 15 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01744-00(AC)
4
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.

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el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones". Allí se
estableció:

“ARTÍCULO 8°. Protección en caso de reestructuración
administrativa o provisión definitiva de cargos. Las personas a las
que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les
permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez, que hagan parte de
las plantas de las entidades públicas en nombramiento provisional o
temporal y que, derivado de procesos de restructuración administrativa o
provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de
mérito, deberían ser separados de sus cargos, serán sujetos de
especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán
ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el
acceso al beneficio pensional.”

Caso concreto

Ante la protección otorgada por la primera instancia a los derechos
fundamentales invocados por la accionante, el Tribunal Superior del Distrito
judicial de Barranquilla impugnó la decisión, considerando, por una parte, que es
improcedente la acción de tutela, ante la posibilidad que tiene la accionante de
acudir a las acciones ordinarias establecidas en la ley 1437 de 2011.

De otro lado, sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
accionante, puesto que ella solo manifestó su condición de prepensionada, un
día antes de la confirmación del nombramiento del señor Tomas Rafael Padilla
Pérez y que no era ese un trámite donde debiera evaluarse dicha situación. No
obstante, manifestó que en cumplimiento del fallo de primera instancia y en razón
de que el cargo de Juez Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias del
Distrito de Barranquilla quedó vacante, nombró a la señora Luz Estella Rodríguez
Morón en dicho cargo y ella anunció que tomaría posesión del mismo el 11 de
octubre de 2023.

La desvinculación de la accionante se dio por el traslado del señor Tomas Rafael
Padilla Pérez y antes de que se confirmara el nombramiento de este en el cargo,
la señora Rodríguez Morón dio a conocer al Tribunal su situación, solicitando no
ser desvinculada de su empleo; sin embargo, el Tribunal no realizó evaluación
alguna de la situación y al día siguiente confirmó dicho nombramiento.

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Es claro que el Tribunal debió valorar en ese momento lo manifestado por la aquí
accionante, teniendo en cuenta que se trataba de un traslado y no del acceso al
empleo público por concurso de méritos, pues si bien esta persona tenía el
derecho al traslado, prerrogativa de que goza al ocupar un cargo en propiedad,
esa no era la única opción de traslado con que contaba dicha persona; por lo que
nada obstaba para que se tuviera en consideración lo manifestado por la actora
y se procurara mantenerla en el empleo mientras no fuera forzosa su
desvinculación, a fin de que pudiera cumplir con los requisitos para la pensión;
siendo este un derecho de raigambre constitucional.

Vale aclarar en este punto que no es de recibo el argumento del Tribunal
accionado en el sentido de que no es su función resolver sobre la situación de
prepensionada de la actora, pues como nominador está en la obligación de tener
en cuenta las situaciones especiales que le sean puestas en conocimiento,
relativas al movimiento de personal.

Ahora, teniendo en cuenta que la Sala Plena del Tribunal Superior de Barranquilla
nombró a la señora Estella Rodríguez Morón en el cargo de Juez Primero Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias del Distrito de Barranquilla que quedó
vacante definitivamente6 y que ella tomaría posesión el 11 de octubre de 2023;
en principio podría entenderse superada la situación que motivó la acción de
tutela sin embargo, conviene tener en cuenta que la actuación del Tribunal se dio
en cumplimiento de la decisión de primera instancia y que dicho cumplimiento
no se agota en el nombramiento, tratándose del derecho de que se trata.

Lo procedente entonces es confirmar la providencia impugnada, manteniendo la
protección allí concedida y en orden a ello, se tiene en cuenta:

i) Que contrario al criterio del Tribunal Superior de Barranquilla, la protección a la
persona prepensionada permite que se cumplan los dos requisitos (edad y
semanas de cotización) por lo que las semanas de cotización las puede alcanzar
con posterioridad al requisito de la edad. ii) De acuerdo con la Corte
Constitucional, se debe estudiar el caso con enfoque de género, por lo que no es
de recibo el argumento de que se trata de una abogada que puede ejercer su

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De acuerdo con memorial registrado en actuación 4 del expediente

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profesión, dadas las dificultades que ello conlleva, para atenderse, atender a su
señora madre y establecerse en dicho ejercicio de tal manera que pueda
continuar alcanzando los requisitos para su pensión. iii) El tribunal solicita que se
requiera a la accionante para que cuando sea nombrada nuevamente en otro
cargo, en cumplimiento del fallo, se posesione de manera inmediata para no
afectar el servicio, de donde puede deducirse que a pesar de la vacancia
definitiva del cargo en el que fue nombrada, podría verse nuevamente
comprometido su derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar de la sentencia del 24 de agosto de 2023 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expresado
precedentemente.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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