Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02611-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
22 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02611-00
Demandante: Andrea Agredo Méndez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02611-00
Demandante: ANDREA AGREDO MÉNDEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo - vacaciones de empleados de la Rama Judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por la señora Andrea
Agredo Méndez contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros debido a la
negativa de conceder sus vacaciones.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 17 de mayo de 2023, la señora Andrea Agredo Méndez,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de
la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial con sede en Popayán y el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la dignidad
humana, al descanso remunerado y a la salud.
2. Consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a la negativa de
Dirección Administrativa Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Popayán para conceder la asignación presupuestal correspondiente al
reconocimiento del disfrute de un período de vacaciones, por haber laborado al
servicio del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, en forma continua e interrumpida durante un año.
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Demandante: Andrea Agredo Méndez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
3. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales mencionados y, en
consecuencia, requirió:
3.1. Se ORDENE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán – Cauca, que en el término de 48 horas contados a partir de la
notificación del fallo de tutela correspondiente, adelante las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para que se pueda proveer
mi reemplazo por parte del señor Juez 1° de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán – Cauca, al momento en que yo pretenda materializar mi
derecho al disfrute del descanso remunerado que ya se encuentra causado, y
que fue suspendido por necesidad del servicio.
3.2. Se CONMINE al señor JUEZ 1° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE POPAYÁN, que una vez sea expedido el CDP por parte de
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
POPAYAN, CAUCA, decida nuevamente frente al disfrute de mis vacaciones.
(…)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Andrea Agredo Méndez actualmente ostenta el cargo de asistente
administrativo grado 06 en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, Cauca.
5. El 11 de abril de 2023 solicitó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán el disfrute de un periodo de vacaciones al que
tiene derecho, causado durante el tiempo laborado del 22 de marzo de 2022 al 21 de
marzo de 2023, a fin de ser disfrutados a partir del del 4 de julio de 2023, inclusive.
6. En virtud de la petición realizada, el referido juzgado profirió la resolución 003 del
11 de abril de 2023 mediante la cual concedió las referidas vacaciones y solicitó los
certificados de disponibilidad presupuestal ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Popayán, en punto al reemplazo de la servidora.
7. Mediante oficio DESAJPOO23-437 del 14 de abril de 2023 la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán remitió el certificado de
disponibilidad presupuestal para atender lo relativo a las vacaciones y prima del
periodo solicitado, sin embargo, se negó a autorizar la disponibilidad presupuestal
para atender el pago del reemplazo durante las vacaciones de la actora bajo los
siguientes argumentos:
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Esta Seccional no cuenta con autonomía en este tema y debe dar cumplimiento a
las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial la
Circular No. 44 de 2011, en la que establece el procedimiento para la
“PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES
DEL RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUALES” y la cual deroga
expresamente las Circulares 44 y 89 de 2005, adicionalmente, mediante el Oficio
DEAJRH13-493 del 24 de enero de 2013, de la Unidad de Recursos Humanos de
la DEAJ, reitera el cumplimiento que deben dar las Direcciones Seccionales a
esta disposición.
Por lo anterior, entendiéndose que la figura del reemplazo por vacaciones
contenida en la Circular 44 de 2011, solo es aplicable a Funcionarios Judiciales
en los términos allí contemplados y teniendo en cuenta que es el procedimiento
que la Dirección Ejecutiva Seccional debe aplicar, no es posible tramitar
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el cargo que usted refiere, hasta
tanto estos lineamientos no sean modificados por el superior.
8. Con ocasión de lo anterior, el juzgado mediante la resolución 005 del 26 de abril
de 2023 suspendió de manera indefinida las vacaciones concedidas a la actora en
razón a: i) la necesidad del servicio y, ii) la falta de asignación de presupuesto para
su reemplazo.
1.3. Fundamentos de la vulneración
9. La accionante adujo que hasta la fecha de presentación de la acción constitucional
no le han sido concedidas las vacaciones, violentando sus derechos fundamentales,
al considerar que la falta de expedición del CDP referente a su remplazo imposibilita
que pueda ser sustituida durante el tiempo que no se encuentre en el despacho,
ocasionando un colapso en la dependencia en que labora, dado que la especialidad
de éste denota la grave congestión que atraviesa.
10. Puso de presente que atender las directrices trazadas en la Circular PSAC11-44
de 2011 por parte de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial para
disponer sobre la asignación presupuestal del reemplazo para el empleado que le
sean concedidas las vacaciones, es del todo improcedente, cuando quiera que ya
existen órdenes judiciales, tanto de las altas corporaciones como de tribunales
superiores del país, que disponen que dichas entidades deben adelantar la gestión
que corresponde para la apropiación de estas partidas presupuestales, a fin de no
continuar vulnerando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama
Judicial.
11. Estimó que no concederle el disfrute a sus vacaciones, como de la asignación de
presupuesto para pago de quien debe reemplazarla, vulnera de manera evidente su
derecho fundamental a tener un trabajo en condiciones dignas.
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12. Explicó que en el caso concreto, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el
reconocimiento de dicha prestación social y por lo tanto, «en el presente caso y, de
manera excepcional, procede la acción de tutela para amparar mis derechos
fundamentales, al considerar que el mecanismo constitucional resulta ser el que
garantice la efectividad del derecho al descanso».
13. Concluyó que existe una indebida interpretación por parte de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán, pues la Circular PSAC11-44, que
toma como fundamento para adoptar la decisión, está encaminada a establecer el
orden de disfrute de las vacaciones de los jueces y magistrados, pero no niega o da
instrucciones de rechazar derechos a los empleados de la Rama Judicial. Agregó
que «es una interpretación que además deviene desfavorable, porque, para negar el
derecho, toma en cuenta la mencionada circular y no la legislación vigente».
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
14. Mediante auto del 30 de mayo de 2023, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó su notificación al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, Cauca y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Popayán.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
15. Solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que
permitan la contratación del remplazo de la parte accionante para la concesión del
periodo de vacaciones que ha solicitado ante su nominador.
16. Igualmente, requirió declarar la improcedencia de la acción al estar dirigida
intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como
lo es la circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 y por no cumplir los requisitos
para ser tenida como un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho
fundamental.
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17. Estimó que la tutela era la vía idónea para lograr la protección a la que aspira la
parte accionante respecto de su derecho a disfrutar de las vacaciones. Pero frente al
análisis de legalidad de la referida circular, se cuenta con otros mecanismos de
defensa idóneos para resolver la problemática presupuestal que impide el
nombramiento de las personas que reemplazarán a quienes disfruten de sus
vacaciones.
1.5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
18. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva ya
que no era posible expedir el CDP para cubrir el disfrute de las vacaciones de la
actora, puesto que según la normatividad vigente la disponibilidad presupuestal está
prevista solamente para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios
judiciales y no, de empleados judiciales, correspondiéndole por tanto a su nominador
conceder las vacaciones.
19. Informó que la disponibilidad para el pago de las vacaciones de la señora Andrea
Agredo Méndez, ya estaba certificado.
20. Concluyó que, a la fecha, no se ha dado la orden por parte de ninguna autoridad
judicial ni por parte del Consejo Superior de la Judicatura de inaplicar la circular
PSAC11- 44 del 23 de noviembre de 2011, «y como es de su conocimiento las
Direcciones Ejecutivas Seccionales no podemos desatender dicha orden a nosotros
impartida por el Consejo Superior de la Judicatura».
1.5.3. Consejo Superior de la Judicatura
21. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva en
cuanto ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al marco normativo
dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.
1.5.4. Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán
22. Solicitó negar las pretensiones frente a dicho despacho judicial ya que no era la
autoridad que estaba impidiendo el derecho al descanso remunerado de la señora
Andrea Agredo Méndez, pues ello obedecía exclusivamente a la decisión
administrativa de la Dirección de Administración Judicial, que estaba limitando el
aludido derecho con el argumento que para el caso de los empleados y,
particularmente, porque para el empleo que la accionante desempeña no está
prevista la figura del reemplazo por vacaciones.
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23. Igualmente, pidió que se ampararán los derechos fundamentales de la parte
actora, ya que impedirle el derecho al descanso con fundamento en restricciones
administrativas era una carga que no debía soportar la servidora judicial, «toda vez
que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen todos los
colaboradores y funcionarios judiciales, que no puede verse limitado a la existencia
de disponibilidad presupuestal para designar un servidor que la remplace durante el
receso.»
24. Pidió ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administrativa que expida el certificado
de disponibilidad presupuestal para atender el pago del reemplazo durante el disfrute
de las vacaciones de la servidora judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
25. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Agredo Méndez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 8° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del
Decreto 333 de 2021.
2.2. Solicitud de desvinculación
26. Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite
constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron
debido a que fueron las entidades demandadas por la actora en su escrito de tutela,
además dichas entidades intervienen en el trámite de la apropiación de los recursos
para disponer el referido reemplazo, y en tal sentido, su comparecencia al presente
trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus intereses
y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como para
determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías de la
accionante.
2.3. Problema jurídico
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27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del escrito de tutela, las intervenciones y lo probado en el proceso, el
problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:
¿Se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la dignidad
humana, al descanso remunerado y a la salud debido a la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán de conceder la
asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo del de la señora Agredo
Méndez quien labora en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, en aras de que pueda acceder al disfrute del período de
vacaciones, por haber laborado en forma continua e interrumpida durante un año?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
28. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto y; (iv) el caso
concreto
2.5. Panorama general de la acción de tutela
31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
32. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.
33. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.
2.6. El derecho al descanso del servidor judicial
34. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana1, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
1 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035
de 2005.
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que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.
35. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados
por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2 en su artículo 7º
determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce
de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la
limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así
como la remuneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º3
del Protocolo de San Salvador4.
2 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966".
3 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra
prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y,
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre
educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o
ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán
de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
4 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
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36. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial
que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el
descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud
o pausa en el trabajo o fatiga”5. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se
deduce de la interpretación sistemática6 del artículo 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto
el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno
de los principios mínimos fundamentales del trabajo7.
37. En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera
de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o
menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de
una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda
el servidor público, en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita
compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras
actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con
energía sus actividades laborales.
38. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.
5 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la
siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho
de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que
permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe
entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra
como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos
sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus
servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por
justa causa o por culpa o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y
seis horas semanales, la remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando
no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la
remuneración, pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del
vínculo laboral.”
6 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
7 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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39. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le
otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para
proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al
solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera
de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus
múltiples manifestaciones.
(…)
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento
de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.
40. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser
protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho,
así lo ha dicho la Corte: «¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a
través de la tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al
descanso debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con
la naturaleza jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la
contencioso administrativo, por lo que el carácter residual de la tutela la hace
improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la posibilidad de que
la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa judicial,
cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del
derecho fundamental amenazado o vulnerado».
2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto
41. El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de subsidiariedad
como requisito de procedencia de la acción de tutela, establece que «esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, indica que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros
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medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para resolver la situación particular
en la que se encuentre el accionante.
42. Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte Constitucional
jurisprudencialmente8 ha sido enfática en puntualizar que el uso inadecuado,
irracional y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de obtener un
pronunciamiento más ágil y expedito, desnaturaliza su valor preeminente y especial
dentro del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que «ésta no ha sido
consagrada para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para
tales fines9».
43. Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de 2015 se
concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estiman
conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe agotarlos de forma principal y no
utilizar directamente la acción de tutela.
44. No obstante, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2 excepciones al
principio de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían procedente la acción de
tutela; a saber: i) se constate que el mecanismo judicial ordinario diseñado por
el legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados; y ii) «siendo apto para conseguir la protección, en razón
a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela10».
45. Frente al primer supuesto, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que
para que proceda el mismo, es fundamental analizar, en cada caso concreto, la
idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta sus particularidades en
aras de determinar «si el mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar
una protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados
presupuestos, el operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma
definitiva o transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen.»11
46. De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte Constitucional
sentó dos fundamentos esenciales para establecer cuándo el mecanismo resulta no
8 Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
9 Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
10 Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
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ser idóneo para el fin que se busca, a saber: i) cuando no ofrece una solución
integral y ii) no resuelve el conflicto en toda su dimensión.
47. En tal sentido, la señora Agredo Méndez instauró acción de tutela con ocasión de
la negativa de la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Popayán de conceder la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo
como empleado del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, en aras de que pueda acceder al disfrute de sus vacaciones,
por haber laborado en forma continua e interrumpida durante 1 año.
48. Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta al acto que niega la
asignación presupuestal tendiente a nombrar el reemplazo del empleado que requirió
el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 201112, en el que se pueden solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 13, por lo
12 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
13 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
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tanto, es en principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.
49. Sin embargo, esta Sala ha considerado14 que, en ciertos eventos las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo
judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual
torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.
50. En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, el actor debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un
derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido proceso administrativo, que,
con independencia de las particularidades propias de la regulación específica de
cada actuación, deben ser acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el
artículo 29 Superior, o porque se configura alguna de las siguientes causales:
• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
51. Se advierte que la inconformidad de la actora radica en que el despacho no
puede prescindir de sus actividades en razón a la alta congestión judicial que
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
14 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-41-000-
2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01633-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
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atraviesa y que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la asignación
presupuestal correspondiente para el reemplazo del funcionario que solicite el
disfrute de su periodo de vacaciones15, ocasionaría un represamiento de la carga
laboral y al momento de regresar aquel, podría acarrearle una afectación grave al
estado de salud.
52. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo solicitado por
la señora Agredo Méndez no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del
acto, presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
53. Por otro lado, esta Sala de Decisión considera pertinente aclarar que si bien, por
regla general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir conflictos de
naturaleza económica, lo cierto es que la no expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal conlleva, en casos como este, a que el empleado tenga
que aplazar indefinidamente el disfrute de su derecho al descanso remunerado por
cuanto la falta de nombramiento de una persona que lo reemplace se traduce en la
imposibilidad de que, efectivamente, se pueda ausentar temporalmente con ocasión
de sus vacaciones.
54. En conclusión, si bien en principio y atendiendo a la subsidiariedad que
caracteriza a la acción de tutela, el oficio DESAJPOO23-437 del 14 de abril de 2023
que negó la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo de la
accionante podría ser controvertido por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, incluso podría solicitar como medida cautelar la
suspensión provisional, para esta Sala (en consonancia con el desarrollo
jurisprudencial frente al tema) y atendiendo la posición fijada en la sentencia del 30
de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió un caso similar, se advierte que la
actora no poseen un instrumento jurídico idóneo para el amparo de sus
prerrogativas, toda vez que como se evidenció, no pretende atacar la legalidad del
acto administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de manera fehaciente que
su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales para la procedencia del
referido medio de control.
55. Por lo anterior, resultaría inocuo que la demandante lo empleara, toda vez que no
le ofrecería una solución cabal a sus inconformidades ni mucho menos resolvería de
fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el caso concreto y
dadas las particularidades del asunto, adquiera competencia para conocer del
15 En atención a que, como se mencionó anteriormente, los funcionarios que laboran en los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pueden solicitar al tiempo el disfrute de sus
vacaciones pues ello atentaría contra el normal funcionamiento del despacho, con ocasión de la alta
demanda laboral.
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fondo del asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se pretende una revisión
de legalidad del acto administrativo que negó la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo de la actora quien funge como empleado del
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
2.9. Caso concreto
56. En el presente caso, inicialmente a la accionante se le concedió el disfrute de su
derecho a las vacaciones. No obstante, con posterioridad su nominador suspendió el
trámite tomando como fundamento la necesidad del servicio, la alta carga laboral y la
ausencia de presupuesto para el reemplazo de la señora Agredo Méndez.
57. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán sostiene que los CDP para nombrar reemplazos en el caso de vacaciones
solo son procedentes para los funcionarios judiciales. Toda vez que la actora es
empleada judicial, para esta entidad, lo que corresponde es que su superior
jerárquico tome todas las medidas necesarias para que las vacaciones del
demandante no obstaculicen el debido funcionamiento del juzgado.
58. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:
(…) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se
señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en
provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello.
59. Esta circular tiene por asunto: «vacaciones de los funcionarios judiciales del
Régimen de Vacaciones Individuales», lo que significa que no existe disposición
alguna para los empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo el
régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar de
conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se entiende
como funcionario judicial a los jueces, magistrados y fiscales, mientras que los
demás servidores serán empleados judiciales.
60. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para que los
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empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía constitucional al descanso
remunerado. Esta garantía debe entenderse como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la
posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física, para
así proteger su salud física y mental y fortalecer su dedicación para el desarrollo de
sus actividades.
61. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199616. Esta norma
establece que empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.
62. En consecuencia, es evidente que la accionante tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
desconoce las necesidades de servicio alegadas por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. Sin embargo, el deber de
garantizar la adecuada prestación del servicio público de administrar justicia no
puede ser admitida como una excusa válida para no permitirle a un empleado gozar
del referido derecho, máxime si se tiene que la autoridad judicial las había
autorizado.
63. Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben tomar
todas las medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la ausencia
de un empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar
traumatismo que afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el
debido servicio de la administración de justicia.
64. En este caso, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán ha puesto de presente que, por la excesiva carga laboral de
16 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas;
y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las
vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio”.
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esa dependencia judicial, el disfrute de las vacaciones de la actora sin un remplazo
afectaría el funcionamiento de su departamento. En consecuencia, también es
previsible que se afecte el derecho de acceder a una adecuada administración de
justicia de los ciudadanos que tienen procesos en esa dependencia judicial. Así las
cosas, para la Sala el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una
alternativa idónea que permite compatibilizar el derecho del tutelante a disfrutar de
sus vacaciones y el derecho de los ciudadanos de contar con una adecuada y
eficiente administración de justicia.
65. Lo anterior, por cuanto la referida figura permite compatibilizar la tensión entre el
derecho al descanso remunerado y el derecho de los ciudadanos de contar con una
adecuada y eficiente administración de justicia. Huelga decir que lo aquí resuelto ha
sido reiterado por esta Sala en anteriores oportunidades17, así como por las
Secciones Primera18 y Cuarta19 de esta corporación.
66. En todo caso, y distinto a lo planteado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, esta sí resulta ser entidad trasgresora de las
garantías constitucionales de la actora pues, como se vio, la decisión del Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán de no conceder
las vacaciones de la señora Agredo Méndez obedeció a la falta del CDP que
permitiera designar un reemplazo, pues de no proveerse el cargo en el periodo de
descanso de la accionante, existiría exceso de carga laboral en los demás
empleados de su dependencia.
67. Así las cosas, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para el
reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales de la actora, ya
que como quedó evidenciado, la decisión de la Dirección Seccional Ejecutiva de
Popayán es un claro obstáculo para que la demandante pueda disfrutar de su
descanso remunerado.
68. Por lo expuesto, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de
17 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-
000-2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-
00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de
mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021,
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de
mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de
diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
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Demandante: Andrea Agredo Méndez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Administración Judicial de Popayán que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán adopte las medidas que
se requieren para conceder las vacaciones a la señora Agredo Méndez (en el evento
de que esto aún no haya ocurrido).
70. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, quien a su vez deberá, en un término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse
sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la
dignidad humana, al descanso remunerado y a la salud de la señora Andrea Agredo
Méndez y como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Popayán que, en un plazo de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones a la señora
Agredo Méndez (en el evento de que esto aún no haya ocurrido). La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a
partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.
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Demandante: Andrea Agredo Méndez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Una vez el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, quien
a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones
de la señora Agredo Méndez.
TERCERO Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
19
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