Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02625-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02625-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y
otro1
Temas: Derecho fundamental de petición/alcance
Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental a la igualdad/alcance
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) igualdad
y iv) acceso a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0043 del 16 de enero de 20233; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición de 11 de noviembre de
2022, referente a las objeciones a las preguntas “[…] 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53,
62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, igualdad, “[…] acceso de carrera en virtud del mérito […]
y buena fe.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] se inscribió en el Concurso de Méritos convocado por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018, que dio lugar a la expedición de la convocatoria N°27. […]”.
4. Expresó que, “[…] frente a los resultados de la prueba con escrito de 11 de
noviembre de 2022, presentó recurso de reposición contra las calificaciones
asignadas tachando fundamentalmente la manera como se realizó la exhibición que
censuro por la corte Constitucional en la SU- 067 de 2022 en materia de
2
“Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
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"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de
Familia de la Rama Judicial."
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
procedimiento en lo actuado los días 17 de mayo de 2019 y reiterada la
inconsistencia frente a la prueba aplicada el 24 de julio de 2022 […]”.
5. Manifestó que, “[…] la reposición se refirió a los equívocos manifiestos en las
preguntas 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 todo con
el fin de validar los hallazgos detectados en el procedimiento de exhibición y obtener
la revocatoria del acto administrativo que notifico el puntaje en 797,40 puntos para
en su lugar fijar ese mismo puntaje en un número superior a 800 puntos […]”.
6. Adujo que, “[…] Objetivamente estos recursos de petición, reposición propuestos
por la recurrente para sustentar jurídicamente su reclamación, fueron respondidos
por la administración de forma genérica utilizando una metodología contraria a los
principios de eficiencia, celeridad y economía a que se refiere el artículo 209
Constitucional y 12 del C.P.A.C.A. […]”.
7. Señaló que, “[…] Agrupo (sic) la respuesta, temáticamente y por materia en 35
puntos, todas las solicitudes planteadas y argumentos para resolverlos en cada
punto, pero de forma genérica. De entrada, es claro que dejo la petición de mi
representada sin resolver […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se proteja el derecho constitucional al debido proceso de la Doctora DIANA
GICELA REYES CASTRO al debido proceso administrativo, vulnerado por las
omisiones estatales a que se refirieron los hechos del capítulo anterior.
2.1.2. Se ordene la protección al derecho a la igualdad de la tutelante en cuanto al
derecho de petición e insistencia no fueron debidamente considerados y mucho
menos resueltos por la administración desconociéndose palmariamente el artículo 13
de la constitución, que de forma común las autoridades les reconocen al resto de
habitantes del país en el trámite gubernativo de sus peticiones, por lo cual para el
caso de la tutelante y de los demás concursantes que impugnaron los resultados de
las pruebas, representan una seria vulneración al principio de igualdad consagrado
en el artículo 13 de la carta.
2.1.3. Se ordene la protección del derecho constitucional de acceso a los cargos
públicos en la administración de justicia por vía del mérito que es la razón de ser de
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
la aplicación de la norma constitucional que impone la carrera administrativa artículo
125 C.P., extensiva como carrera especial a la Rama Judicial.
2.1.4. Se expidan las ordenes correspondientes para que el Consejo de la Judicatura
la Unidad de Administración Judicial y la Universidad Nacional en un término
razonable, modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que mi
poderdante impugnó los resultados de la prueba de conocimientos aptitudes y
destrezas aplicada dentro de la convocatoria 27 según disposición de la Corte
Constitucional y consiguientemente resuelva de fondo y legalmente la reposición
propuesta y los recursos de insistencia que sustancialmente no fueron atendidos en
derecho si no resueltos de manera aparente.
2.1.5. Para Garantizar los derechos fundamentales anteriormente señalados se
ordenará al Consejo superior de la Judicatura Unidad de Carrera Judicial y a la
Universidad Nacional, la suspensión del concurso mientras se subsanan las
equivocaciones denunciadas en la presente demanda de amparo constitucional de
tutela.
2.1.6. Se prevenga a las entidades tuteladas para que en lo sucesivo y dentro del
trámite administrativo en curso por la convocatoria 27 respete el principio de buena fe
que se consagra en el artículo 83 de la carta, por consiguiente, permita la eficacia de
los recursos gubernativos de reposición e insistencia listados por mi poderdante.
2.1.7. Dada la legalidad de la prueba pericial que acompañan el recurso de reposición
se realice y coteja para tenerla como mecanismo de convicción o bien para
descartarla razonablemente valorando la eventualidad del error que hasta ahora no
se sabe en qué escenario ocurrió si en los calificadores o en la impericia de los
dictámenes que hacen parte de esta demanda.
2.1.8. Se haga pública la determinación de suspensión del concurso para que el
conocimiento de todos los inscritos al mismo, la reorganización de los términos
cronológicos en desarrollo permita seguridad jurídica a las fases subsiguientes […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de junio de 2023: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; y iii) vinculó a los participantes de
la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de
agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles un término tres (3) días para rendir
informe.
Intervención de las demandadas y de los terceros con interés legítimo
10. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó negar la acción constitucional, toda vez que, “[…] no se ha vulnerado
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
ni afectado los derechos fundamentales invocados […]. Al respecto manifestó lo
siguiente:
“[…] Toda vez que la pretensión del accionante se encamina a que se resuelva la
solicitud de recalificación del examen frente a las objeciones presentadas en el
recurso de reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba
aplicada el 24 de julio de 2022, en relación con las solicitudes relacionadas con la
cantidad de preguntas acertadas, puntajes directos de los aspirantes al cargo Juez
Promiscuo de Familia, valor de cada pregunta, promedio y desviación estándar,
fórmula, número de aspirantes inscritos – ausentes - aprobados y reprobados al cargo
Juez Promiscuo de Familia, justificación de cada respuesta correcta del cargo al que
aspiró, entrega de copia del cuadernillo - claves de respuesta y hoja de respuestas,
realizar la exhibición bajo el mismo tiempo concedido para la prueba, pertinencia del
cuestionario para el cargo al que se presentó, indicar si obedecían a lo reseñado en
la Ley, o en la jurisprudencia y reseñar el órgano de cierre, la razón por la que la
carátula del examen decía 2021, índices de confiabilidad y discriminación, nivel de
dificultad de la prueba para el cargo mencionado, se le informara si existieron
preguntas con varias opciones de respuesta, cuáles preguntas fueron excluidas, los
parámetros para determinar que el tiempo de la prueba es el adecuado, recalificación
del examen. Así como las preguntas objetadas en la complementación del recurso 9,
18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95, es del caso precisar que
mediante la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 "Por medio de la cual
se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para
la provisión del cargo de Juez Promiscuo de Familia de la Rama Judicial.", se
atendieron de manera clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos
formulados en el recurso presentado por el tutelante, tal como más adelante se
explicará.
Conforme con lo expuesto, la situación debe ser calificada como hecho superado y
por ende concluir la carencia de objeto que impide que se amparen los derechos
fundamentales invocados […]”.
[…]
“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
del accionante, pues se evidenció que, en la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero
de 2023 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes
al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de Familia de
la Rama Judicial.”, se atendieron de fondo y de forma congruente las solicitudes
relacionadas con recalificación del examen, así como las preguntas objetadas en la
complementación del recurso, fueron atendidos en los puntos 3, 4, 7, 9, 10, 13, 16,
17, 18, 20, 29, 31, 32 y 35 de la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023,
debiendo aclarar que si bien los puntos 16 y 20, no fueron marcados expresamente
para la aspirante, fueron resueltos en atención a quienes expresaron el mismo interés
frente los ítems en cuestión con base en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba, en
cumplimiento de los numerales 262 y 293 de las obligaciones generales y específicas
del contratista, establecidas en el del Contrato 096 de 2018 al cual ya se hizo
referencia.
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
En aplicación del artículo 209 de la Constitución Política, en especial de los principios
de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del
artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibidem, sustituido por el artículo 1.º
de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición, los recursos
fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías numeradas
que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis particular sobre
cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el
cuerpo del acto administrativo.
En cuanto a las solicitudes de exhibición de documentos de la prueba e
inconformidades presentadas sobre revisión de la prueba, revisión por parte de
terceros, y formula aplicada se atendieron en el punto 3 denominado “Exhibición -
Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de
exhibición.”, el punto 4 denominado “Copia - Entrega material o digital de prueba –
Copia de actas de sala – Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter
reservado”, el punto 7 denominado “Solicitudes de revisión - Lector óptico”, y el punto
9 denominado “Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios - Método
para conocer aciertos a partir del puntaje”:
Por otro lado, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados sobre preguntas del
examen por motivos de construcción, redacción, formulación en su enunciado y
opciones de respuesta, múltiples claves de respuesta, en el marco de los recursos de
reposición interpuestos por los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo de Familia,
fueron respondidos con la Resolución CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 el punto
10 denominado “Aciertos de otros aspirantes”, el punto 13 denominado “Índices
psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discriminación, dificultad,
efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba”, el punto 17 denominado “Proceso
de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad
y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y
diagramación de la prueba.”, el punto 18 denominado “Preguntas capciosas,
ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem
– Recalificar.”, el punto 29 denominado “Mayor valor a algún componente de los que
integran la prueba”, el punto 31 denominado “Fecha de elaboración de prueba -
Actualidad de ítems aplicados.”, el punto 32 denominado “Custodia de la prueba y
Protocolos de seguridad.” y el punto 35 denominado “Objeciones a preguntas de
aptitudes y conocimientos generales y específicas”; con la respectiva marcación
dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se evidencia realizando
la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula de la aspirante en el
siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0043+-
+ANEXO+1+-+Juez+Promiscuo+de+Familia.pdf/d9c4e780-980d-47da-9d04-
58fe2c738e4f […]”.
11. La Universidad Nacional de Colombia, solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo, por las siguientes razones:
“[…] la Universidad Nacional de Colombia ya ha brindado respuesta de forma clara,
completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la accionante en
ejercicio del citado recurso de reposición, su correspondiente ampliación y demás
peticiones. En ese punto, debe reiterarse que el 16 de enero de 2023, fue expedida
la Resolución CJR22-0043 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022” junto con sus respectivos anexos.
En ese sentido, mediante la Resolución mencionada, sus respectivos anexos y el
oficio de respuesta CONV27DP- 4643 A de 2023, las entidades accionadas
resolvieron de manera particular, las solicitudes y reparos de la accionante
expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la prueba en sus dos
componentes, su vigencia, competencia y pertinencia de cara a los planteamientos
expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado, y la justificación técnico-
jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para
efectos del cálculo del puntaje obtenido.
En ese orden de ideas, en el ANEXO 2 del precitado acto administrativo se expresó
con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a todas las preguntas
objetadas por la tutelante. Esto con miras a destacar las consideradas correctas para
el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de respuesta y justificaciones que
atendieron a estándares técnicos internacionalmente aceptados como los estándares
para pruebas educativas y psicológicas (Standards for Educational and Psychological
Testing, en inglés) de American Educational Research Association -AERA-, American
Psychological Association – APA- y National Council on Measurement in Education -
MNCE – edición del año 2014.
Es de resaltar que cada uno de los planteamientos aludidos por parte de la accionante
en sus escritos de reposición, adición y petición fueron resueltos mediante el oficio de
respuesta CONV27DP- 4643 A de 2023 y marcados en el ANEXO 1 del precitado
acto administrativo, atendiendo así aspectos relativos a la Exhibición - Acceso al
material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de exhibición, Copia -
Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala – Informes o
documentos técnicos - Documentos con carácter reservado, Solicitudes de revisión -
Lector óptico, Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios - Método
para conocer aciertos a partir del puntaje, Aciertos de otros aspirantes, Índices
psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discriminación, dificultad,
efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba, Justificación de la prueba de
aptitudes - No tener en cuenta el componente de aptitudes, Proceso de construcción
de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de
las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la
prueba, Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas -
Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar, Mayor valor a algún componente de
los que integran la prueba, Fecha de elaboración de prueba - Actualidad de ítems
aplicados, Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad, Revocatoria de la
calificación, Tiempo de la prueba insuficiente, de inscritos total o del y Objeciones a
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas entre otras.
A más de lo dicho, en la Resolución CJR22-0043 se informó que, “Considerando los
principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, en especial los
de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del
artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibidem, sustituido por el artículo 1.º
de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, se realizó un estudio de las solicitudes planteadas por
los recurrentes y los argumentos esbozados, los cuales se agruparon temáticamente
(…)”
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
Así mismo, en el ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES del precitado acto
administrativo se expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta
frente a todas las preguntas objetadas por la tutelante, entendiendo que esta expresó
ciertos reparos de cara a los ítems 7, 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88,
89, 91, 93, 95, 102, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 120, 127, 128, 129 y 130
de su examen.
Por lo dicho se tiene que la Universidad Nacional de Colombia ha garantizado el
debido proceso y derecho de petición a la señora Diana Gicela en todas las etapas
del concurso y de igual modo, ha resuelto en debida forma los diferentes
cuestionamientos de la aspirante. Así las cosas, no existen situaciones que puedan
advertir un trato desigual o discriminatorio frente al aspirante.
Así pues, en el presente caso, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado para
solicitar la salvaguarda de los derechos, pues ante la ausencia de los supuestos
fácticos que le dieron origen, la decisión que eventualmente pudiese tomar el juez
constitucional para el caso concreto en búsqueda de resolver la pretensión se tornaría
ineficaz […]”.
12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los participantes de la
convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la coadyuvancia
15. La Sala encuentra que el señor Jesús Enrique Hernández Gámez presentó
escrito de coadyuvancia.
16. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º del artículo 13 del Decreto
núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”8
17. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente9:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar
la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el
concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los
resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de
los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le
da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que
8 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo
de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no
puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias
situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en
los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos
generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como
límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa
juzgada.
Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca
el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros
defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los
aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias
propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios
derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el
accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
18. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU - 067 de 24 de
febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la
figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos
bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado,
la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los
efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta
cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han
presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los
demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo
del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga
«un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia constitucional ha
definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En
este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para
intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las
pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de
tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha
advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden
conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que
quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de
una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l
coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son
permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de
la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al
Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a
cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De
lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas
a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que
permite su intervención en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica
de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte
acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia
presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su
participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las
reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se
atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta»
[énfasis fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los
expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se recibió un número ingente de
escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran
mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron
la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018.
Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en
los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la
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Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento
de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los
efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho
propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene
vedado «realizar planteamientos distintos […] que por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión
de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como
consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio
cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).
19. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la
facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de
las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas, más no para hacer valer sus propias demandas.
20. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el
estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las
partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte de sus argumentaciones.
21. Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia
de Jesús Enrique Hernández Gámez, comoquiera que su intervención está
encaminada a apoyar la solicitud de amparo de la referencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Problema jurídico
22. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales de petición, debido
proceso, igualdad y acceso a cargos públicos de la actora, los cuales considera
vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al
expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202210 y
10
“Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
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CJR23-0043 del 16 de enero de 202311 ; y ii) la Universidad Nacional de Colombia,
al: i) haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas
realizadas dentro del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el
recurso de reposición de 11 de noviembre de 2022, referente a las objeciones a las
preguntas “[…] 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 […]”.
23. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos;
iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) análisis
del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
24.Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”
25.Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional 12 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
11
"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de
Familia de la Rama Judicial."
12 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
13 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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28. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo15, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos16, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos17, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
30.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Sentencia T-309 de 1993.
16 Sentencia T-313 de 2006.
17 Sentencia T-451 de 2001.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
31.Atendiendo a que la Corte Constitucional18 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
32. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
18 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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34.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
34.2. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
34.3. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, junto con sus
anexos.
Solución del caso concreto
33. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms.
CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202219 y CJR23-0043 del 16 de enero de
202320 ; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje
que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo
concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición de 11 de
noviembre de 2022, referente a las objeciones a las preguntas “[…] 9, 18, 20, 23,
24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95 […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, “[…] acceso de carrera en
virtud del mérito […] y buena fe.
34. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por la actora contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0043 del 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la actora esta respuesta no atendió de
fondo y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
19
“Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
20
"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de
Familia de la Rama Judicial."
18
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35. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0043 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y la actora radicó la solicitud de
amparo el 18 de mayo de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.
36. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto la actora solicita expresamente que se modifique, la Resolución núm.
CJR23-0043 del 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición
surge porque a juicio de la actora, las accionadas no resolvieron de manera clara,
de fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las
preguntas 9, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95.
37.Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con ocasión
del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR23-0043 del
16 de enero de 2023, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin21.
38. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 9, 18, 20,
23, 24, 25, 30, 53, 62, 63, 65, 82, 88, 89, 91, 93 y 95, es decir, analizará si las
autoridades demandadas desconocieron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de petición y acceso a cargos públicos de la actora, con
ocasión a la falta de una respuesta congruente y de fondo al recurso de reposición
promovido por Diana Gicela Reyes Castro en contra de la Resolución núm. CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022.
39. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por la actora en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
21 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.
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Resolución núm. CJR23-0043 del 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas
con el recurso de reposición conforme a la Resolución núm.
CJR23-0043 del 16 de enero de 202322
✓Pregunta No. 9. Pregunta No. 9
“[…] De acuerdo con el texto anterior, una La opción A no resuelve de manera
de las condiciones para aceptar una adecuada el enunciado y por ende es una
moneda como medio de pago NO sería: A. respuesta incorrecta porque el respaldo
El marco institucional, que respaldaría la institucional se cita como uno de los
validez del medio para su uso corriente. B. factores que garantizan la validez de una
El consenso, que facilitaría la aceptación moneda como medio de pago. Este se
del medio en las transacciones cotidianas. presenta en forma de respaldo estatal.
C. La mensurabilidad, que estaría derivada
de la confianza depositada en el medio. La opción B no resuelve de manera
Respuesta Correcta. D. El valor otorgado, adecuada el enunciado y por ende es una
que estaría asociado a una percepción respuesta incorrecta porque de acuerdo
común acerca del medio. En esta pregunta con el texto, "La clave parece estar, en
el enunciado presenta un error al momento definitiva, en la confianza generalizada
de lanzar la tarea de elegir la que no es una que aporta un emisor de rigor y calidad
condición para aceptar la moneda como consensuados", por lo que el consenso
forma de pago. E igualmente en los ítems entre los miembros de la sociedad es
de respuesta se presentan ambigüedades importante para que una moneda tenga
que al momento de responder cada item validez como medio de pago en las
presenta una condición que carece de transacciones cotidianas.
argumentos para elegir la respuesta
correcta. No hay claridad en el diseño de La opción C es la respuesta correcta
los ítems ya que todos se presentan como porque en el texto, es la confianza en el
condiciones a favor, siendo mal formulados medio de pago la que surge a partir del
los ítems y por ende, no se puede aceptar criterio básico de mensurabilidad. Sin
alguna de esos ítems como respuesta embargo, lo contrario no es cierto: la
correcta […]” mensurabilidad no depende de la
confianza en el medio de pago.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque según el
texto, una percepción extendida sobre el
valor de un objeto (como el oro) es
necesaria para que dicho objeto se pueda
usar como medio de pago.
Pregunta No. 18 La opción A es la
✓Pregunta 18 respuesta correcta porque el interés de
Nueva Zelanda estaría encaminado a ser
Solicito que se tenga como válida mi reconocido como un continente, lo cual
respuesta de elegir la “C”, por cuanto todas implicaría cambiar su estatus actual de
las respuestas B, C, D son viables como estado archipelágico. La opción B no
22 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo de
Familia de la Rama Judicial.”
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
respuestas en tanto todas se ciñen al tema, resuelve de manera adecuada el
todas tienen que ver de una manera u otra enunciado y por ende es una respuesta
con la lucha de Nueva Zelanda para ser incorrecta porque si parte de los reclamos
reconocida como continente; desde lo que de Nueva Zelanda se basan en evidencia
se dice del geólogo, que busca geológica, un experto en esta área con el
desacreditar los hallazgos neozelandeses, interés de que Nueva Zelanda no sea
el historiador que presenta una perspectiva reconocida como continente, podría
contraria sobre el reconocimiento de los atacar la evidencia disponible que soporta
continentes, hasta la aceptación de la idea de que Nueva Zelanda es un
Australia y Nueva Caledonia de Nueva continente. La opción C no resuelve de
Zelanda como nuevo continente. Téngase manera adecuada el enunciado y por
en cuenta que la pregunta indaga por la ende es una respuesta incorrecta porque
información de las opciones de respuesta la discusión sobre el estatus de Nueva
que no sea compatible con el texto. Zelanda podría incluir las observaciones
sobre los límites geográficos desde
Reitero, el texto contextualiza sobre la perspectivas como la historia. La opción
situación jurídica internacional de Nueva D no resuelve de manera adecuada el
Zelanda, quien intenta que se reconozca enunciado y por ende es una respuesta
como continente y no como archipiélago. incorrecta porque el hecho de que Nueva
Zelanda tenga intereses en ser
reconocida como continente, no impide
que en Australia o Nueva Caledonia su
iniciativa reciba apoyo o se acepte. La
información presente en el texto no
permite afirmar que una eventual
aceptación por parte de estos países es
contradictorio con el planteamiento del
autor.
Pregunta No. 20
✓Pregunta 20
La opción A no resuelve de manera
De acuerdo con el texto, el hallazgo de los adecuada el enunciado y por ende es una
científicos permitiría esperar que haya a. respuesta incorrecta porque de acuerdo
Disminuido la concentración atmosférica con el texto a medida que aumenta la
de dióxido de carbono. b. Aumentado la concentración de dióxido de carbono en
concentración de carbonato activo en los la atmósfera, los iones carbonato se
océanos.* c. Disminuido la tasa de vuelven menos abundantes en el agua,
crecimiento del esqueleto coralino. d. que ahora es más ácida. Entonces, la
Aumentado la tasa de crecimiento de los acidificación está asociada con el
corales en los arrecifes. El enunciado aumento del dióxido de carbono.
presenta un error cuando fija como tarea
elegir lo que “permitiría esperar que haya”, La opción B no resuelve de manera
pues la respuesta clave del calificador optó adecuada el enunciado y por ende es una
por la problemática de la disminución del respuesta incorrecta porque de acuerdo
crecimiento del esqueleto coralino, cuando con el texto los ácidos neutralizan los
lo que se espera de los estudios científicos iones de carbonato y, por tanto, reducen
es la demostración de algo, en cuyo caso su concentración.
el enunciado diría “permitiría demostrar” o
un resultado positivo, pero no la opción La opción C es la respuesta correcta
más nefasta, por esa razón marqué la B, y porque de acuerdo con el texto los ácidos
solicito que se tenga como válida ante el neutralizan los iones carbonato y, como la
mal planteamiento del enunciado. tasa de crecimiento del esqueleto coralino
depende de la concentración de
carbonato, a medida que disminuye el
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
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carbonato, se reduce esta tasa de
crecimiento.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque de acuerdo
con el texto la reducción en la
concentración de carbonato se asocia a
una reducción en la tasa de crecimiento,
no a un incremento.
✓Pregunta 23
Pregunta No. 23
De lo anterior se puede concluir que: (texto
de la investigación arqueológica para La opción A no resuelve de manera
determinar si unos restos encontrados son adecuada el enunciado y por ende es una
de un grupo nómada o sedentario) Solicito respuesta incorrecta porque si bien la
muy comedidamente que se revise mi argumentación de Q sí es incorrecta, para
calificación en esta pregunta ya que en el la argumentación de P, si las
texto se aduce evidencia de resguardo, herramientas de caza que se encuentran
esto pertenecería a un grupo sedentario; son de tamaño pequeño y poco peso, no
sin embargo, al no encontrar evidencia de se puede concluir que el grupo sea
resguardo pasa a ser un grupo nómada. En nómada, ya que pueden pertenecer a otro
esta pregunta los ítems son tan ambiguos grupo, pues no se garantiza que las
que no permiten llegar a una respuesta herramientas pequeñas y de poco peso
contundente. Solicito que se tenga como sean de uso exclusivo de este grupo, de
válida mi respuesta “A” o que se excluya la acuerdo con la información del contexto.
pregunta.
La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque para la
argumentación de P, si las herramientas
de caza que se encuentran son de
tamaño pequeño y poco peso, no se
puede concluir con total certeza que el
grupo sea nómada y, para la
argumentación de Q, si no se encontraron
estructuras de resguardo, se puede
concluir correctamente que el grupo no es
sedentario; como los restos son, o de un
grupo nómada o de uno sedentario, pero
no son de un grupo sedentario, entonces
son de un grupo nómada, por lo cual SÍ
es posible determinar si el grupo era
nómada o sedentario.
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque si bien la
argumentación de P SÍ es incorrecta, para
la argumentación de Q se debe
considerar que, si no se encontraron
estructuras de resguardo, se puede
concluir correctamente que el grupo no es
sedentario; como los restos son o de un
grupo nómada o de uno sedentario, pero
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
no son de un grupo sedentario, entonces
son de un grupo nómada, por lo cual SÍ
es posible determinar si el grupo era
nómada o sedentario.
La opción D es la respuesta correcta
porque de los resultados de la
investigación se puede concluir que el
grupo era nómada; sin embargo, el
argumento de P es incorrecto porque esto
se puede sustentar por el hecho de no
haber encontrado estructuras de
resguardo, más no por haber encontrado
herramientas de caza de tamaño
pequeño y poco peso, lo cual es una
condición necesaria pero no suficiente
para caracterizar a un grupo como
nómada, pues no se garantiza que las
herramientas pequeñas y de poco peso
sean de uso exclusivo de este grupo.
Pregunta No. 24
✓Pregunta 24 En esta pregunta solicito que
se tenga como válida mi conclusión de La opción A no resuelve de manera
marcar como correcta la respuesta “D”, adecuada el enunciado y por ende es una
como quiera que las posibilidades para ser respuesta incorrecta porque existe al
falsa o verdaderas eran mitad y mitad al menos un paciente para el cual el
existir según el enunciado un paciente que tratamiento con el medicamento fue
sí se curó de la enfermedad M y uno que efectivo. La afirmación es falsa porque no
no se curó. describe de manera correcta el estado del
paciente 76.
La opción B es la respuesta correcta
porque de acuerdo con la información en
el contexto, existe al menos un paciente
para el cual el tratamiento no fue efectivo;
sin embargo, no se puede asegurar que
otros pacientes hayan tenido el mismo
problema, dado que solo se mostraron
algunos resultados.
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque existe al
menos un paciente para el cual el
tratamiento no fue efectivo. La afirmación
es falsa porque no describe de manera
correcta el estado del paciente 76.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque de acuerdo
con la información en el contexto, existe
al menos un paciente para el cual el
tratamiento fue efectivo; sin embargo, no
se puede asegurar que otros pacientes
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
hayan tenido la misma efectividad, dado
que solo se mostraron algunos
resultados.
✓Pregunta 25 Pregunta No. 25
Esta pregunta puntualiza en elegir el La opción A no resuelve de manera
motivo por el cual no le dieron las garantías adecuada el enunciado y por ende es una
de seguridad a la familia, por tanto la respuesta incorrecta porque si no se le
conclusión se basa en que el criminal no dieron garantías de seguridad a su
aportó la información clave, pero se pudo familia, entonces se puede concluir que el
entregar sin comprometerse. El calificador líder de la banda no se entregó. Sin
Unal entrega la C como clave de respuesta embargo, dado que, o si le brindan
pero lo cierto es que el enunciado no es inmunidad o si le dan garantías de
claro y los ítems de respuesta no generan seguridad a su familia, el líder brindará
certeza. información clave a las autoridades, pero
no se dieron garantías de seguridad a su
En el enunciado se presentan dos familia, puede suceder que sí se le brinde
condiciones: o no inmunidad (dado que no se
especifica esta información en el
-el líder brindará información clave si le dan contexto). Por tanto, si se le brinda
inmunidad o le dan garantías de seguridad inmunidad, entonces el líder brinda
a la familia información clave, pero si no se le brinda
inmunidad y además no hay garantía a la
-si se entrega, las autoridades le darán seguridad de su familia, no hay certeza de
garantías para su familia. si el líder brinda o no la información.
El noticiero informa que no le dieron La opción B no resuelve de manera
garantías a su familia. En las conclusiones adecuada el enunciado y por ende es una
a las que puede llegarse se encuentra una respuesta incorrecta porque si no se le
ambigüedad en el enunciado incumpliendo dieron garantías de seguridad a su
la regla de No repetir en las opciones familia, entonces se puede concluir que el
frases o palabras significativas contenidas líder de la banda no se entregó, dado que
en el enunciado. Por esa razón genera en el enunciado se menciona que “si el
mucha confusión al momento de resolver. líder de la banda criminal se entrega a las
Solicito que se excluya la pregunta autoridades, le darán garantías de
seguridad a su familia”. Adicionalmente,
si no se le dieron garantías de seguridad
a su familia, todavía es posible que se le
haya brindado inmunidad, por tanto no
hay certeza de si el líder brinda o no la
información.
La opción C es la respuesta correcta
porque si no se le dieron garantías de
seguridad a su familia, entonces se puede
concluir que el líder de la banda no se
entregó. Además, de la información en el
enunciado se tiene que, si le brindan
inmunidad o se le dan garantías de
seguridad a su familia, el líder de la banda
criminal brinda información clave a las
autoridades. Pero como no se dieron
garantías de seguridad a su familia,
puede suceder que SÍ se le haya brindado
o no inmunidad. Si se le brinda
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inmunidad, entonces el líder da
información clave; si no se le brinda
inmunidad, no hay certeza si el líder da o
no la información clave. Por tanto, el líder
pudo haber brindado información clave.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque a pesar de
que la segunda parte de la afirmación es
correcta, porque si no se le brindó
inmunidad al líder, y dado que no se le
dieron garantías de seguridad a su
familia, no hay certeza de si el líder da o
no la información clave, la primera parte
de la afirmación es falsa, porque si no se
le dieron garantías de seguridad a su
familia, entonces se puede concluir con
certeza que el líder de la banda no se
entregó, dado que en el enunciado se
menciona que “si el líder de la banda
criminal se entrega a las autoridades, le
darán garantías de seguridad a su
familia”.
Pregunta No. 30 La opción A no resuelve
✓Pregunta 30 de manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque
En esta pregunta presenta dos opciones las personas con 18 o más años pueden
válidas la B que es la clave de respuesta y estar en espacios públicos entre las 10 de
también es viable la “C”, solicito que se la noche y las 5 de la mañana del día
tenga como válida mi conclusión, como siguiente. De las dos restricciones dadas
quiera que las posibilidades para ser falsa en el contexto, la única que aplicaría para
o verdaderas eran mitad y mitad, y al tener las personas menores de 22 años es la de
dupla de respuesta solicito que se tenga compra de bebidas alcohólicas. La opción
como válida mi respuesta o se excluya la B es la respuesta correcta porque existe
misma. en el país al menos una persona que tiene
20 años (el ciudadano que manifiesta su
inconformismo), es decir, menor de 22 y
mayor de 18, a la que solo le aplica una
de las restricciones (compra de bebidas
alcohólicas), y por tanto, la afirmación:
“las personas del país ya no podrán
comprar bebidas alcohólicas NI salir entre
las 10 de la noche y las 5 de la mañana
del día siguiente” no aplicaría para esta
persona, porque esta persona SÍ podría
salir entre las 10 de la noche y las 5 de la
mañana. La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque
las personas con 18 o más años pueden
estar en espacios públicos entre las 10 de
la noche y las 5 de la mañana del día
siguiente y, por tanto, de las dos
restricciones dadas en el contexto, la
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única que le aplicaría a una persona de
20 años es la de compra de bebidas
alcohólicas. Como, al menos existe una
persona en el país con 20 años, las dos
restricciones no aplican simultáneamente
para ella. La opción D no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque
las personas menores de 18 años
también son menores de 22 años y, por
tanto, las dos restricciones aplicarían
para ellos, de donde la afirmación: “las
personas del país ya no podrán comprar
bebidas alcohólicas NI salir entre las 10
de la noche y las 5 de la mañana del día
siguiente” sería verdadera para estas
personas.
Pregunta No. 53
✓Pregunta 53. Solicito que se tenga como
válida mi respuesta de Principios que es la Esta pregunta es pertinente porque para
C, pues la forma en la que se redactó la cualquier operador jurídico y, en especial,
pregunta admite dos respuestas o claves para los jueces y magistrados, es
válidas. En efecto, se indagaba sobre las fundamental conocer los diferentes tipos
normas que condicionan las demás de normas que integran un sistema
normas, tienen un contenido abstracto y jurídico con el objeto de poder
abierto, y están formuladas como cláusulas interpretarlas y aplicarlas.
generales que determinan criterios
interpretativos del resto del ordenamiento, La opción A no resuelve de manera
se denomina A) directrices. B. reglas. C. adecuada el enunciado y por ende es una
principios. D. valores. En efecto, la clave respuesta incorrecta porque las
que se sume como válida por la directrices ordenan o permiten que se
Universidad es la D) “valores”, pero alcance un estado de cosas o fin general
también es válida la clave C) “principios”, en la mayor medida de lo posible.
habida cuenta, que para la doctrina y el
Tribunal Constitucional propio el principio yLa opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
el valor, son criterios de interpretación de la
ley. Lo que puede llegar a diferenciarlas en respuesta incorrecta porque las reglas
algún punto es su grado de concreción y de son normas que tienen un supuesto de
esto no se dijo nada en el enunciado. hecho formulado de forma cerrada y
ordenan una consecuencia jurídica
Ciertamente, en la Sentencia C-1287/01 definitiva, es decir, cuando se cumplen
con ponencia del magistrado MARCO determinadas condiciones, ordenan,
GERARDO MONROY CABRA, la Corte prohíben o permiten algo definitivamente.
Constitucional señala con suprema
claridad, con sustento en la doctrina La opción C no resuelve de manera
especializada sobre la materia, que i) tanto adecuada el enunciado y por ende es una
los valores como los principios condicionan respuesta incorrecta porque los principios
las demás normas y ii) que la distinción también son normas que condicionan las
entre valores principios, es de grado de demás normas, pero con mayor grado de
abstracción y de apertura normativa, en el concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad
sentido que las normas que reconocen concreta, alcanzando por sí mismos
valores serían normas más abstractas y proyección normativa.
abiertas que las que consagran principios
pero además . En efecto, la naturaleza de La opción D es la respuesta correcta
ser los valores y los principios normas porque tanto la doctrina como la
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
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condicionantes y con un contenido jurisprudencia constitucional han definido
abstracto y abierto se expuso claramente los valores de la forma expuesta en el
en la sentencia: “En lo que concierne a la enunciado.
noción de valores constitucionales, es
posible apreciar un acuerdo en cuanto al
contenido esencial de dicha noción en los
autores que abordan el tema. En primer
lugar la doctrina coincide en considerar que
las normas que reconocen valores son de
naturaleza abstracta e inconcreta; para
algunos son normas que orientan la
producción e interpretación de las demás
normas, y que en tal condición fijan criterios
de contenido para otras normas; para
otros, las normas que reconocen valores al
igual que las que consagran principios,
determinan el contenido de otras normas, y
aquéllas sólo se diferencian de éstas por su
menor eficacia directa, aplicándose
estrictamente en el momento de la
interpretación. Lo cierto es que en todas las
anteriores formulaciones subyace la idea
de que las normas que reconocen valores
condicionan las demás normas, y tienen un
contenido abstracto y abierto, es decir,
están formuladas como cláusulas
generales que determinan criterios
interpretativos del resto del ordenamiento.1
1.1.Frente a las disposiciones que
reconocen valores, las que consagran los
principios también serían normas que
condicionan las demás normas, pero con
mayor grado de concreción y por lo tanto
de eficacia, alcanzando por sí mismos
proyección normativa. Así, finalmente la
distinción entre principios y valores, sería
una diferencia de grado de abstracción y de
apertura normativa. Las normas que
reconocen valores serían normas más
abstractas y abiertas que las que
consagran principios. Éstas, por ser más
precisas, tendrían proyección normativa,
es decir aplicabilidad concreta o eficacia.2”
Por lo anterior, es claro que tanto los
valores como los principios cumplen los
supuestos del cuestionamiento, vale decir,
i) son normas que condicionan las demás
normas, ii) tienen un contenido abstracto y
abierto, y están formuladas como cláusulas
generales que determinan criterios
interpretativos del resto del ordenamiento,
por lo que las claves de respuesta D
(universidad) y C (suscrita) serían
correctas.
✓Pregunta 62. Pregunta No. 62
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
“[…]De todo lo anterior, se extrae que para Esta pregunta es pertinente porque
la Corte se trata de un deber, de una carga revisar los ajustes de forma propuestos
sin que al analizar la constitucionalidad del se propone elaborar una pregunta que
artículo 177 del Código de Procedimiento interrogue sobre la naturaleza del
Civil, que contiene un texto similar al actual significado de la carga de la prueba de
167 del CGP, exprese, la alta corporación, acuerdo con el CGP, de manera que las
ni indirectamente que el fundamento de la opciones de respuesta sean más
Carga de la prueba, lo sea, como lo señala precisas, al tiempo que se puedan
la universidad la clave de respuesta C concretar y clarificar las justificaciones de
“colaboración con la justicia civil, la las opciones de respuesta. Conviene
búsqueda de verdad y de un orden justo”. señalar que, mientras que en el
Lo anterior es crucial, como quiera que el enunciado se toma como referente el
supuesto de la pregunta, no señala que CGP, en las justificaciones de las
según la doctrina o la jurisprudencia cual es opciones de respuesta se cita la
el fundamento de la carga de la prueba sino sentencia C- 086 de 2016 de la Corte
que vincula directamente la hipótesis al Constitucional y la Doctrina.
Código General del Proceso. Nótese,
nuevamente, como la pregunta ata o la La opción A no resuelve de manera
vincula al CGP. “según el Código General adecuada el enunciado y por ende es una
del Proceso la carga de la prueba es una respuesta incorrecta porque la naturaleza
exigencia general de comportamiento de de la carga de la prueba es más bien la
las partes en el proceso. Tiene como de una carga procesal que para las partes
fundamento”: Por todo lo anterior, solicito en el proceso “comportan o demandan
que se acepte como correcta la respuesta una conducta de realización facultativa,
B, al ajustarse a los presupuestos del normalmente establecida en interés del
Código General del Proceso […]”. propio sujeto y cuya omisión trae
aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho
sustancial debatido en el proceso”.
(Sentencia C-086-16). En cambio, la
obligación procesal, es una prestación de
contenido patrimonial que se impone a las
partes en virtud del proceso y “obedece[n]
al concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16).
La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la carga de la
prueba simplemente demanda de las
partes en el proceso “una conducta de
realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y
cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la
preclusión de una oportunidad o un
derecho procesal e inclusive hasta la
pérdida del derecho sustancial debatido
en el proceso”. (Sentencia C-086-16). Por
el contrario, los deberes procesales “[s]e
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
caracterizan porque emanan,
precisamente, de las normas procesales,
que son de derecho público, y, por lo
tanto, de imperativo cumplimiento en
términos del artículo 6° del Código
(artículo 6° del CGP)”. (Sentencia C-086-
16). En síntesis, los deberes procesales
son imperativos legales que impone la ley
y tienen como fin la adecuada realización
del proceso; por consiguiente, la
conducta “es exigible cuando no puede
ejecutarse el acto debido por intermedio
del juez o de otra persona”. (DEVIS
ECHANDIA, Hernando. Teoría general de
la prueba judicial. Bogotá: Temis. 2006, p.
397.
La opción C es la respuesta correcta
porque se consagra legislativamente la
carga de la prueba en el CGP tomando en
consideración que “[e]n efecto, responde
a fines constitucionalmente legítimos:
ejercer los derechos con responsabilidad
y colaborar con el buen funcionamiento
de la administración de justicia, contribuir
al esclarecimiento de la verdad en el
marco de un proceso judicial, asegurar la
prevalencia del derecho sustancial y velar
por la vigencia de un orden justo”.
“Es también una carga adecuada para
lograr esos mismos cometidos, si se tiene
en cuenta que quien invoca un hecho lo
hace –lo debe hacer- sobre la base de un
conocimiento previo del mismo y por lo
general dispone de algunos elementos
mínimos para dar crédito a sus
afirmaciones, en especial cuando
pretende obtener algún beneficio de ellos;
igualmente, contribuye eficazmente con
el juez en su tarea de dilucidar la verdad,
garantizar la primacía del derecho
sustancial y resolver los litigios dentro de
un término razonable (celeridad)”.
(Sentencia C-086-16).
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la noción de
carga de la prueba debe entenderse en
su naturaleza como una carga procesal
que se destaca “porque el sujeto a quien
se la[s] impone la ley conserva la facultad
de cumplirla[s] o no, sin que el Juez o
persona alguna pueda compelerlo
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
coercitivamente a ello, todo lo contrario
de lo que sucede con las obligaciones; de
no, tal omisión le puede acarrear
consecuencias desfavorables. Así, por
ejemplo, probar los supuestos de hecho
para no recibir una sentencia adversa”.
(Sentencia C-086-16). Como
consecuencia esta opción al involucrar
los términos “imperativo” y “obligación”
excluye cualquier posibilidad de tenerla
por correcta, porque ellos no son
compatibles jurídicamente. En efecto,
como conclusión se señala que las
obligaciones procesales “obedecen al
concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16).
“[..] ✓ Pregunta 63 Pregunta No. 63
Se indagaba que en un proceso, una de las Esta pregunta es pertinente porque el
partes solicitaba tuviese como confesión lo medio de prueba de confesión, se puede
dicho en la contestación de la demanda, en obtener de diversas formas en la
el entendido de que se cumplen a demanda, la contestación y otros actos
cabalidad los requisitos. En esa situación, procesales, así que es fundamental para
el juez debía desestimar la declaración el administrador de justicia tener la
como prueba de confesión. En este la clave suficiente claridad para determinar
de respuesta más acertada no es la C cuándo se está frente a la confesión. La
otorgada por la universidad sino la B) valoración probatoria de los diferentes
escogida por la suscrita, esto es, que medios de prueba practicados en el curso
“recaiga sobre hechos respecto de los de un proceso judicial es muy compleja,
cuales exija otro medio de prueba”. especialmente con aquellos medios
indirectos como la confesión, por lo cual
Lo anterior, se sustenta en el artículo 191 es necesario tener claridad para aplicarlo.
del Código General del Proceso que señala
como requisitos de la confesión, las La opción A no resuelve de manera
siguientes hipótesis: entre otras: “2. Que adecuada el enunciado y por ende es una
verse sobre hechos que produzcan respuesta incorrecta porque este es uno
consecuencias jurídicas adversas al de los requisitos de la CONFESIÓN
confesante o que favorezcan a la parte establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 1
contraria. 3. Que recaiga sobre hechos
respecto de los cuales la ley no exija otro La opción B no resuelve de manera
medio de prueba. 5. Que verse sobre adecuada el enunciado y por ende es una
hechos personales del confesante o de los respuesta incorrecta porque este es uno
que tenga o deba tener conocimiento.” de los requisitos de la CONFESIÓN
Luego, como quiera que el supuesto de la establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 3.
pregunta partía que el funcionario judicial
debía desestimar la declaración o La opción C es la respuesta correcta
aseveración de la contraparte en la porque esta opción es diametralmente
contestación de la demanda, como prueba opuesta a la consagrada en el Art. 191
de confesión, es factible la clave de Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la
respuesta c) de la universidad “Verse sobre confesión debe reportarle consecuencias
hechos que produzcan consecuencias adversas al confesante y no favorables,
jurídicas favorables al confesante o tal como está en la opción.
adversos a la parte contraria” como quiera
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
que numeral 2 transcrito señala todo lo La opción D no resuelve de manera
contrario, esto es, “Que verse sobre adecuada el enunciado y por ende es una
hechos que produzcan consecuencias respuesta incorrecta porque esa opción
jurídicas adversas al confesante o que encierra los requisitos de la CONFESIÓN
favorezcan a la parte contraria”. No establecido en el C.G.P., Art 191 Núm. 5,
obstante, también es factible la respuesta y por lo tanto debe estimarse como tal.
B) “Recaiga sobre hechos respecto de los
cuales, algún cuerpo legal exija otro medio
de prueba “como quiera que el numeral 3
transcrito señala como requisito de la
confesión “Que recaiga sobre hechos
respecto de los cuales la ley no exija otro
medio de prueba”, vale decir, mientras el
supuesto señala que la confesión debe
recaer sobre hechos respecto de los cuales
la ley exija otro medio de prueba, la
hipótesis normativa, dice lo contrario, esto
es, que la confesión debe recaer sobre
hechos respecto de los cuales la ley no
exija otro medio de prueba”. Lo anterior,
porque exigir y no exigir, no pueden dar a
entender, desde lo racional, lo mismo. Por
ejemplo, en la hipótesis del supuesto de la
respuesta C) (clave de la universidad) la
confesión debe recaer sobre un hecho
respecto del cual la ley exija otro medio de
prueba, como el testimonio o la
documental, mientras que en el supuesto
normativo, que concuerda con la clave de
respuesta B (opción escogida por la
suscrita), la confesión debe recaer sobre
un hecho respecto de los cuales la ley no
exija otro medio de prueba, es decir, que la
ley respectiva, guarda total silencio sobre
la forma de probar determinado hecho.
“[…] ✓ Pregunta 65 Se señala que el CGP “[…] Pregunta No. 65
establece la regla general de presunción
de autenticidad de los documentos, sin Esta pregunta es pertinente porque el
embargo, se dice, se allega por una de las artículo 244.2 del CGP presume la
partes un contrato escrito, manuscrito y autenticidad de todos los documentos
firmado por dos terceros, sobre el cual, aportados al proceso judicial, sin
quien lo aporta, afirma que proviene de su distinguir que el autor sea una autoridad
contraparte. Y esta última expresamente lo pública o particular, parte o tercero, o que
desconoce. Como consecuencia, el juez se aporten en original o en copia, o que
debe decidir sobre la procedencia y hayan sido firmados, manuscritos o
eficacia de este desconocimiento. La elaborados, o que lleven la voz o imagen
estructura final de la pregunta es clara al de una persona.
señalar que el juez debe decidir sobre la
procedencia y eficacia del Sin embargo, en virtud del principio de
desconocimiento del contrato aportado por contradicción articulado a este medio de
la contraparte, por ello, las tres respuestas, prueba, en particular respecto de los
se dirigen a dar opciones frente a ese instrumentos dispositivos y
enunciado, más no la clave de respuesta representativos, le asiste el derecho a la
D) escogida por la universidad, que devela parte contraria de aquella que los aporta
de su contenido, no la procedencia o al proceso, el desconocer su autenticidad,
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viabilidad de algo, en este caso del evento bajo el cual deberá adelantarse el
desconocimiento del documento, sino que trámite señalado por el inciso 3° del
expresa una consecuencia con la artículo 272 del CGP, el que a su vez
expresión “conlleva”, por lo cual, no es consagra el trámite previsto para la tacha
coherente esa estructura final, vale repetir, de documentos.
respecto a la “procedencia y eficacia del
desconocimiento” De acuerdo con las normas citadas, es
indispensable conocer cómo opera la
Así las cosas, al estar mal formulada la forma de controvertir los documentos en
respuesta D) como clave escogida, esto el CGP, en particular respecto de los
es, al no ser coherentes con a la estructura instrumentos dispositivos y
de la pregunta, debe anularse la misma o representativos.
en su defecto aceptarse la clave de
respuesta C) escogida por la suscrita, La opción A no resuelve de manera
como quiera, que no debo soportar el error adecuada el enunciado y por ende es una
cometido por la Universidad; pero, respuesta incorrecta porque tanto los
además, en ese momento y ahora con más instrumentos de carácter dispositivo
detenimiento, debo señalar, nunca hubiese como representativo se pueden
contestado la clave D) por su incoherencia desconocer. En efecto, se sostiene al
con la estructura final de la pregunta […]”. respecto que “[e]n el ámbito del Código
General del Proceso, la valoración de los
«documentos declarativos», en original o
en copia, sigue la misma regla antes
explicada (artículo 262). no obstante, la
situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020).
La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque tanto los
instrumentos de carácter dispositivo
como representativo se pueden
desconocer. En efecto, se sostiene al
respecto que “[e]n el ámbito del Código
General del Proceso, la valoración de los
«documentos declarativos», en original o
en copia, sigue la misma regla antes
explicada (artículo 262). no obstante, la
situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
32
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020).
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque “...la
situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020).
La opción D es la respuesta correcta
porque “...la situación es distinta cuando
se trata de instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020) […]”.
“[…] ✓ Pregunta 82. “[…] Pregunta No. 82
Se interroga por el caso de un psicólogo a Esta pregunta es pertinente porque es
quien solicitan información desde una importante que los aspirantes a jueces y
entidad pública en relación con uno de sus magistrados estén familiarizados con las
clientes. Conforme la solicitud,se utilizará implicaciones del mandato constitucional
de manera anónima para ilustrar casos de que establece en su artículo 74 que “el
acoso laboral. El psicólogo niega la secreto profesional es inviolable”; durante
información y aduce protección del secreto el ejercicio profesional de los aspirantes
profesional. se interroga si desde una como jueces de tutela (jueces
perspectiva constitucional, se estructura constitucionales), deberán tener este
principalmente por A) carácter del insumo claro.
solicitante. B) carácter de la información.
C) la relación personal. D) la utilización del La opción A no resuelve de manera
material. La clave C) la “relación personal” adecuada el enunciado y por ende es una
otorgada por la universidad, no es posible, respuesta incorrecta porque en general,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
racionalmente, que sea una clave válida, el carácter del solicitante no es relevante,
habida cuenta, que la relación que existe y por ello es oponible a terceros (“De lo
entre el psicólogo y sus clientes no es dicho se concluye que el secreto
personal sino profesional; es más, la profesional ha sido consagrado en guarda
estructura de la pregunta o uno de sus de la relación del profesional con la
supuestos, es precisamente “El psicólogo persona que solicita y obtiene sus
se niega, aduciendo la protección del servicios, quien necesariamente debe
secreto profesional”, no el secreto que hacerle conocer datos y elementos que
surge de una relación personal. Luego, de otra manera no le serían confiados por
como ésta posibilidad, vale decir, por la ella. Esa protección tiene efectos hacia el
relación profesional no está como exterior de quienes han trabado la
posibilidad directa, en la mente de la relación profesional, es decir, se trata de
suscrita ni de cualquier participante, esa algo oponible a terceros” Sentencia C301
pregunta, no podía ser la clave válida. En de 2012 Corte Constitucional). La Ley
este sentido, luego de descartar esa 1090 de 2010, que regula la profesión de
pregunta por razones de racionalidad sin Psicología, sólo contempla dos eventos
duda la respuesta o clave de respuesta en que el psicólogo puede revelar la
válida es la B) por el carácter de la información confiada: por autorización del
información, la cual es más coherente con paciente o cuando con la no revelación se
el supuesto de la pregunta, y fue mi cause un daño evidente al paciente o a un
escogida […]”. tercero (artículo 2, numeral 3). Dado que
el material va a ser usado en la
elaboración de una cartilla de índole
genérica, el daño eventual ocasionado
por la no revelación hacia un tercero no
sería evidente.
La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque Para que se
active el secreto profesional que se
establece entre el psicólogo y su cliente
no es relevante la información que se
pretende obligar a divulgar, sino la
defensa de la relación personalísima que
se establece entre el profesional y su
cliente. El profesional está obligado, por
ende, a proteger toda la información que
le sea confiada, sin que le sea dable
establecer diferenciaciones “El secreto
profesional nace de una relación de
confianza que surge entre el profesional y
su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación: En el secreto
profesional descansa parte muy
importante de la confianza que debe
surgir y permanecer entre el profesional y
su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación. Mal se podría
asegurar el éxito de la gestión confiada a
aquél si los temores de quien requiere sus
servicios le impiden conocer en su
integridad los pormenores de la situación
en que se ocupa… El secreto profesional
tiene como fundamentos esenciales la
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
tutela de la privacidad natural de la
persona y la protección de la honra, el
buen nombre y la buena fama del
depositante del secreto: Se reserva para
la privacidad o exclusividad, con un doble
fin: primero, para no dejar indefensa a la
persona, al despojarla de la introspección
necesaria para vivir dignamente, con su
privacidad natural. Y segundo, por la
honra, buen nombre y buena fama del
depositante del secreto, que deben
quedar incólumes. Se habla de reserva, lo
cual indica que el conocimiento se guarda
para algo específico, que debe ser
utilizado en la confidencialidad y
exclusividad propias del oficio. Se viola el
secreto cuando se divulga (…).”
Sentencia C301 de 2012 Corte
Constitucional).
La opción C es la respuesta correcta
porque es el carácter personalísimo de la
relación lo que determina la aplicación del
secreto profesional. “La Corte
Constitucional ha definido el secreto
profesional como la información
reservada o confidencial que se conoce
por ejercicio de determinada profesión o
actividad. En este sentido, el secreto
profesional es un derecho – deber del
profesional, pues de verse compelido a
revelar lo que conoce perderá la
confianza de sus clientes, su prestigio y
su fuente de sustento. El secreto
profesional nace de una relación de
confianza que surge entre el profesional y
su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación…” Sentencia C301
de 2012 Corte Constitucional.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque Como puede
colegirse de las anteriores explicaciones,
la utilización eventual del material que
puede obtenerse con la divulgación del
secreto profesional no es lo que protege
la disposición constitucional […]”.
“[…] ✓ Pregunta 88 En este caso al “[…] Pregunta No. 88 Esta pregunta es
enunciado le faltaron signos de puntuación pertinente porque los Jueces en el área
(una coma) que hace que el sentido sea de familia deben tener la capacidad de
otro totalmente diferente y por esa razón la analizar los elementos constitutivos del
pregunta está mal formulada. Solicito que régimen del divorcio del matrimonio
se excluya la pregunta […]”. contenidos en el artículo 154 del Código
Civil.
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque los
hechos constitutivos del régimen
sancionatorio previsto en el artículo 154
del C.C. se deben configurar durante la
vigencia del matrimonio. No es correcto
afirmar que se acredita la causal de
divorcio referida a relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los
cónyuges, por cuanto el cónyuge
demandado hizo el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial que fue concebido
con antelación al matrimonio. Por cuanto
el reconocimiento es un acto simplemente
declarativo de unas relaciones
prematrimoniales y no consumativo de las
mismas.
La opción B es la respuesta correcta
porque la causal primera del artículo 154
del C.C. se deriva del incumplimiento del
deber de fidelidad durante la existencia
del vínculo matrimonial; en el caso
previsto, es evidente que las relaciones
sexuales del cónyuge demandado, si bien
aparentemente fueron las
extramatrimoniales, en el fondo
resultaron ser las prematrimoniales, pues
para concebir al hijo se surtieron con
antelación a la existencia del vínculo
matrimonial, con lo anterior, no se
encuentra acreditada la causal de
divorcio referida a relaciones sexuales
extramatrimoniales de uno de los
cónyuges, las cuales anteceden a la
existencia del matrimonio, el
reconocimiento del hijo extramatrimonial
no tiene el mérito para atribuirle las
consecuencias sancionatorias previstas
en la causal primera del artículo 154 del
C.C.
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque los
hechos constitutivos del régimen
sancionatorio previsto en la causal
segunda del artículo 154 del C.C y
referidos al grave e injustificado
incumplimiento por parte de alguno de los
cónyuges de los deberes que la ley les
impone como tales y como padres se
deben predicar de los hijos habidos en
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
común por la pareja matrimonial; sin
embargo, por reprochable que resulte la
conducta del cónyuge demandado de
abstenerse de brindar soporte de un hijo,
en el caso que se somete a consideración
es claro que se trata de uno
extramatrimonial del cónyuge
demandado y no el incumplimiento de un
deber dentro del matrimonio.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque los
hechos constitutivos del régimen
sancionatorio previsto en la causal
segunda del artículo 154 del C.C y
referidos al grave e injustificado
incumplimiento por parte de alguno de los
cónyuges de los deberes que la ley les
impone como tales y como padres se
deben predicar de los hijos habidos en
común por la pareja matrimonial; por otra
parte, las razones que justifican la
desestimación de la configuración de la
causal se excluyen por cuanto para nada
incide la conducta desplegada por el
cónyuge demandado de reconocer al hijo
si se realizó de manera voluntaria o
provocada a través de una decisión
judicial.
“[…] ✓ Pregunta 89 “[…] Pregunta No. 89 Esta pregunta es
pertinente porque es necesario que
Aquí en esta pregunta solicito que se tenga conocer los conceptos y alcances de la
como válida la B por cuanto se requiere un Ley 1996 de 2019, la jurisprudencia, en
ajuste razonable ante la afectación visual especial de la Corte Suprema de Justicia
aguda. La Convención Sobre los Derechos relacionada, en cuanto a las
de las Personas con Discapacidad, en su salvaguardias, los ajustes razonables, los
Artículo 2 señala: Por “ajustes razonables” apoyos informales y los apoyos formales,
se entenderán las modificaciones y de manera que sean precisos en su
adaptaciones necesarias y adecuadas que decisión interpretando y aplicando la ley
no impongan una carga desproporcionada de acuerdo a la Convención de los
o indebida, cuando se requieran en un caso Derechos de las Personas con
particular, para garantizar a las personas Discapacidad. No cabe interpretación
con discapacidad el goce o ejercicio, en distinta de los apoyos formales
igualdad de condiciones con las demás, de establecidos en la ley, de los ajustes
todos los derechos humanos y libertades razonables, de las salvaguardias, todas
fundamentales” (…) […]”. figuras nuevas establecidas a nivel
internacional.
La opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
artículo 5º de la ley 1996 de 2019 dispone
que “(l)as salvaguardias son todas
aquellas medidas adecuadas y efectivas
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
relativas al ejercicio de la capacidad legal,
usadas para impedir abusos y garantizar
la primacía de la voluntad y preferencias
de la persona titular del acto jurídico, de
conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos”. De la
definición transcrita se sigue, con
facilidad, que las salvaguardias son las
medidas que se adoptan, en este caso
por el funcionario judicial, con miras a
evitar abusos en el ejercicio del apoyo y
garantizar la primacía de la voluntad y
preferencias de la persona titular del acto
jurídico. Por consiguiente, es contrario a
la razón sostener que en el caso concreto
se impone la prosperidad de la pretensión
de la demanda, con el argumento de que
se hace absolutamente necesaria una
salvaguardia. Expresado, en otros
términos, suponiendo que procediera la
prosperidad de la pretensión en el caso
propuesto, que no procede, su
justificación no podría hallar sustento en
la necesidad de decretar una
salvaguardia. Sobre las anteriores bases,
es claro que la respuesta A es incorrecta,
primero, porque no procede la
prosperidad de su pretensión y, segundo,
porque, incluso si procediera, sería del
todo equivocado aducir como sustento la
necesidad de decretar una salvaguardia.
La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
artículo 3º de la Ley 1996 de 2019 define
los apoyos en general como los “tipos de
asistencia que se prestan a la persona
con discapacidad para facilitar el ejercicio
de su capacidad legal. Esto puede incluir
la asistencia en la comunicación, la
asistencia para la comprensión de actos
jurídicos y sus consecuencias, y la
asistencia en la manifestación de la
voluntad y preferencias personales”. Y los
apoyos formales, en particular, son
definidos por el mismo artículo como
“aquellos apoyos reconocidos por la
presente ley, que han sido formalizados
por alguno de los procedimientos
contemplados en la legislación nacional,
por medio de los cuales se facilita y
garantiza el proceso de toma de
decisiones o el reconocimiento de una
voluntad expresada de manera
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
anticipada, por parte del titular del acto
jurídico determinado”. Por su parte, el
mismo artículo 3° define los ajustes
razonables como “aquellas
modificaciones y adaptaciones que no
impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas
con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones que las demás,
de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales”. Prima facie se
podría considerar que la respuesta B es
correcta, toda vez que la pretensión está
llamada a ser rechazada. Sin embargo, la
justificación en que se fundamenta es
absolutamente incorrecta. El apoyo
formal es tal por el hecho de haber sido
formalizado mediante los cauces
previstos por la ley 1996 de 2019; vale
decir, las directivas anticipadas, los
acuerdos de apoyo y los procesos
judiciales de adjudicación de apoyos. Los
ajustes razonables, a su turno, son las
modificaciones que se requieran en un
caso particular, con el objeto de
garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio de todos
los derechos humanos. Pero en el caso
enunciado el rechazo de la pretensión no
halla su sustento en la imposibilidad de
decretar un apoyo, sino en la restricción
impuesta por la ley para que terceras
personas inicien procesos de
adjudicación de apoyos cuando los
titulares de los actos jurídicos
determinados sí puedan manifestar su
voluntad y preferencias. Con mayor razón
si el apoyo pretendido, en el caso
concreto, busca además la adjudicación
de la representación de una persona que
no está imposibilitada para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier
medio.
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque no es
cierto que el apoyo sea necesario para
que la cónyuge pueda manifestar su
voluntad y preferencias adecuadamente.
En efecto, del enunciado se colige que la
cónyuge únicamente presenta afectación
visual aguda, de manera que su voluntad
y preferencias pueden ser perfectamente
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
manifestadas, sin necesidad de un apoyo.
Tanto menos si se tiene en cuenta que se
solicitó el apoyo con representación.
Todo lo anterior se corrobora si se analiza
que, por un lado, el artículo 38 de la ley
1996 de 2019 exige, para los procesos de
adjudicación de apoyos iniciados por
terceras personas, que “la persona titular
del acto jurídico se encuentra
absolutamente imposibilitada para
manifestar su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de
comunicación posible”. Idéntica exigencia
se contempla en el artículo 48, ibídem,
para que proceda la adjudicación de
apoyos con representación. Analizado el
contenido del enunciado no se cumplen
las exigencias de las normas especiales
de la Ley 1996 de 2019. Por tanto, es del
todo improcedente la prosperidad de la
pretensión, así como la justificación
proporcionada, lo que conduce a que la
respuesta C sea incorrecta. La opción D
es la respuesta correcta porque el artículo
38 de la Ley 1996 de 2019 señala que
solo es posible interponer una demanda
para la adjudicación de apoyos en favor
de un tercero, cuando “1. (...) a) la
persona titular del acto jurídico se
encuentra absolutamente imposibilitada
para manifestar su voluntad y
preferencias por cualquier medio, modo y
formato de comunicación posible, y b)
que la persona con discapacidad se
encuentre imposibilitada de ejercer su
capacidad legal y esto conlleve a la
vulneración o amenaza de sus derechos
por parte de un tercero. 2. En la demanda
se podrá anexar la valoración de apoyos
realizada al titular del acto jurídico por
parte de una entidad pública o privada. 3.
En caso de que la persona no anexe una
valoración de apoyos o cuando el juez
considere que el informe de valoración de
apoyos aportado por el demandante es
insuficiente para establecer apoyos para
la realización del acto o actos jurídicos
para los que se inició el proceso, el Juez
podrá solicitar una nueva valoración de
apoyos u oficiar a los entes públicos
encargados de realizarlas, en
concordancia con el artículo 11 de la
presente ley. 4. El informe de valoración
de apoyos deberá consignar, como
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
mínimo: a) La verificación que permita
concluir que la persona titular del acto
jurídico se encuentra imposibilitada para
manifestar su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de
comunicación posible. b) Las sugerencias
frente a mecanismos que permitan
desarrollar las capacidades de la persona
en relación con la toma de decisiones
para alcanzar mayor autonomía en las
mismas. c) Las personas que pueden
actuar como apoyo en la toma de
decisiones de la persona frente al acto o
actos jurídicos concretos que son objeto
del proceso. d) Un informe general sobre
la mejor interpretación de la voluntad y
preferencias de la persona titular del acto
jurídico que deberá tener en
consideración, entre otros aspectos, el
proyecto de vida de la persona, sus
actitudes, argumentos, actuaciones
anteriores, opiniones, creencias y las
formas de comunicación verbales y no
verbales de la persona titular del acto
jurídico. 5. Antes de la audiencia inicial,
se ordenará notificar a las personas
identificadas en la demanda y en el
informe de valoración de apoyos como
personas de apoyo. 6. Recibido el informe
de valoración de apoyos, el Juez, dentro
de los cinco (5) días siguientes, correrá
traslado del mismo, por un término de
diez (10) días a las personas involucradas
en el proceso y al Ministerio Público. 7.
Una vez corrido el traslado, el Juez
decretará las pruebas que considere
necesarias y convocará a audiencia para
practicar las demás pruebas decretadas,
en concordancia con el artículo 34 de la
presente ley. 8. Vencido el término
probatorio, se dictará sentencia en la que
deberá constar: a) El acto o actos
jurídicos delimitados que requieren el
apoyo solicitado. En ningún caso el Juez
podrá pronunciarse sobre la necesidad de
apoyos para la realización de actos
jurídicos sobre los que no verse el
proceso. b) La individualización de la o las
personas designadas como apoyo. c) Las
salvaguardias destinadas a evitar y
asegurar que no existan los conflictos de
interés o influencia indebida del apoyo
sobre la persona. d) La delimitación de las
funciones y la naturaleza del rol de apoyo.
e) La duración de los apoyos a prestarse
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
de la o las personas que han sido
designadas como tal. f) Los programas de
acompañamiento a las familias cuando
sean pertinentes y las demás medidas
que se consideren necesarias para
asegurar la autonomía y respeto a la
voluntad y preferencias de la persona. 9.
Se reconocerá la función de apoyo de las
personas designadas para ello. Si la
persona designada como apoyo presenta
dentro de los siguientes cinco (5) días
excusa, se niega a aceptar sus
obligaciones o alega inhabilidad, se
tramitará incidente para decidir sobre el
mismo”. Pero, además el artículo 48
ibidem establece: “REPRESENTACIÓN
DE LA PERSONA TITULAR DEL ACTO.
La persona de apoyo representará a la
persona titular del acto sólo en aquellos
casos en donde exista un mandato
expreso de la persona titular para
efectuar uno o varios actos jurídicos en su
nombre y representación. En los casos en
que no haya este mandato expreso y se
hayan adjudicado apoyos por vía judicial,
la persona de apoyo deberá solicitar
autorización del juez para actuar en
representación de la persona titular del
acto, siempre que se cumpla con los
siguientes requisitos: 1. Que el titular del
acto se encuentre absolutamente
imposibilitado para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier
medio, modo y formato de comunicación
posible; y, 2. Que la persona de apoyo
demuestre que el acto jurídico a celebrar
refleja la mejor interpretación de la
voluntad y preferencias de la persona
titular del acto”. Como se deduce de la
norma transcrita, expresamente se
establece como condición para autorizar
un apoyo con representación, que el
titular de acto jurídico se encuentre
absolutamente imposibilitado para
manifestar su voluntad y preferencias por
cualquier medio, modo y formato de
comunicación posible y en el caso del
enunciado la discapacidad de la cónyuge
se circunscribe a una afectación visual
aguda únicamente, por lo que no es
posible sostener que se encuentre en
imposibilidad absoluta para manifestar su
voluntad y preferencias por cualquier
medio. Por ese motivo, resulta del todo
inadmisible que sea un tercero quien
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
inicie el proceso judicial de adjudicación
de apoyos en favor de la cónyuge y, más
aún que se solicite autorización al juez de
que sea con la representación de la titular
del acto jurídico. Así las cosas, se impone
el rechazo de lo pretendido y se confirma
que la opción D es la correcta […]”.
“[…] ✓ Pregunta 91 “[…] Pregunta No. 91
En esta pregunta sobre la unión marital de Esta pregunta es pertinente porque el
hecho con la hija extramatrimonial debe Juez debe conocer los efectos de la
tenerse en cuenta que aunque incesto filiación extramatrimonial en casos como
impide la configuración de la umh, lo cierto el específico, en el cual no es posible
es que sus efectos perduran como lo es los declarar la existencia de una unión marital
aljmentos del hijo lo cuales quedan […]”. de hecho y una sociedad patrimonial. En
este sentido, los funcionarios judiciales
deben conocer las principales sentencias
que complementan las normas. La opción
A no resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque “si entre la pareja
formada por vínculos naturales existe una
relación de parentesco que el
ordenamiento considere como
incestuosa, esta unión no genera efectos
patrimoniales entre los llamados
compañeros permanentes y, por
consiguiente, no surge entre ellos la unión
marital prevista en la Ley 54 de 1990, ni
menos aún una sociedad patrimonial, al
ser inconcebible que lo que el resto del
ordenamiento reprime con reciedumbre
fuera protegido por la mencionada ley, lo
que generaría incoherencia entre las
instituciones legales” -Sentencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Magistrado Ponente
Pedro Octavio Munar Cadena, de fecha
19 de diciembre de 2005, expediente de
Casación No. 7756- Aparte extraído del
artículo “Tipicidad del incesto en la unión
marital de hecho”. Alexander Casas
Villamizar. Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano. 2014. La
opción B es la respuesta correcta porque
la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil,
Magistrado Ponente Pedro Octavio
Munar Cadena, de fecha 19 de diciembre
de 2005, expediente de Casación No.
7756, en un caso similar, precisó que en
estos eventos no es posible declarar la
unión marital de hecho, ni la sociedad
patrimonial:
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
“De otro lado, se tiene que una
interpretación sistemática de la norma en
comento impone que ésta debe
armonizar con los demás preceptos que
en las distintas esferas del ordenamiento
jurídico se ocupan de los impedimentos
matrimoniales, como las disposiciones
que en materia civil los consagran con el
fin de proteger la familia, amén que debe
articularse con la tutela que a ésta brinda
el estatuto represor, conforme al cual
constituyen delito las relaciones sexuales
con un ascendiente, descendiente,
adoptante o adoptivo, o con un hermano
o hermana (artículo 357 de la Ley 95 de
1936, artículo 259 del Decreto 100 de
1980 y artículo 237 de la Ley 599 de
2000). (…) Y es que, como
acertadamente lo señala Miguel López
Muñiz Goñi, “la unión paramatrimonial,
que va a producir determinados efectos, y
que en el futuro puede alcanzar incluso el
carácter de un ‘matrimonio’ de hecho, no
puede reconocerse partiendo de la
ilegalidad o del fraude de ley, pues sería
muy fácil acudir al sistema de una
convivencia reiterada actuaciones que
son ilícitas” (“Las uniones
paramatrimoniales ante los procesos de
familia. Edit. Colex. Madrid. Pág. 29). (…)
Así las cosas, resulta palmario que de
entenderse que la unión de hecho
incestuosa genera sociedad patrimonial
entre la pareja, es tanto como aseverar
que, simultáneamente, una misma
conducta sea permitida por el
ordenamiento y a la vez reprimida por
éste, lo que es inadmisible en nuestro
sistema legal que reclama la coherencia
entre sus instituciones (penal y civil). (…)
La existencia de un vínculo de parentesco
en los grados previstos por el legislador
como causal de impedimento no
solamente obsta el nacimiento de una
sociedad patrimonial entre los amantes,
sino, lo que es más tajante, impide que
aflore entre ellos una unión marital que
merezca tutela legal. O, por decirlo con
mayor claridad, si entre la pareja existe
una relación de parentesco que el
ordenamiento considere como
incestuosa, no surge entre ellos una
unión marital de las previstas en la Ley 54
de 1990, ni, menos aún, una sociedad
patrimonial (…)”. La opción C no resuelve
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de manera adecuada el enunciado y, por
ende, es una respuesta incorrecta porque
la nulidad del matrimonio derivada del
parentesco en grado prohibido, es una
nulidad insubsanable, taxativamente
enumeradas en la ley 57 de 1887 o
artículo 140 del Código Civil, y entre los
efectos de la declaración de nulidad son
los siguientes: “(…) • Cesan las
obligaciones recíprocas de los esposos. •
En caso de existir mala fe por parte de
uno de los contrayentes este queda
obligado a resarcir los perjuicios
causados al cónyuge inocente. • Pueden
revocarse las donaciones por el cónyuge
que contrajo matrimonio de buena fe. • Se
disuelve la sociedad conyugal (salvo que
la nulidad se funde en la existencia de
otro vínculo anterior, caso en el cual no se
forma sociedad conyugal). • Los hijos
procreados en un matrimonio que se
declara nulo son legítimos.
• El ejercicio de la patria potestad de los
hijos nacidos en matrimonio nulo
corresponde a ambos padres, salvo que
el juez en la sentencia de nulidad
disponga otra cosa, lo cual es previsible.
• La declaración de nulidad del
matrimonio destruye el vínculo entre los
cónyuges y por consiguiente puede volver
a contraer matrimonio (…)” (Derecho de
Familia. Roberto Suárez Franco. Tomo I.
2005). En igual sentido el Código General
del Proceso en su artículo 389 indica el
contenido de la sentencia de nulidad o de
divorcio, sin embargo, a pesar de ello, no
es posible dar un tratamiento igual a la
unión marital de hecho ya que la
sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil,
Magistrado Ponente Pedro Octavio
Munar Cadena, de fecha 19 de diciembre
de 2005, expediente de Casación No.
7756 indica que esta igualdad constituiría
un yerro, por cuando de ninguna manera
es aceptable equiparar la nulidad
matrimonial derivada del parentesco en
grado prohibido con la unión marital de
hecho incestuosa, ya que eventualmente
si se permitiera esta, estaría en contravía
con la legislación penal. La opción D no
resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque aunque el artículo 2º de
la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02625-00
Actora: Diana Gicela Reyes Castro
979 de 2005 establece dos casos en que
se presume la sociedad patrimonial, con
o sin impedimento legal, la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Magistrado Ponente
Pedro Octavio Munar Cadena, de fecha
19 de diciembre de 2005, expediente de
Casación No. 7756, estableció que es
falso afirmar que el único caso en que no
nace la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, es cuando
cualquiera de ellos o ambos tienen
vigente una sociedad conyugal, ya que
amplía a relaciones incestuosas, casos
en los cuales no es posible declarar ni la
unión marital ni la sociedad patrimonial.
Artículo 2º de la Ley 54 de 1990,
modificado por la Ley 979 de 2005: “Se
presume sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y hay lugar a
declararla judicialmente en cualquiera de
los siguientes casos: a) Cuando exista
unión marital de hecho durante un lapso
no inferior a dos años, entre un hombre y
una mujer sin impedimento legal para
contraer matrimonio; b) Cuando exista
una unión marital de hecho por un lapso
no inferior a dos años e impedimento
legal para contraer matrimonio por parte
de uno o de ambos compañeros
permanentes, siempre y cuando la
sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas y
liquidadas por lo menos un año antes de
la fecha en que se inició la unión marital
de hecho (Apartes tachados declarados
inexequibles mediante sentencias de la
Corte Constitucional C-193 de 20 de abril
de 2016, Magistrado Ponente: Luis
Ernesto Vargas Silva y C-700 de 16 de
octubre de 2013, Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos)”. En conclusión, este
numeral b del artículo reseñado, debe
dársele una interpretación conjunta con el
pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia, así la opción es incorrecta […]”.
“[…] ✓ Pregunta 93 “[…] Pregunta No. 93 Esta pregunta es
pertinente porque es necesario que los
Solicito que se tenga como válida mi aspirantes estén en capacidad de
respuesta C, atendiendo a que las únicas analizar las situaciones que pueden surgir
excepciones que proceden en la alrededor de la institución de adopción,
liquidación de la sociedad conyugal al tenor en particular aquellas que versan sobre la
del artículo 523 del C.G.P., son las edad para ser adoptante y las
excepciones previas contempladas en los condiciones de convivencia exigidas por
numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 100. ley. La opción A no resuelve de manera
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
También podrá alegar como excepciones adecuada el enunciado y, por ende, es
la cosa juzgada, que el matrimonio o unión una respuesta incorrecta porque el
marital de hecho no estuvo sujeto al artículo 68 de la ley 1098 de 2006
régimen de comunidad de bienes o que la contempla que “Podrá adoptar quien,
sociedad conyugal o patrimonial ya fue siendo capaz, haya cumplido 25 años de
liquidada, las cuales se tramitarán como edad, tenga al menos 15 años más que el
previas. Podrá también objetar el inventario adoptable, y garantice idoneidad física,
de bienes y deudas en la forma prevista mental, moral y social suficiente para
para el proceso de sucesión. De manera suministrar una familia adecuada y
que no es correcto afirmar como lo señala estable al niño, niña o adolescente”. Sin
la respuesta clave de la universidad embargo, el mismo artículo dispone que
Nacional que sea correcto decir que debe “Esta norma no se aplicará en cuanto a la
rechazarse porque no se acompañó el edad en el caso de adopción por parte del
avalúo. Dicho enunciado no se acompasa cónyuge o compañero permanente
con la realidad procesal […]”. respecto del hijo de su cónyuge o
compañero permanente o de un pariente
dentro del tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad”.
Lo anterior indica que si bien la diferencia
de edad es un requisito que constituye
regla general, el mismo no aplica cuando
el adoptante sea el compañero del padre
del niño o niña, por lo que esta opción de
respuesta resulta incorrecta. La opción B
no resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque el artículo 68 de la ley
1098 de 2006 dispone que podrá adoptar
“El cónyuge o compañero permanente, al
hijo del cónyuge o compañero, que
demuestre una convivencia
ininterrumpida de por lo menos dos (2)
años”. Como se observa, no se hace la
misma exigencia que a los compañeros
que desean adoptar sin filiación previa
respecto de ninguno de los dos, según el
mismo artículo, a quienes se les exige
una convivencia de por lo menos dos
años luego de la sentencia de divorcio. En
este caso basta con una convivencia
inferior a esos dos años luego del divorcio
cuando uno de los compañeros es el
padre del niño o niña a adoptar, aserción
que es reiterada por la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia (SC 15029-
2014): “Observa la Corte que la censura
formulada por la revisionista no puede
abrirse paso por dos razones: primero,
porque la acusación se encuentra
desenfocada y en todo caso, de haberse
aportado al proceso ordinario de
declaración de unión marital de hecho
probablemente la decisión no sería
diferente a la allí adoptada, precisamente
porque la ley no excluye las dos figuras,
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
una constituida como un acto de origen
legal y la otra como un hecho jurídico,
siempre y cuando las dos convivencias no
sean concomitantes; y, segundo, porque
no se acreditó con pruebas idóneas la
ocurrencia de los hechos en que se
fundamenta”. Quiere decir lo anterior que
el hecho de tener un matrimonio vigente
no obsta para iniciar la unión marital con
otra persona, siempre que no existan dos
convivencias simultáneas. Precisamente
esta convivencia de al menos dos años es
la que se exige en el artículo 1098 de la
ley 1098 de 2006, independientemente de
la existencia de matrimonio anterior. La
opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
artículo 68 de la ley 1098 de 2006
contempla que “Podrá adoptar quien,
siendo capaz, haya cumplido 25 años de
edad, tenga al menos 15 años más que el
adoptable, y garantice idoneidad física,
mental, moral y social suficiente para
suministrar una familia adecuada y
estable al niño, niña o adolescente”. Sin
embargo, el mismo artículo dispone que
“Esta norma no se aplicará en cuanto a la
edad en el caso de adopción por parte del
cónyuge o compañero permanente
respecto del hijo de su cónyuge o
compañero permanente o de un pariente
dentro del tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad”.
Lo anterior indica que si bien la edad
mínima es un requisito que constituye
regla general, el mismo no aplica cuando
el adoptante sea el compañero del padre
del niño o niña, por lo que esta opción de
respuesta resulta incorrecta. La opción D
es la respuesta correcta porque el artículo
68 de la ley 1098 de 2006 dispone que
podrá adoptar “El cónyuge o compañero
permanente, al hijo del cónyuge o
compañero, que demuestre una
convivencia ininterrumpida de por lo
menos dos (2) años”. Como se observa,
no se hace la misma exigencia que a los
compañeros que desean adoptar sin
filiación previa respecto de ninguno de los
dos, según el mismo artículo, a quienes
se les exige una convivencia de por lo
menos dos años luego de la sentencia de
divorcio. En este caso basta con una
convivencia inferior a esos dos años
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
luego del divorcio cuando uno de los
compañeros es el padre del niño o niña a
adoptar, aserción que es reiterada por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (SC 15029-2014): “Observa la
Corte que la censura formulada por la
revisionista no puede abrirse paso por
dos razones: primero, porque la
acusación se encuentra desenfocada y
en todo caso, de haberse aportado al
proceso ordinario de declaración de unión
marital de hecho probablemente la
decisión no sería diferente a la allí
adoptada, precisamente porque la ley no
excluye las dos figuras, una constituida
como un acto de origen legal y la otra
como un hecho jurídico, siempre y
cuando las dos convivencias no sean
concomitantes; y, segundo, porque no se
acreditó con pruebas idóneas la
ocurrencia de los hechos en que se
fundamenta”. Quiere decir lo anterior que
el hecho de tener un matrimonio vigente
no obsta para iniciar la unión marital con
otra persona, siempre que no existan dos
convivencias simultáneas. Precisamente
esta convivencia de al menos dos años es
la que se exige en el artículo 1098 de la
ley 1098 de 2006, independientemente de
la existencia de matrimonio anterior. En
este caso, teniendo en cuenta que llevan
conviviendo cuatro años, la mujer puede
adoptar al niño […]”.
“[…] Pregunta 95 “[…] Pregunta No. 95
En esta pregunta lo cierto es que No puede Esta pregunta es pertinente porque los
adoptar por no tener los 15 años que se aspirantes a ser jueces en la jurisdicción
exigen entre adoptante y adoptivo, pues de familia deben entender que la fase
ella tiene 24 y él tiene 11 por tal motivo, la judicial de un proceso de restitución
respuesta es la C, pues carece de la edad internacional de niños, niñas y
legal requerida. Téngase en cuenta que los adolescentes tiene dos instancias, y por
requisitos básicos para adoptar son: lo tanto, en caso de presentarse
apelación contra un fallo emitido por su
• Ser plenamente capaz despacho, deben conceder el recurso de
apelación aplicando tanto lo señalado en
• Tener mínimo 25 años cumplidos. los tratados y convenios internacionales,
como lo dispuesto en las normas internas
• Demostrar la idoneidad física, mental, que regulan este aspecto. La opción A es
moral y social suficiente para ofrecerle una la respuesta correcta porque de acuerdo
familia adecuada y estable a un menor de con lo previsto por el Código General del
18 años. Proceso, los procesos de restitución
internacional de niños, niñas y
• Tener al menos 15 años más que el adolescentes son competencia de los
adoptable. jueces de familia en primera instancia
(artículo 22 núm. 23) y la segunda
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
Así las cosas, solicito que se excluyan las instancia, en caso de apelación, se surte
preguntas con dualidad de respuestas, ante las Salas de Familia de los
problemas en su elaboración, taxonomía, Tribunales Superiores de Distrito Judicial
ambigüedad, etc. y proceder a asignar (artículo 32 núm. 1º del Código General
puntaje aprobado a las preguntas que del Proceso). Esta regla aplica a partir de
fueron válidas para el cargo de Juez la vigencia del Código General del
Promiscuo de Familia y se me permita Proceso y así lo ha reconocido la Corte
superar el puntaje de aprobación […]”. Constitucional quien señaló que “con la
expedición del Código General del
Proceso -Ley 1564 de 2012-, el
Legislador nuevamente optó por
modificar las instancias del trámite del
proceso. En efecto, en el numeral 23 del
artículo 22 de dicho precepto legal,
asignó a los Jueces de Familia en primera
instancia, la competencia para decidir
sobre la restitución internacional de
menores. Este cambio normativo,
aplicable desde la entrada en vigencia de
la Ley 1564 de 2012, derivó en que, a
partir del 1 de enero de 2014, los
procesos de restitución internacional en
su fase judicial, se tramitarán de forma
verbal con la garantía de la doble
instancia. En consecuencia, la
competencia para resolver las
impugnaciones en estos trámites, fue
asignada a las Salas de Familia de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial
(numeral 1 del artículo 32 del Código
General del Proceso). (T-202/18).
Adicionalmente, otras autoridades como
la Corte Suprema de Justicia, en su Sala
de Casación Civil, han determinado que
este proceso tiene dos instancias, entre
ellas las sentencias STC 13269-2016,
STC 14437-2017 y 4727-2019. Por lo
tanto, en el caso previsto en el contexto y
en el enunciado del ítem, debe darse
aplicación a lo previsto por las normas del
Código General del Proceso y el Juez
debe conceder el recurso de apelación
por estar el mismo contemplado en la
normatividad de nuestro país. La opción
B no resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque el principio de urgencia
está mencionado en los artículos 2 y 11
del Convenio sobre Aspectos Civiles del
Secuestro Internacional de Niños,
suscrito en La Haya el 25 de octubre de
1980 (aprobado en Colombia mediante
L.173/94) y hace referencia a la
necesidad de proceder con carácter
urgente al regreso del niño a su lugar
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
habitual de residencia en los casos de
traslado ilícito, retención ilegal y similares
cuando se presenten respecto de niños,
niñas y adolescentes. Pero esta urgencia
no hace que el proceso sea de única
instancia, ya que “Este cambio en las
instancias del proceso no supone por
ningún motivo la inobservancia al
principio de urgencia contenido en el
Convenio, por el contrario, demanda de
las autoridades judiciales encargadas del
trámite, la aplicación de las
recomendaciones efectuadas por la
Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, según las cuales,
los Estados contratantes tienen la
obligación de tramitar las solicitudes de
restitución del menor de forma rápida,
extendiendo esta obligación también al
desarrollo de los procedimientos en
primera instancia como en vía de
recurso.” (C. Const., T-202/18 y Corte
Suprema de Justicia, sent. STC 13269-
2016, STC 14437-2017 y 4727-2019). Es
decir, la urgencia no se predica de un
proceso de única instancia, sino que
contempla la solución de los recursos que
puedan surtirse dentro de este proceso,
como lo sería la apelación de la
sentencia. Por lo tanto, negar el trámite
del recurso señalando que debe
tramitarse con urgencia la restitución
internacional de la niña mencionada en el
contexto y en el enunciado del ítem, viola
el debido proceso de la fase judicial en la
restitución internacional de niños, niñas y
adolescentes. En consecuencia, esta
opción de respuesta no completa
correctamente el enunciado y debe
descartarse. La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y, por
ende, es una respuesta incorrecta porque
a pesar de que en el Código de Infancia y
Adolescencia se señale que la restitución
internacional de niños, niñas y
adolescentes es un proceso que tramitan
los jueces de familia en única instancia
(artículo 119), hoy, luego de la expedición
del Código General del Proceso este es
un asunto que es competencia de los
Jueces de Familia en primera instancia
(artículo 22 núm. 23 del Código General
del Proceso), y de las Salas de Familia de
los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial cuando en ellos se tramite
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
apelación de la sentencia (artículo 32
núm. 1º del Código General del Proceso)
pues esta última normativa (la del Código
General del Proceso), es armónica con lo
previsto tanto en la legislación interna que
fija algunas competencias y
procedimientos para la aplicación de
convenios internacionales en materia de
niñez y de familia (L. 1008/06, artículo 1º
inciso 3), como en los tratados y
convenios internacionales ratificados por
Colombia, tal y como lo ha reiterado la
jurisprudencia (C. Const., sent. T-202/18
y C.S.J., Sala de Casación Civil, sents.
STC 13269-2016, STC 14437-2017 y
4727-2019). Por lo tanto, no es correcto
afirmar que el proceso de restitución
internacional de niños, niñas y
adolescentes es de única instancia, así
que el juez del caso mencionado en el
contexto y en el enunciado del ítem no
puede negarse a tramitar el recurso de
apelación en el proceso de restitución
internacional de niños, niñas y
adolescentes, aduciendo que se trata de
un asunto de única instancia, ya que
vulneraría el debido proceso. En
consecuencia, esta opción de respuesta
no completa correctamente el enunciado
y debe descartarse. La opción D no
resuelve de manera adecuada el
enunciado y, por ende, es una respuesta
incorrecta porque la madre, quien es la
demandante en este caso, tiene la guarda
de la niña. Esta guarda, de acuerdo con
el artículo 5º literal a) del Convenio sobre
Aspectos Civiles del Secuestro
Internacional de Niños, suscrito en La
Haya el 25 de octubre de 1980 (ratificado
en Colombia mediante L. 173/94)
“comprenderá el derecho relativo a los
cuidados de la persona del niño y en
particular el de decidir su lugar de
residencia.”. Además, quien está
haciendo uso del derecho de visita a su
hija es el padre. Esta visita, de acuerdo
con el literal b) del artículo 5º del
Convenio antes mencionado,
“comprenderá el derecho de llevar al niño
por un período de tiempo limitado a un
lugar distinto al de la residencia habitual
del niño.” Por lo tanto, no es correcto
afirmar, como lo señala esta opción, que
la madre ha sido privada de su derecho
de visita, pues ella se encuentra en la
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
situación descrita en el artículo 3º literal a)
del Convenio sobre Aspectos Civiles del
Secuestro Internacional de Niños,
suscrito en La Haya el 25 de octubre de
1980 (ratificado en Colombia mediante L.
173/94) en donde se señala que “El
traslado o no regreso de un niño será
considerado como ilícito: a) Cuando ha
habido una violación del derecho de
guarda asignado ya sea a una persona,
una institución o cualquier otro
organismo, ya sea solo o conjuntamente,
por la legislación del Estado en el cual el
niño residía habitualmente antes de su
traslado o no regreso.” Así, la opción de
respuesta no completa correctamente el
enunciado y debe descartarse […]”.
40. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0043 del 16 de enero de 2023, en su anexo 2: “[…] Se relaciona a continuación una
a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Juez
Promiscuo de Familia, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada,
así como la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el
producto de la estructura y elaboración de las preguntas. […]”, remitido por la
Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos de la actora en la ampliación
del recurso de reposición que presentó el 11 de noviembre de 2022.
41. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por la actora dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
el recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0043 del 16 de
enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 – Respuesta
Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta congruente y de
fondo la ampliación del recurso de reposición.
42. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que, las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta a la actora, a
través del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas
que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Juez Promiscuo de Familia,
indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como la razón de
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y
elaboración de las preguntas. […]”.
43. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales, invocados por la actora, en la medida en que la Unidad sí
dio una respuesta congruente y de fondo al recurso de la actora, de conformidad con
el Anexo núm. 2 de la CJR23-0043 del 16 de enero de 2023.
44. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0043 del 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.
45. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición de la actora haya
afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra.
Conclusiones de la Sala
46. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
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Actora: Diana Gicela Reyes Castro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante a Jesús Enrique Hernández Gámez,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por la actora contra las
entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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