Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02626-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02626-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02626-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-02626-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: LIFARE YEISON BONILLA SANTOS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y DEL LITERAL “E” ESTABLECIDO EN LA
SENTENCIA C-590 DE 2005. LO PRETENDIDO ES REABRIR EL
DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. DE OTRA
PARTE, LA INCONFORMIDAD RELACIONADA CON QUE NO SE TUVO
EN CUENTA QUE NO LE FUERON CONCEDIDOS LOS 3 MESES DE ALTA
A LOS QUE TENÍA DERECHO, ES UN ASUNTO QUE DEBIÓ SER
PUESTO DE PRESENTE ANTE EL JUEZ NATURAL DEL ASUNTO, SIN
QUE EL ACTOR LO HAYA ALEGADO EN ESA OPORTUNIDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL, A LA SALUD, A LA VIDA DIGNA, A LA
INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
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En adelante el Tribunal.
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ACTOR: LIFARE YEISON BONILLA SANTOS
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LIFARE YEISON BONILLA SANTOS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la
salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la estabilidad
laboral reforzada, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el
TRIBUNAL al proferir la providencia 24 de marzo de 2023,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 110013335029 2019
00222 02.
I.2. Hechos
Indicó que ingresó a la Policía Nacional y el 30 de noviembre de 2009
fue dado de alta como patrullero de esa institución.
Sostuvo que cuando ingresó a la institución castrense, lo hizo en
buen estado de salud tanto física como mental, superando todos y
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ACTOR: LIFARE YEISON BONILLA SANTOS
cada uno de los requisitos y procesos exigidos para laborar en la
Dirección de Investigación Criminal y en la Interpol.
Refirió que estuvo vinculado a la Policía Nacional por un tiempo de
11 años y 4 meses y durante su actividad fue objeto de persecución
por parte de algunos superiores jerárquicos, lo que le produjo
“depresión reactiva y trastornos de ansiedad secundaria”.
Relató que el 17 de agosto de 2017 fue sometido a valoración de la
junta médico laboral, declarándosele no apto para el servicio, sin
reubicación laboral, decisión confirmada por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar en acta núm. TML18-2-084 de 7 de
febrero de 2018.
Manifestó que el 5 de junio de 2018, estando incapacitado y en el
grado de patrullero, fue retirado del servicio por voluntad de la Policía
Nacional, sin permitirle los tres (3) meses de alta que en derecho le
correspondían.
Aseveró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se le retiró del servicio y, en
su lugar, fuera reintegrado a la institución sin solución de
continuidad, a la cual le fue asignado el número único de radicación
2019-00222-00.
Adujo que el proceso fue conocido en primera instancia por el
Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá2 que,
mediante sentencia de 22 de noviembre de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda.
Destacó que la Policía Nacional, inconforme con lo anterior, interpuso
recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en
providencia de 24 de marzo de 2023, revocó la decisión de a quo y,
en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al estimar que
los actos administrativos acusados estaban suficientemente
motivados en los conceptos médicos emitidos.
I.3 Fundamentos de la solicitud
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En adelante el Juzgado.
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A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la
vida en condiciones dignas y a la integridad personal al revocar la
decisión de primera instancia.
Destacó que el TRIBUNAL vulneró su derecho a tener una vivienda
digna, toda vez que al ser retirado del servicio se vio en la necesidad
de venderse caro los aportes que tenía ahorrado para vivienda.
Arguyó que tampoco se tuvo en cuenta que al momento del retiro se
encontraba con incapacidad médica vigente; además, que no le
fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho.
Aseveró que no cuenta con recursos económicos para contratar los
servicios profesionales de un abogado que lo represente para ejercer
el recurso extraordinario de revisión, pues desde que fue retirado del
servicio se ha dedicado a ser “vendedor ambulante y mototaxista”.
I.4. Pretensiones
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El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] dejar sin efectos legales de (sic) la sentencia de segunda
instancia número 028 de fecha 24 de marzo de 2023 del radicado:
11001333502920190022200 (sic).
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho y como
consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR EL PAGO
INMEDIATO de todos los salarios, primas, vacaciones,
bonificaciones, cesantías y demás conceptos y emolumentos
correspondientes junto con los incrementos legales a que haya
lugar, desde cuando se produjo mi retiro el cual fue el día 5 de
junio de 2018, hasta cuando sea efectivamente reintegrado, al
grado que están consolidados mis compañeros de curso, así como
todas las sumas que demuestre haber pagad por concepto de
servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, odontológicos y de
laboratorio clínico […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor es
revivir el debate jurídico que ya se surtió por el juez natural de la
causa, como si este mecanismo constitucional se tratara de una
tercera instancia.
Sumado a lo anterior, adujo que el actor no invocó ninguna causal
general ni específica que haga procedente el amparo solicitado, más
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allá de indicar situaciones económicas por las que atraviesa luego de
ser retirado de la Policía Nacional.
Afirmó que al resolver la controversia en segunda instancia y analizar
los medios de prueba, logró acreditar que el estudio de reubicación
en funciones administrativas sí se llevó a cabo, sin embargo, el
material probatorio aportado resultaba insuficiente para determinar
la preparación, capacidad y conocimientos del actor más allá de sus
propias afirmaciones, lo cual se dejó señalado en la providencia
objeto de debate.
Refirió que las afirmaciones realizadas por el actor respecto de haber
desempeñado con anterioridad funciones administrativas tampoco
fueron acreditadas, en tanto que las certificaciones aportadas dan
cuenta de la vinculación a la institución, pero no del desempeño o
naturaleza de la labor que realizaba y los períodos en que las realizó.
En cuanto al hecho de que al momento de su retiro se encontraba
con excusa médica, expuso que dicha situación sí fue valorada, no
obstante, la razón por la cual no prosperaron las pretensiones fue la
falta de actividad probatoria tendiente a desvirtuar la legalidad del
acto acusado.
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Frente al no reconocimiento de los tres (3) meses de alta, sostuvo
que tal afirmación no fue expuesta en la demanda, por lo que no tuvo
la oportunidad de pronunciarse respecto a ello.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO, luego de hacer un recuento del trámite surtido
dentro del proceso ordinario objeto de debate, solicitó declarar
improcedente el amparo deprecado o, en su defecto, denegar las
pretensiones de la acción de tutela.
I.6.2.- La POLICÍA NACIONAL solicitó denegar las súplicas de la
acción de tutela de la referencia, toda vez que, a su juicio, no se
evidencia trasgresión alguna de los derechos fundamentales
invocados por el actor, además, no se observa la ocurrencia de un
perjuicio irremediable o de una amenaza que haga necesaria la
intervención del juez constitucional en el asunto.
Expuso que, en lo relativo al pago de los tres (3) meses de alta, dicho
aspecto no fue puesto de presente en el proceso ordinario, lo cual va
en contravía de los principios de congruencia y lealtad procesal, en
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la medida en que el reproche del actor contra la sentencia judicial
debe versar en los mismos hechos estudiados tanto por el a quo
como por el ad quem, lo cual no ocurre en el presente caso.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
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o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 24 de marzo de 2023
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó la decisión
del JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2019-
00222-02.
La controversia tiene origen en una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación – Ministerio
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de Defensa Nacional – Policía Nacional, por medio de la cual el actor
pretendía que se declarara la nulidad de los actos administrativos
que lo retiraron del servicio y, en su lugar, se ordenara su reintegro
a la institución.
El actor estima que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la
salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la estabilidad
laboral reforzada, dado que, en su sentir, el TRIBUNAL no tuvo en
cuenta que al momento del retiro se encontraba con excusa médica;
además, que no le fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los
que tenía derecho.
Sumado a lo anterior, el actor puso de presente que debido a su
retiro del servicio se vio en la necesidad de retirar los aportes que
tenía ahorrados para vivienda y que no cuenta con recursos
económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado
que lo represente para ejercer el recurso extraordinario de revisión.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
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con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales
invocados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2019-
00222-02.
Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es
necesario traer a colación la providencia de 24 de marzo de 2023,
aquí cuestionada, con el fin de verificar los argumentos esgrimidos,
así como los fundamentos de la decisión.
La providencia de 24 de marzo de 2023 se translitera a continuación:
“[…] En el caso de autos, se procede a determinar si las actas
proferidas por la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión y
de Policía, así como el acto administrativo que dispuso el retiro del
servicio del Patrullero Lifare Yeison Bonilla Santos por disminución
de la capacidad sicofísica, se encuentran viciados de nulidad, por
desconocer su derecho a la estabilidad laboral reforzada y omitir el
estudio de las habilidades, conocimientos y competencias para ser
reubicado dentro de la misma institución en consonancia con el
porcentaje de perdida de la capacidad que le fue dictaminado.
3. TESIS DE LA SALA
La Sala considera que los actos demandados que determinaron el
retiro del servicio del actor, se encuentran conforme a la normativa
aplicable toda vez que se encuentran sustentados en los conceptos
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médicos por psiquiatría y salud ocupacional y la historia clínica del
actor y, se realizó el estudio de su situación médica y de las
habilidades, destrezas y conocimientos que probó, con los cuales se
concluyó que no era posible reubicarlo.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y
en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.
[…]
5. PRUEBAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES
5.1 De los actos acusados
• Petición presentada por el actor el 3 de mayo de 2017 al Jefe del
Grupo de Medicina Laboral Seccional Sanidad Bogotá, para que se
“ordene a la Junta Médico Laboral, efectuar la verificación de la
aptitud psicofísica para definir mi condición laboral a que hay lugar.”
• Acta de Junta Médico Laboral N° 7268 de 17 de agosto de 2017,
en la cual se valoraron los conceptos especialistas en psiquiatría y
salud ocupacional y se realizó el siguiente análisis:
[…]
• Recurso de revisión presentado por el actor el 20 de diciembre de
2017 contra la decisión de la Junta Médico Laboral de 17 de agosto
de 2017.
• Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
No. TML 18-2- 084 de 7 de febrero de 2018, en donde ratifica el
Acta de Junta Médico Laboral No. 7268 de 17 de agosto de 2017.
• Resolución No. 02334 de 9 de mayo de 2018 por medio de la cual
el Director General de la Policía Nacional retira del servicio activo
por Disminución de la Capacidad Sicofísica a un Patrullero de la
Policía Nacional teniendo en cuenta las consideraciones del Acta de
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de la Policía No. TML
18 -2-084 de 7 de febrero de 2018.
5.2 De las situaciones de acoso
• Documento denominado “ampliación acción de tutela” presentada
ante esta corporación el 14 de junio de 2017 para que obrara dentro
de la acción de tutela N° 2017-02796-00 que presentara el
demandante contra la Secretaría Privada del Comando de Policía de
Cundinamarca para que le fuera tutelado su derecho fundamental
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de petición.
• Copia de la sentencia de tutela dictada presuntamente el “29 de
junio de 2017” dentro del expediente N° 2017-02798-00 en la que
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ampara el derecho fundamental de petición del
señor Lifare Yeison Bonilla Santos frente a la petición presentada
por él, ante el Secretario Privado y Jefe de Seguridad del Comando
del Departamento de Policía de Cundinamarca el 27 de abril de 2017
[…]
5.3 Del estado de salud y capacidades del actor
• Relación de órdenes, incapacidades y prescripciones médicas que
fueron formuladas al señor Lifare Yeisson Bonilla Santos por la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en el mes de agosto de
2013, septiembre y noviembre de 2015, mayo, septiembre, octubre
y noviembre de 2016, enero a diciembre de 2017 y enero a junio
de 2018.
[…]
6. CASO CONCRETO
En el presente asunto, tenemos que el Patrullero Lifare Yeison
Bonilla Santos a través del presente medio de control de nulidad
solicita la nulidad de las actas de la Junta y el Tribunal Médico
Laboral, así como de la resolución que dispuso su retiro por
disminución de la capacidad sicofísica, pues asegura que tales
decisiones no tuvieron en cuenta que sus afecciones ocurrieron en
actos del servicio, se encuentra restablecido en sus funciones físicas
y mentales, ha prestado sus servicios de manera eficiente y se
desconoció su derecho a una estabilidad laboral reforzada y a ser
reubicado dentro de la institución de forma congruente con la
pérdida de la capacidad que le fue dictaminada.
El juez de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, al considerar que el acta del Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía se encontraban debidamente
motivadas en las valoraciones y conceptos médicos del actor; sin
embargo, frente a la Resolución N° 02334 de 9 de mayo de 2018
consideró que la motivación de la misma se limitó a transcribir las
consideraciones del acta, sin realizar una valoración de las
habilidades, destrezas y capacidades del actor para establecer que
funciones podía desarrollar de acuerdo con el porcentaje de pérdida
de la capacidad que le fue calificada, dado que en oportunidad
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anterior desarrolló labores administrativas y operativas del servicio
aunado a que su enfermedad y estado anímico venía progresando
en forma positiva.
La entidad demandada en el recurso de apelación sostiene que: I)
la situación del señor Lifare Yeison Bonilla Santos está regida por
los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 2000; II) los actos acusados
analizaron los episodios y condiciones de salud que llevaron a
declarar No Apto al actor para desarrollar cargos en la institución
por cuanto presenta graves problemas con la autoridad y disciplina
que caracteriza a la institución; y III) no cuenta con la instrucción
y conocimientos para ubicarse en cargos administrativos los cuales
vienen reduciéndose para dar paso al cumplimiento misional de la
entidad.
[…]
Como se evidencia, la desvinculación del actor tiene origen y
motivación en la clasificación de incapacidad sicofísica y aptitud
para el servicio dada por la Junta y el Tribunal Médico Laboral, cuyo
estudio, conforme lo dispone el artículo 16 del Decreto ley 1796 de
200030 -lit. b-, está fundamentado en los respectivos conceptos
médicos expedidos por los especialistas en psiquiatría y salud
ocupacional.
6.2 De la reubicación laboral
En la sentencia apelada el a quo indicó que las decisiones de las
autoridades médico - laborales estaban suficientemente motivadas,
mientras que la Resolución N° 02334 de 9 de mayo de 2019 se
limitó a la transcripción del Acta del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía y no realizó un estudio de las
habilidades, conocimientos y del grado de instrucción con el que
cuenta el señor Bonilla Santos para ser reubicado en actividades
administrativas dentro de la institución, aunado al hecho que
presuntamente las desempeñó mientras se encontró activo y que
su enfermedad venía progresando en forma positiva; concluyó que
procedía el reintegro al cargo que venía desempeñando o en uno
en el que puedan aprovecharse sus capacidades.
Por su parte, la entidad demandada afirma que las patologías que
presenta el actor y la conducta que de esta se derivan son
suficientes para declararlo no apto para desempeñarse en cualquier
cargo dentro de la Policía Nacional, pues en el evento de ser
reintegrado queda expuesto al contacto con otros uniformados que
portan armas de fuego, puede tener problemas de autoridad
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respecto de sus superiores y reaccionar de forma agresiva y
violenta contra estos, sus compañeros o terceros.
[…]
Del aparte transcrito, se observa que la administración evaluó en
forma integral y conjunta las circunstancias de salud del
demandante (frente a lo cual calificó como un acto irresponsable
asignarle funciones, incluso de índole administrativo, a un policial
que sufre afecciones de índole psiquiátrico) y las destrezas,
aptitudes y capacidades del uniformado las cuales consideró
escasas (falta de preparación e insuficiencia horaria), de lo cual vale
la pena destacar que el señor Lifare Yeison Bonilla Santos no aportó
ningún documento que demuestre capacitaciones adicionales como
se dejó sentado en el texto del acta.
Pese a lo manifestado, no existe en el plenario soportes, ni
constancias de tales capacitaciones y su intensidad horaria, para lo
cual, la Sala recuerda que en los términos del artículo 167 del CGP,
corresponde a las partes probar los supuestos de hecho que alega
y de los cuales pretende obtener los efectos jurídicos.
En cuanto al ejercicio de funciones administrativas y operacionales
que afirma el actor desempeñó en forma eficiente, no existe en el
plenario los formularios de seguimiento y calificación
correspondientes, así como tampoco certificado o constancia de las
funciones que realizó. En este punto de la controversia, la Sala
destaca que la constancia de 5 de diciembre de 2018 suscrita por
el responsable de historias laborales del área de Talento Humano
del Departamento de Policía de Cundinamarca únicamente describe
el cargo, unidad y periodo en el que laboró, sin que permita tener
la certeza que la naturaleza de las funciones eran administrativas.
[…]
Por último, respecto del argumento según el cual el señor
Lifare Yeison Bonilla Santos se encontraba incapacitado por
cuenta del médico tratante de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional al momento en que se produjo su retiro, se
tiene acreditado que tales afirmaciones son ciertas, pues el
17 de mayo de 2018 le había sido prescrita incapacidad por
treinta (30) días comprendidos entre ese día y el 15 de junio
de 2018, es decir que, para el 5 de junio de 2018 fecha en
que se notificó la Resolución N° 2334 de 9 de mayo de 2018,
se encontraba separado de sus funciones en forma temporal,
como consecuencia del diagnóstico “otros trastornos de los
hábitos y de los impulsos”, sin embargo, tal situación no
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desvirtúa la procedencia de la causal invocada.
En suma, se encuentra verificado que los actos acusados estuvieron
suficientemente motivados en el estado de salud del demandante,
la pérdida de la capacidad que presenta y analizaron las
habilidades, capacitaciones, conocimientos y destrezas de acuerdo
con lo demostrador por el actor.
[…]
Finalmente, se advierte que, si bien el demandante sostiene que
actualmente su estado de salud es óptimo, que ha evolucionado
positivamente y que incluso ha realizado algunos estudios
académicos y profesionales, estas afirmaciones no resultan
suficientes para desvirtuar el estudio que los órganos médico
laborales realizaron en las Actas No. 7268 de 17 de agosto de 2017
y TML 18-2-084 de 7 de febrero de 2018 y corresponden a
situaciones acaecidas con posterioridad al retiro.
[…]”.
De la lectura de la sentencia de 24 de marzo de 2023, objeto de
tutela, la Sala observa que la autoridad judicial accionada, al conocer
del proceso en segunda instancia, circunscribió el estudio a la causa
y motivación de la desvinculación, a la reubicación laboral y a las
incapacidades del actor, sin que el reproche referente a que no le
fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho
hubiese sido objeto de debate.
Ahora, al verificar el concepto de violación y el debate propuesto por
el actor dentro del proceso ordinario, se advierte que la
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inconformidad relacionada con los tres (3) meses de alta a los que
tenía derecho nunca fue expuesta ante el juez natural de la causa.
El actor fundamentó el escrito de demanda bajo los siguientes
argumentos, los cuales fueron resumidos por el juez de la causa así:
“[…] 1.3. Concepto de violación
Previo a exponer las causales de nulidad, el demandante manifestó
que en el presente asunto se demanda un acto administrativo
complejo compuesto por (i) el acta de la Junta Médico Laboral de
17 de agosto de 2017, (ii) acta del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía de 7 de febrero de 2018 y (iii) la
Resolución No. 2334 de 9 de mayo de 2018 que lo retiró del servicio
por disminución de la capacidad sicofísica.
Manifiesta que sobre la causal de retiro por disminución de la
capacidad psicofísica a que se refiere el artículo 55 del Decreto
1791 de 2000 se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante
sentencia C- 381 de 2005, declarándola condicionalmente
exequible siempre que el concepto de las autoridades médico
laborales sobre reubicación no sea favorable y que las capacidades
no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas,
docentes o de instrucción.
La Corte Constitucional también ha señalado el deber de respetar
la estabilidad ocupacional reforzada, pues en el caso del actor sus
lesiones ocurrieron en actos especiales del servicio y a pesar de
ello se desempeñaba en turno de guardia en la Estación de Policía
“Beltrán” y con el Comando del Departamento de Policía de
Cundinamarca en forma eficiente y se entiende se encuentra
plenamente restablecido en sus funciones físicas y mentales y se
destaca en la prestación del servicio.
La parte actora se refirió también a la estabilidad laboral reforzada
de los soldados en situación de discapacidad, por ello, trajo a
colación algunos apartes de los Decretos 1793 y 1796 de 2000, la
Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004 y señaló que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 esta
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causal de retiro no opera de forma automática, sino que es
necesario que se realice una valoración de las condiciones de salud,
habilidades y destrezas del afectado para determinar si existen
actividades que pueda cumplir dentro de la institución y sea
reubicado en otro cargo, evento en el cual, el reintegro exige el
desarrollo de labores compatibles con sus habilidades.
Finalmente, aseguró que de acuerdo con las pruebas que se
allegan, el actor ha venido sufriendo problemas mentales y
psicológicos encontrándose en un estado evidente de debilidad
manifiesta e indefensión.
[…]”.
Lo anterior pone de manifiesto que, aunque en sede de tutela el actor
afirma que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que no le fueron
concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho, tal
argumento no fue expuesto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de debate, espacio natural para
agotar dicho debate y omisión que no puede ser subsanada por el
juez de tutela, pues emitir un pronunciamiento al respecto
configuraría la sustracción de las competencias propias del juez del
asunto.
Para la Sala resulta evidente que el accionante contó con la
posibilidad de ventilar este argumento dentro del trámite del proceso
ordinario, con el fin de que el juez natural se pronunciara sobre tal
aspecto, sin embargo, omitió hacerlo sin justificación alguna.
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En consonancia con lo anterior, la Sala conviene en mencionar que
el argumento planteado en sede constitucional referente a que no le
fueron concedidos los tres (3) meses de alta a los que tenía derecho
difiere respecto de los planteados en sede ordinaria. De ahí que no
pueda ser estudiado, pues no fue objeto de controversia, ni fue
puesto a consideración de las partes e intervinientes; de tal manera
que analizar en sede de tutela este hecho nuevo, que no fue
estudiado por el juez natural, comportaría la violación de los
derechos al debido proceso, a la defensa y contradicción de aquellos.
Significa entonces que en el presente caso no se cumple con el
requisito general establecido en el literal “e” que exige la sentencia
C-590 del 2005, para la procedencia de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, debido a que la inconformidad que ahora
predica y que generó la presunta vulneración, no fue alegada por el
accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de controversia, habida cuenta que guardó silencio
sobre la misma, inconformidad que ahora pretende retrotraer a esta
instancia constitucional, sin que sea este el escenario idóneo para el
efecto.
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Es del caso advertir, que la Sala ya ha declarado la improcedencia de
la acción de tutela al considerar que no se acreditó el cumplimiento
del literal “e” establecido en la citada sentencia C-590 de 20053,
como es el caso de la sentencia de 3 de diciembre de 20204, en la
que se dispuso lo siguiente:
“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los
hechos que generarían el defecto sustantivo por i)
desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de aplicación de
una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad están identificados de manera razonable al
igual que los derechos fundamentales vulnerados5, estos
debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido por
la Corte Constitucional:
“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio
alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el
tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue
puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en
su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su
voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya
expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención
3
Ut supra página 7.
4
Proceso radicado bajo el número 11001-03-15-000-2020-04709-00. M.P. ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VÁLDES.
5
Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
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a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el
respeto a la autonomía de las autoridades judiciales. “6
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en
la parte motiva de esta sentencia, la Sala declara improcedente
la presente acción de tutela teniendo en cuenta que la accionante
no acreditó el cumplimiento de una de las causales genéricas de
procedibilidad contra providencias judiciales7 […]” (Destacado
fuera de texto).
Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención
que deben procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne,
cuya omisión no se puede pretender subsanar por medio de la acción
de tutela, de manera que resulta claro que el presente mecanismo
subsidiario y residual no puede desplazar los medios ordinarios de
defensa con que contaba el actor.
Asimismo, en cuanto a la inconformidad del actor relativa a que el
TRIBUNAL no tuvo en cuenta de que al momento del retiro se
encontraba con incapacidad médica, la Sala concluye que no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en la medida
en que lo pretendido es crear una instancia adicional retrotrayendo
argumentos de instancia a este mecanismo constitucional y que sí
fueron objeto de análisis por el juez de la causa.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
“(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que, en caso
de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso.”
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
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1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
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las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso concreto la Sala advierte que tales inconformidades
pretenden retrotraer asuntos que sí fueron objeto de análisis por el
Juez de lo Contencioso Administrativo, sin que se evidencie
relevancia constitucional que permita estudiar el fondo del asunto,
toda vez que lo que procura el actor es que se dé un valor diferente
o una interpretación que acoja su postura al hecho respecto del cual
al momento del retiro este se encontraba con incapacidad médica
vigente.
Sobre el particular, la Sala advierte que tal situación fue decantada
por la autoridad judicial accionada en la providencia de 24 de marzo
de 2023, de la siguiente manera:
“[…] Por último, respecto del argumento según el cual el señor
Lifare Yeison Bonilla Santos se encontraba incapacitado por
cuenta del médico tratante de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional al momento en que se produjo su retiro, se
tiene acreditado que tales afirmaciones son ciertas, pues el 17 de
mayo de 2018 le había sido prescrita incapacidad por treinta (30)
días comprendidos entre ese día y el 15 de junio de 2018, es decir
que, para el 5 de junio de 2018 fecha en que se notificó la
Resolución N° 2334 de 9 de mayo de 2018, se encontraba separado
de sus funciones en forma temporal, como consecuencia del
diagnóstico “otros trastornos de los hábitos y de los impulsos”, sin
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embargo, tal situación no desvirtúa la procedencia de la causal
invocada […]”.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales
fundamentó la acción de tutela el actor, no permiten abordar un
estudio constitucional del mismo, máxime si se tiene en cuenta que
ya habían sido puestos en consideración del TRIBUNAL dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, por
lo que claramente lo pretendido con esta acción constitucional, es
reabrir un debate que ya se surtió por los jueces naturales del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que tampoco se cumple con
el requisito de la relevancia constitucional, en particular, porque el
actor pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que dieron lugar a la providencia cuestionada, lo que torna
la acción constitucional improcedente, pues este mecanismo no está
instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
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resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que el
único fin del interesado ha sido reabrir un debate judicial ya
clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de agosto de
20189, en la que se sostuvo:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el
argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual indicó
de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de
apelación, por lo que el recurso extraordinario no estaba
diseñado para convertirse en una tercera instancia. Y se
tiene que estos argumentos resultan válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea
de verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta
trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino la
reiteración de planteamientos que, por lo menos en sede de
revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que no pueden
volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues esta acción
constitucional tiene por objeto la protección inmediata de
derechos de rango fundamental que se encuentren
vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]” (Destacado
fuera del texto).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201710, se indicó:
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se
cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera
que la solicitud de amparo tutelar se torne improcedente,
toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir
nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre cuestiones
estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte
de los jueces de dicha causa, con pleno desconocimiento de
que el objeto del juicio de amparo constitucional no es otro
que la defensa de los derechos fundamentales y no la
revisión de la legalidad de las decisiones de la justicia
ordinaria […]”.(Destacado fuera del texto)
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia que obedece a un debate que ya fue resuelto de
forma admisible por la autoridad judicial accionada, por lo cual el juez
de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar
a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, se declarará improcedente el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de
la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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