Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02641-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02641-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02641-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02641-00
Demandante: Diego Camilo Veloza García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02641-00
Demandante: DIEGO CAMILO VELOZA GARCÍA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
REQUSI
Temas: AUSENCIA DE AMENAZA Y DE HECHO VULNERADOR.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Diego
Camilo Veloza García contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá –Cundinamarca, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Diego Camilo Veloza García ejerció acción de tutela en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –Cundinamarca,
por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad
humana y al trabajo. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se amparen los derechos fundamentales del trabajo en condiciones dignas y justas,
dignidad humana e igualdad, vulnerados por la DESAJ, Consejo Seccional de la
Judicatura y Consejo Superior de la Judicatura.
2. Se ordene a las accionadas que en el término perentorio que considere el Señor
Magistrado se ordene a las accionadas verificar las condiciones de las instalaciones a
las cuales se trasladarían los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad
de Bogotá y si estas constituyen una desmejora en mis condiciones laborales, por el
cambio de sede de los juzgados de ejecución de penas.
3. Se vincule a la ARL Positiva para que informe si de alguna manera se emitió un
concepto por parte de esa entidad para determinar si las «nuevas instalaciones»
cumplen con las condiciones para desempeñar la función judicial en condiciones dignas
y justas de trabajo, si estas constituyen o no una desmejora en las condiciones laborales
y si esas condiciones permiten la concentración y seguridad que se requieren para el
desempeño de mis funciones judiciales.
4. Se ordene a las accionadas informar al Señor Magistrado el motivo por el cual se
ordenó el cambio de sede de la especialidad si en el edificio en que actualmente se
encuentran ubicados los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Bogotá se continúa con la ubicación de otros juzgados.
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5. Se ordene la verificación de las instalaciones sanitarias y si estas cumplen con las
condiciones para albergar a más de 300 personas para apenas 2 baños a lo largo de
las jornadas laborales.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Veloza García ocupa en carrera el cargo de asistente jurídico en el Juzgado
Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y sostuvo que
actualmente desempeña sus labores en el edificio Kayser, ubicado en la Calle 11 # 9
– 24.
El actor señaló que al inicio del 2023, los servidores judiciales fueron notificados de
que los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá serían
trasladados de sede a una nueva ubicada en la Carrera 7 # 28 – 18, lugar que, afirma,
tiene espacios reducidos, hacinamiento y atentatorio contra la dignidad humana
porque no tiene muros que separen a cada uno de los juzgados por especialidad. Que
además, los espacios para los colaboradores del juez (4 personas) son 2 escritorios
separados por vidrios para cada uno de los puestos de trabajo, no se cuenta con
ventilación, ni luz natural.
El demandante indicó que no se ha dado a conocer ninguna clase de concepto por
parte de la ARL contratada por la Rama Judicial que avale y permita el cambio de las
condiciones del espacio laboral y dé el visto bueno al estado de las instalaciones de la
nueva sede en la que eventualmente serán trasladados.
3. Argumentos de la tutela
A juicio de la parte actora, la parte demandada vulneró los derechos fundamentales
invocados dado que en su condición de trabajador se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta, en este caso, frente a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá- pues se dispuso un cambio de sede
del sitio de trabajo en unas condiciones que no se ajustan a los derechos
fundamentales que desmejoran las condiciones laborales dignas.
Explicó que al momento de ejercer las potestades que se derivan del ius variandi, el
empleador debe tener en cuenta criterios de proporcionalidad y racionalidad
respondiendo (i) a las necesidades reales del servicio (condición objetiva) y (ii)
atendiendo a las necesidades personales del trabajador, cuando el traslado
comprometa sus derechos fundamentales o los de su familia de forma grave (condición
subjetiva).
Afirmó que cuando se presentan traslados por razón de los factores funcional y
territorial, se incurre en un ejercicio irrazonable y desproporcionado, en los siguientes
escenarios:
“(i) se abusa del ‘ius variandi’ cuando de manera abrupta e inconsulta se realiza un
cambio de funciones a un trabajador y se demuestra que con dicha situación se afecta
su dignidad, pese a que no exista una desmejora en el salario o en el horario laboral.
(ii) otro ejemplo de abuso del ‘ius variandi’ se presenta cuando el empleador -público
o privado-, en ejercicio del poder subordinante, modifica la sede donde se desarrolla
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el trabajo (...) [desconociendo] las consecuencias laborales, familiares y económicas
del traslado”.
Explicó que aún se trabaja con expedientes físicos (en papel), y que, por tanto a la
mencionada sede pondría en riesgo la seguridad que se les debe brindar, pues
quedarían sin la custodia que brindan oficinas cerradas.
Adujo que el traslado es un claro atentado a la dignidad humana pues las nuevas
instalaciones solamente cuentan con dos baños, para cerca de 300 personas que
laboran en la especialidad.
Finalmente, insistió en el hecho de que el traslado de sede de los juzgados de
ejecución de penas de Bogotá no tiene ninguna clase de fundamento, pues
simplemente se van a ubicar nuevos juzgados (al parecer de familia de descongestión)
en el sitio en el que actualmente desempeña sus funciones.
4. Trámite previo
Mediante auto del 23 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las partes, a la ARL Positiva, al titular del Juzgado Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá́ y a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial como terceros interesados en el resultado del proceso, a quienes se le remitió
copia de la demanda.
5. Oposición
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central explicó que
conforme con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, tiene por función adelantar las
labores necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial, por consiguiente, de
los despachos judiciales.
Indicó que en la mencionada ley se crearon las Direcciones Ejecutivas Seccionales de
Administración Judicial, a las que se les estableció su jurisdicción y competencia
territorial conforme el artículo 103 ídem.
Que, en ese sentido, no es la competente para atender las pretensiones del actor pues
lo requerido por el señor Veloza le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, quien tiene a cargo las funciones propias de
empleador y pagador del demandante y es la que se encarga de brindar y definir los
espacios físicos donde se ubicará al actor por el traslado de sede.
Por lo expuesto, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá afirmó que no es su función velar
por la adquisición, administración y funcionamiento de las sedes judiciales del Distrito
Capital.
Explicó que el proceso para la adquisición y administración de los inmuebles en donde
funcionan los despachos judiciales y las sedes administrativas que prestan su apoyo
en este distrito judicial, está en cabeza de la Dirección Seccional de Administración de
Judicial de Bogotá, quien, de conformidad con las facultades otorgadas en el numeral
2° del artículo 103 de la Ley 270 de 1996, tiene como función administrar los bienes y
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recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su
correcta aplicación o utilización.
Manifestó que el actor interpuso la solicitud de amparo por un posible traslado de la
sede judicial en donde actualmente labora, situación que ha venido siendo analizada
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y se ha evaluado no
solo que sean reubicados en la sede ubicada en la Carrera 7 No. 28-18 los juzgados
de ejecución de penas, sino también a otras especialidades, sin embargo, a la fecha,
dicha decisión no ha sido tomada de manera definitiva, por ende, los derechos
invocados por el señor Veloza García actualmente no se encuentran vulnerados ni
amenazados.
Indicó que, mediante oficios núm. 3579 y 3628 de mayo 17 y 18 de 2023, suscritos por
la Ruth Stella Melgarejo Molina, Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá, dirigidos al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, se manifestó que:
“(...) me permito informarle que, en reunión de hoy 17 de mayo de 2023, por votación de
la mayoría, los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,
decidieron NO ACCEDER AL TRASLADO A DICHA SEDE.”
Informó que los argumentos expuestos en los referidos oficios por la Juez
Coordinadora coinciden con los del escrito de tutela y expresó que, conforme a la
postura de la mayoría de los jueces de ejecución de penas, a la fecha, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá no le ha informado una decisión
definitiva y viable frente a qué despachos judiciales u oficinas administrativas puedan
ser reubicados en la nueva sede, razón por la cual, considera que no se han vulnerado
los derechos fundamentales invocados por el actor.
Por último, manifestó la urgente necesidad de adquirir más espacios para la ubicación
y el funcionamiento de los despachos judiciales, pues, debido a la creación de más
despachos judiciales con carácter permanente en las distintas especialidades y las
diferentes medidas de descongestión adoptadas, surge la necesidad de conseguir
otros espacios con la infraestructura física y tecnológica necesaria para que puedan
funcionar de manera óptima.
Por lo expuesto solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá afirmó que según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) él término
“hacinamiento”, empleado por el actor para referirse a la situación a la que se
enfrentaría de ejecutarse el traslado, se encuentra definido como: “amontonar,
acumular o juntar sin orden", situación que no ha sido probada por el actor dentro del
trámite de tutela, por lo que su afirmación de que se está atentando contra la dignidad
humana carece de sustento fáctico y probatorio.
Indicó que, en el caso objeto de estudio, esa Seccional ha actuado conforme a los
mandatos constitucionales y legales, realizando las gestiones, trámites y verificaciones
necesarias y de llegarse a ejecutar el traslado de sede que se tiene previsto para
dichos juzgados, no se estaría atentando contra ningún derecho o garantía
fundamental porque el nuevo edificio garantiza los estándares mínimos para realizar
las actividades laborales y añadió que, además, el visto bueno para dicho traslado
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estaría sujeto al aval por parte de la ARL, quien es el ente competente para autorizarlo
en procura de los derechos de los trabajadores y el interés general de la administración
de justicia.
Explicó que, conforme a los hechos señalados por el actor, no es posible acceder al
amparo solicitado en la medida en que no existe una amenaza real, pues el actor alegó
la vulneración basada en supuestos futuros que no se encuentran acreditados dentro
del acervo probatorio.
Conforme a lo expuesto, solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela o
en su defecto sea desvinculada de su trámite.
6. Intervenciones
La Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros señaló
que los cambios de sede son decisiones administrativas del empleador, el cual es
autónomo en el establecimiento de políticas y objetivos para el cumplimiento del
sistema de seguridad y salud en el trabajo, y es responsable de adoptar disposiciones
efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la
salud de los trabajadores y/o contratistas y en los equipos e instalaciones, de acuerdo
con el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.8, numeral 6.
Informó que es responsabilidad del empleador cumplir las normas, políticas,
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo; así como definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal
necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas
de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo y también, para que el encargado del SG-SST y el COPASST pueda cumplir
de manera satisfactoria con sus funciones.
Finalmente, adujó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque no es
la llamada a responder por los derechos invocados por el actor.
El Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad informó que en
múltiples oportunidades y a diferentes entidades ha enviado solicitudes con la finalidad
de verificar las condiciones estructurales, de seguridad, de cambio de uso del suelo
del edificio al que eventualmente sería trasladada la sede de los juzgados de ejecución
de penas y medidas de seguridad de Bogotá́ .
Lo anterior, porque, a su juicio, dichas instalaciones carecen de infraestructura para
llevar a cabo la labor judicial en las condiciones que se requiere, pues el Juzgado no
contaría siquiera con muros que los separen, ni con estructuras de evacuación
adecuadas en el edificio para eventuales emergencias.
Afirmó que, hasta el momento, no ha recibido respuestas a las inquietudes planteadas
en las distintas solicitudes, en especial, las dirigidas al director ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Bogotá desde el 27 de abril de 2023.
De igual forma, expuso que dirigió solicitudes escritas a la Secretaría de Planeación
Distrital, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto
Distrital para la Gestión de Riesgos; con la finalidad de que, conforme a sus
competencias, verifiquen las condiciones del edificio al que serían trasladadas las
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instalaciones de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Bogotá.
Il. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
En el caso objeto de estudio la Sala encuentra necesario determinar si las autoridades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor , con la
intención de efectuar traslado de la sede de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá.
Para lo anterior, la Sala se referirá previamente a los hechos que se encuentran
acreditados en el caso objeto de estudio.
Caso concreto
El señor Veloza García ocupa, en carrera, el cargo de asistente jurídico en el Juzgado
Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, ubicado en el edificio
Kayser.
El actor aduce que al inicio del 2023 se le informó que los juzgados de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Bogotá serían trasladados a una nueva sede
ubicada en la Carrera 7 # 28 – 18, la cual, a su juicio, no cuenta con las herramientas
necesarias para ejercer las funciones judiciales.
De acuerdo con los informes rendidos en la presente de tutela, la Sala evidencia que,
a la fecha, no se ha efectuado el mencionado traslado de sede de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados, sin que, en el presente caso, se
acredite la vulneración cierta o la amenaza de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, si se tiene en cuenta que en la actualidad se está surtiendo el
trámite administrativo en el que se determinará si es viable o no la ejecución del
traslado de sede de los mencionados juzgados.
Adicionalmente, es necesario precisar que tampoco se acredita de qué manera la
decisión de trasladar la sede de los juzgados, eventualmente, podría causar una grave
afectación al actor, de modo que se habilite la intervención de juez de tutela. El actor
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se limitó en afirmar que la sede judicial a la que sería trasladado el despacho en el que
trabaja no resulta adecuada y no cuenta con los requerimientos para que funcione allí
el despacho judicial. Sin embargo, no aportó ninguna prueba que acredite su dicho.
Por el contrario, según los informes recibidos, el proceso está en curso y en él, incluso
está pendiente el concepto que debe dar la ARL.
Pues bien, la parte actora no solo desconoce que, a la fecha, no hay una decisión
definitiva frente al traslado de sede, sino que, además, no se ocupa en demostrar por
qué el posible traslado afectaría derechos fundamentales.
En criterio de la Sala la acción de tutela resulta del todo prematura, pues, no existe
amenaza ni vulneración de los derechos fundamentales invocados , lo anterior si se
tiene en cuenta que el señor Veloza García parte de un supuesto consistente en la
variación de sus condiciones laborales con ocasión a un futuro traslado de sede, sin
que esa circunstancia esté siquiera sumariamente acreditada en este escenario
constitucional, pues, de hecho, a la fecha ni siquiera existe una orden o aprobación
por parte de las entidades competentes donde conste que es viable el mencionado
traslado.
Al respecto, la Corte Constitucional, ha precisado:
«La Constitución Política de 1991 en su artículo 86 consagró la acción de tutela con el
propósito de brindar la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o
de un particular, en los casos expresamente señalados por la ley, siempre y cuando que quien
la invoque, no disponga para el efecto de otros medios de defensa judiciales.
De forma reiterada[1] la Corte ha indicado que la utilización de la acción de tutela por parte de
quienes acuden a ésta, es procedente siempre que se origine sobre hechos ciertos y
reconocidos, que permitan amparar la violación de un derecho indiscutible.
(…)
4. Todo lo anterior lleva a la Sala a reiterar consolidada doctrina de esta Corporación según la
cual: “La informalidad de la tutela no justifica el que los ciudadanos recurran a ella con el único
propósito de conjurar una situación que consideran, a través de conjeturas, podría ocasionar
un perjuicio. Dicha acción no protege derechos fundamentales sobre la suposición de que
llegarían a vulnerarse por hechos o actos futuros. Por ello el ciudadano, actuando
directamente o a través de apoderado, cuando vaya a instaurar una acción de amparo
debe cotejar, sopesar y analizar si en realidad existe la vulneración o amenaza de tales
derechos, pues la tutela no puede prosperar sobre la base de actos o hechos
inexistentes o imaginarios, lo cual, por el contrario, conduce a congestionar la
administración de justicia de modo innecesario y perjudicial para ésta.»1
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por el señor Diego Veloza García.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
1 Corte Constitucional, sentencia T-402-04
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Demandante: Diego Camilo Veloza García
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Veloza
García.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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