Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02649-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02649-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02649-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de agosto de 2023
Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02649-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02649-01
Demandante: ANÍBAL SINISTERRA HINESTROZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca improcedencia –
ampara por configuración del defecto sustantivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 4 de julio de 2023, por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. En esta providencia se declaró
improcedente el mecanismo judicial de la referencia por no superar el requisito
general de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Aníbal Sinisterra Hinestroza, actuando por intermedio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social y los derechos adquiridos, junto
con los principios de seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y la
prevalencia del derecho sustancial.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia proferida el 20 de enero de 2023, por la autoridad judicial accionada,
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
76001-33-33-007-2018-00071-01.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
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Demandante: Aníbal Sinisterra Hinestroza
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia de fecha 20 de enero de 2023, puesto que no tuvo en cuenta el
parágrafo del artículo 1 del decreto 1161 del 2014.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se deje sin efecto la sentencia en mención, y se ordene a la
entidad accionada que profiera nueva sentencia en la que se disponga a
reajustar el subsidio familiar desde el 24 de junio de 2014 hasta la fecha de
retiro de la institución con fundamento en lo establecido en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Sinisterra Hinestroza se vinculó al servicio del Ejército Nacional
del 5 de julio de 1995 al 29 de noviembre de 1996 prestando el servicio militar
obligatorio, del 9 de enero de 1999 al 31 de octubre de 2003 como soldado
voluntario y como soldado profesional del 1 de noviembre de 2003 inclusive
hasta la fecha en la que se profirió la sentencia de 20 de enero de 2023.
6. Contrajo matrimonio el 20 de agosto de 2011. Con ocasión de ello solicitó
el reconocimiento del subsidio familiar. Dicha prestación le fue concedida
mediante Orden Administrativa de Personal 2322 de 30 de noviembre de 2014,
con novedad fiscal de 3 de julio de 2014.
7. Posteriormente, mediante petición de 22 de agosto de 2017 solicitó el
reconocimiento y pago de la prima de actividad y del susidio familiar desde la
fecha en la que contrajo matrimonio, con base en el Decreto 1794 de 2000. No
obstante, el Ejército Nacional negó su solicitud.
8. Contra la anterior decisión, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Así, en sentencia de 28 de noviembre de 2019 el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali concedió el
subsidio familiar de acuerdo con el Decreto 1794 de 2000. Consideró que, dado
que el actor contrajo matrimonio dentro del lapso cobijado por los efectos ex
tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, debía serle
reconocido el subsidio en los términos de la norma invocada.
9. El Ejército Nacional apeló el fallo de primer grado. Al respecto, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca modificó la decisión recurrida en el siguiente
sentido:
SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho ORDENAR a la demandada Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional que proceda a reajustar, liquidar y pagar a favor del señor
Aníbal Sinisterra Hinestroza, la partida de subsidio familiar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 (4% del salario básico
mensual + 100% de la prima de antigüedad), a partir del 20 de agosto de 2011 y
hasta el 24 de junio de 2014, conforme a lo expuesto. La entidad deberá
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descontar los valores que por concepto de subsidio familiar previsto en el
Decreto 1161 de 2014 le haya pagado al demandante, por ser incompatibles
con el derecho aquí reconocido.
10. Explicó que al actor solo le asistía derecho al reconocimiento con base
en el Decreto 1794 de 2000 en el interregno entre el 20 de agosto de 2011 (día
en el que contrajo matrimonio) y el 24 de junio de 2014 (fecha de entrada en
vigencia del Decreto 1161 de 2014). Lo anterior, pues el momento en el que
surgió el derecho al reconocimiento de la prestación ocurrió con la entrada en
vigencia del Decreto 1161 de 2014, la entidad accionada pagó dicha prestación
desde el 3 de julio de 2014 y ello no se puede desconocer.
1.4. Sustento de la vulneración
11. Aludió que, el tribunal accionado desconoció que por sentencia de 8 de
junio de 2017, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, el cual había
derogado el artículo 11 del Decreto 179 de 2000.
12. Aseveró que lo anterior constituía un defecto sustantivo, pues el tribunal
accionado al decidir la segunda instancia no consideró la sentencia del Consejo
de Estado, ni aplicó el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014.
Indicó que esta última norma excluye de la aplicación de este decreto a quienes
se les haya reconocido el subsidio familiar con las disposiciones del Decreto
1794 de 2000. En ese sentido, al asistirle derecho a que su subsidio familiar sea
otorgado conforme a la última disposición referida, pues cumplió los requisitos
de esta antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014, se le debía
mantener conforme a los postulados del año 2000.
13. Precisó que al haberse reconocido en primera instancia el subsidio
conforme al Decreto 1794 de 2000, se debió descartar en su totalidad el
Decreto 1161 de 2014 por ser normas excluyentes. Insistió en que le resulta
aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta que
contrajo nupcias el 28 de agosto de 2011.
14. Agregó que, la derogatoria del Decreto 3770 de 2009 busco la
salvaguarda de quienes tenían derecho al goce efectivo del subsidio familiar y
protegieron a quienes ya lo devengaban conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000.
15. Sostuvo que la única norma llamada a regular su situación era el Decreto
1794 de 2000. Por ello el juez de primer grado facultó a la demandada a
descontar las sumas que se habían cancelado con ocasión del Decreto 1161 de
2014.
16. Señaló que no acceder a sus pretensiones le acarrearía la vulneración de
su derecho a la igualdad frente a los soldados a quienes se les ha reconocido
por vía administrativa o judicial el subsidio familiar conforme al artículo 11 del
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Decreto 1794 de 2000, tomando de base la fecha de consolidación objetiva del
derecho.
1.5. Trámite de primera instancia
17. Por auto de 23 de mayo de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.
1.6. Intervención del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
18. Refirió que la parte actora pretende utilizar este mecanismo como una
instancia adicional del proceso ordinario. Puso de presente que los hechos
narrados en la tutela coinciden con los expuestos en el proceso ordinario y los
citó in extenso. Por ende, en su sentir, no se logró satisfacer el requisito de la
relevancia constitucional.
19. Adicionó que no incurrió en la vulneración alegada y que corresponde
negar la protección de los derechos reclamados.
1.6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue debidamente
notificado del auto admisorio, pero guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
20. En providencia de 4 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró que el mecanismo constitucional de la referencia
era improcedente porque no revestía relevancia constitucional.
21. Para fundamentar su decisión, explicó que lo que persigue el tutelante
con la promoción de este mecanismo es reabrir el debate ordinario. Agregó que,
la decisión del tribunal se sustentó en que desde el 3 de julio de 2014 el actor
estaba devengando el subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1161 de
2014.
1.8. Impugnación
22. La parte actora impugnó la decisión de primer grado. Iteró que no se
tuvo en cuenta el contenido del parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de
2014. Esto, toda vez que al juez de primer grado haber ordenado el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000,
no le era aplicable el Decreto 1161 de 2014. Por ende, insistió en la concreción
de un defecto sustantivo que en su sentir vicia la decisión reprochada.
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23. Discutió que su escrito tutelar contiene la sustentación del defecto
invocado y allí se explican las razones por las que procede el amparo de sus
derechos fundamentales.
24. Añadió que las dos disposiciones indicadas son excluyentes y que el
tribunal debió considerar que al haberse reconocido su prestación conforme al
Decreto 1794 de 2000, quedaba protegida su prestación con este cuerpo
normativo.
1.9. Trámite de segunda instancia
25. Por auto de 10 de agosto de 2023, el despacho sustanciador dispuso
vincular en calidad de tercero con interés al Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali. Lo anterior, atendiendo la tesis mayoritaria de
la Sección Quinta del Consejo de Estado según la cual se debe vincular al
curso de las acciones de tutela contra providencias judiciales a los jueces de
primera y segunda instancia del proceso cuestionado.
26. Pese a haberse notificado en debida forma la anterior decisión, la
autoridad judicial vinculada guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el 4 de julio de 2023. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
29. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Aníbal
Sinisterra Hinestroza conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-007-2018-00071-01.
Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama
por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.
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30. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por ser el operador
judicial que profirió el fallo de 20 de enero de 2023.
2.3. Problemas jurídicos
31. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, la intervención allegada en el
trámite del proceso y el escrito de impugnación; corresponde a esta Sala decidir
si confirma, modifica o revoca el fallo de 4 de julio de 2023 de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
32. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en la vulneración
de los derechos fundamentales sobre los que el accionante reclama la
protección al dictar la sentencia de 20 de enero de 2023?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20121. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema2. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales3.
35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 4. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia5 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial6.
36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
6 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Tutela contra tutela
40. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 20 de
enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
76001-33-33-007-2018-00071-01.
2.5.2. Inmediatez
41. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP7). Lo anterior, toda vez que se profirió el 20 de
enero de 2023, se notificó el 24 de enero siguiente y la acción constitucional se
radicó el 18 de mayo de 2023, a través del correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
42. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la
providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin
establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada. Lo anterior, a la luz de
la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados
7 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059. Esto, con el fin de
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial10.
2.5.3. Subsidiariedad
43. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 20 de enero de
2023 resolvió el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente
que se agotaron los recursos ordinarios.
44. Igualmente, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201111.
2.5.4. Relevancia constitucional
45. Como se expuso con antelación, desde la perspectiva del señor
Sinisterra Hinestroza la sentencia de 20 de enero de 2023 está viciada de un
defecto sustantivo. Afirmó que se desconocieron los efectos ex tunc otorgados
a la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 mediante la sentencia de
8 de junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado y el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. En su sentir, le
asistía derecho a que se le reconociera el subsidio familiar con las prerrogativas
del Decreto 1794 de 2000.
46. En el mismo sentido, indicó que le fueron transgredidos sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social con ocasión de la decisión reprochada.
47. De conformidad con lo anterior, se resalta que la parte actora cumplió
con la carga de identificar el defecto que le adjudica a la sentencia censurada,
esto es, el sustantivo. De igual forma, sustentó en qué se concreta el mismo,
9 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
10 Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
11 Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
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puesto que afirmó que se desconocieron los efectos de una sentencia que
declaró la nulidad de una norma y que, de conformidad con ello tenía derecho a
que se le reconociera una prestación social.
48. En principio podría establecerse que lo propuesto por el accionante recae
en un debate meramente legal respecto a si corresponde aplicar dos normas.
Por un lado, la que recobró vigencia a partir de una decisión judicial (el Decreto
1794 de 2000) y el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. Sin
embargo, el debate en cuestión gira en torno al subsidio familiar de un soldado
profesional.
49. La prestación objeto de debate ha sido definida por la Corte
Constitucional de la siguiente manera12:
Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar las
cargas económicas del trabajador beneficiario”85F. Ha destacado que [t]iene por
objetivo fundamental la protección integral de la familia”86F señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de la
política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”87F. Ha reiterado también que
“es una función pública, servida por el Estado a través de organismos
intermediarios manejados por empresarios y trabajadores”88F y su cumplimiento
adecuado compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de
equidad que persigue”89F. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado que
el subsidio supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos y los
altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas
del grupo familiar”90Fy, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo de
redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se
reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso
precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más
apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”. (Cursivas y
comillas del texto original).
50. Del aparte transcrito se extrae la conclusión que el subsidio familiar y, en
particular, el debate jurídico que se suscita en esta oportunidad reviste
relevancia constitucional. Como se indicó, esta prestación tiene por objeto la
protección integral de familias de medios y bajos recursos, especialmente en lo
que tiene relación directa con las necesidades básicas. Así las cosas, si bien se
podría considerar que al tratarse de una reliquidación económica el asunto no
trasciende de allí, lo cierto es que supera ampliamente lo anterior, toda vez que
toca el mínimo vital de núcleos familiares a partir de una prestación que procura
por garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que por ingresos
económicos salariales tienen cierta ventaja.
51. De lo anterior se concluye que, los reproches propuestos por la parte
actora revisten relevancia constitucional. En efecto, a través de la presente
acción de tutela más allá de proponerse un debate legal o económico, se
12 Sentencia C-271 de 2021 de la Corte Constitucional.
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establece que al señor Sinisterra Hinestroza se le han podido ver vulnerados
sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la seguridad social porque no le fue reconocido el subsidio familiar.
Prestación social que goza de un carácter protector del derecho a la igualdad
desde una óptica familiar.
52. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron
los derechos deprecados por el actor al configurarse un defecto sustantivo
dentro de la sentencia de 20 de enero de 2023.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
53. Se observa que, la parte actora cumplió con este requisito en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo y le vulneró
sus derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
seguridad social y a la igualdad.
2.5.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
54. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque no se le reprocha ningún error procesal a la sentencia objeto de
censura.
2.6. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.6.1. Defecto sustantivo
55. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201913, reiteró sobre este, lo siguiente:
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que
la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial,
no es en ningún caso absoluta”14. En consecuencia, este defecto se materializa
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen15. La jurisprudencia de este Tribunal, en
diferentes decisiones16, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
15 Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.
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(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente17, derogada18, o que ha sido
declarada inconstitucional19.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente20.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador21.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia
con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico22.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva 23 o
claramente contraria a la Constitución24.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición25.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso26.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales27.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación28.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad29.
Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales30, o cuando
17 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
19 Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
20 Corte Constitucional, T-189 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
22 Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292
de 2006.
29 En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
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al ser aplicadas al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por
lo que debe ser igualmente inaplicada31.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez
no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia32.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado33 que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable34 en, al menos,
dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance
que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes35; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que
en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable36»37.
2.7. El defecto sustantivo en el caso concreto
56. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la
parte tutelante se desconocieron los efectos de la sentencia de 8 de junio de
2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, la cual dejó
sin efectos el Decreto 3770 de 2009. De conformidad con ello, el tribunal pasó
por alto que, teniendo en cuenta el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161
de 2014 y al haber cumplido los requisitos del Decreto 1794 de 2000, le debía
ser reajustado su subsidio familiar bajo los supuestos de esta última norma.
57. Resaltó de forma especial que contrajo matrimonio el 20 de agosto de
2011. Es decir, antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014.
58. En este punto precisa la Sala que, al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 201738 resolvió:
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional
en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
30 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
31 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
32 Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
35 Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
36 Corte Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
37 Cursiva del texto original.
38 Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00 de FUNDACIÓN COLOMBIANA SENTIMIENTO
PATRIO DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES “SEDESOL”
contra GOBIERNO NACIONAL. M.P. César Palomino Cortés.
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DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por
el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
59. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo:
En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el
Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del
subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no
solamente contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino
también porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su
objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.
Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula
del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la
vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla
hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia
socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por
cuanto que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la
persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.
60. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la
citada sentencia de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de
septiembre de 2017, en la cual se precisó:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar
la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada
por la ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando
fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su
entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
61. Con base en el análisis esbozado, para la Sala sí se configuró el defecto
sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009. Así las cosas, al actor le asiste el derecho a
que se le reajuste en su totalidad el subsidio familiar del que goza, de acuerdo
al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.
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62. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que el tutelante
consolidó el derecho a percibir el subsidio familiar el 20 de agosto de 2011 y por
ello se le debía reconocer la prestación de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, dado que para la fecha en la que contrajo
matrimonio no estaba vigente la norma referida y con posterioridad el Decreto
1161 de 2014 reconoció un subsidio familiar a soldados profesionales, pero en
otros términos, no se podía desconocer que el actor accedió al beneficio
mediante Orden Administrativa de Personal de 30 de noviembre de 2014.
63. Por ende, concluyó que el subsidio familiar del señor Sinisterra
Hinestroza debe pagarse en los términos del Decreto 1794 de 2000,
únicamente en el interregno comprendido entre el 20 de agosto de 2011 (fecha
de su matrimonio) y el 24 de junio de 2014 (fecha de entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014).
64. El tutelante infirió que la anterior conclusión desconoció los efectos de la
mencionada sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. La norma en cuestión
dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 1. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes
de marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado
en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se
liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
[…]
PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio
familiar previsto en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, no
tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que se crea en el
presente decreto. (Resaltado añadido por la Sala)
65. Así las cosas, al contraponer la argumentación del tribunal tutelado, las
disposiciones normativas indicadas y puntualmente los efectos de la sentencia
de 8 de junio de 2017, para la Sala sí se configura el defecto sustantivo
alegado.
66. Como lo ha expuesto esta Sala en múltiples ocasiones39, la sentencia de
8 de junio de 2017, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009 tuvo efectos ex tunc. Esto implicó que, su exclusión del ordenamiento
jurídico operara como si dicha norma nunca hubiese existido. La consecuencia
39 Ver, entre otras, sentencia de 27 de octubre de 2021, proceso: 11001-03-15-000-2021-04441-
01, m. p. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencia de 2 de febrero de 2023, proceso 11001-03-
15-000-2022-06534-00, m. p. Luís Alberto Álvarez Parra.
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jurídica fue entonces que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 jamás fue
derogado del ordenamiento jurídico.
67. Por su parte, el restablecimiento de un derecho, cuando se ordena a
través del medio de control de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
opera, por regla general40, con la finalidad de volver las cosas al estado
anterior.
68. En ese orden de ideas, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
entendió que al actor debía reconocérsele el subsidio familiar desde su fecha de
casamiento, la cual tuvo lugar el 20 de agosto de 2011, y según las
disposiciones del Decreto 1794 de 2010, debió concluir que, para el 30 de
noviembre de 201441 era beneficiario de la prestación según la norma anterior,
como un efecto automático del restablecimiento.
69. Así las cosas, lo adecuado por parte de la autoridad accionada es que si
se encontraba ante una situación en la que el demandante era acreedor del
subsidio familiar en las dos modalidades, es decir, bajo las dos normas
contrapuestas, estaba en el deber de verificar cuál de ellas debía imperar.
70. Por el contrario, optó por dividir la prestación en dos tiempos,
desconociendo de plano que existía un postulado que, específicamente,
resolvía el caso. Esto es, el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1164 de 2014
el cual dispone que lo establecido en ambos decretos sobre el subsidio familiar,
es excluyente.
71. Nótese que, incluso, desde el inciso introductorio del artículo 1 de la
mencionada norma, se establece que va dirigido a quienes «no perciben el
subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000». Adicionalmente,
el parágrafo en cuestión es categórico al proscribir el derecho a percibir el
emolumento allí contemplado, para quienes ya lo reciben por cuenta del
Decreto 1794 de 2000. No obstante, en la sentencia objeto de reproche el
tribunal no tuvo en cuenta de ninguna forma dicho postulado.
72. Ahora bien, se podría pensar que, para el 30 de noviembre de 2014 el
tutelante no percibía la prestación. No obstante, de conformidad con la
sentencia de 8 de junio de 2017 el Decreto 1794 de 2000 mantuvo su vigencia
en el tiempo. En ese sentido, se genera la presunción a favor del demandante
relativa a que siempre fue acreedor del derecho en los términos del Decreto
1794 de 2000 y, por lo tanto, su situación se encontraba entre la prohibición de
que trata el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. En
consecuencia, el subsidio familiar a él reconocido solo podía regularse
conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
40 Exclúyase de esta regla, aquellos casos en que el restablecimiento es materialmente
imposible y debe ordenarse en modalidad de indemnización.
41 Momento en el que se reconoció la prestación conforme al Decreto 1161 de 2014.
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73. A esta conclusión ya había llegado esta Sala entre otras, en la sentencia
de 27 de octubre de 2021, así42:
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del
cual se indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del
Decreto 1161 de 2014, toda vez que, el hecho que justifica el
reconocimiento de la partida se dio con antelación a la fecha de
expedición del mencionado decreto, esto es, el 20 de marzo de 2013; por
lo que la norma aplicable es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que
se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de nulidad de la norma que
lo había derogado.
74. Debe resaltarse que, según lo dispone el artículo 1 del Decreto 1161 de
2014, es un requisito para devengar la prestación allí mencionada el no recibirla
por cuenta del Decreto 1794 de 2000. Al haberse ignorado esa disposición, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha generado que el señor Sinisterra
Hinestroza sea beneficiario del subsidio familiar en los términos del Decreto
1161 de 2014 a partir de la entrada en vigencia de esta norma, pese a que ya
era acreedor de esa misma prestación de la forma que contemplaba el Decreto
1794 de 2000. Situación para la cual se diseñó el parágrafo 3 del artículo 1 del
Decreto 1161 de 2014.
75. A partir de lo anterior, la Sala considera que se incurrió en el defecto
sustantivo invocado. Se itera, debido al desconocimiento de los efectos de la
sentencia de 8 de junio de 2017 y del parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto
1161 de 2014, el cual contempla la prohibición de que los soldados
profesionales que devenguen el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de
2000, lo perciban también de acuerdo con el Decreto 1161 de 2014.
76. En este orden, se ampararán los derechos fundamentales deprecados y
se dejará sin efectos la sentencia de 20 de enero de 2023. En consecuencia, se
le ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los
treinta días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una decisión
de reemplazo en la que tenga en cuenta el estudio zanjado en esta acción
constitucional.
2.8. Conclusión
77. Se revocará la sentencia de 4 de julio de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior, porque se
encontraron superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales y configurado el defecto sustantivo
propuesto.
42 Ver sentencia del 27 de octubre de 2021 dentro del expediente N. ° 11001-03-15-000-2021-
04441-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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78. En vista de ello, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que dicte una sentencia de reemplazo a la de 20 de enero de 2023,
dentro del expediente 76001-33-33-007-2018-00071-01, en los treinta días
siguientes a la notificación de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 4 de julio de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el mecanismo judicial de la referencia por no encontrar superado
el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad
social del señor Aníbal Sinisterra Hinestroza. En consecuencia, ORDENAR al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de esta sentencia dicte una decisión de reemplazo a
la que profirió el 20 de enero de 2023, dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 76001-33-33-007-2018-00071-01.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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