Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02655-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02655-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02655-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Accionante: Jhon Alexander Rodríguez Pachón
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Falta de carga argumentativa - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido
por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, en contra
de la sentencia proferida el 22 de junio de 2023, por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 18 de mayo de 2023, Jhon Alexander Rodríguez Pachón, Héctor Hernando
Rodríguez Méndez, María Cristina Pachón Rozo y Johanna Carolina Rodríguez
Pachón presentaron acción de tutela contra la Sección Tercera - Subsección C del
Consejo de Estado1, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 7 de
septiembre de 20222, proferida por dicha autoridad judicial en el marco del medio de
control de reparación directa, que promovieron en contra de la Nación – Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación3.
2.- Dicho proceso fue iniciado el 4 de abril de 2008 con el propósito de que se
declarara administrativamente responsable a dichas entidades por el daño derivado
de la privación injusta de la libertad de Jhon Alexander Rodríguez Pachón entre el
18 de febrero y el 11 de septiembre de 20074 en virtud de la medida de
1 En la decisión participaron los Magistrados Jaime Enrique Rodríguez Navas (Magistrado Ponente) y Guillermo
Sánchez Luque.
2 Notificada 27 de enero de 2023.
3 Identificado con el número radicado: 25000-23-26-000-2009-00181-01 (51368).
4 Si bien se ordenó la libertad inmediata del accionante en sentencia de 3 de octubre de 2007, en el proceso de
reparación directa se encontró probado, según la certificación de tiempos de reclusión (folio 18 0.2 Pruebas) y el
registro de audio y video de la audiencia de legalización de captura de (infolio 7), que el accionante estuvo privado
de libertad durante el período de tiempo comprendido entre 18 de febrero al 11 de septiembre de 2007.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
aseguramiento que le impuso el Juzgado 52 Penal con Funciones de Control de
Garantías de Bogotá y su posterior absolución por parte del Juzgado 34 Penal del
Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento.
3.- Mediante sentencia de 3 de noviembre de 2011, la Sección Tercera –
Subsección A – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda. La autoridad judicial imputó el daño antijurídico a partir
de la óptica del régimen objetivo de responsabilidad, concluyendo que la víctima
directa fue privada de su libertad y posteriormente absuelta sin la presencia de un
eximente de responsabilidad. Por lo anterior, condenó a las entidades demandadas.
4.- A través de la sentencia de 7 de septiembre de 2022, la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda por considerar que la medida impuesta al señor
Rodríguez Pachón se impuso de manera legal, necesaria, proporcional y razonable.
Para el efecto, tomó como fundamento jurisprudencial la sentencia SU-072 de 2018.
5.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, seguridad jurídica, buena fe y a su vez los principios de confianza legítima
y respeto por las expectativas legítimas; al incurrir en:
6.- Defecto Fáctico, ya que omitió valorar los testimonios de los señores David
Zárate Ariza y Gloria Ivonne Sánchez Cárdenas y del Agente del Ministerio Público.
7.- Y desconocimiento del precedente, al no aplicar los parámetros fijados en la
sentencia de 17 de octubre de 2013, dictada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del expediente 52001-23-31-000-1996-07459-01, decisión que a su
parecer recoge los postulados de los fallos de 27 de septiembre de 20005, 25 de
enero de 20016, 2 de marzo de 20087 y 2 de mayo de 20078, proferidos por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
8.- Además, adujo que la postura adoptada en los fallos referidos es más favorable
que la adoptada por la autoridad accionada por lo que su aplicación resultaba acorde
a las disposiciones consagradas en el artículo 90 de la CP y a la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.
B. Sentencia de primera instancia
5 Exp. 11601.
6 Exp. 11413.
7 Rad. 73001-23-31-000-1997-05503-01.
8 Exp. 15463.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.- Mediante sentencia de 22 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió declarar improcedente el amparo solicitado en razón a que, no
encontró acreditado el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En
concreto, precisó que: (i) si bien la parte actora alegó el desconocimiento de tres
testimonios en particular, se limitó a citar partes de estos sin establecer su incidencia
y relevancia en la sentencia reprochada y (ii) pese a que la parte actora indicó la
sentencia presuntamente desatendida, se limitó a citar apartes extensos de la misma
sin que se pueda concluir de ellos algo distinto a que su fin es que se estudie
nuevamente la sentencia con base en el régimen objetivo de responsabilidad por
haber resultado absuelto penalmente, sin tener en cuenta que el juez accionado
adoptó su postura con base en una sentencia de unificación posterior a la que se
alegó como desatendida, esto es, la sentencia SU-072 de 2018. Por lo anterior,
concluyó que a través de la presente acción la parte actora pretendía reabrir el
debate jurídico, probatorio y fáctico zanjado por los jueces naturales de la causa, sin
precisar de qué forma se vulneraron sus derechos, y sin exponer la carga
argumentativa mínima que sustente los yerros que propuso a través de su escrito de
tutela.
C. La impugnación
10.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación,
señalando que, en las sentencias SU-406 de 2016 y T-044 de 2022, la Corte
Constitucional fijó las reglas en relación a la forma en la que se deben aplicar en el
tiempo los precedentes de unificación de jurisprudencia, en aquellos casos en los
que estos implican un cambio jurisprudencial. Por lo anterior, adujo que la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial debido a que
el aplicar la sentencia SU-072 de 2018, no tuvo en cuenta los cambios sustanciales
en las cargas probatorias y argumentativas, que implicó el cambio de precedente en
materia del título de imputación en el caso de los procesos de reparación directa por
privación injusta de la libertad, por lo que aplicó de forma “general y automática” las
disposiciones desarrolladas en el referido fallo sin valorar las circunstancias
particulares de los accionantes, ni realizar un estudio del riesgo que esto implicaba
para las garantías procesales.
11.- Además, afirmó que “[p]ara el caso en examen, del aquí accionante JHON
ALEXANDER RODRIGUEZ PACHON, en relación con la Sentencia de unificación
de fecha 17 de octubre de 2013, esta es aplicable, como anillo al dedo, al caso
concreto de la demanda de acción de reparación directa, y que por su no aplicación
allí, es que se cuestiona con esta tutela el fallo Administrativo de Segunda Instancia,
porque de haberse aplicado, hubiese favorecido los intereses jurídicos y
patrimoniales de los accionantes, y de paso, con ello, no se hubieren trasgredido los
derechos fundamentales constitucionales mencionados (…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
12.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19919.
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
13.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales10. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
14.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional11.
15.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
16.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
9 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
11 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
examinar dos elementos12: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
F. Análisis del caso concreto
17.- La Sala anticipa que confirmará el fallo proferido por el a quo, pues una revisión
de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela y de los argumentos
propuestos en la impugnación, permite advertir que los alegatos propuestos no solo
carecen por completo de carga argumentativa, sino que también a través de estos
la parte actora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado
y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya zanjado por el juez natural de
la causa por no estar de acuerdo con la decisión adoptada por Sección Tercera –
Subsección C – del Consejo de Estado de revocar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de noviembre de 2011, que declaró
administrativa y solidariamente responsables a la Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación por la privación de la libertad de Jhon Alexander Rodríguez
Pachón.
18.- En múltiples ocasiones esta Subsección se ha pronunciado sobre la aplicación
de los parámetros establecidos en la sentencia SU-072 de 2018, para resolver
demandas interpuestas en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
los que se solicita la reparación de los daños generados con ocasión de la privación
injusta de la libertad de una persona y en los que la referida sentencia no se
encontraba vigente al momento de la presentación de la demanda o del fallo de
primera instancia13.
19.- En dichos pronunciamientos se ha indicado que en la sentencia C-037 de 1996
la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 6814 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y afirmó que, en los casos de
privación injusta de la libertad, el juez contencioso administrativo no se encuentra
facultado para otorgar la reparación automática o inmediata de los perjuicios, sino
12 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
13 El análisis que se presenta fue desarrollado en la sentencia: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección
A, Sentencia de 23 de mayo de 2023, Rad. 05001-23-31-000-2009-00254-01 (52119). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico y reiterado en el fallo: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, Sentencia de 4 de
julio de 2023, Rad. 23001-23-31-000-2012-00092-01 (68.590). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
14 “Artículo
68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá
demandar al Estado reparación de perjuicios”.
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Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que era obligación de las autoridades judiciales examinar la actuación que dio lugar
a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una
decisión en ese sentido. Al respecto precisó que “el término ‘injustamente’ se refiere
a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales”. De igual manera señaló que “la aplicabilidad de la norma que se examina
y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la
administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y
teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las
circunstancias en que se ha producido la detención”.
20.- A través de sentencia de unificación de 17 de octubre de 201315, la Sección
Tercera de esta Corporación, con fundamento en los supuestos consagrados en el
artículo 41416 del Decreto 2700 de 199117, acogió un régimen de responsabilidad
objetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto
porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue
detenido no era típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de
aquellos casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in
dubio pro reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma
mencionada.
21.- Posteriormente, en la sentencia SU-072 de 2018, al estudiar varias tutelas
presentadas por la Fiscalía General de la Nación, en contra de providencias que
condenaban a la entidad con fundamento en aplicación del principio in dubio pro reo,
estableció que la tesis objetiva - responsabilidad por la ocurrencia de un daño
especial-, era contraria a las disposiciones consagradas en el artículo 90 de la CP18
y al precedente fijado en la sentencia C-037 de 1996.
22.- En ese sentido la Corte Constitucional precisó que ninguna norma o
disposición jurisprudencial19 establecía un régimen de responsabilidad específico
aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que señaló que, ante la
imposibilidad de aplicar de manera automática la tesis de la responsabilidad objetiva,
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354.
16 “Articulo
414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de
la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la
detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa
grave”.
17 “Por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal”.
18 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.
19 En particular hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y la
sentencia C-037 de 1996.
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Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
correspondía al juez de conocimiento determinar, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, el título de imputación aplicable y en cualquier caso
este se encontraba obligado a determinar si la medida que dio origen a la privación
de la libertad era apropiada, razonable y proporcionada.
23.- Mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 20, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin
embargo, dicha providencia quedó sin efectos vía tutela21, por lo que el 6 de agosto
de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 22. Al respecto debe
precisarse que, si bien en esta segunda providencia no se adoptó como
determinación de unificación, recogió lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-037 de 1996, en el sentido de reiterar que en los casos de privación
injusta de la libertad debía evaluarse el carácter injusto de la actuación de las
entidades demandadas, a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad de la medida de aseguramiento y siguiendo las reglas establecidas en la
sentencia SU-072 de 2018 hizo mención a que la terminación de un proceso penal
por sentencia absolutoria o a través de una resolución de preclusión, no resultaba
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado , toda vez que era
necesario determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, si generó
un daño antijurídico imputable a la administración.
24.- Acorde con lo anterior, al referirse a los efectos de las sentencias de unificación
en el tiempo, esta Subsección ha precisado -de conformidad con lo establecido por
el Consejo de Estado23 y la Corte Constitucional24- que, por regla general, los
cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos; por ende, se aplican a todos
los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
25.- Por lo anterior, en múltiples fallos de tutela25, esta Corporación ha señalado que
los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al
momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha
servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
21 Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
22 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de agosto del 2020. Radicado No. 66001-
23-31-000-2011-00235-01 (46.947), M.P. José Roberto Sáchica Méndez
23 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A,
auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
24 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea
Meneses Mosquera.
25 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-
2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de
mayo de 2021, Rad.11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B;
(iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.
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Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por
no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia26.
26.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala encuentra que la
medida de aseguramiento de detención preventiva, como medida coercitiva para
garantizar la comparecencia de la persona al proceso, la efectividad de la pena, o
impedir que se transgredan otros bienes jurídicos tutelados, no quebranta el derecho
a la libertad, siempre y cuando las autoridades civiles y judiciales acaten de manera
estricta los términos y condiciones que la ley prevé para la procedencia y
materialización de dicha medida, a la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento.
27.- Las consideraciones expuestas fueron desarrolladas por la Sección Tercera –
Subsección C – del Consejo de Estado en el título “5.3 Sobre el régimen de
imputación vigente en tratándose del análisis de la privación injusta de la libertad”,
del fallo de 7 de septiembre de 2022, en el que la autoridad judicial accionada expuso
de forma extensa las razones por las que consideraba necesario abordar el análisis
del caso de objeto de estudio de conformidad con los parámetros establecidos en la
sentencia SU-072 de 2018. En este sentido, manifestó que, si bien el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca había fundado su decisión en la postura adoptada
por esta Sección en la sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, las
consideraciones allí expuestas eran contrarias a la interpretación del artículo 90 de
la CP y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018.
28.- Además, precisó que en la referida sentencia la Corte Constitucional consideró
que: (i) el análisis de la concurrencia de los tres elementos de la responsabilidad
patrimonial pública (daño antijurídico, imputación y nexo de causalidad) era
necesario sin importar título de imputación que se aplique; (ii) el artículo 90 de la
Constitución no define un único título de imputación, lo cual sugiere que tanto el
régimen subjetivo de la falla del servicio, coexiste con títulos de imputación de
carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional; (iii) la libertad, como
el resto de los derechos, salvo la dignidad humana, no es absoluto; (iv) pese a las
26 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de conformidad con
lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió
en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la
regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando
la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado
23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de
Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración,
a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes
Corrales).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
diferencias significativas que subyacen entre la detención preventiva y la penal, una
y otra no solo son compatibles con la Constitución, sino que, en el caso de la
detención preventiva, ella no comporta una agresión del principio de presunción de
inocencia; (v) de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad
sólo resulta legítimo el uso de las medidas preventivas cuando éstas sean
estrictamente indispensables y requeridas para la obtención de fines de naturaleza
constitucional como la comparecencia del procesado, la preservación de la prueba
y la protección de la comunidad y de las víctimas; (vi) conforme a la sentencia C-
037 de 1996, el adverbio “injustamente" que incluye el artículo 68 para calificar la
privación de la libertad, hace referencia a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se
torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni
conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria; (vii) la falla en el servicio es el
título de imputación preferente y que los otros dos títulos — el riesgo excepcional y
el daño especial –, son residuales, esto es, a ellos se acude cuando el régimen
subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación; (viii) una
interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo
de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por
el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, que definen la actuación judicial, no el título de
imputación; (ix) el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta
más idóneo para establecer que si el daño sufrido por el demandante devino de una
actuación que no era idónea, razonable y proporcionada; y (x) en los casos en los
que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, es posible predicar
que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, por lo que en estos eventos es posible aplicar un título de
atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se
demuestra sin mayores esfuerzos.
29.- Conforme a lo anterior, la autoridad judicial accionada señaló que teniendo en
cuenta el “cauce que ha tomado la jurisprudencia en función de la doctrina
constitucional en la materia, la Subsección procede al análisis de la privación de la
libertad que sufrió Jhon Alexander Rodríguez Pachón por la actuación penal seguida
en su contra, de acuerdo con los fundamentos fácticos expuestos y los medios
probatorios que obran en el plenario. En consecuencia, se deben examinar las
diversas actuaciones de las demandadas en los procedimientos realizados al señor
Rodríguez Pachón dentro del proceso penal, donde estuvo detenido por lapso de
cinco, punto ocho meses (5.8) comprendidos entre el 18 de febrero al 11 de
septiembre de 2007, para establecer si se probó la configuración de un daño
antijurídico, requisito indispensable tanto en el régimen de responsabilidad objetiva
como subjetiva”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
30.- Es así como, la autoridad judicial accionada falló acorde con la jurisprudencia
aplicable al caso concreto, esto es, la sentencia SU-072 de 2018, puesto que, como
se indicó, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos. En
consecuencia, al haber estado el presente asunto en trámite de primera instancia al
momento de dictarse y entrar en vigor la referida decisión de unificación
constitucional, era un precedente vinculante al momento de fallar, siendo obligación
y no una facultad de la autoridad judicial accionada aplicarlo.
31.- Sumado a lo anterior, se tiene que, en el escrito de impugnación, la parte actora
adujo que la Sección Tercera – Subsección C – de esta Corporación, también
incurrió en un desconocimiento del precedente al no aplicar las sentencias SU-406
de 2016 y T-044 de 2022, en las que la Corte Constitucional se ocupó del cambio
de precedente y estableció algunas reglas sobre aplicación en el tiempo los
precedentes de unificación de jurisprudencia.
32.- Sobre este punto, cabe mencionar que la sentencia T-044 de 2022, reiteró la
postura adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-406 de 2016, en la
que se estableció que el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el
respectivo órgano de cierre implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de una determinada disposición, por lo anterior, la
Corte precisó que por regla general las variaciones jurisprudenciales deben
aplicarse de forma general e inmediata, teniendo siempre presente que su aplicación
no puede pasar por alto el contenido material de la igualdad y los principios de
legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva, por lo
que, cada situación debe ser observada a la luz de las circunstancias particulares
que la rodean.
33.- En ese contexto, en las sentencias SU-406 de 2016 y T-044 de 2022 la Corte
especificó que las referidas circunstancias particulares debían evaluarse a la luz de:
(i) la modificación o la imposición de nuevas cargas procesales, argumentativas o
probatorias; (ii) la incidencia directa en los términos procesales, notificaciones en
trámite o términos que ya habrían empezado a correr; y (iii) en otros eventos en los
que se creó para las partes y terceros una expectativa de actuar de una determinada
manera o de no hacerlo.
34.- De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala concluye que en
los referidos fallos la Corte Constitucional fijó la siguiente regla: en el caso de las
acciones radicadas antes de la sentencia de unificación, los jueces administrativos
deben valorar las circunstancias particulares de cada caso para observar si aplicar
la regla de unificación pone en riesgo derechos fundamentales de las partes dentro
del proceso. Ante dicha valoración, el juez puede matizar la nueva regla de
unificación o incluso inaplicarla, según sea necesario.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
35.- Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala observa que la aplicación del
precedente jurisprudencial no desconoce derechos fundamentales de las partes, y
bien por el contrario aplica el criterio constitucional impuesto por el órgano de cierre
en la materia, centrando su estudio de la “injusta” privación de la libertad con
referente a la medida que la decretó, valorando los elementos de prueba que se
tuvieron en cuenta para tal efecto, sin que por ello se desconozcan garantías
procesales o probatorias de la víctima y sus familiares.
36.- Sumado a lo anterior, no se tiene constancia de que en el trámite de segunda
instancia la parte actora haya manifestado que la sentencia SU-072 de 2018 generó
en su caso particular, nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias o que
esta haya tenido una incidencia directa en los términos procesales, notificaciones en
trámite o términos que ya habrían empezado a correr, en el marco del proceso de
reparación directa. Por el contrario, se observa que a pesar de haber contado con la
oportunidad procesal para presentar sus reparos sobre la aplicación de la referida
sentencia y los argumentos de defensa que recabaron sobre la legalidad del actuar
de los operadores judiciales, en concreto en los alegatos de conclusión de segunda
instancia, la parte actora optó por guardar silencio.
37.- De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala considera que los
alegatos propuestos por la parte actora sobre la presunta configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente, carecen por completo de carga
argumentativa debido a que: (i) la autoridad judicial accionada aplicó la regla de
unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, por lo que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora
dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de 17 de
octubre de 2013, por ser ese el fallo de unificación vigente al momento de presentar
la demanda, pues como se ha indicado, por regla general y salvo que de manera
expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis
jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la
seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho y (ii) los
argumentos propuestos para fundamentar el desconocimiento de las sentencias SU-
406 de 2016 y T-044 de 2022, no guardan relación con las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en los referidos fallos.
38.- De acuerdo con lo esbozado, las presuntas deficiencias alegadas respecto de
la decisión adoptada en sede de reparación directa, responden, en realidad, a una
discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios
de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
39.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 27.
40.- Así las cosas, la acción de tutela objeto de estudio resulta improcedente, por
no acreditarse el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. En
ese sentido la Sala confirmará la sentencia el 22 de junio de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
41.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2023, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE28
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
27Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2010.
28 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02655-01
Demandante Jhon Alexander Rodríguez Pachón y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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